Independentistas catalanes marchan este lunes en el centro de Barcelona, tras el referendo de ayer domingo

Puigdemont demanda a Madrid disculpa por los 900 heridos

 

Barcelona. El presidente de la Generalitat de Catalunya y líder del movimiento independentista, Carles Puigdemont, exigió hoy la salida inmediata de los más de diez mil agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil españolas movilizados desde hace dos semanas para impedir la realización del referendo de independencia que se celebró ayer y que estuvo marcado por la violenta represión que dejo cerca de 900 heridos.

El mandatario catalán insistió en que mantienen la hoja de ruta trazada hace dos años y que presentarán ante el Parlamento regional el resultado de la consulta ciudadana, para que en el seno de la soberanía popular se decida el siguiente paso, que sería la declaración unilateral de independencia.

Ayer, en uno de los días más tristes en Cataluña, cambiaron muchas cosas. La indignación por el operativo policial contra ciudadanos indefensos que querían votar y la falta de proporcionalidad en algunas actuaciones de los agentes antidisturbios fueron determinantes, según el presidente catalán, para que las fuerzas que respaldan a su gobierno -Junts del sí y CUP-, además de otros formaciones como Podemos, hayan decidido reclamar de forma conjunta la salida de todas las “fuerzas de ocupación” de española del territorio catalán y además una disculpa pública por la severidad con la que se emplearon en las votaciones de ayer.

“Tiene que haber un compromiso de retirada de la violencia policial, no puede ser que las cuentas de la Generalitat sigan intervenidas y tiene que haber un compromiso para poner fin a esta situación y crear clima de distensión para que esta mediación sea leal y sincera. Debe haber un compromiso de restablecimiento de la normalidad institucional”, señaló Puigdemont, quien además solicitó a la Unión Europea (UE) una intermediación con el gobierno español para encauzar el conflicto político que viven desde hace un lustro y que ayer, con la brutal represión que indignó a toda la opinión pública europea, entró en su peor fase.

“Tenemos que hablar de esto, de la relación Catalunya-España, que es lo que se me ha dicho que no reiteradamente”. En cuanto al futuro inmediato, Puigdemont insistió en que mantienen la hoja de ruta: presentar el informe del resultad de la votación ante el Parlamento catalán y una vez analizado sea el propio pleno, a través de una votación en la que los independentistas tienen mayoría, se decida si finalmente se hace la declaración unilateral de independencia, que es lo que reclama cada vez con más ímpetu un amplísimo sector del separatismo, encabezado por las CUP, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium.

Puigdemont también informó que se han presentado 73 denuncias de ciudadanos agredidos por la policía y que espera que se depuren responsabilidades lo antes posible.

 

Publicado enInternacional
Contrastes. Policías son tomados como rehenes por cooperativistas y mineros detenidos, en Mantecani, ingresan a oficinas policiales en El Alto semidesnudos.

 

La protesta minera se activó a las cero horas del miércoles 10 de agosto y los puntos de bloqueo fueron instalados en vías de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz en rechazo a la modificación de la Ley General de Cooperativas Mineras que abre -según el gremio- el camino a la sindicalización en las cooperativas. Además exigen la atención de un pliego de 10 puntos

 

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

 

Los hechos de violencia derivados del bloqueo de caminos entre el miércoles y viernes, principalmente en Mantecani, dejó un saldo de al menos 318 heridos en filas de los cooperativistas y de la Policía. El Ejecutivo reportó esta mañana la existencia de al menos 66 efectivos policiales heridos y los cooperativistas informaron de 252.


El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que en las últimas horas 46 efectivos fueron hospitalizados en la Clínica Universitaria Nuestra Señora de La Paz, en la zona de Llojeta, mientras que los heridos de mayor gravedad son son el subteniente William Flores Silvestre con fractura del metacarpo del pie derecho, y el sargento segundo Santiago Mamani Lazo con diagnóstico de Traumatismo Encefálico Craneano (TEC).


A los 46 se suman 11 policías internados en la Clínica Urme; 3 en el Hospital Obrero y 5 en la Clínica del Sur de la ciudad de La Paz, que junto a otros afectados llegan a "un centenar de policías más o menos que han resultado entre heridos y retenidos en las últimas horas", dijo.


"En otros casos se trata de policontusiones, posiblemente algunos ya están siendo dados de alta, sin embargo, la Policía cumple con su deber de liberar a personas que han quedado atrapadas prácticamente en condición de rehenes en los caminos, especialmente, en la ruta La Paz-Oruro y Oruro-Cochabamba", indicó tras visitar a los efectivos en la Clínica Universitaria.


El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, reportó 252 heridos en sus bases. "Tenemos ocho heridos de gravedad, a un compañero prácticamente le han destrozado la mandíbula (...) otros tienen cortaduras, golpes en la cabeza y costillas rotas. Honestamente da indignación ver a nuestras autoridades que nos quieren confrontar".


La protesta minera se activó a las cero horas del miércoles 10 de agosto y los puntos de bloqueo fueron instaladas en caminos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz en rechazo a la modificación de la Ley General de Cooperativas Mineras, que abre el camino -según los cuentapropistas- a la sindicalización. Además exigen la atención a un pliego de 10 puntos, en el que -según el Gobierno- exigen se les permitira entregar sus áreas de explotación al empresariado.


La primera jornada concluyó con al menos 41 policías tomados como rehenes por los cooperativistas y 93 mineros detenidos. Ese día los medios de comunicación reportaron la atención en el Hospital Obrero de Oruro de una veintena de uniformados y la existencia de tres efectivos con traumatismos encefalocraneano.


El jueves, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, comunicó que otros policías fueron tomados como rehenes en el sector de Mantecani, donde más de 1.000 mineros instalaron un punto de bloqueo que generó el mayor foco de violencia por el uso de dinamitas, rocas y palos por los cooperativistas para repeler la acción policial de desbloqueo.


La madrugada de este viernes el fiscal Paul Miranda informó a radio Patria Nueva la liberación de 16 cooperativistas, entre ellos cuatro mujeres, detenidos en Mantecani por haberse cumplido las ocho horas de arresto. "En cumplimiento de las ocho horas de la detención se dispuso su libertad", indicó.

 


(12/08/2016)

 

 

 

Publicado enInternacional
Lunes, 06 Junio 2016 09:45

Algunas lecciones de 6 días de Minga

Algunas lecciones de 6 días de Minga


Tres indígenas asesinados, 162 víctimas de detenciones arbitrarias, al menos 179 personas heridas, 6 amenazas proferidas en el contexto de esta protesta, son las cifras parciales arrojadas en el marco de la Minga nacional, agraria, campesina, étnica y popular en desarrollo en Colombia desde el pasado 31 de mayo.

 

Este es el lenguaje, real, directo, sin tapujos, con que responde el gobierno nacional ante las exigencias de los diversos pobladores del campo que reclaman cumplimiento con los compromisos contraídos años atrás por parte del Gobierno, en el marco de otras protestas de los pobres de Colombia, y para que asuma sus compromisos históricos como administrador del Estado nacional.

 

Mientras así actúan, mientras prolongan su proceder guerrerista y de control social violento, por diversos medios de comunicación, ministros, viceministros y hasta el mismo Presidente no paran de afirman que están dispuestos al diálogo y la concertación. Día y noche. Así actúa el poder: con las palabras tratan de confundir a la sociedad colombiana y con los hechos intentar intimidarla, dividirla, destruirla.

 

Comportamiento ni raro ni extraordinario, pues es la continuación histórica de un proceder ceñido a la Doctrina de Seguridad Nacional, a la luz de la cual quien protesta y exige sus derechos fundamentales es un enemigo interno, un insurgente, y así debe ser tratado. Policías uniformados y de civil, Esmad, unidades del Ejército Nacional, agentes de inteligencia, todos a una arremeten contra los grupos sociales que en su levantamiento por vida digna están obligados a ocupar calles y autopistas, cerrar vía, levantar fogatas, como únicos y últimos recursos para ser tenidos en cuenta.

 

En su afán por romper la unidad social los representantes del poder oligárquico colombiano –a pesar de que supuestamente se avanza hacia la paz– no reparan en métodos: inundan con gases lacrimógenos los sitios de las protestas, aturden con sus bombas de estruendo, golpean con palos y canicas disparadas en las capsulas recalzadas de las bombas lacrimógenas, lanzan sus carros contra los manifestantes, dirigen sus chorros de agua contaminada en contra de quienes los enfrentan, toman fotos y diversos registros de quienes se atreven a levantar su voz de protesta, empadronándolos en sus oscuras listas de las que luego podrán salir desaparecidos, hostigados y muertos y, como lo registran de manera cruda los asesinados, disparan contra personas desarmadas.

 

Es esta realidad la que ha impedido que las reuniones de negociaciones entre las delegaciones de la Minga y del Gobierno avancen hacia resultados concretos. Valga resaltar que el 5 de junio en la primera reunión de acercamiento entre las partes se habían logrado tres acuerdos fundamentales:

 

“1. Garantías en Derechos Humanos y legitimidad de la protesta en términos de no más agresiones de la fuerza pública a las personas movilizadas en todo el territorio nacional.


2. Reactivación de la Comisión de Derechos Humanos conjunta con Ministerio del Interior mañana en la mañana en acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas


3. Intercambio de propuestas para la instalación y metodología de negociación para la Mesa Única el día de mañana”.

 


Sin embargo, informan desde la Minga, “desde las horas de la mañana tenemos fuertes hostigamientos, represión y abusos de autoridad por parte de la fuerza pública (Esmad, Ejército y Policía) con armas convencionales y no convencionales en contra las comunidades concentradas en los diferentes puntos del país, entre ellos los más críticos: Cauca: Quinamayó-Santander de Quilichao, El Túnel-Cajibío, Los Robles-Timbío, en Cesar: San Martín, Besotes, Agua Chica, La Mata, La Gloria, en Santander: La Lisama, Barrancabermeja, en Norte de Santander: Berlín, en Valle: La Delfina, Buenaventura, en Nariño: Pedregal-Ipiales, en Huila: Bruselas-Pitalito, El Hobo, Uraba Antioqueño; escenarios donde aún no ha llegado la presencia de la defensoría del pueblo y las entidades de derechos humanos internacionales como se acordó ayer con Gobierno Nacional en el primer punto; haciéndose evidente el incumplimiento del gobierno y agudizándose así la afectación y violación de los derechos humanos y el derecho legítimo de los pueblos a la movilización social, ahora víctima de la fuerza pública (...) la cual ha venido dándole un tratamiento de guerra a la manifestantes”.

 

A renglón seguido, precisa el comunicado de la Minga: “Sumado a ello nos encontramos con diferentes posturas y declaraciones de gobierno nacional que buscan dividir y desinformar a la opinión pública afirmando que tienen toda la disposición pero que es la Cumbre Agraria la que está dividida y que no está lista para iniciar el diálogo; RECHAZAMOS Y DESMENTIMOS CATEGÓRICAMENTE ESAS AFIRMACIONES Y DECLARAMOS NUESTRA DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO con presencia de garantes de la Cumbre, ONU, Defensoría del Pueblo, Congresistas y la Iglesia, así como las condiciones acordadas en términos de garantías humanitarias y logísticas para la movilización, manifestamos nuestra posición de UNIDAD, COHESIÓN Y TRABAJO CONJUNTO DE CARA A UN ESCENARIO ÚNICO DE NEGOCIACIÓN”.

 

 

Ante esta realidad la negociación quedó en punto muerto.

 

El levantamiento de miles de personas que habitan el campo colombiano prosigue y, superando el proceder del Gobierno, proyecta señales de que se extenderá por varios días más. La apuesta gubernamental es a desgastar la protesta vía prolongación y dilación de las negociaciones, atemorizar a quienes se atreven a salir a protestar violentándolos por todas las formas posibles, y confundir a la sociedad colombiana frente a las raíces de la protesta, la validez de las exigencias de indígenas, campesinos, afrodescendientes, y la supuesta voluntad de diálogo guernamental. Juegan con candela, pero no les importa, pues su propósito es uno solo: defender los intereses de los más ricos, favorecer a los terratenientes e industriales del campó, legislar a favor de las multinacionales para que continúen comprando tierras en el país, garantizar la impunidad para quienes violan los derechos humanos de sus connacionales e incluso sus vidas.

 

La protesta continúa en el Cauca, Chocó, Nariño, Arauca, santanderes, Córdoba, Guajira, Bolívar, y otros muchos puntos del país. El afán gubernamental es romper la misma en sus puntos más fuertes para así obligar a la dispersión de los restantes.

 

En el marco de la inconformidad creciente que registra Colombia, se anuncia que el lunes 6 en horas de la noche, varios gremios de camioneros entran en la protesta. ¿Servirá este nuevo factor para que las negociaciones oficiales con la Minga ganen nuevo ritmo y concreten resultados tangibles?

 

 

 

Publicado enColombia