El presidente Donald Trump ayer en la Casa Blanca durante la sesión informativa sobre la crisis de salud por el Covid-19 en Estados Unidos.Foto Afp

Nueva York. Donald Trump anunció ayer un nuevo operativo militar antinarcóticos en el hemisferio americano contra lo que afirmó es una "creciente amenaza" de narcotraficantes y "terroristas" buscando aprovecharse de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus; sus altos mandos militares identifican a Venezuela como amenaza en particular, y el presidente estadunidense también comentó positivamente sobre la cooperación antinarcóticos con México en este contexto.

“Estados Unidos está lanzando operaciones antinarcóticos robustecidas en el hemisferio occidental…. No debemos permitir que los cárteles de droga exploten la pandemia para amenazar vidas estadunidenses”, declaró Trump al inicio de su sesión informativa casi diaria en la Casa Blanca dedicada al coronavirus.

Esta vez acompañado no por sus expertos y encargados de salud pública, sino por su secretario de Defensa, Mike Espy; el jefe del estado mayor, general Mark Milley, y del procurador general Bill Barr, el presidente detalló que “en cooperación con 22 países socios, el Comando Sur de Estados Unidos incrementará su vigilancia, interrupción y confiscación de cargamentos de drogas y ofrecerá apoyo adicional para esfuerzos de erradicación…”

Señaló que se están desplegando naves destructoras de la Marina, buques de combate, aeronaves y helicópteros adicionales que incrementarán al doble las capacidades estadunidenses en la región.

Trump aseveró que las fuerzas militares desplegadas serán "completamente abastecidas de equipo de protección personal" para cuidar la salud de las tropas, algo que el personal médico que enfrenta la pandemia en Estados Unidos no ha logrado obtener en cantidades suficientes.

El general Milley informó que se obtuvo "inteligencia" según la cual los cárteles están intentando aprovecharse del estallido del coronavirus para infiltrar más drogas a este país.

Ante ello, proclamó: “estamos en guerra contra el Covid-19, contra los terroristas y contra los cárteles de las drogas. Somos los militares de Estados Unidos, no penetrarán nuestro país… No llegarán aquí para matar a más estadunidenses” con sus drogas.

Agregó que la operación comenzó este miércoles, con la participación de "miles" de efectivos de varios sectores de las fuerzas armadas estadunidenses y con algunas de las naves ya en el Caribe. También informó que fuerzas de operaciones especiales y de seguridad participan en esta tarea.

El secretario Esper indicó que el Pentágono y sus contrapartes en la región han iniciado operaciones antinarcóticos en el Caribe y en el Pacífico oriental.

Esper mencionó a Venezuela en particular al hablar de las nuevas operaciones acusando al "régimen ilegítimo de Maduro" de depender de las ganancias del narcotráfico para mantener su poder.

Barr, en su turno ante el micrófono, recordó que la semana pasada anunció cargos de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y 16 funcionarios más del gobierno de Venezuela.

El senador federal Marco Rubio, anticastrista y antichavista, gozó al decir que después de que el presidente venezolano fue acusado de narcotráfico por Estados Unidos y que se anunció una recompensa de 15 millones por su cabeza, para Maduro "no será algo muy reconfortante tener al Comando Sur realizando operaciones antinarcóticos" frente a sus costas.

México

Barr indicó que entre las prioridades más altas del Departamento de Justicia que él encabeza, está “destruir a los cárteles mexicanos”, a los que acusó de ser en gran medida responsables de la mayoría de las muertes por drogas de 70 mil estadunidenses cada año.

Informó que Trump le pidió en diciembre viajar a México a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para establecer “un esfuerzo integral y coordinando con los mexicanos para enfrentar a los cárteles”, agregando que ya hay "actividades" en curso contra esas organizaciones criminales en el país vecino, todo lo cual será beneficiado por el operativo en otras partes del hemisferio anunciado ayer.

A la vez, Trump intentó argumentar que su muro fronterizo con México –el cual, dijo, ya se extiende 161 millas– no es sólo efectivo contra inmigrantes indocumentados, sino "que tendrá un impacto tremendo sobre drogas, pero una de las otras cosas que pensamos en que tendrá un impacto es el coronavirus".

Trump reiteró que el gobierno mexicano ha puesto a 27 mil soldados para frenar el ingreso de personas que desean llegar a este país. "El Presidente de México es un gran tipo que realmente nos ayudó mucho, 27 mil soldados", y recordó que eso de las caravanas que pasaban por México "ya no está ocurriendo ahora".

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Lo que oculta la agenda bilateral para reducir suministro de cocaína entre Trump y Duque

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el pasado 5 de marzo de 2020 lideraron un diálogo con el gobierno de Colombia acerca de antinarcóticos, para establecer un agenda bilateral de -grupo de acción gubernamental para reducir los altos niveles de cultivo de coca y producción de cocaína en un 50 por ciento para fines de 2023.

“El foco de la discusión fue expandir los resultados del programa integrado de erradicación de coca de Colombia al garantizar el uso completo de todas las herramientas disponibles, incluida la erradicación manual, el desarrollo alternativo y un componente de aspersiones aéreas liderado por Colombia, respaldado por programas de desarrollo rural y seguridad rural”, anotó el comunicado de la Casa Blanca1.

Esto no es algo nuevo que proponga el gobierno de Estados Unidos a los gobiernos de Colombia en la ‘perdida’ guerra contra las drogas, lo que sí aparece como nuevo –luego de meses de guardar silencio con el tema– es la propuesta de volver a las aspersiones con glifosato, suspendidas en 2015 en Colombia, cuando el gobierno de Santos acogió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que consideró ese herbicida como "probablemente cancerígeno". La negociación en curso, en ese momento con las Farc, también fue aliciente para ello.

¿A quién le hará caso el gobierno de Iván Duque? A Estados Unidos que desde 1971 –gobierno de Richard Nixon– instaló como uno de sus ejes de política exterior “la guerra contra las drogas”, la que pese al paso del tiempo no ha cumplido con sus propósitos pero sí ha militarizado infinidad de países, sumidos en espiral de violencia, o intentará ejecutar de manera eficiente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), que está contemplado en el punto 4 del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.

La primera de las opciones –seguir arrodillados ante Donald Trump y el Estado norteamericano, como ha sido práctica centenaria de parte de la oligarquía colombiana– y retomar las aspersiones con glifosato implicaría retomar una política que no ha dado resultados, como en su momento lo resaltó la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia creada por los ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México en su libro Drogas y democracia: Hacia un cambio de paradigma, que dice: “Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represiva promovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos”2.

La segunda de las opciones, si tienen algo de dignidad, los obligaría a ser consecuentes con lo firmado en el Acuerdo firmado con las Farc, como lo recordó el Procurador General Fernando Carrillo Flórez, el pasado 4 de febrero vía su cuenta oficial de Twitter: “la Procuraduría no encuentra cómo se puede incumplir con las obligaciones derivadas de los acuerdos de paz. No hay una propuesta que armonice las medidas de sustitución voluntaria de cultivo ilícitos con la de aspersión”, aludiendo así al necesario respeto de los protocolos fijados por la Corte Constitucional en varias sentencias, particularmente en la T236 de 2017, en la que se plantea un conjunto de requisitos mínimos que deben ser cumplidos satisfactoriamente para que se puedan reanudar las aspersiones aéreas con esta sustancia.

Si bien el comunicado de la Casa Blanca también anotó que: “El diálogo se centró en aumentar la erradicación de la coca y la interdicción de la cocaína, mejorar la seguridad y las oportunidades económicas en las zonas rurales más afectadas por el tráfico de estupefacientes, y enfocarse en el lavado de dinero y las finanzas ilícitas relacionadas con los narcóticos”.

Estas finanzas ilícitas, una combinación entre la informalidad y la mafia, son economías subterráneas (la integran todas las actividades informales, el contrabando, la corrupción, las actividades especulativas, el lavado de activos, la venta de divisas en los mercados negros, la prostitución, el crimen y la delincuencia organizados, las mafias políticas, tráfico de armamento y el narcotráfico), son equivalentes al 40 por cuente del PIB del país, como lo evidenció Libardo Sarmiento Anzola en el suplemento económico “El milagro económico colombiano”- publicado por desdeabajo en su edición en circulación febrero 20-marzo 20–.3

Adicionalmente, por ejemplo, desde Colombia se exportan 500 toneladas métricas de cocaína, negocio que le inyecta 3.000 millones de dólares anuales a la demanda interna del país. Es fácil detectar esta economía “paralela u oculta” por los movimientos de activos líquidos. En 2019, la base monetaria, constituida por todo el dinero legal en circulación, aumentó 10,5 por ciento, esto es, 3,2 veces más que el crecimiento en valor del PIB que fue de 3,3, anotó el economista Sarmiento.

¿Cómo espera el gobierno colombiano, junto con la “desinteresada ayuda” del gobierno Estadounidense, derrotar una economía “ilegal” que está profundamente emparentada con la economía “legal” del país?

Es una realidad que ocultan, a pesar de la luz que emite, y con la cual uno de los que sale victorioso de la reiterativa y fallida política de drogas es Monsanto –ahora Bayer– con su glifosato, un herbicida –en realidad un veneno cargado de potentes compuestos químicos– que sirve para la eliminación de plantas y plagas. “El uso comercial de consumo e importación de plaguicidas en Colombia durante los últimos 20 años creció en un 360 por ciento, mientras que en los últimos 45 años la utilización del suelo para siembra aumentó solo en un 29 por ciento”, anotó el periodista Felipe Martínez en un artículo publicado por desdeabajo. 4

“El presidente Trump se enfoca en continuar reduciendo el número de estadounidenses que mueren por sobredosis, y una parte clave de esa misión es trabajar con nuestros socios internacionales para frenar el suministro de drogas mortales. Este próximo año será crítico, y esperamos ver que los esfuerzos acelerados, incluidas las aspersiones aéreas, marquen la diferencia en la reducción del cultivo de coca y la producción de cocaína, lo que eventualmente salvará la vida del pueblo estadounidense”, dijo el director de la (Ondcp) Jim Carroll, en el reciente y ya comentado comunicado publicado por la Casa Blanca.

Consecuente con el verdadero propósito de la Guerra contra las drogas –militarizar sociedades y someter Estados–, el presidente Trump sigue alimentando tal Guerra. Para romper tal continuidad, de nada sirve lo recomendado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia le propuso a la comunidad internacional un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices: 1. tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, 2. reducir el consumo mediante acciones de información y prevención y 3. focalizar la represión sobre el crimen organizado.

¿Quiénes pierden con esta continuidad? En primera instancia, las comunidades campesinas e indígenas, tanto por la guerra sobre sus territorios como por el mismo envenenamiento de sus tierras producto de la aspersión de miles de litros de químicos sobre los mismos, envenenamiento que no solo afecta la coca sino también a todos los sembrados de pancoger, aguas y bosques en general, y de manera directa e indirecta el cuerpo y salud de sus habitantes, tanto humanos como animales en general.

En segunda instancia afecta al país todo, sumido por esta vía en una prolongada guerra que no parece tener final digno y justo para las mayorías. País con su soberanía arriada, sirviendo a su vez como policía de nuestra subregión.

Para remediar tan compleja realidad, la sociedad debe demandar respeto a la soberanía nacional, a la par de reclamar la implementación la tan anhelada y nunca llevada a cabo reforma agraria integral, también asumida en el Acuerdo de Paz, donde se ofrecen verdaderas oportunidades para que el campesinado tenga salidas integrales a sus demandas cotidianas, para que así la siembra de la coca y su transformación deje de ser una opción –la única– para sobrellevar una vida con un rango menor de dificultades.

1 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-colombian-officials-set-bilateral-agenda-reduce-cocaine-supply/

2 https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/06/drugs-and-democracy_book_ES.pdf

3 https://www.desdeabajo.info/sumplementos/item/39018-el-milagro-economico-colombiano.html

4 https://desdeabajo.info/ediciones/item/36496-la-guerra-quimica-en-colombia-tiene-nombre-de-glifosato.html

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