Domingo, 02 Julio 2017 09:45

¡Nosotros somos la justicia!

¡Nosotros somos la justicia!

Cualquier desprevenido pensaría que los diplomáticos gringos han terminado por aprender, y con asombrosa rapidez, el proverbial santanderismo colombiano. Por lo menos es lo que se deduce de la carta que el Embajador asignado a nuestro país acaba de dirigir –con fecha del 7 de junio– al presidente de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Eugenio Fernández Carlier. Del contenido de sus tres páginas, en áspero texto de mecanografía descuidada, puede concluirse lo siguiente: a su juicio, la decisión de otorgar la libertad al guerrillero de las Farc, Julio Enrique Lemos, el mismo que estaba siendo solicitado en extradición por una Corte de los Estados Unidos, acusado de secuestro de un “ciudadano americano”, entra en contradicción con el espíritu de la cooperación entre las dos naciones en materia de justicia. Allí, detrás de la infaltable expresión del “respeto a la soberanía” aparece un concepto, de veras preocupante: “Justicia Bilateral”.

 

Pero la rabia, que la misiva no trata de ocultar, se produjo, al parecer, por un hecho meramente circunstancial. El guerrillero había salido de su zona veredal y se había desplazado a Medellín para una cita médica. Fue allí donde lo capturaron, el 22 de febrero. La oportunidad, según dicen, la pintan calva. La Embajada de los Estados Unidos hace saber, el 20 de abril, la solicitud de extradición. En este punto no queda claro por qué se dice que la captura se hizo precisamente para extraditarlo. En todo caso, resulta que el 31 de mayo la Corte decide ordenar su libertad. En pocas palabras: ¡ya lo tenían en sus manos y se lo arrebatan! Curiosamente, en la carta se dedica un largo párrafo a demostrar la ilegalidad del permiso otorgado al guerrillero para concurrir a la cita médica. ¡El colmo de la incoherencia si se tiene en cuenta que fue este desplazamiento el que permitió su captura!

 

La única explicación de esta incoherencia consiste en que, como lo sabe todo abogado, con tal de alcanzar el objetivo buscado, cualquier irregularidad o falta en el procedimiento que se detecte es más útil que cualquier argumentación razonable. Y el señor Whitaker parece engolosinado con las lecciones aprendidas. En la carta no ahorra disquisiciones jurídicas y argucias de procedimiento de fastidioso estilo. De entrada sorprende la carga de adjetivos, indigna de la cultura anglosajona, que utiliza para calificar el delito del que se acusa al guerrillero. Despiadado e inhumano, sumamente violento y criminal, vil y cruel. Sin duda para reforzar la idea de que semejantes delitos están excluidos, en el proceso y los acuerdos de paz, de cualquier tratamiento especial y en particular de la exención de extradición. Y para abundar en razones desliza una sospecha que presenta como si fuese algo comprobado: al parecer el secuestro habría sido cometido para “beneficio personal”.


A propósito del acuerdo de paz, que dice apoyar y sobre el que se atreve a sentar doctrina, introduce una afirmación también preocupante: “Uno de los principios centrales de ese proceso es poder alcanzar una paz estable y duradera a través de la justicia”. La misma filosofía de “sometimiento a la justicia” que, según se dijo, se aplicó a los paramilitares.

 

No conocemos de una respuesta formal de parte de la Corte Suprema de Justicia. Solamente algunas alusiones del presidente Santos en su acostumbrado estilo sibilino. Sin embargo, sospechamos que sería muy sencillo intentarlo. Lo cierto es que al señor Lemos tendrían que argumentarle debidamente los cargos que le pudieran imputar tanto en Colombia como en los Estados Unidos, y para ello existe precisamente el procedimiento que lleva a la jurisdicción especial; sólo así podría definirse si se encuentra incurso en delitos de lesa humanidad que autorizarían la extradición. Más aún si se tiene en cuenta que no pocas veces se han extraditado inocentes, incluso por la simple confusión de un homónimo. Entre tanto, el señor puede permanecer en la misma condición que el resto de guerrilleros pues las órdenes de captura están suspendidas. Es lo que simplemente hizo la Corte.

 

No obstante, lo que hay en la carta, detrás de tan frondosa enredadera jurídica, no es más que una arrogante notificación, una escueta advertencia. No importa el enorme y barroco edificio jurídico para la paz que tan acuciosamente se propusieron hacer los colombianos, lo cierto es que el Tratado de extradición tiene primacía y las solicitudes que se hagan deben ser atendidas antes de cualquier otro procedimiento. Y esto, en relación con el proceso de paz, sugiere nuevas y particulares inquietudes. Cuando hace nueve años, el 13 de mayo de 2008, fueron extraditados por el delito de narcotráfico catorce jefes paramilitares que habían llegado a un arreglo judicial en Colombia, muchos sugirieron que el gobierno de entonces trataba con ello de evitar ser salpicado con sus posibles delaciones; no obstante, aunque tal explicación era plausible, había otro interrogante que casi nadie formuló con claridad: ¿hasta dónde llega la presión del gobierno de los Estados Unidos? La carta que comentamos nos recuerda, por lo menos, que su capacidad de intimidación es notable. Como para que se tome en serio va con copia al Presidente de la República y seis altos funcionarios más.

 

La conminación –y aquí sí que cabe el término en todo su rigor– no podía ser más clara: “Finalmente, informo a la Corte que mi gobierno continuará persiguiendo (sic) este caso para asegurar que todos los mecanismos legales que tenemos disponibles sean aplicados, con el objetivo de asegurarnos que Lemos enfrente la justicia en Estados Unidos por los graves delitos de los cuales está acusado”.

 

Tomado de:

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
Viernes, 23 Junio 2017 15:53

¡Nosotros somos la justicia!

Cualquier desprevenido pensaría que los diplomáticos gringos han terminado por aprender, y con asombrosa rapidez, el proverbial santanderismo colombiano. Por lo menos es lo que se deduce de la carta que el Embajador asignado a nuestro país acaba de dirigir –con fecha del 7 de junio– al presidente de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Eugenio Fernández Carlier. Del contenido de sus tres páginas, en áspero texto de mecanografía descuidada, puede concluirse lo siguiente: a su juicio, la decisión de otorgar la libertad al guerrillero de las Farc, Julio Enrique Lemos, el mismo que estaba siendo solicitado en extradición por una Corte de los Estados Unidos, acusado de secuestro de un “ciudadano americano”, entra en contradicción con el espíritu de la cooperación entre las dos naciones en materia de justicia. Allí, detrás de la infaltable expresión del “respeto a la soberanía” aparece un concepto, de veras preocupante: “Justicia Bilateral”.

 

Pero la rabia, que la misiva no trata de ocultar, se produjo, al parecer, por un hecho meramente circunstancial. El guerrillero había salido de su zona veredal y se había desplazado a Medellín para una cita médica. Fue allí donde lo capturaron, el 22 de febrero. La oportunidad, según dicen, la pintan calva. La Embajada de los Estados Unidos hace saber, el 20 de abril, la solicitud de extradición. En este punto no queda claro por qué se dice que la captura se hizo precisamente para extraditarlo. En todo caso, resulta que el 31 de mayo la Corte decide ordenar su libertad. En pocas palabras: ¡ya lo tenían en sus manos y se lo arrebatan! Curiosamente, en la carta se dedica un largo párrafo a demostrar la ilegalidad del permiso otorgado al guerrillero para concurrir a la cita médica. ¡El colmo de la incoherencia si se tiene en cuenta que fue este desplazamiento el que permitió su captura!

 

La única explicación de esta incoherencia consiste en que, como lo sabe todo abogado, con tal de alcanzar el objetivo buscado, cualquier irregularidad o falta en el procedimiento que se detecte es más útil que cualquier argumentación razonable. Y el señor Whitaker parece engolosinado con las lecciones aprendidas. En la carta no ahorra disquisiciones jurídicas y argucias de procedimiento de fastidioso estilo. De entrada sorprende la carga de adjetivos, indigna de la cultura anglosajona, que utiliza para calificar el delito del que se acusa al guerrillero. Despiadado e inhumano, sumamente violento y criminal, vil y cruel. Sin duda para reforzar la idea de que semejantes delitos están excluidos, en el proceso y los acuerdos de paz, de cualquier tratamiento especial y en particular de la exención de extradición. Y para abundar en razones desliza una sospecha que presenta como si fuese algo comprobado: al parecer el secuestro habría sido cometido para “beneficio personal”.
A propósito del acuerdo de paz, que dice apoyar y sobre el que se atreve a sentar doctrina, introduce una afirmación también preocupante: “Uno de los principios centrales de ese proceso es poder alcanzar una paz estable y duradera a través de la justicia”. La misma filosofía de “sometimiento a la justicia” que, según se dijo, se aplicó a los paramilitares.

 

No conocemos de una respuesta formal de parte de la Corte Suprema de Justicia. Solamente algunas alusiones del presidente Santos en su acostumbrado estilo sibilino. Sin embargo, sospechamos que sería muy sencillo intentarlo. Lo cierto es que al señor Lemos tendrían que argumentarle debidamente los cargos que le pudieran imputar tanto en Colombia como en los Estados Unidos, y para ello existe precisamente el procedimiento que lleva a la jurisdicción especial; sólo así podría definirse si se encuentra incurso en delitos de lesa humanidad que autorizarían la extradición. Más aún si se tiene en cuenta que no pocas veces se han extraditado inocentes, incluso por la simple confusión de un homónimo. Entre tanto, el señor puede permanecer en la misma condición que el resto de guerrilleros pues las órdenes de captura están suspendidas. Es lo que simplemente hizo la Corte.

 

No obstante, lo que hay en la carta, detrás de tan frondosa enredadera jurídica, no es más que una arrogante notificación, una escueta advertencia. No importa el enorme y barroco edificio jurídico para la paz que tan acuciosamente se propusieron hacer los colombianos, lo cierto es que el Tratado de extradición tiene primacía y las solicitudes que se hagan deben ser atendidas antes de cualquier otro procedimiento. Y esto, en relación con el proceso de paz, sugiere nuevas y particulares inquietudes. Cuando hace nueve años, el 13 de mayo de 2008, fueron extraditados por el delito de narcotráfico catorce jefes paramilitares que habían llegado a un arreglo judicial en Colombia, muchos sugirieron que el gobierno de entonces trataba con ello de evitar ser salpicado con sus posibles delaciones; no obstante, aunque tal explicación era plausible, había otro interrogante que casi nadie formuló con claridad: ¿hasta dónde llega la presión del gobierno de los Estados Unidos? La carta que comentamos nos recuerda, por lo menos, que su capacidad de intimidación es notable. Como para que se tome en serio va con copia al Presidente de la República y seis altos funcionarios más.

 

La conminación –y aquí sí que cabe el término en todo su rigor– no podía ser más clara: “Finalmente, informo a la Corte que mi gobierno continuará persiguiendo (sic) este caso para asegurar que todos los mecanismos legales que tenemos disponibles sean aplicados, con el objetivo de asegurarnos que Lemos enfrente la justicia en Estados Unidos por los graves delitos de los cuales está acusado”.

Publicado enEdición Nº236
Domingo, 04 Junio 2017 10:05

Día D+180...

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enColombia
Sábado, 27 Mayo 2017 10:35

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enEdición Nº235
“En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”

Uno de los principales aspectos de la coyuntura que atravesamos hoy en Colombia radica en la concreción del Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc. La manera como el Congreso de la República está desarrollando cada una de las leyes a que obliga el Acuerdo deja mucho que desear, tanto que “Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido”, afirma Alirio Uribe, Representante a la Cámara.

 

Llego a la Feria del Libro para entrevistar a Alirio Uribe Muñoz luego de un acto cultural al cual está convocado; al ingresar a Corferias procuro no sentir el malestar suscitado por un evento que se supone de libertad e intercambio de ideas y sueños –parte del espíritu de los libros aquí encadenados; Feria a la que es obligatorio pagar varios miles de pesos para poder ingresar y donde, además, lo cobrado para poder exhibir la oferta editorial obstaculiza la presencia de las editoriales que funcionan como iniciativas culturales y no como empresas comerciales.

 

Acudo rápido al salón donde debe estar Alirio, a la hora justa señalada en la invitación. Al llegar me encuentro con la novedad que ya no es ahí. Tomo el camino hacia el nuevo salón, el auditorio está lleno. Me sorprende porque el diseño del evento parece concebido para que no llegue nadie.

 

Escucho las palabras de Alirio. En su voz se revela el dolor por tantos jóvenes sacrificados en la larga y antigua batalla brindada en nuestro territorio por el derecho a vivir una vida digna. Sus palabras traen a mi pensamiento las diversas geografías del campo colombiano –Sumapaz, Fusagasuga, el Magdalena Medio–, donde Gaitán forjó el movimiento por la restauración moral y democrática de la república. Los años han pasado y la mentalidad que se niega a democratizar el país aún se mantiene. Ayer respondieron con el magnicidio al clamor de un pueblo por la tierra y por vida digna. Respondieron con la represión y el exterminio. Abrazaron como su soporte ideológico y bandera guía, el anticomunismo y la doctrina del enemigo interior instaurada por el gobierno de los Estados Unidos. Con estos pilares desataron, potenciaron y prologaron durante décadas una confrontación que terminó engendrando una tenaza internacional, la misma que aún se sirve del conflicto para lucrarse y para mantener un feroz control social.

 

Al finalizar el evento, buscamos un lugar donde tomar un café y poder conversar sobre lo que está aconteciendo con el desarrollo legislativo de los acuerdos de paz.

 

Entre dilaciones y cambio de sentido

 

El Congreso de la República, me dice, tiene dos caras o tiene diferentes momentos: uno es el momento de la refrendación de los acuerdos, en el que hubo un apoyo total al proceso. Un 85 por ciento de sus integrantes respaldó los acuerdos. Pero otro es el actual, en el que la autonomía legislativa que debe comportar esta columna del poder liberal es utilizado por algunos sectores para seguir “renegociando” los acuerdos. Hay ejemplos que así permiten afirmarlo:

 

En el caso del Sistema de verdad, justicia reparación y garantías de no repetición, quedó legalizado como Acto Legislativo Nº 01/17, con el cual se eleva a rango constitucional la Comisión de Verdad, la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas y todo lo concerniente a la Justicia Especial de Paz (JEP). Con base en ese acto legislativo el Presidente expidió los decretos leyes el 5 de abril de este año, que crean el comité de escogencia de los miembros del sistema de justicia y paz, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y la comisión de la verdad, convivencia y no repetición.

 

¿Por qué los expiden como decretos legislativos? Porque el Congreso está en una actitud hostil al fast track, actitud adversa agudizada a pocos meses de su aprobación. Entonces, solamente lo que requiera reforma constitucional o leyes estatutarias pasará por este recinto. Y todo lo demás saldrá como decreto presidencial con fuerza de ley, pasando luego a revisión de la Corte Constitucional.

 

El problema con lo aprobado es que el ministerio de Defensa le metió redacción tratando siempre de eliminar la responsabilidad de mando de los militares, elevando su impunidad, para morigerar la responsabilidad de los empresarios y financiadores de la guerra. Y eso se notó en los temas incorporados por el ministerio de Defensa, manipulación de lo acordado que también se notó en los decretos reglamentarios que brindan la libertad a los militares; interés y énfasis que contrasta con las demoras para darle paso a lo ordenado por la ley de amnistía, con los indultos, con las salidas de los guerrilleros presos en las cárceles. (Ver recuadro, “El doble rasero”).

 

 

¿Qué falta por expedir y/o reglamentar en este tema del Acuerdo? Falta una ley estatutaria que es la que va a desarrollar la JEP. Esto es por Constitución, pues la justicia se reglamenta mediante leyes estatutarias; el Presidente no puede hacerlo de manera directa. Supongo que tendremos una ley estatutaria muy breve, que reglamenta la JEP, y después un decreto ley que reglamenta todo lo demás, lo fino, los detalles. Si tramitaran todo esto en el Congreso, vendría un nuevo recorte de lo acordado.

 

En este punto también tenemos varios temas que competen a las víctimas, que para su implementación requieren una reforma de la ley de víctimas, del marco legal vigente. El que también saldrá por decreto ley, para así evitar más recortes.

 

Para la oposición

 

Sucede similar con el Estatuto de oposición, que fue aprobado incorporando el noventa por ciento de las propuestas presentadas por los pequeños partidos. Pero la reforma política, de fondo, deja la incertidumbre, hasta ahora: ¿será aprobada? ¿En qué condiciones?

 

¿Por qué esta incertidumbre? Porque la Misión Electoral elaboró una propuesta muy buena, pero no hay ambiente en el Congreso para aprobarla. Se presentó una reforma al artículo 108 sobre adquisición progresiva de derechos políticos, y hay que reconocer que fuimos escuchados y que el articulado fue mejorado en la ponencia que está en debate. Se crean tres categorías de participación: ciudadanos, movimientos políticos y partidos políticos.

 

Todo parece ir bien, pero cabe la crítica al ítem de la participación ciudadana, la fundamental por promover, pero afectada por cargas que pretenden derrumbarla. Su propósito es que a partir del 2019 los movimientos ciudadanos no puedan poner candidatos presidenciales. Hoy pueden hacerlo. Un evidente retroceso. A partir del 2019 los ciudadanos solo pueden postular candidatos a nivel municipal y departamental. Si quieren hacerlo a nivel presidencial deben convertirse en un movimiento político. Deben tener aparato, afiliados, requisitos..., y si alcanzan el umbral del 3 por ciento o más, pues ya es un partido, con todos los derechos. La parte critica de esta concepción es que privilegia la representatividad por sobre la participación. La participación hoy se da con la organización ciudadana, pero la reforma privilegia el partido político.

 

Enfatizo. La reforma era tan buena que fue imposible. Afectaba a todos los poderes: al Consejo de Estado, a la Procuraduría, al poder electoral... Sustraía al Consejo de Estado las funciones electorales. El Consejo de Estado maneja las pérdidas de investidura y define si una sanción de estas se tramita en seis meses o en cuatro años. Si le quitas esa prerrogativa al Consejo de Estado le quitas poder político. El Procurador puede destituir funcionarios de elección popular. El Registrador Nacional, una persona puesta por los partidos políticos y por el jefe de Estado, define quién es el Presidente, los gobernadores, los 1.200 alcaldes, los 100 senadores, los 160 representantes. El Registrador es quien entrega las fichas y dice: mire, usted ganó. Es el que cuenta los votos, los anula, o los aprueba. La reforma que presentaron suprimía el Consejo Nacional Electoral.

 

Todas las minorías felicitamos a la Comisión que presentó la reforma. Y bueno, comenzamos a negociar. Propusimos aprobar al menos ciertas partes para que empezaran a funcionar, no ahora, sino para dentro de cuatro años. Dejar intacto el Consejo de Estado y aprobar la reforma de los aspectos más problemáticos. El Consejo de Estado organizó una jornada de examen de la reforma y propuso sustraer funciones del poder electoral y entregarlas al judicial.

 

Como minorías, laboramos con la idea de “abramos un poco la puerta”, porque si nos colocamos en la posición de todo o nada, no obtenemos nada. Avancemos un poco, y más adelante miramos cómo avanzamos más. Avanzamos, por ejemplo, en el tema de financiación estatal.

 

Seguimos, en esta lógica, a la expectativa de qué sucederá con la reforma política. Entregamos una carta al Presidente pidiendo los temas de transición para nosotros, como minorías: voto electrónico, coaliciones, umbral, financiación estatal de la campaña, mecanismos de transparencia, de censo electoral... La pregunta es: ¿se van a modificar, o no, los aparatos de poder que afectan la democracia?

 

Todo este proceso nos permite comprender la complejidad de adelantar un movimiento de democratización. Cada institución procura de modo inercial conservar y elevar sus poderes. Hay necesidad de avanzar paso a paso.

 

Marco legal para las Farc, y otros actores

 

En la reforma política también se avanzó con una reforma constitucional para darle paso a la reincorporación política de las Farc; esta es la norma que establece que como partido tendrá cinco senados y cinco cámaras por ocho años, precisando en detalle las reglas para la reincorporación.

 

También viene el proyecto de acto legislativo que crea las circunscripciones especiales territoriales de paz: las diez y seis curules Cámaras que corresponden a los territorios en los que la gente nunca ha tenido participación. Por ejemplo, Catatumbo es una zona especial, se vuelve una circunscripción de paz, se elige un Representante y no puede ser postulado por partidos políticos, sino que debe ser postulado por organizaciones sociales, gente que lleve viviendo, por lo menos, tres años en la región, gente que no haya participado en ningún partido tradicional. Esto ya está casi listo.

 

También está en preparación una ley sobre participación ciudadana, donde se diferencia el accionar de los movimientos sociales ya establecidos como tales, de los ocasionales, así como de la participación ciudadana en general, enfatizando sobre el respeto a la vida de los dirigentes sociales; también la financiación de estos actores, etcétera. Para elaborar esta propuesta se llevó a cabo una amplia consulta por todo el país.

 

Avanza, de igual manera, una reforma al artículo 108 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la adquisición progresiva de los derechos para los partidos políticos, lo que nos ha consumido una cantidad enorme de tiempo. ¿Cuál es la dificultad? Quieres hacer una reforma política democrática derivada de un acuerdo de paz, y debes lograr el consenso del gobierno, el de las Farc, y después debes acudir a un Congreso en el que las minorías políticas tienen el 10 por ciento y las mayorías el 90 restante.

 

A marchas forzadas

 

El tiempo que tenemos para que esto proceda es poco, ya que el 16 de junio vencen las facultades extraordinarias del Presidente para expedir decretos legislativos que desarrollen los acuerdos de paz. Como las cosas en el Congreso no están avanzando con la disciplina y con la celeridad requerida, me imagino que el Presidente sacará ochenta decretos a las diez de la noche de aquel día. Dudo que tales decretos sean consultados en el mecanismo de coordinación que tiene el Gobierno con las Farc, y más dudas de que sean consultados con las organizaciones ciudadanas que resultan afectadas en cada tema de los acuerdos. Entonces, en esos decretos puede salir de todo, bueno y malo, concertado e impuesto. Además, todo pasará a la Corte Constitucional para su revisión, y no será extraño que más de un decreto caiga.

 

Hay un antecedente que brinda pistas sobre lo que puede venir: La Corte Constitucional envió un mensaje resaltando que los desarrollos de los acuerdos deben ser vía Congreso, como vía principal, y excepcionalmente por medio de decretos. Esta decisión nos inquieta porque, por ejemplo, la traumática aprobación del paquete de medidas de la JEP exigió que muchos temas fueran desarrollados vía decreto presidencial. Y esto, entonces, estaría en riesgo. La consecuencia final, final, de todo esto, es que los acuerdos van quedando en el limbo en cuanto a su cumplimiento. Un riesgo real, del cual veremos en pocos meses sus consecuencias.

 

Así vamos. Después del 20 de junio quedamos a órdenes del Congreso, porque será el único órgano que podrá desarrollar los acuerdos durante el segundo semestre. Y tendría que ocuparse de todo lo que esté pendiente, de lo que la Corte eventualmente tumbase, y no veo ningún ánimo en este Congreso para hacerlo, y menos con las elecciones del 2018 en ciernes.

 

Una paz maltrecha. Nosotros continuamos participando y generando los espacios de participación, en tierras, victimas... pero las cosas realmente van muy lentas. En tierras lo que quiere hacer el gobierno es sacar adelante su agenda agroindustrial neoliberal. Su visión de Zidres, de derecho de superficie, su visión de ciervos de la gleba, con un campesinado proletarizado al servicio de las multinacionales. Desconocimiento de la economía campesina, indígena, afrocolombiana. Si el gobierno, con las corporaciones y los gremios detrás, quiere revivir una reforma rural regresiva vía fast track, las Farc la rechazará y nuestras bancadas tampoco la aprobarán. Quedaremos en la bancada del Centro Democrático: votando no. Hoy estamos defendiendo la ley 160.

 

Insisto: una paz maltrecha. Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido.

 


 

Recuadro 1


El doble rasero

 

Hasta los primeros días de mayo han salido más o menos 300 presos de las Farc, de un total de 1.500 que deben salir. Esta coyuntura política y jurídica la aprovechan miles de presos para solicitar su excarcelación, lo cual puede congestionar los juzgados destinados para este fin. Se estima en 10.000 las solicitudes que pueden estar actualmente en revisión, solicitudes de presos por porte ilegal de armas y similares. Como es obvio, al final solo se otorgan beneficios a quienes estén en las listas del Gobierno. Para completar, los Jueces de Ejecución de Penas aprovecharon la urgencia del Acuerdo y como tenían un pliego de peticiones viejo, hicieron como hacen las bancadas en el Congreso, usan su poder. Los jueces hicieron paro y pasó entonces otro mes sin tramitar los indultos.

 

Hay otro grupo de prisioneros de las Farc que no tienen indulto, sino excarcelación, porque van a ser juzgados en el marco de la Justicia Especial. A ellos habría que llevarlos con vigilancia a las zonas veredales, aún en construcción, y el Inpec dice que no tiene dinero para llevarlos, o que no tiene guardianes para colocarlos en el terreno para que los cuiden. Aparece el Estado como un elefante que no puede cumplir con lo fijado en el Acuerdo.

 

Esto contrasta con la celeridad del Ministerio de Defensa para sacar de la cárcel a 1.200 militares, sentándose con el Fiscal y con el Gobierno para que expida un decreto especial que permita que el Fiscal General dé la salida a los militares.

 


 

Recuadro 2

 

Entre la norma y la realidad

 

La intención de las Farc, antes del 2 de octubre, era que los acuerdos integraran la Constitución; como tal opción se perdió con el No, fueron redactadas normas de salvaguarda. Una de ellas, ya aprobada como reforma constitucional, consistió en señalar que los acuerdos fuesen el parámetro de implementación, de interpretación, de legislar, de emisión de fallos judiciales. Se redactó una norma constitucional de salvaguarda en el sentido de que todo lo que se haga para desarrollar los acuerdos debe hacerse respetando de buena fe el espíritu y el texto de los acuerdos. Esto parece procedente, pero lo que uno siente es que gobierno, gremios, corporaciones, no les interesa el desarrollo de los acuerdos. Sabemos también que así los acuerdos estuvieran en la Constitución, o así los desarrollos legislativos de los acuerdos fueran perfectos, fueran armónicos, una cosa es tener la ley y otra la realidad. Entonces, en términos políticos, la lucha continúa.

 


 

Recuadro 3

 

Mirando hacia el 2018

 

El proceso de unidad de las fuerzas sociales y políticas en favor de los acuerdos sigue avanzando. Para el Polo va mal, porque la salida de Clara –si bien debilita a unos y fortalece a otros– genera alguna confusión dentro de la sociedad sobre la vigencia de este partido.

 

Más allá de ello, en el mediano plazo, y de manera más amplia, se continúa pensando y trabajando en función de las convergencias. Y así se trabaja sobre la reforma política. Se habla con todos los sectores y personalidades de fuerzas afines, se busca candidata o candidato que venga de estos sectores, por ello se continúa hablando con Petro, Fajardo, Robledo, Claudia, Navarro, con la ASI, los Verdes, con Marcha Patriótica, con Maíz, la Unión Patriótica, con las Farc sobre reforma política, se acompaña el proceso con el Eln. Falta una decisión que diga: vamos a hacer algo conjunto. Pero hay un diálogo que puede ir por bloques más o menos afines, a lo cual ayuda el ejercicio de reforma política vivido durante más de seis meses, el cual generó un ambiente de confianza con los liderazgos que podrían caber en un proceso de unidad. Desde el punto de vista legal, lo importante acá es lograr un marco favorable tal, una reforma que rija a partir de 2018, con lo cual los diálogos tendientes a la unidad podrían agilizarse.

 

También hay que tener claro que los políticos decentes, que existen al interior de los partidos tradicionales, también padecen el sistema. El presidente del Partido Conservador, por ejemplo, se queja de que un Senado está costando entre cinco y diez mil millones de pesos. La política así, se ha convertido en un mercado.

 

Un ambiente crítico y de cambio que podemos aprovechar. Creo que para todas las izquierdas hay un escenario de oportunidad por la gran corrupción y desprestigio de los políticos tradicionales y de sus partidos, tanto de Uribe como de Santos.

Publicado enEdición Nº235
La propiedad de la tierra, el primer y último eslabón del conflicto armado en Colombia

Comienza el desarrollo de la ley que debe cumplir con el primer punto del acuerdo con las FARC para garantizar el acceso al campo

La paz en Colombia tiene una premisa crucial, exactamente la misma que estuvo en el origen de la guerra que ha golpeado el país durante más de 50 años. “El conflicto colombiano empezó en la tierra y es en la tierra donde debe terminar”. Con estas palabras describe Miguel Samper la filosofía de la ley que debe concretar el primer punto de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, que tiene el objetivo de regular y democratizar el acceso al campo. En medio de un intenso debate político sobre este proyecto legislativo, que ha sido blanco de las críticas de representantes de la oposición y organizaciones del sector, el director de la Agencia Nacional de Tierras defiende la puesta en marcha de “una verdadera revolución en materia de propiedad”.


En este contexto, ese organismo comenzó el miércoles en Cali una gira de “socialización” de la llamada ley de tierras para tratar de explicar a los colectivos afectados los objetivos de esta reforma. La primera meta, señala Samper en conversación con EL PAÍS, es “permitirle el acceso a la tierra a los que no la tienen”. La norma pretende también “brindar seguridad jurídica”, ya que “si un campesino no es dueño de la tierra no tiene acceso a créditos, a subsidios, no puede hacer obras y por eso hay que formalizar la propiedad”. El Gobierno busca, finalmente, en esta fase de postconflicto que acaba de empezar, dar un correcto uso al campo. En definitiva, “que la tierra se utilice para lo que es” en un país donde el 70% de la producción ocupa el 5% del área productiva.


Esta ley ha recibido las críticas de un grupo de senadores y representantes en la Cámara encabezados por Iván Cepeda, del Polo Democrático. En una carta dirigida a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo con las FARC, afirman que el proyecto de ley “permite entregar los baldíos a personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria”. También aseguran que la propuesta “incluso permite” la adjudicación de los baldíos a empresas mineras o petroleras, “cuando conforme a la Constitución y a la jurisprudencia el fin primordial de los baldíos es dotar de tierras a los campesinos que carecen de ellas”.


Las FARC y la tierra


Samper mantiene, en cambio, que el principal objetivo de la ley de tierras es facilitar el acceso al campo a quien hasta ahora no la tenido. Incluso a los exguerrilleros de las FARC, ya que este proyecto, afirma, “remueve ciertos obstáculos” para el uso de las tierras. “No se trata de imponer un modelo de reintegración que sea eminentemente rural”, razona. “La persona que está en este proceso de reintegración”, agrega en referencia a la transición de la guerrilla a la vida civil, debe decidir si irse a la ciudad o montar un modelo de granja autosostenible. “Tampoco se les puede imponer un único esquema de reintegración, pero nosotros y toda la sociedad en la actualidad preferimos que los guerrilleros estén sembrando café en lugar de minas antipersona”, prosigue.


En cualquier caso, el director de la Agencia Nacional de Tierras destaca la transformación del modelo de relación entre la administración pública y los campesinos. “Actualmente, la institucionalidad tiene que esperar a que el campesino se acerque, ahora vamos a ser nosotros quienes nos vamos a acercar a los campesinos, vamos a ir predio por predio por todo el territorio nacional a arreglar los conflictos de la tierra”, señala.


“Estamos saliendo de un conflicto armado, la tierra se ha teñido de colores partidistas. La intención con este proyecto de ley es que la tierra no tenga un trasfondo político, sino que tenga un trasfondo de bienestar para los campesinos”, considera. Mientras tanto, el camino de Colombia hacia la paz sigue marcado por un conflicto sobre la tierra que, una vez enterrada la guerra, va camino de convertirse en una tensa disputa política.

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La guerra en Colombia continúa, pese a los esfuerzos de paz con el ELN

El Ejército intensifica sus operativos en respuesta a los atentados de la segunda guerrilla del país mientras continúa la mesa de negociaciones

 

“Hemos dado un golpe estratégico. Estamos en la ofensiva”. Son las palabras de Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia, tras el operativo militar que el pasado fin de semana acabó con la vida de 10 combatientes del ELN, la segunda guerrilla del país. La explicación se acompañó con el vídeo de la mirilla de una aeronave apuntando a un frondoso bosque cerca de la frontera con Venezuela. Imágenes y declaraciones de la otra guerra de Colombia, la que aun impide que la paz sea una realidad.

Esta operación del Ejército de Colombia, denominada Corsario 3, se desarrolló pocos días antes de que el Gobierno y el ELN celebraran este jueves que llevan 45 días sentados en una mesa de negociaciones en Ecuador en busca de la paz. Tras más de un mes de diálogo, ambas partes han pactado "proteger a las personas no combatientes y a la población civil de los efectos del conflicto armado mediante acciones o acuerdos de carácter humanitario". Además de un programa piloto de desminado humanitario. "Estamos consiguiendo resultados medibles", ha asegurado Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación del Gobierno. "Hay que recordar que el proceso con las FARC duró casi cinco años".

El ELN ha retomado protagonismo en el conflicto de Colombia a falta del otro enemigo, la guerrilla de las FARC concentrada en las zonas veredales y en pleno proceso de desarme. El Ejército ha virado su estrategia militar hacia una insurgencia de unos 2.000 combatientes. Y la opinión pública ha recordado que son capaces de operar también en las ciudades, no solo en las zonas más aisladas del país. La bomba en el centro de Bogotá que acabó con la vida de un policía el pasado febrero fue la demostración. "Vamos a ver más bombardeos y más petardos", dice Carlos Velandia, exdirigente del ELN, ahora gestor de paz en las conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla. "Son las reglas del juego: diálogo en mitad de la confrontación".

Aunque parezca una paradoja, esta misma lógica beligerante marcó los primeros años del proceso con las FARC. “El único camino es el cese al fuego”, dice Velandia. El mismo mensaje ha enviado Restrepo la mañana del jueves: "Es un tema que trataremos a partir del 3 de mayo, en el próximo ciclo de negociaciones. Queremos llegar más rápido que las FARC, pero es un punto de llegada no de salida". En el anterior proceso de paz, se alcanzó este acuerdo al final de casi cuatro años de conversaciones. Antes, la guerrilla decretó, de manera unilateral, el final de las hostilidades que forzaron a la otra parte a reaccionar. “El ELN no está en esa disposición”, asegura Velandia, “pero no tienen otra alternativa”.

El experto apunta al final de los secuestros como la primera medida para desescalar el conflicto. “Acumulan odios sociales si siguen con esta práctica”, explica, “quitan oxígeno a la mesa de negociaciones”. Si tomaran esta decisión, según el analista, el Gobierno podría responder acercando presos o mejorando sus pésimas condiciones de vida en las cárceles de Colombia. La llegada de Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, dirigentes de las FARC a Ecuador, adelanta esta dirección. "Esperamos tener conversaciones fructíferas", ha dicho Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN.

En lo que va de 2017, la segunda guerrilla de Colombia ha realizado menos de 50 acciones, por debajo de las 60 del año anterior, según información de la Fundación Paz y Reconciliación. “No han desatado una ofensiva, pero sí han conseguido mayor visibilidad”, asegura Ariel Ávila, politólogo y analista de esta institución. Velandia suena más pesimista al otro lado del teléfono. “Aquí hay una guerra de aniquilamiento, no hay miramientos con el enemigo”, dice. “Cada golpe es difícil de resistir por una fuerza irregular que tiene delante a un Estado con el potencial de mover 500.000 unidades”.

En este último bombardeo, entre los fallecidos, el Ejército mató a un comandante que lideraba las acciones en parte del Norte de Santander. “No es tan fácil volver a formar a un alto mando, el descalabro es de orden estratégico”, opina Velandia. En esta zona de Colombia, se concentran la mayor parte de la fuerza del ELN y se cree que su máxima autoridad, el COCE, se resguarda en esta región por la seguridad que otorga la frontera con Venezuela. Por estas razones, Ávila no considera que sean ataques tan importantes como los que los militares han asestado a esta guerrilla en el sur del Tolima, otra de las áreas tradicionales de los helenos, de donde ya casi están desaparecidos. "Se pueden recomponer más fácilmente".

Las consecuencias inmediatas vuelven a afectar a los más débiles: a los ciudadanos de estas regiones, las más pobres de Colombia. En el Chocó, en la costa del Pacífico, donde las FARC mandaban, el ELN ya ha comenzado a ocupar territorios y la población ha vuelto a su condición de desplazados. En la frontera con Venezuela, en la región que se conoce como Catatumbo, como en la vecina Arauca, la única forma de Estado sigue encerrada en trincheras.

“La mesa de negociaciones es como un avión, está con los tanques llenos de combustible, en la pista, pero aún no despega. Hay que acabar con esta estrategia de guerra”, concluye Velandia.

Bogotá 6 ABR 2017 - 15:22 COT

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Con la entrega de  322 armas de Farc, se inicio el desarme de esa guerrilla

 

Es necesario un esfuerzo de ambas partes y de la comunidad internacional para evitar que el proceso de paz se estanque

 

Conforme transcurren los días tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) el pasado 24 de Noviembre, más difícil se torna el proceso de implementación que debe hacer realidad lo acordado y de esta forma modernizar un país que apenas resurge tras 52 años de cruento conflicto armado interno. Es necesario un esfuerzo de ambas partes y de la comunidad internacional para evitar que el proceso de paz se estanque, con las nefastas consecuencias que ello tendría.

Los retrasos en la construcción de las 26 Zonas Verdales Transitorias de Normalización (ZVTN) han sido el primer problema encontrado en el proceso de implementación. Las ZVTN debían estar construidas antes del 1 de diciembre 2016, día D. Ese día las FARC estaban concentradas en los puntos previos de concentración designados. Accedieron a entrar en las ZVTN sin que se hubieran construido las infraestructuras mínimas acordadas: alojamientos, suministro eléctrico, servicios sanitarios-higiénicos, agua corriente y conectividad. A fecha de hoy es excepción la ZVTN que tenga construido al menos un 50% de las infraestructuras. He visitado seis de ellas. Solo en una había servicios sanitarios-higiénicos instalados. En ninguna había viviendas construidas. No hay atención médica más allá de primeros auxilios, muchas veces prestados por la propia guerrilla.

En las ZVTN hay hijos de guerrilleras, algunos recién nacidos, y hay decenas de guerrilleras embarazadas. A la vista de las demoras, las FARC acordaron con el Gobierno que pusieran a su disposición materiales de construcción para que ellos mismos construyeran. Este compromiso se está cumpliendo solo parcialmente. No es que la guerrilla tenga problemas en vivir en malas condiciones, están acostumbrados, pero si la primera obligación del Gobierno en el cronograma de implementación está siendo cumplida tardía y deficientemente, se envía una pésima señal sobre la capacidad real de las instituciones colombianas respecto al cumplimiento de lo acordado. Viene a la memoria la histórica tradición de los distintos gobiernos del país de incumplir los acuerdos de paz firmados, incumplimientos que en numerosas ocasiones incluyeron el posterior asesinato de los guerrilleros que habían firmado los acuerdos.

En el acuerdo final se estableció la aprobación urgente de una Ley de Amnistía que amnistiara los delitos de rebelión y conexos conforme a las leyes en vigor en la fecha de firma del Acuerdo Final. A la firma del acuerdo de paz había aproximadamente 3.500 personas encarceladas por vínculos con las FARC EP. En torno a 700 pueden tener derecho a la amnistía establecida en la ley. El resto tienen derecho a ser excarcelados en distintas condiciones: libertad condicionada o traslado a ZVTN. También existen unos 5.000 miembros de la Fuerza Pública potenciales beneficiados por la ley

El 30 de diciembre se aprobó la Ley de Amnistía, que contempla su aplicación de oficio o a instancia del solicitante. Sin embargo los jueces no la han aplicado. A principios de febrero solo se habían otorgado 8 amnistías y ninguna libertad condicionada. Los jueces alegaron que la ley era deficiente y que se necesitaban unas normas de procedimiento para aplicarla. El 17 de febrero se aprobó un Decreto presidencial que incluía el procedimiento de aplicación elaborado por los propios jueces colombianos. El pasado día 6 de marzo, los jueces de ejecución de penas, los competentes para aplicar la amnistía, se declararon en paro alegando falta de medios para aplicar la amnistía. A fecha de hoy se han aprobado algo menos de setenta amnistías a guerrilleros, cinco autorizaciones de traslado a ZVTN y ninguna libertada condicionada. No se tiene noticas de que se haya aprobado ninguna medida equivalente respecto a miembros de la Fuerza Pública.

La negativa de los jueces colombianos a cumplir la ley de amnistía – a salvo de las muy dignas excepciones indicadas–, además de ser inédita respecto a anteriores procesos de paz habidos en Colombia o en otros lugares del mundo, está generando una situación muy peligrosa entre las bases guerrilleras. Se incrementa la desconfianza ante las instituciones y el Gobierno que firmó el Acuerdo de Paz y por tanto crece la desconfianza sobre el cumplimiento de lo acordado. Puede provocar una situación de desconfianza y desafección respecto a los dirigentes de la guerrilla, al poder interpretar los guerrilleros que también están siendo engañados por estos, ya que habían garantizado un tratamiento especial de justicia además de la amnistía. Esta situación puede estimular las disidencias en el seno de las FARC EP, disidencias que hasta la actualidad están siendo muy reducidas, menos de un 4%, cuando la media en los procesos de paz con grupos rebeldes ronda el 20%.

Las garantías de seguridad –léase desmantelamiento del paramilitarismo- son uno de los más importantes logros de este proceso de paz. No se olvide que el Acuerdo Final se alcanzó en un contexto en el que continúa existiendo violencia de grupos paramilitares de extrema derecha, continua el enfrentamiento del Estado con otros alzados en armas –ELN- y continúan existiendo importantes economías ilícitas. Todo ello hace más meritorio el Acuerdo Final, que contiene fuertes compromisos para acabar con el paramilitarismo, fenómeno estructural en Colombia de larga data. El compromiso del Gobierno no es únicamente garantizar el monopolio legítimo del Estado en el uso de la fuerza y de las armas, sino desmantelar las estructuras civiles que durante décadas han organizado, financiado, instigado y aprovechado política y económicamente a los grupos paramilitares. Una de las medidas más importante es la creación de una Unidad de Investigación especializada para el desmantelamiento de organizaciones paramilitares, con competencia para desactivar las estructuras políticas de apoyo a estos grupos y sus estructuras económicas de financiación. La actual Fiscalía General de la Nación (FGN), ignorando el acuerdo de paz alcanzado, intenta impedir la puesta en marcha de esta Unidad Especial, a la vez que intenta modificar el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprovechando el proceso de implementación legislativa actualmente en curso y que también está resultando sumamente complejo debido a la inestable mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno del presidente Santos. Las propuestas que formula la FGN tienen siempre los mismos dos objetivos: sustraer a los civiles presuntos financiadores, organizadores o instigadores del paramilitarismo de la JEP y mantenerlos en la jurisdicción ordinaria -donde siempre han disfrutado y disfrutan de impunidad- y a la vez sustraer de la JEP el mayor número posible de conductas realizadas por las FARC EP, intentando mantener la competencia de la jurisdicción ordinaria, y de la FGN, sobre ellas, lo que conculca lo establecido en el acuerdo parcial que resultó más difícil de cerrar, el relativo a Victimas y Justicia. A la vez, la FGN no da resultados importantes en la investigación y castigo de los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y campesinos que han venido apoyando el proceso de paz. En el año 2016 y lo que va del 2017 son más de 130 los asesinados. Desde la firma del Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, son casi 80 las personas pertenecientes a los anteriores colectivos que han sido asesinadas. La FGN niega constantemente la existencia de un plan sistemático para atacar el proceso de paz y a las personas que lo apoyan. Todo lo anterior deteriora seriamente la confianza a las FARC EP en el cumplimiento del acuerdo de Garantías de Seguridad, suponiendo grave indefensión respecto a la seguridad personal e integridad física que requiere cualquier guerrilla para concluir un proceso de dejación de armas.

Actualmente no hay concreción ni puesta en marcha de las políticas de reincorporación política y social de las FARC EP una vez abandonas las armas.Tras la realización del plebiscito del 2 de octubre que rechazó el Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, se produjo un proceso de renegociación en el que las FARC asumieron importantes modificaciones en el sistema de Justicia Especial para la Paz, mayores limitaciones en el régimen de amnistía y sobre todo, reducciones de los programas de reincorporación a la vida civil de los antiguos guerrilleros, en especial reducción de las cuantías económicas destinadas a estos programas, mezquina exigencia de los defensores del no. El total del presupuesto finalmente acordado para la reincorporación económica y social de las FARC EP, es equivalente al gasto de 10 días de guerra.

A fecha de hoy existe un atraso sustancial en el diseño de los programas de reincorporación social y una peligrosa falta de recursos económicos. Ninguno de los programas de reincorporación económica y social ha comenzado a ponerse en marcha, a pesar de que apenas en tres meses, el 31 de mayo, está previsto que concluya la existencia de las ZVTN, desaparezcan las FARC-EP, surja el nuevo partido político sucesor de la anterior organización y de esta forma se dé el paso definitivo a la reincorporación en la vida social. No es posible que esa fecha los guerrilleros se trasladen a sus hogares, porque estos no existen tras 52 años de guerra o décadas de permanencia en las FARC EP. Salvo excepciones, no existen condiciones de seguridad para que los antiguos guerrilleros se trasladen a residir en los hogares de sus familiares, y ello en el caso de que sus familias, en su mayoría campesinos en precarias condiciones de vida, tuvieran a su disposición los medios materiales para acogerlos. Tampoco han sido definidos los programas de acceso al empleo, proyectos productivos, de desarrollo agrario o de sustitución de cultivos ilícitos.

Esta situación de indefinición de su futuro inmediato, también provoca una importante angustia entre la guerrillerada, que puede estimular la desconfianza interna en el proceso de paz y por tanto las disidencias. Aprovechando esta situación, distintos grupos criminales deseosos de contar gente experimentada en el manejo de armas, están ofreciendo a los guerrilleros elevadas cantidades de dinero para cooptarlos.

Las Naciones Unidas viene alertando sobre el alto porcentaje de fracaso que han tenido los programas de reincorporación a la vida social de los grupos guerrilleros que en las ultimas décadas han efectuado dejación de armas tras firmar acuerdos de paz. Estos fracasos tienen habitualmente como consecuencia el incremento de la violencia, de la delincuencia y de las economías ilegales.

El proceso de dejación de armas de las FARC-EP comenzó el día 1 de marzo de 2017 (D+ 90) y concluirá el próximo 31 de mayo (D+180). A pesar de las dificultades que viene atravesando el proceso de implementación, las FARC-EP procedieron al inicio de la dejación del 30% de sus armas en el D+90. Una segunda fase de dejación de otro 30 % de las armas se iniciará el 1 de abril y la fase de dejación del restante 40% de armas se iniciará el 1 de mayo, debiendo haber concluido todo el proceso el día 31 de ese mes. El Acuerdo Final establece una serie de garantías para las FARC EP de índole Jurídico, de Seguridad Personal, y de Seguridad Económico y Social. Evidentemente el cumplimiento de lo acordado es una obligación reciproca para los firmantes de cualquier acuerdo. Al igual que las FARC EP están cumpliendo con el proceso de dejación de armas, el Gobierno y las instituciones competentes deberían cumplir con los contenidos de seguridad jurídica que les incumben –aplicación de la amnistía y aprobación en el Congreso de las leyes que pongan en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición-, con los compromisos sobre seguridad personal –desmantelamiento del paramilitarismo y detención de los responsables de los crímenes contra los defensores del proceso de paz que viene sucediéndose-, así como al menos definir los programas de reincorporación económica y social que necesariamente deben ponerse en marcha antes del 31 de mayo. En caso contrario, el 1 de junio el proceso de paz se verá arrastrado a una seria crisis de implementación que en la práctica puede hacer fracasar todos los esfuerzos desplegados por ambas partes desde el inicio del proceso exploratorio en febrero de 2012.

La verificación y acompañamiento Internacional son en este momento una necesidad urgente para el proceso de paz. A fecha de hoy, el único mecanismo de verificación y monitoreo internacional del Acuerdo de Paz que funciona es el encargado de monitorear y verificar el proceso de Dejación de Armas -el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas, MMV, creado en enero 2016-, es decir, actualmente solo se están monitoreando y verificando el cumplimiento de las obligaciones que incumben a las FARC EP. En el Acuerdo Final únicamente se contemplan mecanismos de verificación de los puntos 3 “Garantías de Seguridad” y 6 “Reincorporación a la vida civil”, también a cargo de las NNUU. A fecha de hoy el Gobierno colombiano no ha concretado en la ONU la forma de puesta en marcha de este mecanismo. Se prevé en el Acuerdo Final un acompañamiento internacional en la implementación de todos los puntos acordados, pero todavía esos mecanismos internacionales de acompañamiento a la implementación no han sido puestos en marcha, a pesar de las sucesivas peticiones de las FARC EP.

Es evidente que en un acuerdo de paz que pone fin a 50 años de conflicto armado no resulta procedente que una de las partes pretenda que solo se verifiquen, monitoreen o acompañe la implementación respecto a las obligaciones que corresponde a la otra parte, en este caso respecto a la dejación de armas de las FARC EP. Para garantizar la muy necesaria implementación de todo lo acordado o al menos de lo más importante, es imprescindible poner en marcha de forma inmediata todos los mecanismos de monitoreo, verificación y acompañamiento que contempla el acuerdo final de paz, y para ello es imprescindible la presencia activa en dichos mecanismos de la comunidad internacional. También sería conveniente mayor agilidad en la implementación y un claro respeto a lo acordado por parte de todas las instituciones implicadas, no únicamente por el Gobierno.

 

Enrique Santiago Romero es asesor de las FARC-EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)

 

 

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El ministro colombiano del Posconflicto, Rafael Pardo, este jueves en Madrid.

 

 

La trayectoria del ministro colombiano del Posconflicto, Rafael Pardo (Bogotá, 1953), resume como pocas el cambio que ha experimentado el país en las últimas tres décadas. Titular de Defensa a principios de los años noventa, Pardo tuvo que combatir como primer civil que ocupaba el cargo en Colombia al poderoso Pablo Escobar y a las organizaciones guerrilleras y paramilitares que incendiaron el país. En su nueva tarea como alto consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, su tarea principal es lograr que la paz se consolide y que se implementen los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las FARC que dieron fin a más de medio siglo de guerra. El jueves a su paso por Madrid, Pardo expone la minuciosa estrategia pactada para hacer esto posible.

 

Pregunta. ¿En qué cambiaron las FARC estos años para que estuvieran dispuestas a firmar la paz?

Respuesta. Desde que fui ministro de Defensa hasta ahora las FARC encontraron los recursos de los cultivos de coca, que eran marginales a principios de los noventa. El país se volvió el primer productor mundial. Antes eran Perú y Bolivia, en Colombia se procesaba la hoja de coca, se producía cocaína y se exportaba. El segundo cambio es el contexto. En esa época estaba vigente la Guerra Fría, hoy no lo está. El otro elemento son los 25 años de intensidad en acción militar, que genera miles de víctimas de todos lados, desplazamiento... Entonces, el agotamiento de la guerra llega a las FARC.

 

P. ¿Qué amenaza representan para la implementación de los acuerdos los grupos herederos de los paramilitares?

R. La principal amenaza es la existencia de los cultivos de coca. Mientras haya una mata de coca hay quien compre las hojas, y ese ‘quien’ usualmente —o siempre— es alguien que tiene una organización armada, que está respaldado por una organización que ejerce violencia, que busca dirimir conflictos a partir de la violencia y que produce muerte. Si no se reduce drásticamente el cultivo de coca en Colombia la paz no será sostenible. Por eso el esfuerzo fundamental es reducirlos sustancialmente, bien sea por la vía de sustitución voluntaria, o por la de erradicación forzada frente a quien no acepte [la primera alternativa].

 

P. ¿Cómo va a ser esa sustitución voluntaria?

R. Se hacen acuerdos con la comunidad al nivel más bajo posible, al nivel de la vereda [la división administrativa elemental], en los que los campesinos se comprometen a erradicar la coca y a no volver a sembrar. El Gobierno les da un apoyo de un millón de pesos [cerca de 335 dólares] mensual por familia durante un año, más nueve millones el primer año y 10 el segundo para un proyecto productivo, así como 1,8 millones —una sola vez— para seguridad alimentaria. También habrá asistencia técnica, que está avaluada en 3,2 millones. Cada 60 familias tendrán un asesor técnico. Al final del proceso serán formalizados los títulos de propiedad de la tierra. Las cifras son parte del acuerdo con las FARC, centavo por centavo.

 

P. ¿Cuánto gana al mes una familia que cultiva la hoja?

R. La coca en promedio produce unos 900.000 pesos mensuales brutos, de acuerdo con encuestas muy precisas que tenemos. Por lo tanto ese millón no es una mala cifra. La cuarta parte del [dinero que entrega el Gobierno] no está condicionada, y [el resto se entrega por] un trabajo remunerado en construcción de vías o en adecuación de la tierra para sembrar otro producto. Esto va unido a focalizar la inversión pública en los municipios.

 

P. ¿Por qué han aumentado los cultivos ilícitos? Naciones Unidas afirma que la siembra creció un 40% de 2014 a 2015.

R. No hay una sola explicación. Hay gente que dice que aumentaron por el proceso de paz, que porque las FARC incentivaron la siembra [para obtener beneficios tras los acuerdos]. Es posible que haya sido así. Otra explicación es la devaluación de la moneda, que afecta todas las exportaciones. Si el peso estaba en 2013 a 1.800 por dólar y pasó a 3.200, los que trafican en dólares la droga le pueden pagar más al campesino que produce y mantener el margen de ganancia.

 

P. Según la agencia para los refugiados de la ONU este año ya ha habido más de 3.500 desplazados.

R. Las cifras de desplazamiento han disminuido drásticamente. Pero es evidente que hay acciones de grupos armados que buscan entrar a las zonas donde han estado las FARC o competencia [entre esas organizaciones] por zonas de producción de coca o de minería ilegal que acaban generando desplazamiento. Se ha reducido la violencia sustancialmente, se ha reducido en las regiones más afectadas del país, pero no estamos todavía en una situación que podamos llamar aceptable en términos de seguridad. Hay desplazamiento, hay asesinato de líderes [sociales], hay situaciones de seguridad que hay que controlar. La fuerza pública ha hecho un inmenso despliegue en las zonas donde estaban las FARC, ha movido más de 80.000 hombres a esas regiones. Pero es un proceso, no se puede pretender que todo ocurra en todas partes el mismo mes. Por eso se plantean 15 años de transformación de la vida rural.

 

P. Además de la coca y la seguridad, ¿cuáles son los principales retos para la implementación?

R. Hay que hacer normas. Hay que construir el plan marco, que debe estar listo este mes [define programas, proyectos y fuentes de financiación para cumplir lo acordado a lo largo de 15 años]. Pero antes de eso también hay unos planes concretos, que son el de respuesta rápida, una focalización de acciones en las regiones donde estaban las FARC para fortalecer la presencia del Estado; y el de 100 días, que comenzó en diciembre en los 26 municipios donde hay campamentos o zonas de agrupamiento de las FARC hoy, más los 30 municipios más productores de coca del país. Hay que crear las circunscripciones [especiales para la paz, 16 nuevos distritos electorales para elegir igual número de representantes a la Cámara], trabajar para quitar las minas antipersona de la tierra y sustituir la coca por otros productos.

 

P. ¿Por qué se retrasó la adecuación de las zonas de agrupamiento de la guerrilla?

R. Esa es una parte muy importante de los acuerdos porque ahí van a llevarse a cabo todos los procesos relacionados con la dejación de armas. Pero entre la falta de previsión del Gobierno y la velocidad en la necesidad de montar esos campamentos han hecho que en muchos de ellos no haya las condiciones [suficientes] todavía, a pesar de que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Eso ha tenido un efecto muy negativo sobre la credibilidad del proceso, pero hay que resaltar que se ha mantenido el cronograma de dejación de armas.

 

P. La misión de la ONU teme que el goteo de deserciones por esos problemas logísticos se convierta en hemorragia.

R. Es posible que eso haya tenido algún efecto. Pero yo he estado en algunas zonas veredales [donde se agrupa la guerrilla] y la gente está muy convencida, entusiasmada, decidida en que quiere entrar a la paz. Hay un número muy importante de mujeres embarazadas y lactantes que lo que más quieren es una reincorporación digna y productiva a la vida civil.

 

 

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Movilizaciones de las Farc hacia las Zonas Veredales de Normalización Transitorias.

 

Generales anticomunistas resucitan la idea de las Repúblicas independientes con la que Álvaro Gómez promovió, en los años 60 del siglo pasado, una invasión militar a Marquetalia, en Planadas, para aplastar a los comunistas y a las organizaciones agrarias que debieron transformarse en autodefensa y en entidad guerrillera, que en adelante se llamaría Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/Farc.

¿Se repetirá la insensatez hoy?

No se ahorran recurso los enemigos de la paz para destruir el proceso de erradicación del conflicto armado que se adelanta mediante la implementación de los acuerdos correspondientes, sellados en el Teatro Colon el pasado 24 de noviembre del 2016, entre el Presidente Santos y las Farc.

La última novedad corre por cuenta del conocido ex general Bonnet Locarno, en representación de la Acore, gremio de generales anticomunistas, quien salta a la arena para estigmatizar las Zonas veredales (http://bit.ly/2mm29cy ) donde se han ubicado los frentes guerrilleros de las Farc en el plan de dejación de las armas y su transformación en un partido y movimiento político.

Este militar revive la famosa campaña del hijo de Laureano Gómez, Álvaro Gómez, quien en 1962 orquestó toda suerte de mentiras y estigmas para presionar el ataque militar contrainsurgente sobre la vereda Marquetalia, en el Corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, departamento del Tolima.

Decir que las Zonas veredales son Repúblicas independientes donde impera la anarquía, es un disparate del tamaño de una catedral. Es desconocer olímpicamente los contenidos de los consensos en dicha materia, que las Farc cumplen de manera estricta.

Lo que se pretende es imponer un control draconiano, violento y fascista sobre los territorios en los que se han ubicado los integrantes de la guerrilla de las Farc, para impedir la relación democrática y civilista con la población civil.

Resucitar la idea de las Repúblicas independientes es muy grave, pues un error de esas dimensiones llevo a una sanguinaria campaña del ejército contra los campesinos y los comunistas en los años 60, dando origen a las Farc, como respuesta de las masas rurales a la agresión de la ultraderecha militarista.

Hagamos un poco de historia para que nos contextualicemos en este peligroso giro de la actual situación que pretenden los enemigos de la paz.

En 1962 se posesiona como presidente el conservador Guillermo León Valencia, y los territorios de colonización donde ejercía su liderazgo e influencia el Partido Comunista, fueron puestos en la mira del gobierno, en gran parte por el anticomunismo que por los años sesenta se expandía desde el gobierno de Estados Unidos y que en Colombia introdujo el general gringo William Yarborough, mediante la conformación de los mercenarios Lanceros y nuevas brigadas militares en los departamentos de Caldas, Valle y Tolima .

En 1962, el ejército realiza una primera operación contra la vereda de Marquetalia que obliga a los pobladores a colocarse a disposición de la resistencia agraria y a prepararse para cualquier tipo de ofensiva militar, esta iniciativa del gobierno, lleva a los dirigentes del Partido Comunista a activar paulatinamente la autodefensa (organizada después del asesinato de Gaitán), para prepararse ante futuros ataques y para concientizar a la población sobre la situación. El PC mediante su acertada estrategia de lucha de masas y defensa de las comunidades, refuerza la organización de la autodefensa, preparándose para cualquier ataque porque la situación en estas zonas cada vez era más tensa, el ejército comenzó a rodear estos territorios para evitar que se expandiera su influencia a otros, aislándolos e impidiendo muchas veces que vendieran sus productos fuera de estas tierras, alejándolos de la posibilidad de inserción en la economía nacional y del desarrollo capitalista que se estaba dando en el país.

Los territorios de influencia comunista fueron denominados Repúblicas Independientes por el senador conservador Álvaro Gómez en el Congreso de la República: “no se ha caído en la cuenta que hay en éste país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado”, decía ese siniestro personaje. Sus declaraciones, dan impulso a las posteriores acciones militares en las que el gobierno busca restituir su control militar en las regiones apartadas donde antes no había hecho mayor presencia, se determina que en estos territorios la creciente influencia del PC es un peligro para el mantenimiento del poder oligárquico del Frente Nacional y se decide acabar con ellas a sangre y fuego.

El ejército por orden del gobierno conservador frentenacionalista, buscará terminar violentamente con la influencia comunista en los territorios de Marquetalia, Rióchiquito, El Pato y Guayabero.

El Partido Comunista, como era obvio y necesario, se prepara para los ataques del ejército, debido a esto.

En Marquetalia, el PC organiza nuevamente la “Columna de marcha”, que ya había operado a principios de los años 50, para movilizar a las familias de los combatientes hacia las montañas y hacia Rióchiquito con el fin de evitar que los ataques los acaben; los combatientes se quedan en Marquetalia para resistir la ofensiva militarista.

Entre finales de abril y principios de mayo de 1964, son evacuadas unas 1.700 personas de la población civil de Marquetalia y de las veredas vecinas, la población queda a la expectativa del inicio de los operativos.

Comienza así la guerra preventiva contrarrevolucionaria bajo los lineamientos del plan LASO (Latin American Security Operation) inspirado en la nueva filosofía de la guerra contrainsurgente, con el supuesto fin de devolverle al Estado la soberanía sobre todo el territorio nacional, y quitarles a los comunistas la legitima influencia en dichas territorialidades.

Las fuerzas militares promueven la campaña de intimidación y propaganda en contra del Partido Comunista: cierran el acceso y salida de estos territorios; impiden la movilización de campesinos a otras zonas para evitar la creciente expansión del PC, y obstaculizan la comercialización de sus productos, para que económicamente les sea cada vez más difícil el mantenimiento de estos territorios, dejándolos prácticamente aislados para facilitar la acción del ejército.

Entre el 27 de mayo y el 14 de junio de 1964, se desarrollan combates entre la resistencia de Marquetalia y las Fuerzas Armadas, hasta que el ejército toma el control de la zona y los combatientes comunistas dejan definitivamente la autodefensa para convertirse en guerrilla revolucionaria agraria. Los ataques a Marquetalia, dan como resultado la activación definitiva de la estrategia revolucionaria de los comunistas.

De esta forma, la autodefensa popular deja de ser un movimiento espontáneo para convertirse en una orientación sistematizada y generalizada por los destacamentos comunistas, que la recomiendan para responder organizadamente a los ataques, con un criterio militar, pasando de la autodefensa a la acción guerrillera.

Después de los ataques, se expide el Programa Agrario de Marquetalia el 20 de julio de 1964, que en adelante será la base para el trabajo de la guerrilla comunista en el territorio nacional. El Programa agrario de los guerrilleros, como se conocerá en adelante, establece que el cierre de todas las posibilidades de vida y lucha reivindicativa pacífica, obliga a la población campesina a la resistencia social y al inicio de la lucha armada, debe servir además como plataforma para los diferentes destacamentos guerrilleros.

La Columna de marcha conformada después de los ataques a Marquetalia, transita las montañas, donde al ejército se le dificultaba entrar y donde los campesinos podían esconderse más fácilmente a pesar de las condiciones de la selva, allí esperaron muchos hasta que fuera seguro salir, otros buscaron territorios cercanos de colonización para asentarse, y otros se fueron para Rióchiquito donde comenzarían posteriormente los ataques del ejército, el 15 y 16 de septiembre de 1965, en condiciones parecidas a Marquetalia, los habitantes de este territorio deben ser movilizados nuevamente mediante la Columna de marcha hacia El Pato, Guayabero y otras zonas de colonización, organizando la defensa con fundamento militar, pasando de la autodefensa a la acción guerrillera.

Surgieron las Farc y la historia ya la conocemos ¿Pretenden estos chafarotes que todo ello se repita con otros 60 años de guerra y violencia?

Imposible tanta insensatez.

 

 

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