Denuncian el "asesinato masivo" de nueve jóvenes en una estación de policía colombiana

El suceso se produce en medio de críticas y acusaciones de abusos contra la Policía de Colombia por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes.

 

Nueve jóvenes que estaban detenidos en una estación de la Policía del municipio colombiano de Soacha, al sur de Bogotá, murieron en un incendio que se desató en una celda, denunció este martes el concejal de la ciudad capitalina Diego Cancino, quien calificó los hechos de "criminalidad policial".

El siniestro ocurrió el 4 de septiembre en la estación de San Mateo, y esa "masacre" no ha sido publicada "de manera suficientemente contundente y las investigaciones no se han dado", publicó Cancino en su cuenta de Twitter junto a un video de lo ocurrido. Según afirmó, en el lugar había unos 20 jóvenes, quienes estaban siendo torturados y a sus familiares no se les permitía el ingreso para visitarlos.

De acuerdo con el concejal de Alianza Verde, quien cita a testigos y familiares de las víctimas, uno de los retenidos prendió fuego a una cobija y la llama se intensificó rápidamente con un artefacto lanzado a la celda por un oficial. "Se salieron los policías y dejaron a los chicos encerrados, no dejaban entrar a nadie, los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron", manifestó.

"Una hoguera humana"

"Esto es completa y absolutamente escabroso, intolerable. La Policía es cómplice y quizás es agente de un asesinato masivo, de una hoguera humana", condenó Cancino en una segunda publicación, exigiendo justicia a la Procuraduría y Fiscalía, así como una reforma policial.

Reuters informa que la Policía admitió el incendio y la muerte de ocho personas detenidas, pero aseguró que los efectivos que se encontraban en el lugar procedieron a apagar las llamas, prestar primeros auxilios y trasladar a los heridos a hospitales.

La Policía de Colombia enfrenta duras críticas y acusaciones de abusos por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes, que desde noviembre del año pasado se intensificaron tras la muerte de un adolescente herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un oficial antidisturbios.

Publicado: 11 nov 2020 09:48 GMT

Publicado enColombia
Las precarias condiciones de las prisiones de América Latina aumentan los riesgos para los reclusos. Christiano Antonucci / SECOM MT

El hacinamiento sigue marcando el combate frente a la covid-19 en los centros penitenciarios de América Latina. El aumento del estrés en los centros ha provocado irremediables motines.

 

Dignificar contrarreloj el sistema de prisiones en América Latina para evitar subir un nuevo peldaño en la tragedia provocada por la covid-19 está resultando ser exactamente tan improbable como se imaginaba. La pandemia representa un cruel desafío para repensar el cómo, el porqué y el para qué de los centros penitenciarios en la región, pero ninguna innovación importante ha venido al rescate.

No se puede corregir de la noche a la mañana el primer problema de la lista: el hacinamiento. El encarcelamiento en masa es marca de la casa y cuna de violencia. La mitad de los internos está a la espera de juicio, y el objetivo de la reinserción se ha dejado de lado. Las celdas colectivas de las cárceles latinoamericanas no se definen por la división del espacio para dos, tres o cuatro personas, sino que se calculan para acoger a cuarenta y cincuenta presos, llegando incluso a cobijar a más de ciento cincuenta en las prisiones más sobrepobladas.

La mayoría de los obstáculos estructurales proceden de este hacinamiento. Enfocando exclusivamente a aspectos de higiene, fundamental siempre y vital frente a la pandemia, el sistema de suministro de agua de prisiones diseñadas para ochocientos internos pero que amparan a dos mil quinientos no soporta semejante demanda. En esos casos, el agua corriente solo está disponible una serie de horas al día, y hay que disputársela.

La cancelación de las visitas fue una de las primeras medidas cuando la covid-19 cruzó el océano Atlántico, una resolución lógica ante la amenaza desconocida, pero ha derivado en un creciente malestar entre los presos, que agita una tensión ya de por sí elevada. Lo primero que se denunció fue la ruptura de la comunicación entre los internos y sus familias. Llevan dos meses y medio sin noticias de ellos. No se han articulado las debidas alternativas telefónicas, ni mucho menos las opciones de comunicación a través de internet.

Son esas visitas, por otro lado, las que "palían las necesidades básicas, como la alimentación, la medicación o la vestimenta", recuerda para este reportaje Alcira Daroqui, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (GESPyDH). "Y los que hacen visitas no solamente asisten a sus familiares, sino que los presos ponen bastante de lo que les llevan al servicio del grupo con el que están en el pabellón, lo que se llama la ranchada". En la provincia de Buenos Aires, al menos, se ha autorizado que los familiares puedan enviar paquetes. "Eso y reconocer que no les damos de comer es lo mismo", se lamenta Daroqui.

El estrés fue en aumento en los presidios hasta desembocar en bruscas insurrecciones. Sucedió en Villa Devoto y Florencio Varela, en Argentina (treinta heridos), en Manaus, Brasil (17 heridos), y también en Perú. "El Estado comenzó a tomar acciones cuando se produjeron una serie de motines en los centros, que culminaron con el principal, que fue el de Castro Castro (Lima)", comenta para Público el investigador Stéfano Corzo, del Instituto de Defensa Legal (IDL). Nueve muertos hubo en Castro Castro, politraumatismo por proyectil de arma de fuego. A ochocientos kilómetros de allí, en la penitenciaría de Picsi, se repitió la misma situación de revuelta, con otros dos fallecidos. Solicitaban los presos un trato humano y digno frente a la pandemia, y solo así el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comenzó a publicar información transparente, aunque con cuenta gotas, de lo que sucedía en sus centros.

Perú fue el primer país de la región que canceló visitas a los internos, pero ni aun así ha conseguido controlar la situación. "Donde no se tomaron medidas suficientemente adecuadas fue en el equipamiento de bioseguridad con el que debía contar los 11.000 funcionarios del INPE que trabajan dentro del sistema carcelario peruano", indica Corzo. "Fue un sector atendido tardíamente, y cuando fue atendido el virus ya había entrado en las cárceles".

La transparencia esporádica que ha ido surgiendo del INPE peruano deja resultados tan sorprendentes como los de las 450 pruebas rápidas (350 para reclusas y 100 para empleados) que se aplicaron este miércoles en la cárcel para mujeres de Chorrillos. "De ese total, 310 pruebas en internas resultaron positivas. 303 son asintomáticas y 7 presentan algún síntoma leve", notificaba el informe oficial. El porcentaje de contaminación en Chorrillos es del 88,6%.

En México hay datos que también inquietan. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está siendo la encargada de visitar los centros penitenciarios y exigir el cumplimiento de las medidas básicas para proteger a la población privada de libertad. "Preocupa a este Organismo el índice de letalidad en las prisiones en comparación a los datos nacionales reportados", alertaban en su último informe hasta la fecha, publicado el 4 de junio. 60 fallecimientos entre los 429 casos confirmados sitúan la tasa de mortalidad en el 15,9% dentro de las cárceles mexicanas. El índice nacional es de 11,8%.

En el caso específico de Brasil, las unidades sanitarias prisionales transitan ajenas al sistema público de salud, funcionan en paralelo y, por si fuera poco, sin el armazón más básico. La población privada de libertad no se encuentra entre las prioridades, por eso algunos reclusos enfermos han llegado ya sin vida al ambulatorio de destino tras una atención insuficiente en su centro penitenciario. Por otra parte, ante la falta de datos fiables, sobre todo tras los intentos de maquillaje de las cifras oficiales por parte del Ejecutivo de Jair Bolsonaro, las organizaciones de la sociedad civil tratan de calcular los estragos de la pandemia en las cárceles cotejando las estadísticas de fallecidos por neumonía o síndrome de respiración agudo.

32.500 personas liberadas en el sistema prisional brasileño

La Pastoral Carcerária Nacional es una de las instituciones más activas por los derechos de los presos en Brasil. Organizaban visitas quincenales, hasta mediados de marzo. "Poco o nada sabemos de ellos ahora", explica el Padre Gianfranco Graziola, uno de los asesores de la organización. "Tenemos información cuando alguien va a salir, o a través de algunos parientes". Graziola acepta amargamente que el trato digno dentro de los muros de la prisión es prácticamente una causa perdida, porque a la sociedad poco le importa: "Continúa la mentalidad excluyente, siempre se les tratará como delincuentes, y, en realidad, solo son personas que erraron".

La Recomendación 62, redactada por el Consejo Nacional de Justicia brasileño (CNJ), nació al inicio de la crisis como un incentivo a los magistrados para reformular las condenas de "personas en grupos de riesgo y en la fase final de las penas que no hubieran cometido crímenes violentos o con grave amenaza como robo con resultado de muerte, homicidio o violación, y que no pertenezcan a organizaciones criminales". 32.500 personas han sido retiradas de las unidades prisionales brasileñas en los últimos tres meses atendiendo al dictado, señala el informe del CNJ, con la adaptación para otros formatos como prisión domiciliar o monitoramiento electrónico. "Se trata del 4,78% del total de personas privadas de libertad, excluidos el régimen abierto y los detenidos en comisarías". La Recomendación 62 acaba de ser renovada por otros 90 días.

Para el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, al final la mirada se vuelve a dirigir, de una forma u otra, hacia el encarcelamiento en masa. Porque inexorablemente "el debate que trae la pandemia es a cuántos se debería liberar, cuando lo que se debería debatir es cuántos no tendrían que haber ingresado nunca". En las prisiones federales argentinas, cuenta Alcira Daroqui, hay personas "condenadas a ingresar en la cárcel por quince días".

río de janeiro

13/06/2020 11:06 Actualizado: 13/06/2020 11:13

víctor david lópez

@VictorDavLopez

Publicado enSociedad
Martes, 19 Mayo 2020 14:33

Vergüenza

Vergüenza

A propósito de crisis carcelacia, hacinamiento y Decreto 546/2020

 

Circula en redes un manifiesto frente a la situación carcelaria en tiempo de pandemia, suscrito por reconocidos académicos y abogados penalistas. Lo han llamado “Rumbo a un genocidio carcelario”. Manifiesto en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el coronavirus.

 

Llama la atención la calidad de los firmantes, de la categoría del italiano Luigi Ferrajoli, el español Perfecto Andrés Ibáñez y el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, el brasileño Boaventura de Sousa Santos, entre los extranjeros, y dos jueces penales del circuito y el Coordinador de Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior de Medellín, además de múltiples estudiosos del derecho penal y la criminología.

El texto, que consta de siete puntos argumentativos con una enorme carga de política criminal y tres puntos bajo el título “Exigimos”, es una proclama potente que evidencia el absurdo que constituye el Decreto 546 de 2020.

El decreto en cuestión, "Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", se apoya en datos de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana Derechos Humanos, ña Constitución Política y múltiples jurisprudencias de la Corte Constitucional.

Cuando comienzas a leer el texto, te llenas de emoción. Esperas que el soporte de la misma tenga por consecuencia una verdadera estrategia para descongestionar el sistema carcelario, no sólo para estimular las medidas extramurales, sino para establecer lineamientos sobre la imposición de las mismas.

Pero la desazón se cierne en la parte resolutiva.

En el artículo segundo, establece cuándo y a quiénes se aplica el decreto:

“ARTíCULO 2°. Ámbito de Aplicación. Se concederán medidas previstas en el presente Decreto Legislativo a las personas privadas de la libertad que se encontraren en cualquiera de los siguientes casos:

  1. a) Personas que hayan cumplido 60 años de edad.
  2. b) Madre gestante o con hijo menor (3) años de edad, dentro de los establecimientos penitenciarios.
  3. c) Personas en situación de internamiento carcelario que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B y hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, enfermedades coronarias, personas con trasplantes, enfermedades autoinmunes, enfermedades huérfanas y cualquier otra que ponga en grave riesgo la salud o la vida del recluso, en conformidad con la historia clínica del interno y la certificación expedida por el sistema general de seguridad en salud al que pertenezcan (contributivo o subsidiado) o personal médico del establecimiento penitenciario y carcelario, cuando se encuentre a cargo del Fondo Nacional Salud la persona privada la libertad.
  4. d) Personas con movilídad reducida por discapacidad debidamente acreditada en conformidad con la historia clínica del interno y certificación expedida por el sistema general de seguridad social en salud a que pertenezca (contributivo o subsidiado) o personal médico del establecimiento penitenciario y carcelario, cuando se encuentren a cargo del Fondo Nacional de Salud del privado de la libertad.
  5. e) Personas condenadas o que se encontraren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos.
  6. f) Condenados a penas privativas de la libertad de hasta cinco (5) años prisión.
  7. g) Quienes hayan cumplido el cuarenta por ciento (40%) la pena privativa de libertad en establecimiento penitenciario, atendidas redenciones a que se tiene derecho”.

Revisemos las estadísticas oficiales del Inpec para diciembre de 2019 (https://bit.ly/2zc3Bqp), y así poder establecer el impacto real de estos 7 grupos poblacionales.

Población privada de la Libertad en centros de reclusión nacional, municipal y establecimientos de Fuerza Pública, 123.802 personas.

  • 80.260 cupos y la población alcanzó los 123.802 internos(as), arrojando una sobrepoblación de 43.542 personas, que representa un índice de hacinamiento de 54,3%.
  • De esta población, el 4.2 por ciento supera los 60 años, es decir, 5.199 personas.
  • La población penitenciaria y carcelaria intramuros (123.802), está asociada con la comisión de 198.197 hechos criminales. Los cinco delitos más frecuentes corresponden, en relación al ciento por ciento, a: hurto 14 (29.489), homicidio 14,5 (28.831), concierto para delinquir 13,2 (26.125), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 13,1 (25.897) y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 10,6 (20.941). Estos delitos representan el 66,3 por ciento del total de conductas delincuenciales por las cuales se encuentran los(as) internos(as) en condición de sindicados(as) o condenados(as) en los Eron. Sólo los 5 más frecuentes.
  • Veamos la siguiente tabla:

Tipo de delito

%

Hurto

14,9

Homicidio

14,5

Concierto para delinquir

13,2

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

13,1

Fabricación,  Tráfico y porte de armas de fuego y municiones 

10,6

Actos sexuales con menos de cartoce años

4,2

Acceso carnal abusivo con menor de catorce años

3,5

Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones

2,8

Extorsión

2,6

Acceso carnal violento

1,8

Violencia intrafamiliar 

1,4

Secuetro extorsivo

1,3

Uso de menores de edad para la comisión de delitos

1,2

Secuestro simple

1.1

Total

87,5

Las estadísticas previas, tiene por fin establecer el impacto real del decreto, toda vez que el mismo establece: “Artículo 6°- Exclusiones. Quedan excluidas las medidas detención y prisión domiciliaria transitorias contempladas en Decreto Legislativo, que estén incursas en los siguientes delitos previstos en el Código Penal […]” y lo que constamos es que todas las mencionadas previamente se encuentran dentro de un enorme listado de exclusión de 76 delitos, más otros por referencia normativa.

Es decir, 15.475 internos estarían excluidos, pero recordemos que sólo se le aplica a un porcentaje de ellos. Por ejemplo, mayores de 60 años, manteniendo el porcentaje indicado del 4,2 por ciento, serían 649 personas beneficiadas. Es absolutamente claro, que las poblaciones restantes son inferiores porcentualmente, y aún a falta de su inclusión en las diferentes estadísticas oficiales, difícilmente podría llegarse a 2.000 personas. Ante esta evidencia, cabe preguntar, ¿de dónde saca el gobierno nacional que saldrán 15.000 de quienes están en prisión?

Según el Boletín Informativo del Inpec No.044–2020 del 4 de mayo (https://bit.ly/2AJDeZm), 268 personas han salido por efecto del decreto 546 de 2020.

Veinte días después de expedido el Derecreto de la referencia, la realidad muestra que, o el gobierno improvisa y da palos de ciego emitiendo decretos sin sentido (hay varios), o simplemente su intención nunca ha sido detener el contagio en las cárceles, en las que a mayo 13 el número de contagios asciende a 996 y las muertos a 4, una cifra 4 superior a la de beneficiados.

¡Vergüenza!

 

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Cárceles de Colombia en pandemia interna por coronavirus

Con 74 contagiados por covid-19, según Minjusticia, y 89 según la alcaldía de Villavicencio, y dos muertos por igual motivo, la cárcel de Villavicencio se convierte en un potencial foco de muerte, multiplicado por un hacinamiento del 98,7 por ciento: el penal fue construido para encerrar 899 personas y al momento concentra 1.796.

 A un mes del aterrador y cruel asesinato de 22 presos en la cárcel La Modelo en Bogotá y más de 80 heridos, por reclamar a través de protesta directa por sus derechos a la salud y la vida, tiempo que también suma la declaración de emergencia carcelaria por parte de la Minjusticia, y a 10 días de la expedición del decreto 546 con el cual el Gobierno dice proteger la salud y vida de las miles de personas presas, nada de lo pretendido se ha cumplido, la crisis en que vive la cárcel de Villavicencio así lo comprueba, como la tensión que reina al interior de los centros de reclusión donde quienes los padecen ven con alarma como el virus empieza a regarse por esos sitios de venganza y muerte.

Para no llegar a esta situación, decenas de plataformas defensoras de derechos humanos y medios de comunicación alternativos advirtieron que el deshacinamiento tenía que ser una medida inmediata. Pero por falta de voluntad política del gobierno central, desde su cabeza pasando por la Ministra de Justicia, así como por la dirección del Inpec, la situación al interior de los penales pasa de castaño a oscuro. La evidencia es la cárcel de Villavicencio donde a tomado cuerpo una epidemia de covid-19, con datos más que alarmantes: según la Minjusticia, 74 contagiados –20 guardias entre ellos–, cifra que la alcaldía local incrementa incluso hasta 89, además de dos muertos declarados por igual causa. El castigo no puede significar la muerte, ni la zozobra diaria por “qué será de mi vida”; angustia extendida a los familiares de las personas presas. Ante una clara violación de los derechos humanos de todas estas personas, el gobierno nacional no puede negarse a cerrar este centro de muerte por temor a que los “peligrosos delincuentes” allí recluidos pasen a otros sitios para continuar cumpliendo con sus penas, pues acá de lo que se trata es de garantizar la vida de cientos y miles de seres humanos.

Un riesgo de infección y muerte que seguirá en creciente, ya que como informó el medio independiente “El cuarto mosquetero”: “24 de (los infectados se) encargaban de hacer la comida para todos los internos, por lo que se teme que el número de contagiados aumente drásticamente”. Realidad multiplicada por la inacción gubernamental al no aplicar pruebas a todos los internos allí hacinados. Penal que alberga un 98,7 por ciento de hacinamiento: fue edificado para encerrar 899 presos y actualmente amontona 1.786, es decir carga con una sobrepoblación de 887 personas, según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

La negligencia del Estado manejando la pandemia del coronavirus llevó a que decenas de docentes e investigadores en los ámbitos del Derecho Penal, la Criminología y la política criminal, tanto de instituciones internacionales como de diversas instituciones de educación superior del país, de estudiosos independientes o de profesionales vinculados con el servicio de la Justicia, pero, sobretodo, como seres humanos, se manifestaran en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el coronavirus, declarando la actuación del Estado como propiciatoria de un “genocidio carcelario”.

A pesar de que familiares y presos confinados en distintas cárceles hayan realizado huelgas de hambre y protestas pacíficas, como la llevada a cabo el pasado 6 de abril, con cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre en un total de 24 cárceles, el gobierno ha hecho y sigue haciendo caso omiso ante las demandas de los condenados y sindicados. Protestas que prosiguen: el 22 de abril, en la cárcel La Picota de Bogotá, familiares de internos se reunieron para acompañar la protesta que llevan a cabo los internos desde el 20 de abril, exigiendo una mesa de interlocución con presidencia y excarcelación humanitaria. Igual sucedió en la cárcel de la ciudad de Cúcuta.

Ante la prepotencia oficial, la sociedad civil se ha organizado en pro de los derechos fundamentales de los presos, elaborando formatos de tutelas para que todas las personas condenadas y sindicadas interpongan ante los jueves la solicitud de detención domiciliaria transitoria, al menos mientras dure la pandemia.

Mientras protestas, alegatos jurídicos, derechos de tutela y otros recursos y medios de resistencia prosiguen su curso, la solución política y humanitaria que demanda esta situación es el cierre inmediato de la cárcel de Villavicencio, y el traslado de los allí recluidos a lugares donde puedan vivir una cuarentena en condiciones dignas. Trasladarlos a otros penales es regar la epidemia por todo el país, hasta convertirse en pandemia.

Deshacinar, entre tanto, también es obligatorio, y debe actuarse por todo el país, para lo cual los sindicados, que son personas acusadas de algún delito pero sin haber sido vencidas en juicio, deben salir de estos centros del horror y ser trasladados a sus sitios de vivienda, perdiendo el derecho a la movilidad pero nada más.

La vida, en dignidad, es el principal derecho de todo ser humano, y es evidente que el Gobierno de los ricos no lo garantiza.

Obtenga el formato de todas estás tutelas y el manifiesto anotado en el artículo aquí:

Acción de tutela en favor de todas las personas condenadas

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39416-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-para-personas-condenadas-por-cualquier-delito-que-se-encuentren-privadas-de-la-libertad-con-medida-intramural-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html

Rumbo a un genocidio carcelario

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39422-rumbo-a-un-genocidio-carcelario.html

Acción de tutela a favor de todas las personas sindicadas

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39415-tutela-para-solicitar-casa-por-carcel-formato-para-personas-sindicadas-privadas-de-la-libertad-por-cualquier-delito-que-no-entre-en-los-requisitos-del-decreto-expedido-por-el-gobierno.html

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Un recurso urgente en favor del ser humano: Los jueces en época de crisis.

El 14 de abril fue presentada en Medellín una Acción de Habeas Corpus colectiva a favor de los presos sindicados, en este caso en la capital antioqueña. Se invita a todas las personas interesadas y/o preocupadas por la situación que padecen los presos de nuestro país, en riesgo de ser diezmados por el Covid-19, en particular de quienes a pesar de solo estar sindicados permanecen tras barrotes, a revisar y particularizar el documento adjunto a este escrito, para que lo radiquen en la instancia pertinente en su ciudad.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín negó el 15 de abril, en primera instancia la acción, entonces ahora será la Corte Suprema de Justicia la responsable de reconocer el derecho que les asiste a los detenidos a preservar su salud y vida.

Pero además, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria tiene en sus manos la posibilidad de evitar que un contagio masivo en las cárceles produzca una catástrofe social y sanitaria. Un contagio que pondría en jaque el sistema de salud de todos los colombianos.

Un fallo indispensable, toda vez que el gobierno nacional no escucha las recomendaciones de los expertos de las principales agencia internacionales en materia de salud. La aglomeración de las personas es fatal en estos casos, realidad que no se quiebra con el decreto 546 del 14 de abril –supuestamente para descongestionar cárceles– pero que solo es un saludo a la bandera; un decreto, como puede deducirse de su lectura (y de ello son conscientes quienes lo suscriben, empezando por el Ministro de Justicia) que en el mejor pronóstico solo permtirá que salgan de prisión hacia sus casas, y en casos hacia centros de salud, 2.000 personas, lo cual es obvio que no permite atender la grave situación de hacinamiento ni el riesgo a ella asociado. Un decreto, por su pequeñez, que solo servirá para levantar el ánimo de las protestas carcelarias.

Como lo estamos viviendo por todo el país, producto de la cuarentena ordenada, quienes no estamos presos no podemos salir de la casa, y si lo queremos hacer debemos guardar distancia y utilizar toda la indumentaria para evitar contagio. Al mismo tiempo, en las cárceles y centros transitorios de detención, el hacinamiento hace parte del paisaje, nada de lo mandado por el decreto presidencial procede allí, ¿acaso al aludir a las cárceles estamos tratando de otro país?

En estas condiciones, con un poder indolente, en épocas de excepción, sí que hacen falta los jueces, aquellos que alejados del poder entienden que su función es controlarlo, en favor de las minorías y del ser humano. Controlar a un gobierno irresponsable. Y en este caso, además, para evitar una catástrofe social.

Un proceder necesario, urgente, ante la conocida realida realidad de sobrepoblación carcelaria, así como las condiciones degradantes y dantescas que padecen las personas detenidas preventivamente en los centros de reclusión y los centros de detención transitoria con que cuenta Colombia.

Una realidad que viene desde años atrás, no resuelta a pesar de las Sentencias de los jueces, a la que hoy se suma la grave situación de salud pública que afecta al país, como a la mayoría de sociedades alrededor del mundo, una situación inédita generada por la expansión y riesgo de contagio del virus Sars-CoV-2 y, por lo tanto de la epidemia por la enfermedad Covid-19, que amenaza de forma inminente y grave la vida de los seres humanos, y que puede multiplicarse en estos centros de detención, declarados en Estado de Emergencia mediante la resolución 001144 del 22 de marzo de 2020.

Se trata de una situación sobreviniente, que requiere medidas extraordinarias. Un verdadero estado de necesidad, que impone un momento decisivo de inflexión en la tradicional discusión jurídica sobre la cuestión de la detención y la libertad.

Con soporte legal

La Constitución y la ley contemplan acciones que permiten reivindicar las garantías de los seres humanos en estas épocas de emergencia, y sobre todo para aquellos que están privados de la libertad. Hablamos de la acción de Hábeas Corpus mediante la cual se pretende la protección de la libertad personal, porque la detención preventiva, es decir la privación de la libertad en los establecimientos carcelarios y los centros de detención transitoria ha devenido contraria a las garantías constitucionales o legales, lo cual obliga a formular esta acción como colectiva, en aplicación del principio pro homine.

Como lo enseña la Corte Suprema de Justicia, en el Auto 110 de 2019, emitido por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) “[…] el juez constitucional es competente para usar diferentes remedios jurídicos con el fin de cesar el riesgo inminente de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, en situaciones concretas que son puestas en su conocimiento”.

Por tanto, es posible acudir a esta acción de Habeas Corpus Colectivo por la imperiosa necesidad de actuar de manera pronta ante una verdadera “guerra” que se vive en todo el territorio colombiano y mundial, por el brote del Covid-19.

En ese marco, esta acción propone un ejercicio integrador de las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, así como de las prácticas institucionales en otros lugares del mundo que hoy liberan a sus presos por la amenaza del Covid-19, y los extremos jurisprudenciales interamericanos (tanto de la Comisión como de la CIDH), así como los estándares mínimos convencionales en la aplicación de la prisión preventiva que de no satisfacerse la convierten en ilegal.

Se trata, en esta grave crisis, de un control judicial efectivo y oportuno para subsanar la ilegalidad de la privación de la libertad y una manera especialísima de interpretar esta acción y el derecho constitucional, con soporte convencional, en el estado de emergencia que se vive.

La legislación internacional brinda luces sobre el particular, Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 8, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 9 numeral 4, la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 7 numeral 6, 25 numeral 1, 27 numeral 2; y la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo XXV inciso 3, se garantiza que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) tienen la posibilidad de ejercer acciones, de recurrir ante jueces con el fin de garantizar su derecho humano a la libertad cuando lo vean vulnerado durante el tiempo de privación del mismo. Así mismo se reconoce en la Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela).

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del Covid-19, urge enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población, asegurando las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. En particular, la Comisión insta a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.

Conforme con lo establecido en sus Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, la CIDH recuerda que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades. Estamos obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, en el marco de la pandemia.

Además, las convenciones desarrollan una serie de directrices que buscan la protección de los derechos humanos en esta situación, y Colombia las suscribió, pero además la Constitución de 1991, en el artículo 30, desarrolla la acción conocida como Habeas Corpus, estableciendo que las personas privadas de la libertad que creyeren estarlo ilegalmente, pueden acudir ante un Juez interponiendo esta acción.

Si bien el artículo 30 superior no contempla de forma taxativa la aplicación del Habeas Corpus de forma colectiva, tampoco lo prohíbe, y hoy resulta ser la vía constitucional que permita restablecer la libertad de quienes se encuentran privados de forma ilegal. Consideramos, en estas condiciones, que no es consecuente tomar una postura que niega esta posibilidad, de cara a la realidad social y los fines ontológicos propuestos en el preámbulo de la Constitución y en el artículo 2, es decir resulta un imperativo para los jueces de Habeas Corpus, verdaderos jueces constitucionales, interpretar de manera integradora el tenor literal de la ley con el fin de garantizar un acceso efectivo de la justicia para los detenidos preventivamente.

Aunque el derecho a la libertad personal ocupa un lugar importante en la normativa nacional e internacional, y por ello el Habeas Corpus se orienta en principio a su garantía, es evidente que con frecuencia la privación de la libertad se convierte en un medio para atentar contra otros derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, el cometido esencial del Habeas Corpus no se puede entender restringido solo a la protección del derecho a la libertad sino que ha de dársele una proyección mucho más amplia en cuanto verdaderamente abarca la garantía de todo el conjunto de derechos fundamentales de la persona que se encuentra privada de su libertad de manera arbitraria o ilegal, y que por esta circunstancia se encuentran en latente y permanente amenaza.

La privación arbitraria o ilegal de la libertad de una persona, puede constituir una modalidad o medio para la violación de otros de sus derechos y libertades, los que se han colocado en condiciones precarias o, incluso, pueden llegar a ser anulados en ciertos casos extremos. En estas circunstancias, el Habeas Corpus hoy se convierte en el instrumento máximo de garantía de la libertad individual ante la amenaza del coronavirus, que no es diferente a una amenaza a la vida y la integridad personal.

Una acción necesaria, en tanto el actual Estado de Emergencia generado por el brote de Coronavirus (Covid-19) exige replantear la forma en la que se accede a la justicia, y siendo el Hábeas Corpus la acción por excelencia para la verificación del cumplimiento de la libertad, como garantía constitucional de quienes están privados de ella, estamos conminados a realizar un análisis extensivo de la aplicación de dicha acción para que de esa forma pueda aceptarse su existencia como acción Colectiva, herramienta legal y constitucional para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, hoy ilegalmente porque están amenazados en su salud y en su vida por los posibles brotes de coronavirus dentro de los centros de reclusión transitoria, estaciones de policía, cárceles y penitenciarías.

Esta acción impactará de forma positiva y permitirá de forma oportuna atender la situación dramática que hoy se vive, igual garantizará el principio de acceso a una pronta administración de justicia, toda vez que para los efectos de esta acción de Habeas Corpus todos los detenidos preventivos se encuentran en la misma situación, y de esta manera se sientan las bases para el ejercicio de derechos con incidencia colectiva frente a los intereses individuales homogéneos de un conjunto de personas, lo que hace pertinente y conveniente su realización en un único trámite.

Se trata de la protección de seres humanos que se encuentran en un estado de absoluta vulnerabilidad, sujetos de especial protección, privados de la libertad en condiciones ileg0ales, en cuyo caso el Juez Constitucional debe actuar como garante de este derecho.

Es inminente y grave la situación en las cárceles y centros de detención. El 10 de abril se dieron a conocer brotes de infección en la cárcel de Villavicencio. Dos detenidos murieron por Covid-19, y se confirmó la enfermedad en más de 15 internos, muchos otros con síntomas respiratorios se encuentran esperando los resultados del examen. 

Y en la cárcel Distrital en Bogotá, un comandante de guardia reporta síntomas y 13 guardias esperan los resultados. Todos tuvieron contacto con los presos. El protocolo o guía del instituto nacional de salud ordena aislarlos, pero es imposible por la alta población y porque no se cuenta con instalaciones para esto.

Un contagio masivo en las cárceles colapsará el sistema de salud y de nada habría servido la cuarentena a la que estamos sometidos todos en el país, que además tiene como propósito relentizar la epidemia mientras dotamos y adecuamos el sistema de salud. Entonces, hoy los jueces deben velar por toda la sociedad en riesgo. Tenemos un sistema de salud muy frágil.  

Los derechos a la vida y a la integridad personal no sólo implican que el Estado los debe respetar (obligación negativa), sino que además requiere que se adopten todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana.

En este caso y frente a la pandemia del coronavirus la manera de hacerlo como lo ordena la Organización Mundial de la Salud (OMS), y lo dispuso el Gobierno, es con distancia social, aislamiento y salubridad, pero ni en la cárcel ni en las estaciones de policía, esto es factible. No existen condiciones para facilitarlas. Y así es porque el hacinamiento que hoy se vive en estos lugares hace imposible que se guarde distancia entre los detenidos para evitar el contagio. Además, estas instalaciones no cuentan con la dotación mínima necesaria para garantizar el servicio de agua y aseo personal.

Además las medidas sanitarias adoptadas para evitar la propagación del virus requieren, como lo sabemos, de un espacio mínimo necesario entre las personas (2 metros), situación que es imposible, absolutamente imposible, cumplir en estos centros de detención, dada la estructura física de las instalaciones y el hacinamiento.

Incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advierte que teme la brutalidad con la que la Covid-19 podría llegar a los lugares de detención. La población carcelaria es particularmente vulnerable a las enfermedades infecciosas. El agua potable es un lujo en muchas cárceles, y es probable que no haya jabón, desinfectantes a base de cloro y otros elementos esenciales. Las cárceles son mucho menos inmunes a las epidemias que el resto de la sociedad, por lo que cualquier virus puede entrar y salir de estos lugares con mucha mayor facilidad. 

Un reto que obliga, aún más, que todos los poderes públicos del Estado colombiano cumplan con su especial posición de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. Esto implica el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la privación de libertad no exceda el nivel de sufrimiento inherente a la detención.

Así las cosas, para que la detención no devenga ilegal debe cumplir con los estándares mínimos internacionales en esta área, sin agredir la dignidad del ser humano. (Caso Vera y Vera y Otros Vs Ecuador, sentencia del 19 de mayo de 2011).

Es que lo establecimientos de reclusión transitoria y los centros carcelarios son verdaderos antros en los que minuto a minuto se infringe un trato indigno al ser humano. Además, han terminado infringiendo un castigo anticipado al detenido preventivo, y son un absoluto peligro para la vida y la salud de las personas recluidas, por la contingencia sanitaria.

Y la integridad personal de los detenidos preventivos hoy está gravemente amenazada y de esta manera la privación de la libertad deviene ilegal. El detenido preventivo no está obligado a soportar semejante castigo, carga y riesgo para su salud, su integridad y su vida.

Pero, además, debemos recordar que el incumplimiento del término máximo de 36 horas que una persona puede permanecer en uno de los centros transitorios o inspecciones de policía que hoy se destinan para alojar a los detenidos, torna la detención en ilegal, razón adicional para reclamar la libertad, tal como lo reiteró la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Acción de Tutela instaurada por los detenidos en los centros transitorios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, expediente STP 14283-2019, radicado 104983 de octubre 15 de 2019, Magistrados Patricia Salazar Cuéllar y Luis Antonio Hernández Barbosa.

Entonces, los jueces constitucionales como garantes de derechos fundamentales hoy son los llamados a velar por la protección de los detenidos, por la vía del Habeas Corpus Colectivo, porque la privación de la libertad se tornó ilegal al poner en entredicho la inviolabilidad del derecho a la salud y la vida amenazadas en forma grave y cierta por la pandemia del Coronavirus.

 

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Apartamentos de lujo acabaron con los arrozales de Saigón

Pham Quoc Cong vive con seis integrantes de su familia en una habitación de 2 metros cuadrados en Ciudad Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Es el sacrificio que tiene que hacer para permanecer en el centro de una de las urbes asiáticas donde los precios de la vivienda se incrementaron de manera considerable en años recientes.


Este obrero de la construcción vive en una habitación en las que las literas, el refrigerador y los juguetes de niño ocupan ya prácticamente todo el espacio.


Él duerme a menudo afuera en una tumbona. Es muy difícil encontrar un lugar seco durante la estación lluviosa, explica este hombre de 49 años que vive en este lugar desde 1975.
En Ciudad Ho Chi Minh, la capital económica de Vietnam, el precio de los terrenos subió a casi 18 mil euros (21 mil dólares) el metro cuadrado, por lo que sus vecinos más modestos fueron expulsados a la periferia.


Pero estamos acostumbrados a este barrio. Si nos vamos a otro lado no podremos subsistir, explica Cong, cuyas hermanas y sobrina viven todas con él y son vendedoras ambulantes en la zona.


Estas casas improvisadas están hoy rodeadas de proyectos inmobiliarios modernos o escondidas detrás de puestos de comida callejeros.


Mel Schenck, que estudia la arquitectura en plena mutación de la antigua Saigón, dice que estas microcasas pintorescas están condenadas a desaparecer de forma paulatina.
Algunas se remontan a la época de la colonización francesa, cuando el barrio estaba todavía cubierto por arrozales.


Nguyen Van Truong, que vive en otra de estas microcasas –cinco personas en 6 metros cuadrados– está preocupado por la construcción de un edificio de lujo justo al lado de su terreno.


No creo que obtengamos una indemnización muy buena en caso de expulsión, se desespera este hombre de 62 años.


En este país dirigido por un partido comunista todopoderoso, donde reina una importante corrupción, los responsables municipales son sospechosos de enriquecerse al ceder terrenos bien ubicados a promotores inmobiliarios y compensan a habitantes de esos lugares muy por debajo del precio del mercado.


Preferiría morir que verme forzado a abandonar este lugar, dice Truong.
AFP

 

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El ‘honorable’ Congreso evita una “invasión delincuencial de la sociedad”.

Un nuevo plazo a la aceleración del proceso de judicialización en Colombia se presentó con el proyecto de Ley 161 de 2016 aprobado el lunes 23 de mayo por las comisiones primeras del Senado y Cámara de Representantes. Esta nueva Ley prolonga las condiciones de hacinamiento e insalubridad de las cárceles en Colombia que en su mayoría no cuentan con servicios de agua y alcantarillado, ni tienen servicios médicos, cárceles con una tasa de hacinamiento del 56.1 por ciento, el 88 por ciento de las instalaciones inadecuadas, 48.839 prisioneros por encima de la capacidad y establecimientos penitenciarios como Riohacha y Valledupar con tasas de hacinamiento respectivas del 479 y 431.6 por ciento. Crece la problemática y la indiferencia gubernamental.

 

 

¡Presos a la calle! ¡Pánico!

 

Una eventual excarcelación masiva de presos puso a temblar al Gobierno y a gran parte de la “gente de bien” del país, proliferó la preocupación y el pánico ante la cataclísmica posibilidad que fueran liberados de todos los establecimientos penitenciarios del país cientos de sindicados. Su desespero se hizo evidente en la especulación sobre las cifras que medios de comunicación inflaron (“20.000 presos peligrosos” , “al menos 30.000 sindicados” , “40.000 reclusos” ) para implorar al “Honorable” Congreso de la República que legislara evitando este odioso exabrupto del sistema penal colombiano. ¿Cómo podía ser posible esto?

 

La Sentencia C-390 del 26 de junio del 2014 proferida por la Corte Constitucional conminó al Congreso a legislar para impedir la estadía “ad infinitum” en la cárceles de cientos de ciudadanos colombianos sindicados. La libertad de las personas o el encarcelamiento definitivo dependía hasta entonces de que fuera desarrollada la audiencia de juzgamiento entre los 120 días posteriores a la formulación de la acusación en contra del sindicado en prisión (Ley 906 de 2004. Artículo 317). La Corte declaró la “exequibilidad condicionada” sobre la disposición de la ley 906 que fundamentaba la validez de este proceder con su Sentencia C-390 pero puso un plazo: “Segundo. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los efectos de la anterior declaración de exequibilidad condicionada quedan diferidos hasta el 20 de julio de 2015, a fin de que el Congreso de la República expida la regulación correspondiente”.

 

El Congreso de la República cumplió con la expedición de la Ley 1760 del 6 de Julio del 2015. Con ella modificó el conteo para la libertad o el encarcelamiento, dejando los 120 días intactos para la audiencia del juzgamiento, pero en esta oportunidad los fijó con posterioridad a la presentación del escrito de acusación, una de las primeras fases del proceso de judicialización. Todo a pedir de bocas, si esta misma Ley 1760 en su artículo 5° no hubiera aplazado la entrada en vigencia de este cambio hasta el 6 de julio de 2016 con el pretexto de evitar “una situación de inestabilidad a la administración de justicia” y favorecer a los operadores judiciales para que tuvieran el tiempo suficiente de prepararse, porque dicha medida implicaba acelerar de forma notable los procedimientos de investigación y judicialización en todo el país.

 

El 6 de julio del 2016, precisamente, era la fecha que quitaba la tranquilidad a los trasnochados por la inminente salida de presos de las cárceles del país, pues en adelante no habría ningún fundamento jurídico para mantenerlos en prisión. La apretada agenda del Congreso, el fin de la segunda legislatura del cuatrienio (2014 - 2018) el 20 de junio y el inicio de la próxima hasta el 20 de julio del presente año (14 días por fuera del plazo que se puso el mismo congreso), hizo que las comisiones primera del Senado y Cámara aprobaran a las carreras, el lunes 23 de mayo, la ponencia del proyecto de Ley 161 de 2016 que incluyó los delitos sexuales dentro del grupo de casos susceptibles de prórroga del término máximo de detención, y lo más importante, puso otro nuevo plazo de un año para que entrará en vigencia lo dispuesto por la Corte desde el 2014 y su misma Ley expedida (1760) en el 2015 en lo concerniente a la modificación de los plazos para el vencimiento de términos.

 

En conclusión: la Corte Constitucional ordenó en 2014, el Congreso legisló en 2015 pero pospuso la entrada en vigencia de la Ley hasta julio de 2016, plazo que el mismo Congreso acaba de ampliar hasta julio del 2017 con lo que la anhelada aceleración del proceso de judicialización en Colombia tendrá que esperar al menos un año más si es que el Congreso de la República no decide darle un nuevo plazo a los operadores de justicia. Preguntamos: ¿Durante cuánto tiempo más seguirán postergando la entrada en vigencia de su propia Ley? ¿Seguirán legislando a favor de medidas que violan los derechos mínimos de miles de presos? ¿De qué tamaño tienen que ser las tragedias, las desgracias de las cárceles, para que reaccionen?

 
 
Muchos justifican la medida.

 

La otra cara de esta historia, película de terror con feliz final para la minoría que gobierna, es la de los presidiarios. Aquellos que debieron estar contando las horas con suprema ansiedad para que se venciera el plazo y el Congreso no legislara lo suficientemente rápido, como suele hacerlo en casos menos apremiantes para la “estabilidad” y “orden” de la sociedad. Pero quedaron con los crespos hechos, así no sucedió. Para cientos de prisioneros y sindicados las ignominiosas condiciones a que se encuentran expuestos dentro de la cárcel seguirán indefinidamente prolongadas.

 

Para los sectores del poder, una medida justa y necesaria, por supuesto ¿A quién se le ocurriría defender a estos delincuentes? Máxime cuando en los días anteriores a la promulgación de la Ley proliferaron en los noticieros, diarios, emisoras de radio, páginas webs, redes sociales etcétera. completos inventarios que pretendían exhibir los delitos y la peligrosidad de estos “temibles seres” que era necesario mantener neutralizados tras las rejas de la prisión, así les violen el mismo derecho de la presunción de inocencia –mientras no les demuestren lo contrario–. Un ejemplo es El Tiempo que contabilizó con el objetivo de justificar la medida a 997 detenidos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 1.053 por actos sexuales con menor de 14 años, 1.907 por homicidios, 2.694 por porte ilegal de armas, 2.913 por tráfico de estupefacientes, 513 por extorsión y 1.528 por concierto para delinquir, presidiarios que gracias al Congreso permanecerán tras las rejas de la prisión y la sociedad seguirá siendo “protegida” con su encierro.

 

La nueva Ley no soluciona las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las prisiones del país. También se contrapone a las medidas que están siendo tomadas en el contexto de la situación de emergencia carcelaria declarada por el Consejo Directivo del Inpec bajo la égida del Ministerio de Justicia el pasado 5 de mayo. Sin embargo, en consonancia con el Gobierno muchos consideran, allende las consideraciones de violaciones de derechos contempladas por la Corte Constitucional, que ante la imposibilidad de solucionar la situación lo mejor es aplazarla al costo de la destrucción física y subjetiva de los sindicados sometidos a prisión. Al fin de cuentas, delincuentes con muchos pecados que expiar en el seno de nuestro punitivo sistema penal y carcelario.

 

 
¿Por qué sigue vulnerando esta medida los derechos de los presos y sindicados tras las rejas?

 

Presidiarios, delincuentes, sindicados o criminales tras las rejas para desdén de muchos, continúan siendo ciudadanos, cobijados por la Constitución, así como por normativas como el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1998) y la Convención Americana de Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica” (Ley 16 de 1972). No son sujetos ajenos a los derechos, tampoco a los procedimientos legales para exigir el respeto de estos como ciudadanos de Colombia y de la humanidad. Debe partirse desde estos preceptos.

 

Las prisiones hace mucho tiempo se quedaron sin espacio ¿La solución? Hiper acumular a ciudadanos en condiciones infrahumanas en los mismos establecimientos carcelarios que adolecen de servicios sanitarios básicos como el agua y el alcantarillado, donde proliferan enfermedades típicas de altas condiciones de hacinamiento sin que se esté brindando ningún tipo de tratamiento médico desde que Caprecom, institución encargada de proveer salud a los presos, fue liquidada en octubre del año anterior.

 

Así viven los presos de Colombia, los mismos que el Estado pretende “resocializar” en las prisiones del país condenándolos al hacinamiento, a la enfermedad, a la insalubridad, a revolcarse en su propia mierda. Los mismos ante los cuales realiza otra estupenda demostración de todo su desprecio y poco compromiso con el cumplimiento de los Derechos Humanos, porque antes que solucionar una problemática estructural que ha sumido en estas terribles condiciones a las cárceles del país, aplaza la problemática con el espaldarazo de medios de comunicación oficiosos, porque a nadie parece importarle el presente de estos conciudadanos, pues en amplios sectores de nuestra sociedad parece aceptado que el precio que hay que pagar por el delito, es la destrucción física y subjetiva del ser humano.

 

No se trata de sembrar la impunidad, se trata de que se discuta si la mejor manera de combatir el crimen es el encierro, si es que acaso estos ciudadanos merecen semejante trato que vulnera los más elementales derechos y las mínimas condiciones de dignidad de la humanidad. La exigencia del acceso de los ciudadanos a ser protegidos o juzgados por una justicia idónea y eficiente no puede seguir dejándose atrás al precio de la destrucción, para muchos merecida, del ser humano que infringe la Ley.

 

Basta de la indiferencia ante la “Máquina trituradora de seres humanos” con la que se expía el pecado en Colombia, la misma de la que usted, yo o nuestros hijos, podemos ser víctimas.

 

 

 

Publicado enColombia
Martes, 05 Abril 2016 07:26

Comenzó un capítulo oscuro en Europa

Comenzó un capítulo oscuro en Europa
FUE EL PRIMER DIA DE DEPORTACIONES DE 200 MIGRANTES DE GRECIA A TURQUIA.
Todos los refugiados que hicieron la travesía marítima de Turquía a Grecia después del 20 de marzo serán enviados de vuelta si eligen no solicitar asilo o si su reclamo es rechazado. Amnistía criticó la implementación del acuerdo.

Desde Lesbos


Tres barcos zarparon cargados de personas que fueron deportadas de las islas griegas a Turquía ayer en el primer día de la polémica implementación del plan de Europa para frenar la marea de gente a sus costas. Un total de 202 personas de países como Pakistán, Afganistán, Irak, Irán y Somalia los acompañaron a los transbordadores antes de volver a hacer el viaje en la dirección opuesta por el que previamente habían pagado cientos de dólares para viajar en botes precarios con la ayuda de contrabandistas.


El primer día fue en gran medida simbólico. Las autoridades de la Unión Europea dijeron que ninguno de los deportados había solicitado asilo en Grecia y todos habían partido voluntariamente. Los críticos, sin embargo, advirtieron que las expulsiones en masa marcaron el inicio de un nuevo capítulo oscuro en la historia de Europa.


Amnistía Internacional lo describió como “el primer día de un momento muy difícil para los derechos de los refugiados”. Giorgos Kosmopoulos, el director del grupo Grecia, acusó a la Unión Europea (UE) de “seguir adelante con un acuerdo peligroso” a pesar de la preocupación por la falta de protección a los refugiados en Turquía.


En virtud de un pacto alcanzado entre Bruselas y Ankara, todos los que hicieron la travesía marítima de Turquía a Grecia después del 20 de marzo serán enviados de vuelta si eligen no solicitar asilo o si su reclamo es rechazado.


A cambio, la UE ha prometido una serie de incentivos a Turquía y se comprometió a reubicar a un sirio por cada uno que se devuelve. Ayer, 16 sirios aterrizaron en la ciudad alemana de Hannover, como parte del lado europeo de la negociación, con 16 migrantes más que debían llegar más tarde ese día. Un grupo de otras 11 personas llegó a Finlandia.


Los funcionarios se preparan para escenas caóticas cuando los que se opongan a la expulsión sean enviados de vuelta por la fuerza, pero las primeras deportaciones parecieron calmas. En la isla griega de Lesbos, el primer grupo de 136 personas se habían reunido al alba y fueron acompañados a dos pequeños transbordadores. Un pequeño grupo de manifestantes fuera del puerto gritó “¡debiera darles vegüenza!”. Otras 66 personas de la isla de Quíos fueron conducidos hacia el tercer barco.


Las naves fueron escoltadas por la guardia costera turca, con el helicóptero zumbando encima, a la ciudad portuaria turca de Dikili. A medida que los pasajeros desembarcaron, las autoridades izaron la lona para ocultar la vista de decenas de fotógrafos y reporteros que esperaban. Las imágenes publicadas por la agencia de noticias Anadolu estatal turca mostró las llegadas cuando se les tomaban las huellas dactilares y se les daban mantas antes de ser subidos a micros.


Las autoridades de la UE dijeron que ninguno de los deportados había solicitado asilo en Grecia y todos habían partido por propia voluntad. La gran mayoría eran hombres, y había gente de Pakistán, Bangladesh, Irak, Afganistán, Irán, Congo, Somalia y Costa de Marfil. Dos sirios estaban entre los que fueron enviados de vuelta, pero el ministerio de protección civil griego dijo que habían pedido volver. La agencia Andaolu dijo que los sirios serían ubicados en campos de refugiados, mientras que los otros serían deportados.


No quedó claro por qué el grupo inicial de personas se había ofrecido a regresar. Melissa Fleming, portavoz de la agencia de refugiados de la ONU, dijo que su personal había hablado con aquellos que fueron deportados, y que “no habían expresado su deseo de solicitar asilo”. Grupos de derechos humanos y voluntarios advirtieron que muchos de los refugiados y los migrantes pueden estar confundidos o desconocen sus derechos. Se espera que las próximas deportaciones sean más lentas.


Cerca de 4000 personas se encuentran recluidas en condiciones de hacinamiento en las islas griegas. Aunque las cifras han caído mes a mes, las personas han seguido llegando. Alrededor de 330 personas llegaron en barcos solamente ayer por la mañana.
Todavía no hay suficiente personal para cumplir con las necesarias solicitudes de asilo por la vía rápida. Un funcionario griego dijo sólo 20 personas en Lesbos serían elegidas para una deportación inmediata.


Existe el temor de una creciente agitación en los centros de detención, donde los choques violentos ya han estallado, y de fuerte resistencia entre quienes se vieron obligados a volver contra su voluntad. Jamshed, de 31 años, mecánico de Lahore, pagó 5000 dólares para llegar a Grecia desde Pakistán. Hablando a través de la alambrada del campo de detención de Moria en la isla de Lesbos, dejó en claro que no estaba dispuesto a volver a Turquía. “Cada día hay explosiones de bombas en Pakistán, es por eso que vine aquí”, dijo. “Nuestro futuro está en Europa.”


Traducción: Celita Doyhambéhère.

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