Las decisiones antipopulares condujeron a manifestaciones masivas. Foto: Al-Mayadeen.

Desde el jueves 17, miles de libaneses protestan en las calles contra medidas económicas que el Gobierno aplicará a algunos productos, aumentando el impuesto al valor agregado para 2021 y 2022.

Los manifestantes exigen una inmediata respuesta del gobierno, tras conocerse los debates del Consejo de Ministros para el presupuesto de 2020 que valora subida de impuestos y tarifas.

Durante las manifestaciones se han suscitado enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios, así como la quema de neumáticos y el bloqueo de carreteras en la capital Beirut.

Algunos de los participantes han resultado heridos, en las que han sido catalogadas como unas de las protestas más grandes que se han visto en años en el país.

Manifestantes opinaron que las protestas masivas de las últimas horas constituyen el despertar de la ira popular contenida durante años. “Hemos prendido fuego para que se escuchen nuestras voces”, dijo Mazen, de 24 años de edad.

Y agregó: “todos deben venir y apoyarnos para deshacernos de los ladrones”.

Y aunque algunos manifestantes no aprueban los métodos como Magalene Mrad, de 23 años de edad, quien consideró “vergonzoso lo que está sucediendo”, señala que “la culpa recae en los gobernantes al empujar a la población al borde del abismo”.

“El mundo se cerró para El Líbano”, añadió; “y todo lo que hacen los políticos es gravar más a los pobres; en algún momento tendremos que pagar por el aire que respiramos”.

El descontento popular que llevó a manifestantes a lanzarse a las calles en El Líbano, ha sido nombrado por algunos medios de prensa como la “Revolución de WhatsApp”.

Sobre las medidas económicas

El gobierno libanés declaró una medida de emergencia económica después de que el país entrara en una profunda recesión implantando una serie de medidas, todas impopulares, incluyendo el aumento del IVA hasta el 15% en 2022.

Aunque a esta medida ya se le dio marcha atrás, fue el detonante de las manifestaciones populares: se trata del anuncio de que el Líbano cobraría 20 céntimos diarios por las llamadas de voz hechas por WhatsApp. Horas después, se dio marcha atrás debido a las demostraciones. El impuesto no solo hubiese afectado a WhatsApp, también a otras aplicaciones de voz sobre IP como Skype, FaceTime o Hangouts.

Sin embargo, las protestas no se limitan a una aplicación, sino a la situación general del país y la erosión social debido a grandes casos de corrupción y la terrible administración de los fondos públicos del país, denunciada por los manifestantes.

Igualmente, el Gobierno decidió aplicar una nueva tarifa a los productos del tabaco, tanto local como importado, y aumentar el impuesto al valor agregado en dos puntos en 2021 y otros dos puntos adicionales en 2022, para alcanzar el 15 por ciento.

El primer ministro del Líbano, Saad Hariri, envió un mensaje televisivo en el que pide una respuesta explícita sobre el anuncio del alza en los impuestos que lo convenzan a él, a la población, a la comunidad internacional y a todos los que expresan su enfado en las calles.

Además, dio un plazo de 72 horas para que los partidos políticos solucionen el descontento que ha generado la medida.

Hariri indicó que el enfado es real y que el pueblo libanés ha dado “más de una oportunidad” a los políticos para hacer reformas. “El dolor de los libaneses es verdadero y lo veo, y apoyo cualquier movimiento para expresarlo”, recalcó y no se responsabiliza por la situación del país.

Posiciones con respecto a las medidas

La ministra del Interior, Raya al-Hassan, aseguró a Al-Mayadeen que la mayoría de las manifestaciones en el país fueron pacíficas y destacó que la alternativa a las medidas de austeridad era el colapso de El Líbano.

Al-Hassan expresó considera necesario que el gobierno equilibre esas medidas y alivie su impacto en los ciudadanos.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista Progresista, el exdiputado Walid Jumblatt, dijo al canal televisivo, que todos los componentes del gobierno se responsabilizarán de lo que está sucediendo y nadie es más responsable que el otro.

El miembro del bloque Lealtad a la Resistencia en el Parlamento libanés, el ministro Hussein al-Haj Hassan, confirmó el sesgo del bloque a las demandas populares y subrayó la necesidad de una reforma real en el país.

Por su parte, la ministra de Estado para el Desarrollo Administrativo, May Chidiac, consideró que lo que está sucediendo refleja un resentimiento popular a la luz de la incapacidad de los ciudadanos para pagar los impuestos.

El canciller de El Líbano, Gebran Bassil, defendió al Gobierno de las protestas en marcha, al decir que el descontento popular surgió de causas abandonadas por Ejecutivos anteriores.

Según el jefe de la diplomacia, es entendible lo de las manifestaciones que eran de esperarse por crisis acumuladas.

Es una “descarga eléctrica” necesaria para el país, que debería impulsar medidas contra la corrupción y el despilfarro, apuntó.

Bassil pidió la aprobación de leyes para recuperar fondos públicos saqueados, una de las demandas clave de los manifestantes

Por su parte, el secretario general de Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha rechazado una eventual renuncia del gobierno en El Líbano debido a una situación popular explosiva e incontrolable.

A juicio del dirigente de la Resistencia, la idea de dimisión del Ejecutivo para escoger otro, no resolverá la crisis económica que conduce al colapso del país.

“Cualquier gobierno de tecnócratas no durará mucho y los que piden hoy un gobierno así serán los primeros en pedir su derrocamiento. Cualquier nuevo proceso electoral parlamentario reproducirá la misma asamblea actual”, expresó.
La situación financiera actual no es el resultado de ahora, ni de este año, ni del corriente mandato presidencial, apuntó, sino de una acumulación de décadas.

“Todos tenemos que asumir la responsabilidad incluso nosotros mismos, aunque es relativo y con porcentajes diferentes”, señaló. “Es vergonzoso que se quiera eludir culpabilidad en lo que ocurre, en especial de aquellos participantes en anteriores gobiernos”, acotó.

El periódico libanés Al-Akhbar reveló el jueves la aprobación del gabinete de una propuesta del ministro de Comunicaciones, Mohamed Choucair, para imponer un impuesto a la aplicación de WhatsApp y a los cigarrillos, y para discutir la posibilidad de imponer una nueva tarifa sobre derivados del petróleo y aumentar el impuesto al valor agregado.

Etiquetas como #HoraDePasarLaCuenta (traducción de la original en árabe) han llegado a ser los más cotizados en Twitter, por activistas que expresaron su enojo por los nuevos impuestos y las malas condiciones de vida a la luz de la crisis del dólar en el país.

Solidaridad internacional con la causa del pueblo libanés

En Londres, Los Ángeles, Barcelona, Milán, Berlín, Toronto, Boston, Niza, París, Ginebra, Madrid, Países Bajos y Lyon, se concentraron decenas de personas para solidarizarse con la causa del pueblo libanés.

Desde el jueves y hasta hoy, se han hecho visibles muchas muestras de respaldo universal a los miles de libaneses que salieron a las calles para protestar por el deterioro económico nacional, contra la corrupción y en demanda de cambios en el Gobierno y el Parlamento.

Ayer, en Nueva York y Montreal se reunieron cientos de personas para expresar su apoyo al pueblo libanés.

(Tomado de Al-Mayadeen)

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El Constitucional colombiano hunde la reforma tributaria de Duque

La Corte Constitucional de Colombia decidió este miércoles hundir la ley de financiamiento del Gobierno de Iván Duque, con la que contaba para atraer inversión extranjera por la vía de reformas tributarias y fiscales. La decisión, tal como admitió el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, es un golpe a la credibilidad de su política económica.

Después de diez horas de análisis y, en una decisión de seis votos contra tres, la Sala Plena del Constitucional resolvió enterrarla como respuesta a dos demandas que pedían tumbarla por completo y señalaban que era inconstitucional porque se aprobó con vicios de trámite, un término para referirse a los errores de procedimiento. Estas eran apenas dos de las 26 demandas que llegaron a la corte contra esta ley, pero fueron definitivas para la decisión.

Según la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, la ley fue presentada de manera incompleta y no tuvo la publicidad necesaria en el Legislativo. Es decir, que los miembros de la Cámara votaron la reforma tributaria sin conocer todas las modificaciones hechas en el Senado. La magistrada enumeró cuatro razones: “primero, se evidenció que el texto aprobado por el Senado fue publicado en la Gaceta con posterioridad a su aprobación en la Cámara de Representantes; segundo, no hay constancia de que se hubiera distribuido una copia impresa del texto; tercero, la explicación oral ofrecida por un senador de la república no fue específica, precisa ni suficiente bajo los parámetros jurisprudenciales para admitir este tipo de publicidad; y cuarto, tampoco se anunció que la información estaba publicada en la página web del Senado”. La decisión entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2020 con el propósito de "modular sus efectos" sobre la economía colombiana.

La expectativa por la noticia tuvo en vilo a políticos y gremios durante todo el día por las posibles consecuencias que pueda tener para la economía. El Gobierno, a través de varios de sus funcionarios, encabezados por el ministro Carrasquilla, había advertido que de hundirse esto podría detener el crecimiento del Producto Interno Bruto.

“Es un golpe descomunal”, apunta Ricardo Ávila, analista del periódico El Tiempo, aunque matiza que hay tiempo para presentar una nueva ley en el Congreso. Aunque Colombia crecerá este año en cifras cercanas al 3%, de cara al 2020 se oscurecen un poco las perspectivas, señala. Si bien el esquema viejo daba más recaudos, “de alguna manera la estrategia económica de Duque, que consistía en mejorar la competitividad tributaria del país en el caso de las empresas y adicionalmente crear una serie de estímulos en una serie de sectores, incluidos los de la economía naranja, se le cae”, señala.

Para Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana y analista de la cadena  RCN, “no es un escenario catastrófico, pero debe obligar a la reflexión política del presidente Duque”. La Corte apela a lo que se conoce como efectos diferidos, lo que permite que los artículos de la ley operen hasta el final del año fiscal, que en Colombia termina en diciembre, de manera que no habría ningún efecto inmediato en términos de recaudo tributario, ni de gasto, explica. “Lo que es preocupante es que en el mediano plazo sí puede tener un efecto sobre las condiciones de inversión”, advierte. “La reducción del conflicto y esa caída en los impuestos era algo que estaba explicando la extraordinariamente alta tasa de crecimiento de Colombia para el contexto de América Latina”.

Uno de los efectos más probables es que la necesidad de volver a presentar, antes del 31 de diciembre de este año, una nueva ley de financiamiento en el Congreso, donde Duque carece de mayorías, aplace otras iniciativas, como la reforma de pensiones que ya había anunciado el Gobierno. Carrasquilla, quien sobrevivió un intento de moción de censura a finales del año pasado, se asoma como el principal responsable político del nuevo escenario. Sin embargo, “si hay alguien que ha demostrado que tiene resiliencia política es Alberto Carrasquilla, es el único peso pesado del Gobierno”, valora Restrepo.

Por Catalina Oquendo  / Santiago Torrado

Bogotá 17 OCT 2019 - 03:16 COT

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Lenin Moreno decreta "estado de excepción" para contener las protestas

El aumento de combustibles derivó en un paro nacional de transporte y protestas en todo el país.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, decretó el “estado de excepción” que le permitirá sacar las fuerzas armadas a las calles en su país. Lo hizo después de anunciar el martes un aumento de hasta el 123 por ciento en el precio de los combustibles, lo cual derivó en un paro nacional de transporte y protestas en todo el país.  La liberación del precio de los combustibles, anunciada por Moreno, ató esos precios a valores internacionales, generando el desproporcionado aumento. Las medidas anunciadas forman parte de la reforma tributaria que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador en el marco del acuerdo que firmaron en marzo de este año.

Frente al avance de múltiples focos de protesta en varios puntos de Quito, la policía cercó vastas zonas del centro y reprimió movilizaciones, entre ellas una de estudiantes. Las Fuerzas Armadas rodearon el Palacio de Gobierno. Las protestas se extendieron por todo el territorio ecuatoriano, con intentos de saqueos y cortes en rutas y vías de acceso. Miles de pasajeros se las ingeniaron para movilizarse en las avenidas troncales a través del sistema municipal de transporte, que no adhirió al paro, pero en el resto de la ciudad colapsó a falta de autobuses y taxis privados y de cooperativas, que acataron masivamente. 

 "Mientras no se dé marcha atrás en las alzas de los combustibles, nosotros no dejaremos de protestar", dijo Carlos Guzmán, dirigente de una cooperativa de taxis que se manifestó en el centro viejo de la capital. “El gobierno se sacó toda la careta y planteó el paquetazo neoliberal que le ordenó el FMI, donde todo el peso del proyecto económico lo pone en las espaldas del pueblo ecuatoriano", señaló el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) Mesías Tatamuez.

Como respuesta Moreno decretó el “estado de excepción” para garantizar la “movilidad en todo el territorio nacional”. Esto le permite volcar a las calles las Fuerzas Armadas. “Las medidas siguen firmes. No existe la más mínima posibilidad de cambiar aquellas medidas relacionadas con ese subsidio perverso que causaba daño al país”, dijo Moreno, descartando rumores que hacían pensar en una posible marcha atrás.

El aumento de combustibles es parte de las reformas tributarias, a las que hay sumar las laborales, que el gobierno impulsa en función del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En marzo Ecuador firmó un acuerdo con este organismo para conseguir créditos por 4.209 millones de dólares, en medio de serios problemas financieros. Otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a la administración de Moreno, que inició su mandato en mayo de 2017. Por falta de liquidez su gobierno ya emitió bonos de deuda por más de 10.000 millones de dólares.

“Moreno tiene la amenaza del FMI de que no canalizará el siguiente desembolso a menos que se cumplan las medidas de equilibrio de fiscal que ellos requieren”, dijo en diálogo con Página/12 Andrés Arauz, ex presidente del Banco Central de Ecuador entre 2009 y 2011. “El decreto de Moreno no sólo elimina el subsidio a los combustibles. Lo que hizo fue liberar el precio para de esa forma atarlo a los valores internacional”, explicó. La cotización del galón americano de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,30 dólares y la de gasolina corriente, de 1,85 a 2,40 dólares, en surtidoras de Quito. 

Según el ministro de Economía, Richard Martínez, el esquema de precios vigente hasta entonces era insostenible.  "Lo que estamos haciendo es sincerar los precios, retirar un subsidio, un regalo que estaba haciendo el Estado”, señaló.

El martes, admás del aumento de combustible, Moreno ebozó algunas de las reformas laborales y tributarias que presentará al Parlamento, pero no hizo circular el proyecto de ley, por lo que no se descarta que aparezcan otras sorpresas. dado que el aumento, impacta con más fuerza a los sectores más desprotegidos, para compensar Moreno anunció otra medida supuestamente orientada a que las grandes empresas compartan el sacrificio. Anunció que las empresas que generen ingresos anuales de más de 10 millones de dólares "pagarán, por tres años, una contribución especial que totaliza más de 300 millones".  Esos fondos se destinarán exclusivamente "para seguridad, educación y salud", subrayó el mandatario. 

Sin embargo, para Arauz, la medida anunciada es de corte voluntarista y por lo tanto inefectiva. “Esta podría ser vista como una medida progresista, ya que apunta a los sectores que más ganancias obtienen. Sin embargo es un impuesto extraordinario, con esquema de tributación voluntario, sin ejercicio de control”, sostiene Andrés Arauz. El presidente ecuatoriano también anunció la reducción de aranceles de importación para bienes de capital y materias primas que beneficien a los sectores agrícola e industrial. Además, suprimirá los impuestos a la importación de teléfonos móviles, computadoras y tabletas. A los exportadores les anunció la simplificación para la devolución de tributos al comercio exterior, por un porcentaje del valor de la exportación. Entre las medidas fiscales dijo que decidió bajar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital que constan en una Lista del "Comité de Política Tributaria”.

Entre las medidas que componen la reforma laboral figura la reducción en 15 días de vacaciones a los empleados de empresas públicas, y la aportación de un día de salario al año, anunció el presidente. “Su remuneración es superior a la que se percibe en el resto de la administración pública", argumentó Moreno. Otra medida es la reducción de los topes en las distintas escalas salariales de la función pública, la cual ahorraría al Estado 148 millones de dólares en una fase inicial, dijo el mandatario. Además estableció un cronograma de despidos que pretende llevar adelante el próximo año, que aportará otros 160 millones de dólares adicionales a las arcas estatales. "Todo esto, insisto, contribuye a dinamizar la economía y el empleo", argumentó Moreno.

Pero para Arauz los objetivos de Moreno son otros. “Entre las metas que impuso el FMI figura la eliminación del déficit, no reducirlo, para de esa manera llegar a un superávit primario del 4 por ciento. Estas medidas que toma el gobierno van en sintonía con ese objetivo”, sostiene Arauz. “No se debe invertir en obra pública, se deben acumular reservas, para llevarlas a bancos extranjeros. Buscan extraer liquidez para depositarla afuera. El programa estipula que para el 2022 deben existir reservas en el exterior por 15.000 millones cuando ahora hay 4.000 millones”, informó Andrés Arauz.


El paquetazo del FMI lleva a Lenín Moreno al borde del precipicio

Eloy Osvaldo Proaño

CLAE

La caída vertiginosa de la credibilidad del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, la imposición del paquetazo impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la declaración del estado de excepción ante el reclamo popular, se suman a las denuncias de corrupción, que van abonando el mismo camino que debieron seguir sus antecesores Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez

Con la declaración del estado excepción que durará 60 días, con posibilidad de renovación (según la ministra de Gobierno María Paula Romo) el presidente Lenín Moreno, pretende "garantizar la seguridad" ante los "focos localizados" de violencia. "La gente piensa que no tomo decisiones, pero sí lo hago", aseguró Moreno.

La ola de movilizaciones respondió a un “paquetazo” económico decretado por el gobierno e impuesto por el FMI, que incluye el incremento del precio del diésel y gasolina extra, producto de la eliminación del subsidio estatal, además de reformas laborales y tributarias . El gobierno pretende ahorrar 1.400 millones de dólares anualmente.

A las manifestaciones de los transportistas se sumaron organizaciones sociales, indígenas y estudiantes universitarios que rechazan lo que tildan de “paquetazo”. Lo cierto es que desde la medianoche del miércoles no hay transporte y las clases han sido suspendidas en todo el país y el jueves el ambiente de las protestas subió de tono.

La gasolina extra ha pasado de costar 1,85 dólares por galón a 2,22, respectivamente. El diésel, habitual combustible del transporte de mercancías, estaba entre un dólar y 1,37 dólares, dependiendo del tipo, y ahora sube a casi el doble, con algo más de 2,10 dólares el galón.

"Las medidas que tomamos en conjunto están en firme, no existe posibilidad de cambiar, principalmente las relacionadas con el subsidio que causa tanto daño al país que distorsionaba la economía", dijo Moreno desde la casa de gobierno.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló el miércoles desde Washington que las reformas anunciadas por Moreno tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo.

Destacó asimismo que las autoridades “están trabajando en importantes reformas destinadas a apoyar la dolarización de Ecuador, incluida la reforma del Banco Central y el Código Orgánico de presupuesto y planificación”. El 11 de marzo, el FMI avaló un acuerdo técnico de asistencia financiera a Ecuador por 4.200 millones de dólares, que permitió el desembolso inmediato de 652 millones de dólares

Assange, los INA Papers, Unasur, Opep

Lenín Moreno sorprendió el jueves 11 de abril al revocar el asilo que Ecuador le había concedido a Julián Assange, situación que le fue exigida por el vicepresidente estadounidense Mike Pence y, según señalan algunos analistas, por el Fondo Monetario Internacional para otorgarle los créditos solicitados.

La medida acabó con su estadía de casi siete años en la embajada ecuatoriana en Londres y permitió que la policía británica lo arrestara, para entregarlo al gobierno estadounidense. Moreno aseguró que Assange “prácticamente convirtió a la embajada en un centro de espionaje internacional y terrorismo informático”, quebrando las normas de convivencia y hasta manchando con sus heces las paredes de la sede diplomática.

Existe una evidente relación causal y temporal entre las revelaciones de Wikileaks acerca de los INA Papers y la expulsión de Julián Assange de la embajada de Ecuador en Londres. Las revelaciones sobre los sobornos recibidos amenazaron con acabar con la carrera política de Moreno, e incluso, dar con sus huesos en la cárcel.

En marzo de 2012, en la capital de Belice, el hermano del presidente, Edwin Moreno Garcés constituyó una empresa fantasma offshore bajo el nombre INA Investment Corp (acrónimo de las tres últimas letras del nombre de las tres hijas que del mandatario: Irina, Carina y Cristina), con el fin de recibir dineros de coimas que se recaudaban por medio del “empresario” y a la vez su testaferro Xavier Macías Carmignani.

Los sobornos comprobados se recibieron de empresas como la china Sinohydro y la panameña Recorsa pagaban por el lobby efectuado en las adjudicaciones de determinadas concesiones con el estado. En uno solo de esos movimientos se pagaron ni más ni menos que 18 millones de dólares.

Los INA Papers son una importante serie de documentos que confirman la existencia de una organización criminal liderada por Lenín Moreno. Por medio de al menos una docena de sociedades fantasmas constituidas en diversos paraísos fiscales, cometió una serie de delitos que incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y el cohecho en perjuicio del Estado ecuatoriano, cuyos alcances han derivado en lo que Interpol categoriza como crimen transnacional.

Las últimas semanas Lenín Moreno no sólo decidió la salida de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), bombardeando el esfuerzo de integración política regional, sino también el vaciamiento de la sede en la mitad del mundo, que incluyó quitar la estatua del expresidente argentino Néstor Kirchner. Y anunció también el retiro del país de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Presidentes expulsados

Los ecuatorianos saben de levantamientos populares contra presidentes que los han engañado, impulsados por movimientos populares e indígenas, desde, al menos, la década de 1980 hasta el ingreso en el nuevo milenio.

Abdala Bucaram, fue alcalde de Guayaquil tras ser electo en 1984. Fue enjuiciado por injurias a las Fuerzas Armadas y peculado en 1985. En su intento por huir de la prisión preventiva en el juicio por peculado, viajó a Panamá. En 1987 el Congreso le dio amnistía , permitió que participe en las elecciones de 1988 en la que perdió contra Rodrigo Borja, y los juicios en su contra volvieron a activarse inmediatamente y tuvo que volver a Panamá.

En 1992 el Congreso le otorgó amnistía por segunda vez y se postuló para los comicios presidenciales de 1992 en los que volvió a perder. Su tercera candidatura fue en 1996 y ganó. En 1996, la entonces Corte Suprema de Justicia presentó dos juicios en su contra debido a mal manejo de gasto público y un sobreprecio en la adquisición de mochilas escolares. En 1997 el congreso lo calificó de ‘incapacidad mental’, fue destituido y viajó a Panamá, lugar en el ha permanecido exiliado.

Jamil Mahuad fue electo presidente en 1998 y destituido de sus funciones en enero del 2000, tras poner al país al borde de la hiperinflación. Esto llevó a la quiebra o cierre de 21 de los 42 bancos existentes en esa época. Mahuad decretó un congelamiento de depósitos y dolarizó al país. Se produjo una devaluación acelerada. El precio del dólar había subido de 4.500 a más de 25.000 sucres en menos de un año.

El 21 de enero de 2000 fue derrocado cuando las Fuerzas Armadas le quitaron su apoyo. El gobierno de Chile le ofreció asilo diplomático pero Mahuad se fue a dar clases en la universidad de Harvard. El 27 de mayo de 2014, la Interpol emitió una circular roja para poder detener a Mahuad en cualquier parte del mundo y llevarlo a los tribunales de Ecuador, pero fue retirada en menos de un mes.

La justicia ecuatoriana lo busca por el presunto delito de peculado —mal uso de fondos públicos— que significaría una pena de 12 años en prisión.

El 21 de enero del 2000 Lucio Gutiérrez participó en una rebelión indígena y de militares de bajo rango que derrocó al presidente constitucional Jamil Mahuad. Fue arrestado por golpista y confinado en el Fuerte Militar Atahualpa, donde permaneció por 120 días hasta que el Congreso le otorgó la amnistía. En las elecciones del 2002 se lanzó como candidato presidencial y ganó en la segunda vuelta.

El mandato de Gutiérrez experimentó casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Creó la Pichi Corte donde se buscaba eliminar los juicios para los ex presidentes Gustavo Noboa y Abdalá Bucaram. El aumento del costo del combustible y el no cumplimiento de su plan político llevó a la ciudadanía a protestar durante varias semanas hasta que, el miércoles 20 de abril de 2005, Gutiérrez dejó la presidencia, a bordo de un helicóptero del Ejército.

….

La renovada represión marca la ruta de su posible futuro, sobre todo cuando las guarismo de las últimas elecciones regionales marcaron un sostenido aumento del poder popular del expresidente Rafael Correa, denostado, permanentemente atacado por Lenín Moreno, quien supo ser su vicepresidente y su candidato a sucederlo.

Moreno no tiene ningún poder de mando, pero aún le resta cumplir con algunos objetivos de los sectores de poder, como desdolarizar caóticamente, que es lo que aspiran los grandes importadores, los grandes exportadores y los banqueros, sobre todo.

No sería descartable que dada la debilidad de Moreno, esos mismos sectores sean los que aceleren la asunción del vicepresidente para que pueda seguir con las medidas económicas y el camino trazado. Algo similar sucedió, recuerda el exvicecanciller Kintto Lucas, en el año 2000 con Mahuad-Noboa cuando se declaró la dolarización.

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Sábado, 21 Septiembre 2019 05:19

¿Por qué funciona la economía boliviana?

¿Por qué funciona la economía boliviana?

Bolivia era un país bimonetario. Justo antes de la llegada de Evo Morales, en 2005, sólo 15 por ciento de los depósitos estaban en moneda nacional; en materia de crédito, únicamente 7 por ciento se otorgaba en pesos bolivianos. En esos años, siempre bajo gobiernos neoliberales, todo el mundo usaba el dólar para refugiarse de la desvalorización del peso. Aquellos que podían compraban dólares mensualmente y los vendían a medida que necesitaban gastar. La economía estaba más dolarizada que la de la Argentina actual. Sin embargo, después de algo más de una década, en apenas unos 13 años, la situación se revirtió completamente. En 2019, 99 por ciento de los depósitos y 87 por ciento de los préstamos son en pesos bolivianos. En la actualidad, todos prefieren prestar en pesos y tomar depósitos en pesos porque es una moneda fuerte y rentable.

Esta transformación económica no tuvo lugar por arte de magia. En economía, los milagros no existen. Todo tiene que ver con todo. Cada resultado económico es la consecuencia de un gran conjunto de decisiones que poco o nada tienen que ver con la creencia "paranormal" de que los mercados, por sí solos, nos llevarán a un equilibrio virtuoso. No. La economía no funciona así. Ni mucho menos.

Evo logró la bolivianización del sistema financiero al mismo tiempo que hacía crecer la economía más que nadie en toda Latinoamérica. Supo, además, combinar el bienestar macroeconómico con el bienestar microeconómico de las familias, algo diferente a lo que sucede en Perú, Colombia o Paraguay, que sólo pueden presumir de buenos indicadores macroeconómicos, y muy diferente de Argentina, que no disfruta bienestar macro ni microeconómico.

 

¿Cómo lo hizo? He aquí una breve enumeración de las principales acciones:

 

  1. Evo recibió el Gobierno con un tipo de cambio de ocho pesos por dólar, a poco de asumir "apreció" la moneda a siete pesos y, actualmente, se mantiene estable (cotiza en 6.95). Le generó una pérdida a los tenedores de dólares con la que rompió la inercia y mandó la señal de que quien le apuesta al dólar no siempre gana.
  1. Desalentó la compraventa de divisas ampliando el diferencial cambiario entre compra y venta de divisas hasta una diferencia de 10 centavos.
  1. Aumentó a 66.5% el encaje líquido que los bancos deben tener por cada depósito en dólares, mientras el encaje para los depósitos en pesos es de 11 por ciento. La medida encarece el costo de los créditos en dólares.
  1. Se ofrecieron tasas ligeramente más altas a los ahorristas en pesos.
  1. Se estableció un impuesto a las transacciones financieras en dólares, que afecta sólo a las cajas de ahorros con más de 2 mil dólares y a los depósitos a plazos menores al año
  1. Se aumentaron los requisitos para otorgar créditos en moneda extranjera y se facilitó el crédito en moneda nacional, por lo que aumentó mucho la preferencia a otorgar préstamos en pesos.
  1. Se utilizó la Unidad de Fomento a la Vivienda, unidad de cuenta actualizada con la inflación local, como instrumento para realizar todo tipo de contratos en moneda local y desalentar el uso del dólar como unidad de cuenta.
  1. Se emitieron títulos públicos en moneda nacional y desaparecieron los títulos en dólares.
  1. Se emitieron títulos especiales en pesos para pequeños tenedores.
  1. Usando varios instrumentos, en especial los coeficientes de reservas y cupos máximos, se orientó el crédito bancario a las actividades productivas, especialmente vivienda, vivienda social, empresas, microcréditos y Pymes, expandiendo la cartera de créditos en casi siete veces. Los tipos de interés que resultaron de esta política son envidiables: por debajo de 10 por ciento para los créditos hipotecarios, por debajo de 7 por ciento a los créditos de vivienda social, cercanos a 20 por ciento para el consumo, por debajo de 5 por ciento si es crédito empresarial y de 7 por ciento cuando se trata de Pymes.
  1. Se prohibió indexar las tarifas en función de la evolución del dólar.
  1. Se creó un fondo contracíclico de reservas internacionales que ronda 25 del PIB.
  1. Implementó una política deliberada de control del monopolio y abuso de posición dominante, con seguimiento casi diario y control directo por parte de Presidencia sobre precios relevantes de la economía.
  1. Se llevó a cabo una obsesiva política de apoyo a la producción, con crédito dirigido a la inversión productiva y una vasta inversión en infraestructura que tuvo el efecto de extender el área geográfica desde donde se provee a las grandes ciudades, por lo que la oferta productiva se amplió y, con ello, muchos precios cayeron.

 

Y por si todo esto fuera poco, se hizo en un contexto de nacionalizaciones que, según un informe de Celag, tuvo un impacto en la economía boliviana de generación de riqueza por 74 mil millones de dólares (dos PIB del año 2017), 670 mil puestos de trabajo, ahorro de divisas de 45 por ciento, aumento de consumo de 125 por ciento y subida de la inversión hasta 11 mil 200 millones de dólares (29.9 por ciento del PIB). Además, ello tuvo lugar en un clima de inflación a la baja; 1.5 por ciento en el último año, igual o más baja que la de Estados Unidos a pesar del fuerte ritmo de crecimiento sostenido y de la mejora en absolutamente todos los indicadores de bienestar social y económico.

Después de todo lo expuesto, y mirando lo sucedido con Macri en Argentina, ¿quién se atreve a decir que no hay alternativa ni pragmatismo en esta propuesta económica boliviana?

Por Guillermo Oglietti y Alfredo Serrano, Celag

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El FMI avisa de que el 40% de la inversión internacional de las multinacionales solo busca la elusión fiscal
  • La inversión extranjera directa mueve 40 billones de dólares en el mundo, de los que 15 billones son inversiones de multinacionales en sociedades instrumentales o "vacías" radicadas en otro país para pagar menos impuestos, según el FMI
  • El Fondo Monetario Internacional publica estos datos en el informe "El ascenso de las inversiones fantasma: las sociedades instrumentales socavan la recaudación de impuestos en mercados avanzados, emergentes y en desarrollo"
  • Luxemburgo y Holanda, países que reciben la mitad de la inversión extranjera directa "fantasma", están entre los preferidos por las empresas españolas del Ibex 35 para establecer filiales

 

Cada día en los periódicos aparecen noticias sobre inversiones y operaciones de compañías multinacionales en países como Luxemburgo, Suiza, Holanda o Irlanda, y a través de ellos (en el caso de Holanda) en algunas de sus excolonias, directamente tachadas como paraísos fiscales. Esta misma semana se recogía en los medios la resistencia de la tecnológica Apple a pagar los 13.000 millones de euros que Bruselas considera que adeuda por las ventajas fiscales de las que lleva décadas disfrutando en Dublín, donde mantiene su sede principal europea. También han sido noticia los acuerdos de la familia Berlusconi con una empresa de inversión con sede en Luxemburgo, Peninsula Holding S.a.r.l., para evitar que se torpedee la fusión entre Mediaset España y Mediaset Italia, operación que tiene entre sus objetivos llevarse la sede a Holanda (aunque han asegurado que seguirán sometidos a la fiscalidad italiana).

La ingeniería fiscal de las compañías para mover el dinero entre países tiene como objetivo la elusión o rebaja del pago de impuestos a través de los mecanismos que les ofrece la globalización financiera y de la economía. El último organismo que ha analizado este fenómeno y le ha puesto cifras es el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de un estudio de sus economistas Jannick Damgaard, Thomas Elkjaer y Niels Johannensen.

Según un informe titulado "El ascenso de las inversiones fantasma: las sociedades instrumentales socavan la recaudación de impuestos en mercados avanzados, emergentes y en desarrollo" y publicado este mes, en el año 2017 se movieron en el mundo 40 billones de dólares (36,2 billones de euros) en inversión extranjera directa. De ellos, el 40% (15 billones, equivalentes a la suma del PIB anual de China y Alemania) son "inversiones fantasma". Es así como se denominan las operaciones que hacen las multinacionales entre sus filiales para eludir el pago de tributos.

El porcentaje total de "inversión fantasma" ha pasado del 30% al 40% en menos de una década, como se puede observar en el siguiente gráfico elaborado por los autores:

De los 15 billones de dólares (13,582 billones de euros) de inversión a través de "cascarones" sin actividad, las llamadas empresas instrumentales o sociedades fantasma, el 85% se concentró en 10 economías consideras como "nichos" o como paraísos fiscales: Luxemburgo, Holanda, Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, las Bermudas, Singapur, las Islas Caimán, Irlanda y Mauricio. En los dos primeros países se concentró la mitad del movimiento de dinero.

Durante 2017, lo que el FMI considera inversión extranjera "fantasma" ascendió a 3,809 billones de dólares (3,449 billones de euros) en Luxemburgo. En segundo lugar se situó Holanda, con 3,317 billones de dólares (3,003 billones de euros), al tiempo que la cifra en Irlanda fue de 545.000 millones de dólares (493.494 millones de euros). Todos estos países, situados en la Unión Europea, son tachados por los economistas del FMI como "paraísos fiscales", si bien la propia UE los excluye de su "lista negra", que tan solo contempla países fuera del club comunitario.

Un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa del año 2017 distingue entre "paraísos" y "nichos fiscales". Estos últimos son los que bajo determinadas condiciones permiten una tributación extremadamente baja, aunque el régimen fiscal habitual sea normal. Estas condiciones o excepciones "con frecuencia están diseñadas deliberadamente para ciertos tipos de actividades corporativas que pueden ser empleadas por multinacionales para reducir considerablemente su carga impositiva total".

Ejemplos de estos nichos fiscales pueden ser Irlanda o Luxemburgo. Las empresas que cotizan en el Ibex 35 tienen como favoritos para sus filiales a Holanda, Suiza, Luxemburgo e Irlanda, como se observa en el siguiente esquema del Observatorio RSC. Según sus cálculos, las empresas del Ibex tienen casi mil sociedades entre nichos y paraísos fiscales.

"Algunas multinacionales utilizan agujeros en la ley irlandesa utilizando innovadoras técnicas de ingeniería fiscal con nombres creativos como 'doble café irlandés con sándwich holandés', que implica transferencia de beneficios entre filiales en Irlanda y Holanda hacia paraísos fiscales en el Caribe como destino más habitual", explica el informe del FMI. En España uno de los primeros condenados por aplicar estos esquemas fue Andrés Guillamot, el entonces socio del dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

"Hoy en día, una multinacional puede usar ingeniería financiera para transferir grandes sumas de dinero por todo el mundo, trasladar activos intangibles muy rentables o vender servicios digitales desde paraísos fiscales sin tener una presencia física", aseguran los economistas del FMI, que recuerdan que estas estrategias pueden ser beneficiosas para países como Irlanda, donde la recaudación por sociedades se ha elevado a pesar de las rebajas impositivas, pero "erosiona" las bases imponibles en el resto de los países.

 

Cuándo es delito y cuándo no

 

La línea que separa la posibilidad o no de entrar en conflicto con Hacienda para empresas radicadas en España la marca, básicamente, que se pueda demostrar que la filial en otro país, a través de la que se tributa, tiene actividad real y que se cumplen los principios de precios de transferencia –es decir, asegurar que el valor que se atribuye a un activo que se va a transmitir entre empresas de un mismo grupo es real, no ficticio con el fin de trasladar de manera artificial beneficios o pérdidas de unas sociedades a otras–.

Como explicaba en una entrevista con eldiario.es el inspector de Hacienda José María Peláez, uno de los expertos que compareció ante el Parlamento Europeo en la comisión de investigación sobre los Papeles de Panamá, "situar dinero en lo que se conoce como paraísos fiscales no incumple ninguna norma. Lo que la incumple es utilizar esos territorios para ocultar la identidad del verdadero titular de esa cuenta corriente, esos inmuebles o bienes, con ánimo o bien de defraudar o de blanquear dinero".

Muchos de los protagonistas de este tipo de maniobras y otras similares, siempre con ánimo de eludir el pago de impuestos, se han ido desvelando en investigaciones periodísticas como la citada de los Papeles de Panamá, los Papeles de Castellana y los Papeles del Paraíso, y abarcan un espectro diverso como Apple, Nike, Uber, el ex ministro de Industria José Manuel Soria, Shakira, o la familia del rey.

Por Marina Estévez Torreblanca

20/09/2019 - 21:06h

Publicado enEconomía
Richard Wilkinson: “Elevaría el impuesto de sucesiones. Estamos creando dinastías”

Británico, de 76 años, es un eminente defensor de la equidad. En su nuevo libro argumenta que la igualdad tiene efectos directos en nuestro bienestar

Decir que Richard Wilkinson es un defensor de la igualdad es quedarse muy corto. Este epidemiólogo, historiador económico y activista británico de 76 años ha dedicado su carrera a estudiar los efectos de la desigualdad. Junto a su pareja, Kate Pickett, a la que saca 18 años, ha escrito dos libros sobre el asunto. En el primero —Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva (Turner)—, detallan los efectos perniciosos de la inequidad, y en el segundo —Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo (Capitán Swing)— la otra cara de la moneda. Además, ha creado una organización que promueve la equidad.

El día acordado, Wilkinson no está en el lugar de la cita. Se ha olvidado. O, más bien, la ha anotado para un mes más tarde. Raudo, se sube a un tren desde York, donde vive, y llega a Londres tres horas más tarde. Está recién operado de cáncer de colon, se excusa, y tiene la cabeza en otro lado.

PREGUNTA. Necesitamos igualdad. ¿No es obvio para todos?

RESPUESTA. Los efectos de la desigualdad no son tan obvios. Afecta a la felicidad, al bienestar, a la salud, a la esperanza de vida, a tu valor en la sociedad, a los resultados académicos de los niños; provoca un aumento del consumo de drogas, causa infinidad de problemas muy perniciosos. Todos los problemas que son más habituales en los estratos más bajos se extienden por toda la sociedad. Nos daña a todos.

P. ¿Por qué no la defendemos todos?

R. Se ha creído durante años que con más desigualdad la economía crecía más, pero recientemente tanto el Banco Mundial como el FMI han cambiado de opinión. Han visto que los países con más desigualdad tienden a crecimientos repentinos seguidos de batacazos. Y la idea de que la desigualdad fomenta la iniciativa privada también es errónea. Se registran más patentes per capita en los países más igualitarios.

P. Menciona el rendimiento escolar. ¿Por qué se acepta la segregación en los sistemas educativos?

R. Hay gente con prejuicios hacia grupos vulnerables como los inmigrantes, las etnias minoritarias o incluso hacia las mujeres. En las sociedades más desiguales, donde el amor propio de la gente está minado, se intenta recuperarlo aplastando a los más débiles. Y eso es muy común no solo en poblaciones humanas, sino también entre simios. Un mono que pierde una batalla por el estatus enseguida se enfrenta a sus inferiores para evitar una pérdida catastrófica de categoría. Al igual que los simios, muchos humanos se ven obligados a confirmar su estatus con los que consideran inferiores. La desigualdad convierte la posición social en algo mucho más relevante, hace que nos juzguemos más. Y cuanto más nos fijamos en el estatus, más tememos el juicio del otro. ¿Me respetan o creen que soy tonto y aburrido? ¿Creen que soy un fracasado? Así piensa mucha gente con una enfermedad mental. Les preocupa cómo los ven y se retiran de la vida social porque les provoca ansiedad.

P. Y por otro lado, cuenta en su libro que aumenta el narcisismo.

R. Así es. Uno de los efectos de la desigualdad es que hincha la idea que la gente tiene sobre sí misma y el consumismo gana más peso. La gente viste ciertas ropas o usa ciertos coches para dar una buena imagen.

P. Por qué se valora tanto el sueño americano en vez del modelo escandinavo?

R. Supongo que lo que pasa es que los países tienen conceptos equivocados sobre sí mismos. Los estadounidenses creen que tienen mucha movilidad social cuando padecen una de las menores del mundo desarrollado. El país en el que menos validez tiene la idea de que cualquiera puede llegar a ser presidente es, precisamente, EE UU.

P, Entonces, ¿es falsa la idea de que, si te esfuerzas, llegarás lejos?

R. Ahora sabemos más sobre cómo se desarrolla nuestro cerebro y podemos ver en él los efectos de la pobreza o de la ausencia de aprendizaje. El cerebro refleja la vida que hemos vivido, si has aprendido un idioma o a tocar un instrumento. Las habilidades de cada persona son primordialmente el reflejo de su punto de partida en la escala social, más que del punto de llegada. La gente cree que es al revés.

P ¿Cómo ha evolucionado la igualdad en el mundo?

R. Desde 1930 hasta los años setenta, la desigualdad estaba en retroceso en casi todos los países. Es a partir de los años ochenta, con la llegada del neoliberalismo, cuando empezó a crecer, primero en EE UU, luego en el Reino Unido y en todo el mundo desarrollado. Es hora de revertir el proceso. Entre los actores de esta reversión están los partidos ecologistas, que creen en la igualdad.

P. ¿Qué opina de la situación política en Europa?

R. Es terrible. La desigualdad hace que aumente el populismo, y está claro que está en auge. Es lo que llevó al Brexit y a la elección de Trump.

P. Usted apoyó al laborista Jeremy Corbyn. ¿Se arrepintió al comprobar su postura ante el Brexit?

R. Supongo que sí. Cuando lo apoyé no sabía que tenía tantas dudas sobre la Unión Europea. Al menos ha cambiado su postura. El Brexit es un enorme error. El mundo necesita más acuerdos internacionales, no menos, para tratar problemas como el cambio climático o la evasión fiscal.

P. Si fuera político, ¿qué medidas aprobaría? 

R. Prohibiría los paraísos fiscales y la maquinaria financiera que ayuda a privilegiados a evadir impuestos. Debería lograrse un acuerdo internacional para frenar estas dos trampas. Y elevaría el impuesto de sucesiones. Estamos creando dinastías. Hay familias en las que los hijos no necesitan trabajar y muchos los miran como si fueran seres superiores cuando no lo son.

Por Carmen Pérez-Lanzac

17 SEP 2019 - 17:00 COT

Publicado enEconomía
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enColombia
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enEdición Nº253
Martes, 04 Diciembre 2018 07:30

La encrucijada fiscal

La encrucijada fiscal

La situación fiscal de Colombia es compleja. Y sus dos características más relevante son: falta de recursos y ausencia de criterios de progresividad.

La falta de recursos

Colombia tiene una presión fiscal muy baja. El peso de la tributación con respecto al PIB es reducido. Apenas representa el 14,9% del PIB. Este porcentaje es muy pequeño en el ámbito internacional. Y, además, es reducido con respecto a las necesidades de modernización del país.

Con respecto a otros países es claro el poco peso que tiene el Estado en Colombia. En América Latina la presión fiscal es relativamente mayor. En Argentina es 32%, en Brasil 31%. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es, en promedio, de 36%. La diferencia entre Colombia y los demás países es significativa.

Pero lo más relevante no es la constatación de la diferencia, sino el desconocimiento de esta realidad por gran parte de la población, y de numerosos políticos y empresarios. En la reciente campaña electoral hizo carrera el supuesto de que en Colombia los impuestos son muy altos. Se menospreció el dato agregado sobre la presión fiscal. Y para justificar esta actitud, se mostraron mediciones, a nivel micro, en las que los impuestos a las empresas son elevados. Para algunos autores la tasa efectiva que pagan las empresas, con respecto a la utilidad, es de 59,6%. Otros estudios, como el realizado por el Banco de la República , llegan a conclusiones completamente distintas: la tributación del capital ha sido, en promedio, de 15,7%.

En el diagnóstico oficial se le ha dado más relevancia a los estudios que suponen una elevada tributación. El gobierno y los gremios han construido el discurso alrededor de las cifras más altas. Es lógico, entonces, que desde esta mirada se concluya que los impuestos se tienen que reducir. Y el gobierno está proponiendo que la tarifa del impuesto a la renta de las empresas baje del 33% al 30%.

Se ha dicho que una forma de compensar la disminución de los impuestos a las empresas es recurriendo a impuestos indirectos (diversas modificaciones del impuesto al valor agregado (IVA), y mejorando la eficiencia de la institucionalidad responsable de la tributación. Y por el lado del gasto el gobierno ha propuesto alternativas de austeridad. El presidente Duque es muy optimista y supone que la conjugación de estas medidas van a reducir el déficit fiscal y, además, permitirán reactivar la economía.

Frente a la austeridad se distinguen las medidas propuestas por gobiernos de Santos y de Duque. Cárdenas, el ministro de hacienda de Santos, popularizó el término “austeridad inteligente”. Se trataba de disminuir aquellos gastos que no tuvieran impacto en el crecimiento económico. La intuición del Ministro lo llevaba a proteger el monto destinado a la inversión pública. En su opinión, la austeridad es inteligente si protege el gasto público con mayor efecto multiplicador. Para lograr este propósito habría que establecer una taxonomía del gasto, diferenciando entre los de mayor y menor impacto sobre la economía. En la práctica este ejercicio no es posible porque siempre se podría argumentar que determinado gasto (educación primaria, protección de cuencas…) puede tener, en el largo plazo, un impacto mayor que la inversión de corto plazo, como las carreteras. La distinción entre uno u otro gasto siempre es arbitraria y quedaría supeditada a la percepción del ministro de hacienda del momento. De todas maneras, el gobierno Santos no pudo reducir el gasto, y las finanzas públicas terminaron con un desequilibrio de 25 billones de pesos.

La primera determinación que tomó el gobierno de Duque para responder a las necesidades fiscales, fue una reducción del déficit de corto plazo, mediante una recomposición de la deuda, que liberó 10 billones. El desbalance se redujo a unos 15 billones. Además de la reforma tributaria, el presidente Duque piensa que el déficit se puede reducir con su modelo de austeridad.

Duque ha prometido que disminuirá el gasto con las medidas de austeridad, centrando la atención en la reducción de las plantas de personal “paralelas”. Esta alternativa no es realista porque significaría acabar con el Estado. En el país hay 1,4 millones de funcionarios, que equivalen al 5,3% de los ocupados. De nuevo, esta relación es muy baja cuando se compara con otros países. En México, Brasil y Chile está alrededor del 15%. En Canadá e Inglaterra es el 27%. En Noruega es 33% y en Dinamarca es 36%. Y en los países de la Ocde es de 25%. Puesto que el número de funcionarios es tan bajo, en Colombia no queda más alternativa que contratar por fuera de planta y por períodos de tiempo definidos. En estas circunstancias, no existe la más mínima posibilidad de que la austeridad de Duque tenga éxito.

Puesto que las medidas de austeridad no han funcionado, y dada la presión para bajar impuestos, es muy factible que el déficit fiscal continúe creciendo. Si el gasto en lugar de bajar mantiene su tendencia al alza, y si la presión por reducir los impuestos se mantiene, no queda otro camino que aumentar la deuda pública. En Colombia, el saldo de la deuda pública con respecto al PIB es de 47%. Un porcentaje importante, pero relativamente bajo comparado con el de los Estados Unidos (105%), o con el de Japón (201%). En el promedio de países de la Ocde la relación también es superior al 100%.

La mayor deuda debilita la estructura de las finanzas públicas, y el pago de intereses se va convirtiendo en una carga muy pesada para el conjunto de la sociedad. Colombia ha optado por el camino fácil de no aumentar los impuestos, y de permitir que el saldo de la deuda crezca de manera significativa. La única forma de contrarrestar esta tendencia sería aumentando los impuestos, pero ello no es posible dada la acogida que ha tenido la idea de la alta tributación que supuestamente existe en el país. Al no reconocer que los impuestos en Colombia son bajos, la política pública toma decisiones inadecuadas.

Débil progresividad

Las medidas propuestas en el proyecto de reforma tributaria buscan una progresividad muy débil. Son temerosas, y no obligan a los ricos y a los grandes capitales a que aumenten sus niveles de tributación.

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad , se reconoce de manera explícita que la lucha contra la desigualdad es una prioridad del gobierno. Y se dice que en los próximos 4 años el Gini de ingresos laborales bajará de 0,508 a 0,47. En las Bases no se mencionan otras formas de concentración, que son escandalosas. En las zonas rurales, de acuerdo con el último censo agropecuario realizado en el 2014, el Gini de concentración de la tierra es de 0,93.

Es importante reducir el Gini del ingreso laboral, pero esta medida es insuficiente. Para que efectivamente haya un pacto por la equidad es necesario disminuir el Gini de la riqueza. Y para lograrlo, el instrumento privilegiado es la progresividad del impuesto. Pero este es, precisamente, el asunto que no se quiere discutir en el Congreso de la República. Las medidas propuestas son muy tímidas. Entre ellas, la tarifa al patrimonio oscilaría entre 0,75% y 1%. Los impuestos al suelo y al urbanismo ni siquiera se consideran, y podrían ser una fuente potencial de recursos, con la ventaja de que su estructuración puede hacerse con criterios de progresividad.

Conclusión

Colombia necesita aumentar significativamente el gasto público. Esta es una condición básica para lograr la modernización del país. Para evitar el desbalance fiscal, el mayor gasto debe ir a la par con un aumento de los impuestos. Esta realidad no ha sido reconocida, y en lugar de incrementar el gasto se pretende reducirlo con medidas que no serán efectivas. Mientras tanto, se aplazan decisiones importantes que es necesario tomar en el frente fiscal. La más importante es la búsqueda de una estructura tributaria que sea progresiva.

Por Jorge Iván González
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3 de diciembre de 2018

Publicado enColombia
Duque busca atraer inversión extranjera con su primera reforma tributaria

El presidente colombiano promete ante empresarios de 40 países "reducir la carga a los que generan empleo"


El Gobierno colombiano enviará esta semana al Congreso una reforma tributaria que refleja una de las obsesiones de su nuevo presidente, Iván Duque. Esto es, presentar a Colombia ante la comunidad internacional como un país atractivo para invertir. La nueva legislación, que el mandatario esbozó el lunes ante inversores de más de 40 países, busca, aseguró, “reducir la carga tributaria a los que generan empleo a esas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas” y que “este país genere más empleo formal”.


El Ejecutivo propondrá, por ejemplo, una exención de 10 años del impuesto de renta a los empresarios que inviertan en el campo, con proyectos de desarrollo productivo agroindustrial, con la condición de generar “un mínimo de puestos de trabajo”. “Sí, Colombia está creciendo quizás por encima de muchos países de la región este año, casi el 3%, un 2.8%, y muy seguramente el año entrante la meta que quiero trazarme es que lleguemos al 4% para seguir creciendo”, enfatizó Duque, que hizo hincapié en la importancia del turismo y de la llamada economía naranja, es decir, las industrias creativas, en un país tradicionalmente vinculado al sector extractivo.


“En temas como robótica, inteligencia artificial… economía naranja, también cero impuestos de renta por los primeros cinco años a cambio, por supuesto, de generar un mínimo en puestos de trabajo”, prometió el mandatario. “En el emprendimiento de nuestro país entra a jugar un papel fundamental la música, el diseño, el cine, la literatura, festivales, carnavales, arquitectura, publicidad, joyería”, agregó.


Con respecto al turismo -“el nuevo petróleo de Colombia”, dijo-, el presidente se fijó una meta: “Nuestra apuesta es que Colombia tenga 6 o 7 millones de turistas en estos cuatro años y que podamos abrir un camino de políticas de largo plazo para que rápidamente pueda superar el umbral de los 10 millones de turistas”.


Para lograr los objetivos que se propone, Duque intentará concretar uno de los compromisos de la campaña electoral: reducir la burocracia y adelgazar la Administración. Con esta reforma, el Gobierno intenta atraer capital extranjero. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puso en marcha un plan de estímulo bautizado como Estado Simple, Colombia Ágil. El objetivo final consiste en "eliminar, racionalizar y agilizar trámites que se vuelven muchas veces en un dolor de cabeza para el sector privado”. "En estos casi 90 días ya llevamos cerca de 50 trámites intervenidos, llegaremos a 100 antes de terminar el año y esperamos que en el primer año de gobierno tengamos cerca de 900 trámites, porque lo que nos interesa es que el Estado no sea obstáculo", aseguró el mandatario.

F. MANETTO
Bogotá 30 OCT 2018 - 17:02 COT

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