Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enColombia
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enEdición Nº253
Martes, 04 Diciembre 2018 07:30

La encrucijada fiscal

La encrucijada fiscal

La situación fiscal de Colombia es compleja. Y sus dos características más relevante son: falta de recursos y ausencia de criterios de progresividad.

La falta de recursos

Colombia tiene una presión fiscal muy baja. El peso de la tributación con respecto al PIB es reducido. Apenas representa el 14,9% del PIB. Este porcentaje es muy pequeño en el ámbito internacional. Y, además, es reducido con respecto a las necesidades de modernización del país.

Con respecto a otros países es claro el poco peso que tiene el Estado en Colombia. En América Latina la presión fiscal es relativamente mayor. En Argentina es 32%, en Brasil 31%. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es, en promedio, de 36%. La diferencia entre Colombia y los demás países es significativa.

Pero lo más relevante no es la constatación de la diferencia, sino el desconocimiento de esta realidad por gran parte de la población, y de numerosos políticos y empresarios. En la reciente campaña electoral hizo carrera el supuesto de que en Colombia los impuestos son muy altos. Se menospreció el dato agregado sobre la presión fiscal. Y para justificar esta actitud, se mostraron mediciones, a nivel micro, en las que los impuestos a las empresas son elevados. Para algunos autores la tasa efectiva que pagan las empresas, con respecto a la utilidad, es de 59,6%. Otros estudios, como el realizado por el Banco de la República , llegan a conclusiones completamente distintas: la tributación del capital ha sido, en promedio, de 15,7%.

En el diagnóstico oficial se le ha dado más relevancia a los estudios que suponen una elevada tributación. El gobierno y los gremios han construido el discurso alrededor de las cifras más altas. Es lógico, entonces, que desde esta mirada se concluya que los impuestos se tienen que reducir. Y el gobierno está proponiendo que la tarifa del impuesto a la renta de las empresas baje del 33% al 30%.

Se ha dicho que una forma de compensar la disminución de los impuestos a las empresas es recurriendo a impuestos indirectos (diversas modificaciones del impuesto al valor agregado (IVA), y mejorando la eficiencia de la institucionalidad responsable de la tributación. Y por el lado del gasto el gobierno ha propuesto alternativas de austeridad. El presidente Duque es muy optimista y supone que la conjugación de estas medidas van a reducir el déficit fiscal y, además, permitirán reactivar la economía.

Frente a la austeridad se distinguen las medidas propuestas por gobiernos de Santos y de Duque. Cárdenas, el ministro de hacienda de Santos, popularizó el término “austeridad inteligente”. Se trataba de disminuir aquellos gastos que no tuvieran impacto en el crecimiento económico. La intuición del Ministro lo llevaba a proteger el monto destinado a la inversión pública. En su opinión, la austeridad es inteligente si protege el gasto público con mayor efecto multiplicador. Para lograr este propósito habría que establecer una taxonomía del gasto, diferenciando entre los de mayor y menor impacto sobre la economía. En la práctica este ejercicio no es posible porque siempre se podría argumentar que determinado gasto (educación primaria, protección de cuencas…) puede tener, en el largo plazo, un impacto mayor que la inversión de corto plazo, como las carreteras. La distinción entre uno u otro gasto siempre es arbitraria y quedaría supeditada a la percepción del ministro de hacienda del momento. De todas maneras, el gobierno Santos no pudo reducir el gasto, y las finanzas públicas terminaron con un desequilibrio de 25 billones de pesos.

La primera determinación que tomó el gobierno de Duque para responder a las necesidades fiscales, fue una reducción del déficit de corto plazo, mediante una recomposición de la deuda, que liberó 10 billones. El desbalance se redujo a unos 15 billones. Además de la reforma tributaria, el presidente Duque piensa que el déficit se puede reducir con su modelo de austeridad.

Duque ha prometido que disminuirá el gasto con las medidas de austeridad, centrando la atención en la reducción de las plantas de personal “paralelas”. Esta alternativa no es realista porque significaría acabar con el Estado. En el país hay 1,4 millones de funcionarios, que equivalen al 5,3% de los ocupados. De nuevo, esta relación es muy baja cuando se compara con otros países. En México, Brasil y Chile está alrededor del 15%. En Canadá e Inglaterra es el 27%. En Noruega es 33% y en Dinamarca es 36%. Y en los países de la Ocde es de 25%. Puesto que el número de funcionarios es tan bajo, en Colombia no queda más alternativa que contratar por fuera de planta y por períodos de tiempo definidos. En estas circunstancias, no existe la más mínima posibilidad de que la austeridad de Duque tenga éxito.

Puesto que las medidas de austeridad no han funcionado, y dada la presión para bajar impuestos, es muy factible que el déficit fiscal continúe creciendo. Si el gasto en lugar de bajar mantiene su tendencia al alza, y si la presión por reducir los impuestos se mantiene, no queda otro camino que aumentar la deuda pública. En Colombia, el saldo de la deuda pública con respecto al PIB es de 47%. Un porcentaje importante, pero relativamente bajo comparado con el de los Estados Unidos (105%), o con el de Japón (201%). En el promedio de países de la Ocde la relación también es superior al 100%.

La mayor deuda debilita la estructura de las finanzas públicas, y el pago de intereses se va convirtiendo en una carga muy pesada para el conjunto de la sociedad. Colombia ha optado por el camino fácil de no aumentar los impuestos, y de permitir que el saldo de la deuda crezca de manera significativa. La única forma de contrarrestar esta tendencia sería aumentando los impuestos, pero ello no es posible dada la acogida que ha tenido la idea de la alta tributación que supuestamente existe en el país. Al no reconocer que los impuestos en Colombia son bajos, la política pública toma decisiones inadecuadas.

Débil progresividad

Las medidas propuestas en el proyecto de reforma tributaria buscan una progresividad muy débil. Son temerosas, y no obligan a los ricos y a los grandes capitales a que aumenten sus niveles de tributación.

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad , se reconoce de manera explícita que la lucha contra la desigualdad es una prioridad del gobierno. Y se dice que en los próximos 4 años el Gini de ingresos laborales bajará de 0,508 a 0,47. En las Bases no se mencionan otras formas de concentración, que son escandalosas. En las zonas rurales, de acuerdo con el último censo agropecuario realizado en el 2014, el Gini de concentración de la tierra es de 0,93.

Es importante reducir el Gini del ingreso laboral, pero esta medida es insuficiente. Para que efectivamente haya un pacto por la equidad es necesario disminuir el Gini de la riqueza. Y para lograrlo, el instrumento privilegiado es la progresividad del impuesto. Pero este es, precisamente, el asunto que no se quiere discutir en el Congreso de la República. Las medidas propuestas son muy tímidas. Entre ellas, la tarifa al patrimonio oscilaría entre 0,75% y 1%. Los impuestos al suelo y al urbanismo ni siquiera se consideran, y podrían ser una fuente potencial de recursos, con la ventaja de que su estructuración puede hacerse con criterios de progresividad.

Conclusión

Colombia necesita aumentar significativamente el gasto público. Esta es una condición básica para lograr la modernización del país. Para evitar el desbalance fiscal, el mayor gasto debe ir a la par con un aumento de los impuestos. Esta realidad no ha sido reconocida, y en lugar de incrementar el gasto se pretende reducirlo con medidas que no serán efectivas. Mientras tanto, se aplazan decisiones importantes que es necesario tomar en el frente fiscal. La más importante es la búsqueda de una estructura tributaria que sea progresiva.

Por Jorge Iván González
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3 de diciembre de 2018

Publicado enColombia
Duque busca atraer inversión extranjera con su primera reforma tributaria

El presidente colombiano promete ante empresarios de 40 países "reducir la carga a los que generan empleo"


El Gobierno colombiano enviará esta semana al Congreso una reforma tributaria que refleja una de las obsesiones de su nuevo presidente, Iván Duque. Esto es, presentar a Colombia ante la comunidad internacional como un país atractivo para invertir. La nueva legislación, que el mandatario esbozó el lunes ante inversores de más de 40 países, busca, aseguró, “reducir la carga tributaria a los que generan empleo a esas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas” y que “este país genere más empleo formal”.


El Ejecutivo propondrá, por ejemplo, una exención de 10 años del impuesto de renta a los empresarios que inviertan en el campo, con proyectos de desarrollo productivo agroindustrial, con la condición de generar “un mínimo de puestos de trabajo”. “Sí, Colombia está creciendo quizás por encima de muchos países de la región este año, casi el 3%, un 2.8%, y muy seguramente el año entrante la meta que quiero trazarme es que lleguemos al 4% para seguir creciendo”, enfatizó Duque, que hizo hincapié en la importancia del turismo y de la llamada economía naranja, es decir, las industrias creativas, en un país tradicionalmente vinculado al sector extractivo.


“En temas como robótica, inteligencia artificial… economía naranja, también cero impuestos de renta por los primeros cinco años a cambio, por supuesto, de generar un mínimo en puestos de trabajo”, prometió el mandatario. “En el emprendimiento de nuestro país entra a jugar un papel fundamental la música, el diseño, el cine, la literatura, festivales, carnavales, arquitectura, publicidad, joyería”, agregó.


Con respecto al turismo -“el nuevo petróleo de Colombia”, dijo-, el presidente se fijó una meta: “Nuestra apuesta es que Colombia tenga 6 o 7 millones de turistas en estos cuatro años y que podamos abrir un camino de políticas de largo plazo para que rápidamente pueda superar el umbral de los 10 millones de turistas”.


Para lograr los objetivos que se propone, Duque intentará concretar uno de los compromisos de la campaña electoral: reducir la burocracia y adelgazar la Administración. Con esta reforma, el Gobierno intenta atraer capital extranjero. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puso en marcha un plan de estímulo bautizado como Estado Simple, Colombia Ágil. El objetivo final consiste en "eliminar, racionalizar y agilizar trámites que se vuelven muchas veces en un dolor de cabeza para el sector privado”. "En estos casi 90 días ya llevamos cerca de 50 trámites intervenidos, llegaremos a 100 antes de terminar el año y esperamos que en el primer año de gobierno tengamos cerca de 900 trámites, porque lo que nos interesa es que el Estado no sea obstáculo", aseguró el mandatario.

F. MANETTO
Bogotá 30 OCT 2018 - 17:02 COT

Publicado enColombia
El Banco Mundial recorta drásticamente la previsión de crecimiento para América Latina

El organismo deja la expansión prevista para este año en el 0,6%, más de un punto menos que en junio, y advierte de los riesgos por el coste de la deuda y por la reversión en los flujos de capitales

 

El Banco Mundial habla de “cisnes negros” al analizar la coyuntura global, un término que se popularizó cuando se gestaba el derrumbe del sistema financiero hace una década. Hace seis meses, el organismo con sede en Washington esperaba que América Latina acelerara el crecimiento este año. Ahora lo deja en un anémico 0,6%, medio punto más bajo que en 2017 y lejos del 1,7% que proyectó en junio. Y advierte, también, de los riesgos por el coste de la deuda y la reversión en los flujos de capitales.


“Lamentablemente”, comienza el informe, “la región ha tropezado con algunos obstáculos”. Cita el giro inesperado en Argentina –que se contraerá un 2,5% este año–, la desaceleración en Brasil –que crecerá solo un 1,2% en año electoral–, el deterioro de la ya de por sí crítica situación en Venezuela –que se contraerá un 18,5%– y un empeoramiento generalizado del entorno externo, con una consecuente disminución de las ventas al exterior. Esta suma de factores provocará, en definitiva, que el crecimiento de la región sea finalmente más bajo de lo pronosticado este 2018.


La nueva proyección contrasta con la afirmación, la pasada primavera, de que la región había retomado “finalmente” la senda de un crecimiento cada vez mayor, tras seis años marcados por los retrocesos. La situación para el conjunto de Sudamérica es incluso peor, porque las economías del subcontinente se contraerán una décima y arrastrarán a la baja al conjunto latinoamericano. Si se excluye el ya habitual efecto lastre de Venezuela, crecerían un 1,2%.


La solidez de la economía estadounidense ejerce, por el contrario, de sustento. Especialmente en Centroamérica y, sobre todo, en México, un país muy interconectado con la primera potencia mundial y que se expandirá a un ritmo estable del 2,3%. Los técnicos, sin embargo, siguen viendo la cifra mexicana “por debajo de su potencial”. También es un factor positivo para la región China y la recuperación del precio de las materias primas, lo que explica que Colombia crezca un 2,7%. Perú lo hará un 3,9% y Chile un 4%.


La previsión del Banco Mundial es que el crecimiento repunte tras este bache a una tasa del 1,6% en 2019. Pero esta estimación dependerá de cómo vayan tomando cuerpo “los nubarrones que se ven en el horizonte”. El mayor es la normalización de la política monetaria en EE UU, que ya está provocando una “drástica reversión” en los flujos de capital que entran en la región.


La subida del precio del dinero hace que las inversiones a tipo fijo en EE UU sean mucho más atractivas y se añade a la fortaleza del dólar –la moneda de referencia en lo cruces de toda la región latinoamericana–, que está obligando a algunos bancos centrales de países emergentes a salir a “defender” sus divisas y elevando aún más los costes de la deuda. Es decir, el temor es que la moderación en 2018 sea algo más que una piedra en el camino. “La situación general es preocupante”, admite el informe, que en este punto lanza la voz de alarma por el impacto de las guerras comerciales.


Precariedad fiscal


“El entorno internacional”, insiste el Banco Mundial, “es poco auspicioso”. Carlos Végh, economista a cargo de América Latina y Caribe, reitera que esta fragilidad en la recuperación vuelve a poner en evidencia la necesidad de que se adopten reformas para garantizar que la región puede elevar los muros de contención para resistir choques externos y poder gestionar sus propios riesgos.


El informe hace referencia a la “precaria” situación fiscal de la región; 29 de los 32 países tendrán un balance fiscal negativo. La deuda pública, añade, superó el 60% del producto interior bruto y hay seis países donde está por encima del 80%. Esta situación no hace más que elevar la prima de riesgo. “El acceso y el costo del crédito internacional se complica justo cuando es más necesario”, lamenta, al tiempo que recuerda que esto limita el margen de acción fiscal.


“La región no tiene más remedio que aumentar el ritmo del ajuste fiscal para garantizar las sostenibilidad de la deuda en el corto y mediano plazo”, insiste el equipo de Végh, “especialmente si la entrada neta de capital sigue cayendo”. En este sentido, concluye diciendo que es importante entender la naturaleza de los riesgos para predecir sus efectos y definir una respuesta que los mitigue.


América Latina, por tanto, es una región particularmente expuesta a los riesgos. “Teniendo en cuenta la incertidumbre existente”, opina Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para la región, “es más importante que nunca fortalecerse para afrontar el futuro con mayores garantías”. Eso permitirá también recuperarse más rápido tras el cisne negro. "No se podrá gastar más pero sí habrá que hacerlo mejor", concluye, "para proteger a los vulnerables e incrementar el crecimiento".

 

Nueva York 5 OCT 2018 - 08:24 COT

Publicado enInternacional
Argentina y Brasil: los desgobiernos del capital financiero

La fenomenal escalada del dólar de Argentina y el incendio del Museo Nacional en Río de Janeiro, pocas horas después de que un tribunal decidiera que Lula no puede ser candidato a la presidencia, muestran que los dos mayores países de Sudamérica marchan a la deriva.

Los hechos que configuraron esta coyuntura se acumularon en pocas horas. El 30 de agosto el dólar rozaba los 40 pesos en Argentina. Dos días antes había trepado a 32 pesos, lo que implica una devaluación del 25% en 48 horas. La moneda argentina comenzó el año con una cotización estable, de 18 pesos por dólar, para superar los 40 pesos a comienzos de setiembre. Lo más sorprendente es la rapidez de la devaluación (más del 100%) que se disparó a partir del mes de abril.

En Brasil, el 1 de setiembre el Tribunal Supremo Electoral anuló la candidatura de Lula y al día siguiente, en la noche del domingo 2 de septiembre, un incendió destruyócompletamente el Museo Nacional en Río de janeiro. Una "catástrofe cultural", como la denomina el editorial de El País (edición Brasil), fruto de "la incompetencia y la incapacidad del Estado brasileño para proteger su patrimonio científico y cultural".

Las dos sociedades asisten atónitas a sucesos que las superan. Días después del incendio de la quinta mayor colección etnográfica y antropológica del mundo, los medios informaron que el presupuesto para lavar los coches de los diputados es más alto que el dedicado al museo incendiado. El desprestigio de los políticos es mayúsculo, agravado por el hecho de que el candidato más popular, que concita casi el 40% de los apoyos, no pueda competir porque fue procesado por lavado de dinero en un cuestionado juicio.

El prestigioso antropólogo Eduardo Viveiros de Castro destacó las relaciones entre el desastre cultural y el desastre político: "Se trata de la destrucción del 'ground zero', el lugar central que era símbolo de la génesis del país como nación independiente". En efecto, ardieron la colección de etnología indígena, incluyendo la de varios pueblos desaparecidos, la enorme biblioteca de antropología, 20 millones de piezas y documentos, y Luzia, el fósil humano más antiguo de las Américas.

A partir de esta constatación, Viveiros traza un paralelismo entre la destrucción de la Amazonia para exportar soja y la destrucción de la memoria cultural del país, para concluir que Brasil naufraga sin proyecto histórico, sin objetivos como nación. Con la prohibición de Lula, la gobernabilidad queda cuestionada. Si el responsable inmediato del incendio es el Gobierno de Michel Temer, que recortó la mitad del presupuesto de cultura, la crisis general del país involucra a toda la sociedad, pero en particular a las elites económicas.

La elite industrial de Brasil recibió a todos los candidatos para que expusieran su programa, convidados por la Confederación Nacional de la Industria en junio pasado. El más aplaudido fue el ultraderechista Jair Bolsonaro, que confesó no saber nada de economía, pero dijo que colocaría militares en los ministerios, que derribaría la estatua del Che Guevara en la casa de Gobierno y se quejó de que ya no se puedan hacer chistes racistas sobre los negros (52% de la población) por no ser políticamente correcto.

El fracaso de Mauricio Macri en la que prometió sería su área mejor gestionada, la economía, se hizo evidente esta semana cuando ni el apoyo explícito de Donald Trump, ni del FMI, frenaron la escalada del dólar. Una subida que se profundizó a pesar de que el Banco Central sigue quemando reservas, con picos de hasta 1.300 y 350 millones de dólares en un día para contener el alza. El riesgo país sigue subiendo y se acerca a los 800 puntos, más del doble de Brasil y cuatro veces el de Uruguay.


El nuevo ajuste, que se superpone a la impresionante alza de los precios de los servicios básicos, fue apoyada por el sector financiero que aún lo considera insuficiente. Pero la crisis financiera se traslada al conjunto de la economía (con caídas de casi dos dígitos en la producción y alza descontrolada de precios) y de inmediato, a la esfera política.

"El programa anunciado, en general, es positivo", declaró un CEO de Credit Suisse a La Nación. "Pero las preocupaciones sobre el alcance de la recesión, la política y sus riesgos de implementación mantendrán los ánimos de los inversores bajos en los próximos meses", añadió. En lo que va de 2018, la fuga de capitales trepó a 20.000 millones de dólares y está a punto de superar el récord que estableció el Gobierno de Cristina Fernández durante la crisis con el agro en 2008. La tasa de interés al 60% disloca cualquier proyecto económico.

Argentina y Brasil comparten algunos problemas básicos que agravan la crisis que sufre buena parte de la población.


La primera es la incertidumbre. En Brasil hay elecciones presidenciales en octubre y en Argentina en un año. Nadie tiene la menor idea de quién puede vencer. Impedido Lula, es improbable que triunfe Bolsonaro. Algunos sectores de las elites prefieren a Geraldo Alckmin, del partido de la socialdemocracia, muy quemado por su gestión privatizadora en los 90 y con escaso arraigo popular. En Argentina suena improbable el retorno del kirchnerismo luego de la difusión de los "cuadernos de las coimas", que delatan una escandalosa corrupción de los gobiernos de Néstor Kirchner y Fernández.

Lo cierto es que las elites políticas y económicas están divididas y nadie presenta objetivos creíbles que incluyan a toda la población.

La segunda cuestión en común es que los gobiernos de Macri y Temer se han alineado con EEUU. Wall Street se inclina por Bolsonaro porque piensa privatizar Petrobras que fue la cuarta petrolera del mundo. Con Temer se produjo la fusión de Embraer con Boeing, facilitando el aterrizaje de los intereses del capital estadounidense. El acuerdo de Argentina con el FMI, que prometió liberar 50.000 millones de dólares en los próximos años para estabilizar las finanzas, la convierte en el país más endeudado con el ente financiero y, por lo tanto, con mayor dependencia política.

Por último, la inestabilidad será, en los próximos meses y tal vez años, la seña de identidad de una región vapuleada por la incapacidad de sus dirigentes de poner en pie proyectos de largo aliento. Hasta que no se resuelva la crisis política, no habrá crecimiento económico equitativo ni paz social.

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Sábado, 08 Septiembre 2018 07:37

Pensiones

Pensiones

Cerrado el paréntesis de tolerancia que, con la mirada del mundo puesta en el centro de la capital de Rusia, significó para el Kremlin asumirse como anfitrión del Mundial de futbol, comienza septiembre con dos noticias que despertaron del plácido sueño estival a la población, sobre todo a los sectores más desprotegidos: la decisión de subir el impuesto al valor agregado y, sobre todo, aumentar la edad de jubilación.
Visto desde el gobierno, la solución es muy sencilla: en tiempos de crisis, en medio de las sanciones foráneas contra Rusia, en el contexto de la necesidad de mantener los salarios y otros privilegios de la guardia nacional, la policía y el ejército, que junto con el sistema judicial forman el puño represivo que da tranquilidad a la élite gobernante, la población tiene que apretarse el cinturón y resolver las urgencias del presupuesto federal.


Pero el destino inevitable de adoptar las impopulares medidas, sobre todo la reforma de la edad de jubilación, se presentó con argumentos falaces: que si es la tendencia en todo el mundo, que si no hay otra posibilidad de salir adelante por el acoso externo que sufre Rusia, etcétera.


La mentira devino indignación y provocó manifestaciones de protesta espontánea contra el Kremlin –la siguiente, este domingo en todo el país–, al grado de que el presidente Vladimir Putin, siempre desligado de todo lo que sale mal, aunque nada se haga sin su visto bueno, tuvo que intervenir –mediante un poco acostumbrado aquí mensaje a la nación– para intentar suavizar el impacto del incremento de la edad de jubilación.


La posición de las autoridades tiene al menos cuatro puntos vulnerables: Putin juró que nunca se aumentaría la edad de jubilación mientras él ocupara el Kremlin; si bien es cierto que en el mundo se incrementa la esperanza de vida, en Rusia 40 por ciento de hombres muere por alcoholismo, traumatismo laboral y otras causas antes de llegar a los actuales 60 de edad; el inmenso aparato burocrático que establece las pensiones sigue inmerso en una corrupción galopante, sin que pase nada, y el gobierno rechazó la iniciativa de subir los impuestos a las corporaciones con “súper ganancias” que viven de exportar materias primas.

 

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Maduro pospone para septiembre el aumento del precio del combustible

El gobierno venezolano organiza un censo automotor, planifica un subsidio y liberará la gasolina a precios internacionales 

 

En mitad del caos hiperinflacionario y un entorno productivo en ruinas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha decidido que solo aquellos ciudadanos que tengan el carné de la patria, símbolo de los devaluados beneficios sociales chavistas, podrán comprar gasolina a un precio más asequible. Esta es una de las medidas económicas que el Gobierno iba a implementar a partir del 20 de agosto, pero finalmente se ha pospuesto hasta septiembre. El resto de decisiones como la reconversión monetaria ya han comenzado a funcionar.


En una alocución en Facebook Live la noche del domingo, el mandatario justificó este aplazamiento alegando que era necesario trabajar para perfeccionar el sistema de pago en las estaciones de servicio, y agregó que “del 30 de agosto al 30 de septiembre” explicará al país sus detalles, para que sean ejecutados “de manera gradual”. Maduro aseguró que la medida implicará un ahorro a la nación “de más de 10 mil millones de dólares”.


El Gobierno de Maduro convocó a los transportistas y propietarios de vehículos a un Censo Nacional Automotor en la Plaza Bolívar de Caracas. Este padrón ha provocado bastante renuencia entre los venezolanos, con independencia de que pertenezcan al sector del transporte. El mandatario ha advertido de que quien no se registre deberá pagar el combustible “a precios internacionales”, que, por el momento, no se han concretado. Ni los expertos, ni los periodistas, ni los transportistas, ni los trabajadores de los expendios de gasolina conocen detalles del aumento que se avecina ni sus modalidades.


La gasolina venezolana se mantiene en precios ridículamente baratos, pese a la crisis que sufre el país. Llenar un tanque de 40 litros cuesta 400 bolívares, apenas unos exiguos centavos de dólar al cambio. Aun así, a la espera de que se concrete la medida, los venezolanos hicieron largas filas en las estaciones de servicio durante toda la semana. La primera sensación entre los usuarios es de resignación ante los constantes anuncios de Maduro. Trabajadores de las gasolineras, como Celso Álvarez, en la urbanización La California de la capital de Venezuela, no creen que el anuncio se vaya a cumplir. Aunque al mismo tiempo se extiende entre los ciudadanos la creencia de que sería mejor aumentar de una vez su precio.


Hugo Ocando, dirigente sindical y presidente de la Central Única de Transportistas deCaracas, explica que él y sus compañeros están ya cansados de censarse: “Ya nos hemos censado siete veces. Lo que a la mayoría nos molesta es que se nos diga que, si no lo hacemos por octava vez, no tendremos los insumos ni los repuestos para trabajar”. Según los cálculos de este sindicalista, en el registro hay unas 180.000 personas, una cifra muy inferior al más del millón de censados que defiende la propaganda oficial.


De acuerdo con los datos oficiales, en el país hay 1.300.000 familias que tienen este documento, a través del que se accede a algunos servicios públicos subsidiados y preferenciales, hoy muy empequeñecidos con la magnitud de la crisis económica. Durante un tiempo han estado vinculados con la simpatía militante a Maduro y la causa chavista, aunque muchas personas han tenido que acudir al instrumento de manera forzada para paliar los estragos del aumento de precios.


“El subsidio será a través de la billetera móvil del Carné de la Patria”, afirmó el dirigente chavista y gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. “Uno se puede registrar sin tener el Carné, pero para recibir el dinero será necesario tenerlo”. Rodríguez, que insiste en que estos beneficios son para toda la población, independientemente de su credo político, afirmó que la medida de Maduro persigue “acabar con el tráfico de gasolina” en la frontera, un delito sobre el cual son acusados con frecuencia funcionarios militares y civiles chavistas.


Un debate crónico


El aumento del combustible forma parte de un debate crónico, que lleva décadas, y que se ha suspendido en muchas ocasiones por motivos políticos. En esta ocasión, Maduro acude a la medida presionado por las urgencias fiscales y el grave deterioro de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El déficit fiscal del gobierno, ocultado por el Banco Central de Venezuela, es, de acuerdo con cálculos privados, de 19 puntos del PIB. Los precios, diferenciales y modalidades de pago del aumento, sin embargo, permanecen aún en una zona de total confusión.


“Aquí se ha pospuesto por mucho tiempo el ajuste del precio del combustible y el de la creación de un mercado de divisas. Son dos aspectos muy relacionados”, asegura Ronald Balza, economista decano de la Universidad Católica Andrés Bello, quien también se lamenta ante las lagunas informativas existentes. “No hay un ‘precio internacional’ de la gasolina. Hay uno casi en cada ciudad y país del mundo. No sabemos todavía cuál será el esquema cambiario que norme esta medida. Ese precio tendría que variar mensualmente. En 2016, PDVSA informó al gobierno de pérdidas de 5,7 mil millones de dólares [lo que en el país se conoce como millardos] por la venta de la gasolina al precio actual”.


Los técnicos de PDVSA ya habían hecho los cálculos para vender gasolina a los coches particulares y colectivos no censados a un dólar el galón, un esquema impracticable para el venezolano medio. Aunque no hay información oficial, las primeras informaciones sitúan el precio del litro en los 90.000 bolívares (menos de un centavo de dólar), en un esquema progresivo de aumentos, que puede tomar dos años. Este modelo es similar al que funciona en Irán: el gobierno pagará, contra reembolso, el dinero para el combustible en las cuentas de cada usuario, y quien no haya querido censarse deberá abonar el precio liberado.


Recuadro

 LAS OTRAS MEDIDAS


El aumento del combustible próximo a anunciarse en Venezuela es solo una de las medidas económicas que prepara Nicolás Maduro. Esta nueva política hace concesiones parciales a algunas exigencias de la economía de mercado en un escenario en ruinas. Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica distingue la existencia de cuatro ejes en sus confines: El cambiario que tiende a la flexibilización del mercado de divisas; uno monetario, que incluye la reconversión monetaria y el anclaje del bolívar al Petro (criptomoneda lanzada por el gobierno); un eje fiscal, que comprende el aumento al combustible, y un eje petrolero, en el cual PDVSA queda exonerada del pago de impuestos”.


Aunque Oliveros concede que algunas de estas medidas podrían aumentar el flujo de divisas, y eventualmente mejorar la oferta de servicios, con sus consecuencias para paliar el aumento de precios, piensa que se trata de una aproximación insuficiente, y que presenta varios flancos, entre ellos uno fundamental: la falta de financiación exterior. “Un acuerdo marco con un organismo como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, dotaría al gobierno de unos recursos que necesita urgentemente para defender su estrategia cambiaria y monetaria”, dice el experto.


Oliveros dice que los cálculos de la firma que preside prevén una tasa anual de inflación que es incluso más alta que la del FMI, que es de un millón por ciento: “Viene un redondeo de los precios, un ajuste que es inevitable en momentos de reconversión. Tendremos que esperar por la concreción de los anuncios de Maduro. Si se toman algunas decisiones con claridad, algunos aspectos de la economía podrían mejorar un poco en los próximos meses”.


Las medidas de Maduro, sin embargo, están siendo recibidas con mucho escepticismo y mal talante por los sectores productivos. Juan Pablo Olalquiaga, de la Confederación de Industriales, Conindustria, sostiene que los problemas de fondo de la economía no quedarán resueltos: “El nuevo cono monetario tiene un efecto cosmético. No resolverá la inflación producto de la monetización del déficit fiscal, y eso el gobierno lo sigue haciendo. El Petro no va a estabilizar el bolívar. Al transarlo, el Estado quitará a los ciudadanos dinero de su bolsillo para ingresarlo a sus arcas”.

ALONSO MOLEIRO
Caracas 20 AGO 2018 - 20:54 COT

 

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Domingo, 06 Mayo 2018 06:21

Los ideales que siguen viviendo

Los ideales que siguen viviendo

A 200 años del nacimiento de Marx, el respeto por su ideario sigue en alto. La mitad de la humanidad considera importante el socialismo y hay un amplio consenso para que los ricos paguen más impuestos.

A dos siglos del nacimiento de Karl Marx y a casi treinta de la caída del Muro de Berlín, la permanencia de las ideas socialistas puede ser sorprendente. Un estudio internacional de la encuestadora Ipsos revela que algo así como la mitad de la humanidad sigue considerando el socialismo como una idea importante, con picos del 84 por ciento en China y pozos del 21 en Japón. El mismo estudio muestra un amplio consenso para la idea de que los ricos paguen más impuestos, con mayorías absolutas en países tan disímiles como España, China e India, y una fuerte insatisfacción con el grado de representación de los trabajadores en los gobiernos de cada país. Apenas un tercio de los encuestados considera que los que trabajan participan del poder, con Brasil, Chile, Argentina, Francia y Serbia entre los más insatisfechos y la curiosa mezcla de India y Arabia Saudita entre los más conformes.


El estudio fue realizado por el Instituto de Estudios Sociales de la firma Ipsos en 28 países. Hubo un total de 20.793 encuestados en Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hungría, India, Italia, Japón, Malasia, México, Perú, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suecia y Turquía. El trabajo, online y presencial, fue realizado entre fines de marzo y comienzos de abril.


La pregunta más directa fue sobre el valor actual de los ideales socialistas para el progreso social. La mitad de los encuestados estuvo de acuerdo, con un fuerte pico en China del 84 por ciento y valores muy altos en India y Malasia. Los argentinos se colocaron en el promedio mundial, con un 52 por ciento de opinión favorable, una franja compartida con México, Arabia Saudita, Suecia y Canadá. Sorprendentemente, Estados Unidos produjo un 39 por ciento de acuerdo, por encima de Francia, Hungría y Japón.


Los trabajadores son vistos internacionalmente como mal representados en los gobiernos del mundo, con un 67 por ciento de negativas ante la pregunta. Arabia Saudita, China e India sorprenden con fuertes mayorías que afirman que los que trabajan están bien representados. Argentina muestra un acuerdo de apenas el 24 por ciento, igual que Italia y Rumania.


De las ideas socialistas más frecuentes, la más popular es la que dice que quien más gana más debe pagar en impuestos, aceptada por un 78 por ciento de los encuestados. España, Serbia, China, Rusia, India, Corea, Malasia, Arabia Saudita, Italia y Turquía tienen promedios por encima del 80 por ciento de acuerdo que mostró Argentina. Con un 58 por ciento, Sudáfrica es la nación más reacia al asunto.


Otras ideas tradicionales del progresismo también mostraron aceptación. Un 89 por ciento a nivel mundial piensa que la educación gratuita es un derecho, con una mayoría total del 98 por ciento en Rusia, un 91 en Argentina y apenas tres países por debajo de los ochenta puntos: Estados Unidos, Sudáfrica y Japón, que oscilan entre el 77 y el 64 por ciento. Lo mismo ocurre con la salud, que muestra un excepcional acuerdo internacional del 87 por ciento, con Argentina en un abundante pelotón de países con 92 puntos porcentuales. Sólo Japón se desmarca, con un escaso 47 por ciento. Más compleja es la aceptación de una idea relativamente nueva, la del ingreso garantizado, que recibe un 69 por ciento de acuerdo promedio formado por un enorme 95 en Rusia y un escaso 38 en Japón. Argentina, de hecho, está al fondo de la pirámide con un 53 por ciento.


Pero varias críticas al socialismo también siguen firmes, como la idea de que los que tengan más talento tienen derecho a ganar más, aceptada por un 69 por ciento a nivel mundial. Francia y Alemania, con 51 y 47 puntos, son los más reacios, mientras que países como Rumania, Corea y Rusia la aceptan por amplios márgenes. Un 48 por ciento va más allá y dice estar de acuerdo con que el socialismo es un sistema de opresión, vigilancia estatal y terrorismo. En Estados Unidos y la India el acuerdo pasa los 60 puntos, mientras que en China, Rusia y España alcanza apenas un tercio. Argentina navega al medio con un 45 por ciento.


Tal vez la crítica más profunda sea la idea que la competencia saca lo mejor de las personas, aceptada por un 69 por ciento en promedio. Francia, Alemania y Bélgica son los que menos creen en eso, con números inferiores a la mitad, pero los argentinos se instalan en un sólido promedio por encima de los sesenta puntos. Esto coincide con el 52 por ciento global que piensa que la libertad individual es más importante que la justicia social. No sorprende que dos de cada tres norteamericanos piensen así, pero los números son similares en India, Sudáfrica, Perú, Rumania y Malasia. Los argentinos están divididos en mitades exactas, como los polacos, los brasileños, los australianos, los belgas y los húngaros. Francia, China y Alemania muestran que apenas más de uno en tres se cree eso.

 

¿El socialismo es importante?

 

Mi gobierno representa el trabajo

 

A los ricos, más impuestos

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Paro cívico en Tunja contra el aumento del impuesto predial

El 25 de abril, a las 6 de la mañana, miles de pobladores de Tunja dieron inicio a un Paro Cívico en organización desde enero pasado. El motivo principal: protestar en contra del aumento desmesurado del impuesto predial. Con bloqueos de las principales vías de la ciudad, asi como movilizaciones en el centro de la misma, recibo en mano, dejaron en claro su rechazo a los incrementos autorizados, en algunos casos hasta en un 600 por ciento.

La inconformidad toma las calles de la ciudad de Tunja, capital del departameneto de Boyacá. Una inconformidad acumulada en los meses corridos del 2017. No es para menos. Con un espiritu alcabalero, la alcaldía de la ciudad contrató en el 2017 los servicios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –Igac– para que realizara el avalúo catastral, estudio a partir del cual se aprobó el impuesto predial para el 2018. El Acuerdo 030 del concejo municipal lo ratifica, y el malestar ciudadano no tardía en hacerse sentir, tanto por las tarifas impuestas como por la forma en que el concejo municipal aprobó el documento, pues “era un documento como de 700 páginas y lo presentan como un 10 o 12 de diciembre y lo aprueban un 31” declara Érika González, periodista local.


Y agrega, “El alcalde presentó la tarifa por cobrar de impuesto predial para 2018 amarrada al estatuto tributario. Siempre las administraciones anteriores hicieron eso muy aparte. Porque el estatuto contempla también lo fiscal, el aumento en la tarjeta de operación de los taxis, lo de cámara de comercio, lo de prebendas que se les dan a las empresas que llegan a la ciudad para el tema del impuesto, entre otras cosas. Esto significa que los concejales no se podían negar a aprobar el estatuto y, por ende, iban a aprobar el aumento de la tarifa y lo relacionado con el descuento que se le iba a dar a los contribuyentes”.
Pero hay otros motivos para el descontento y la protesta, entre ellos la destinación de los recursos para la renovación del centro histórico de la ciudad. La decisión del Alcalde de instalar baños subterráneos en plena Plaza de Bolívar ha sido motivo de rechazo y polémica, pues de ser llevado a cabo este proyecto “destruiría piedras que llevan allí más de 500 años”, declaró Gerónimo Molina, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización La Estancia del Roble.


Con estos insumos, el día 25 de abril inició la jornada de paro. Organizada en 12 puntos de concentración, y representada por el Comité unidos por Tunja, la ciudadanía concretó una reunión con el alcalde Pablo Emilio Cepeda Novoa para el día 26 de abril, al medio día. El propósito: exigir que se invalide el Acuerdo 030 y proponer la reducción del 60 por ciento del cobro por pronto pago, o la reducción de las tarifas a la mitad.


Los afectados


Julián Castañeda, promotor y vocero del Comité Unidos por Tunja, afirmó que “los estratos del uno al cinco en Tunja; todos han sido afectados con el cobro del impuesto predial, absolutamente todos. [...]. No podemos decir que el estrato uno, dos y tres han sido los más afectados, porque el cuatro y el cinco también, el sector comercio también ha sido afectado. Por ejemplo, el cobro a las casas oscila hasta los 25 millones de pesos. El sector hotelero de Tunja, ubicado más que todo en nuestro centro histórico, ha sido muy afectado; los ferreteros en la parte del centro también. La cuestión es masiva; inclusive los cobros efectuados en el sector del sur –que es el sector comercial de repuestos automotores– han sido exuberantes, subiendo hasta en un trescientos por ciento. Entonces, no es una cuestión de estratificación, sino una cuestión general que se está viviendo en Tunja”.


Ojos que no ven


Como ha sucedido con otras muchs protestas en el país, “la administración al principio desconoció el movimiento, dio parte de normalidad ayer a las nueve de la mañana, que estaba todo normal; cuando lógicamente no era cierto, eso se dijo a los medios de comunicación y la misma ciudadanía fue testigo que Tunja tuvo una parálisis tanto en el comercio como en el transporte, hubo más o menos doce bloqueos en todos los puntos álgidos de Tunja. Después ya vieron que la problemática seguía aumentando y la gente seguía movilizándose y se está masificando esperando la respuesta la negociación”, explicó a desdeabajo Julián Castañeda, quien agradeció a la fuerza pública por no haber impedido ninguna de las manifestaciones de inconformidad: “Quiero darle un parte a la policía, porque ha respetado la manifestación, ha respetado a la comunidad”.


El interrogante abierto por esta realidad, el mismo que está presente en todo el país es, ¿Tendrán derecho los pobladores de Tunja a conservar el ahorro que para muchos significa tener un apartamento, casa o negocio? El cierre de la negociación aún sin concluirse en horas de la tarde del 26 de abril dará la última palabra. 

 

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