El Gobierno de Colombia y las FARC culminan las negociaciones de paz

Las partes dan por concluido el grueso del acuerdo, que será anunciado este miércoles en La Habana

El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han dado este martes por concluidas las negociaciones para lograr un acuerdo de paz después de cuatro años de conversaciones, según fuentes conocedoras de las mismas. A última hora de la noche, el grueso del pacto estaba cerrado y del texto definitivo solo faltaban por resolver algunos aspectos técnicos. El anuncio oficial se hará este miércoles desde La Habana, presumiblemente en la tarde, según han informado desde el Alto Comisionado para la Paz.


Los negociadores del Gobierno, apremiados por el presidente, Juan Manuel Santos, ultimaban en La Habana desde hace una semana los detalles del acuerdo final. Después de jornadas maratonianas de hasta 18 horas, todos los aspectos sustanciales quedaron este martes finiquitados. Solo restan algunos técnicos, la mayoría relacionados con la redacción del texto.


El día se acerca", tuitearon a última hora de la tarde desde sendas cuentas de Twitter el Alto Comisionado y las FARC, acompañando el mensaje de una foto en la que se mostraban ambas delegaciones sonrientes. Este hecho generó cierta confusión. Extraoficialmente, fuentes de ambos lados aseguraron que las negociaciones habían concluido. Sin embargo, al faltar algunos detalles, no se quisieron aventurar a afirmar de forma oficial que se trataba un acuerdo definitivo, por lo que instaban a esperar al anuncio del miércoles. En ningún caso, aseguraban, los flecos pendientes parecían poner en riesgo el acuerdo definitivo.


Las condiciones sobre cómo será la amnistía de los guerrilleros, su futura participación política y la reincorporación a la vida civil han sido los últimos temas en concretarse. “No habrá acuerdo final hasta que no haya ley de amnistía”, aseguró Marcos Calarcá, uno de los líderes guerrilleros en La Habana, el pasado fin de semana.


Desde el lunes, sin embargo, el acuerdo se antojaba inminente. Ese día por la noche, el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, lanzó un tuit con una foto simbólica. En torno a una mesa rectangular repleta de papeles, computadores, tazas de café y botellas de agua, la canciller, dos ministros, senadores y negociadores del Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. En casi cuatro años de conversaciones apenas se ha conocido una imagen de una reunión de trabajo entre las partes tan distendida como esa. El tuit fue replicado por el líder de la guerrilla, alias Timochenko, con un esperanzador mensaje: “Estamos a las puertas de importantes anuncios que nos acercan al acuerdo final”


La urgencia de Santos no era baladí. El presidente necesita tener el pacto definitivo para poder convocar el plebiscito que refrende los acuerdos. El Gobierno quiere que esta consulta no se demore más allá de la primera quincena de octubre y tratará de evitar que se solape con la reforma tributaria, es decir, con la subida de los impuestos a los colombianos, que se anunciará antes de que acabe el año.


Las FARC, por su parte, llevarán el acuerdo final a un congreso interno, lo que se conoce como Décima Conferencia, en la que las bases guerrilleras darán el visto bueno a lo negociado en La Habana desde 2012 y renunciarán al alzamiento armado para convertirse en un partido político.


El anuncio de que se ha concluido las negociaciones, de que hay un acuerdo de paz no significa que se vaya a firmar. De hecho, se prevé que la rúbrica final –que el presidente anunció que se haría en Colombia- se logre celebrar antes del plebiscito, en un acto multitudinario, una suerte de cumbre de jefes de Estado, para tratar de dar un impulso al sí en la consulta a los colombianos.

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Un autobús calcinado durante un paro armado del Clan Úsuga, en abril.
El repunte de la violencia de los herederos de los paramilitares marca la recta final del proceso de paz
 

 

El pasado 10 de abril, Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en La Habana compartió en su perfil de Twitter una viñeta del humorista colombiano Matador. Una serpiente, del tamaño de una anaconda, a punto de devorar una paloma de la paz sobre el mapa de Colombia. La caricatura incluye una flecha apuntando al reptil y una palabra: paramilitarismo. La metáfora, compartida por otros tantos usuarios (no todos miembros de la guerrilla) resumía el temor que sobrevuela el país a pocos meses de que se firme el acuerdo de paz que pondrá fin a más de medio siglo de conflicto con la guerrilla: la presencia, cada vez más activa, de grupos armados que atentan de una forma similar a la que solían las Autodefensas Unidas de Colombia.

 

Desde principios de año hasta abril, la Policía colombiana y la ONU han confirmado al menos 12 asesinatos de líderes sociales a manos de bandas criminales, un saldo de tres muertos al mes. El Gobierno asegura que todos los casos se están investigando, pero no encuentra una relación directa entre la ideología de esas personas y el crimen organizado. La semana pasada, un hombre armado disparó contra una reunión en la que se encontraba Imelda Daza, histórica líder de la Unión Patriótica (partido surgido de las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur), la formación que perdió a más de 3.000 integrantes, asesinados por grupos paramilitares, incluidos dos excandidatos presidenciales.

 

Pese a todos los indicios, el Gobierno de Juan Manuel Santos se ha mostrado reticente a hablar de paramilitarismo. Las autoridades consideran que las AUC ya se desmovilizaron a principios de este siglo y que lo que buscan ahora estas organizaciones criminales es un reconocimiento político para beneficiarse de la justicia especial que se ha acordado con las FARC en La Habana por la que serán juzgados todos los actores del conflicto. El Gobierno argumenta que estos grupos armados tampoco evidencia una estrategia contrainsurgente y no constan enfrentamientos entre estas estructuras y las guerrillas. Las investigaciones que llevan a cabo desde distintas estancias estatales concluyen que aunque “hay evidencias” de relaciones con miembros de la fuerza pública y funcionarios, “son aisladas y producto de la corrupción”.

 

Se ha vuelto un debate semántico. El Gobierno se empeña en mostrar las diferencias con los paramilitares y los movimientos sociales las semejanzas. Lo único cierto es que se trata de grupos que quieren afectar al proceso de paz”, opina Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. La entidad, con cálculos similares a otros centros de estudio, estima que de los 1.102 municipios del país estos grupos operan en cerca de 300. El Clan Úsuga, también conocido como Los Urabeños, formado por unos 3.000 miembros, es el grupo más activo. Su líder, alias Otoniel, es hoy en día el hombre más buscado de Colombia. Más de 1.000 hombres participan desde hace más de un año en la Operación Agamenón para tratar de capturarlo.

 

Ávila divide a estos grupos neoparamilitares en tres tipos: un 30% con características similares a los paramilitares de antaño, es decir, dedicadas al contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico, con jerarquía dentro de la organización y una cercanía con sectores políticos y judiciales. Otoniel encabezaría este grupo. Otro 30%, menos jerarquizado, que venden servicios de seguridad privada o sicariato, protegen algunos territorios, pero tienen alcance regional. El 40% restante lo formarían “bandas de 20 o 30 tipos, mercenarios, con mucha autonomía criminal que presenta sus servicios al mejor postor”. “Los Urabeños no van a empezar a matar guerrilleros porque sí, pero si, pongamos, un ganadero lo quiere hacer y les pagan, lo van a hacer”, concluye.

 

La creciente actividad de estos grupos está teniendo una fuerte repercusión en la recta final del proceso de paz con las FARC, que desde hace tres años y medio se desarrolla en La Habana.. Las garantías de seguridad a los guerrilleros después de su desmovilización es un asunto que ambas partes llevan trabajando desde hace meses. La comisión negociadora que trata este tema, liderada por el general Óscar Naranjo y Pablo Catatumbo, respectivamente, se ha intercambiado una treintena de borradores sin conseguir llegar a un acuerdo. En sus charlas el término de paramilitarismo se pronuncia con más asiduidad que en territorio colombiano. Sin embargo, en las últimas semanas, ha habido visos de un cambio de postura por parte del Gobierno. Recientemente, autorizó el uso de “toda la fuerza del Estado”, incluido los bombardeos aéreos, contra las principales bandas criminales del país. De hecho, del término Bacrim empleado para definir a estos grupos se ha pasado al de “grupos armados organizados”.

 

En los últimos días, las referencias al paramilitarismo han copado varios de los mensajes más relevantes de Colombia. La excandidata presidencial Íngrid Bentacourt, en su regreso a Colombia después de seis años, hizo referencia a la “reciente reincidencia del paramilitarismo a través de las bandas criminales después de un programa de sometimiento a la justicia”. Incluso el presidente, Juan Manuel Santos, lanzó este viernes un duro mensaje a su máximo opositor, Álvaro Uirbe. El expresidente, del que Santos fue ministro de Defensa, llamó esta semana a la “resistencia civil” ante los acuerdos de La Habana. “Es la misma que proponía Carlos Castaño”, le ha espetado Santos, recordando a uno de los máximos cabecillas paramilitares que ha tenido Colombia.

 

 

 

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Martes, 16 Febrero 2016 05:55

La decisión de Camilo

La decisión de Camilo

A la mitad del año 1965, Camilo Torres lanzó en Bogotá el periódico Frente Unido, vocero de una nueva organización, el Frente Unido del Pueblo. Desde un principio, el Frente Unido se declaró ajeno a la participación electoral en el sistema político oligárquico existente en Colombia y anunció su propósito de organizar a los campesinos, los trabajadores y el pueblo pobre y oprimido. En la primera edición, el 26 de agosto de 1965, apareció un Mensaje a los cristianos de Camilo Torres, primero de una serie de mensajes donde fue delineando y explicando sus ideas, sus razones y sus objetivos.


Entre agosto y noviembre de ese año, Frente Unido publicó otros ocho mensajes de Camilo dirigidos a distintos sectores de la nación colombiana: a los comunistas, a los militares, a los sindicalistas, a las mujeres, a los estudiantes, a los desempleados, a los presos políticos y a la oligarquía.


La serie se cerró cuando Camilo Torres decidió sumarse a la lucha guerrillera. En enero de 1966 lanzó una Proclama al pueblo colombiano donde explicaba sus razones para incorporarse al Ejército de Liberación Nacional encabezado por Fabio Vázquez Castaño. Un lector atento puede advertir un marcado cambio de estilo entre este documento y los ocho mensajes anteriores. Pero aquí se cierra la serie y más no sabemos.


Camilo Torres Restrepo murió hace hoy 50 años en su primer enfrentamiento armado con el ejército. No estaba preparado, aún no sabía de fusiles ni emboscadas. Tal vez le urgía dar testimonio de su empeño ante si mismo y ante sus compañeros que no supieron protegerlo. Era el 15 de abril de 1966. Nacido el 3 de febrero de 1929, apenas había cumplido los 37 años de su edad, que en ese entonces era también la mía.


Su Mensaje a los cristianos es tal vez el más revelador y el más sentido de la serie sucesiva. Hablaba a los suyos y, a su manera, a aquel que Camilo llamaba su Patrón. Aquí está su texto, homenaje y recuerdo.
A.G. – Ciudad de México, 15 de febrero de 2016


§


Las convulsiones producidas por los acontecimientos políticos, religiosos y sociales de los últimos tiempos posiblemente han llevado a los cristianos de Colombia a mucha confusión. Es necesario que en este momento decisivo para nuestra historia los cristianos estemos firmes alrededor de las bases esenciales de nuestra religión.


Lo principal en el Catolicismo es el amor al prójimo. «El que ama a su prójimo cumple con su ley.» (San Pablo, Romanos XIII, 8). Este amor, para que sea verdadero, tiene que buscar eficacia. Si la beneficencia, la limosna, las pocas escuelas gratuitas, los pocos planes de vivienda, lo que se ha llamado «la caridad», no alcanza a dar de comer a la mayoría de los hambrientos, ni a vestir a la mayoría de los desnudos, ni a enseñar a la mayoría de los que no saben, tenemos que buscar medios eficaces para el bienestar de las mayorías.


Esos medios no los van a buscar las minorías privilegiadas que tienen el poder, porque generalmente esos medios eficaces obligan a las minorías a sacrificar sus privilegios. Por ejemplo, para lograr que haya más trabajo en Colombia, sería mejor que no se sacaran los capitales en forma de dólares y que más bien se invirtieran en el país en fuentes de trabajo. Pero como el peso colombiano se desvaloriza todos los días, los que tienen el dinero y tienen el poder nunca van a prohibir la exportación del dinero, porque exportándolo se libran de la devaluación.


Es necesario entonces quitarles el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres. Esto, si se hace rápidamente, es lo esencial de una revolución. La Revolución puede ser pacífica si las minorías no hacen resistencia violenta. La Revolución, por lo tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe, que cumpla con las obras de caridad, de amor al prójimo, no solamente en forma ocasional y transitoria, no solamente para unos pocos, sino para la mayoría de nuestros prójimos. Por eso la Revolución no solamente es permitida sino obligatoria para los cristianos que vean en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos. Es cierto que «no haya autoridad sino de parte de Dios» (San Pablo, Romanos XXI, 1). Pero Santo Tomás dice que la atribución concreta de la autoridad la hace el pueblo.


Cuando hay una autoridad en contra del pueblo, esa autoridad no es legítima y se llama tiranía. Los cristianos podemos y debemos luchar contra la tiranía. El gobierno actual es tiránico porque no lo respalda sino el 20 por ciento de los electores y porque sus decisiones salen de las minorías privilegiadas.


Los defectos temporales de la Iglesia no nos deben escandalizar. La Iglesia es humana. Lo importante es creer también que es divina y que si nosotros los cristianos cumplimos con nuestra obligación de amar al prójimo, estamos fortaleciendo a la Iglesia.


Yo he dejado los privilegios y deberes del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que me he entregado a la Revolución por amor al prójimo. He dejado de decir misa para realizar ese amor al prójimo, en el terreno temporal, económico y social. Cuando mi prójimo no tenga nada contra mí, cuando haya realizado la Revolución, volveré a ofrecer misa si Dios me lo permite. Creo que así sigo el mandato de Cristo: «Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda» (San Mateo V, 23-24).


Después de la Revolución los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está orientado por el amor al prójimo.


La lucha es larga, comencemos ya...


Bogotá, Camilo Torres, 26 agosto 1965

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Domingo, 14 Febrero 2016 05:48

Sobre el 23 de marzo

Sobre el 23 de marzo

Argumentar en favor de una firma precipitada de un Acuerdo definitivo de paz el proximo 23 de marzo, un creciente escepticismo de la denominada opinion publica es un sofisma de distracción aupado desde la casa de Nariño. Era peor el descreimiento al inicio de los dialogos en La Habana. Hoy, con un buen trecho recorrido, la paz ha ganado mucho espacio nacional e internacional. Pero aun se requiere avanzar con paso firme en los delicados temas que estan pendientes. Montar un Plebiscito amañado que se financiara con la mermelada de la venta de Isagen (7 billones para comprar votos por caciques corruptos) es un acto descabellado que requiere ser contenido prontamente por la Corte Constitucional.

Una antigua apreciación hegeliana nos sugiere que las cosas se dan cuando las condiciones están dadas para que así ocurra. Son los tiempos ontológicos.

Es casi lo que se puede sugerir de la tan mentada fecha para la firma de un acuerdo final de cierre de las conversaciones de Paz que se adelantan entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la delegación plenipotenciaria de las Farc en La Mesa de La Habana.

Me refiero al 23 de marzo próximo, día que fue seleccionado por las dos delegaciones desde hace unos meses, a instancias de la Casa de Nariño, para terminar los encuentros y diálogos entre ambas representaciones.

Al parecer tal hecho no sucederá, según se desprende de distintas declaraciones de los voceros que intervienen en el proceso político de paz.

Las circunstancias para una firma final todavía no están dadas por diversas razones de peso que resulta un error desconocer.

Aún están pendientes de negociación elementos gruesos como el cese bilateral del fuego permanente; la ruta de movilización política de las Farc, de acuerdo con sus intereses económicos, políticos y estratégicos; la eliminación de la peste paramilitar y la correspondiente depuración de las fuerzas armadas y policiales, que siguen actuando dentro de la mentalidad contrainsurgente anticomunista, como se puede registrar con la violenta acción del Esmad contra las legítimas protestas populares en Bogotá y en otras regiones, las que son estigmatizadas por las burocracias distritales y municipales como terroristas; el delicado asunto de la dejación de las armas en manos de las guerrillas revolucionarias, que debe ocurrir en el marco de la reciprocidad que implica la implementación y concreción de los consensos pactados; y la revisión de la situación judicial y penitenciaria de las personas vinculadas con la insurgencia guerrillera.

De otro lado está el complicado tema de la refrendación y protección constitucional y jurídica de los acuerdos.

En este campo hay una tremenda confusión como se infiere de las reflexiones hechas por varios analistas en el reciente Foro de paz organizado en el Hotel Tequendama por la ONU y la Universidad Nacional (8, 9 y 10 de febrero 2016). El enredo surge como consecuencia de la acción unilateral del gobierno en esta materia, quien tomó la drástica y solitaria decisión de tramitar un Acto Legislativo para crear una Comisión Legislativa Especial, modificar el procedimiento legislativo (ley 5) y otorgar facultades en materia de Paz al Presidente. También por la determinación de modificar la Ley de mecanismos e instituciones de participación para acondicionar la figura del Plebiscito, en su umbral y alcance vinculante, a los cálculos politiqueros de la coalición gobernante, la de la Unidad nacional Santista, que se propone canalizar los 7 billones de la venta de Isagen, convertida en mermelada liquida, en otro festival electorero de compra venta de votos en jornada clientelar que anuncian para los primeros días del mes de junio del año en curso.

El Plebiscito santista es otro escenario de la degradada democracia clientelar colombiana que será instrumentalizado para rebobinar la corrupta casta oficialista de caciques y barones bipartidistas, después del saqueo con las regalías petroleras y mineras y del desvergonzado asalto a Reficar. Sera otro festín de engaños, demagogia y reacomodos políticos para preparar las elecciones del 2018 en cabeza del “pinchado” cerebral German Vargas Lleras.

El Plebiscito santista es un fracaso, es una trampa contra la paz y con toda razón ha sido rechazado por la delegación de las Farc y por importantes sectores del constitucionalismo democrático. Es muy seguro que esta maniobra se refunda en los controles adelantados por la Corte Constitucional, pues es evidente que se concibió e hizo en contravía de principios básicos del derecho y la democracia participativa.

La delegación plenipotenciaria de la resistencia campesina revolucionaria, sin pretensiones dogmáticas, ha formulado la iniciativa de una Asamblea Constituyente soberana, conformada en el marco de amplias acciones afirmativas, que no corporativas de sabor hitleriano, como mecanismo adecuado para blindar los acuerdos de paz y darles el mayor nivel
de institucionalidad. Santos ha rechazado tal hipótesis con argumentos poco consistentes.

En sentido contrario ha procedido el denominado Centro Democrático que lidera el señor Uribe Vélez, quien, ni corto ni perezoso, y sin el menor pudor, ha canalizado este escenario para ingresar al debate de la paz, dejando ocasionalmente a un lado su irritante retorica bélica. Ahora, el uribismo, en sus versiones blandas, habla de acuerdo nacional (Holmes Trujillo, ver http://bit.ly/1o6xRIn ) y de ciertos condicionamientos a la concentración y dejación de las armas. Juegos verbales y ademanes políticos que incluyen claves para recuperar los espacios perdidos con nuevas figuras como la del prestante Senador Ivan Duque. Desde luego, si esa es la tónica del uribismo 3.0, sería necio desconocerlo y no evaluar sus elaboraciones recientes. Es lo que aclara los encuentros y diálogos de Leyva y Enrique Santiago con generales encarcelados (Rito et.al ) y con el propio jefe de la ultraderecha reacomodada para contrarrestar su marchitamiento electoral y mediático.

Recuerdo, por lo demás, los temas que aún están pendientes en los acuerdos agrarios, político, de víctimas y erradicación de cultivos ilícitos. Son casi 40 puntos que deben ser debatidos y acordados.

Por último, y no menos trascendental, está el tema de la implementación y verificación de los acuerdos. Asunto nada liviano que demanda mucha precisión y acciones concretas como los mencionados ajustes institucionales para la paz que implican una profunda reforma del Estado desde el nivel nacional hasta el municipal, local y veredal, para disponer de eficientes, herramientas de trabajo en la construcción de la paz. Acaso no fue para eso que ya se adelantaron a la creación del tal Ministerio del Posconflicto, en donde enchanfainaron a Rafael Pardo, que deja un desagradable sabor clientelista y de componenda politiquera? ¿Qué impide que medidas de reforma del Estado para la paz democrática se hagan ya? ¿Falta de voluntad política?

La implementación de los acuerdos está estrechamente asociada con la dejación de las armas. No puede pretender Santos y su casta militar, política, empresarial y yanqui, que la resistencia campesina deje su principal mecanismo de lucha y de garantía política (como lo propone de manera confusa el columnista E. Pizarro en la revista Semana, ver http://bit.ly/23ICOqS ) a cambio de nada, a cambio de dilaciones, pactos incumplidos y traiciones palpables, muy conocidas en la historia nacional desde el histórico levantamiento de los Comuneros al finalizar el siglo XVIII (1793), cuyos líderes fueron engañados por un arzobispo y decapitados por la guardia virreinal.

Pretender una firma del acuerdo final el 23 de marzo 2016 es un desatino gobiernista y de la trama del establecimiento profundo; el proceso de paz colombiano, como lo evidencia las experiencias de Sudafrica, Irlanda, El Salvador, requiere más trabajo, transparencia y compromiso social, que es el que le falta a Santos y su gabinete, embarcados en una andanada
neoliberal contra el pueblo mediante privatizaciones, recortes, salarios congelados, vulneración de los derechos humanos, abandonos como el de los niños muertos por desnutrición en la Guajira e incrementos de impuestos e Ivas que pauperizan aún más a millones de colombianos desconfiados con una paz (tal vez una entelequia), canalizada para relegitimar el modelo neoliberal de segunda generación.

Llegar a un Acuerdo definitivo de paz bien puede ser que se extienda hasta los primeros meses del año 2018, cuando se den condiciones propicias para la convocatoria y reunión de la Constituyente propuesta como una hipótesis política de largo aliento.

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¿Por qué no cae ningún capo gringo del narcotráfico?

Lo llamaron “Plan Colombia” y se inscribía en la estela de la “guerra contra las drogas” declarada por el mentiroso presidente Nixon hace 40 años. Lo suscribieron su sucesor Bill Clinton y uno de los peores presidentes que haya sufrido Colombia, Andrés Pastrana.


La pasada semana se celebró en Washington el 15 aniversario del “Plan”. Con reunión masiva en el ala este de la Casa Blanca y una superfiesta en la embajada colombiana, que inauguraba local. Allí se anunció una secuela que se llamará “Paz Colombia”, si el Senado le aprueba a Obama unos cientos de miles de dólares que añadir a los teóricos 10.000 millones ya gastados.


En principio, el objetivo central del Plan era combatir el narcotráfico, acabar con la producción y consumo de drogas, especialmente de la cocaína. Pero pronto, en la estela de una guerra fría que seguía vigente en América Latina, se orientó fundamentalmente a la lucha contra la subversión, representada especialmente por las FARC, que entonces contaban con 25.000 miembros y podían poner en jaque al Estado en numerosas zonas del territorio colombiano.


Helicópteros, pertrechos, asesores, para acabar con la “guerrilla comunista”, fueron el centro del convenio. Más adelante, a través de operaciones encubiertas con la CIA y la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) tristemente célebre por las revelaciones del perseguido Edward Snowden sobre sus actividades de interceptación y espionaje ilegal en todo el mundo, se vendió al Gobierno de Uribe tecnología sofisticada, especialmente las denominadas “bombas inteligentes” que contribuyeron a abatir jefes guerrilleros como el mando militar Jojoy, Alfonso Cano o Raúl Reyes, este último en territorio ecuatoriano mediante el apoyo logístico de la base militar estadounidense de Manta, hoy clausurada por el presidente Correa.


A pesar de los duros golpes infligidos a la guerrilla, “daños colaterales” incluidos, el Plan Colombia no consiguió terminar con las FARC, que han seguido ocupando territorio con más de 10.000 efectivos y manteniendo en jaque a las fuerzas militares. Por eso el actual presidente, Juan Manuel Santos, aun cuando fue ministro de Defensa con el guerrerista Uribe, decidió nada más iniciar su mandato entablar unas conversaciones de paz que se han desarrollado en los últimos años en La Habana, que ya han conseguido la tregua en las acciones de la guerrilla y permitirán alcanzar la paz negociada en los próximos meses. Lo que no consiguieron el Plan Colombia ni el Ejército en medio siglo, lo han logrado civiles y jefes guerrilleros sentados en una mesa desarmada en la capital cubana.


Junto al énfasis guerrero, la vertiente “antidrogas” del Plan Colombia ha desplegado su acción en los últimos 15 años, principalmente centrada en la fumigación aérea de los cultivos. Así como en el aspecto militar del acuerdo el dinero “donado” debía emplearse en la compra de todo lo empleado – “incluidas las botas de los soldados”, según me informaba un alto cargo del Gobierno Uribe–, en este caso, las beneficiarias de la fumigación eran, además de los aviones alquilados, las multinacionales químicas Monsanto y Dow Chemical, que se deshacían en Colombia a precio de oro de venenos cuya aspersión ya está prohibida en el mundo civilizado por la presión ecologista e incluso de los organismos de Naciones Unidas.
Cuatro millones de hectáreas han sido fumigadas en territorio colombiano durante el Plan Colombia, obligando al traslado de cultivos sin eliminarlos, antes bien aumentando el área sembrada de coca y, según el gran periodista Antonio Caballero (antiguo columnista de Público), “arrojando a los campesinos cocaleros en brazos de las guerrillas que los defienden y a las que pagan protección”.


Junto al Plan, los agentes de la poderosa agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) han operado en Colombia a sus anchas como una dependencia clave de la Embajada en Bogotá. Con sus investigaciones han logrado centenares de detenciones seguidas de extradición, para que cuenten lo que saben y enriquezcan el patrimonio informativo y la capacidad de presión de la agencia a todos los niveles, incluyendo centros de poder económico y político.


Más de mil extraditados desde Colombia. Célebres narcos como Pablo Escobar abatidos o grandes narcos, como los jefes del cártel de Cali, conducidos a cárceles estadounidenses. En estos días, el Chapo Guzmán, tras su enésima fuga, trincado en medio de la horterada que persigue a este tipo de personajes y reclamado de inmediato por la potencia del Norte...
Pero la pregunta que servía de titular a este comentario sigue en el aire.


Las toneladas de cocaína y heroína llegan puntualmente a Estados Unidos desde Colombia, México, Panamá o Perú para su distribución en su inmenso territorio mediante redes bien organizadas, hasta llegar, con pureza variable, al ejecutivo de Wall Street o al negro lumpen del Bronx...¿Quién las recibe? ¿Qué fantasmas invisibles se hacen cargo de las avionetas, los submarinos o las mulas viajeras que arriban a los aeropuertos con su carga de coca?


¿Por qué se habla de “chapos”, “escobares”, “orejuelas”, y jamás de un capo estadounidense? ¿Por qué nadie investiga cómo se manejan las inmensas cantidades de dólares que sin duda manejan los bancos lavadores del destino final de la droga, infinitamente superior en valor al de la compra de la hoja al perseguido campesino cocalero?


Hace tiempo, García Márquez le preguntó reservadamente a Clinton sobre todo esto. Más o menos le contestó que la respuesta era un grave problema de Estado y que se sabría, al modo de los misterios de Fátima, dentro de varias décadas.


Mientras tanto, los mayores consumidores y agentes del negocio de la droga son de la misma potencia que aparece como perseguidora implacable del narcotráfico.


Como decía el paisano citado por Carlos Fuentes refiriéndose a los gringos: “Ellos ponen sus narices, nosotros los muertitos”.

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Miércoles, 03 Febrero 2016 07:06

Ultimátum de Santos al ELN

Ultimátum de Santos al ELN

"Al ELN se le está acabando el tiempo para ser parte de la solución política del conflicto armado en Colombia", dijo el representante del gobierno desde la Casa de Nariño. Las conversaciones exploratorias llevan más de dos años.

 

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibió un contundente ultimátum del gobierno colombiano para abrir unas negociaciones similares a las que mantiene con las FARC. La advertencia del Ejecutivo encabezado por el presidente Juan Manuel Santos llegó apenas días después de que la organización rebelde reavivara la posibilidad de anunciar la instalación formal de la mesa.


El encargado de dar la advertencia fue el jefe de la delegación del gobierno en los diálogos exploratorios de paz con el ELN, Frank Pearl. "Al ELN se le está acabando el tiempo para ser parte de la solución política del conflicto armado en Colombia", dijo desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. La reacción del gobierno, que por su contundencia no tiene precedentes en los dos años de encuentros exploratorios que ambos mantienen, llega tras el último comunicado de los "elenos", que este domingo aseguraron que si todavía no se ha abierto un proceso formal de paz es porque el Ejecutivo no quiere.


Según la versión de los insurgentes, su delegación de paz está preparada desde noviembre pasado para acudir al ciclo donde debe darse por concluida la fase confidencial de estas conversaciones y dar inicio a su fase pública, cita que carece de fecha. Los rebeldes aseguran que esto todavía no fue fijado porque la delegación del gobierno no quiso definir esos asuntos. "La iniciativa de la resolución de aspectos operativos está en manos de la delegación del gobierno", agregó el ELN en un comunicado publicado el domingo, que cayó como un baldazo de agua fría en el gobierno.


Pero el gobierno va a otro ritmo. El primero que salió a desmentir la acusación fue Santos, quien aseguró que su gobierno no está dilatando el inicio de los diálogos públicos. "Nosotros, desde hace ya algún tiempo, estamos pidiéndoles que se facilite una serie de reuniones que tenemos todavía por delante para pasar de la fase pública y estamos esperando concretar esas fechas por parte de ellos", había dicho el mandatario el lunes.


Y ayer Pearl fue categórico al afirmar que desde finales del año pasado el gobierno planteó opciones claras para confirmar los diálogos, aunque sin haber obtenido respuesta. "No es cierto que el ELN esté dispuesto y listo para continuar las conversaciones de la fase exploratoria", puntualizó el representante del Ejecutivo. "Llamo a la guerrilla a tomar decisiones de fondo y cambiar las palabras y los comunicados ambiguos e inútiles por hechos claros y concretos de paz."


Este cruce de declaraciones es el último episodio de un proceso confuso del que pocas cosas se saben con certeza. Se conoce, por ejemplo, que las delegaciones de paz de ambas partes se reunieron por lo menos en seis ocasiones en Ecuador, y Quito suena con fuerza para ser la sede de las eventuales negociaciones, algo que fue respaldado por el presidente de ese país, Rafael Correa. "Estamos a las órdenes de Colombia y del presidente Santos", afirmó Correa a mediados del pasado diciembre.


El resto de los detalles sobre esa etapa confidencial se fueron conociendo a cuentagotas a través de comunicados y declaraciones del ELN, que desde hace meses se declara dispuesto a abrir unas conversaciones similares a las que el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desarrollan desde hace más de tres años en La Habana.


Casi para terminar el año llegó la información que parecía definitiva para considerar un inminente proceso de paz: el líder de la guerrilla, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, reveló que la agenda de negociación ya estaba acordada. "El atranque está en cómo concretar asuntos operativos para la fase pública. Tenemos confianza en que por fin llegue ese momento comenzando el año venidero", dijo el líder insurgente al diario del País Vasco Gara. Incluso se especuló con la posibilidad de que el ELN se integrara a las negociaciones con las FARC después de que Gabino se reuniera en Cuba con el líder rebelde, encuentro que se conoció en mayo del año pasado. Sin embargo, en una entrevista publicada este domingo por la revista colombiana Semana, Timochenko dijo que, por el momento, esa posibilidad parecía lejana. "Desafortunadamente, hace rato no ha habido forma de comunicarnos con ellos."

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Sábado, 09 Enero 2016 15:03

Llama al Congreso para sellar la paz

Llama al Congreso para sellar la paz

El mandatario presentará un proyecto de ley que le permita iniciar la concentración de las fuerzas de la guerrilla de las FARC en lugares específicos para negociar la entrega de armas ante un eventual acuerdo de paz.

 

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo ayer que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso para presentar un proyecto de ley que le permita iniciar la concentración de las FARC ante un eventual acuerdo de paz. Santos explicó que con la reforma él tendrá "la facultad legal de iniciar los procedimientos para la concentración de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en los sitios que se negocien en estos último meses y la dejación de esas armas".


"(Actualmente) la ley no le permite al presidente dar ese paso y por eso para estar listos cuando firmemos vamos a tener que aprobar la ley lo más pronto posible", dijo Santos en Cartagena de Indias, donde por segundo día consecutivo analiza detalles del proceso de paz con el equipo negociador del gobierno. El proyecto de ley, que será presentado en febrero, pretende posibilitar la concentración de los guerrilleros con garantías de seguridad personal y jurídica dentro de unas zonas de ubicación que serán acordadas en la próxima etapa del proceso de paz que el gobierno y las FARC celebran desde 2012 en Cuba.


Previamente, el mandatario había asegurado que la economía de su país se beneficiará si se logra un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pues aumentarán las inversiones en medio de una coyuntura internacional complicada para este año. "Hay mucha expectativa en el mundo entero, en el mundo económico, por el impacto positivo que va a tener la firma de la paz en Colombia", dijo Santos. "Aquí se van a abrir oportunidades como nunca antes habíamos tenido. Esta paz nos va a presentar una oportunidad económica, de inversiones en regiones que nunca han recibido inversiones y que van a generar una dinámica muy positiva en nuestra economía", expresó.


Santos destacó que la economía colombiana haya crecido más del 3,0 por ciento en 2015 a pesar de las dificultades por la caída del precio del petróleo. "Cerramos el año con una economía con buen resultado, una economía que mantiene su rumbo a pesar de las dificultades", afirmó.


"El año pasado fue un año difícil. La baja del precio del petróleo nos afectó en forma muy dura. Pero nos ajustamos en forma oportuna, con una política que hemos denominado de austeridad inteligente", añadió.


Santos dijo que la actual situación económica de América latina está "en uno de los peores momentos en su historia reciente", pero que su país tiene grandes oportunidades si el proceso de paz con las FARC logra poner fin a un conflicto de más de cinco décadas de duración.


Al finalizar el jueves la primera jornada de la reunión con el equipo negociador de su gobierno en el proceso de paz, Santos dijo que el pacto al que se llegará con las FARC no es perfecto. No obstante, en el tema de aplicación de justicia se trata "del mejor acuerdo de justicia transicional que jamás se haya negociado en la historia", subrayó el mandatario.


Las partes ya han llegado a acuerdos sobre el desarrollo agrario, la participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen, solución al problema de las drogas y atención a las víctimas del conflicto, que ya dejó más de 220.000 muertos, cinco millones de desplazados y al menos 45.000 desaparecidos. Aún faltan los puntos de fin del conflicto propiamente dicho, lo que se refiere al alto el fuego bilateral y definitivo, y dejación de las armas por parte de las FARC. También falta la implementación, verificación y refrendación de todos los acuerdos. Santos y el comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, acordaron en septiembre en La Habana un plazo hasta el 23 de marzo para la firma del acuerdo final de paz.


Por su parte, el ejército de Liberación Nacional (ELN) la segunda guerrilla de Colombia, en conversaciones preliminares desde 2014 con el gobierno de Santos para iniciar un proceso de paz, ayer manifestó su deseo de alcanzar un acuerdo en el 2016. "Es nuestro deseo para este 2016 lograr avances en la paz de Colombia", escribieron los rebeldes en un texto difundido en su sitio ELN Voces.


El texto coincide con un pedido al gobierno de Colombia para ubicar y entregar los restos del sacerdote Camilo Torres, uno de sus fundadores e ícono latinoamericano de la lucha guerrillera, muerto a manos del ejército hace 50 años. "Llamamos al gobierno col. para que restos físicos de Camilo Torres sean entregados y se les brinde debida sepultura", dijo en su cuenta de Twitter el guevarista ELN.


Para el ELN la entrega del cuerpo del "cura guerrillero" sería un "gesto" que mostraría la "disposición" del gobierno a avanzar hacia los diálogos, dice el texto colgado en el sitio del ELN. Con unos 1500 combatientes, el ELN fue fundado por universitarios en 1964 y su historia está marcada por Camilo Torres y el sacerdote español Manuel Pérez, quien murió de hepatitis en febrero de 1998, cuando era el jefe máximo

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