La ONU advierte que los plaguicidas pueden tener consecuencias muy perjudiciales sobre derecho a la alimentación

 

* "Sigue existiendo una falta general de conciencia sobre el peligro que suponen ciertos plaguicidas, la cual se ve exacerbada por los esfuerzos de la industria para restar importancia al daño provocado", asegura el informe

* Los principales productores mundiales defienden la necesidad de su producto y aseguran que el informe está plagado de afirmaciones "infundadas y sensacionalistas"

* "La afirmación de que los pesticidas son esenciales para alimentar al mundo no es más que un mito propagado por la industria", asegura una responsable de la Red de Acción en Plaguicidas

 

Un informe realizado por dos relatores de Naciones Unidas acusa a la agroindustria de utilizar "tácticas agresivas y poco éticas" a la hora de promover el uso de plaguicidas y de "negar sistemáticamente la magnitud de los daños provocados por estas sustancias químicas". Esta es una de las muchas conclusiones que se pueden leer en el documento presentado en la 34ª reunión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Suiza el pasado 7 de marzo.

Los autores reconocen que los plaguicidas han contribuido mantener la producción agrícola, pero aseguran que "ello se ha logrado a costa de la salud humana y el medio ambiente". Según el informe estos productos "se han promovido de manera agresiva" y "generan preocupación a nivel mundial en lo concerniente a los derechos humanos".

El documento califica "el modelo agrícola dominante", basado en el uso de plaguicidas, como "sumamente problemático", no solo por el daño que causan los productos utilizados, dado que según algunas estimaciones se producen hasta 200.000 muertes por intoxicación aguda al año, sino también por "los efectos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria".

En este sentido, los relatores atacan "el argumento promovido por la industria agroquímica" que asegura que los plaguicidas son necesarios para mantener la seguridad alimentaria, afirmando que "no solo es inexacto, sino que además resulta peligrosamente engañoso".

El informe, realizado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Hilal Elver y el Relator Especial sobre productos tóxicos Baskut Tuncak, asegura que "hay suficientes alimentos para alimentar a la población mundial" y que el mayor obstáculo para el acceso a esos alimentos "son los sistemas no equitativos de producción y distribución".

Por último, el informe asegura que "el método más eficaz a largo plazo para reducir la exposición a estos productos químicos tóxicos es abandonar la agricultura industrial", orientando la producción hacia la agroecología.

 

Un informe "sensacionalista" según la industria

 

La contundencia del informe ha provocado reacciones diversas desde distintos estamentos. Desde la asociación CropLife International, que reúne a los principales fabricantes de plaguicidas a nivel mundial, entre los que se encuentran los tres grandes conglomerados del sector: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-Dupont, han criticado el documento, asegurando que está plagado de afirmaciones "infundadas y sensacionalistas".

Will Surman, director de comunicación de esta organización, ha asegurado a eldiario.es que sin los actuales plaguicidas los agricultores podrían perder hasta el 80% de sus cosechas y que una limitación arbitraria de estos productos "repercutirá en el suministro de alimentos, aumentando sus precios y haciendo más difícil el derecho de todos los ciudadanos a acceder a alimentos asequibles".

Sin embargo, la Coordinadora Internacional de la a Red de Acción en Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés), Medha Chandra, se mostrado en total desacuerdo con la posición de esta institución y ha asegurado a eldiario.es que "la afirmación de que los pesticidas son esenciales para alimentar al mundo no es más que un mito propagado por la industria". Según Chandra, "el análisis más completo de la agricultura mundial hasta la fecha nos dice que lo que está alimentando al mundo hoy en día es la agricultura a pequeña escala, que no depende de los pesticidas".

Desde esta ONG, cuyo objetivo es la reducción del uso de plaguicidas a nivel mundial, se han mostrado muy favorables al informe y a través de un comunicado han afirmado que apoyan "sin reservas" las recomendaciones de los relatores e "instan a la comunidad internacional a que comience rápidamente el proceso de negociación de un nuevo tratado", dado que los mecanismos que se encuentran actualmente en vigor "no han logrado una reducción significativa de los envenenamientos por plaguicidas".

Por su parte, Surman ha asegurado que si los plaguicidas "se usan de manera responsable y de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta, no deben representar ningún riesgo para la salud humana o el medio ambiente" y ha insistido en que desde su institución "apoyan el trabajo de los reguladores gubernamentales para revisar y controlar el uso de plaguicidas, con el objetivo de identificar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y tomar medidas apropiadas para restringir o eliminar los productos que supongan algún riesgo".

 

Lagunas legales

 

Aún así, el informe señala la ausencia de mecanismos que permitan aplicar la actual legislación con más rigor y critica duramente "la autocomplacencia de los Gobiernos, que a menudo afirman, llevando a engaño, que los marcos regulatorios y la legislación vigentes ofrecen protección suficiente".

Según Elver y Tuncak, "no faltan leyes nacionales e internacionales", sin embargo, éstas "no están logrando proteger a los seres humanos y el medio ambiente", ya que "presentan lagunas en materia de aplicación, cumplimiento y cobertura", con lo que no logran aplicar de manera efectiva el principio de precaución, ni ponen freno a muchas prácticas comerciales a nivel internacional.

A pesar de la existencia de un Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas creado por la ONU, el informe hace especial hincapié en la falta de instrumentos eficaces para hacer frente al carácter transfronterizo del mercado mundial, criticando "la práctica generalizada, y a menudo permitida por ley, de exportar plaguicidas altamente peligrosos a terceros países".

Los relatores ponen como ejemplo el caso del paraquat, un plaguicida prohibido en muchos países europeos, pero que se sigue distribuyendo desde Suiza a países fuera de la UE. Igualmente, destacan también como la Agencia de Protección Ambiental de EEUU "restringe, pero no prohíbe, la exportación a terceros países de plaguicidas no aprobados o no registrados".

Para intentar terminar con estas prácticas, los relatores aseguran que hay que establecer mecanismos que impidan este "doble rasero" que se aplica a distintos países y que "perjudica particularmente a los países con sistemas regulatorios más débiles".

 

 

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Foto: Agencias.

 

Será difícil acabar con el hambre para 2030 porque está en peligro la capacidad de la humanidad para alimentarse debido a las crecientes presiones sobre los recursos naturales, la mayor desigualdad y las consecuencias del cambio climático, alerta el último informe de la FAO.

En los últimos 30 años, se lograron grandes avances significativos en la reducción del hambre, aunque la “expansión de la producción alimentaria y del crecimiento económico vino con un costo muy alto para el ambiente”, señala la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en el documento divulgado este miércoles 22.

“Casi la mitad de los bosques que antaño cubrían el planeta han desaparecido y las aguas subterráneas se agotan con rapidez”, señala el documento “El futuro de la Alimentación y la Agricultura: Tendencias y desafíos”. “Las fuentes de agua subterránea se agotan rápidamente. La biodiversidad se ha visto gravemente erosionada”, precisa.

Eso hace que “de continuar las tendencias actuales, podrían superarse los límites planetarios”, alerta el director general de la FAO, José Graziano da Silva, en la introducción al informe.

En 2050, se estima que el planeta tendrá 10.000 millones de habitantes. En un contexto de moderado crecimiento económico, el aumento de población elevará la demanda mundial de productos agrícolas en 50 por ciento respecto de la actual, lo que incrementará la presión sobre los recursos naturales ya muy exigidos.

Asimismo, un mayor número de personas comerán menos cereales y más carne, frutas, verduras y alimentos procesados, como resultado de la actual transición que experimenta la dieta global y que se suma a las presiones ya existentes, generando más deforestación, mayor degradación del suelo y un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

A eso se suman las dificultades derivadas del cambio climático, lo que “afectará cada aspecto de la producción alimentaria”, señala el informe, como una mayor variabilidad en las precipitaciones, mayor frecuencia de sequías e inundaciones.

 

¿Hambre cero?

 

La cuestión central que plantea la FAO en su informe es si los sistemas alimentarios y agrícolas serán capaces de cubrir de forma sostenible las necesidades futuras de la creciente población mundial.

Según la la agencia, sí podrán hacer frente a esas necesidades crecientes y de forma sostenible, pero para lograrlo y asegurarse de que los beneficios lleguen a toda la humanidad, se necesitarán “grandes transformaciones”.

Pero sin un impulso a las inversiones y un reequipamiento de los sistemas alimentarios, muchas personas todavía seguirán hambrientas en 2030, cuando vence el plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en especial el de erradicar la inseguridad alimentaria crónica y la malnutrición, alerta el documento.

“Sin un esfuerzo adicional para promover un desarrollo que tenga en cuenta a los más pobres, reduzca las desigualdades y proteja a los más vulnerables, más de 600 millones de personas estarán subalimentadas en 2030”, precisa. “De hecho, los avances actuales no serán suficientes para erradicar el hambre para 2050”, acota.

 

¿De dónde vendrá nuestra comida?

 

Dada las pocas posibilidades de aumentar las tierras dedicadas a la agricultura y el agua empleada, el aumento de la producción para cubrir la mayor demanda tendrá que lograrse principalmente mejorando la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos, recomienda la FAO.

Pero es preocupante la tendencia a la estabilización del crecimiento de la producción de cultivos importantes. Desde la década de los años 90, las cosechas de maíz, arroz y trigo aumentaron en promedio uno por ciento al año, advierte el informe.

Para hacer frente a los desafíos señalados en el documento, entre otros, no es posible seguir haciendo lo mismo como hasta ahora.

“Se necesitarán grandes transformaciones en los sistemas agrícolas, en las economías rurales y en la gestión de los recursos naturales si queremos hacer frente a los múltiples desafíos que tenemos por delante, así como si queremos explotar todo el potencial de la alimentación y la agricultura para garantizar un futuro saludable para todas las personas y todo el planeta”, subraya.

“Los sistemas agrícolas intensivos que utilizan muchos insumos, causantes de la masiva deforestación, de la escasez de agua, del agotamiento del suelo y de las grandes emisiones de gases invernadero, no pueden ofrecer una producción agrícola y alimentaria sostenible”, asegura la FAO.

 

Más con menos

 

El mayor desafío es producir más con menos, al tiempo que se protegen y se mejoran las distintas formas de sustento de los pequeños agricultores familiares y se garantiza la alimentación de las personas más vulnerables.

“Para ello se precisa un enfoque de doble vía que combine las inversiones en protección social con inversiones en actividades favorables a los pobres. De esta manera, se abordará la subalimentación al mismo tiempo que se incrementarán las oportunidades para la generación de ingresos de las personas pobres”, recomienda la FAO.

Según esa agencia de la ONU, el mundo debe cambiar a sistemas de alimentación más sostenibles, que logren un uso más eficiente del suelo, del agua y de otros insumos y reduzcan de forma sensible el uso de combustibles fósiles, para reducir drásticamente las emisiones contaminantes, lograr una mayor conservación de la biodiversidad y reducir el volumen de los desperdicios.

Para se necesita una mayor inversión en los sistemas agrícolas y agroalimentarios, así como más fondos para la investigación y el desarrollo, recomienda el informe, así se podrá promover la innovación, impulsar la producción sostenible y encontrar mejores formas de hacer frente a los problemas de escasez de agua y de cambio climático, precisa.

Además de impulsar la producción y la resiliencia, es también fundamental crear cadenas para el suministro de alimentos que mejoren la relación entre productores y mercados en las ciudades de los países de bajos y medianos ingresos, además de medidas para mejorar el acceso de los consumidores a alimentos seguros y nutritivos y a un precio accesible, como políticas de precios y programas de protección social, añade el informe.

El director adjunto de la FAO para economía y desarrollo social, Kostas Stamoulis, subrayó que el mayor desafío para la agricultura y la alimentación en el futuro será el recalentamiento planetario. “Requiere cambios en las prácticas agrícolas y en el desarrollo de una agricultura que se adapte mejor al cambio climático”, subrayó.

Stamoulis, y los otros dos autores del informe, Rob Vos, director de la División de Desarrollo de Economía Agrícola, y Lorenzo Bellu, jefe del equipo de Estudios de Perspectiva Mundial, organizaron el martes 21 una conferencia de prensa para profundizar sobre los asuntos más importante de este nuevo informe de la FAO.

 

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/02/peligra-el-futuro-de-la-alimentacion-humana/

 

 

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Domingo, 29 Enero 2017 09:21

La ley tributaria al desnudo

La ley tributaria al desnudo

Año nuevo, IVA nuevo... en 2017 más tristes los días serán, con más hambre y pobreza para la clase trabajadora. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el fin de año avisa que han cargado de más tributos al pueblo. Así lo prepararon y así lo hicieron. El miércoles 28 de diciembre de 2016, las plenarias de Cámara y Senado besitos se dieron y todos cantaron, llenos de felicidad, la aprobación del proyecto de reforma tributaria (tercera durante la administración Santos).

 

Será conocida como la Ley 1819 de 2016, vigente desde el 1° de enero de 2017. La alegría por su aprobación no pudo disimularla el presidente Santos que el jueves 29 de diciembre madrugó a felicitar a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al pleno del Congreso por la obediencia y genuflexión ante las tareas impuestas por el Ejecutivo.
Mayoría partidista obsecuente y pegada a la mermelada que untan en Palacio, garantía de acceso a la burocracia y al presupuesto público, indispensables para formar clientela y aspirar a una porción mayor de la torta en la próxima contienda electoral. Así actuaron. Con la excepción del Centro Democrático y el Polo, todos los demás partidos políticos que integran la “Unidad Nacional” dieron su voto afirmativo a la regresiva reforma tributaria: partido liberal, conservador, la U, Cambio Radical, asimismo Alianza Verde, Opción Ciudadana y Mais.

 

Apetito incontrolable. No escaparon a la cooptación del Ejecutivo ni el representante de los indígenas, Luis Evelis Andrade del Mais (Movimiento alternativo indígena y social), ni siquiera Jorge Iván Ospina de los Verdes (hijo del guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, muerto por el ejército el 28 de agosto de 1985). Santos sancionó esta reforma como ley de la república el mismo jueves 29, medida indispensable dentro de su diseño económico, de control social, explotación laboral y dependencia de los mandatos de la Ocde, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito (FMI y BM).

 

Comprando conciencia...y votos. El decreto 1056 del 2016, expedido por el Gobierno, fue efectivo al momento de aceitar la maquinaria del Congreso con el fin de recibir el apoyo en bloque para las iniciativas de la administración Santos. Con este decreto se autorizó un aumento equivalente del 7,8 por ciento mensual para los miembros del Congreso, lo que se traduce en que un legislador, ya sea senador o representante, recibe actualmente una asignación equivalente a cerca de 40 salarios mínimos legales (SML), esto es, 28 millones de pesos mensuales (además, para jubilarse como congresista, basta con estar posesionado por unos días). Para el año 2017, cada uno de los 268 congresistas cuesta a los ciudadanos colombianos $1.970 millones al año, según quedó establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

 

Algo de resistencia, a pesar de faltar la protesta de la gente en la calle. Una vez aprobada esta reforma, el Polo Democrático la demandó ante la Corte Constitucional, alegando que lo aprobado afecta de forma negativa, desproporcionada, onerosa, injusta y antijurídica los principios de progresividad, la eficiencia y la equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución para el sistema tributario.

 

¿Simple o estructural?

 

Aupada por el Gobierno, la “comisión de expertos”, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos, el capital financiero transnacional y la Ocde, como reforma fundamental por lo estructural, al final, luego de múltiples negociaciones entre diversos voceros del poder, simplemente quedó como más de lo mismo: menos tributos para los ricos (reducción en 10% al impuesto a la renta y la ganancia de los grandes industriales; además, antes las empresas pagaban cuatro impuestos: renta, Cree, sobretasa y riqueza, con la nueva Reforma Tributaria se redujo a uno sólo) y más cargas tributarias para los pobres (aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sobretasa al precio de los combustibles y más impuestos al consumo, esto es, el tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final de bienes y servicios, como por ejemplo el servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble o el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas).

 

Si bien el Congreso legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos, simplemente es un canto a la bandera debido a los exagerados montos a partir de lo cual se aplica, los engorrosos trámites y las imposibles pruebas. En cuanto al artículo que aprobó la cárcel para evasores, hay que tener en cuenta que esta solo aplicaría para quienes de manera dolosa omitan activos, inventen costos o declaren información inexacta por más de $5.000 millones; pero se extinguirá la acción penal si el declarante corrige y hace los pagos.

 

De otra parte, las comisiones económicas del Congreso no acogieron la propuesta inicial del Gobierno que buscaba bajar el umbral de los asalariados que deberían declarar renta, es decir, querían ampliar la base tributaria desde ingresos superiores a 2,6 millones de pesos mensuales; por tanto, se mantiene la norma tributaria que obliga a hacer este trámite solamente a quienes tengan ingresos brutos totales en 2017 de 3,7 millones de pesos mensuales. En Colombia, únicamente el 8,1 por ciento de los asalariados recibe este tipo de ingresos o más mensuales (en el extremo inferior, el 80% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 2 SML)**.

 

En síntesis, de buscar ser un reajuste estructural al sistema tributario, terminó siendo una reforma muy superficial en sus pretensiones reformistas aunque sí muy gravosa para las mayorías nacionales populares y clase media: el aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento se lleva de entrada el 8,6 por ciento del incremento del salario mínimo legal, teniendo en cuenta su alza del 7 por ciento decretado de manera unilateral y arbitraria por Gobierno para el año 2017.

 

Esta medida coercitiva tributaria se potencia con el alza persistente y sustancial del nivel general de precios que comenzó a sentirse desde inicios de 2017 (la inflación esperada para 2017 es de 4,5% a lo que se suma el incrementó de 0,6% por el impacto de la reforma tributaria, para un aumento del IPC de 5,1% en el total anual). En consecuencia, de manera rápida, en los primeros meses queda pulverizado el aumento del salario mínimo. Sólo el aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, sin tener en cuenta los cambios en los impuestos al consumo, representa un incremento de 0,6 por ciento del costo de la canasta familiar que adquiere una familia promedio en Colombia. El impuesto adicional de $135 al galón de gasolina que rige a partir del 1 de enero de 2017 tiene también un efecto indexado en el sistema de costos y precios de la economía.

 

El aumento de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales adicionales, consagrado por la Ley 1819 de 2016, impactará negativamente más fuertemente la canasta familiar de ingresos bajos que en la de ingresos altos, pero aún más en la de ingresos medios en razón a la proporcionalidad del ingreso que se destina a los alimentos, a la composición de la canasta familiar y la inaccesibilidad a cualquier tipo de subsidio público. La situación más grave la afronta la población desempleada, en incremento durante el último año por la situación recesiva de la economía: según el Dane, durante los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 9,2 por ciento; en el mismo periodo del año anterior había sido de 8,9 por ciento; debido a la ausencia de ingresos y al aumento en el precio de la canasta familiar (por la sinergia entre inflación y elevación del IVA); todo, en conjunto, conduce a los desempleados a la indigencia.

 

Por si quedan dudas. Los bienes y servicios que integran la canasta familiar ya se encuentran gravados en un 60 por ciento con tarifas tributarias que van del 5 al 19 por ciento. Con la reforma, por ejemplo, el aceite de consumo en el hogar (refinados) pasó a pagar un IVA de 19 por ciento. A partir de 2017 las familias populares deberán pagar este gravamen no sólo por la comida, abarrotes y enlatados, también por la ropa, el calzado, la recreación y los útiles de aseo personal y del hogar. Sabemos que una prioridad diaria para cualquier ser humano es su aseo personal, pese a lo cual la clase dirigente decidió castigar más la higiene y pulcritud del pueblo, desde el papel y las toallas higiénicas, pasando por los jabones, los dentífricos, champús, hasta los útiles, detergentes y desinfectantes del hogar; todo lo cual se considera bienes de “lujo” para los pobres, en criterio de la clase dirigente.

 

Pero no solo esto. Contrario a la tendencia mundial, los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de $44.630 pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio; los computadores que cuesten más de $1,5 millones tendrán que pagar la tarifa general de IVA de 19 por ciento. El aumento de impuestos a la tecnología amplía la brecha digital, situación que limita el acceso al conocimiento y, sobre todo, perjudica a las clases menos favorecidas y medias. Ninguna necesidad humana, por intima que sea, escapó a la voracidad, arbitrariedad y explotación por parte de los legisladores, los gobernantes, la tecnocracia y la clase política.

 

Únicamente quedaron como bienes exentos de IVA (bienes gravados, pero con una tarifa de 0%; esto es, el producto final no es gravado, pero si se requirieron insumos con IVA, el productor debe pagar ese monto y solicitar devolución): huevos, arepas, pan, maíz y arroz. Los bienes excluidos (productos que no pagan IVA, pero que tampoco generan una devolución al productor si en algún punto de la cadena se requirió de un insumo gravado) son: papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras y agua.

 

Mientras la economía se encuentra en caída libre (en 2016 el crecimiento del PIB fue de 1,9%, mientras que en 2015 fue de 3,1%), la elevación del IVA en tres puntos significó un crecimiento relativo de este tributo del 18,8 por ciento. Las familias de estratos socioeconómicos medio y bajo tendrán que reducir su consumo de la canasta básica en 2,2 por ciento en 2017; porcentaje del gasto que transfieren ahora a la hacienda pública. Este hecho generará una caída en la demanda efectiva, por tanto, desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil: durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y lo esperable es que el crecimiento del PIB ronde el 2 por ciento.

 

Política tributaria abiertamente criminal e inhumana, dado los niveles de pobreza y desnutrición que antes del alza del impuesto al consumo ya padecía el pueblo colombiano. El Smlv fue aumentado en sólo el 7 por ciento quedando en $737.717 mensuales; el precio de la canasta básica familiar (para un hogar medio, compuesto por cuatro personas) aumentó a $3.342.341 mensuales en 2017 (teniendo en cuenta las bienes y servicios que demanda el hogar, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el impacto en el nivel general de precios por efecto del aumento del IVA en 0,6 por ciento); en consecuencia, el Smlv sólo alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar (por tanto, el hogar requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas). El Smlv para 2017 alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de una familia media en Colombia.

 

Maniobrando en contra de las mayorías nacionales. La reforma, pese a la propaganda oficial, no es para financiar el proceso de paz, o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o eliminar la pobreza, menos aún para impulsar el desarrollo nacional (afecta negativamente tanto a trabajadores como a empresarios). El fin último de la reforma tributaria es tapar el hueco por $34 billones que le dejó al Gobierno la caída del precio del petróleo (10% de sus ingresos) y el aumento en los costos de la deuda externa por causa de la devaluación desde finales de 2014. Lo proyectado con ella es mantener la planta burocrática del Estado, las infladas fuerzas armadas, calmar el apetito de la voraz clase política y alimentar el vampirismo del capital financiero, local y transnacional.

 

Con la reforma aprobada, el Estado espera extraer de los bolsillos de las familias colombianas cerca de $6 billones en el primer año de aplicación tributaria y más de $22 billones hasta el 2020. Y para lograrlo acudieron a la vía más fácil: grabar a las mayorías de hogares nacionales, proceder facilitado por la ausencia de una oposición belicosa, alternativa, con capacidad de citación y movilización nacional, una oposición que ponga en riesgo el gobierno de los mismos con las mismas, y que logre desnudar la tradicional maniobra de los poderosos: retrasar este tipo de medidas claramente antipopulares para final de año, cuando mucha gente anda de vacaciones y con la conciencia apagada. Es decir, coger a la población dormida, en este caso dedicada a fiestas y parrandas.

 

Además, como la reforma tributaria redujo algunos tributos adicionales proyectados (como la ampliación de la base tributaria o el impuesto a las gaseosas) a que aspiraba el Gobierno, los legisladores le dieron patente de corso a las administraciones territoriales para crear tributos (como el cobro por el alumbrado público) o elevar tarifas (predial, vehículos o servicios públicos domiciliares). Aumento del Smlv de sólo el 7 por ciento, inflación esperada de 5,1 por ciento, IVA del 19 por ciento, aumento y nuevos cobros por impuestos municipales, todo está servido para que la oligarquía nacional, su “guardia pretoriana”, el partido del clero y su clase política mantengan en la miseria y la dependencia (material y espiritual) a la clase trabajadora.

 

Gasto en burocracia, represión, rentismo financiero...

 

El gasto del estado colombiano equivale en 2017 a una quinta parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, esto es, el PIB. Siete décadas atrás, en el año 1948, la participación del gasto público consolidado (totalidad de las instituciones del Estado) en el producto nacional bruto (PIB) era de 14,5 por ciento; en 1958 se elevó a 16,9 por ciento y en 2017 a 20 por ciento. Desde luego, lo esencial no es el monto o nivel simplemente numérico, sino la composición cualitativa del gasto público: las tendencias estructurales y la dinámica están resumidas en una doble relación: i) entre el gasto corriente y la inversión pública; ii) entre el gasto en desarrollo social y el gasto represivo (presupuestos especiales de fuerzas armadas, policía, inteligencia y cuerpos y aparatos civiles de represión).

 

Respecto a la primera, la relación porcentual del gasto corriente y de la inversión pública, para el año 1949 es de 69,5 contra 30,5 por ciento; en 1958 cambió a 74,5 y 25,5%, respectivamente; en 2017 el gasto corriente concentra el 84 por ciento (61% en funcionamiento y 23% en servicio a la deuda pública) y tan sólo el 16 por ciento en inversión. Esta tendencia tipifica la estructura del gasto en una hacienda pública consuntiva y señorial: la una, ascendente, en la línea del gasto simple de funcionamiento y servidumbre al rentismo del capital financiero; la otra, descendente en la línea de la inversión pública.

 

En cuanto a la segunda relación, el gasto en defensa, policía y seguridad del Estado ha representado entre el 16 y el 33 por ciento del presupuesto público nacional durante los últimos setenta años; comportamiento irregular, dependiendo de los ciclos de violencia, conflicto social y enfrentamiento armado interno. El gasto social, laboral y cultural oscila entre 30 y 44 por ciento, con tendencia a aumentar su participación debido a los altos índices de pobreza, en igual período de referencia. La fórmula maestra de la hacienda pública colombiana es, de una parte, la de Estado como estructura de poder, burocracia política, corrupción, apalancamiento del rentismo financiero y represión social y, de otra parte, la menor cantidad como empresa, como órgano eficiente de gestión y regulación y como garantista de derechos humanos que contribuya al bienestar y paz social.

 

En cuanto a la capacidad ocupacional del Estado existe una doble tendencia: expansión ocupacional y creciente gravitación en la nómina de represión y del aparato de fuerza, vigilancia, control y vigilancia ciudadana. A mediados del siglo XX, el gobierno general (totalidad de niveles) ocupaba 245.000 personas, esto es, el 4,6 por ciento de los 5,4 millones del total de empleados de la fuerza de trabajo del país; aproximadamente la tercera parte de la burocracia del Estado integraba los aparatos directa o indirectamente represivos. Para el año 2017, la nómina pública, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, suma 1.237.558 funcionarios (62% del orden nacional y 38% del orden territorial), una concentración porcentual del 5,4 por ciento respecto a los 22,9 millones de ocupados (según el Dane); la fuerza pública está integrada por 564 mil uniformados (37,5% de la policía y 62,5% de las fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea), esto es, 45,6 por ciento del total de empleos generados por los aparatos del Estado.

 

Si bien el Estado ocupa al 5,4 por ciento de la fuerza laboral colombiana, los sueldos y salarios que paga a su burocracia y fuerzas represivas equivale, en términos porcentuales, a 9,6 del total del fondo salarial nacional (30,1% del valor agregado nacional bruto). Los salarios promedios de los funcionarios públicos son de $2,5 millones; cifra que los coloca en el vértice superior de la pirámide de la remuneración a los asalariados (por encima de los ingresos salariares de $2,5 millones mensuales sólo se encuentra el 9,7% de los trabajadores colombianos; en la base, el 80% devenga por debajo de 2 SML). La nómina del sector público representa una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos anualmente y equivale a 2,9 por ciento del total de la producción del país (el Producto Interno Bruto). El número de puestos de trabajo que controla y los niveles de salarios que paga le proporciona un inmenso poder a la oligarquía para manipular a la clase trabajadora y contar con una base clientelista que le garantiza reproducir la maltrecha, limitada y excluyente democracia del país.

 

Del pasado al presente

 

En resumen, la Ley 1819 de 2016 conserva en su esencia el carácter de la hacienda pública heredado de esa España oligárquica, burocrática y clerical: impuestos extorsivos sobre las clases populares y trabajadoras y una carga agobiadora que debilita o impide desarrollar el trabajo productivo, libre y creativo. Además, históricamente, incluida la reforma tributaria de 2016, nunca el Estado colombiano ha logrado que las iglesias y los terratenientes contribuyan con el pago de impuestos al fisco nacional. La estructura tributaria puede caracterizarse como una maquinaria de consumo, burocrática, politiquera, corrupta (en 2016 la corrupción sumó $23 billones) y militarista, no ajustada a resolver los problemas y necesidades del desarrollo sostenible, económico y social, pero cuya participación en el PIB va en aumento: su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases dominantes (grupos políticos, burguesía, terratenientes, clero) y la tributación excesiva, centrada en el consumo básico de las clases medias y pobres; de parte del sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento (estos tienen tres grandes componentes: nómina, gastos generales y transferencias: pago de pensiones y Sistema general de participaciones) y de servicio a la deuda pública y una tendencia errática de la inversión pública.

 

Soportando este tipo de Estado y de estructura fiscal y tributaria ingresamos al nuevo año donde, con seguridad, mucho se dirá sobre lo aprobado pero poco se alcanzará a realizar en su contra, mucho menos echarla atrás, a no ser como decisión de los jueces. Impune como fue aprobada e inconstitucional, entonces, la reforma es un llamado al conjunto de los actores sociales para que reconozcan su débil capacidad de resistencia y su necesaria y urgente coordinación de fuerzas alrededor de un proyecto social digno, democrático, incluyente y sostenible, no de otra manera podrán hacer realidad, ahora o en el futuro, sus propósitos de cambio.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde Diplomatique edición Colombia.
** En Colombia, la distribución porcentual de los hogares por nivel de ingresos, medidos en salarios mínimos legales, es: menos de 1 SML 32,4%; de 1 a menos de 2 SML 27,9%; de 2 a menos de 3 SML 14,2%; de 3 a menos de 4 SML 8,3%; de 4 a menos de 5 SML 5,4%; y de más de 5 SML 11,8%.

 

Recuadro 1


Con origen conocido pero sin final

 

El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional sobre el consumo, pagado por el consumidor final al momento de realizar la compra. La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido”, más conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas”. Desde su creación, hasta la actualidad, ha vivido múltiples y diversas modificaciones, tanto en el número de productos a grabar y en el aumento de la tasa.

 

Fue establecido en Colombia en el año 1963, como impuesto a las ventas, con una tarifa básica del 3 por ciento. El IVA comenzó a regir desde el año 1975, creado por la ley 20631, en ese entonces solamente gravan a los productores e importadores con una tarifa del 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA), la tarifa quedó establecida en el 10 por ciento. En 1990 aumentan la tarifa del IVA a 12 por ciento y amplían la base. De nuevo en 1992 la tarifa fue elevada a 14 por ciento; el impuesto entonces se convierte en un impuesto al consumo, evitando así el efecto cascada, es decir, que fuese cobrado más de una vez en la cadena de producción. Con la reforma tributaria de 1996, la tarifa de este impuesto al consumo pasa a 16 por ciento. Con la reforma tributaria de 2016 se elevó a 19 por ciento. Historia de nunca acabar, su techo: 100 por ciento del ingreso de los trabajadores, para concluir en el restablecimiento del sistema social esclavista. Actualmente un trabajador de ingreso medio transfiere obligatoriamente al fisco, mediante toda clase de impuestos, cerca de una cuarta parte de sus ingresos (sumando impuesto a la renta o retefuente, IVA, predial e impuesto al vehículo). La presión fiscal en Colombia, junto al capital, conforma el sistema de expropiación del excedente económico creado por el trabajo.

 


 

Recuadro 2

 

Una chispa para encender la pradera

 

Toda injusticia tiene un límite. Hace dos siglos largos, en la Nueva Granada fue el 4 por ciento el porcentaje con el que el Imperio español gravaba todas las transacciones comerciales. Ese gravamen fue suficiente para hacer explotar los ánimos. Rompiendo el edicto fijado en la puerta de la recaudación de impuestos, una vendedora de plaza, una mujer de 57 años de edad de nombre Manuela Beltrán, logró exaltar la inconformidad popular en contra de la dominación colonial. El 16 de marzo de 1781 se registró la insurrección del común, en El Socorro-Santander. Un mes después, el 18 de abril, fueron proclamados en El Socorro los jefes del alzamiento comunero, entre ellos José Antonio Galán. El resto de la historia es conocida, pero no el parangón entre indignidad a la que pretendían seguir sometiendo al pueblo, y la capacidad de lucha y concertación y pasividad que reinan en la actualidad ¡Cuántas manuelas y José Antonios nos hacen falta en 2017!

Publicado enColombia
Martes, 24 Enero 2017 17:12

La ley tributaria al desnudo

La ley tributaria al desnudo

Año nuevo, IVA nuevo... en 2017 más tristes los días serán, con más hambre y pobreza para la clase trabajadora. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el fin de año avisa que han cargado de más tributos al pueblo. Así lo prepararon y así lo hicieron. El miércoles 28 de diciembre de 2016, las plenarias de Cámara y Senado besitos se dieron y todos cantaron, llenos de felicidad, la aprobación del proyecto de reforma tributaria (tercera durante la administración Santos).

 

Será conocida como la Ley 1819 de 2016, vigente desde el 1° de enero de 2017. La alegría por su aprobación no pudo disimularla el presidente Santos que el jueves 29 de diciembre madrugó a felicitar a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al pleno del Congreso por la obediencia y genuflexión ante las tareas impuestas por el Ejecutivo.
Mayoría partidista obsecuente y pegada a la mermelada que untan en Palacio, garantía de acceso a la burocracia y al presupuesto público, indispensables para formar clientela y aspirar a una porción mayor de la torta en la próxima contienda electoral. Así actuaron. Con la excepción del Centro Democrático y el Polo, todos los demás partidos políticos que integran la “Unidad Nacional” dieron su voto afirmativo a la regresiva reforma tributaria: partido liberal, conservador, la U, Cambio Radical, asimismo Alianza Verde, Opción Ciudadana y Mais.

 

Apetito incontrolable. No escaparon a la cooptación del Ejecutivo ni el representante de los indígenas, Luis Evelis Andrade del Mais (Movimiento alternativo indígena y social), ni siquiera Jorge Iván Ospina de los Verdes (hijo del guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, muerto por el ejército el 28 de agosto de 1985). Santos sancionó esta reforma como ley de la república el mismo jueves 29, medida indispensable dentro de su diseño económico, de control social, explotación laboral y dependencia de los mandatos de la Ocde, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito (FMI y BM).

 

Comprando conciencia...y votos. El decreto 1056 del 2016, expedido por el Gobierno, fue efectivo al momento de aceitar la maquinaria del Congreso con el fin de recibir el apoyo en bloque para las iniciativas de la administración Santos. Con este decreto se autorizó un aumento equivalente del 7,8 por ciento mensual para los miembros del Congreso, lo que se traduce en que un legislador, ya sea senador o representante, recibe actualmente una asignación equivalente a cerca de 40 salarios mínimos legales (SML), esto es, 28 millones de pesos mensuales (además, para jubilarse como congresista, basta con estar posesionado por unos días). Para el año 2017, cada uno de los 268 congresistas cuesta a los ciudadanos colombianos $1.970 millones al año, según quedó establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

 

Algo de resistencia, a pesar de faltar la protesta de la gente en la calle. Una vez aprobada esta reforma, el Polo Democrático la demandó ante la Corte Constitucional, alegando que lo aprobado afecta de forma negativa, desproporcionada, onerosa, injusta y antijurídica los principios de progresividad, la eficiencia y la equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución para el sistema tributario.

 

¿Simple o estructural?

 

Aupada por el Gobierno, la “comisión de expertos”, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos, el capital financiero transnacional y la Ocde, como reforma fundamental por lo estructural, al final, luego de múltiples negociaciones entre diversos voceros del poder, simplemente quedó como más de lo mismo: menos tributos para los ricos (reducción en 10% al impuesto a la renta y la ganancia de los grandes industriales; además, antes las empresas pagaban cuatro impuestos: renta, Cree, sobretasa y riqueza, con la nueva Reforma Tributaria se redujo a uno sólo) y más cargas tributarias para los pobres (aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sobretasa al precio de los combustibles y más impuestos al consumo, esto es, el tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final de bienes y servicios, como por ejemplo el servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble o el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas).

 

Si bien el Congreso legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos, simplemente es un canto a la bandera debido a los exagerados montos a partir de lo cual se aplica, los engorrosos trámites y las imposibles pruebas. En cuanto al artículo que aprobó la cárcel para evasores, hay que tener en cuenta que esta solo aplicaría para quienes de manera dolosa omitan activos, inventen costos o declaren información inexacta por más de $5.000 millones; pero se extinguirá la acción penal si el declarante corrige y hace los pagos.

 

De otra parte, las comisiones económicas del Congreso no acogieron la propuesta inicial del Gobierno que buscaba bajar el umbral de los asalariados que deberían declarar renta, es decir, querían ampliar la base tributaria desde ingresos superiores a 2,6 millones de pesos mensuales; por tanto, se mantiene la norma tributaria que obliga a hacer este trámite solamente a quienes tengan ingresos brutos totales en 2017 de 3,7 millones de pesos mensuales. En Colombia, únicamente el 8,1 por ciento de los asalariados recibe este tipo de ingresos o más mensuales (en el extremo inferior, el 80% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 2 SML)**.

 

En síntesis, de buscar ser un reajuste estructural al sistema tributario, terminó siendo una reforma muy superficial en sus pretensiones reformistas aunque sí muy gravosa para las mayorías nacionales populares y clase media: el aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento se lleva de entrada el 8,6 por ciento del incremento del salario mínimo legal, teniendo en cuenta su alza del 7 por ciento decretado de manera unilateral y arbitraria por Gobierno para el año 2017.

 

Esta medida coercitiva tributaria se potencia con el alza persistente y sustancial del nivel general de precios que comenzó a sentirse desde inicios de 2017 (la inflación esperada para 2017 es de 4,5% a lo que se suma el incrementó de 0,6% por el impacto de la reforma tributaria, para un aumento del IPC de 5,1% en el total anual). En consecuencia, de manera rápida, en los primeros meses queda pulverizado el aumento del salario mínimo. Sólo el aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, sin tener en cuenta los cambios en los impuestos al consumo, representa un incremento de 0,6 por ciento del costo de la canasta familiar que adquiere una familia promedio en Colombia. El impuesto adicional de $135 al galón de gasolina que rige a partir del 1 de enero de 2017 tiene también un efecto indexado en el sistema de costos y precios de la economía.

 

El aumento de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales adicionales, consagrado por la Ley 1819 de 2016, impactará negativamente más fuertemente la canasta familiar de ingresos bajos que en la de ingresos altos, pero aún más en la de ingresos medios en razón a la proporcionalidad del ingreso que se destina a los alimentos, a la composición de la canasta familiar y la inaccesibilidad a cualquier tipo de subsidio público. La situación más grave la afronta la población desempleada, en incremento durante el último año por la situación recesiva de la economía: según el Dane, durante los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 9,2 por ciento; en el mismo periodo del año anterior había sido de 8,9 por ciento; debido a la ausencia de ingresos y al aumento en el precio de la canasta familiar (por la sinergia entre inflación y elevación del IVA); todo, en conjunto, conduce a los desempleados a la indigencia.

 

Por si quedan dudas. Los bienes y servicios que integran la canasta familiar ya se encuentran gravados en un 60 por ciento con tarifas tributarias que van del 5 al 19 por ciento. Con la reforma, por ejemplo, el aceite de consumo en el hogar (refinados) pasó a pagar un IVA de 19 por ciento. A partir de 2017 las familias populares deberán pagar este gravamen no sólo por la comida, abarrotes y enlatados, también por la ropa, el calzado, la recreación y los útiles de aseo personal y del hogar. Sabemos que una prioridad diaria para cualquier ser humano es su aseo personal, pese a lo cual la clase dirigente decidió castigar más la higiene y pulcritud del pueblo, desde el papel y las toallas higiénicas, pasando por los jabones, los dentífricos, champús, hasta los útiles, detergentes y desinfectantes del hogar; todo lo cual se considera bienes de “lujo” para los pobres, en criterio de la clase dirigente.

 

Pero no solo esto. Contrario a la tendencia mundial, los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de $44.630 pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio; los computadores que cuesten más de $1,5 millones tendrán que pagar la tarifa general de IVA de 19 por ciento. El aumento de impuestos a la tecnología amplía la brecha digital, situación que limita el acceso al conocimiento y, sobre todo, perjudica a las clases menos favorecidas y medias. Ninguna necesidad humana, por intima que sea, escapó a la voracidad, arbitrariedad y explotación por parte de los legisladores, los gobernantes, la tecnocracia y la clase política.

 

Únicamente quedaron como bienes exentos de IVA (bienes gravados, pero con una tarifa de 0%; esto es, el producto final no es gravado, pero si se requirieron insumos con IVA, el productor debe pagar ese monto y solicitar devolución): huevos, arepas, pan, maíz y arroz. Los bienes excluidos (productos que no pagan IVA, pero que tampoco generan una devolución al productor si en algún punto de la cadena se requirió de un insumo gravado) son: papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras y agua.

 

Mientras la economía se encuentra en caída libre (en 2016 el crecimiento del PIB fue de 1,9%, mientras que en 2015 fue de 3,1%), la elevación del IVA en tres puntos significó un crecimiento relativo de este tributo del 18,8 por ciento. Las familias de estratos socioeconómicos medio y bajo tendrán que reducir su consumo de la canasta básica en 2,2 por ciento en 2017; porcentaje del gasto que transfieren ahora a la hacienda pública. Este hecho generará una caída en la demanda efectiva, por tanto, desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil: durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y lo esperable es que el crecimiento del PIB ronde el 2 por ciento.

 

Política tributaria abiertamente criminal e inhumana, dado los niveles de pobreza y desnutrición que antes del alza del impuesto al consumo ya padecía el pueblo colombiano. El Smlv fue aumentado en sólo el 7 por ciento quedando en $737.717 mensuales; el precio de la canasta básica familiar (para un hogar medio, compuesto por cuatro personas) aumentó a $3.342.341 mensuales en 2017 (teniendo en cuenta las bienes y servicios que demanda el hogar, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el impacto en el nivel general de precios por efecto del aumento del IVA en 0,6 por ciento); en consecuencia, el Smlv sólo alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar (por tanto, el hogar requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas). El Smlv para 2017 alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de una familia media en Colombia.

 

Maniobrando en contra de las mayorías nacionales. La reforma, pese a la propaganda oficial, no es para financiar el proceso de paz, o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o eliminar la pobreza, menos aún para impulsar el desarrollo nacional (afecta negativamente tanto a trabajadores como a empresarios). El fin último de la reforma tributaria es tapar el hueco por $34 billones que le dejó al Gobierno la caída del precio del petróleo (10% de sus ingresos) y el aumento en los costos de la deuda externa por causa de la devaluación desde finales de 2014. Lo proyectado con ella es mantener la planta burocrática del Estado, las infladas fuerzas armadas, calmar el apetito de la voraz clase política y alimentar el vampirismo del capital financiero, local y transnacional.

 

Con la reforma aprobada, el Estado espera extraer de los bolsillos de las familias colombianas cerca de $6 billones en el primer año de aplicación tributaria y más de $22 billones hasta el 2020. Y para lograrlo acudieron a la vía más fácil: grabar a las mayorías de hogares nacionales, proceder facilitado por la ausencia de una oposición belicosa, alternativa, con capacidad de citación y movilización nacional, una oposición que ponga en riesgo el gobierno de los mismos con las mismas, y que logre desnudar la tradicional maniobra de los poderosos: retrasar este tipo de medidas claramente antipopulares para final de año, cuando mucha gente anda de vacaciones y con la conciencia apagada. Es decir, coger a la población dormida, en este caso dedicada a fiestas y parrandas.

 

Además, como la reforma tributaria redujo algunos tributos adicionales proyectados (como la ampliación de la base tributaria o el impuesto a las gaseosas) a que aspiraba el Gobierno, los legisladores le dieron patente de corso a las administraciones territoriales para crear tributos (como el cobro por el alumbrado público) o elevar tarifas (predial, vehículos o servicios públicos domiciliares). Aumento del Smlv de sólo el 7 por ciento, inflación esperada de 5,1 por ciento, IVA del 19 por ciento, aumento y nuevos cobros por impuestos municipales, todo está servido para que la oligarquía nacional, su “guardia pretoriana”, el partido del clero y su clase política mantengan en la miseria y la dependencia (material y espiritual) a la clase trabajadora.

 

Gasto en burocracia, represión, rentismo financiero...

 

El gasto del estado colombiano equivale en 2017 a una quinta parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, esto es, el PIB. Siete décadas atrás, en el año 1948, la participación del gasto público consolidado (totalidad de las instituciones del Estado) en el producto nacional bruto (PIB) era de 14,5 por ciento; en 1958 se elevó a 16,9 por ciento y en 2017 a 20 por ciento. Desde luego, lo esencial no es el monto o nivel simplemente numérico, sino la composición cualitativa del gasto público: las tendencias estructurales y la dinámica están resumidas en una doble relación: i) entre el gasto corriente y la inversión pública; ii) entre el gasto en desarrollo social y el gasto represivo (presupuestos especiales de fuerzas armadas, policía, inteligencia y cuerpos y aparatos civiles de represión).

 

Respecto a la primera, la relación porcentual del gasto corriente y de la inversión pública, para el año 1949 es de 69,5 contra 30,5 por ciento; en 1958 cambió a 74,5 y 25,5%, respectivamente; en 2017 el gasto corriente concentra el 84 por ciento (61% en funcionamiento y 23% en servicio a la deuda pública) y tan sólo el 16 por ciento en inversión. Esta tendencia tipifica la estructura del gasto en una hacienda pública consuntiva y señorial: la una, ascendente, en la línea del gasto simple de funcionamiento y servidumbre al rentismo del capital financiero; la otra, descendente en la línea de la inversión pública.

 

En cuanto a la segunda relación, el gasto en defensa, policía y seguridad del Estado ha representado entre el 16 y el 33 por ciento del presupuesto público nacional durante los últimos setenta años; comportamiento irregular, dependiendo de los ciclos de violencia, conflicto social y enfrentamiento armado interno. El gasto social, laboral y cultural oscila entre 30 y 44 por ciento, con tendencia a aumentar su participación debido a los altos índices de pobreza, en igual período de referencia. La fórmula maestra de la hacienda pública colombiana es, de una parte, la de Estado como estructura de poder, burocracia política, corrupción, apalancamiento del rentismo financiero y represión social y, de otra parte, la menor cantidad como empresa, como órgano eficiente de gestión y regulación y como garantista de derechos humanos que contribuya al bienestar y paz social.

 

En cuanto a la capacidad ocupacional del Estado existe una doble tendencia: expansión ocupacional y creciente gravitación en la nómina de represión y del aparato de fuerza, vigilancia, control y vigilancia ciudadana. A mediados del siglo XX, el gobierno general (totalidad de niveles) ocupaba 245.000 personas, esto es, el 4,6 por ciento de los 5,4 millones del total de empleados de la fuerza de trabajo del país; aproximadamente la tercera parte de la burocracia del Estado integraba los aparatos directa o indirectamente represivos. Para el año 2017, la nómina pública, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, suma 1.237.558 funcionarios (62% del orden nacional y 38% del orden territorial), una concentración porcentual del 5,4 por ciento respecto a los 22,9 millones de ocupados (según el Dane); la fuerza pública está integrada por 564 mil uniformados (37,5% de la policía y 62,5% de las fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea), esto es, 45,6 por ciento del total de empleos generados por los aparatos del Estado.

 

Si bien el Estado ocupa al 5,4 por ciento de la fuerza laboral colombiana, los sueldos y salarios que paga a su burocracia y fuerzas represivas equivale, en términos porcentuales, a 9,6 del total del fondo salarial nacional (30,1% del valor agregado nacional bruto). Los salarios promedios de los funcionarios públicos son de $2,5 millones; cifra que los coloca en el vértice superior de la pirámide de la remuneración a los asalariados (por encima de los ingresos salariares de $2,5 millones mensuales sólo se encuentra el 9,7% de los trabajadores colombianos; en la base, el 80% devenga por debajo de 2 SML). La nómina del sector público representa una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos anualmente y equivale a 2,9 por ciento del total de la producción del país (el Producto Interno Bruto). El número de puestos de trabajo que controla y los niveles de salarios que paga le proporciona un inmenso poder a la oligarquía para manipular a la clase trabajadora y contar con una base clientelista que le garantiza reproducir la maltrecha, limitada y excluyente democracia del país.

 

Del pasado al presente

 

En resumen, la Ley 1819 de 2016 conserva en su esencia el carácter de la hacienda pública heredado de esa España oligárquica, burocrática y clerical: impuestos extorsivos sobre las clases populares y trabajadoras y una carga agobiadora que debilita o impide desarrollar el trabajo productivo, libre y creativo. Además, históricamente, incluida la reforma tributaria de 2016, nunca el Estado colombiano ha logrado que las iglesias y los terratenientes contribuyan con el pago de impuestos al fisco nacional. La estructura tributaria puede caracterizarse como una maquinaria de consumo, burocrática, politiquera, corrupta (en 2016 la corrupción sumó $23 billones) y militarista, no ajustada a resolver los problemas y necesidades del desarrollo sostenible, económico y social, pero cuya participación en el PIB va en aumento: su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases dominantes (grupos políticos, burguesía, terratenientes, clero) y la tributación excesiva, centrada en el consumo básico de las clases medias y pobres; de parte del sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento (estos tienen tres grandes componentes: nómina, gastos generales y transferencias: pago de pensiones y Sistema general de participaciones) y de servicio a la deuda pública y una tendencia errática de la inversión pública.

 

Soportando este tipo de Estado y de estructura fiscal y tributaria ingresamos al nuevo año donde, con seguridad, mucho se dirá sobre lo aprobado pero poco se alcanzará a realizar en su contra, mucho menos echarla atrás, a no ser como decisión de los jueces. Impune como fue aprobada e inconstitucional, entonces, la reforma es un llamado al conjunto de los actores sociales para que reconozcan su débil capacidad de resistencia y su necesaria y urgente coordinación de fuerzas alrededor de un proyecto social digno, democrático, incluyente y sostenible, no de otra manera podrán hacer realidad, ahora o en el futuro, sus propósitos de cambio.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde Diplomatique edición Colombia.
** En Colombia, la distribución porcentual de los hogares por nivel de ingresos, medidos en salarios mínimos legales, es: menos de 1 SML 32,4%; de 1 a menos de 2 SML 27,9%; de 2 a menos de 3 SML 14,2%; de 3 a menos de 4 SML 8,3%; de 4 a menos de 5 SML 5,4%; y de más de 5 SML 11,8%.

 

Recuadro 1


Con origen conocido pero sin final

 

El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional sobre el consumo, pagado por el consumidor final al momento de realizar la compra. La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido”, más conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas”. Desde su creación, hasta la actualidad, ha vivido múltiples y diversas modificaciones, tanto en el número de productos a grabar y en el aumento de la tasa.

 

Fue establecido en Colombia en el año 1963, como impuesto a las ventas, con una tarifa básica del 3 por ciento. El IVA comenzó a regir desde el año 1975, creado por la ley 20631, en ese entonces solamente gravan a los productores e importadores con una tarifa del 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA), la tarifa quedó establecida en el 10 por ciento. En 1990 aumentan la tarifa del IVA a 12 por ciento y amplían la base. De nuevo en 1992 la tarifa fue elevada a 14 por ciento; el impuesto entonces se convierte en un impuesto al consumo, evitando así el efecto cascada, es decir, que fuese cobrado más de una vez en la cadena de producción. Con la reforma tributaria de 1996, la tarifa de este impuesto al consumo pasa a 16 por ciento. Con la reforma tributaria de 2016 se elevó a 19 por ciento. Historia de nunca acabar, su techo: 100 por ciento del ingreso de los trabajadores, para concluir en el restablecimiento del sistema social esclavista. Actualmente un trabajador de ingreso medio transfiere obligatoriamente al fisco, mediante toda clase de impuestos, cerca de una cuarta parte de sus ingresos (sumando impuesto a la renta o retefuente, IVA, predial e impuesto al vehículo). La presión fiscal en Colombia, junto al capital, conforma el sistema de expropiación del excedente económico creado por el trabajo.

 


 

Recuadro 2

 

Una chispa para encender la pradera

 

Toda injusticia tiene un límite. Hace dos siglos largos, en la Nueva Granada fue el 4 por ciento el porcentaje con el que el Imperio español gravaba todas las transacciones comerciales. Ese gravamen fue suficiente para hacer explotar los ánimos. Rompiendo el edicto fijado en la puerta de la recaudación de impuestos, una vendedora de plaza, una mujer de 57 años de edad de nombre Manuela Beltrán, logró exaltar la inconformidad popular en contra de la dominación colonial. El 16 de marzo de 1781 se registró la insurrección del común, en El Socorro-Santander. Un mes después, el 18 de abril, fueron proclamados en El Socorro los jefes del alzamiento comunero, entre ellos José Antonio Galán. El resto de la historia es conocida, pero no el parangón entre indignidad a la que pretendían seguir sometiendo al pueblo, y la capacidad de lucha y concertación y pasividad que reinan en la actualidad ¡Cuántas manuelas y José Antonios nos hacen falta en 2017!

Publicado enEdición Nº231
Siguen muriendo niños uayuu por desnutrición, Colombia no atiende medidas de CIDH

A punto de cumplirse un año de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares a favor de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu, en La Guajira, frente a temas que los aquejan como la desnutrición infantil, la falta de agua y el acceso a un buen servicio de salud, en este departamento van 81 menores que han muerto por esta causa.


Cinco de estos niños murieron entre el viernes 9 y el sábado 10 de diciembre en los municipios de Uribia y Manaure, según denunció el peticionario de estas medidas, el líder wayuu Javier Rojas Uriana.


Dentro de las medidas, la Comisión solicitó al Estado colombiano que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los menores wayuu de dichas poblaciones y socialice las medidas que se adoptarán con los beneficiarios y sus representantes.


Según Rojas “hay un exterminio sistemático porque los niños siguen muriendo a pesar de esta decisión de la CIDH, pero el gobierno aún no toma acciones reales para proteger la vida de nuestros niños”.


Dijo que son 37 mil niños que han sido identificados con desnutrición en La Guajira según el informe de la crisis humanitaria de la Defensoría del Pueblo, pero “el gobierno no nos escucha”.


Agregó que la teoría de que es un tema cultural no es válida, porque ningún padre wayuu quiere que se mueran sus hijos y prueba de esto es que hay cerca de 300 tutelas en los juzgados de La Guajira para pedir la protección de unos tres mil niños indígenas.


“Además hay unas nueve mil mujeres lactantes y gestantes que están en riesgo de morir de hambre según cifras de nuestra asociación”, aseguró.


La abogada que lo acompañó en la petición a la CIDH Carolina Sáchica, igualmente se mostró indignada y dijo que “los niños wayuu son víctimas del abandono estatal, ya que hace un año se dieron las medidas y no sus vidas no han sido protegidas”.


El secretario de Salud departamental, César Ballesteros, aseguró que “esto es una gran tragedia, pero son muchas las causas por las cuales los niños están muriendo, por ejemplo las vías en mal estado que no permiten que sean llevados a tiempo a los centros asistenciales”.


Indicó además que aparte de la situación que hay en La Guajira, el flujo de la población wayuu venezolana y de niños enfermos la agrava. “Tenemos registros de atención que superan los $1.500 millones en atención a esta población, lo cual se suma a la falta de empleo y falta de agua en comunidades indígenas”, afirmó.


Los últimos


De los cinco niños que fallecieron el fin de semana, tres murieron el sábado y otros dos el viernes, según informó Javier Rojas. Explicó que un niño de un año, perteneciente a la comunidad indígena Urú, en Uribia, falleció por desnutrición severa en una clínica de ese municipio. Añadió que una niña de dos años, que residía en la comunidad Juyasiraim, también de Uribia, murió por la misma causa en el Hospital de San Juan del Cesar, mientras que otro menor de un año, internado en el Hospital de Manaure por desnutrición, falleció cuando lo llevaban en ambulancia camino a Maicao.


Dos niños fueron rescatados en la Alta Guajira. Dos menores, de 2 y 4 años, con un alto grado de desnutrición, fueron evacuados de Punta Gallinas en la Alta Guajira, en una misión humanitaria coordinada por el Centro Nacional de Recuperación Personal y la Secretaría de Salud del departamento.


Al conocer el caso de los menores, las autoridades pusieron a disposición personal médico altamente capacitado que llegaron al lugar y evacuaron a los niños en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana.


Los menores, que pertenecen a una misma familia, fueron trasladados hasta el hospital Nuestra Señora de los Remedios, de Riohacha, y a una Unidad de Cuidados Intensivos en Maicao, donde son atendidos.


El pediatra Abudi Dasuki del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, afirmó que los hermanitos llegaron con diarrea, vómito, fiebre y padecen de desnutrición aguda severa, por lo que están en muy mal estado general.


Agregó que en total son diez hijos los que tiene esta familia, pero que además la madre tiene cuatro meses de embarazo, por lo que se averigua si los demás hermanitos también tienen desnutrición para coordinar su traslado también.
“En los últimos meses la Institución Aérea ha realizado 5 evacuaciones aeromédicas en el mismo sector por casos de desnutrición, atendiendo las solicitudes en el menor tiempo posible observando los más altos estándares de seguridad requeridos para la operación”, afirmó la Fuerza Aérea.

 

Nodal
13 diciembre 2016

Publicado enColombia
Muertes infantiles por desnutrición: ocultar las cifras para tapar la infamia

Continúan muriendo niños de hambre en Colombia, y las cifras antes que aumentar disminuyen. Para el Instituto Nacional de Salud (INS) “solo han muerto este año en Colombia 36 niños por desnutrición”. Los boletines epidemiológicos del INS evidencian que puede estar otorgándose un manejo político a las cifras, mientras siguen sin tomarse las medidas adecuadas para suprimir el flagelo. Crecen las dudas y la indignación sobre la gestión de las instituciones oficiales sobre esta terrible problemática.

 

El 4 de agosto, César Rodríguez Garavito, director del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Dejusticia, escribió una columna en el Espectador titulada: “Opacando las cifras del hambre” (1), en el que denunciaba tres posibles artilugios implementados por el Instituto Nacional de Salud (INS) para minimizar la gravedad de las cifras de niños muertos por desnutrición o enfermedades asociadas:

 

1. “Primero, dejó de publicar las muertes por departamento. Cuando llamamos al INS a indagar las razones del cambio, nos encontramos con una réplica sorprendente. “No veo el interés de tener datos departamentales”, dijo la voz del funcionario al otro lado de la línea, “porque deberíamos actuar como país y no como departamentos”.

2. “Un segundo cambio reduce el número de muertes. Antes, las tablas del INS registraban tanto los fallecimientos por hambre como los debidos a enfermedades asociadas a la desnutrición. Era lo correcto porque, como se sabe, las causas inmediatas de la muerte de menores desnutridos son infecciones y otras dolencias a las que están expuestos por su precaria condición. Ahora, las gráficas del INS no incluyen estos últimos casos. La diferencia es enorme: en lo que va corrido del año, mientras que las muertes que probablemente se derivan o están asociadas a la desnutrición llegan a 164, la nueva tabla oficial del INS muestra sólo 25, es decir, solo las que ha confirmado que se deben directamente a la física falta de alimentos”.
3. “El último retoque consiste en dejar en suspenso la confirmación de las causas de los decesos. Los nuevos datos del INS se refieren a “casos probables de muertes por desnutrición en menores de cinco años”. Aunque es entendible que las denuncias no sean registradas inmediatamente como situaciones confirmadas y que los casos sean calificados de “probables”, ni el INS ni el Gobierno tienen procedimientos claros ni plazos fijos para confirmarlos, de manera que pueden dejar en vilo indefinidamente esta información fundamental”.

 

La respuesta no se hizo esperar y siete días después, la directora del INS Martha Lucía Ospina, escribió una carta a El Espectador (2) para responder a lo que denominó una difamación. Ospina respondió a cada una de las aseveraciones planteadas por Garavito de la siguiente manera:

 

A. “Efectivamente, el BES no incluye información detallada a ese nivel. Pero, lejos de la afirmación del columnista, esto se debe a que el propósito del boletín es entregar un resumen periódico. Incluir información de cada ente territorial, semana tras semana, daría como resultado un documento desmesurado para el propósito que persigue”.
B. “También afirma el columnista que el boletín no incluye muertes por enfermedades asociadas a desnutrición. En efecto, el INS considera que de publicar los datos sin los respectivos análisis que deben llevar a cabo los departamentos, la información sería meramente especulativa. Cabe preguntarse: ¿no es reprobable e irresponsable en cualquier ámbito, sea académico, periodístico o judicial, publicar información que no ha sido confirmada?”.
C. “Finalmente, el columnista sostiene que el INS deja en “suspenso” la confirmación de las causas de las muertes. Sin embargo, debe aclararse que esta confirmación no es una competencia del INS, sino de los departamentos, como lo establece el Decreto 3518 de 2006”.

 

Posiciones encontradas. Los argumentos del periodista y la directora del INS exhiben una profunda contradicción entre percepciones, respecto a la labor investigativa, y de divulgación de la entidad, controversia en la que resulta difícil avanzar si no se apela al objeto mismo de la disputa: a los Boletines Epidemiológicos Semanales publicados por el INS.

 

Los boletines y las cifras de muertes infantiles por desnutrición

 

Evitando tomar prematuro partido a favor de los argumentos particulares, proponemos un ejercicio de comparación entre los Boletines Epidemiológicos No. 20 (15 – 21 de mayo) y No. 36 (4 – 10 de septiembre).

 

Mortalidad por y asociada a desnutrición

Boletín Epidemiológico No. 20

Boletín Epidemiológico No. 36
En la semana epidemiológica 20 de 2016, se notificaron cinco muertes en menores de cinco años por diferentes patologías, que registran desnutrición como uno de los diagnósticos; estos casos se registran como casos probables de muertes por y asociadas a desnutrición y se encuentran en análisis para definir la causa de muerte; dos casos son de esta semana y tres de semanas epidemiológicas anteriores notificadas tardíamente; en la semana epidemiológica 20 de 2015 se notificaron ocho muertes. Semanalmente el número de casos registrados se revisa debido a la notificación tardía del evento, a ajustes y a depuración por calidad del dato (ver gráfica 61).En la semana epidemiológica 36 de 2016, se notificaron al Sivigila siete casos de muertes probables por y asociadas a desnutrición en menores de cinco años, cuatro de esta semana y tres de semanas anteriores notificados de manera tardía; un caso corresponde a muerte probable por desnutrición y seis casos a muertes por diferentes patologías que registran desnutrición como uno de los diagnósticos. En la semana epidemiológica 36 de 2015 se notificaron seis casos. A la fecha se encuentran en estudio en el Sivigila 198 casos probables de muertes por y asociadas a desnutrición, para su clasificación final y para definir la causa de muerte (Gráfica 71).

 

Tanto los enunciados como las gráficas presentadas de los boletines epidemiológicos No. 20 y No. 36 son plenamente comparativos. Hasta este punto no puede registrarse ninguna diferencia significativa en el manejo y la presentación de los datos. Se observa que hay una alteración en la escala de las gráficas 61 y 71 (eje y), pero el comportamiento semanal de las muertes por o asociadas a la desnutrición es similar en ambas ilustraciones. Si se compara el comportamiento de las barras rojas (año 2016) y la línea gris (2015) puede fácilmente concluirse que el desenvolvimiento del fenómeno entre años es casi el mismo, es decir, poco han servido de registro hasta la semana 36 las medidas tomadas por el Gobierno para disminuir la incidencia de este flagelo que atenta contra la vida de los niños en todo el país.

 

La situación no es la misma para las tablas que cuantifican la existencia del fenómeno:

 

La tabla 69 del Boletín Epidemiológico No. 20 pondera los casos de muertes “por o asociadas a la desnutrición” en menores de cinco años para cada departamento. La tabla 76 del Boletín Epidemiológico No. 36 solo cuenta las “muertes probables por desnutrición”, es decir, no registra las muertes asociadas a la desnutrición con lo que suprime de esta forma un número importante de casos que determinan que en el mes de septiembre del 2016 el total de los casos registrados por el Boletín sean “apenas” de 36 mientras en el mes de mayo del mismo año equivalían a 92. ¿Qué se hicieron los restantes 56 casos de niños muertos por desnutrición? Una inquietud difícil de responder.

Sí se asume como valido el argumento de la directora del INS: “[...] el INS considera que de publicar los datos sin los respectivos análisis que deben llevar a cabo los departamentos, la información sería meramente especulativa [...]”, entonces el INS estaría reconociendo públicamente a través de su Directora que al menos hasta el Boletín Epidemiológico No. 20 estuvieron “especulando” al publicar las cifras de las posibles muertes asociadas a la desnutrición por departamentos en el país. Hoy, que “no están especulando”, se ilustra (para poner un ejemplo particular) una situación bastante halagüeña para el departamento de la Guajira (que “solo” tiene 8 muertes probables por desnutrición en lo corrido del año, una cifra bastante irresponsable considerando la cantidad de niños que han perecido allí por cuenta de la desnutrición (Ver: Hambre y desnutrición continúan matando niños en Colombia https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29066-hambre-y-desnutricion-continuan-matando-ninos-en-colombia.html). Además, vale la pena resaltar que en la tabla 76 desaparecen las cuantificaciones de un número importante de departamentos y municipios, cuando ante lo sensible y oprobioso del flagelo debieron justamente incrementar.

De difícil comprensión la lógica del manejo de datos del INS.

La tabla 77 del Boletín Epidemiológico No. 36 (4–10 de septiembre), deriva de los datos cuantificados en la Tabla 76 del mismo boletín. Esta tabla solo cuantifica 25 posibles casos de muertes por desnutrición para menores de cinco años, que pertenecen a los indígenas; la Tabla 70 del Boletín Epidemiológico No. 20 (15–21 de mayo) cuantifica para este mismo grupo étnico la suma de 49 casos de muertes por desnutrición o causas asociadas a ella, una cantidad bastante superior considerando que la tabla se construyó cuatro meses antes. ¿A más meses menos casos?

 

Restringir el dominio de una variable para disminuir su incidencia

 

Para despejar el interrogante. La operación efectuada por el INS es clara: han restringido el dominio de la variable “muertes infantiles por y asociadas a la desnutrición” a “muertes por (probables) desnutrición”, con lo que han ahorrado sendas cifras de incidencias de un infame fenómeno que tiene los mismos orígenes: el hambre, la carencia de alimentos para niños. ¿Manipulación? Es la máxima autoridad de salud del país la que se otorga la licencia de ignorar, en este tipo de boletines epidemiológicos, los casos de cientos de niños que perecen por infecciones intestinales, casos de influenza o cualquier otro tipo de enfermedades de menor gravedad, capaces de llevarlos a la muerte por que están desnutridos. Es decir, por que padecen hambre.

La diferencia abismal entre las cifras develan una clara intención, la de hacer que el fenómeno sea menos dramático en términos estadísticos. Los argumentos esgrimidos por la directora del INS son inconsistentes en la medida en que no expresan una posición coherente de la política de divulgación del INS. ¿Cuáles son los factores que determinaron que se restringiera el dominio a la variable mencionada? ¿Por qué antes que ampliar el seguimiento territorial de las muertes infantiles por desnutrición se redujo, máxime cuando existen las herramientas tecnológicas para desarrollar mapas digitales que agreguen los datos de una manera altamente eficiente? ¿Por qué el INS antes que lavarse las manos, endilgando responsabilidades a los entes territoriales, no indaga si acaso en los departamentos se están llevando a cabo las respectivas confirmaciones de muertes por desnutrición?

Lo polémico del tema, las difíciles realidades que oculta, así como las implicaciones que para el Estado colombiano tiene que sigan muriendo cientos (quizás miles) de niños al año por desnutrición o por causas asociadas, hace de ello un tema políticamente incorrecto que es necesario ocultar antes que enfrentar. Lo más delicado del asunto es que estas evidentes subvaloraciones impiden desarrollar las estrategias adecuadas de intervención y seguimiento para poner fin a un flagelo al que el país parece estar acostumbrado.

Aunque hoy también pudieron morir niños por desnutrición en cualquier parte del país, o por causas relacionadas con ella, sus decesos no aparecerán registrados en el Próximo Boletín epidemiológico del INS; tampoco es claro si serán confirmadas por las entidades territoriales. Llegarán a sus tumbas y sus muertes serán ignoradas, subvaloradas, ocultadas, pues reconocerlas implicaría asumir muchas de las causas del hambre que no están en discusión, garantizando con ello el ocultamiento de muchos rostros de los responsables de esta dolorosa realidad, funcionarios que les conviene permanecer ocultos, pero garantizando también que en el país no tome cuerpo la necesaria discusión sobre la concentración de la riqueza, la verdadera culpable de la existencia y pervivencia de la pobreza y de la miseria..

¿Hasta cuándo seguirán muriendo niños por hambre en Colombia?

 

http://www.elespectador.com/opinion/opacando-cifras-del-hambre 

http://www.elespectador.com/opinion/inconformidad-del-ins-una-columna

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‘El río que se robaron’, lo que está matando a una comunidad indígena en Colombia

El documental, que sirvió de prueba ante la CIDH para que ordenara la protección de los Wayúu, se empieza a ver en el país desde esta semana

La imagen del desierto de La Guajira y sus habitantes, la población indígena Wayúu, es utilizada con frecuencia en comerciales turísticos de Colombia. Las mantas de colores con las que se visten y el idioma propio que mantienen, hace atractiva a esta zona para mostrar la riqueza ancestral del país. Sin embargo, pocas veces se ha puesto en evidencia el drama que las más de 400.000 personas, que conforman esta comunidad, viven los 365 días del año bajo temperaturas de hasta 42 grados y sin acceso a agua potable. Se están muriendo de hambre y de sed. El periodista Gonzalo Guillén (Bogotá, 1952) se encontró por casualidad con la triste realidad de los indígenas, cuando se internó en la región para destapar casos de corrupción y de criminalidad, liderada por los políticos de la zona.


“En 42 años de ejercicio periodístico nunca había visto algo tan terrible”, dice. Allí han muerto al menos 5.000 niños por desnutrición, según la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu Shipia Wayúu. Guillén decidió documentarlo. Durante casi tres años grabó testimonios y mantuvo su cámara prendida hasta lograr un relato que permitiera demostrar lo que allí ocurre. Incluso varios apartes del documental, que todavía estaba sin terminar, sirvieron de prueba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una demanda contra el Estado, en la que se falló, en diciembre del año pasado, a favor de los Wayúu.


La CIDH otorgó medidas cautelares para proteger a las comunidades y preservar su vida e integridad, pero poco ha cumplido el Estado. “Este año ya han muerto 40 niños”, dice el periodista, cuyo documental El río que se robaron se empezará a ver desde esta semana en universidades y a través de streaming en Indyon.tv. Ningún canal público aceptó transmitirlo. “A Colombia parece no importarle el exterminio del que está siendo víctima esta comunidad”, dice Guillén. De hecho, el gobierno, que reconoció las muertes que se estaban registrando en esa región, pidió a la CIDH quitar las medidas cautelares bajo el compromiso de que se enfrentaría la situación, pero las historias de vidas perdidas por desnutrición siguen apareciendo.


El estreno de este documental es parte de la campaña Devuelvan el Río, un movimiento ciudadano que exige al gobierno colombiano que implemente las medidas para detener la tragedia que están viviendo los indígenas. Varios activistas lideran una petición ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia para que devuelvan el río Ranchería al pueblo Wayúu. El único río, el que hace unos años lo represaron y ahora solo sirve para fincas de grandes ganaderos y para las empresas que explotan carbón. Los Wayúu cada vez tienen que hacer pozos más profundos para conseguir agua. Se están muriendo y nadie los atiende”, señala el periodista, que espera que su documental, así como sirvió para la CIDH, lo haga para despertar la atención de los colombianos y exigir que se abran las compuertas de la represa para que el agua vuelva a correr por el lecho seco y desértico del río.


Después de la experiencia rodando el documental, Guillén decidió enseñarles a algunos jóvenes de la comunidad el manejo de cámara y lo que dice la ley frente a la protección que como colombianos, pero sobre todo como indígenas merecen del Estado colombiano. “Están filmando y haciendo fotos de su propia tragedia para poder denunciar”, cuenta. El Estado, que ha dado la espalda, no puede esconder lo que las imágenes muestran. El río que se robaron tiene ese fin.

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“Si no frenamos el cambio climático volverán las hambrunas”

El hijo de Susan Sontag advierte que "a la pobreza se la vence con medidas políticas, no con filantropía"

 

Producimos alimentos suficientes para los cerca de 7.000 millones de habitantes del planeta, pero hay casi 1.000 millones que pasan hambre, recuerda el analista político estadounidense David Rieff (Boston, 1952) en su último libro, El oprobio del hambre (Taurus). A contracorriente del discurso optimista imperante en Naciones Unidas y en otros actores de la ayuda al desarrollo, el hijo de la escritora Susan Sontag describe en Buenos Aires las limitaciones del sistema actual para acabar con la desnutrición.


Pregunta. ¿En qué punto nos encontramos hoy en la historia del hambre?


Respuesta. En las últimas décadas han desaparecido las hambrunas en todo el mundo, excepto en muy pocos países, como Somalia y Corea del Norte. Es un gran éxito si se compara con 1970, por ejemplo, pero no hay una ley que diga que el fin de la hambruna sea permanente, es posible que con guerras o si las cosas van mal con el cambio climático reaparezca. También hay menos pobreza en términos de porcentaje, pero hay 1.000 millones de personas que sufren desnutrición, que toma formas diferentes: hay la desnutrición del hambre y la desnutrición de calorías vacías, la obesidad. No sé si los métodos usados para combatir la hambruna van a servir para luchar contra la desnutrición. No lo creo.


P. ¿Hay alimentos suficientes para todos?


R. Sí. En este momento, el problema no es la cantidad sino la distribución. Por ahora (Thomas) Malthus está equivocado, pero quién sabe, tiene únicamente que ser correcto una vez.


P. ¿Por qué falla la distribución?


R. Porque hay un gran interés en la vida de los pobres, sino no habría villas miserias. Aquí por ejemplo son más pintorescas porque está Patio Bullrich (un lujoso centro comercial), el tren y después la villa. En Nueva York no se ven, pero también existen. Soy bastante cínico cuando pienso en políticos de ambos lados. Por ejemplo, en mi país, prefiero a Hillary Clinton que a Trump, pero no es mucho decir. Tienes que oponerte a Trump porque es un loco bastante peligroso, pero ella va a seguir en la política del consenso actual y este consenso, si hablamos de los pobres es bastante cruel y, si hablamos de los ricos, bastante generoso.


P. ¿A qué responde ese consenso?


R. En este momento, esa visión del capitalismo, la contrarrevolución de (Ronald) Reagan y (Margaret) Tatcher, ha triunfado y no existe un modelo alternativo capaz de tener éxito. Por eso tomo distancia del movimiento antiglobalización, que tiene buenas ideas, pero es un proyecto a largo plazo. Mientras tanto, ¿qué hacemos con los problemas urgentes de la gente, con la desnutrición, con la desigualdad?


P. ¿Qué hacemos? ¿Cuál debería ser la estrategia para luchar contra el hambre?


R. Creo que el Estado debería recuperar su posición central en el desarrollo. En este momento el actor principal es el sector privado, que se ha hecho con el control. Filántropos como (Bill) Gates no pueden estar al frente de la batalla contra la pobreza y la desnutrición porque no se trata de un problema técnico, sino que debajo de esas situaciones hay un problema de desigualdad e injusticia, que son cuestiones políticas. Gates en sus discursos dice que aún no hay una buena respuesta científica, pero que vamos a descubrirla con la ciencia. Hablar en esos términos me parece una declaración religiosa y no racional. A la pobreza se la vence con medidas políticas, no con filantropía. Tenemos que restituir el poder a los estados, sabiendo que muchos gobiernos no van a hacer nada, pero sabiendo que al menos hay una posibilidad.


P. ¿Qué poder tiene Gates para marcar la agenda del desarrollo mundial?


R. El programa de la OMS para polio depende de una contribución del 17% de Gates, más que el Gobierno norteamericano, eso es el poder. Gates puede hacer lo que quiere. No hay votantes, no tiene responsabilidad ante un público. Por ejemplo, si Gates mañana quiere cerrar su fundación, puede hacerlo.


P. ¿Hay estados que puedan servir como ejemplo?


R. Brasil. Durante la Presidencia de Lula y menos con la de Dilma tuvo un progreso importante en cuanto a la desnutrición. México también. Tiene muchos problemas, pero la desnutrición está mejor ahora que en el pasado gracias a programas estatales, que no tienen vínculos específicos con un partido.


P. Si hay un compromiso estatal, ¿se puede llegar a la pobreza cero, tal y como figura en las prioridades de Gobierno de Macri?


R. No, cero no, es un sueño. Pero hay que verlo como un objetivo, como el horizonte, que no existe pero es necesario. Hablar de eliminar la pobreza no me parece equivocado, pero a cada gobierno del mundo hay que preguntarle entre la diferencia que hay entre sus declaraciones y las intenciones y aquí usted podría decir más que yo sobre Macri.
P. La declaración de Macri está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, que confían en llegar a 2030 con un mundo sin pobreza.


R. Creo que el optimismo actual es equivocado y la fe -insisto en la palabra- en la tecnología y las ciencias no es una conclusión racional. Nos hablan de un cuento del progreso inevitable y yo soy griego, creo en la historia cíclica y no en el progreso. John Gray dice que hace 50 años la utopía dominante fue el marxismo, pero ahora hay una migración del pensamiento utópico de la izquierda a la derecha. Ahora la utopía más importante es el neoliberalismo. ¿Cómo es el eslogan de Macri? Revolución de la alegría. Es la utopía neoliberal perfectamente definida.


P. ¿Cómo se imagina el mundo en 2030?


R. Más o menos igual o peor. Mucho va a depender de lo que ocurra con el cambio climático. Si llegamos a frenar el cambio climático quizás podamos lograr algunas cosas, pero si no lo logramos frenar volverán las hambrunas.


P. ¿Vamos a poder llegar a un acuerdo contra el cambio climático?


R. Es muy complejo porque los chinos, los indios, no van a ponerse de acuerdo con los europeos. Lograr un cambio de cultura, un gran acuerdo general lo veo muy difícil. Por eso no hablo de solucionar, frenar el problema sería para mí una victoría.

Publicado enMedio Ambiente
“La utopía más importante de esta época es el neoliberalismo”

El analista político y periodista cuestiona la “antipolítica tecnocrática” e impugna el optimismo de artistas como Bono y economistas como Jeffrey Sachs en la lucha contra el hambre. Y dice: “Tenemos que poner fin al triunfo de las multinacionales sobre los Estados”.


La elegancia del provocador de sombrero negro –extranjero fascinado con la cultura argentina, aunque rechaza la obsesión por el psicoanálisis de los porteños– reside en el placer de cuestionar la filantropía capitalista de las grandes empresas multinacionales, la “antipolítica tecnocrática” que bosqueja los programas de ayuda al desarrollo de los organismos internacionales y fundaciones, esa especie de nueva religión que proclama que la innovación del sector privado puede terminar con la desnutrición. El martillo del feroz pesimismo de David Rieff en El oprobio del hambre (Taurus) desbarata la trampa de las “buenas intenciones”, como sucede en el cuento de Antón Chéjov, citado en uno de los epígrafes: “Es necesario que en la puerta de cada hombre satisfecho, feliz, esté parado alguien con un martillo, y le recuerde con un martillazo de modo constante, que hay hombres infelices, que, por muy feliz que él sea, la vida tarde o temprano le enseñará sus garras, llegará la desgracia, la enfermedad, la pobreza, la pérdida, y nadie lo verá ni lo oirá a él, como él no ve ni oye ahora a los otros”. En el libro, un excepcional trabajo de investigación y escritura de largo aliento, impugna el optimismo de un conjunto de personalidades públicas influyentes, desde estrellas populares como Bob Geldof y Bono, hasta economistas como Jeffrey Sachs, que están convencidas de que la pobreza extrema y el hambre serán erradicadas en la primera mitad del siglo XXI. “Seis siglos antes del comienzo de la era cristiana, el profeta Ezequiel declaró que el hambre era el oprobio de las naciones. Lo que sobre todo quería decir con hambre era hambruna, el hambre que mata. Y durante buena parte de los dos mil seiscientos años transcurridos desde los tiempos de Ezequiel, en casi todas partes del mundo sus palabras han seguido siendo tan convincentes como cuando las escribió”, plantea Rieff, analista político, periodista y crítico cultural, hijo de la escritora Susan Sontag (1933-2004).


Nada más alejado de lo empírico que el anhelo de estar en el backstage del fin de la pobreza. “La dura realidad es que para evitar la hambruna recurrente en todo el mundo, que ahora cuenta con siete mil millones de habitantes, a los que se sumarán casi sin duda otros dos mil millones en 2050 y quizás mil o dos mil millones más en las dos décadas siguientes, la producción agrícola tendrá que incrementarse sin cesar”, argumenta Rieff desde una especie de rescate neomalthusiano. “Los orígenes de El oprobio del hambre me llevan a recordar que he estado veinte años trabajando en asuntos humanitarios, sobre todo con Médicos sin Fronteras. No fui exactamente corresponsal de guerra, sino una persona que escribía sobre los aspectos humanitarios en zonas de guerra. Estuve en Bosnia, Congo, Ruanda, Sudán, Kosovo e Irak... Yo quería escribir sobre el desarrollo y cuando vino la crisis económica y alimentaria de 2007 me di cuenta de que había cambiado muchos mis opiniones. La crisis de 2007 es parte de una historia mucho más larga. He estado dos años pensando que iba a escribir un libro de reportaje, y finalmente escribí un libro bastante curioso porque tiene un aspecto polémico”, advierte Rieff en la entrevista con Página/12.


–Cuando empezó a escribir acerca del hambre, ¿tenía una mirada más “ingenua”? ¿Estaba más cerca de los utopistas?
–No, nunca estuve del lado de los utopistas, pero seguramente tenía una mirada más ingenua. Si tengo una política, una perspectiva moral, es el antiutopismo tanto contra la derecha como contra la izquierda. La utopía más importante de nuestra época es el neoliberalismo. Alguien me podrá decir que está (Nicolás) Maduro en Venezuela y (Evo) Morales en Bolivia, pero creo que estamos en un momento terminal de la utopía socialista en esos países. Por desgracia, la utopía neoliberal está más fuerte que nunca. Empecé a escribir cuando tenía 30 años, ahora tengo 63, y si hay un vínculo entre mis libros es el antiutopismo. Hay estructuras, civilizaciones, sociedades, ambientes políticos más o menos horribles y sé que hay cosas por hacer. Mi conclusión es que tenemos que poner fin al triunfo de las multinacionales frente a los Estados. Esta fue la victoria de una cierta línea política, la de (Margaret) Thatcher y (Ronald) Reagan, pero estoy seguro de que es posible acabar con eso. No me refiero a la caída del capitalismo, que es otra cosa. No creo que en este momento podamos terminar con el capitalismo. Quizá sí dentro de cien años. Los movimientos antiglobalización dicen que otro mundo es posible, pero yo digo que no es muy probable. Supongamos que estoy equivocado y que va a venir la revolución entre comillas. Pero no será mañana y mientras tanto, ¿qué hacemos con la hambruna, que yo creo que va a regresar? ¿Qué hacemos con la desnutrición, que es terrible en muchas partes del mundo, sobre todo en India?
–En el primer capítulo del libro, titulado con un interrogante, “¿Por fin un mundo mejor a nuestro alcance?”, formula varias preguntas, entre otras, si es el capitalismo la respuesta o la raíz del problema, y si es posible una transformación nutricional sin una transformación política. ¿Qué respuestas puede dar hoy?
–En este momento, el capitalismo ganó. No digo que el capitalismo del 2030 será el mismo. No digo que los Estados Unidos van a imponer la actual versión norteamericana del capitalismo; es muy posible que el capitalismo dentro de treinta años sea a la manera de China o de Vietnam. No sé si será peor o mejor, este es un asunto para hablar en otra conversación. Pero no veo que haya una verdadera alternativa al capitalismo en este momento, sobre todo por la victoria del capitalismo en Asia y en India. Si hablo de China, India y Vietnam, me refiero más o menos al 40 por ciento del mundo. Si incluyo a Brasil, Argentina, Chile, México y los Estados Unidos, sería un 30 por ciento más. Puede haber versiones más simpáticas y más crueles del capitalismo. Yo preferiría una versión menos cruel. Pero el capitalismo es nuestro futuro. La cuestión es cómo hacer para que ese capitalismo, que para mi gusto es demasiado cruel, tenga un rostro más humano. Esto es lo que trato de pensar en el libro, desde una óptica muy pesimista. Me gustaría que Noami Klein tuviera razón, pero no veo cómo. Hay una diferencia entre el optimismo y la esperanza. Terry Eagleton acaba de publicar un libro muy interesante que se titula Esperanza sin optimismo (Hope without Optimism)
–¿Cuál es la diferencia entre esperanza y optimismo?
–La esperanza es una categoría moral, es el argumento de Eagleton, y estoy totalmente de acuerdo. El optimismo es una constatación empírica: hay o no hay razones para el optimismo. Para mí, escritores como Noami Klein confunden esperanza y optimismo. Yo creo que no se puede cuestionar a alguien porque tenga esperanza. Al contrario, pienso que es absolutamente legítimo. He leído atentamente los libros de Klein, conozco a muchas personas en el Right to Food (Derecho a la Alimentación) en Delhi y Bombay, he pasado mucho tiempo de mi vida en la India, pero no veo la justificación empírica para un optimismo sobre el desarrollo o sobre un cambio de sistema.
–¿Por qué en El oprobio del hambre cuestiona a la fundación Bill Gates?
–El déficit democrático es el fantasma en el banquete del filantrocapitalismo. No tengo ninguna duda de que la fundación Gates hace muchas buenas cosas, no quiero poner en cuestión las intenciones de Bill Gates ni de la fundación en tanto institución. Pero tienen una confianza absolutamente equivocada en el papel central de los descubrimientos científicos y de las tecnologías. Las proposiciones de Gates en torno a la tecnología son correctas, pero no puedes resolver la crisis de la alimentación con soluciones tecnológicas porque es una crisis de injusticia y desigualdad. Gates no quiere pensar en estos términos y es por eso que creo que su proyecto no puede tener el éxito que él cree que tendrá en unos años. No tengo nada en contra de Gates, aunque reconozco que me da cierto placer criticar a los grandes (risas).
–En uno de los capítulos del libro, “Promesas a los pobres”, cuestiona el consenso imperante en los años 80 y 90 sobre la adopción de políticas de libre comercio de amplio alcance que podían llevar al desastre. Y cita al geocientífico Laurence Becker porque dice que “no existe en el mundo un mercado verdaderamente libre”. Este es uno de los grandes debates del presente: si hay que proteger los mercados internos, para que puedan desarrollarse y crecer, como han hecho la mayoría de los países, o liberalizar los mercados. ¿Qué opina usted?
–No creo en ningún absolutismo. El neoliberalismo es un absolutismo; el marxismo, también. Cada país exitoso ha insistido al inicio de su desarrollo en proteger a varias industrias, a los bancos o a los agricultores. No formo parte de la religión del neoliberalismo ni del marxismo: las dos son versiones de fe. Como no creo en revoluciones ni de izquierda ni de derecha, busco una síntesis. Lo que hizo (Luiz Inacio) Lula (da Silva) en Brasil con el programa “Hambre Cero” me pareció una solución interesante y exitosa porque la única respuesta posible es el fortalecimiento del Estado y la responsabilidad de la política democrática. Hablar de un mercado completamente libre es una tontería.
–¿Qué le interesa de Hambre Cero?
–Para empezar había un consenso y Lula tenía confianza en el Estado, pero también sabía que no podía gobernar sin el acuerdo de los capitalistas de San Pablo. Lula logró un compromiso histórico y para mí es la única respuesta realista en nuestra época. El programa “Hambre Cero” redujo drásticamente la malnutrición y la desnutrición. Tengo un enorme respeto y he aprendido mucho de Amartya Sen, pero creo que desgraciadamente se equivocó cuando planteaba que únicamente las sociedades democráticas podrían resolver las hambrunas. Es una ilusión muy sentimental, para contestar honestamente... Muchas dictaduras han conseguido reducir la pobreza, mejorar la sanidad pública y hacer más eficiente el funcionamiento de sus sociedades.
–Uno de los temas que trabaja en el libro es la desigualdad como una condición del sistema capitalista mundial. ¿Por qué crece la desigualdad?
–Lo que vemos es que crece la desigualdad más al interior de los países que entre los países. Hay una versión del capitalismo que favorece, como dice Thomas Piketty, el aspecto financiero y no el aspecto productivo. El capitalismo es una fábrica de desigualdades.
¿Cómo cambiarlo? Es muy difícil... Los perdederos de la globalización en Gran Bretaña votaron por el Brexit.
–¿Por qué toda la derecha del mundo, desde Marine Le Pen en Francia a Donald Trump en Estados Unidos, salió a celebrar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europa?
–El neoliberalismo está en guerra contra el populismo de derecha porque el capitalismo no quiere que gane Trump. El 99 por ciento del capitalismo quiere que gane Hillary Clinton. Hace treinta años era posible hablar de la derecha global como una unidad. Ahora hay verdaderamente una ruptura casi completa entre el populismo de derecha –para no decir fascismo– y el neoliberalismo globalizador. Trump y Le Pen siguieron la línea del Brexit, pero el capitalismo no. Ni Trump ni Le Pen podrían ganar las elecciones porque, ¿cómo puede ganar la derecha cuando el capitalismo se opone?
–¿Es posible que Trump gane las elecciones en Estados Unidos?
–No, es imposible. No se puede hablar de una victoria de Trump cuando el capitalismo y los jóvenes negros se oponen a él. Desde el punto de vista matemático no veo posibilidades. El fascismo histórico tenía una versión anticapitalista como en Italia y en la Alemania nazi; pero cuando tomaban el poder, lo hacían con el acuerdo de la clase capitalista. Trump no tiene este acuerdo... Pero si gana Trump, me voy a vivir a Toronto (risas).
–Sería bastante curioso, adjetivo por cierto benévolo, un mundo con Trump como presidente de Estados Unidos y Le Pen como presidenta de Francia, ¿no?
–Es más posible Le Pen en Francia, aunque no creo que vaya a ganar porque el Frente Nacional no es un verdadero partido, sino un negocio de familia. Para mí es más probable que gane (Nicolas) Sarkozy o (Alain) Juppé, la derecha clásica. Y van a adoptar algunas propuestas del Frente Nacional para atraer a más votantes. Al menos Le Pen no está loca y es una persona ideológicamente sincera. Trump no tiene ningún principio; es un cínico.

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Martes, 23 Febrero 2016 11:18

Las vidas efímeras de la Guajira

Las vidas efímeras de la Guajira

Alarmante continúan siendo las muertes de niños por desnutrición en La Guajira. Una confluencia de factores políticos, económicos, ambientales y de planeación crearon las circunstancias propicias para que sobrevinieran acontecimientos tan lamentables. En el 2014 la Defensoría del Pueblo (1) encontró 2.065 niños sin atención alguna del Estado y otros 525 con problemas de nutrición que requerían atención urgente. 425 niños muertos por desnutrición en los ocho años anteriores es la cifra oficial, medios de comunicación hablan de 5.000. La oprobiosa problemática exige un plan de manejo en múltiples dimensiones, intervenciones estructurales y menos mediáticas. El país observa y su indignación crece.

 

Indignación colectiva han causado las muertes de niños por desnutrición en La Guajira. El problema no es nuevo, desde años atrás vienen extinguiéndose las vidas de infantes sin que para la opinión pública, funcionarios, políticos, ministros y el Presidente, esto tuviera mayor importancia. Solo importó cuando las defunciones fueron tan numerosas que no pudieron ocultarlas más y con ellas las difíciles condiciones de vida enfrentadas por los indígenas Wayuu en el desierto. Un ejemplo más de la extrema indolencia del Gobierno nacional frente a problemáticas que afectan a compatriotas; al igual que en cientos de oportunidades solo responde cuando los problemas se vuelven tan grandes que llegan a amenazar su credibilidad y estabilidad política.

¿Qué es lo que está ocurriendo en La Guajira?, este es el supremo interrogante formulado por quienes con preocupación observamos la terrible situación que tiene contra las cuerdas a la infancia de la región.

Intervienen expertos en salud

 

El pasado 4 y 5 de febrero del presente año, por solicitud del Secretario de Salud del Departamento de La Guajira, Stevenson Marulanda, tuvo lugar una visita a la región de un destacado grupo de expertos investigadores que pretendía analizar y dar las primeras luces en torno a la gravedad de las situaciones de salud y nutrición que enfrentan las comunidades indígenas. La comisión estuvo integrada por el profesor Mario Hernández quien ejerce como coordinador del Doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, la profesora Ximena Pachon del Departamento de Antropología de la misma Universidad, los doctores Juan Mendoza Vega y Germán Gamarra en calidades de presidente y secretario de la Academia Nacional de Medicina.

La visita se desarrolló en dos momentos específicos: el primero de estos consistió en una presentación de informes de distinta instancias académicas y de gobierno sobre la situación en el departamento; el segundo momento consistió en una visita a una ranchería del municipio de Manaure. Los informes fueron presentados a los expertos por el Secretario de Planeación del Departamento, el director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de la Guajira, tres representantes de la Secretaría Departamental de Salud, el gerente del Banco de la República en Riohacha y el Secretario Departamental de Salud.

Según la comisión en su “Informe de la visita realizada al departamento de la Guajira entre los días 4 y 5 de febrero del 2016”: “Las presentaciones de estos funcionarios permitieron hacer un balance de la situación general del Departamento en materia de calidad de vida y salud, una reflexión sobre la causalidad profunda que la genera y una aproximación al estado actual del sistema de seguridad socialgringo, de una élite totalitaria y corrupta con pretensión perpetua de Gobierno. en salud para responder a esta crisis”. La visita de campo y el diálogo sostenido entre los expertos y líderes de la comunidad durante la visita también contribuyeron a robustecer sus consideraciones frente a la problemática.

Una de las primeras apreciaciones del informe evidencia que no se puede hablar de una afectación homogénea para todos los Wayuu que habitan la península. De acuerdo a lo consignado en el documento. “La estructura social de la etnia Wayuu es la de familias extensas que configuran clanes matrilineales, con jerarquías y diferencias muy profundas que se conservan en el tiempo. Las castas inferiores que tradicionalmente han accedido a pocos medios, hoy son las más golpeadas por la situación extrema de la sequía”. Esto quiere decir que al menos dos de los factores altamente incidentes en la configuración de las situaciones actuales, por un lado los cambios profundos en el clima de la región (padecen un verano de tres años en la media y alta Guajira), por el otro los efectos poco estudiados de la desviación del Río Ranchería (2), principal fuente hídrica del departamento, no han afectado de forma homogénea a toda la población indígena. Las afectaciones presentan una profunda dispersión entre la población.

Lecturas múltiples. Algunos analistas al intentar explicar la perdida de soberanía alimentaria sobrevenida en desnutrición han referido una perdida de los conocimientos ancestrales que permitían a los Wayuu sobrevivir en medio de la escasez de agua y alimentos, también a un supuesto rechazo cultural de los indígenas a las intervenciones del Estado y de organizaciones occidentales. La comisión se refiere a esto: “Es más por la conjunción de procesos que producen y reproducen la exclusión sistemática y la precariedad en el largo plazo, sin dejar oportunidad alguna para acudir a los saberes ancestrales para superarlas”.

Algunos de los procesos particulares relacionados directamente con la precaria situación alimentaria exigen ser ampliados en sus determinaciones, sin embargo configuran el primer insumo analítico creado por los expertos responsables de la visita y del informe.

El primero de estos procesos consiste en “el escaso reconocimiento de la población por parte del Estado y subregistro de los afectados en situaciones de máxima precariedad” (3). Poco reconocimiento que posibilita la ausencia de un censo fidedigno tanto de la población como de los casos de morbi-mortalidad que no alcanzan a llegar al servicio de salud. El segundo proceso se encuentra profundamente relacionado con el primero: consiste en “la ocupación del territorio en un modelo de alta dispersión de familias extensas y clanes”, solo en Manaure y en Uribia la Gobernación ha identificado 22.037 y 7.743 puntos poblados donde pueden encontrarse entre una y diez viviendas que conforman rancherias.

El tercero de los procesos está determinado por dificultades de movilidad propias de la ausencia de vías que faciliten el transporte de personas y niños en situación de emergencia. Una red de trochas de 26.528 kilómetros integran la única infraestructura de transporte disponible en la región. El cuarto de los factores son las dificultades habitacionales que enfrentan los indígenas ante el hecho de que sus casas, fabricadas en su mayoría con bareque, están siendo pulverizadas por el viento y la sequía. Un quinto proceso refiere a la escasez de agua y alimentos mencionada, escasez estacional extendida ante la inusual prolongación de una sequía sin precedentes en la región que logró hacer que pozos construidos en la década del cincuenta y jagüeyes de donde obtenían el aprovisionamiento se extinguieran. El sexto factor incidente tiene un origen económico y político. Se encuentra determinado por la profunda dependencia alimentaria y comercial de la alta Guajira respecto de la economía venezolana, dependencia que con el cambio de las condiciones de Venezuela (4), así como con el cierre de la frontera han agudizado los problemas que sobrevienen a la ausencia de trabajo, escasez de alimentos y la ausencia histórica del Estado colombiano.

El séptimo de los factores está relacionado con características propias de la etnia Wayuu ignoradas en las intervenciones desarrolladas por el Estado sobre la comunidad indígena. Una organización social y política descentralizada ausente de líderes que representen colectivamente a la totalidad o segmentos grandes de población, una forma de habitar el territorio basado en una lógica relacional y temporal que responde a criterios de precedencia, adyacencia de los recursos y subsistencia frente a la precaridad. Los anteriores sumados al hecho de la propiedad de los Wayuu del 60 por ciento del territorio de la Guajira, configuran rasgos culturales que deben ser tenidos en cuenta al momento de efectuar intervenciones orientadas a la superación de problemáticas en salud pública. Si no son tenidos en cuenta, los esfuerzos pueden disolverse en la antesala de las intervenciones, en búsquedas infructuosas de sujetos a intervenir, en estrategias de seguridad alimentaria desfasadas de la estructura de tenencia de la tierra, así como en estrategias de intervención focalizadas en exceso por pequeños liderazgos incapaces de dirigir las intervenciones sobre el grueso de la población indígena afectada.

 

Corrupción y debilidad institucional

 

A esta realidad se suman, según los expertos, las precariedades acumuladas y la debilidad del Estado para responder a la situación a través del sistema público de salud. En el departamento de la Guajira es evidente la obsolescencia de la red de hospitales, la inexistencia de articulaciones funcionales entre las redes de hospitales del Estado y las Eps que han sido denunciadas por aceptar pagos y no prestar servicios, además de los problemas generados por la tercerización de los servicios de salud. La ausencia de un enfoque de tratamiento diferencial hacia las comunidades indígenas, es otras de las dificultades que posibilita la inoperancia de quienes deberían ser los primeros respondientes en la atención de la población afectada por desnutrición.

¿Y la corrupción? En una columna de opinión (5) titulada “Absurdos” desarrollada por María Jimena Duzán, se expone otro de los factores con fuertes incidencias en el actual estado de cosas. La periodista expone. “Los niños wayúu en La Guajira se están muriendo porque la corrupción les quitó todo, hasta dejarlos en los huesos: no vieron ni un peso de las regalías, pese a que el departamento recibió entre 2002 y 2011 [SIC, valor correspondiente a los años 1990 y 2010] el equivalente a la plata que le falta a Bogotá para construir la primera línea del metro es decir cerca de 4 billones de pesos. Tampoco les llegaron los aportes destinados para las comunidades Wayúu porque gran parte de ese dinero se quedó embolatado en las cabeceras municipales. Y por si esto fuera poco, el dinero destinado en el ICBF, para la alimentación de los niños, terminó dilapidándose en contratos con fundaciones ficticias que en realidad eran mamparas para desviar dineros a campañas políticas a costa del hambre de los niños. ¿En dónde se quedó esa plata que hoy tiene en la pobreza absoluta a la comunidad Wayúu y que ha cobrado la vida de 7.000 niños? Pues en obras inconclusas, en elefantes blancos, en niños fantasmas, en contratosde ficticios, en fundaciones sin ánimo de lucro que servían de mampara para los intereses de los políticos corruptos”.

Indignante manejo de los recursos públicos en un departamento con altos índices de corrupción, donde la administración se encuentra en manos de Oneida Pinto, lideresa política cuestionada por vínculos con redes políticas locales manchadas de sangre, narcotráfico y paramilitarismo (ver: http://www.desdeabajo.info/colombia/item/27503-territorios-tomados-por-el-neoliberalismo-el-paramilitarismo-y-la-corrupcion.html). La indignante situación de los cientos o miles de vidas que siguen extinguiéndose, sin que el Estado sepa cuántos han sido exactamente los infantes que han perecido en los últimos tres años a causa de la misma hambre que el país en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio debió extinguir hacia en el 2015 (Ver: https://www.desdeabajo.info/sociedad/item/26928-objetivos-del-desarrollo-sostenible-ods-relevan-desde-el-2015-a-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm.html), no son más que los impactos generados sobre comunidades vulnerables de la confluencia del cambio climático, el oprobioso manejo de la política local, los recursos públicos y la ausencia de políticas de salud sensatas en un departamentos en peores condiciones sociales del país.



La Guajira en cifras

 

La población del departamento de La Guajira se distribuye de la siguiente manera: cabeceras municipales 45 por ciento y áreas rurales 55 por ciento. En el resto del país la distribución equivale al 75 por ciento para cabeceras municipales y 25 por ciento para áreas rurales.

 

 

De acuerdo a las proyecciones del Dane hacia el 2015 la Guajira debió contar con 957.814 pobladores de los cuales 440.594 (46 por ciento) pertenecen a comunidades indígenas. Según el Plan Departamental de Desarrollo 2012–2015, La Guajira Primero: “En la distribución poblacional por edad puede observarse que predomina la gente joven, donde los niños entre los 0 y 9 años son el 25,99 por ciento; los jóvenes y adolescentes en el rango de 10 a 29 años, el 38,50 por ciento, los adultos entre los 30 y 59 años, el 28,45 por ciento y los mayores de 60 años, el 7,06 por ciento” (5).

El informe La Guajira frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD Colombia consigna: “En 2010, la fecundidad de las mujeres alcanzó una tasa global4 (TGF) de 4,33 hijos por mujer, un 40% más que el promedio del país (3,1 hijos por mujer). Es decir la tasa de fecundidad no ha descendido como en el resto del país como consecuencia de los cambios socioeconómicos, [...] La mortalidad infantil en el departamento muestra una tendencia a la baja, pasando de 47,1 por mil nacidos vivos en el año 1993 a 39,37 en el 2005 y a 37,66 en el año 2009. No obstante, el ritmo de descenso ha sido lento y sus niveles superan el total nacional [15,02 muertes/1.000 nacimientos, tres veces]”.

 

 

En el mismo informe del Pnud se destaca que La Guajira es un departamento rico en recursos, aporta 1.3 por ciento del valor agregado nacional (generado por el carbón), opera la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Entre los años de 1995 y 2010 el departamento de La Guajira recibió 3.91 billones de pesos en regalías, según el PNUD: “[...] el promedio de regalías per cápita en el periodo 1995 – 2010 para el departamento de La Guajira fue uno de los mayores a nivel nacional, alcanzando los 359 mil pesos (solo superado por los departamentos petroleros de Casanare, Arauca y Meta)”.

Las regalías y los recursos recibidos por este departamento, en absoluto se reflejan en indicadores socio demográficos de calidad de vida y pobreza. Según el Pnud: “Para el año 2010 se estimaba que el 64,33por ciento de los habitantes de La Guajira vivían en situación de pobreza. Esto quiere decir que 526.694 guajiros y guajiras viven con ingresos mensuales inferiores a $187.079 pesos, que es el valor de la línea de pobreza para el 2010 (DANE, 2010)”. Según el Dane en su Boletín Técnico del 9 de junio del 2015: “En 2014 el porcentaje de personas en situación de pobreza [monetaria] para el departamento de La Guajira fue 53,0%, mientras que en 2013 fue 55,8 por ciento, con una disminución de 2,8 puntos porcentuales”. Para el 2014 la pobreza monetaria a nivel nacional fue equivalente al 30.6 por ciento.

Para el 2014 la pobreza extrema fue equivalente al 24.8 por ciento. Estimaciones del Dnp atribuyen un indice de necesidades básicas insatisfechas para las cabeceras municipales del departamento equivalente al 40 por ciento y para las áreas rurales de 91.92 por ciento. El indice de pobreza multidimensional, según los últimos datos censales disponibles (2005) atribuyen a La Guajira un índice de pobreza multidimensional del 80 por ciento.

Según la “Evaluación y seguimiento morbi-mortalidad y bajo peso al nacer por desnutrición departamento de La Guajira”, de la Gobernación: “La Guajira está considerado uno de los Departamentos de Colombia con más alta tasa de morbi – mortalidad por desnutrición del país. En lo corrido del año 2013 se han registrado 19 niños fallecidos por esta causa, uno (1) en Albania, uno (1) en Dibulla, uno (1) en Maicao, siete (7) en Manaure, seis (6) en Riohacha, uno (1) en San Juan del Cesar y dos (2) en Uribía. [...] Los casos identificados en su gran mayoría pertenecientes a la Comunidad Indígena Wayuu10 que habitan las zonas de la alta y media Guajira (ver anexo 1 mapas de municipios que presentan eventos de morbi - mortalidad y bajo peso al nacer en el Departamento de La Guajira)”.

 

(1) Crisis Humanitaria en la Guajira 2014. Acción integral de la Defensoría del Pueblo en el Departamento.

(2) http://www.elcolombiano.com/historico/proyecto_de_desviacion_del_rio_rancheria_les_duele_a_los_guajiros-DGEC_215024 

(3) “Desconocemos la geolocalización real de las comunidades indígenas y rurales del Departamento, y por lo tanto, resulta imposible planificar la actuación sobre las mismas. No existe un censo georeferenciado de comunidades indígenas y rurales en el Departamento, adicionalmente, se pudo determinas que la diferencia idiomática entre las comunidades indígenas y la población no indígena genera dificultades al momento de registrar el lugar de procedencia (nombre de la ranchería) donde reside los niños que son llevados a los centros de salud”. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MORBI – MORTALIDAD Y BAJO PESO AL NACER POR DESNUTRICIÓN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, Gobernación de la Guajira. Enero del 2014.

(4) La zona rural del municipio de Uribia, al norte de La Guajira, es la más afectada por la crisis causada por las restricciones en el comercio con Venezuela y otros factores subyacentes. No se visitaron los municipios de Maicao y Manaure pero, según indicaron representantes de lpapure (corregimiento de Maicao) que participaron en las reuniones organizadas durante la misión, la situación en algunas zonas de estos otros dos municipios sería similar. Los habitantes de los corregimientos y de sus comunidades más alejadas, en particular los menores de edad, madres gestantes y lactantes y los adultos mayores, son las poblaciones más afectadas por las dificultades de acceso a servicios básicos (principalmente agua y energía eléctrica), las grandes distancias, la dependencia de las economías locales casi exclusivamente con la moneda y el mercado del trabajo venezolanos, y por los altos costos (incremento de precios entre el 40% y el 200%) de bienes de producción colombiana. INFOME FINAL MIRA: ALTA GUAJIRA – URIBIA (LA GUAJIRA), COLOMBIA. OCHA. (18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014).

(5) http://www.semana.com/opinion/articulo/maria-jimena-duzan-desnutricion-en-la-guajira-es-responsabilidad-de-oneida-pinto/460444 . 2 de febrero del 2016

(6) Cita a la obra “Diagnostico del Mercado Laboral de La Guajira”. Bonilla, Edgar.


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