Trabajo decente para las mujeres colombianas sigue en déficit, más espejismo que realidad

Hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, fecha propicia para debatir acerca de los logros en materia de estos derechos, y demandar los cambios que siguen siendo necesarios para alcanzar la igualdad de género, que parece seguir esquiva aún en los países más modernos, en particular en lo relativo al acceso a un trabajo decente, o sea a un trabajo que les permita tener buena remuneración y el disfrute de los derechos laborales.

 

Por tal motivo, este viernes en la mañana en el Club de Ingenieros de Bogotá (calle 39 con carrera 15), se realiza un foro académico con las participación de dirigentes y dirigentas de las tres centrales sindicales: CUT, CGT y CTC, y en el que se espera la presencia del Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, de una funcionaria de la Alta Consejería para la Mujer, y de Alexandra Arguedas,  representante de la Confederación Sindical de las Américas, CSA. La idea es proyectar propuestas en el marco de la campaña por el Trabajo Decente y plantear la agenda de un plan nacional que comprometa al Gobierno con el trabajo decente para las mujeres.

 

Cifras del mercado laboral para las mujeres

 

Las cifras del mercado laboral colombiano señalan desigualdades en las oportunidades y condiciones de trabajo para hombres y mujeres. Es dramática la tasa de desempleo femenino, que sigue siendo superior a la masculina. Mientras la tasa de desempleo de los hombres en 2012 fue 7.8%, la de las mujeres fue 13.4%, lo que indica lo difícil que es para ellas insertarse en el mercado laboral, lo cual se ve agravado por los altos índices de informalidad.  

 

Las mujeres representan el 50.6% de la población colombiana. De 18 millones de mujeres que hay en edad de trabajar, sólo 8.5 millones tienen una ocupación. Pero más del 50% de éstas se ocupan en la economía informal, es decir sin plenos derechos laborales.

 

En 2012 se reportaron 12´690.000 personas en condición de inactivos por razones de estudio, trabajo, discapacidad y otras, y de este total el 66% son mujeres. De ellas la mayoría se dedica a los oficios del hogar, pues solo el 30% se encuentra estudiando, mientras que el 60% de hombres que no están empleados sí estudian.

 

En cuanto a su ubicación en el mercado laboral, tenemos que el 42.2% son trabajadoras por cuenta propia (3´608.000 mujeres), seguidas por las obreras o empleadas particulares: 33.1%. Llama la atención que el 8.1% sean trabajadoras familiares sin remuneración, contra el 3.7% de hombres en la misma situación.

 

Y por rama de la actividad económica, el 79% de las mujeres ocupadas se concentran en solo 3 ramas, así: 33% en el comercio, hoteles y restaurantes; 31% en servicios comunales, sociales y personales; 14% en la industria manufacturera; 7% en agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura. Mientras que los hombres muestran una distribución más dispersa.

 

Es de anotar que las ramas de servicios y comercio, que aglutinan el 64% de las mujeres ocupadas, son de alta inestabilidad, proclives al empleo de tiempo parcial o de temporada, con bajos salarios, restricciones a la afiliación sindical, todos factores que constituyen a la precariedad laboral.

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En la ONU, contra la violencia de género

Activistas por los derechos de las mujeres de todo el mundo y representantes gubernamentales se reunirán desde hoy durante dos semanas en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, para analizar y proponer medidas y políticas públicas para enfrentar y prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres. Será en el marco de la 57ª Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU, que encabezará Michelle Bachelet como titular de la agencia ONU-Mujeres. Estarán presentes una delegación oficial del gobierno argentino e integrantes de ONG del país. En ese marco, se presentará un documento especial sobre la situación en Latinoamérica elaborado por más de 80 organizaciones de la sociedad civil de la región, donde se denuncia que la violencia contra mujeres y niñas está aumentando en “forma alarmante” en toda América latina y el Caribe, especialmente en su forma más extrema: el femicidio o feminicidio, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Y se alerta sobre nuevas formas de violencia contra mujeres y niñas, como a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

De los 25 países del mundo con las tasas más altas de femicidio, más de la mitad se encuentran en la región, donde las víctimas a menudo sufren mutilaciones graves, advierte el estudio, que fue redactado por Susanna Moore y Joan Grant Cummings, bajo la coordinación general de Mabel Bianco, de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), y en el que participó Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras ONG del país. El documento detalla las distintas formas de violencias que sufren las mujeres, en el hogar, el trabajo, la política, las cárceles, el sistema judicial, los medios de comunicación y el ciberespacio. Señala el impacto de la violencia de género en la epidemia del VIH y en la salud y los derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo a las pocas estadísticas disponibles en la región. Argentina, destaca el relevamiento, se encuentra dentro del grupo de países de la región que avanzó en el marco legal para prevenir y penalizar todas las formas de violencia hacia mujeres y niñas, con la aprobación de la Ley 26.485, la ley de trata, la ampliación de las penas por femicidio, entre otras. Sin embargo, se plantea que estos cambios no resultan suficientes porque las leyes sancionadas no terminan de implementarse y cumplirse efectivamente. En países como Argentina, Chile y Perú, la mayoría de los femicidios es cometido por la pareja, actual o anterior y el lugar más peligroso para las mujeres es el propio hogar, precisa el documento. En la región, se denuncia, los esfuerzos para prevenir el femicidio son inexistentes o inefectivos. A esa situación se suman los obstáculos que encuentran las mujeres cuando quieren acceder a la Justicia. En el informe se incluyen 46 recomendaciones dirigidas a los gobiernos para abordar el problema de manera integral.

 

La delegación argentina estará encabezada por Eva Giberti, coordinadora del programa Las Víctimas Contra Las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Giberti fue invitada en carácter de panelista experta por ONU Mujeres a participar de un panel que abordará la situación de la violencia contra mujeres y niñas, junto con una representante del Reino Unido, Zambia y una ONG de Timor Oriental, entre otras especialistas.

 

Como órgano global de formulación de políticas, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es una comisión operativa del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) abocada exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el adelanto de las mujeres. Cada año, representantes de los Estados Miembro se reúnen en la sede de la ONU, en Nueva York, para evaluar el progreso en materia de igualdad de género, identificar desafíos, fijar principios globales y formular políticas concretas para promover la igualdad de género y el adelanto de las mujeres en todo el mundo. El tema central de este encuentro es: “La eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres”. La sesión incluirá una mesa redonda de alto nivel, diálogos y paneles interactivos, y eventos paralelos. Las ONG marcharán por las calles de la Gran Manzana el 8 de marzo contra la violencia hacia las mujeres, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer. La reunión de 2012 tuvo como tema prioritario “El empoderamiento de las mujeres rurales y su rol en la erradicación de la pobreza y el hambre, el desarrollo y los desafíos actuales”.

 

“Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, junto a numerosas organizaciones nacionales, regionales y globales se propone participar como ONG integrante de la delegación oficial argentina para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, sea en el ámbito privado, en las calles, en las instituciones. Apostamos a que se ponga fin a la violencia sexual, institucional y obstétrica, estas últimas frecuentemente son víctimas las mujeres cuando demandan atención a su salud reproductiva particularmente cuando no se garantiza el derecho al aborto. Hay una violencia institucional también cuando la sociedad demanda ampliar la legislación sobre aborto, presenta proyectos y no es escuchada durante años la demanda de las mujeres en el Parlamento”, dijo a Página/12 Marta Alanis, desde Nueva York, donde participará de la 57ª sesión. “Marcharemos junto a cientos de organizaciones del mundo con el objetivo de llamar a los Estados a tomar medidas concretas para terminar con la impunidad, uno de los principales desafíos para que se haga justicia en casos de violencia contra las mujeres; financiar programas y servicios por la igualdad de género y la realización de los derechos humanos; reducir el gasto militar, una de las fuerzas que impulsan la violencia contra las mujeres; y proteger a las defensoras de derechos humanos, quienes están en la primera línea de defensa de los derechos de las mujeres y se enfrentan a niveles cada vez mayores de violencia de género en todo el mundo”, agregó Alanis.

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Lunes, 28 Enero 2013 06:19

Sueños

Sueños

Dos noticias que a primera vista no están relacionadas brincaron a las páginas de los periódicos en estos días: la tasa de sindicalización de los trabajadores en Estados Unidos se desplomó a su nivel más bajo en casi un siglo y, en lo que algunos consideraron un gran paso en la equidad de los sexos, a las mujeres militares se les permite ahora participar en las primeras líneas de combate.

 

Las cifras sobre sindicalización son alarmantes para los gremios (y bien recibidas por empresarios y fuerzas antilaborales), ya que algunos sugieren que están llegando a un punto de extinción como fuerza social en los ámbitos político y económico. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reportó que la tasa de sindicalización total (sector privado y público) se redujo en 400 mil agremiados durante 2012, aun cuando la fuerza laboral empleada se incrementó en 2 millones 400 mil. Con ello, la tasa de sindicalización se redujo a sólo 11.3 por ciento. Es el nivel más bajo en 97 años.

 

Peor aún, la tasa de sindicalización en el sector privado se desplomó a sólo 6.6 por ciento el año pasado (del ya muy bajo 6.9 por ciento en 2011). Vale recordar que hace medio siglo, 35 por ciento del sector privado estaba sindicalizado.

 

La ofensiva empresarial (apoyada en ocasiones por el gobierno) librada contra los sindicatos desde los tiempos de Ronald Reagan, junto con una ofensiva más reciente contra los sindicatos públicos impulsada por gobiernos republicanos y multimillonarios conservadores en varios estados (Wisconsin, Indiana, Ohio, Michigan, entre otros), ha brindado resultados.

 

El efecto de este debilitamiento sindical, señalan varios destacados analistas, ayuda a explicar no sólo el estancamiento y hasta la reducción de los ingresos para los trabajadores a lo largo de las últimas décadas, sino tal vez el fenómeno que más define este país (y gran parte del mundo) hoy día: la dramática concentración de riqueza por el 1 por ciento más rico (el cual ahora acapara alrededor de 25 por ciento del ingreso nacional y controla casi la mitad de la riqueza nacional). El economista premio Nobel Joseph Stiglitz indica que esta desigualdad está destruyendo el sueño americano.

 

Mientras se esfuma este sueño, en un anuncio que fue presentado como un gran avance en la equidad, el gobierno de Barack Obama levantó la prohibición a la participación de mujeres militares en las primeras líneas de combate en los campos de batalla. Desde ahora, las mujeres también tendrán la oportunidad de enfrentar al “enemigo” y defender la “libertad” en combate, incluso en operaciones clandestinas. Algunos festejaron esto como un gran avance de los “derechos civiles” de las mujeres. Otros decían que es un sueño hecho realidad.

 

Todo esto en unas filas armadas donde las mujeres han sufrido ataques sexuales cada vez más extensos. El informe más reciente del Pentágono sobre el tema registra que una de cada tres mujeres militares ha sido sexualmente asaltada dentro de las filas uniformadas: unas 52 mujeres al día (obviamente esto no es un fenómeno dentro de la vida militar. La periodista Rebecca Solnit reporta que en Estados Unidos, en promedio, hay una violación sexual de una mujer reportada cada 6.2 minutos y que una de cada cinco mujeres sufrirá una violación durante su vida).

 


Estas dos noticias, que se abordaron como temas sin ninguna relación, en verdad comparten un vínculo profundo. Las fuerzas armadas de Estados Unidos (hoy día con un millón 388 mil integrantes, segundas en número del mundo después de las de China) fueron proclamadas como una fuerza “totalmente voluntaria” después de la guerra de Vietnam. El servicio militar obligatorio fue anulado, y ahora los integrantes de las filas uniformadas son ciudadanos que decidieron sumarse o fueron reclutados de manera voluntaria. Estos ciudadanos son invitados al servicio militar a cambio de todo tipo de beneficios: primero, una chamba pagada, capacitación y educación especializada gratis, servicios de salud gratis, vivienda gratis, acceso a créditos y, para algunos inmigrantes, hasta ciudadanía, o sea, casi todo lo que uno no tiene garantizado en la sociedad civil.

 

Los que se integran a las filas militares, hombres y mujeres, son mayoritariamente de esa clase media trabajadora que no sólo es la mayor víctima de la crisis económica actual, sino también de las políticas económicas y sociales de las últimas tres décadas que han generado la mayor desigualdad desde antes de la gran depresión, lo cual fue acompañado con la pérdida de empleos de alta renumeración, permanencia de empleo, fondos de pensión, vacaciones pagadas y seguros de salud ahora sustituidos por empleos de salarios mínimos con casi nulos beneficios, o sea, sin todo lo que se conquistó en gran parte por los sindicatos y que llevó a la creación de esta amplia “clase media” integrada por trabajadores en la era de la posguerra.

 

Lo cual lleva a la pregunta para estos reclutas, y ahora para las mujeres que tendrán el privilegio de estar en las trincheras: ¿qué están defendiendo? Los militares regresan de las guerras (o puestos en unas 150 naciones) a un país donde los más ricos acumulan cada vez más, mientras los demás tienen menos, donde se han perdido millones de empleos y hogares por fraudes financieros. Y llegan a una guerra contra los trabajadores, los inmigrantes y las mujeres. ¿Eso es lo que aquí llaman la “libertad” por la cual fueron a combatir?

 

Todo ante una retórica oficial de igualdad, libertad, paz, seguridad, derechos civiles y humanos. A veces todo esto se parece al gran escándalo del momento: que el himno nacional entonado por la famosa cantante Beyonce junto con la Banda de los Marines en la toma de posesión presidencial de la semana fue un simulacro –ni cantó, ni tocaron–: se trasmitió una grabación. Si ya ni eso es real, ¿qué tanto lo es el resto del cuento oficial de ese sueño americano?

 

Tal vez es un intento de intercambiar un sueño por otro.

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Ni mayor equidad ni más y mejor calidad del empleo

Más allá de la propaganda diaria, los datos son elocuentes: la economía colombiana no copa las expectativas proyectadas desde el alto Gobierno.

 

Por si hay duda, los datos son elocuentes: el 2012 terminó con una fuerte desaceleración. En su segundo semestre el crecimiento económico terminó con una cifra inferior a la esperada, y con tendencias que no dejan de ser preocupantes sobre lo que podría ser su desempeño para el 2013, en un entorno que muestra signos, en lo nacional e internacional, de incertidumbre e inestabilidad.

 

En el ámbito internacional no se advierten signos claros de llegar a una recuperación sostenida de la crisis de los países de Europa y los EEUU, a los que sin duda se encuentra atado nuestro dinamismo y crecimiento económico, así por parte de algunos sectores se afirme que frente a ella estamos blindados.

 

En el ámbito interno, el crecimiento del tercer trimestre del 2012 presentó una contracción del 0,7 por ciento con respecto al trimestre inmediatamente anterior, y un incremento de tan solo el 2,1 por ciento, contra el 7,5 por ciento obtenido en el mismo periodo del 2011. El crecimiento total acumulado al mes de septiembre fue del 3,9 por ciento, cifra que se espera se mantenga al final del año, contra un pronóstico inicial de alrededor del 5 por ciento que fue el pronosticado (1).

 

Pero más sintomático es el hecho de que los indicadores al mes de septiembre reafirman la tendencia de los últimos años, de una economía cuyo crecimiento sigue sostenido sobre el protagonismo del sector minero, cuyos efectos adversos sobre los otros sectores son de sobra conocidos, como consecuencia de la presión revaluacionista que el mayor ingreso de divisas produce sobre la tasa de cambio: la conocida Enfermedad Holandesa. (Ver Bernardo García, p. 10).

 

En efecto, mientras que al mes de septiembre de 2012 el crecimiento del sector minero fue de 7,2 por ciento, el sector agropecuario lo hizo a una tasa de apenas el 2,1 por ciento, la construcción al 0,6 por ciento y la industria manufacturera decreció en -0,1 por ciento. Datos elocuentes, aún si se tiene en cuenta que los últimos de estos sectores son los que por décadas han tenido el mayor potencial generador de empleo, contra un escaso y casi nulo del sector minero y de hidrocarburos.

 

De mantenerse este perfil productivo, la economía estará cada vez más lejos de alcanzar la meta de superación de las elevadas cifras de desempleo estructural, que aún se conservan alrededor del 10 por ciento; pues si bien el 2012 dejó ver al respecto una leve reducción, 1,6 puntos entre noviembre del 2011 y del 2012, el resultado se desdibuja por la presión hacia arriba de las tasas de informalidad, que ya bordean el 65 o 70 por ciento del total del empleo generado en la economía.

 

Economía prospera y boyante, una de las más importantes de América Latina, dice el Gobierno. Pero todo indica que su confianza será efímera, pues de mantenerse el ritmo que traen las cifras, las perspectivas para el 2013 no pueden ser las más optimistas, cuando se augura un crecimiento que en el mejor de los casos no irá más allá de 3,5 por ciento o 4 por ciento; es decir, con una economía en la que seguirá aplazada la posibilidad de lograr no sólo índices más elevados y sostenidos de crecimiento, sino también de una mejora en la cantidad y la calidad del empleo, y en general de las condiciones de vida en especial de las personas de más bajos ingresos.

Más para los ricos

 

Lo anterior pese a que fue precisamente con la idea de superar estas situaciones que el año cerró con la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Una reforma en la que el empeño del Gobierno estuvo dirigido a reducir la carga tributaria de las grandes empresas, justamente con el ya mítico argumento de que es la manera de estimular la generación y formalización del empleo, además de lograr que la sociedad avance hacia mayores condiciones de equidad.

 

Lo cierto es que el texto finalmente aprobado estuvo lejos de cumplir con el requisito de progresividad que demanda el actual sistema de tributación para el logro de mayor equidad en Colombia, y tampoco son convincentes los argumentos sobre los que se soporta la idea de que se avanzará hacia una mayor y mejor calidad del empleo.

 

En el primer caso, porque lo que se hizo fue acordar una serie de medidas que terminaron aumentando las ventajas de los grandes capitales y los sectores de más altos ingresos, a quienes no sólo se les mantuvo los regímenes de excepción sino que se les otorgaron beneficios adicionales. En el segundo, porque no es del todo cierto el argumento de que una mejora en la cantidad y la calidad del empleo dependa estrictamente de las condiciones de la oferta, en este caso de los costos de la mano de obra, sino de la configuración de un perfil productivo que promueva y estimule efectivamente el crecimiento de la demanda agregada en la economía.

 

Se estableció, así, una reducción del impuesto de renta del 33 al 25 por ciento para las personas jurídicas, y una disminución del 13,5 de los costos de los parafiscales, que pasaron del 29,5 al 16 por ciento. Se redujo asimismo el impuesto a las ganancias ocasionales, en especial los que se refieren a herencias y donaciones, y a la venta de activos poseídos por más de dos años. Estos últimos fueron disminuidos del 30 por ciento al 10 por ciento en el caso de venta de sociedades y del 10 por ciento en el caso de venta de activos. Gabelas para los más pudientes, que son los que al fin y al cabo incurren en este tipo de transacciones.

 

No se tuvo en cuenta en cambio las modificaciones que se requiere hacer al pago del impuesto predial, uno de los más regresivos y en donde se protege particularmente a los grandes propietarios, muchos de ellos de tierras improductivas, con todo lo que implica como freno al desarrollo rural o la concentración del suelo urbano. No hubo tampoco modificación sobre el elevado valor de pensiones de que goza un pequeño grupo de privilegiados, las cuales se mantuvieron exentas, lo que significa que serán ellos los que continuarán apropiándose de la mayor porción de los recursos que por este rubro se causan al Estado.

 

En el caso de la reducción de los parafiscales como alternativa para la generación y formalización del empleo, lo que seguro harán los empleadores será aprovechar los nuevos diferenciales a favor para incrementar aún más sus márgenes de ganancia. Por demás, porque así sea menor el costo que les corresponde asumir, continuarán considerándolo como una carga onerosa para sus empresas, y porque no hay tampoco imperativos que les exija compensar las atenciones que a través de la reforma les ha hecho el Estado.

 

Pero lo más probable es que en el mediano o corto plazo el Estado tendrá que afrontar los costos de la reforma, en particular por cuenta de la disminución de los parafiscales, lo que afectará los ingresos con que hasta el 2012 se financiaba el Sena, el Icbf y se aportaban recursos para la salud. No menos por la reducción del impuesto a la renta, que pesará seguramente sobre otros gastos del Estado y que, como suele suceder en el marco de las medidas neoliberales que han orientado las reformas de los últimos años, terminará afectando, de manera especial, los gastos sociales.

 

Lo anterior, aun con el supuesto de que dichos costos serán nivelados con los nuevos impuestos incluidos en la reforma, como el de la Contribución de Renta Empresarial para la equidad CREE, que tendrá un monto que equivale al 8 por ciento del valor final de las utilidades obtenidas por las empresas, que en teoría compensa los ocho puntos menos que se dejan de cobrar por concepto del impuesto a la renta.

 

Lo que no se advierte es que, al estar atados a las utilidades, la certeza sobre la obtención de estos recursos deja un elevado grado de incertidumbre: ¿qué pasa si en condiciones adversas como las que se presagian las empresas no llegan a reportar utilidades, o al menos no dentro de los márgenes esperados por el gobierno? ¿De dónde saldrán estos recursos? ¿Qué efectos se espera sobre el tan buscado equilibrio fiscal? y, para ello, al final, ¿quién pagará los platos rotos?

 

Otro elemento que contradice el espíritu de la reforma fue la creación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional IMAN, que a partir de un valor base gravará la renta de personas naturales, con montos entre el 5 y el 16 por ciento, de acuerdo con el valor de sus ingresos. Aunque se asigna a éste cierto tono de progresividad, lo cierto es que aumentó sobre todo los gravámenes para los asalariados de sectores medios, carga impositiva que al final terminará reflejándose en una mayor contracción de la demanda, y que en términos de progresividad es contrasentido cuando al mismo tiempo se desmontaron gravámenes a los sectores de más altos ingresos.

 

No queda duda, entonces, como siempre, el gobierno de turno favorece a los más ricos. De manera que, ni mayor equidad ni opciones todavía claras de más y mejor calidad del empleo para este y los próximos años.

La ruta

 

No, si no se asume que lo que se requiere es, por un lado, decisiones políticas sobre reformas que lleven, en verdad, a revisar las condiciones de inequidad que siguen pesando sobre la sociedad colombiana: alta concentración de la propiedad de la tierra, subutilización o uso inadecuado de la misma; persistencia de estructuras tributarias regresivas, bajos niveles de remuneración para los sectores asalariados, etcétera; que se reflejan, sin duda, en el desempeño y el balance de su desenvolvimiento económico.

 

Por otro, medidas encaminadas a diversificar la base productiva nacional, que promuevan el desarrollo de la industria manufacturera y de sectores como el de la construcción, infraestructura, agrícola y pecuario; que lleven a reversar el proceso de reprimarización en que ha estado sumida la economía en lo últimos años, debido al protagonismo del sector minero, con las consecuencias adversas ya referidas.

 

Respecto de esto último, es urgente la revisión y reorientación al destino de la inversión extranjera, de manera que no continúe esterilizando el crecimiento económico y llevando a la parálisis de los sectores en los que se suele tener las mayores expectativas de crecimiento sostenido y con mayor potencial generador de empleo.

 

Hay que dar este giro. El país no puede seguir anclado a la dependencia de sus recursos naturales cuyos efectos, además, sobre el sistema medioambiental y las dinámicas sociales de las regiones, en las que predominan, han sido igualmente inconvenientes.

 

Si el dogma neoliberal es el que sigue deambulando sobre las cabezas de nuestros rectores de política económica: libre mercado, apertura indiscriminada, bajos salarios, recorte del gasto social del Estado, preeminencia de los intereses del sector privado, ojalá extranjero, etcétera, las perspectivas de mejoramiento seguirán siendo inciertas y la idea de una sociedad más justa, equitativa y en paz serán otra quimera.

 

* Orlando Ortíz Medina es economista de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado durante varios años en proyectos de Derechos Humanos y como consultor independiente en diferentes áreas de investigación, formulación, evaluación y seguimiento de proyectos con comunidades urbanas y rurales de diferentes regiones del país.

1 http://www.dane.gov.co/files/ses/ses_2013/indicadores_coyunturales_ene5_2013.pdf

Publicado enEdición N°187
Miércoles, 31 Octubre 2012 07:19

Mujeres discriminadas

Mujeres discriminadas

El Banco Central Europeo toma a diario decisiones que afectan la vida de grandes sectores de la población.

 

En el Consejo Directivo del Banco, no hay ninguna mujer. Se abrió una vacante en el directorio y el candidato presentado es un hombre de línea dura. Se informó que no se había encontrado una mujer apropiada.

 

Viviane Reding, vicepresidenta de la Unión Europea, presentó la propuesta de que se obligara a las grandes empresas europeas a romper la discriminación de género en sus consejos directivos y tener un 40 por ciento de ejecutivos mujeres. Los lobbies empresariales fueron mucho más fuertes y la propuesta fue desechada. Exigió un debate público abierto. Señaló que “las mujeres han esperado algo más de 100 años. Ahora ya no pasa de semanas”.

 

Será más difícil. A pesar de sus logros educativos, que han llevado a más mujeres con grados universitarios que hombres en diversos países, las mujeres son menos del 14 por ciento de los ejecutivos en Europa y menos del 8 en América latina.

 

Es sólo la punta del iceberg de la discriminación. Si bien las mujeres han ingresado masivamente al mercado de trabajo ganan considerablemente menos que los hombres. En EE.UU., en el segundo semestre de 2012, las mujeres entre 35 y 44 años ganaban el 79 por ciento de lo que percibían los hombres, entre las de 45 a 54 años era el 73 por ciento.

 

En Gran Bretaña, la Corte Suprema en un fallo histórico (25/10/12) condenó a la ciudad de Birmingham, la segunda del país, por no pagar a humildes trabajadoras los suplementos que pagaban a los hombres, que duplicaban su ingreso.

 

En España las mujeres ganan 22 por ciento menos que los hombres por igual trabajo. Las políticas de austeridad están deteriorando severamente su situación. En el ranking 2012 de igualdad de género del Foro Económico Mundial cayó del puesto 12 al 26.

 

En “participación económica y oportunidad”, entre 135 países España está en el puesto 75, y descendiendo. Inciden los agudos recortes en educación y salud y las severísimas reducciones en conquistas de muchos años, como el apoyo estatal para el cuidado de ancianos y la extensión de la licencia paterna en los nacimientos.

 

En América latina, con avances, los datos de la respetada ONG internacional PLAN (2012) muestran que 104 millones de niñas están rezagadas en su escolaridad. Diferentes barreras les impiden alcanzar nueve años de escolaridad, entre ellas la desnutrición, el embarazo adolescente y que no las inscriban en la escuela para que ayuden en el hogar o trabajen.

 

PLAN retrata que “muchas niñas se levantan a las cuatro de la mañana, lavan la ropa, hacen la comida y después van a la escuela, de la que regresan a trabajar de nuevo en el hogar”. Como no tienen tiempo para hacer los deberes, ni estudiar, terminan rezagándose y desertando.

 

A ello se agrega “la violencia que las niñas enfrentan en la calle, en la escuela, a través de hostigamiento e incluso abuso sexual”. Por otra parte, en la escuela misma se sigue transmitiendo “estereotipos sexuales machistas” a través de la currícula y de mensajes subyacentes.

 

México ilustra la situación que enfrenta la mujer en muchos países de la región. Las mujeres laboran muchas más horas que los hombres, sumando trabajo y hogar. En total, en 2010, 2344 millones de horas ante 1859 millones de horas de los hombres.

 

Las tareas de las mujeres en el hogar, cuidado de la educación de los niños, atención a los mayores, preparación de alimentos, compras y administración del hogar, entre otras, son esenciales para la sociedad. Realizan en México el 80 por ciento de estas tareas.

 

Este esfuerzo no tiene ninguna remuneración, ni siquiera figura en las cuentas nacionales. En México significaba, en 2006, el 21 por ciento del Producto Bruto Nacional y en 2010 había subido al 21,9. Superaba a la industria, que aportaba el 17,2 por ciento del PBI y al comercio, que generaba el 15,7. El trabajo de las mujeres mexicanas en el hogar era 1,8 veces el producto bruto total de Finlandia y casi lo mismo que el de Suiza.

 

La situación diaria es muy tensa para muchas mujeres en México y América latina. Se han integrado al mercado laboral y deben luchar duramente ante la discriminación de género para poder avanzar. Al mismo tiempo, los trabajos del hogar están a su cargo. Es una doble jornada de trabajo interminable.

 

Encima, sus tareas en el hogar no tienen reconocimiento alguno. Son como “si no hicieran nada”.

 

Son las primeras afectadas por las políticas de austeridad salvaje. Al reducir servicios básicos del Estado, se está delegando en ellas, sin apoyo, el problema de asegurar alimentación, educación, salud. En América latina, la Cepal estimó que sin el sacrifico personal inmenso de las mujeres pobres solas jefas de hogar, en los años de la hegemonía neoliberal la tasa de pobreza hubiera sido 10 por ciento mayor.

 

A las severas discriminaciones laborales contra la mujer se suman entre otras la discriminación en la política, su conversión en objeto sexual por espacios masivos de televisión y otras extremas, como la violencia, el femicidio, la lenidad de la Justicia ante los agresores. También sigue la impunidad en lugares de asesinatos continuos de mujeres como Ciudad Juárez, Guatemala y otros.

 

Se puede hacer diferente. Claro que sí. En la tabla del Foro Económico Mundial figuran a la cabeza Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Señala el informe que los países nórdicos han logrado la combinación ideal con uno de los mayores porcentajes de participación de la mujer en la fuerza laboral, las menores diferencias salariales entre sexos y las oportunidades de liderazgo para las mujeres en las áreas pública y privada.

 

Ello tiene que ver con su modelo enconómico global, orientado a la igualdad. El ranking lo cierran países como Irán, Siria, Arabia Saudita y Pakistán.

 

No son de sorprender los avances de la Argentina actual en la tabla. Es el cuarto país de la región en estar cerrando la brecha de género, después de Barbados, Costa Rica y Bolivia.

 

En un mundo donde los 200 billonarios mayores siguen aumentando la diferencia –y según la lista Bloomberg (29/10/12) tienen ahora un patrimonio igual al del producto bruto de Francia, la quinta economía del planeta–, la lucha por la igualdad de la mujer es parte central de la pelea contra la desigualdad.

 

Asimismo está en juego en reintegrarle sus derechos violados, una y otra vez, la dignidad de toda la especie humana.

 

Por Bernardo Kliksberg. Está en prensa el nuevo libro del autor: Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad.

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Sábado, 21 Abril 2012 10:44

Una falla imperdonable

Una falla imperdonable
En 1980, el Gobierno se percató de que el salario de militares y policías era muy bajo con relación al resto de trabajadores, debido a la excesiva cantidad de retiros que estaban ocurriendo. Decidieron subir esa estructura salarial a un nivel acorde con su función social. Con ese propósito, en 1981 equipararon la remuneración de los generales a la de los parlamentarios. Siguieron este proceso hasta el grado de coronel, cuando lo suspendieron en 1986 sin haberlo efectuado a los grados de teniente coronel hasta adjunto 5°. Crearon una amplia brecha en perjuicio de este segmento. Las presiones gremiales de distinta índole revivieron este proceso mediante el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, que dispone: “El gobierno nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la fuerza pública […] la nivelación […] debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996”. Pero esto nunca saltó del papel a la realidad, como se ve en el cuadro “Estructuras salariales pagadas”.

El artículo 13 de la referida norma tiene por objeto darle continuidad a la nivelación salarial de la fuerza pública y sus reservas, iniciada en 1981 y suspendida en 1986. No como afirman algunos falsos profetas, dando a entender que este proceso empezó en 1992, lo cual genera enormes perjuicios por soslayar el contexto histórico. Basta comparar las EGP del cuadro “Estructuras salariales pagadas” para comprender que todas son peores que la equitativa que rigió en 1980. Lo correcto consistía en reajustar el SB de todos los grados y empleados en la misma proporción que el del general. Conscientes de esta nociva intención, los integrantes de la reserva democrática de Colombia la repudiamos y permanecemos alertas, toda vez que somos víctimas del proceso interrumpido en 1986, momento en que empiezan a torcerlo. En especial, por pretender que la nivelación quedó consolidada con el Decreto 107 de 1996, que promulga una EGP que no acata lo dispuesto en la Constitución y las leyes.

Para quienes tuvimos que ver con el logro del artículo 13 de la Ley 4 de mayo 18 de 1992, lo más grave e indignante fue descubrir que 15 días después de su promulgación el gobierno nacional produjo el Decreto 921 de junio 2 de 1992, cuyo artículo 14 modifica la remuneración de general en tal forma que sólo perjudica a los demás grados y empleados de la FP. En efecto, recorta la base de cálculo de todos los SB a la asignación básica y los gastos de representación que devengan los ministros, monto muy inferior al que tuvo vigencia hasta mayo 31 de 1992.

Un desacierto del gobierno nacional privó al pueblo trabajador colombiano de los efectos benéficos resultantes de la Ley 4 de 1992. En el ámbito privado no se conoce el nivel de ingresos personales máximo ni mínimo, pero en el estatal debe tener una distribución conocida, razonable y justa, lo cual incide en el nivel global. Por eso carece de lógica y justificación haber acrecentado 3,8 veces los sueldos más elevados de los funcionarios del Estado entre enero de 1992 y enero de 1993, cuando pasaron de $906.000 a $3.456.376. Sobre todo porque los mismos son reajustados cada año a una tasa que fija la Contraloría General de la República, que siempre es superior al IPC que certifica el Dane y que, además, ello ocurre a través de actos administrativos producidos después de promulgada la referida Ley 4. Este ejemplo es particular del estamento castrense. Sin embargo, permite intuir que en otros campos tuvo similar comportamiento, pues el salario mínimo apenas fue reajustado un 25 por ciento en el aludido lapso en que se hizo el aumento de 3,8 veces.

A través del cuadro “Fuerza pública, evaluación salarial a pesos de 2011”, podemos apreciar el desbarajuste propiciado. Lo real del momento es que la remuneración total asignada a congresistas, ministros, generales y demás funcionarios de alto rango en 2011 es de $21’045.638, incluyendo la igualadora prima especial de servicios. Acatando los principios de igualdad, favorabilidad, debido proceso, legalidad y respeto a los derechos adquiridos, no se pueden modificar los parámetros puestos en práctica entre enero 1° de 1981 y mayo 31 de 1992, como es que el general devengue una remuneración igual a la del congresista en todo tiempo y por todo concepto, repartida 45 por ciento como SB y 55 como primas. Con base en la propuesta que le presentamos al Ministerio de Defensa Nacional en 1994, parto de un SB equivalente a $9’470.537, que es el punto de partida de la EGP y referencia indispensable para calcular todos los SB; el monto restante son primas por $11’575.101. La columna SB $ 21’ muestra esta absurda secuencia como producto de cumplir la normatividad legal vigente a la institución armada.

Por otro lado, la columna SB $ 13’ corrige el error garrafal cometido en 1993. Permite ver un reparto salarial justo y equilibrado que normaliza esta aberrante situación. Parte de una remuneración total asignada a los más altos funcionarios estatales de $ 13 millones, la cual lleva a que el 45 por ciento del SB del general sea de $ 5’850.000 y sus primas sean el 55 por ciento que asciende a $7’150.000.

La columna año 2011, del cuadro “Estructuras salariales pagadas”, deja ver el efecto nefasto de la burrada del 93, como es que los grados y empleados ubicados en el escalafón por debajo del general, estén devengando una retribución inferior a la de profesionales con análoga preparación y menores exigencias y riesgos, lo cual representa entre un 40 y un 25 por ciento de lo que merecen quienes están sometidos a una extensa y peligrosa jornada laboral, que impone el cumplimiento de la función social en que vive empeñada la FP.

En conclusión, queda claro que la violación de la Ley Marco de Salarios estatales y otras normas superiores acrecentó la desigualdad en el campo laboral y comprobó que, sin un cambio estructural, no será posible superar los desequilibrios y las injusticias endémicas a que estamos sometidos en Colombia.





Por JUAN JOSÉ NEIRA GÓMEZ, Capitán del Ejército en retiro. Economista, Universidad Externado de Colombia.

Publicado enEdición 179
Sábado, 07 Abril 2012 08:26

"Un Estado laico es una utopía"

"Un Estado laico es una utopía"

Curas y obispos ecuatorianos se echaron las manos a la cabeza cuando se enteraron de la existencia de un proyecto de ley que rechazaba la injerencia de la iglesia en la esfera pública y abogaba por la neutralidad del Estado frente a las creencias religiosas. Lo había escrito Pablo Villagómez Reinel, subsecretario del Ministerio de Exteriores de Ecuador, pero no como una propuesta en firme de su Gobierno, sino a título personal.
 

Era, en realidad, un ensayo sin carácter oficial, pero su difusión a través de Internet generó una fuerte polémica y lo puso en la picota. "Siempre me interesaron los temas religiosos, el libertinismo erudito y el pensamiento radical e ilustrado", explica el asesor del ministro del ramo, Ricardo Patiño. "Por eso decidí recoger los principios laicos en un documento con forma de ley", añade Villagómez, cuyo trabajo fue tildado por la jerarquía católica de su país de "totalitario y estatista".
 

¿Por qué ha sido tan polémica su Ley Orgánica de Profesión Religiosa y de la Ética Laica? ¿Qué propone en el texto?

Es un trabajo académico sobre el laicismo y el Estado laico elaborado en un formato de ley. Me planteo cómo sería una ley laica si llegara a existir. En resumen, recoge los principios y los postulados del laicismo en un articulado que pretende darle toda su dimensión a lo que tendría que ser un Estado laico.
 

¿Cuál es el estado de salud del catolicismo en Ecuador? ¿Qué peso tienen otras manifestaciones religiosas?

Ecuador es un país supuestamente de mayoría católica, aunque –según algunos informes y cifras imparciales– sólo un 35% de la población practicaría realmente el catolicismo. Por otra parte, han penetrado las iglesias evangélicas, que tienen elevado número de feligreses. En todo caso, es un poco difícil establecer con certeza absoluta el porcentaje de católicos.
 

Practicantes...

Se definen así por tradición y costumbre, más que por una práctica religiosa.
 

¿Han logrado implantarse sectas y ultras católicos?

Sí, está presente el Opus Dei y otras religiones de cuño norteamericano, como mormones, anglicanos, pentecostales y santos de los últimos días.
 

¿Ocupa el Opus Dei espacios de poder político y económico?

Como en todas partes, sí. El estrato de la gente que pertenece a ese tipo de congregaciones religiosas proviene de sectores económicamente acomodados.
 

¿Definiría a Ecuador como tradicional, conservador y católico?

Lo interesante es que también se ha producido el desarrollo de la iglesia social, representada por elementos eclesiásticos que han tenido una actitud progresista y han contribuido a llevar a cabo proyectos de carácter social, especialmente en zonas deprimidas. Hay una divisoria entre la iglesia católica tradicional jerárquica y la iglesia de bases.
 

¿Considera su documento rompedor en el contexto ecuatoriano?


Sí, porque al proponer el Estado laico como alternativa y buscar que ninguna entidad religiosa tenga privilegios, lógicamente significa una ruptura respecto a lo que existe y se acepta oficialmente o como algo natural. El laicismo propone una serie de principios fundamentales que separan a la iglesia del Estado y a la religión de la esfera pública.
 

¿Ve viable un Estado laico en Ecuador?

Es una utopía, no sólo en Ecuador sino en otros países del mundo, incluidos algunos europeos, como España. Lo que debe prevalecer en la vida social es el concepto de ciudadano, más que el concepto de creyente. Éste, por la propia naturaleza del derecho de profesión religiosa, ejerce ese derecho de una manera privada, personal e íntima. Mientras, el ciudadano ejerce sus derechos objetivos de una manera pública y política. El ciudadano es un ser político y el creyente, simplemente, es una persona que tiene unas creencias religiosas que no necesitan politizarse o hacerse públicas para que existan.
 

El cardenal Antonio Arregui y otros jerarcas de la iglesia católica ecuatoriana se han manifestado en contra de su documento. ¿Qué le parece su reacción?

Criticaron mi propuesta, pero sin mayores fundamentos y movidos por el temor de que ciertos derechos y libertades de las entidades religiosas pudieran ser suprimidos si una ley de esa naturaleza llegara en algún momento a ponerse en vigor.
 

"Las creencias religiosas no necesitan politizarse"

En Suramérica, incluso algunos gobiernos progresistas y de izquierdas son afines a la iglesia católica o se declaran católicos porque romper con esa tradición significaría alejarse de los potenciales votantes, ¿no?
 

Sí, claro.


¿Sucede esto en Ecuador? ¿Cree que sería demasiado arriesgado, desde un punto de vista electoral, desmarcarse del catolicismo?

Es probable, pero en algún momento hay que dar el paso de construir ciudadanía, aunque eso signifique un riesgo o desafío político. Las sociedades modernas necesitan respuestas diferentes a sus problemas humanos, sociales y económicos. Sin duda alguna, para ello es necesario una visión distinta del fenómeno religioso, que responda a la realidad actual. El hombre contemporáneo pasa por una visión diferente de la religiosidad.
 

¿Qué poder tiene actualmente en Ecuador y Suramérica la iglesia católica?

Forma parte de las estructuras de poder. Es un poder fáctico que tiene incidencia en la vida civil, especialmente en los creyentes, que confían a esta institución muchos aspectos de su vida, incluida la privada. La Iglesia posee una dosis de poder importante.
 

¿Hay movimientos laicos en Ecuador con peso o están comenzando?

A finales del siglo XIX y principios del XX, se produjo un gran movimiento revolucionario radical desde el liberalismo ilustrado que significó la primera ruptura con la iglesia católica. Esta firmó en 1862 un concordato muy conservador que había absorbido casi por completo las instituciones republicanas y tenía una preminencia total en la vida social, por lo que la revolución puso las bases de lo que es el laicismo ecuatoriano. Ha habido pensadores laicos muy interesantes que han escrito y trabajado durante todo el siglo XX. Ecuador es un país con alguna tradición laica y que se asume como laico, aunque no sé perfectamente qué sentidos y significados concretos tiene ese laicismo.


Por HENRIQUE MARIÑO (@solucionsalina)Madrid07/04/2012 00:30 Actualizado: 07/04/2012

Publicado enInternacional
Colombia, la Corte Constitucional da un “ultimátum” de dos años al Congreso para legislar las  uniones de parejas del mismo sexo
Las conclusiones del pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia al respecto de las uniones matrimoniales entre parejas del mismo sexo, contiene varias noticias que se dan al tiempo: en primer lugar, que la Corte reconoce que existe un vacío legal que se debe suplir y evitar la discriminación, en este sentido, que sufren estas parejas; en segundo lugar, que las familias formadas por parejas del mismo sexo sí constituyen una familia; en tercer lugar, que el Congreso debe legislar sobre esta cuestión bajo las consideraciones anteriores y que, en caso de no hacerlo antes del 20 de julio de 2013, la parejas del mismo sexo podrán acudir a notarías para legalizar su unión bajo los mismos efectos que tienen las uniones matrimoniales. Eso sí, no sabemos si bajo el mismo nombre.
 
Es, precisamente, este último punto el que “levanta más ampollas” y el que demuestra el baile entre dos aguas (entre lo laico y lo no laico) realizado por el Constitucional ya que, al tiempo que defiende que las parejas del mismo sexo son familia, intenta no enfrentarse con los sectores más católicos al no definir que también estas uniones son “matrimonio”. 
 
Resulta por tanto, enormemente difícil hacer un análisis de las conclusiones tomadas por la Corte Constitucional de Colombia, tras ocho horas que ha tenido de deliberación, en lo que respecta a este tema. Sobre todo porque si bien la decisión de la Corte es un triunfo en la ganancia de derechos humanos en el país que reconoce, un poco más, a las personas que no tienen una relación heterosexual también es cierto que es un triunfo precisamente por ser Colombia el país donde se está debatiendo esta cuestión. Es decir, que es un triunfo para un país donde los derechos de las personas que no responden a los patrones de una heterosexualidad obligatoria, se han dado y se siguen dado “a cuenta gotas”. Pero que no es el triunfo ideal ni el que se correspondería con el de un país comprometido con su democracia.
 
Bien es cierto, también, que las decisiones de la Corte hay que medirlas en su contexto y no comparándolas con la tomada por la Corte de otros países que (casi en las mismas circunstancias) sí han logrado hacer honor a su responsabilidad jurídica y no han dudado en pronunciarse de forma no sesgada al respecto. Es este el caso de Sudáfrica cuyo Constitucional Supremo en 2005 emitió un dictamen ordenando al gobierno que legalizara el matrimonio entre parejas del mismo sexo y dándole dos meses para hacerlo. Casi… (en el dos nos parecemos): aquí la Corte deja un plazo de dos años y no ordena nada al Congreso a pesar de conocer de antemano las seis oportunidades que este ha tenido para legislar al respecto sin cumplir, en ninguna de ellas, con su responsabilidad y su deber. 
 
El presidente del Alto Tribunal, Juan Carlos Henao, expresaba ayer al respecto que sería el Congreso en el término de dos años quien le colocara el nombre a estas uniones “que a bien tenga dentro del cual también puede estar incluido la palabra matrimonio porque fue la interpretación amplia que se le dio al art. 42”. Asimismo, decía: “Considero que las uniones de personas del mismo sexo sí pueden construir familia”. Es este reconocimiento precisamente el más importante, ya que da las herramientas tanto a las personas que van a perseguir este derecho como al Congreso de poder legislar sobre el tema ya con unos parámetros de pronunciamiento jurídico claros al respecto: a saber, que las parejas del mismo sexo sí conforman, desde el punto de vista del Constitucional, una familia.
 
Con todo, la petición al Congreso para superar el estado de “omisión legislativa” en la que tiene a las parejas formadas por dos personas del mismo sexo, da una oportunidad de oro al presidente Santos para que haga efectivo ese estado de “regeneración democrática” que quiere para Colombia. Una oportunidad de oro para eliminar la imagen de un país de derechos restringidos y de pronunciamientos tímidos que no acaban de convencer, ni a nivel nacional ni internacional, en su laicismo. Después de todo, no es solo una cuestión de imagen: ayer la Corte hizo honor con sus actos a ese imaginario colectivo.
 
Aun sí, tanto las demandantes (Colombia Diversa y el centro DeJusticia, entre otros) como las personas que, sin cesar, han apoyado y defendido los derechos de las parejas del mismo sexo, deben saber que ayer se hizo historia; eso sí, “a la colombiana”, y que la presencia de estos derechos es ya tan fuerte que ni la Corte los puede negar con un no rotundo. El pronunciamiento a medias tiene esas dos consecuencias: que si bien no quieren decir que sí, saben perfectamente que no pueden decir que no.
 
 
 
 
 
 
 
Publicado enColombia
Martes, 19 Julio 2011 18:56

Mujeres, mujeres

Mujeres, mujeres
Englobar a todas las mujeres en la palabra mujer o su plural sería un empeño fútil, como dijera Juan Carlos Onetti. Es un hecho manifiesto que dimana de sus diferencias culturales, psicológicas, subjetivas y otras obvias. Pero hay parámetros sociales que permiten agruparlas bajo la etiqueta general, “la mujer”, “las mujeres”, en lo que hace a la discriminación, la desigualdad de los géneros y temas por demás urticantes.
 
La flamante Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Géneros y el Empoderamiento de la Mujer (UNW), que la Asamblea General, órgano máximo de la ONU, creó en julio del año pasado y que preside la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, acaba de dar a conocer su primer informe sobre la situación de la mujer en todo el mundo (//progess.un women.org, junio de 2011). El estudio guarda objetividad, señala los progresos en la materia que se vienen dando desde comienzos del siglo XX y, a la vez, despliega un panorama en el que la desigualdad de géneros persiste tenazmente. Se podrá decir que se trata de una verdad perogrullesca, pero la investigación de UNW precisa detalladamente sus contornos.
 
En 117 países rigen leyes que garantizan la igualdad de salario de los géneros por el mismo trabajo, pero el promedio global indica que la mujer recibe del 10 al 30 por ciento menos que el hombre en todas las regiones y sectores. Ese desnivel alcanza el 23 por ciento en EE.UU., donde se acentúa para las afroamericanas (39 por ciento) y las latinas (48 por ciento). La discriminación racial agrava la económica.
 
El informe aborda la presencia de la mujer en las instituciones y anota avances: la presencia femenina en el Congreso de EE.UU. aumentó del 11 por ciento en 1997 al 17 por ciento en 2010, mientras que en Ruanda asciende al 51 por ciento y en seis países de América Latina y el Caribe –Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Guyana– cumple o excede el 30 por ciento fijado como meta mínima a nivel internacional. Las mujeres desempeñan un tercio de los cargos ministeriales estadounidenses, el doble del promedio mundial, y cuatro ocupan la presidencia (en Argentina, Brasil, Costa Rica y Trinidad Tobago).
 
Hay fenómenos nuevos, como la promulgación en Nepal de leyes que aseguran a la mujer la igualdad de derechos hereditarios, y otros que no cesan: la violencia hogareña, la violación dentro y fuera del matrimonio no cuenta con una verdadera protección legal y padece una condena social tácita. El informe de la UNW registra que las mujeres de todo el mundo denuncian más los robos que las violaciones: los resultados obtenidos en 57 países revelan que sólo el 11 por ciento del total acude a la Justicia en el primer caso, contra el 38 por ciento en el último. “La evidencia muestra –apunta– que en EE.UU. los jurados son especialmente proclives a cuestionar la credibilidad de las mujeres afroamericanas y latinas en los casos de violación.”
 
Esta lenidad o insolvencia judicial se repite en el Viejo Continente: un estudio de 2009 detectó que sólo un 14 por ciento de las denuncias por violación presentadas en países europeos desembocó en una condena del culpable y en alguno, apenas el 5 por ciento (//tigerbeatdown.com, 7-7-1). En Sudáfrica únicamente uno de cada seis casos llega a los tribunales y el 94 por ciento de los acusados sale indemne. Las mujeres indígenas de varios países latinoamericanos sufren una triple discriminación en las cortes por razones étnicas, de pobreza y de género. Pocas hablan español o portugués y los servicios de traducción son casi inexistentes. El acceso igualitario de la mujer a la justicia está en veremos todavía.
 
El estudio de la UNW centra su atención en el tema de la violencia marital contra la mujer, es decir, el de “la mujer golpeada”. El ordenamiento interno de 125 naciones ilegaliza la violencia doméstica, pero según encuestas que se realizaron en 20 países de Europa, del 8 al 35 por ciento de las mujeres la sufría en el hogar. En EE.UU., un 22 por ciento. Casi un 50 por ciento en Sri Lanka, 33 por ciento en Jordania y así de seguido. A la vez, se observa un suceso verdaderamente extraño: los niveles de consentimiento del maltrato.
 
Mentes occidentales prejuiciosas tal vez no se sorprendan de que el 30 por ciento de los interrogados y las interrogadas en Sri Lanka, más del 50 por ciento en Malasia y el 65 por ciento en Tailandia hayan manifestado que es aceptable a veces que un hombre le pegue a la mujer. Qué han de pensar cuando se enteren de que esa proporción es del 16 por ciento en EE.UU. El mito del machismo latinoamericano parece en decadencia: el 85 por ciento de los encuestados en siete países de la región opinó que es inadmisible pegarle a su mujer.
 
Los derechos de la mujer mucho adelantaron en el mundo desde que por primera vez se ejerció el voto femenino, en Nueva Jersey, en 1776, abolido 30 años después, y es evidente que ello se debe sobre todo a las luchas por la igualdad de las mujeres mismas. El informe de la UNW descubre hasta qué punto, dados los disímiles paisajes del mundo, hombres y mujeres no han llegado aún al cabo de la calle.

Por Juan Gelman
 
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 La insoportable levedad del ser… mujer
Ser mujer en las sociedades occidentales es complicado. Tenemos que enfrentarnos a todo tipo de discriminaciones dentro de nuestra esfera personal y profesional, trabajar dentro y fuera de casa, limitar el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos a lo que la sociedad patriarcal espera de nosotras, estar sujetas a la tiranía de la estética y lidiar con todo tipo de actitudes sexistas por parte de los medios de comunicación y de nuestros propios entornos. Si bien es cierto que se ha avanzado en la igualdad de género en ámbitos educativos, profesionales y sociales , todavía nos queda un largo camino de luchas, decepciones y equivocaciones hasta poder alcanzar una igualdad real entre los sexos.
 
Ser mujer en las sociedades orientales es complicado. Se tienen que enfrentar a la misma estructura discriminatoria y sexista, y al vapuleo continuo y sistemático de sus derechos. La única diferencia entre nosotras, vosotras y ellas, es la distancia recorrida dentro del camino hacia la igualdad. Además, todas compartimos un riesgo común, que no es otro que la justificación de la opresión y discriminación a través de premisas de respeto cultural. Si bien es cierto que el concepto de cultura es muy amplio, diferenciar lo que es cultura de lo que no lo es dentro del concepto de la igualdad de género, resulta simple: no es cultura y por ende no debería ser considerado como tal, cuando viola mis derechos. Así de simple. Y de la misma forma en la que se están violando mis derechos en Arabia Saudí cuando no se me permite conducir, también se están violando mis derechos en Brasil cuando se me impone tener un cuerpo perfecto para recibir un mínimo de valoración social.
 
En mi opinión, el problema estriba en la confusión en la que nos sumimos las mujeres occidentales al creernos frecuentemente superiores a las orientales por el simple hecho de haber dado un paso más en la carrera hacia la igualdad de género. Esta ficticia superioridad nos sitúa en posiciones sexistas e intolerantes con la situación de las demás mujeres, fragmenta nuestra lucha y nos hace más débiles. Que en occidente se lleven las manos a la cabeza cuando ven a una mujer con velo, mientras que aceptan con normalidad el rostro plastificado y sin expresión de su vecina de al lado -forzada a no envejecer por una sociedad donde reina la tiranía estética- resulta sintomático de que algo falla en nuestra aproximación a la realidad. Y es que estamos mezclando temas, y nos estamos dejando arrastrar por la estructura patriarcal, androcéntrica y opresiva que hemos interiorizado desde nuestro nacimiento.
 
Propongo en este punto dar un paso hacía atrás e intentar aproximarnos a la realidad desde una nueva perspectiva, que no es otra que la perspectiva de género. Porque en definitiva, ser mujer, es complicado. Y todas estamos en el mismo barco, por lo que debemos estar muy atentas a la hora de definir el camino que queremos tomar hacia la igualdad de género, ya que no todo vale. Este camino debe estar regido por criterios de equidad, esto es, aplicar las medidas necesarias para transformar situaciones injustas en justas. Así que vamos a intentar no despistarnos con excusas culturales o con mal entendidas libertades personales. 

Por Sabina Sifrin
Centro de Información Alternativa (AIC)
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