La agenda de la igualdad es la agenda de las mujeres

Las mujeres de América Latina y el Caribe podemos mirar este año que termina con satisfacción y esperanza gracias a los compromisos asumidos por nuestros países en materia de igualdad de género.

 

En dos importantes reuniones convocadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los gobiernos suscribieron los Consensos de Montevideo y Santo Domingo, que contienen acuerdos específicos orientados a dotar de mayor autonomía física, económica y política a las mujeres.

 

Los países latinoamericanos y caribeños participaron en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe y en la decimosegunda Conferencia Re­gional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (realizadas en Uruguay y República Dominicana, respectivamente), después de un largo y fecundo proceso de instalación del tema de la igualdad en el centro del debate regional.

 

Durante décadas, las mujeres de nuestra región han abogado desde los movimientos sociales y los mecanismos institucionales por la acción efectiva del Estado para evitar la discriminación en la sociedad. El hecho de que la igualdad oriente hoy las agendas gubernamentales es un triunfo del cual pueden, legítimamente, considerarse protagonistas.

 

La decimosegunda Conferencia Regional sobre la Mujer, que tuvo lugar en octubre, abordó, principalmente, el lugar que las mujeres ocupan en la economía digital, tema que se sitúa en el corazón de la reflexión actual de la Cepal.

 

Creemos que América Latina y el Caribe deben llevar a cabo un proceso de cambio estructural, una apuesta por diversificar su matriz productiva, aplicando una combinación de políticas industriales, económicas, sociales, ambientales y laborales. Desde nuestra perspectiva, esto permitirá a la región crecer de forma sostenida, con responsabilidad ambiental y mayor igualdad.

 

El cambio estructural que proponemos pasa en gran medida por la generación de conocimiento y la incorporación de innovaciones en el sistema productivo y en el conjunto de la sociedad, tarea en la que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) juegan un papel crucial.

 

Ponemos este debate en la perspectiva de género, porque en la economía digital las oportunidades no se distribuyen de forma equitativa ni entre los países ni entre las personas. Apreciamos brechas de primera y segunda generación, no sólo de acceso a computadoras e Internet, sino también de habilidades y usos de estas tecnologías. Los datos muestran que las mujeres se benefician de los avances de la sociedad digital, pero con rezago respecto de los hombres. Tomando el promedio simple de 10 países, la tasa de uso de Internet de las mujeres es 8.5 por ciento inferior a la de los hombres.

 

Una política pública sensible a esta realidad debe reconocer que la desigualdad de género en la economía digital se da principalmente en el mundo del trabajo (tanto remunerado como no remunerado), por lo que urgen políticas que prevengan la segregación laboral, eviten las brechas de ingresos y promuevan una justa división sexual del trabajo.

 

La lentitud con que se cierran las brechas en el mercado laboral da cuenta de algunos persistentes obstáculos de acceso, entre ellos, que las mujeres sigan siendo las principales responsables del trabajo no remunerado y el cuidado en los hogares. Asimismo, en nuestra región una mujer con 13 y más años de estudio gana 37 por ciento menos que un hombre en la misma condición.

 

Para la Cepal igualdad es sinónimo de titularidad de derechos, escenario donde el Estado juega un rol insustituible de cara al logro de umbrales mínimos de bienestar sin restar impulso ni recursos al dinamismo económico.

 

Los avances progresivos registrados en los consensos de las conferencias regionales dan cuenta de una sistemática defensa de la integralidad e indivisibilidad de los derechos, de la valorización del Estado, incluso a contrapelo de las miradas dominantes en el pasado reciente, y de la búsqueda de una nueva ecuación entre el Estado, la sociedad, el mercado y la familia. Se trata de cambiar las relaciones de poder para que las mujeres de América Latina y el Caribe puedan gozar efectivamente de sus derechos.

 

* Secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

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Mujer latinoamericana: igual ante la ley, ¿y ante el dinero?

Adela Maldonado, de 42 años, corta papas y muslos de pollo en tiras tan delgadas como sus hábiles dedos mientras prepara un enorme guiso para cientos de niños en una escuela de un pequeño poblado en las afueras de Barranquilla, Colombia.

 

Mientras tanto, a unos 1.000 km de distancia, Lina María Castaño, de 30 años, manda un mensaje desde su BlackBerry a un alto funcionario del Gobierno en Bogotá.


Separadas físicamente por la abrupta geografía colombiana y por su formación profesional -una es cocinera, la otra directora de un programa del gobierno colombiano-, las dos mujeres comparten sin embargo su adhesión a una nueva generación de mujeres trabajadoras que ha logrado acortar la brecha de género en América Latina.


Más de 70 millones de mujeres se sumaron a la fuerza laboral en los últimos 20 años, de acuerdo a cifras del Banco Mundial.


Pero la iniciativa, el esfuerzo y la perseverancia que identifican a la mujer latinoamericana del S.XXI no se forjaron de la noche a la mañana.
De hecho, la coyuntura social y económica de la región durante los últimos 50 años ha tenido mucho que ver. Progresivamente se han flexibilizado una serie de leyes en favor de la toma de decisiones legales por parte de la mujer, y ellas se han apropiado de derechos imprescindibles para alcanzar la posición -más justa aunque no del todo igualitaria- que ostentan en la actualidad.


Durante estos últimos 50 años en América Latina cayeron muchas de las barreras, tanto legales como sociales y económicas, que impedían la incorporación plena de la mujer a la vida pública. Se calcula que en este período, se redujeron a la mitad las restricciones a los derechos de propiedad de la mujer, así como los obstáculos legales que impedían que se incorporaran íntegramente a la economía, según el informe Mujer, Empresa y el Derecho 2014: Eliminando Restricciones para Aumentar la Igualdad de Género.


Con estos cambios en las leyes, más mujeres han podido acceder a la propiedad de empresas y, gracias a políticas que favorecieron la incorporación de la mujer al mercado laboral, se logró reducir una brecha de ingresos tradicionalmente muy desigual.


En los últimos dos años, varios países de la región han registrado avances en este terreno: en Bolivia y México se introdujo el pago durante la licencia por paternidad; en Colombia y Venezuela se extendió el tiempo de licencia por maternidad; en Jamaica se adhirió una cláusula contra la discriminación de género en la Constitución; y en Chile se introdujo la licencia por maternidad y paternidad.

 


¿Cuánto mide la brecha de género?

 


A pesar de las alentadoras cifras registradas en los últimos años, las retribuciones salariales en la región distan mucho de una igualdad real entre hombres y mujeres. Mayoritariamente ellas encuentran empleo en el sector de los servicios o en el servicio doméstico y no en los campos de la alta tecnología, construcción o trabajo calificado.


En Chile, Brasil, México y Perú, por ejemplo, los varones profesionales pueden llegar a ganar hasta un 25% más que las mujeres.
Otro de los indicadores todavía en suspenso en la región es el referente a la violencia de género y al embarazo de adolescentes. En Brasil, por ejemplo, casi una de cada tres mujeres sufre maltrato. Un hito en este sentido es la ley Maria da Penha, considerada una de las normas más avanzadas contra la violencia doméstica, que endurece las penas a los maltratadores y pone énfasis en la seguridad de las mujeres amenazadas.


Pero ante esta avalancha de pesimismo aparece un dato positivo: la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres en la región en casi 24 por ciento, la más alta entre todas las regiones del mundo.

 


La situación de la mujer en el resto del mundo

 


Las conclusiones del estudio del Banco Mundial –que analizó a 100 países de todas las regiones del mundo desde 1960 hasta 2010- son alentadoras: en todos los países se eliminaron más de la mitad de las restricciones a los derechos de la mujer, aunque se suprimieron algunas limitaciones en Asia meridional y en Oriente Medio y Norte de África.


El mayor número de reformas se registró en Costa de Marfil y Mali, donde los maridos ya no pueden impedir unilateralmente que sus esposas trabajen. Filipinas también eliminó restricciones al trabajo nocturno de la mujer, y la República Eslovaca elevó el porcentaje del salario recibido durante la licencia por maternidad.


Los países de Europa oriental y Asia central son los que tienen las listas más extensas de actividades que las mujeres no pueden realizar. Por ejemplo, no pueden conducir camiones para el sector agrícola en la Federación de Rusia, y tampoco pueden trabajar como carpinteras en Bielorrusia ni como soldadoras en Kazajstán.


La prohibición del acoso sexual en el lugar de trabajo está muy difundida: 78 economías tienen legislación al respecto y, de ellas, más de la mitad han tipificado como delito ese comportamiento. Lo mismo sucede con las leyes relativas a la violencia doméstica: 76 países cuentan con legislación que la prohíben. Oriente Medio y Norte de África es la región con el menor número de leyes sobre violencia doméstica.

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Lunes, 02 Septiembre 2013 06:14

“La feroz urgencia del ahora”

“La feroz urgencia del ahora”

Cuentan que el 28 de agosto de 1963 fue un día de verano soleado y caluroso, y que aun antes de iniciar la Marcha sobre Washington por Empleos y Libertad asustó no sólo a Washington, sino a gran parte de Estados Unidos. El sueño” que estaba por proclamarse era subversivo y quien ofrecería ese mensaje era considerado el hombre desarmado más peligroso de Estados Unidos.

 

El gobierno de John F. Kennedy intentó persuadir a los organizadores de suspender su acto y ese día colocó 4 mil elementos antimotines en los suburbios y 15 mil en alerta; los hospitales se prepararon para recibir víctimas de la violencia potencial, y los tribunales para procesar a miles de detenidos, cuenta el historiador Taylor Branch. Colocaron agentes con instrucciones de apagar el sistema de sonido si los discursos incitaban a la sublevación. La idea de que la capital sería sitiada por oleadas masivas de afroestadunidenses provocó alarma entre la cúpula política y los medios tradicionales.

 

El orador principal, el reverendo Martin Luther King, era considerado un radical peligroso y estaba bajo vigilancia de la FBI de J. Edgar Hoover. El jefe de inteligencia doméstica de la FBI calificó al reverendo que encabezaba esa marcha de “el negro más peligroso para el futuro de esta nación desde la perspectiva del comunismo, el negro y la seguridad nacional”. Todos esperaban “desorden” masivo. Pero ese día cientos de miles –un tercio de ellos blancos, algo nunca visto– llegaron pacíficamente a participar en un momento que muchos dicen “cambió a Estados Unidos”.

 

“King no era peligroso para el país, sino para el statu quo… King era peligroso porque no aceptaba en silencio –ni permitía que un pueblo cansado aceptara silenciosamente ya– las cosas como estaban. Insistió en que todos nos imagináramos –soñáramos– lo que podría y debería ser”, escribió Charles Blow, columnista del New York Times.

 

Es allí, dicen muchos, donde se inauguró lo que se recuerda como “los 60”, uno de los auges democráticos (en su sentido real) más importantes de la historia estadunidense.

 

Hace unos días la cúpula política, la intelectualidad acomodada y los principales medios festejaron el 50 aniversario del acto con la versión oficial pulida y “patriótica” de la marcha que King ofreció uno de los discursos más famosos de la historia de este país, Yo tengo un sueño.

 

Al festejar el aniversario, se ha debatido sobre el significado de esa marcha y el discurso de King, tanto en su momento como hoy día. Algunos concluyen que el “sueño” de King está expresado en el hecho de que el primer presidente afroestadunidense, Barack Obama, ofreció un discurso para celebrar el aniversario en el Monumento a Lincoln, el mismo lugar donde King ofreció históricas palabras hace cinco décadas. Ahí habló de los cambios que King promovió, también reconoció que esa lucha no ha concluido.

 

Aunque nadie disputa los cambios dramáticos y los logros en cuanto a la lucha frontal contra la segregación institucional, tampoco se puede disputar que mucho de lo que dijo King en 1963 tendría que repetirlo 50 años después.

 


Hoy día hay más hombres negros encarcelados que esclavos en 1850 (según el trabajo de la extraordinaria académica Michelle Alexander); varios estados han promovido nuevas medidas para obstaculizar el acceso de las minorías a las urnas; el desempleo entre afroestadunidenses es casi el doble que entre blancos, casi igual que en 1963; el número de afroestadunidenses menores de edad que viven en la pobreza es casi el triple que el de los blancos en la misma condición; uno de cada tres niños afroestadunidenses nacidos en 2001 enfrentan el riesgo de acabar en la cárcel.

 

A la vez, la desigualdad económica entre pobres y ricos ha llegado a su nivel más alto desde la gran depresión. Mientras las empresas reportan ganancias récord, los ingresos de los trabajadores continúan a la baja. Más aún, una de las demandas de la marcha de 1963 fue un incremento al salario mínimo federal, que hoy se ubica en 7.25 dólares la hora, lo que es, en términos reales, inferior al que prevalecía hace 50 años, según el Instituto de Política Económica. Ejemplo de ello fue la protesta de trabajadores de restaurantes de comida rápida en más de 50 ciudades que exigieron el doble de dicho salario, la semana pasada.

 

Al conmemorar el aniversario, Obama destacó la brecha económica entre pobres y ricos, pero no asumió la responsabilidad de que durante su presidencia se sigue ampliando, y evitó mencionar otras políticas que ha promovido o tolerado con consecuencias terribles para comunidades minoritarias y/o pobres como las deportaciones sin precedente de inmigrantes latinoamericanos, y el sistema penal más grande y tal vez más racista del mundo.

 

Muchos opinan que no es justo comparar a King con Obama, ya que uno era “profeta” y el otro es sólo un político.

 

Pero la omisión más notable durante los elogios al profeta por los políticos en estos días –justo cuando la cúpula política estadunidense contempla abiertamente otro ataque militar contra otro país (Siria)– fue cualquier referencia a las guerras.

 

King vinculó cada vez más la lucha de los derechos civiles con la injusticia económica y, peor, con las políticas bélicas de su país. Advirtió en 1967 que la democracia estadunidense estaba amenazada por “el terno gigantesco del racismo, el materialismo extremo y el militarismo”. Y declaró que no podría seguir llamando a sus seguidores a emplear la no violencia si no condenaba las políticas de guerra de Washington: “Sabía que nunca más podría elevar la voz contra la violencia por los oprimidos en los guetos sin primero hablar claramente ante el más grande proveedor de violencia en el mundo hoy día, mi propio gobierno”.

 

King, en su discurso del “sueño” en 1963, insistió en que las injusticias se tenían que abordar en lo que llamó “la feroz urgencia del ahora”. Cincuenta años después, ese ahora es más urgente que nunca.

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Domingo, 21 Julio 2013 06:02

La farsa del libre comercio

La farsa del libre comercio

“En las negociaciones comerciales, como las que están iniciando la UE y EE.UU., los intereses mercantiles suelen imponerse sobre los intereses de la ciudadanía”

 

Aunque la Ronda de Doha de la OMC para negociaciones comerciales mundiales no dio ningún resultado desde su inicio hace doce años, se está preparando otra rueda de negociaciones; pero esta vez no tendrán carácter mundial y multilateral, sino que se negociarán dos enormes acuerdos regionales: uno transpacífico y otro transatlántico.¿ Hay más probabilidades de que esas negociaciones den resultado?

 

La Ronda de Doha fue torpedeada por la negativa de los EE.UU. de eliminar las subvenciones a la agricultura , condición sine qua non de cualquier ronda que de verdad sirva al desarrollo, en vista de que el 70% de la población de los países en desarrollo depende de la agricultura, directa o indirectamente. La posición de los EE.UU. fue en verdad asombrosa, dado que la OMC ya se había pronunciado mediante una resolución sobre la ilegalidad de las subvenciones del algodón de los EE.UU., que benefician a menos de 25.000 cultivadores ricos.

 

La respuesta de EE.UU. fue sobornar a Brasil, que había planteado el reclamo, para que desistiera y dejara en la estacada a millones de algodoneros pobres de Africa y la India, que sufren las consecuencias de unos precios muy bajos por la generosidad de los EE.UU. para con sus plantadores ricos.

 

En vista de esa historia reciente, ahora parece claro que las negociaciones para crear una zona de libre comercio entre los EE.UU. y Europa y otra entre los EE.UU. y gran parte de los países del Pacífico (exceptuada China) no van encaminadas a crear un verdadero sistema de libre comercio, sino que su objetivo es un régimen de comercio dirigido , es decir, para que esté al servicio de los intereses especiales que durante mucho tiempo han impuesto la política comercial en Occidente.

 

Hay algunos principios básicos que quienes participen en las conversaciones se tomarán –es de esperar– en serio. En primer lugar, todo acuerdo comercial ha de ser simétrico . Si los EE.UU., como parte en el “Acuerdo de Asociación Transpacífico” (AATP), piden al Japón que elimine sus subvenciones del arroz, deberán, a su vez, ofrecerse a eliminar no sólo las subvenciones de su producción de arroz, que es relativamente poco importante para los EE.UU, y del agua, sino también de otros productos básicos agrícolas.

 

En segundo lugar, ningún acuerdo comercial debe colocar los intereses mercantiles por encima de los intereses nacionales más amplios, en particular en los casos en que estén en juego cuestiones no relacionadas con el comercio, como la reglamentación financiera y la propiedad intelectual. El acuerdo comercial de los Estados Unidos con Chile, por ejemplo, impide la utilización por parte de este último de controles de capitales, pese a que el Fondo Monetario Internacional reconoce ahora que los controles de capitales pueden ser un instrumento importante de política macroprudencial.

 

En otros acuerdos comerciales se ha insistido también en la liberalización y la desregulación financieras, si bien la crisis de 2008 debería habernos enseñado que la falta de una buena reglamentación puede hacer peligrar la prosperidad económica. Asimismo, la industria farmacéutica de EE.UU., que tiene una gran influencia sobre el Representante Comercial de los Estados Unidos, ha conseguido endosar a otros países un régimen de propiedad intelectual desequilibrado, que, por ir encaminado a luchar contra los medicamentos genéricos, coloca el beneficio por encima de la salvación de vidas. Incluso el Tribunal Supremo de los EE.UU. ha dicho ahora que la Oficina de Patentes de los EE.UU. fue demasiado lejos al conceder patentes sobre genes.

 

Por último, debe haber un compromiso con la transparencia , pero conviene avisar a los participantes en esas negociaciones comerciales que los EE.UU. profesan una falta de transparencia. La oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos se ha mostrado reacia a revelar su posición negociadora incluso a los miembros del Congreso de los EE.UU y, en vista de lo que se ha filtrado, podemos entender por qué. Dicha oficina está retrocediendo sobre los principios –por ejemplo, el del acceso a los medicamentos genéricos– que el Congreso había incluido en acuerdos comerciales anteriores, como el subscrito con el Perú.

 

En el caso del AATP, hay otro motivo de preocupación. Asia ha desarrollado una cadena de distribución eficiente, gracias a la cual los productos pasan fácilmente de un país a otro en el proceso de producción de bienes acabados, pero el AATP podría obstaculizarla, si China permanece fuera de él.

 

Como los aranceles propiamente dichos son ya tan bajos, los negociadores se centrarán en gran medida en las barreras no arancelarias, como, por ejemplo, los obstáculos reglamentarios, pero la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, que representa los intereses empresariales, ejercerá casi con toda seguridad presiones en pro de la norma común menos estricta, con lo que contribuirá a una nivelación hacia abajo, en lugar de hacia arriba. Por ejemplo, muchos países tienen disposiciones tributarias y reguladoras que disuaden de la adquisición de automóviles grandes, no porque intenten discriminar los productos de los EE.UU, sino porque les preocupa la contaminación y les interesa la eficiencia energética.

 

El principio más general, antes citado, es el de que los acuerdos comerciales colocan habitualmente los intereses comerciales por encima de otros valores: el derecho a una vida sana y a la protección del medioambiente, por citar sólo dos. Francia, por ejemplo, quiere una “excepción cultural” en los acuerdos comerciales que le permita seguir apoyando sus películas, de las que se beneficia el mundo entero. Ese y otros valores más amplios no deben ser negociables.

 

De hecho, resulta irónico que los beneficios sociales de semejantes subvenciones sean enormes, mientras que los costos son insignificantes. ¿De verdad cree alguien que una película artística francesa representa una grave amenaza para un gran hit de verano de Hollywood? Sin embargo, la avaricia hollywoodense no conoce límite y los negociadores comerciales de los Estados Unidos son implacables. Y ésa es la razón precisamente por la que se deben retirar esos artículos antes de que comiencen las negociaciones. De lo contrario, se ejercerán presiones y existe el riesgo real de que en un acuerdo se sacrifiquen valores básicos en pro de los intereses comerciales.

 

Si los negociadores crearan un régimen de libre comercio auténtico, en el que se concediera a las opiniones de los ciudadanos de a pie al menos tanta importancia como a las de los grupos de presión empresariales, yo podría sentirme optimista, en el sentido de que el resultado fortalecería la economía y mejoraría el bienestar social. Sin embargo, la realidad es que tenemos un régimen de comercio dirigido, que coloca por delante los intereses empresariales, y un proceso de negociaciones que no es democrático ni transparente.

 

La probabilidad de que lo que resulte de las futuras negociaciones esté al servicio de los intereses de los estadounidenses de a pie es poca; la perspectiva para los ciudadanos de a pie de otros países es aún más desoladora.

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Crece el debate sobre el matrimonio igualitario en Colombia

Aún no está claro cómo responderán las parejas del mismo sexo en Colombia cuando les pregunten sobre su estado civil tras formalizar sus uniones. Lo que sí se sabe es que por ahora no podrán decir que están casados, así la Corte Constitucional haya ordenado que desde hoy las parejas homosexuales pueden acudir a notarías y juzgados a solicitar sus uniones.


 
El debate por las bodas gay en Colombia está lejos de terminar. En abril se hundió en el Congreso un proyecto de ley que buscaba legalizar estas uniones y ahora que pueden acudir a notarías y juzgados, sigue sin saberse qué figura se utilizará, ya que el gremio de notarios ha interpretado la sentencia de la Corte (la C-577 de 2011) como un “vínculo contractual solemne” y no como matrimonio, algo que la comunidad LGBTI rechaza ya que considera que este tipo de contrato no garantizaría ni los derechos ni la misma validez que un matrimonio civil.


 
“No aceptamos una figura distinta. Además, jurídicamente los notarios no pueden hacerlo. Lo pudo haber hecho el Congreso, pero no lo hizo. Entonces ante la ausencia de una nueva reglamentación, la que queda por usar es la del matrimonio civil, no hay otra”, dijo a EL PAÍS, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, la ONG más visible en Colombia que trabaja en la defensa de los derechos de la población LGBTI. Para Sánchez, los notarios interpretaron literalmente la orden de la Corte y elaboraron un contrato que no existe en la legislación actual. “No cambia el estado civil, no se sabe cómo se disuelve y si uno lo firma no sabe qué derechos tiene. No es matrimonio”, agregó. Por su parte, los jueces no se han pronunciado sobre si casarán o no a estas parejas.


 
La Corte Constitucional ha reconocido que las parejas gay en Colombia constituyen una familia y desde 2007 también les reconoce el derecho a seguridad social, a pensión y a la herencia. Pero ahora, cuando ha dicho que los notarios y jueces tendrán que “formalizar y solemnizar estas uniones”, sin mencionar la palabra matrimonio, se ha generado toda una controversia jurídica.


 
No son pocas las voces que se oponen al matrimonio de parejas del mismo sexo y que han pedido a los notarios que no los casen. El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, ha insistido en que será a través del contrato que diseñó la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y que habla de la "formalización y solemnización del vínculo contractual", que celebrarán estas uniones, descartando que se trate de un matrimonio. Álvaro Rojas, presidente de ese gremio, también ha dicho que “todo matrimonio civil es un contrato pero no todo contrato es matrimonio”.


 
Por eso, Colombia Diversa también elaboró un documento, que no es otra cosa que una solicitud de matrimonio como lo haría cualquier persona heterosexual, pero en este caso “nosotros la hicimos sustentada, con los argumentos de la Corte”, explicó la directora de la ONG, que ha pedido a las parejas que decidan formalizar sus uniones que se rehúsen a firmar un contrato distinto al matrimonio. Si los notarios se niegan a celebrarlo, la idea es que estas parejas presenten tutelas, el mecanismo de protección de los derechos fundamentales que se utiliza en Colombia, para que sea finalmente la misma Corte quien resuelva la controversia.


 
La Iglesia también se ha pronunciado fuertemente contra el matrimonio igualitario afirmando que la comunidad LGBTI no tiene derecho ni al matrimonio ni a la familia. “¿Qué es lo que se le está negando a la comunidad homosexual?, se le está negando algo que no le compete, algo a lo que no tienen derecho, porque el matrimonio y la familia están basados por leyes naturales fundamentales”, dijo en rueda prensa el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Rubén Darío Salazar. También invitó a los notarios a alegar objeción de conciencia para no formalizar estas uniones, un argumento al que ha recurrido el Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien además ha advertido que podría abrir investigación y sancionar a los notarios que celebren estos matrimonios, algo que el Fiscal General, Eduardo Montealegre, descartó por completo.


Por Elizabeth Reyes L. Bogotá 20 JUN 2013 - 23:41 CET

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Marcha homófoba del anti Mayo francés

Una última manifestación contra la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo promulgada a mediados de mayo vuelve a poner en escena al movimiento reaccionario francés que nació a la par de la ley. Divididos en varios grupos compuestos por católicos integristas, conservadores radicales, neonazis, miembros de la ultraderecha francesa, descontentos con el socialismo en el poder y defensores de la familia, los opositores a la ley han logrado sacar a la calle a centenas de miles de personas: su blanco central no es sólo la ley en sí sino, sobre todo, los valores que inundaron la sociedad francesa desde el ’68. A su manera ideológicamente contraria pero con los mismos métodos, los adversarios del matrimonio gay impugnan la herencia de valores y costumbres derivada de las protestas estudiantiles de Mayo del ‘68. Para ellos, la legalización del casamiento entre personas de un mismo sexo es el eslabón más inaceptable de lo que consideran como la “cadena de permisividad” que hace 45 años, el mayo francés difundió en la sociedad. Con el argumento inmediato de la ley pero con Mayo del ’68 como modelo por destruir han conseguido asentar un movimiento que suele tener picos violentos con espantosas golpizas a los homosexuales, destrucción de locales gay, hostigamiento a los diputados que defienden la ley y ocupaciones no menos violentas de calles y avenidas. El domingo 26 de mayo, el Bloque Identitario, uno de los grupúsculos de la extrema derecha que componen el arco XH, o sea, xenófobos y homófobos, alcanzó a ocupar la sede del Partido Socialista francés y desplegar una banderola pidiendo la renuncia del presidente socialista François Hollande. Como en otras ocasiones, los anti matrimonio igualitario reunieron en París entre 150.000 y un millón de personas. La disparidad de las cifras depende de quien las enuncia: la policía o los organizadores de la convocatoria.

 

Hay hoy una contrarrevolución conservadora. Guillaume Peltier, vicepresidente del partido conservador UMP (fundado por el ex presidente Nicolas Sarkozy), no duda en pronosticar: “45 años después asistimos a un Mayo del ’68 de derecha”. Lo primero que resalta es la metodología de la acción. Los integristas copian el estilo de los slogans del ’68 y los dan vuelta para usarlos en contra. Ocupación de lugares de forma esporádica, carteles con tipografía, dibujos o humor similares, frases parecidas pero envueltas en otro sentido muestran cómo la revolución marrón se apodera de los símbolos para reactualizarlos con su mensaje. Lo mismo hicieron con el enunciado central de la ley, que se llama “el matrimonio para todos”. El grupo más importante de oposición al texto se puso como nombre “La Manifestación para todos” (La Manif pour tous). La carga es un espejo al revés. Alain Scada, presidente del instituto Civitas, dice: “el acto homosexual es un pecado, el matrimonio homosexual, una parodia”. Civitas es una asociación católica integrista, de extrema derecha, cercana a la Fraternidad Sacerdotal de Pío XI. También es uno de los núcleos más duros y el protagonista de acciones en la calle como las misas celebradas en la puerta de la Asamblea Nacional. Con el correr de los meses muchos de los movimientos en torno a los cuales se plasmó la armadura de esta contra revolución se fueron radicalizando y ampliando sus ambiciones. Así surgió la rama más radical, “La primavera francesa “. La portavoz de esta mezcla de todo lo que hay de extremo, Béatriz Bourges, reconoce que “estamos más a favor de acciones transgresivas”. Estos reaccionarios contemporáneos imitan con rigurosa pulcritud los comunicados de los grupos o líderes revolucionarios. El Che Guevara se restregaría los ojos si leyera frases como “hasta la victoria”, o “al alba del combate” emitidas por un movimiento ultra reaccionario. Pero es así. La radicalización y las amenazas proferidas por este grupúsculo es tal que el ministro francés de Interior, Manuel Vals, quiere prohibirlo. Las manifestaciones con máscaras graciosas y ropa extravagante perdieron protagonismo detrás de la violencia. La barrera de lo tolerable empezó temblar a tal punto que un diputado de la derechista UMP, Hervé Maritón, advirtió: “A partir de cierto momento, la intensidad de las reivindicaciones puede sobrepasar las reglas del juego democrático y nuestra capacidad a contener el debate”.

 

Debate, de hecho, ya no hay más. La ley promovida por la ministra de Justicia Christiane Taubira ya entró en vigor pero sus adversarios prosiguen la guerrilla social y sin límites. En estos días apareció una cuenta en Twitter que se llama “un mundo sin gays” y cuya lectura es un balcón de primera clase con vista a la selva del odio y la homofobia. El casamiento gay es el objeto visible de un cuestionamiento más profundo y de un ataque frontal contra Mayo del ’68 ya iniciado por el ex presidente Nicolas Sarkozy hace 6 años atrás. Respaldada por la Iglesia y los curas que fomentan la revuelta entre telones, la rama radical opuesta al matrimonio gay se propone lo mismo que el Mayo francés, pero al revés. La historiadora Ludivine Bantigny destaca al respeto: “hoy, quienes intentan reiterar la ocupación de la Sorbona recuperan lo simbólico pero rechazan el origen político”. Para ellos, Mayo del ’68 significa relativismo, hedonismo, súper consumo, nihilismo, perversión de la familia y, por sobre todas las cosas, el fin de la civilización occidental, o sea, el término de la dominación cultural del “blanco y el comienzo de sociedades contaminadas por la diversidad”.

 

La líder del movimiento La manifestación para todos, Frigide Barjot (su nombre es un juego de palabras que significa frígida y piantada), postuló la ambición global de las protestas: “invertimos el libertarismo de 1968 para decirle no al ultraliberalismo aplicado a los seres humanos”. La misma Frigide Barjot sufrió las consecuencias de la contra reacción. Ella, que lideró la protesta, tuvo que retirarse a último momento por las amenazas de muerte que recibió por haber defendido una opción más suave de la unión entre gays.

 

Mayo del ’68 está en todos los labios como entidad referente que es preciso a la vez imitar, citar y destruir. El cóctel final es lo que el historiador François Cusset llama “el antiprogresismo”. El mismo constata que el éxito del movimiento reaccionario no es en nada ajeno al abandono de la calle por parte de la izquierda y a la actitud global de una izquierda de gobierno “más preocupada por la austeridad presupuestaria y el rigor de la seguridad que la más liberal de las derechas”.

 

La filósofa e historiadora de las ideas Chantal Delsol escribió en un artículo publicado por el vespertino Le Monde que “esta corriente es portadora de futuro”. Tal vez porque en ella no hay únicamente fachos o católicos integristas sino también un montón de gente venida de horizontes más neutros que encontraron en este movimiento un canal para expresar el repudio al poder actual, a la desilusión que suscitó y a la carga corrupta de que está compuesta la sociedad contemporánea. La bronca se concentra principalmente en el Ejecutivo y los periodistas, acusados de servir los intereses del poder. Un mundo al revés. Las escenas vistas este 26 de mayo en París ofrecían la misma sucesión de imágenes que las manifestaciones convocadas antaño por la izquierda contra el liberalismo: vidrios rotos, columnas de humo, miles de policías movilizados, gases lacrimógenos, enfrentamientos duros con las fuerzas del orden. Sólo cambiaron los protagonistas: ya no son obreros, sindicalistas, indignados o militantes de movimientos progresistas y alternativos. Eran las fuerzas de la reacción las que hicieron temblar los adoquines del Mayo francés del siglo XXI.

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La ley del matrimonio gay no logra salir adelante en Colombia

El Congreso Colombia ha rechazado  el proyecto de ley sobre uniones de parejas del mismo sexo, por 17 votos a favor y 51 en contra, en el segundo debate que se celebrara sobre el mismo en la sede legislativa. El borrador ha sido rechazado en una sesión plenaria del Senado gracias, sobre todo, a los representantes del Partido Conservador y del Partido de la 'U', que la semana pasada acordaron que se opondrían al matrimonio homosexual.

 

El senador Roberto Gerlein, abanderado del 'no' al proyecto de ley, ha considerado que el resultado de la votación "era de esperar porque las encuestas que se han hecho demuestran que Colombia es un país estruendosamente heterosexual". "Colombia no es ningún país atrasado. En el Congreso se escucha la voluntad de los colombianos y esa voluntad hoy triunfó", ha dicho en la misma línea la senadora del Partido de la 'U' Claudia Wilches en su cuenta oficial de la red social Twitter.

 

En cambio, el senador Armando Benedetti, autor del proyecto de ley, ha lamentado la decisión del Congreso. "Parece que solo conoce los postulados de la Iglesia Católica. Tiene una fachada de catedral, pero por dentro es como una pesebrera", ha sostenido. Si bien, ha subrayado que la votación en la sede legislativa "ha sido un entrenamiento" porque "la verdadera batalla por el título mundial se va a dar en la Corte Constitucional", de acuerdo con RCN Radio.

 


Entretanto, en la explanada del Congreso se han concentrado decenas de personas a favor y en contra del matrimonio homosexual a las que las fuerzas de seguridad han tenido que dividir y separar con vallas para evitar enfrentamientos.

 

El objetivo del proyecto de ley era cumplir con el fallo emitido por la Corte Constitucional en 2011, en el que reconoce a las parejas homosexuales los mismos derechos sociales y patrimoniales de las heterosexuales y ordena al Congreso a legislar sobre la matera antes del 20 de junio de 2013. "El Congreso es a veces tan estúpido que termina quitándose el derecho a legislar para que la Corte Constitucional, que sí conoce los postulados constitucionales, vuelva a hacerlo", ha criticado Benedetti.

 

 La decisión adoptada por el Senado supone que a partir del 21 de junio los jueces, notarios y registradores civiles tendrán que decidir si autorizan las uniones homosexuales conforme a su criterio, ante el fallo constitucional y la falta de una norma jurídica. "Esto significa que a partir del 21 de junio habrá caos, desorden y confusión porque unos (jueces, notarios y registradores civiles) dirán que sí y otros que no", ha explicado el autor del proyecto de ley. En este contexto, tanto la judicatura como las direcciones generales de notarios y registradores civiles trabajan ya en documentos propios para orientar a sus miembros en las uniones civiles homosexuales sobre las que deberán decidir en dos meses.

 

Sólo dos países en Latinoamérica


Argentina y Uruguay son los únicos países de América Latina que han legalizado el matrimonio homosexual, aunque también está permitido en algunos estados de México, incluido el Distrito Federal, y en Brasil se reconocen las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

 

 En el resto del mundo, el matrimonio homosexual solamente está legalizado en España, Portugal, Francia, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Países Bajos, Canadá y Sudáfrica.

 

 Además, los parlamentos Reino Unido y Nueva Zelanda están considerando proyectos legislativos sobre matrimonio igualitario y se espera que los tres países legitimen dichas normas jurídicas a lo largo de 2013.

 

 Es muy probable que el próximo mes de junio la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie sobre dos causas: una sobre la prohibición del matrimonio homosexual en California y otra sobre la denegación de más de 1.000 tipos de beneficios y programas federales a matrimonios homosexuales.

 

EUROPA PRESSBogotá25/04/2013 09:59 Actualizado: 25/04/2013 10:48

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Aprueba Francia ley que autoriza matrimonio gay y derecho a adoptar

La Asamblea Nacional de Francia aprobó hoy la ley que autoriza el matrimonio homosexual y su derecho a la adopción de menores, tras semanas de apasionados debates y masivas manifestaciones en las calles. “Tras 136 horas y 46 minutos de debate, el Parlamento adoptó el proyecto de ley que abre la vía al matrimonio entre personas del mismo sexo”, por 331 votos en favor y 225 en contra, se congratuló el presidente de la asamblea, Claude Bartolone.

 

Francia se convirtió así en el país número 14 en el mundo que legaliza las uniones homosexuales con plenos derechos. Activistas de ambos bandos, que desde el otoño se han volcado a las calles para expresar su apoyo o rechazo a esa ley que abre la vía al matrimonio civil y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, se hicieron presentes en la asamblea para testimoniar este voto histórico que transformará a la sociedad francesa.

 

La portavoz y símbolo del movimiento contra la ley, Frigide Barjot –humorista cercana a los católicos derechistas que usa un seudónimo que parodia el nombre de Brigitte Bardot– fue abucheada por activistas homosexuales al salir del recinto de la asamblea.

 

La ministra de Justicia francesa, Christiane Taubira, aseveró que las primeras bodas homosexuales se celebrarán en las próximas semanas y que éstas “traerán consigo una brisa alegre” a la nación. Taubira fue la encargada de defender la polémica ley en la Asamblea Nacional, y tras el sufragio dijo a los legisladores: “Han votado por un proyecto generoso. No hemos quitado nada a nadie; por el contrario, hemos reconocido los derechos de nuestros conciudadanos”.

 


La legalización del matrimonio de parejas del mismo sexo fue una de las principales promesas de campaña del presidente François Hollande. “Pienso ya en la alegría, en la felicidad de todas esas parejas de homosexuales, en los niños que están educando, porque van a obtener por fin protección y los mismos derechos que los demás”, declaró David Assouline, portavoz del Partido Socialista, poco antes del voto.

 

Pero la oposición de derecha, que se alineó de manera casi unánime contra este proyecto y los detractores del matrimonio gay han advertido que no cesarán sus protestas, y continuaban esta tarde, tras la votación, con sus manifestaciones contra la unión homosexual, y convocaron, además, a una gran concentración el 26 de mayo.

 

El partido conservador Unión por un Movimiento Popular (UMP), que ha utilizado el tema para atacar al gobierno de Hollande, presentó un recurso ante el Consejo Constitucional contra esta ley, cuyo elemento más polémico es la autorización que permite la adopción a parejas del mismo sexo. Pero Hollande puede promulgar la legislación sin esperar el fallo de ese tribunal, que determina la concordancia de las leyes con la Carta Magna de Francia.

 

Analistas señalan que la UMP espera que sigan las protestas contra la ley, lo que debilitaría más al presidente francés, que pierde popularidad por momentos debido a la crisis económica.

 

La radicalización del movimiento ha llevado a los socialistas a acusar a la UMP de hacer el juego al ultraderechista Frente Nacional, que ha participado en marchas y protestas que han puesto a la policía francesa en estado de alerta.

 

 

Afp y The Independent

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Domingo, 31 Marzo 2013 07:41

El movimiento lesbian-gay está feliz

La Suprema Corte de EE.UU. pareciera dispuesta a declarar inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés) que el Congreso aprobó en 1996 bajo la presidencia de Bill Clinton y que prohíbe los casamientos entre personas del mismo sexo. El martes pasado se inició el debate en el máximo órgano de Justicia y los antigays no salieron bien parados.

 

La juez Elena Kagan pasó revista al informe que la Cámara de Representantes elaboró cuando se aprobó la ley. Leyó: “El Congreso ha decidido reflejar y honrar un juicio moral colectivo y expresar su desaprobación de la homosexualidad”; se dice que hubo carraspeos y risas en la sala (www.salon.com, 28/3/13). La mayoría de los jueces de la Corte aprobarían el desechar DOMA: aducen que es una ley basada en la moral y no en el derecho. El “matrimonio entre iguales” es legal en nueve estados de la Unión y en el distrito de Washington, pero está prohibido en los otros 31 estados.

 

Si la Suprema Corte aprueba la derogación o modificación de DOMA, su decisión tendrá alcance federal y las parejas lesbian-gay gozarán de todos los derechos y beneficios que asisten a los matrimonios heterosexuales: exención de algunos impuestos, seguridad social para los cónyuges y apoyos a los veteranos de guerra. Obama se pronunció claramente a favor de la derogación de DOMA y envió abogados al proceso como parte, afirmando el principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

 

Hace décadas que la parejas homosexuales reivindican su condición en Occidente. No sólo abunda la literatura en la materia: producen acciones como las “marchas del orgullo gay”. A quien esto escribe le tocó presenciar una en Berlín hace unos años. De pie en la puerta del hotel, vio desfilar a miles de personas, algunas disfrazadas, familias con sus hijos en carriolas y algo ingenioso y divertido: un gay vestido de campera y pantalón de cuero negro con brazaletes de eslabones de cadena y una sillita para niños colgada del cuello contra su pecho en la que había sentado a un peluche, un osito vestido exactamente igual que el portador. Era simbólico, sin duda: tal vez reclamaba así el derecho a criar hijos.

 

El movimiento fue ganando espacio en la opinión pública occidental, incluida la estadounidense. Un estudio reciente del Pew Center de Washington DC llega a la conclusión de que “el aumento del apoyo a los matrimonios del mismo sexo que se verificó en la década pasada es uno de los mayores cambios de opinión respecto de las cuestiones políticas en ese período”. Lo atribuye al incremento de adultos jóvenes “más abiertos” y señala un hecho importante: el 14 por ciento de la población manifestó que cambió de parecer y está a favor de los casamientos gays (www.people-press.org, 20/3/13).

 

El estudio señala que el 70 por ciento de los llamados “del milenio”, es decir, los nacidos a partir de 1980 y que hoy tienen de 18 a 32 años, está a favor de los matrimonios del mismo sexo, una proporción mucho más alta de la que se registra entre las generaciones de mayor edad. La opinión propicia de los más jóvenes pasó del 51 por ciento en el 2003 al 70 por ciento una década después. Aquellos que cambiaron su apreciación fueron interrogados acerca de las razones de su nueva actitud: un 32 por ciento dijo que tenía un amigo, un conocido o un familiar homosexual. Algunos manifestaron que habían pensado sobre la cuestión o simplemente habían crecido y otros que la gente debía tener la libertad de elegir lo que la hacía feliz.

 

Los cuatro jueces liberales de la Suprema Corte se inclinan por la anulación o derogación de DOMA. La jueza Ruth Bader insistió en que esa ley establecía dos clases de matrimonio: el de “pleno derecho” y el “desnatado” (www.nytimes.com, 27/3/13), pero esta idea no es unánime: Paul D. Clement, que defiende esa ley en nombre de los republicanos de la Cámara baja, argumentó que el gobierno federal tiene derecho a aplicar una definición de matrimonio uniforme en toda la nación. De hecho, más de mil leyes y programas federales dan por sentada la validez jurídica del matrimonio heterosexual.

 

Las diferencias giran en torno de un tema que se remonta a los primeros días de la república estadounidense, es decir, si es una atribución parlamentaria la de aprobar leyes que recortarían los derechos de un grupo en particular. James Madison propuso una enmienda del proyecto de Constitución que cercenaría la facultad del Congreso de establecer impuestos y gastar dinero en asuntos específicamente mencionados en otros artículos y Alexander Hamilton indicó que no se podían introducir límites en el texto constitucional. Hamilton ganó la votación.

 

La derogación de DOMA no complacería a la densa oposición minoritaria. En la sociedad estadounidense aún se producen episodios como éste: Tim McDaniel, profesor de Ciencias en una escuela secundaria de Idaho, está siendo investigado porque empleó la palabra “vagina” en una clase de biología (www.salon.com, 27/3/13). No hay por qué nombrar todo lo que existe aunque haya sido bautizado.

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Evo Morales promulga ley contra violencia de género

El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó este sábado la Ley integral para garantizar a la mujeres una vida libre de violencia en el departamento de Potosí (suroeste). La norma fue elaborada con aportes de organizaciones que defienden la igualdad de género.


 
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejara, precisó que la medida establece sanción de hasta 30 años de cárcel -sin derecho a indulto- para quienes cometan feminicidio, definido como el asesinato de una mujer por odio o desprecio por su condición.


 
La Ley también fija hasta ocho años de prisión para quienes incurran en el delito de homicidio por emoción violenta, referente a las personas que acaben con la vida de un ascendiente, descendiente, cónyugue o conviviente, y que no implica feminicidio.


 
Según destacó Tejara, quedó establecido que además de todos los delitos contemplados en la Ley sean considerados como de “acción pública”.


 
Explicó que la Ley tiene como objetivo establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencias, así como la persecución a los agresores.


 
Para el cumplimiento de la norma, el Gobierno de Bolivia estableció la creación de Juzgados Públicos contra la violencia hacia las mujeres y Fiscalías de Materia y una División de Delitos de Violencia Contra las Mujeres en la Policía Nacional.


 
De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, nueve de cada 10 mujeres bolivianas son víctimas de algún tipo de violencia.


 
En tanto el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), precisó que desde 2009 a la fecha registran 403 feminicidios, 21 de ellos en los dos primeros meses de 2013, y 218 asesinatos de mujeres por inseguridad ciudadana y otras causas.


 
La promulgación de la Ley estaba prevista para la víspera en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero fue aplazada por el viaje que realizó al mandatario Evo Morales a Venezuela, para participar en las exequias del comandante Hugo Chávez.

 

9 marzo 2013


 
(Con información de Telesur)

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