Monólogo del Cauca en Dolor sostenido mayor

Un río adolorido, habitado en sus riveras y cuencas por miles de campesinos/as que como él son víctimas del negocio y afán de lucro de la empresa privada, mal llamada Empresas Públicas de Medellín.

Aquí su lamento, con una esperanza que no debemos perder. La lucha por los derechos humanos y de la naturaleza siempre es gratificante.

 


 

Ante la catástrofe ocasionada por los constructores de Hidroituango, y que puede ser mayor si pronto no se echa atrás la afrenta a la naturaleza, no solo se ha desnudado la improcedencia del modelo hidroeléctrico, sino la maraña de corrupción y errores que encierra el proyecto. Le Monde diplomatique ha escuchado lo que el río tiene qué decir.

El agua que se queda atrás del río descansa…
¡Pero nunca será mar!
Dulce María Loynaz
(La Habana, 1902-1997)

 

Bajo el cielo no hay nada tan blando y maleable como el agua;
 Pero no hay nada como el agua para erosionar lo duro y rígido.
Lao Tse, Tao Te King, 78

Turn down the wall, turn down the Wall!
(¡Derrumben el muro,
derrumben el muro!)
Pink Floyd, The Wall

 

Silencio. Ahora hablo. Hablo cuanto he callado. Lo que he callado días y días, meses y meses, años y años. Ahora usted escuchará lo que quiero decir. Yo soy el Cauca, el Cauca milenario que está aquí desde antes de que ustedes llegarán con sus máquinas, utensilios y herramientas; desde antes, incluso que llegaran, hace miles de años, los pobladores originarios, los Nutabes, los Tahamíes, los Yamesíes. Yo soy el Cauca, uno más entre miles y miles de cuerpos fluviales que surcan la faz de la tierra, y a la vez, la segunda arteria fluvial de este país. Yo soy el río, el río que da vida, que da alimento, que da riego, que da oro, que da riqueza y esperanza. Usted me conoce. Desde que nació me ha visto. Me ha cruzado cientos de veces, de una orilla a otra. Conoce el color de mis aguas terrosas, ha sentido el caudal que amenaza con llevárselo si no está atento, usted se ha bañado, quizá, en él, aunque nadie se baña dos veces en el mismo río porque el ser humano comparte el destino del agua que fluye.


Soy el Cauca, un Cauca maltrecho, contaminado, herido, pero afortunadamente no de muerte. Aniquilarme no es fácil. Soy sobreviviente de otras afrentas de las que he salido airoso. Hoy usted y yo nos damos cita aquí, en Ituango, a medio camino del recorrido entre la laguna del Buey en el Macizo Colombiano, lugar de mi nacimiento, y el municipio de Pinillos, cerca de donde entrego mis aguas a mi hermano mayor. Estamos hoy aquí en este cañón, entre mis hermanas, las dos cordilleras donde me acogen y me estrechan entre sus faldas en fraternal abrazo.


Aún no salgo del asombro, de la indignación. Aquí me quieren detener esos individuos, los que usted ve allá, esos de cascos blancos, amarillos y azules; agitados, nerviosos, sudorosos que van de un lugar a otro, con sus camiones y palas, erigiendo un muro que quieren con él raspar las nubes. Buscan ponerme preso, por eso han erigido este muro de la infamia que llaman la presa, para que yo no escape, para que me quede, a la fuerza y en contra de mi voluntad, represado, anegando tierras fértiles, ahogando especies naturales, autóctonas, extinguiendo para siempre la vida verde tan necesaria para este equilibrio que hemos logrado construir durante millones de años. Un muro de concreto, indestructible, dicen –¡ja!–, capaz de detenerme, de aislarme, de regularme. Escuche usted semejante osadía. Dizque regularme, encausarme por unos túneles infames, revestidos del frío concreto, para que yo filtre por esas cavidades, a su antojo, mis aguas, mi caudal, en la medida y en la porción que ellos quieran, cuando ellos digan y de la manera que ellos desean.


Sostienen que necesitan poner a su servicio mi fuerza, mi ímpetu, mi furor para producir lo que llaman electricidad. No sé si reír o llorar. Con su arrogancia infinita, con sus saberes y ciencias de ingeniería me quieren torcer el brazo, a la brava. Ya lo hicieron una vez, allá arriba, por los lados de Suárez, Cauca; allá también me han represado, en lo que llaman La Salvajina; una salvajada, en realidad, lo que hicieron conmigo; pero arriba soy sumiso y joven e ingenuo, aun no he alcanzado el valle que lleva mi nombre, donde me vuelvo portentoso e indetenible; a ese valle riego y doy vida y color y calor. Acá es diferente, ya soy adulto, un adulto que ha recogido experiencias y vivencias de cientos de afluentes, de lluvias, mi caudal ha crecido gracias a mi inmensa capacidad de encausar toda el agua de esta cuenca. Aquí vengo fuerte, impetuoso, hondo, embravecido; encañonado, ya dije, por la calurosa acogida que me brindan dos cordilleras. Y cuando más energía traigo, cuando más caudal porto, zas, la zancadilla artera, el muro, la presa; me estrello de narices de manera violenta. ¡Ay! Qué inesperado encontronazo, yo que a estas alturas quiero alcanzar las tierras bajas, que ansío las llanuras de la sabana cordobesa, para ir a mi encuentro final con mi gran hermano, aquel que va paralelo a mi entre las otras dos cordilleras.


Un día amanezco con la tristeza alborotada. Otro, con la ira encendida. Otro, con la desesperanza y otro, con el coraje y la determinación que caracteriza a mis amigos, los Nutabes, que han poblado este cañón desde tiempos sin memoria. Todos estos parajes que usted ve en torno nuestro, en este punto, son, eran, de los Nutabes. Hoy los tienen confinados en el resguardo indígena Nutabe de Orobajo. ¡Y ese resguardo está siendo inundado por la represa! ¿Había visto usted semejante despropósito? Ellos, los usuarios ancestrales (a mí no me gusta la palabra ‘dueño’ porque de la naturaleza nadie se puede sentir dueño) de estas fértiles laderas, ahora serán unas víctimas más de este despropósito descomunal.


Pero a los Nutabes los han diezmando, es la forma de doblegarlos. Lo de siempre, carajo. A su cacique Virgilio Sucerquia lo asesinaron fuerzas oscuras en el año que ustedes contabilizan como 1998. Estas tierras, desde siempre, eran aprovechadas para asentarse y cultivarlas los Nutabes, los Tahamíes, los Yamesíes. Entre todos formaron una trinchera para protegerse de las barbaridades de los españoles que llegaban con arcabuces, un garrote vil, un libro y una cruz abriéndose camino como diera lugar. A los que capturaban los arrojaban vivos a los mastines hambrientos y luego sus despojos a mi cauce. Desde entonces mis aguas se han manchado de sangre sin cesar. En épocas más recientes, cuando llegaron esos que ustedes llaman paras, cundió el terror en las riberas de mi cauce.


Me cuenta, gente bien informada, que de aquí, entre los años 1990 y 2016, hay 110.000 personas, de un total de 173.000 habitantes de mi zona de influencia, que han sido víctimas de este conflicto atroz –que algunos de ustedes, aquellos que viven siempre a la derecha, bien a la derecha, de los caminos, se niegan a poner fin, y al contrario, quieren exacerbar–. De esos 106.000 fueron desplazados forzosamente; 616 fueron desaparecidos, ¿me escuchó?, desaparecidos; 163 fueron víctimas de agresión sexual y 3.557 fueron asesinados dentro de ese conflicto. Muchos de esos infelices fueron a dar a mis aguas donde no tuve más opción que acogerlos y llevarlos aguas abajo hasta que algún ser caritativo los recogió para darles sepultura como merece todo ser humano.


¿Usted sabe cuál es el peor desprecio a la vida humana? Quitarla, por supuesto, pero hay algo aun peor: quitar la vida y además dejar insepulto el cuerpo. Eso lo sabía Antígona hace casi tres mil años. Pero aquí se han ensañado para ultrajar de la manera más atroz la vida, la muerte, el descanso de los cuerpos. Soy testigo, soy vehículo, pero no cómplice. Por eso no quiero callar más; por eso no puedo voltear mi cauce, en un meandro más, y hacer como si no hubiera visto nada.


Hablemos de lo que está ocurriendo ahora, no del pasado con todo el dolor que me causa. ¿Usted cree, amigo, que es justo lo que está sucediendo por culpa de ese puñado de insolentes y desvergonzados ingenieros, tecnócratas, políticos y empresarios? Usted bien sabe cuál es mi naturaleza: fluir por lo más bajo. “Los ríos y los mares son los reyes de los Cien Valles porque se mantienen abajo” y también: “La Suprema Bondad es como el agua. El agua es buena y útil a los diez mil seres por igual. No tiene preferencias por ninguno en especial. Fluye en sitios que los hombres suelen rechazar”, dice el Libro del recto camino, también llamado el Libro del sendero luminoso. Por eso, yo estoy con los de abajo y desde abajo es donde emana mi fuerza.


Mire, esos barequeros que están allá me llaman “el Mono”; será por mi color amarillo oscuro. Dicen que soy el patrón de ellos. A la persona que se me acerque le doy trabajo sin pedir cartas de recomendación, ni antecedentes, ni certificados de experiencia o acreditaciones. Ellos saben que no pueden ir a otro lugar a buscar trabajo, en una empresa. Muchos son mayores y no saben leer. ¿Qué trabajo les van a dar por allá? Yo no les exijo nada, solo que me traten bien. Algunas pepitas de oro alcanzo a dejarles para que puedan subsistir después de tanto que me han saqueado.


Ahora véalos allá, sin trabajo, hacinados en una bodega, se han quedado sin los ranchos que mis aguas arrasaron una madrugada del 10 de mayo. ¿Culpa mía? Sí, dicen aquellos, los que están allá arriba mirándonos con recelo, los de cascos blancos, amarillos y azules. “El río está embravecido, si ustedes no salen, el agua los sacará” les dijeron a los habitantes de mis riberas y me echaron toda la responsabilidad. ¿Habráse visto tanta infamia, tanta insolencia? ¡Tras de ladrón, bufón! ¿Ah? ¿Es que acaso no entienden que mi naturaleza es fluir hacia lo más bajo? ¿Qué tiene que suceder para que comprendan que a mí no me pueden detener, a la brava, poniéndome un muro en la mitad del camino por más ancho y aparentemente sólido como el que ellos se empeñan en construir cada vez más alto y así desafiar mis aguas?


Dicen que sí, claro, es posible, que eso se hace incluso con ríos diez veces más grandes y caudalosos que yo. Me hablan del Yangtsé y la represa de las Tres Gargantas, del Paraná y la represa de Itaipú, del Nilo y la represa de Asuán. Yo no sé, amigo. Jamás he ido por allá, pero no quiero imaginar el daño que hicieron los colegas de estos hombres de cascos blancos, amarillos y azules, para represar esos tres grandes portentos fluviales. No quiero saber de las especies animales y vegetales sacrificadas, de los seres humanos desplazados, de los templos, cementerios y sitios de pagamento anegados para siempre. La historia se repite una y otra vez desde hace más de ciento treinta años cuando les dio por represar ríos para sacar energía, en su insaciable sed de tener cada vez más y más potencia eléctrica; como si el progreso fuera ilimitado; como si los recursos fueran inagotables y no se pensara en una armoniosa colaboración entre la naturaleza y ustedes, los individuos que se han convertido en nuestro principal depredador.


Claro. No aguanté más. Por algún lado tenía que reventar. Busqué camino. Lo encontré y me desbordé. Ellos, los habitantes de mis riberas del cañón nunca habían visto algo semejante. Jamás habían presenciado que mis aguas corrieran hacia arriba. Pero sucedió. Y seguirá sucediendo si la obstinación no cesa.


Ahora me responsabilizan de la tragedia que pueda ocurrir, la que está a punto de ocurrir: agotada mi paciencia, yo mismo ya no podré seguir conteniendo mis aguas y romperé la presa y me llevaré por delante –¡ay, mi destino!– poblaciones tan vivas, pujantes y hermosas como Puerto Valdivia, Tarazá, Caucasia, Ayapel, Guarandá, Nechí, San Jacinto del Cauca, Majagual y Achí, entre otras. El daño lo han hecho los de cascos blancos, azules y amarillos, pero ahora, dicen, el responsable de causar la tragedia soy yo. Eso es ser infame. El daño, a hoy, que se ha ocasionado al tejido social de toda esta cuenca hidrográfica es irreparable. ¿Qué se hará para resarcir e indemnizar a toda esta gente? ¿A dónde tendrán que dirigirse? De nuevo: más desplazados, más gente empobrecida inundando las ciudades que no tienen como acogerlos si no es en los cinturones de miseria. “Cuando pase la emergencia”, dicen ellos. ¿Y es que acaso creen que este proyecto será viable algún día? Si las alarmas y sirenas que ellos mismos han instalado siguen sonando todos los días, si las alertas rojas no se han levantado y no se levantarán hasta tanto yo no recupere mi cauce y mi caudal normal, sin muros, ni presas, ni túneles, ni artificios humanos.


“Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar la energía que este país necesita?” me han venido a gritar aquí, a mis riberas, algunos de esos hombres de cascos blancos, azules y amarillos. “¿Es que no se da cuenta –vociferan–, que en este país la energía proviene de las hidroeléctricas que hay por toda la geografía montañosa? Además, este proyecto será –‘sería’, deberían decir– el más grande jamás construido en el país de esta naturaleza”. Y me preguntan a mí como si debiera dar respuesta a su codicia inagotable. A mí me informan que hay soluciones bien implantadas en otros países, con energías renovables –eólica, solar, biomasa, mareomotriz– y sin afectación tan grande a la naturaleza. Si tanto es su apetito, deberían haber hecho la tarea hace mucho tiempo para buscar soluciones alternativas. Si hubieran partido al amanecer a esta hora ya habrían llegado. El modelo energético de este país no podía seguir en esa carrera ciega de más y más hidroeléctricas, cada vez más grandes, cada vez más invasivas, cada vez más temerarias. Tantas veces va el cántaro a la fuente que al final se rompe, dicen los más sabios.


Afortunadamente, amigo, no estoy solo. Tengo aliados formidables, portentosos. ¿Sabe quién? La montaña. Las cordilleras. Las que me abrazan y acogen en este bellísimo cañón. Ellas están colaborando, se están movilizando, reacomodando, con el crujir de las fallas geológicas que yo ayudo a crear gracias a la inconmensurable presión que ejerzo con estas aguas represadas, y así alcanzaremos el propósito que nos alienta: que yo pueda fluir naturalmente. Entre los dos, montaña y río, haremos justicia. Recuperaremos mi cauce. Salvaremos la vida: por una parte, a mí, el Cauca y, por la otra, a todo lo que me rodea y se nutre de mi y habita en torno a mí. ¿No se da cuenta que me quieren robar? ¿Qué me quieren aniquilar?


Ya va para un mes que a esas personas las hicieron salir de sus hogares y las llevaron a vivir hacinadas en unos coliseos, en unas escuelas, en unas bodegas. Desacomodaron toda la economía, las dinámicas sociales, la educación, la prestación de salud de todos estos lugares, de las poblaciones que evacuaron y de las poblaciones adonde llevaron los evacuados. Aquí todos pagan por los errores, las improvisaciones y la corrupción de esos individuos de cascos blancos, azules y amarillos y de los que están allá en Medellín y en Bogotá, dirigiendo todo desde sus cómodas oficinas, con tinto, agua y alimentos servidos a sus mesas, con baños a unos pocos pasos. Regresan en las noches a sus casas a dormir en cómodos lechos, no en el piso sobre unas colchonetas que casi no llegan, a pesar de la emergencia, a los lugares donde hacinaron los evacuados. A los que no quieren acudir a esos refugios les ofrecen dinero para que busquen dónde irse y así lavarse las manos del problema social que han generado. Como si uno o dos millones de pesos resolviera un problema tan grande. “A finales de junio estará superado cualquier riesgo en Hidroituango” dicen los titulares mentirosos para tratar de calmar los ánimos. ¡Ja! Si cada día hay una nueva alerta, una nueva alarma que se enciende, por lo que he dicho: río y montaña estamos aliados para no dejarnos vencer de esos hombres de cascos blancos, azules y amarillos y de sus jefes en las oficinas “inteligentes” de Medellín y Bogotá.


Si ellos, esos individuos arrogantes, llenos de sabiduría técnica y científica, colmados de títulos y cartones (y de codicia por los billones de pesos que mueve este proyecto) tan solo atendieran por un momento los principios que rigen la filosofía andina, otra cosa pensarían, otra cosa harían. Pero ellos no saben ni quieren saber nada de filosofía; y mucho menos de filosofía andina, ni de los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios.


Si lo hicieran, sabrían qué leyes rigen a la naturaleza y al ser humano, cuál es la lógica (ya que ellos son tan racionales) andina que aquí es ley. Sabrían –pero no quieren saberlo– que hay un principio general de relacionalidad de todo. En el principio todo era relación, la relación es la verdadera ‘sustancia’ andina. Para la filosofía andina, el individuo es “nada”, es algo perdido si no se halla insertado en una red de múltiples relaciones. El ser humano no se puede desconectar de los vínculos naturales o cósmicos. Esta relacionalidad se cristaliza a través de la reciprocidad, la complementariedad y la correspondencia entre los aspectos afectivos, ecológico, éticos, estéticos y productivos. ¿Me explico? Todo está unido, todo está relacionado, todo esta entrelazado. No hay forma de romper esos vínculos relacionales. No hay forma de cortar en dos un río, aguas arriba y aguas abajo, como ellos intentan e insisten hacer. A todo daño corresponde otro. Todo está en un equilibrio perfecto. A cada acción corresponde una reacción; a toda gestión corresponde un efecto, no hay causa sin efecto. Así de sencillo. Pero ellos no han logrado entenderlo. Y, de allí, todo lo que ustedes, y yo, estamos viviendo. Y como digo, ya sabemos quiénes son los que están pagando las consecuencias de esta ceguera infinita.


“Perdimos el control de la obra” dijeron hace unos días. ¡Qué gran verdad! ¡Qué coraje (o qué vergüenza) tuvieron al haberlo admitido! Ahora sólo queda un camino: deshacer lo que hicieron. Desarticular el monstruo que fabricaron en su soberbia infinita: desmontar esa presa, piedra a piedra, roca a roca y dejarme fluir como ayer, como hace años, decenios, centurias, milenios.


Yo soy el Cauca. Yo soy el río, el río que agoniza contaminado por las industrias del Valle, por el mercurio, y los químicos que vierten en mis aguas esas industrias y me hieren de muerte y que aún así me resisto a morir, a ser nada más que una cloaca fétida. En mi aun hay vida, mucha vida. En mi todavía nadan, viven y se reproducen la sardinata, el barbudo, la picuda, la cucha, el mazorco, el bocachico, el jetudo, el chango, la sabaleta, la guabina, el guachilejo y la dorada, en mis aguas todavía hay aluviones de oro, en mis riberas vuelan la zarceta azul, la lora cabeciazul, a mis orillas fangosas se acercan para desovar las cecilias, las salamandras, las ranas y sapos, las tortugas, los cocodrilos.


No hay alternativa. Entiendan, hombres sin razón, el principio de relacionalidad, de reciprocidad, de correspondencia. Ustedes no pueden hacer tanto daño y no pagar las consecuencias. Dejen de hacer sufrir a tanta gente despojada y desplazada de sus hogares, de sus sitios de trabajo, de sus centros educativos, de sus puestos de salud.


Desbaraten lo construido, háganlo pronto antes de que la montaña y yo tengamos que hacerlo. ■

 

*Escritor. Miembro del Consejo de redacción del mensuario Le Monde diplomatique, edición Colombia. Director de la colección de literatura Ríos de letras de Ediciones Desde Abajo.

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Con licencia abierta y blindada para matar

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.


El control paramilitar que siempre nuestra Comunidad de Paz ha denunciado públicamente, sigue avanzando con gran fuerza, abarcando todo el territorio, pero las autoridades no hacen nada para enfrentar y erradicar este fenómeno criminal que anula los derechos y las libertades de la población. Por el contrario, su pasividad, tolerancia y connivencia con el mismo, revela que hace parte de las políticas y estrategias oficiales.


Nuestra Comunidad de Paz siempre ha dejado en evidencia los avances que muestran los paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, antes con otros nombres y desde hace un tiempo con el de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero la respuesta rutinaria de las autoridades es que nuestra Comunidad de Paz se inventa los hechos o los infla. Desde Rito Alejo del Río (mediados de los años 90) hasta el presente, NEGAR TODO ha sido la actitud de las instituciones del Estado, empezando por la más directamente responsable: la fuerza pública. Con ello se han desprestigiado hasta el extremo, pues han ido confirmando cada vez más que sus verdades son mentiras y que su principal afán es tapar y camuflar la realidad real y tratar de venderle al país y al mundo una realidad falsa.


Las amenazas a nuestra Comunidad de Paz y a los pobladores de la zona no cesan. Los grupos paramilitares que patrullan las veredas obligan a los campesinos a trabajar para ellos, a pagar vacunas, a servirles de puntos de información. La población civil no tiene más opciones que someterse o si no lo hacen tienen que desplazarse o entrar a formar parte de las listas negras, de donde se eligen los candidatos al asesinato, crímenes que van convenciendo a los pobladores que ellos “hablan en serio” y que además gozan de inmunidad, pues están blindados frente a la justicia. La rutinaria matanza de líderes sociales en el país, como política generalizada, nos está demostrando que quienes ordenan los crímenes son inmunes a todo proceso judicial. Ya el gobierno y las cabezas de sus instituciones mantienen el discurso preparado para “lamentar los hechos y prometer que las cosas no se quedarán así, que el peso de la ley caerá sobre los victimarios”, pero la rutina nacional nos ha enseñado hasta la saciedad que se trata de un mero discurso tranquilizador sin incidencia alguna en la realidad.


Durante todo el año 2018 dejamos constancia de todos los atropellos, amenazas y sometimiento de la población civil al paramilitarismo. El afán de controlarlo todo fue como una avalancha que fue inundando todas las veredas ante la mirada pasiva y complaciente de sus “primos” y de las demás autoridades locales y regionales. La consigna frente a nuestra Comunidad siguió siendo que nuestra Comunidad de Paz debe desaparecer, consigna adicionada con amenazas y anuncios persistentes de muerte para varios de nuestros líderes e integrantes y con agresiones audaces como tomas de tierra e incursiones armadas con fines aterradores.


Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:


* Por información de pobladores de la zona, se supo que durante la fiesta de fin de año, hubo en el caserío de San José una gran concentración de paramilitares quienes eligieron ese sitio para sus festejos. Subieron en lujosas camionetas y en multitud de motocicletas por nadie requisadas y se encontraron con numerosos colegas paramilitares. Nos preguntamos por qué lo hicieron allí, estando el caserío tan militarizado, pues hay una base militar y un búnker de la policía, establecimientos cuya ubicación contradice las normas y jurisprudencias de la Corte Constitucional. Muchos pobladores civiles que fueron esa noche a visitar a sus parientes, quedaron extrañados de la gran concentración paramilitar.


* El jueves 10 de enero 2019, veinte paramilitares con camuflados y armas largas, al mando de alias “Majute”, llegaron a la vereda Mulatos Medio, donde se quedaron por varias horas junto a uno de los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz.


* El sábado 12 de enero de 2019, cinco paramilitares armados y montando en mulas llegaron al punto conocido como Chontalito, de San José de Apartadó, donde permanecieron algunas horas.


* El miércoles 16 de enero de 2018, en horas de la tarde fue asesinado el joven DEIMER ÚSUGA HOLGUÍN, a escasos 300 metros de la Base Militar del corregimiento de San José de Apartado. El hecho ocurrió en el camino real que sube por el río El Mariano y conduce para las veredas El Mariano, La Linda, Cristalina, Miramar, buenos Aires, Buena Vista, Alto Bonito, Mulatos, Resbaloza, entre otras, el hecho fue exactamente en el punto donde el pasado 16 de noviembre de 2017 intentaron asesinar al joven JUAN DE A CRUZ GUZMAN, hechos atribuidos a los paramilitares, pues su afán por controlar a la población los lleva a perpetrar asesinatos selectivos para producir impactos sobre todo aquel que no se someta a sus intereses. El contexto es, evidentemente, toda la tolerancia y aquiescencia de la fuerza pública con la cual el paramilitarismo ha contado en la zona, ya durante varias décadas, en las cuales han consolidado su accionar y su estrategia, lo cual hace recaer la responsabilidad, de manera evidente, en el gobierno y sus instituciones militares y policiales. Nuestra Comunidad de Paz ha dejado centenares de constancias, clamando permanentemente para que esta absurda situación se termine, pero la única respuesta del Estado es luchar para que no denunciemos, para que cerremos los ojos y la boca y dejemos actuar a sus anchas al paramilitarismo. Ese es el sentido de la Acción de Tutela que la Brigada XVII ha colocado contra nuestra Comunidad, pero que no puede ser acatada porque viola derechos constitucionales y universales intocables y porque de acatarla ahí sí tendrían el campo libre para continuar arrasando con todos los derechos de la población y las bases de la dignidad humana.


* El jueves 17 de enero de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una lista de 8 persona que tienen los paramilitares para asesinar, entre los cuales estaba el joven asesinado el día anterior, Deimer Usuga Holguin. Entre los otros siete que están en la lista, algunos son miembros de nuestra Comunidad de Paz y el resto son pobladores de la zona. Responsabilizamos al Gobierno y a sus instituciones militares por lo que pueda pasarle a los miembros de nuestra Comunidad de Paz y/o a otros pobladores de la zona, pues ya se escuchan nombres de personas que asesinarán y bien lo tiene sabido El Estado, pues la situación que se vive en nuestro territorio es dramática y el Estado no ha querido hacer nada para enfrentarla. En el mismo corregimiento de San José de Apartadó se corren los rumores de una serie de panfletos que circulan los mismos paramilitares desde El Municipio de San José de Uré Córdoba con amenazas de muerte y sometimiento a la población civil si no se acoge a sus ideas perversas.


La Juez Segunda Promiscua de Apartadó se ha propuesto amordazar nuestras constancias públicas presionada por los militares, pero razón tuvimos desde hace ya muchos años, cuando descubrimos que el aparato judicial estaba hundido en la corrupción y sólo producía impunidad para un lado y arbitrariedad para el otro, algo tan opuesto a la mínima ética que debe inspirar el ejercicio de la justicia, que decidimos no relacionarnos más con ese aparato para poder salvar nuestra rectitud de conciencia, mientras hemos seguido clamando a las altas Cortes para que corrija tan perversos caminos y limpie los expedientes de tanta podredumbre, pero no han querido hacer caso.


Es un hecho de completa evidencia que nuestro territorio lo dominan los paramilitares y que la fuerza pública que está ahí, lo permite. Nos preguntamos ¿por qué un corregimiento tan militarizado es controlado por los paramilitares? Y lo más terrible: están matando al campesino a pocos metros de esas bases militares. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el campesino siga siendo oprimido por el paramilitarismo? ¿Cómo es posible que un corregimiento donde hay una base miliar grande y una estación de policía con muchos hombres, los paramilitares ejerzan allí su control, vivan a sus anchas, se reúnan para hacer allí sus grandes fiestas, sin que nadie lo impida, y que además cobren impuestos ilegales, impongan sus normas, asesinen, amenacen, circulen listas de condenados a muerte y las vayan ejecutando y el gobierno siega fingiendo que es sordo y ciego?


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Enero 18 de 2019

 

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La impune maquinaria del sicariato contra los dirigentes populares

El 11 de Enero, Alfamir Castillo, una emblemática luchadora popular del Valle del Cauca, fue víctima de un cobarde atentado mientras se desplazaba con su marido en la carretera de Pradera a Palmira. Hay que mencionar que esta carretera está altamente militarizada y tiene presencia policial permanente.

Alfamir Castillo ha vivido con un dolor muy grande: su hijo, Darbey Mosquera Castillo, fue asesinado por el Batallón de Contra Guerrilla No. 57 "Mártires de Puerres" del Ejército Nacional en Febrero del 2008, en una vereda de Caldas, donde el muchacho le habían ofrecido trabajo. Luego lo hicieron pasar por guerrillero muerto en combate, en el infame caso de los “falsos positivos”, cuando el “presidente de la paz”, Juan Manuel Santos, era ministro de defensa. Ese fue el asesinato sistemático de muchachos de escasos recursos, secuestrados por el ejército después de prometerles trabajo, para ser asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, a fin de que la soldadesca y los oficiales pudieran cobrar beneficios económicos, ser promovidos en la jerarquía castrense y obtener vacaciones, beneficios que les garantizaba el “pacificador” Santos en su política de conteo de cabezas. Estos no fueron casos aislados: la investigación “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002–2010: Obediencia ciega en campos de batalla ficticios” (2017), escrita por el ex policía y sociólogo Omar Eduardo Rojas y Fabián Benavides, presenta evidencia de que hubo más de 10.000 casos. Esto fue un genocidio sin proporciones en la historia colombiana, y las denuncias de que la práctica no han cesado siguen en pie.


Alfamir Castillo, sin embargo, no es una mera víctima. Es una luchadora popular excepcional que ha convertido el dolor ocasionado por el cobarde asesinato de su hijo, en ternura para todos los oprimidos. En cada movilización, ahí está ella. Patiana de nacimiento, de un pueblo cerca del Bordo, ha vivido muchos años en Pradera, Valle, junto a su marido, un cortero de caña que está lisiado, aquejado por enfermedades ocupacionales derivadas del corte, en una batalla legal contra los ingenios para que le reconozcan la afectación que ha sufrido y lo compensen. Cuando el paro de los corteros en el 2008, allá estuvo ella, organizando el Comité de Mujeres Corteras de Caña para apoyar a sus esposos en esa lucha contra el Goliat azucarero. Su liderazgo fue clave para mantener la movilización de los corteros, un punto de inflexión en la historia reciente de las luchas populares. En esas correrías fue que la conocí, y aprendí a admirarla y apreciarla. El atrevimiento de enfrentarse a los zares del azúcar, a los Caicedo, a los Ardilla Lulle, los Cabal, los Eder, les ha costado caro a los corteros: la mayoría de quienes lideraron ese paro, han debido enfrentar agresiones, atentados y el desempleo.


Alfamir no ha estado al margen de esta situación. Varias veces ha tenido que salir desplazada de Pradera por amenazas en su contra. En el 2012, incluso, recibió el “beneficio” de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [1], pero no pasa nada. En Cali, desplazada, la atacaron una vez con una jeringa. Otras veces le han apuntado con pistolas. Ahora la cosa fue a tiros. Tres tiros en contra de la camioneta en que se desplazaba, ninguno de los cuales la alcanzó, afortunadamente. Ese día había recibido dos amenazas, en las que le decían, “no creas que estamos jugando. No creas que estamos mintiendo la muerte te ronda y tú no lo crees, ni tus escoltas van a poder salvarte vieja h.p. todo lo que nos ha pasado te lo vamos a cobrar… muere… muere… muere…” y “esto es un ultimátum vieja h.p. ya sabemos todo y tienes miedo pero ni por mil esquemas de seguridad te vas a salvar de nosotros, tu insolencia a mi comandante la vas a pagar con sangre y la salida de nuestros hombres son nuestra mejor arma…muere… muere… muere” [2]. Tu insolencia a “mi” comandante… más claro echarle agua.


Estuviera esto pasando en Venezuela, ya habría escándalo internacional, y los representantes colombianos, con espuma en la boca, estarían pidiendo sanciones en la OEA y la ONU. Pero como es Colombia, todo pasa de agache porque el asesinato de dirigentes sociales se ha vuelto un deporte: casi 300 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz el 24 de Noviembre del 2016. Es decir, en poco más de dos años. Asesinatos selectivos, la mayoría después de amenazas, los cuales buscan descabezar las organizaciones sociales. Un auténtico socialicidio, como lo he llamado en ocasiones anteriores [3]. Ante quienes plantean que “el conflicto es muy complejo para saber de dónde vienen los tiros”, que pueden ser muchos sospechosos, etc. recientemente, la Universidad del Rosario ha publicado una sistemática investigación en la cual demuestran: uno, que la mayoría de los asesinados es por disputas de tierra y que la mayoría de los asesinos son bandas paramilitares, las milicias privadas de ganaderos y terratenientes[4]. El mismo estudio abofetea al manoseado argumento, repetido por la socialbacanería hasta el cansancio antes del acuerdo de paz, de que “una vez acabadas las FARC-EP se le acabaría a la oligarquía la excusa para matar y se tendrían que volver demócratas”, demuestra que en las zonas donde existía las FARC-EP y éstas se desmovilizaron, es donde se concentra la mayor parte de los crímenes recientes.


Acá están claros los móviles de los asesinatos y los sectores sociales detrás de ellos: lo que no hay es voluntad política para coger al toro por las astas. Contrasta la ineficacia para encontrar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes en contra de las organizaciones populares, y dirigentes sociales y de izquierda, con la asombrosa eficiencia demostrada por la policía para capturar y encerrar en la cárcel (¡en menos de 24 horas!) a un pobre muchacho que, de broma, comentó en Facebook que asesinaría a uno de los hijos de Uribe Vélez: sin ninguna intención de realizar el crimen, sin organización detrás, sin ningún arma, pasó varios meses en la cárcel mientras la Fiscalía pedía 15 años de cárcel [5] … por un comentario pendejo en las redes sociales. Pero a los líderes sociales se les estigmatiza por los medios, se les señala con el dedo, se les amenaza, se les asesina y nada. No pada nada.


El grado de podredumbre del régimen colombiano alcanza niveles realmente sórdidos… en las raras ocasiones en que la justicia medio afecta, así sea tibiamente, a sectores poderosos de la sociedad, inmediatamente comienza a moverse una maquinaria macabra que intimida y asesina a potenciales testigos en contra de sus “patrones”. El caso Odebrecht, que salpica a Uribe, a Santos y a todos los círculos del poder, ya ha tenido tres testigos claves del proceso muertos en extrañas circunstancias: José Pizano, su hijo Alejandro Pizano (ambos envenenados con cianuro) y Rafael Merchán, ex secretario de transparencia de Santos, que apareció muerto en un aparente suicidio. Ahora, el tema de los falsos positivos ha entrado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aun cuando esto debería ser materia de las cortes comunes y corrientes porque es un crimen que no puede justificarse de ningún modo en el marco del enfrentamiento del Estado con las FARC-EP. Gracias al proceso de paz, y al abuso que se está haciendo de la JEP, los militares que tanto esfuerzo habían sido castigados por los “falsos positivos” están saliendo de las cárceles. Pero así las cosas, este tribunal, sin dientes, es inaceptable para los altos estamentos castrenses porque en la JEP se sabrá que este no fue un tema de “manzanas podridas” entre los bajos y medios mandos. La JEP, hecha a la medida de la clase dominante, siendo muy difícil que ningún miembro del Estado reciba condena alguna, careciendo de dientes ante los poderosos, pero potencialmente con afilados colmillos para los exrebeldes, es demasiado para una oligarquía acostumbrada a la impunidad absoluta.


El general Mario Montoya hoy enfrenta cargos por los falsos positivos, y ya comienzan a llover amenazas y tiros contra los testigos. El abogado de Alfamir señala que “la JEP, pese a que en noviembre del año pasado se le solicitó estudiar la concesión de medidas cautelares, no ha hecho absolutamente nada, ha dejado abandonada a doña Alfamir (…). Creemos que existe un desprecio por parte de la JEP hacia las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como se vio en las audiencias de septiembre y octubre del año pasado” [6]. Por si queda dudas de qué círculo provienen las amenazas y las agresiones en contra de Alfamir, en Octubre, ella participó en una de las audiencias contra Montoya por el tema de los “falsos positivos”; ese mismo día la amenazaron y le dijeron que no se volviera a aparecer por las audiencias [7].


Si Alfamir, una mujer de una valentía realmente admirable, recibe este golpe… ¿quién se va a atrever a levantar el dedo contra Montoya? Si poderosos testigos del caso Odebrecht están muriendo, ¿qué misericordia de la máquina sicarial puede esperar una mujer negra, esposa de cortero, una mujer pobre como Alfamir? El sistema ha mostrado una crueldad espeluznante hacia Alfamir y su familia: asesinándole un hijo, amenazándola y atacándola constantemente, con los ricos del Valle negándole una miserable pensión a su marido. Negándoles sistemáticamente cualquier reparación, cualquier asomo de justicia. Pero ahí está pintado de cuerpo entero y sin afeites. Es increíble que después de tanto dolor, de tanta saña contra ella, no le hayan logrado silenciar ni amedrentar. Inmediatamente después del atentado su voz, esa voz que tanto han querido callar, volvió a hablar fuerte, claro, lozana, para decir lo que todos saben pero pocos se atreven a decir: “varios de los militares han salido en libertad por cuenta del Proceso de Paz y con nosotros, las víctimas, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo quedamos y dónde quedamos? La JEP no nos ha tenido en cuenta como víctimas porque nos ha expuso a esto, a que nos asesinen (…) ¿Esta es la realidad que está viviendo Colombia? (…) Uno se queda sin pensar. Hasta el momento no sé qué hacer, pero lo que sí sé es que hay que seguir visibilizando esta situación. No podemos permitir que esto siga pasando” [8]. Con la porfía de Antígona, Alfamir no descansará hasta que haya justicia. Y todos a quienes nos palpita el corazón por la justicia social, por la libertad, tenemos que rodearla para que siga en su lucha que es nuestra lucha.


Alfamir, hermana, amiga, compañera… recibe nuestras manos solidarias abiertas para seguir tejiendo resistencias a la infamia.

Por José Antonio Gutiérrez D.
Rebelión

Notas
[1] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-amenaza-de-muerte-contra-de-madre-de-victima-articulo-380721
[2] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-833759
[3] http://anarkismo.net/article/30859
[4] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251112&titular=%93a-los-l%EDderes-sociales-no-los-han-matado-tanto-por-miner%EDa-o-coca-como-por-
[5] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6735011https://www.semana.com/nacion/articulo/absuelto-nicolas-castro-acusado-amenazar-hijo-del-expresidente-uribe/246349-3
[6] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-833759
[7] https://colombia2020.elespectador.com/jep/jep-solicita-con-urgencia-proteccion-para-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra
[8] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-83375

 

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Juan Pablo II recibe a Marcial Maciel en el Vaticano, el 30 de noviembre del 2004 TONY GENTILE (Reuters)

"Todos en el Vaticano lo sabían y nadie hizo nada", asegura el octogenario y exlegionario Félix Alarcón, una de las primeras víctimas del depredador Maciel

 

Durante años campó a sus anchas por los pasillos vaticanos. Era el ejemplo de fundador de nuevo movimiento: un hombre íntegro, adulador, con capacidad de liderazgo. Juan Pablo II lo consideró "guía eficaz de la juventud". Pero, durante décadas, muchos en la Iglesia sabían que en realidad Marcial Maciel (1920-2008), fundador mexicano de la Legión de Cristo y afincado durante años en España, era un depredador. "Llevamos 70 años encubriendo, y esto ha sido un tremendo error", ha apuntado el cardenal João Braz de Aviz en una entrevista en la revista católica Vida Nuevarecogida por El País.


La Santa Sede había recibido las primeras denuncias de abusos contra Marcial Maciel en 1948, pero no hizo nada hasta que, en 2006, el Papa Benedicto XVI condenaba al fundador de los Legionarios de Cristo a una vida de oración y silencio, apartado del mundo, al comprobar que había abusado sistemáticamente de menores y que, además, mantenía una doble vida, con varias mujeres y hasta media docena de hijos.


Nadie hizo nada por frenar a Maciel, que contaba con el total apoyo de Wojtyla (Juan Pablo II), hasta el punto de que el Papa hizo caso omiso a las denuncias que, desde 1988, lanzaron algunos de los primeros integrantes de la Legión de Cristo. Entre ellos, el sacerdote Félix Alarcón: "Todos en el Vaticano lo sabían, y nadie hizo nada", asegura este octogenario, una de las primeras víctimas del depredador Maciel.


Pero las primeras denuncias llegaron en diciembre de 1944, en una carta al obispo de Cuernavaca, en la que el joven Luis de la Isla y sus padres denunciaban abusos de Maciel, pero ni actuó en consecuencia ni envió informes al Vaticano.


La primera vez en que las denuncias llegaron a Roma fue desde España. Dos jesuitas de Comillas enviaron en 1948 sendos informes a la entonces llamada Sagrada Congregación de Religiosos. En 1954, apuntan los documentos, fue el Arzobispado de México quien pidió informes sobre el fundador al legionario Federico Domínguez, quien habló por primera vez de la adicción a la dolantina (un opiáceo) de Maciel. El informe llegó hasta el Vaticano.


Dos años después, el arzobispo de México y el nuevo obispo de Cuernavaca denunciaron por pederastia y adicción a las drogas a Maciel, pidiendo su suspensión temporal. Durante algunos años (al final del pontificado de Pío XII y el de Juan XXIII) Maciel fue apartado temporalmente de la dirección del instituto.
Abusos, drogas y dinero


Los documentos muestran que la Santa Sede estaba enterada del abuso de drogas por parte de Maciel, de sus abusos sexuales y las irregularidades financieras desde 1956, cuando ordenó una investigación inicial. Sin embargo, durante décadas y gracias a la habilidad de Maciel de mantener silenciados a sus propios sacerdotes, su habilidad para colocar a legionarios confiables en puestos clave en el Vaticano y su cuidadoso cultivo de relaciones con los cardenales vaticanos, obispos mexicanos y católicos poderosos y acaudalados, Roma prefirió mirar hacia otro lado.


Hasta 1976 no se produjo una nueva denuncia, cuando dos exlegionarios lo hicieron en Estados Unidos, enviando copia de la demanda a Roma. Finalmente, en febrero de 1997, un grupo de ocho exlegionarios –entre ellos Félix Alarcón y Juan José Vaca– lograron que la denuncia contra Maciel alcanzara los medios de comunicación internacionales.


De todos modos, Juan Pablo II ordenó bloquear el asunto en Doctrina de la Fe en 1999. También se permitió entonces que Maciel construyera su entramado empresarial para evadir impuestos entre los años 1990 y 1992, cuando todavía gozaba de la protección del Vaticano. Según publicó El Confidencial en su investigación de los Papeles de Panamá, el negocio de las universidades vinculadas a la congregación religiosa con más de 300 millones de patrimonio, se administró desde territorios opacos.


Entre 2002 y 2005, el entonces prefecto (y futuro Benedicto XVI), Joseph Ratzinger, trabajó privadamente en un grueso informe con todas las denuncias recibidas y, en 2006 (ya siendo Pontífice), suspendió definitivamente a Maciel.


Muerto el depredador, no se acabó la enfermedad, sino que continuó emergiendo con más fuerza. Y es que la Legión de Cristo, uno de los movimientos más importantes de la Iglesia neoconservadora, tuvo que comenzar en 2010 un proceso de purificación que acabó, hace pocos años, con la reestructuración completa de la rama sacerdotal, la laica (el Regnum Christi) y las consagradas.


El imperio financiero que compra influencia


La refundación eliminó toda referencia a Marcial Maciel y a sus escritos. Solo aparece como fundador, pero ninguna de las normas que aplicó durante sus sesenta años al mando de la organización se mantienen. Pese a esa reinvención, la Casa General de Roma de los Legionarios ha acogido al pederasta John O'Reilly, expulsado hace dos semanas de Chile tras cumplir una condena de cuatro años de prisión por abusar de menores.


Hoy, la Legión de Cristo sigue siendo un 'ejército' a la orden de la Iglesia neoconservadora. La forman 21.300 miembros seglares, 526 consagradas, 63 laicos consagrados y 1.537 legionarios de Cristo (sacerdotes). La Legión mantiene 154 colegios, 5 academias internacionales, 14 universidades civiles y cuatro eclesiásticas, donde se forman 176.000 alumnos en todo el mundo.


En nuestro país, los legionarios gestionan el santuario de Nuestra Señora de Sonsoles en Ávila, y el famoso seminario de Ontaneda (Cantabria), donde se produjeron algunos de los primeros abusos de Maciel, y Moncada (Valencia). La Universidad Francisco de Vitoria, colegios como Everest y Cumbres o los Highlands son otros de los centros educativos de la Legión que, lejos de desaparecer, se ha reinventado en mitad de un pontificado aparentemente progresista como el de Francisco.


Según la investigación El imperio financiero de los Legionarios de Cristo (Grijalbo), del periodista mexicano Raúl Olmos, su supervivencia se explica porque la congregación es muy influyente y también es fundamental en la parte económico-financiera: "Tiene más liquidez que el propio Vaticano", hasta el punto de que "financian parte de la actividad de la Santa Sede", relata. No en vano "en México se les conoce como 'Los millonarios de Cristo".


Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/Marcial-Macel-cordero-Legionarios-Cristo_0_852865091.html

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Daniel Prado: “Los paramilitares llegaron a tener un presidente”

Daniel Prado es abogado de la parte civil en el caso Los 12 Apóstoles y defensor de los Derechos Humanos en Colombia.

 Entre los días 3 y 7 de diciembre, se celebraron en Colombia las audiencias finales del caso de Los 12 Apóstoles. Si Daniel Prado obtiene el fallo favorable del juez, a principios de 2019 Santiago Uribe, el hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, podría pasar 40 años en prisión tras un juicio sin precedentes en la historia colombiana. Un proceso que se remonta a 1997 y a crímenes que tuvieron lugar en la década de los 80 que podría demostrar, por vez primera, las relaciones entre los grupos paramilitares con la alta clase política y con las fuerzas de seguridad en Colombia.

El grupo contrainsurgente Los 12 Apóstoles toma su nombre de uno de sus integrantes, que era u sacerdote. En el juicio, se le atribuye a Santiago Uribe, de manera directa, el asesinato del conducto de autobús Camilo Barrientos, aunque también se le acusa de estar al mando de este escuadrón de la muerte. Los 12 Apóstoles cometieron centenares de asesinatos contra todos aquellos que consideraron como delincuentes, cómplices de la guerrilla, agitadores sociales o consumidores de drogas. Fue la llamada limpieza social de las personas políticamente incómodas en Colombia.


Daniel Prado responde sin prisa en una cafetería del centro de Madrid. Llama la atención su lenguaje llano. Se aleja lo máximo posible de lo que se esperaría de un hombre “de derecho”: pocos tecnicismos, opiniones políticas y un lenguaje que se aleja de lo intrincado. Responde a todo, pero, cuando escucha la pregunta sobre las amenazas a defensores de los derechos humanos, le cambia la cara. Se deduce por su gesto que ha sufrido la pérdida de alguien cercano, y eso le invita a no responder. Hay un largo silencio. La pregunta cambia. Sigue contestando con total normalidad, como si no hubiera existido ese momento incómodo.


¿Cuál es la vinculación de Santiago Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles?


Se le vincula con la muerte de Carlos Barriento en 1994, un conductor de lo que en Colombia se conoce como una “chiva”, que es un transporte público que lleva personas por las veredas a los mercados. Y también se le acusa de la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. De haberlo creado, de haberlo financiado y ser parte de la estructura del grupo. Es el delito de concierto para delinquir con fines para financiamiento de grupos paramilitares.


¿Está relacionado el presidente Álvaro Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles , al igual que su hermano?


Cuando Álvaro Uribe llega a la presidencia, legaliza estos grupos de vigilancia privada. Aunque pasan a ser legales, unos años después tiene que ilegalizarlos por la cantidad de abusos a los derechos humanos que cometen las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia]. En el año 94 se eligió a Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia y, para finales de los 80, en la región del sureste antioqueño, tienen gran presencia los grupos de vigilancia privada. Son los que comienzan a hacer las campañas de limpieza social en Colombia. Este es el proceso de cómo surge el paramilitarismo y de cómo el paramilitarismo llegó a tener una incidencia grande en la política colombiana.


Podemos plantear que Álvaro Uribe llegó a la presidencia gracias a toda la actividad del paramilitarismo que se origina a finales de los 80 y de los cuales su hermano hacía parte, como ha dado cuenta el proceso que adelantamos. Igualmente, los bienes donde se hicieron estas actividades son de propiedad tanto de Álvaro Uribe, como de su hermano.


¿Está diciendo que la casa donde se reunían Los Doce Apóstoles pertenece a los dos hermanos y no solo a Santiago?


Sí, son haciendas que son de propiedad de los dos, del grupo familiar. Hay otros procesos que hablan de paramilitares que prestaron seguridad a los hijos de Álvaro Uribe Vélez desde esta época. La incidencia del paramilitarismo en la política colombiana en los últimos años ha sido impresionante, llegaron a tener presidente.


La CIA archivó unos documentos que vinculan a Uribe con Pablo Escobar. ¿Cuál era esa relación?


Se habla de que hay una lista que dice que Uribe era del Cartel número 82. No sería rara esta relación con el mundo del narcotráfico porque la familia de Uribe está ligada por vínculos de sangre con los Ochoa. En esta familia hay una línea de descendencia que corresponde a los narcotraficantes integrados en el cartel de Medellín, liderados por Escobar. Era de público conocimiento la relación de su padre con el mundo del narco y específicamente con esa dinastía. Hay una foto en un libro escrito por Fabio Ochoa Vázquez en la que se ve al hermano de Álvaro Uribe en compañía de Fabio Ochoa Vázquez [Prado muestra en su teléfono móvil la portada]. Ambos tenían un primo en común: Mario Vélez Ochoa. Lamentablemente, el mundo económico de Colombia pasa por el narcotráfico. Es una actividad que es notoria.


¿Era estrecha la relación entre la policía, el ejército y los grupos paramilitares?


Las investigaciones que se han hecho sobre la permanencia de estos grupos en las haciendas de la familia Uribe Vélez establecen que contaban con la colaboración de las fuerzas públicas; es más, en la hacienda de la Carolina había una base de hombres del ejército colombiano que permaneció allí por más de 20 años. En 1989 la vendieron a la gobernación de Antioquia para hacer una base de entrenamiento. Eso implicó que el hermano y el presidente tuvieran guardia de la fuerza pública en su casa, lo que supone la utilización corrupta del ejercicio de la administración pública.


Eran soldados pagados por toda la ciudadanía colombiana. Eso es una forma soterrada de generar corrupción, donde el Estado presta seguridad a un político en sus propiedades particulares. Es comprensible que un expresidente tenga seguridad propia hacia su persona, pero no en otro ámbitos. Sin embargo, Álvaro Uribe presentaba la seguridad privada como la mejor arma contra los grupos insurgentes. Claro, contra los grupos insurgentes y contra la sociedad civil organizada. En la medida en que el paramilitarismo tuvo como estrategia, para ganarse el apoyo de la ciudadanía, las campañas de limpieza social. Eso generaba políticas criminales que buscaban eliminar a aquellas personas que, por su condición social, pudieran atentar contra la propiedad privada y la moralidad. Y así, las políticas de seguridad comienzan a eliminar a personas incómodas y se centran en el control social. En atemorizar a la sociedad.


¿Cuáles han sido las amenazas que ha sufrido usted por su trabajo como defensor de los derechos humanos en Colombia?


Se pueden dar circunstancias de amedrentamiento como son la presencia de hombres armados, algún tipo de acoso, seguimientos, llamadas, etcétera. En otro momento me aflojaron las cuatro llantas de mi vehículo particular, pero es algo a lo que los colombianos que hacemos este tipo de cosas estamos acostumbrados.


Para la comunidad internacional es difícil poder entenderlo, pero nosotros sabemos que si nos dejamos amedrentar por esto, nos toca salir al exilio. Es una forma de sacarlo a uno de su entorno, de su arraigo, y hay que luchar contra eso. Los pueblos tienen que tener la dignidad suficiente para denunciar este tipo de delitos independientemente del poder que tengan quienes los cometen. ES parte de la dignidad del ser humano.


¿Está usted acogido a algún servicio de seguridad o vigilancia por parte del Estado?


Tras unos estudios de riesgo, consideraron que mi nivel de riesgo era extraordinario. Como medidas de protección, me ofrecían un celular, un hombre a pie y un chaleco antibalas. Nunca las acepté. A raíz de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ordenan al Estado colombiano blindarme unas condiciones de seguridad y, en este momento, tengo un esquema que consta de dos hombres y un vehículo blindado. Este tipo de medidas no te van a salvar la vida si quieren asesinarte. Lo que en algún momento puede ejercer es algún tipo de presión; es que la comunidad internacional le exija al Estado colombiano el respeto por la vida de los defensores de los derechos humanos, en este caso por la mía también.


¿El paramilitarismo sigue siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Colombia en nuestros días?


El paramilitarismo, que sigue existiendo en Colombia, ha mutado a pequeños actores. El problema para Colombia es la actitud que han asumido Uribe y su partido político frente a esos acuerdos. [El anterior Gobierno] tuvo como única finalidad ocultar las actuaciones que cometieron, específicamente su relación con el apoyo y financiación de grupos paramilitares.


En el gobierno de Álvaro Uribe, se dio una de las campañas de limpieza social más conocidas bajo el nombre de los 'Falsos Positivos'. Se establecía un sistema de recogida de personas que estuvieran en situación de calle, jóvenes desempleados o incómodos por su participación política para confinarlos en camiones, vestirlos de guerrilleros y después ejecutarlos. Le vendían la idea a la sociedad colombiana de estar combatiendo a las FARC, cuando realmente ejecutaban civiles. Buscaban reforzar esa imagen del presidente como hombre fuerte que prometía seguridad al país mejorando las estadísticas del combate de los militares contra los grupos armados.


¿Iván Duque supone un cambio como sucesor del ahora senador Uribe respecto a estas políticas de seguridad nacional?


Duque es la representación de Álvaro Uribe Vélez. Podríamos decir que Álvaro Uribe gobierna el cuerpo de Iván Duque. Fue quien lo eligió, el que hizo la campaña electoral, es todo. Tú no puedes desligar a Iván Duque de Álvaro Uribe: hay una relación muy estrecha entre los dos. Duque hace lo que Uribe quiere que se haga en el país.

¿Cómo actúa la comunidad internacional ante eso?


Parte de la sociedad europea sigue recibiendo al expresidente como si fuera un hombre de mucho honor y eso, de una u otra forma, es olvidar estos delitos. Se privilegia la necesidad de comercializar con un país, se pierde la dignidad y se sienta uno en la mesa con un hombre que tiene sus manos untadas de sangre. Habría que plantearse si es válido que esa persona entre al territorio de otros países hasta que no se den los resultados de esas investigaciones. El mundo debe en algún momento cerrarle la puerta a todo aquel que tiene delitos de lesa humanidad hasta que se resuelva su situación judicial, hasta que las autoridades digan si fue o no responsable. Son miles los campesinos que han tenido que salir de Colombia, son miles los muertos a manos de paramilitares como en la masacre de La Granja. ¿Cuántos falsos positivos se dieron en su gobierno? ¿Cuántos funcionarios de su gobierno no están en la cárcel por corrupción? El periodista colombiano Guillermo Cano decía: “Nadie puede estar en una piscina sin mojarse”.

Por OSEBA TORRONTERAS / ÁLVARO BRAVO

PUBLICADO
2018-12-12 06:06:00

Publicado enColombia
Omar Rojas: “Hay evidencias de la colaboración entre el Estado y los paramilitares en el caso de los falsos positivos”

Ex teniente coronel de la policía colombiana, sociólogo e investigador, Omar Rojas Bolaños documenta la ejecución de más de 10.000 “falsos positivos” por parte del Estado en tiempos de Álvaro Uribe.

 

El sociólogo Omar Rojas Bolaños ha conducido junto con el historiador Fabián Leonardo Benavides un trabajo de investigación que es, al mismo tiempo, una denuncia implacable. El resultado final: un libro que documenta más 10.000 crímenes de Estado perpetrados durante los mandatos presidenciales de Álvaro Uribe en el marco de la época de la llamada “Seguridad Democrática”.

Rojas había desarrollado su carrera en la Policía Nacional colombiana, donde sirvió desde 1981 a 2011, acumulando ascensos hasta llegar a teniente coronel. Hombre de una profunda ética, mamada en casa desde que apenas era un niño, la indignación no le impide mantener con serenidad un compromiso firme por la justicia y la memoria. Un compromiso que se plasma no solo en su investigación, sino en la gira que ha emprendido para divulgar los resultados de su trabajo.

El libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios (Universidad Santo Tomas, 2018) analiza el fenómeno de los “falsos positivos”, presentados como bajas producidas por combates con la guerrilla. En realidad, se trataban de cadáveres de supuestos guerrilleros que, de acuerdo con la estrategia del “conteo de cuerpos”, el Ejército colombiano utilizaba para afirmar ante los medios que estaba ganando la guerra.

¿De dónde surge la idea de hacer una investigación sobre los “falsos positivos”?

Como sociólogo, siempre me ha interesado investigar cómo repercuten los problemas más actuales en la sociedad colombiana. Durante la década de los 90 realicé un trabajo acerca del asesinato de policías por parte del narcotráfico y de la guerrilla, que también analizaba su impacto en las familias de las víctimas.

Ya en el año 2008 iniciamos el estudio de los “falsos positivos” como fenómeno que afecta a toda la sociedad, por más que la opinión pública lo ignorase todo acerca de ellos.

Casualmente, encontramos a una persona que se entregó a un grupo de policías diciendo que había sido contactado por alguien del Ejército para hacer un trabajo, y esa era la información que manejé por aquel entonces. Más o menos a los tres meses aparecieron los casos de los “falsos positivos” de Soacha, una población en el departamento de Cundinamarca, muy cercana a Bogotá, donde unos 18 jóvenes fueron reclutados por el Ejército con el propósito que se fueran de esa zona. Los muchachos fueron trasladados al departamento de Santander, a varios kilómetros de distancia de Bogotá, y allí fueron asesinados. Posteriormente, el Ejército presentó sus cuerpos como los de guerrilleros caídos en combate.

A partir de aquí fuimos acumulando información, que contrastamos con estudios universitarios que iban apareciendo y con sentencias judiciales que se iban emitiendo sobre casos concretos de falsos positivos, que no son sino asesinatos del Estado, perpetrados por agentes del Estado en servicio activo contra personas personas pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad, pero no militantes de ningún partido político ni comprometidas con ninguna agrupación armada.

En vuestro trabajo explicáis que los “falsos positivos” no surgen de la noche a la mañana, sino que son consecuencia de una estrategia meditada. ¿Fue esta fruto de la política de Álvaro Uribe o se dio ya con anterioridad?

En la forma de “falsos positivos” podemos decir que aparece con la Política de Seguridad Democrática, pero ya antes de 2002 se habían dado casos judiciales, presentados bajo la etiqueta de ejecuciones extrajudiciales. Estas implicaban que la persona asesinada había sido previamente señalada y perseguida; evidentemente, de ahí el nombre, su muerte se producía sin ningún tipo de juicio previo.

Desde 1994 hasta 2002 tenemos conocimiento de unas 664 ejecuciones extrajudiciales; sin embargo, en los 80 también encontramos casos.

En el periodo comprendido entre 2002 a 2010, los asesinatos calificados como falsos positivos responden a la estrategia enmarcada en la Política de Seguridad Democrática, que evaluaba a los oficiales y a las unidades militares por el número de guerrilleros que mataban. Estas evaluaciones eran conocidas como Política de Resultados.

Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en el 2002 la población no podía ir de una ciudad a otra por temor a que la guerrilla saliera y les hiciera lo que llamaban “una pesca milagrosa”: cobrar por permitirles el paso o directamente secuestrarlas. Uribe impuso la presencia de la Policía y del Ejército en las principales vías y las cabeceras municipales más importantes del país. La guerrilla se vio obligada a replegarse a zonas rurales apartadas, allí donde el Ejército no podía intervenir contra ella. Es entonces cuando apareció la evaluación por resultados, combinada con las recompensas y sobresueldos que asignaba el Estado a aquellos militares y policías que “dieran de baja a esos terroristas”.

Las ganancias eran altas: por poner un ejemplo, por cada supuesto terrorista asesinado les daban hasta tres millones de pesos y cuando la unidad militar asesinaba a más de seis, les daban adicionalmente hasta treinta millones de pesos. Todo esto significaba que con capturar guerrilleros no ganaban nada.

La Política de Seguridad Democrática, con sus estrategias de guerra no convencional, obedece en el fondo a una doctrina que señala que el mayor peligro para Colombia es el enemigo interno, y enemigo interno lo puede ser cualquiera: el castrochavismo, la izquierda, los comunistas... Todo ellos son susceptibles de ser eliminados. Pero, a partir de esta Política, cuando los agentes del Estado no encontraban guerrilleros, se dedicaron a asesinar a personas de bajos recursos para presentarlos como tales y pasar así la evaluación por resultados.

Hay un perfil dominante de víctima de “falsos positivos”: hombres, habitantes de zonas rurales y de familias con escasos recursos. Personas procedentes de entornos marginales y excluidas de la sociedad. ¿A qué se debe?

El 70% de los que fueron por los falsos positivos fueron campesinos y otro 13%, indígenas. Esto quiere decir que el 83% de las víctimas no contaban con dolientes [familiares] cuya voz fuera a ser escuchada.

Por otro lado, si bien no se puede asegurar que los falsos positivos estuvieran relacionados con la expropiación de tierras, sí que existió una alianza entre los paramilitares y el Ejército para asesinar a personas que protegían los derechos humanos o personas que estaban sindicadas.

Otro de los aspectos más llamativos del estudio es la logística y los recursos que posibilitaron que las ejecuciones se llevaran a cabo en espacios alejados de las comunidades de las víctimas. ¿No probaría esto cierta complicidad de las autoridades civiles?

Claro que hubo esa complicidad de las autoridades civiles y de otras instituciones. Lo que pasa es que la investigación de los falsos positivos en mi país únicamente se está dirigiendo hacia los que jalaron [apretaron] el gatillo. No se está investigando a quienes crearon la estrategia ni a quien dio las órdenes.

Los militares utilizaron para las operaciones de “falsos positivos” tanto dinero procedente de los fondos reservados como del rubro especial que creó Uribe mediante el sistema de recompensas, pero otros recursos procedían del aporte “voluntario” de los propios soldados. Conocemos casos de comandantes que exigían a los militares, a los soldados el desembolso de diez mil pesos.

En todo caso, hay muchas más personas comprometidas en los “falsos positivos”, no solo militares y policías. También hay que sospechar de la complicidad el personal que cuida las cárceles y las penitenciarias, además de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, que son los que hacían las investigaciones judiciales, y del cuerpo técnico de Medicina Legal, cuyos miembros tenían que certificar cómo se habían producido los disparos que acabaron con la vida de los guerrilleros. Podemos decir que fueron muchos los sectores de la sociedad responsables.

“La alianza consistió en que los paramilitares entregaron a aquellos que eran indisciplinados en sus filas para que el Ejército los asesinara y pudiera presentarlos como falsos positivos”

A este respecto, el estudio documenta también las denominadas “alianzas macabras” entre el ejército colombiano y estructuras paramilitares. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consistían y cómo se beneficiaban ambas partes?

Desde los años 90 se estableció una alianza tácita entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia. Un tema que, si bien es cierto ha sido investigado por diferentes actores, al Estado no le ha merecido ninguna atención.

Esto permitió a los paramilitares disciplinar a sus hombres y cumplir con la cuota que les pedía el Ejército. También se les exigía armas, que eran las que después aparecían en los cadáveres señalados como pertenecientes a guerrilleros. Tuvimos acceso a informes dónde se comprueba que los comandantes militares llamaban a los comandantes de los paramilitares y les exigían la entrega de cuerpos en X tiempo; en caso contrario se les podía hacer la vida imposible.

¿Cómo producirse todo esto sin que la comunidad internacional se enterara?

Algunos oficiales dicen que los militares estadounidenses llegaron a pedir resultados bajo el programa del Plan Colombia [un acuerdo bilateral suscrito entre Colombia y Estados Unidos en 1999 con los objetivos de combatir las guerrillas y establecer estrategias contra el narcotráfico, entre otros] y solo les interesaban las cifras que les daban. De lo que sí hay evidencias es de que alguna unidad utilizó los fondos del Plan Colombia para comprar armamento y uniformes que serían utilizados de los “falsos positivos”.

Creo que sí que hubo países que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya con anterioridad al 2006, cuando los “falsos positivos” eran mínimos. Después, las cifras alcanzaron unas proporciones impresionantes. Cuando Álvaro Uribe terminó su mandato, ofreció una especie de parte de guerra sobre sus años de gobierno donde decía que 19.405 “terroristas” habían sido dados de baja en combate, aunque posteriormente trató de acortar el número en algo menos de la mitad. Nosotros hemos encontrado referencias que en conjunto suman más de 10.000 casos.


Hay evidencias de que la ONU y otras entidades tuvieron conocimiento de ello cuando militares de bajo rango se acercaron al Ejército para dar a conocer los “falsos positivos” y después al Ministerio de Defensa e incluso a presidencia, aunque nadie hizo nada.

¿Qué papel han tenido para vuestra investigación los testigos y los familiares de las víctimas?

Hay una fuerte insensibilidad de cierta parte de la sociedad ante los “falsos positivos”. De hecho, actualmente todavía siguen siendo muchos los que niegan los casos y tratan de desprestigiar las denuncias que se han hecho. Algunos dicen que los “falsos positivos” respondieron a un plan para acabar con las “manzanas podridas” [drogadictos, ladrones, personas con antecedentes judiciales…] En ese sentido consideran que es una limpieza social que se hizo porque había muchos vagos y, tal y como dijo el presidente de turno de esa época, “los asesinados no lo fueron por recoger café”.

Al realizar la investigación nos dimos cuenta de lo siguiente: cuando entrevistábamos a familiares de militares comprometidos con los “falsos positivos”, nos decían invariablemente que estos victimarios eran los mejores padres, los mejores hijos, los mejores hermanos y, por supuesto, los mejores militares. ¡Y habían ejecutado unas 10.000 personas!

En cuanto a los otros familiares, los de las víctimas, se encuentran especialmente dolidos con la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz, que se estableció en los Diálogos de La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla para tratar de los crímenes de guerra y de los delitos de lesa humanidad] porque no entienden cómo alguien que ha cometido unos 40 asesinatos solo va a pagar con ocho años de cárcel como máximo. Y, además, durante este tiempo el militar puede obtener una pensión e incluso puede reclamar para que le paguen por todo ese tiempo que estuvo sin recibir sus honorarios. Personalmente, creo que la JEP tiene el imperativo ético de ir más allá de lo que está haciendo, pues al fin y al cabo simplemente cuentan con el relato de los victimarios, a quienes además se les ha creado una oficina destinada expresamente a asesorarles.

El caso del coronel Hernán Mejía hizo saltar las alarmas por todo el país acerca de los “falsos positivos”. Hoy por hoy, y gracias a la JEP, está en la calle. ¿Qué confianza te merece la justicia colombiana? ¿Por qué no actúa ya la Corte Penal Internacional, a donde también ha llegado este asunto?

En Colombia hay un alto grado de impunidad frente a los delitos cometidos por los militares y por los policiales. Un estudio al respecto dio un porcentaje de un 98%.

El [partido] Centro Democrático de Álvaro Uribe intenta evitar que se conozca la verdad sobre los casos de falsos positivos a través de dos jugadas maestras. En primer lugar, nombró a nueve magistrados de su entera confianza para que investigasen los delitos en los que hubiera militares involucrados. Posteriormente, con la JEP, a la que se han acogido más de 2.000 militares, crearon una oficina especial con el mismo cometido, que hizo lo que venía haciendo con anterioridad la justicia penal militar, por lo que los involucrados no terminaron respondiendo por sus delitos. Pero debemos tener en cuenta que la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar los asuntos que está tratando la JEP y está presionando al Estado colombiano a que investigue los casos que no están esclarecidos.


Lo interesante de la sentencia contra el coronel Mejía es que demuestra que existió una alianza estratégica entre el Ejército y los paramilitares para que se produjeran los “falsos positivos”, aunque esta alianza no se ha investigado con profundidad. Por esa razón, aunque Hernán Mejía haya sido condenado, su unidad es responsable de más asesinatos que ni siquiera se han investigado.

Colombia está actualmente presidida por un acérrimo uribista, Iván Duque, que tiene precisamente como vicepresidenta a Marta Lucía Ramírez, quien fuera ministra de Defensa Nacional cuando se produjeron los hechos estudiados en el libro. ¿Explica este hecho que se sigan documentando casos con otro nombre: “errores militares”?

Marta Lucía fue la que estuvo al principio como ministra y abrió el camino a los falsos positivos, aunque las mayores cifras corresponden al periodo comprendido entre los años 2006 y 2008, cuando ella ya no estaba.

Hace tres semanas se supo que ocho miembros del Ejército habían sido detenidos acusados de lo que se conocen como “errores militares”. En la actualidad, la estrategia pasa por no comprometer a las unidades del Ejército, cometiendo asesinatos a escala más reducida.
El haber elaborado este estudio sociológico hizo que la inteligencia militar me señalara como un traidor, divulgando por las redes sociales mi fotografía con mi nombre completo

¿Cómo ha afectado esta denuncia a tu vida? ¿Tienes garantizada la seguridad en Colombia?

En mi país hay un grave problema: los académicos y aquellos en general que nos atrevemos a investigar esta clase de fenómenos somos estigmatizados y relacionados con los movimientos subversivos.

Personalmente, el haber elaborado este estudio sociológico hizo que la inteligencia militar me señalara como un traidor, divulgando por las redes sociales mi fotografía con mi nombre completo, lo que puede llevar a que cualquier involucrado en los falsos positivos, o un agente de la extrema derecha, pueda identificarme fácilmente y asesinarme. En este momento no existen las condiciones de seguridad necesarias para regresar a mi país, a pesar de haber solicitado ayuda a la Unidad Nacional de Protección, la cual se negó a hacer nada aduciendo que no era un problema de su incumbencia.

publicado
2018-12-07 06:00:00

Publicado enColombia
Viernes, 30 Noviembre 2018 06:13

Narcocrisis en Honduras

Narcocrisis en Honduras

Juan Orlando Hernandez está con el agua al cuello. El pasado 23 de noviembre su hermano, el exdiputado Tony Hernandez fue detenido en Miami por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. El departamento de Justicia lo acusa en un comunicado de estar “implicado en todas las instancias del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína”. También de coordinar “el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína”, e incluso de marcar los paquetes de cocaína con el símbolo “TH”, por Tony Hernandez.


Tras la detención, Juan Orlando Hernandez se ha desvinculado de su hermano asegurando que en su familia no les habían educado para acabar de esa forma y que en Honduras nadie está por encima de la ley. De esta forma, la versión oficial es que, si Tony es culpable, Juan Orlando no sabía nada. Algo difícil de creer, más teniendo en cuenta que según la justicia estadounidense, Tony Hernandez es un narcotraficante de altos vuelos, con acceso a laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras y que durante su carrera criminal “estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino”. ¿Es factible pensar que todas estas actividades se realizaron sin conocimiento de la inteligencia militar hondureña, y por ende del Presidente?


De lo que no cabe duda es de que, con anterioridad a su detención, ya existían fuertes señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de 2016, el entonces Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodriguez Orellana afirmó haber participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony. Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero, recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron 500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a aceptar estos sobornos, Rodriguez Orellana fue dado de baja de manera deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber nada. Rodriguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernandez, e incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al parecer con ayuda de altos mandos policiales. Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones de colusión entre Blanco y Tony Hernandez causaron gran revuelo en su momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón, unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernandez para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).


Si aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta del mandatario Juan Orlando Hernandez más bien indica que Tony era de su total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suarez (uno de los implicados en el caso pandora), que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan Orlando Hernandez tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernandez contra Suarez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado en caer sobre Tony Hernandez, y que ha sido fuera de Honduras. La justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma que la ley es igual para todos?


Pero los señalamientos que afectan a la familia Hernandez Alvarado no se limitan al caso de Tony. En el marco del denominado caso pandora también se vio involucrada otra hermana de Juan Orlando: Hilda Hernandez, fallecida en un confuso accidente de helicóptero a finales de 2017. Al parecer, el deceso de Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en el que si figura como acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En relación a este caso, el abogado de Suarez ha declarado que lo revelado por pandora es solo la punta del iceberg de una trama en la que se saquearon fondos públicos de diversas instituciones públicas, para favorecer las candidaturas presidenciales del propio Juan Orlando Hernandez. Según Suarez, la trama era dirigida de forma directa por Hilda Hernandez hasta su supuesto fallecimiento en 2017, con el conocimiento y beneplácito de los presidentes Hernández y Lobo.


Pero el involucramiento de los actuales gobernantes de Honduras con el narcotráfico va mucho más allá de estos casos. Así, en el caso de la familia del expresidente Porfirio Lobo (2009-2013), estos vínculos llegan hasta su hijo, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró ante una corte de Nueva York que su organización financió la campaña electoral de Lobo en 2010, y que incluso se celebró una fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas, junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Alvarez y a varios y alcaldes diputados nacionalistas.


En el nivel local el narcotráfico y el Partido Nacional también se han visto relacionados. Paradigmático es el caso del ex alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe de campaña de Juan Orlando en su departamento en 2013, y actualmente está preso por liderar una banda de narcotraficantes y sicarios que todavía mantiene un férreo control político y criminal en su región. La hermana de Urbina fue diputada por el Partido Nacional y es la actual alcaldesa de Yoro. Otro caso relevante es el del municipio de El Paraíso (Copán), cuyo narco alcalde Alexander Ardón, del Partido Nacional (fugado en la actualidad) llegó a construir una réplica de la Casa Blanca como sede del gobierno local. En la actualidad el municipio es gobernado por un lugarteniente suyo bajo la égida del Partido Nacional. Ardón, que al parecer vive escondido en las montañas de Copán, llegó a realizar una aparición pública en la última campaña electoral para apoyar a su lugarteniente, que se presentaba bajo una de las listas que apoyaban la reelección de Juan Orlando Hernandez Alvarado. El hermano de Ardón fue durante años el director del Fondo Vial, desde el cual otorgó contratos de obra pública a los Cachiros.


Como se ve, los vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado existen en todos los niveles, revelando un patrón que podría considerarse sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la defensa del hijo de Pepe Lobo, de Tony Hernandez, y de Rafael Callejas genera la sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses que gira alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada por las declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que arremeten contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la defensa de la independencia de Honduras.


La Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 sufrió un marcado proceso de degradación política, que la llevo a convertirse en un auténtico narco estado. La llegada al poder en 2010 de un Partido Nacional que se sintió hegemónico creo una serie de incentivos perversos que llevaron al país por la senda de la violencia y la corrupción. En este contexto se produjo un gigantesco desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social, se financiaron campañas políticas con dinero destinado a apoyar a mujeres pobres, se dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y del Despacho de la Primera Dama y se crearon enormes redes de corrupción en gran parte de las instituciones públicas. Además, la vida política del país, que se había caracterizado por su escasa conflictividad, se volvió profundamente inestable. A finales de 2017, Juan Orlando Hernández logró presentarse a la reelección, violando lo dispuesto en la propia constitución del país, y se realizó el proceso electoral más polarizado en décadas en el país. Un conteo de votos plagado de irregularidades y caídas de sistema provocó una masiva movilización ciudadana contra el fraude, que degeneró en represión militar. Como resultado, más de 30 personas asesinadas. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que se repitieran los comicios en el nivel presidencial, aunque su propuesta no fue atendida. En la actualidad, el mandatario Juan Orlando Hernández es ampliamente percibido como ilegitimo en Honduras. Sin embargo, el respaldo incondicional de sectores militares le permite continuar en el poder, con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un enigma.

Por Javier San Vicente Maeztu
Activista en defensa de los derechos humanos
30/11/2018

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Declarados culpables siete de los ocho acusados del asesinato de Berta Cáceres

Entre los condenados por el crimen de la activista se encuentra un ejecutivo de la empresa DESA, que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.

Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables este jueves a siete de los ocho acusados por el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena.


Organismos humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.

Los siete condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30 años de prisión por el ataque contra la ambientalista. Cuatro de ellos podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro, que resultó herido durante la agresión.


Otro de los implicados fue absuelto de todos los cargos, según ha señalado a Reuters el portavoz del Tribunal Supremo de justicia, Melvin Duarte.


Cáceres, una maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada a tiros en su residencia la noche del 2 de marzo de 2016 en un crimen en el que participaron empleados de la empresa, sicarios y miembros del ejército, según las autoridades.


El Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019.


La dirigente de la etnia Lenca libraba una fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por considerarla destructiva para el medioambiente y que acarrearía el desplazamiento de la comunidad indígena de la zona.


Entre los condenados por el crimen de Cáceres se encuentra un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.


Honduras es escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos, sectores donde el Gobierno del presidente del país, Juan Orlando Hernández, alienta la inversión.


"La Justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes", ha señalado a Reuters Olivia Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres.


La empresa ha rechazado las acusaciones de responsabilidad en el crimen de la ambientalista, al igual que contra el ejecutivo de la compañía enjuiciado.


Roberto David Castillo, otro ejecutivo de DESA que se desempeñaba como presidente ejecutivo y quien ha sido señalado por el Ministerio Público como autor intelectual del crimen, está siendo juzgado separadamente.

TEGUCIGALPA
30/11/2018 09:44 Actualizado: 30/11/2018 09:44

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“Seguimos desenterrando la barbarie de la guerra en Colombia”

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, próximo a dejar su cargo, afirma que sus investigaciones han contribuido a sacudir a la sociedad

Gonzalo Sánchez (Líbano, Tolima, 1945), autor de libros clásicos de las ciencias sociales en Colombia, forma parte de la camada de investigadores que se llegó a conocer como los “violentólogos”. Abogado y filósofo de la Universidad Nacional, con un máster de la universidad de Essex y un doctorado en sociología política de la Escuela de Altos Estudios de París, dirige desde el año 2007 el Grupo de Memoria Histórica, que pasó a ser el Centro Nacional de Memoria Histórica, la entidad encargada de documentar el conflicto armado. En decenas de informes, el CNMH, surgido de la ley de víctimas de 2011, ha reconstruido las masacres más emblemáticas de guerrillas y paramilitares, así como las dimensiones de la guerra que ha asolado a Colombia por más de medio siglo.

Sánchez ya ha anunciado su retiro del cargo. “La memoria se convirtió en un patrimonio público, de los colombianos pero también de la humanidad”, dice a EL PAÍS en su estudio, en el tradicional barrio bogotano de Teusaquillo, al repasar su labor. El nombramiento de su sucesor ha despertado intensos debates en un momento delicado para la implementación del acuerdo de paz con las FARC bajo el gobierno de Iván Duque, un crítico de la negociación que el pasado 7 de agosto relevó a Juan Manuel Santos. Advierte que “lo que estamos viendo en relación con la tareas del centro es la puesta en marcha, en vivo, en escena, del relato como un nuevo campo de batalla”.


Pregunta. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa Colombia?


Respuesta. Es un momento muy extraño. Es un cruce de algo que se vivió en los últimos cuatro o cinco años, que era un horizonte de esperanza, con el cambio generado por las elecciones, que se traduce en un momento de incertidumbre. Parecería haber todavía alientos para la esperanza, pero eso se ve más desde afuera que desde adentro. La gente que está mirando desde fuera, con la experiencia de análisis de los conflictos armados, hace una invitación permanente a la paciencia, a que a los cambios sobrevinientes a un proceso de negociaciones hay que darles unos tiempos.


Hay signos muy complejos. Un proceso de paz exige muchísima definición, compromiso, decisión sobre lo que hay que apoyar. Los mensajes que se mandan desde toda la institucionalidad suenan todavía ambiguos. Los signos sobre la consolidación de lo que supuestamente debía estar en marcha no son tan alentadores. No hay unas líneas claras que permitan mantener muy firmemente el optimismo. A todo esto se agrega un contexto internacional muy poco favorable, por lo menos en el vecindario. El proceso va a sobrevivir por la inercia de lo que es, pero vamos a estar en aguas procelosas un largo rato.

P. En su momento, en Colombia se usó mucho la expresión de que los astros estaban alineados para alcanzar el acuerdo con las FARC.


R. Los astros se desalinearon demasiado rápido. Si se hubieran desalineado con cuatro o cinco años del proceso andando en forma, el barco resiste bien, pero es que aquí la tempestad le madrugó al embarque. Estamos en una situación difícil.


P. Parecería que Colombia no quiso ver la barbarie de la guerra mientras ocurría. ¿Los informes del CNMH le han abierto los ojos?


R. Sí. Cuando lanzamos el primer informe sobre la masacre de Trujillo con mucha fuerza, en 2008, el impacto fue tremendo. Y seguimos desenterrando esa barbarie: las masacres de El Salado, de La Rochela, de El Tigre, de Bahía Portete (…). Y seguimos año tras año mostrando los múltiples rostros de la masacre, las enormes cifras de la tragedia que el país había vivido, cuando comenzamos a mirar procesos ya no locales o regionales sino temas globales como el despojo de tierras, la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento forzado. Las cifras escandalizan al país, pero por momentos. La toma de consciencia del impacto de la guerra es de grandes relámpagos. Es una lucha de la memoria y de la verdad permanente por ser reconocida, de lo que se ha ido mostrando paso a paso. Parecería como si se necesitara otra vez que se prendiera la guerra para que la sociedad volviera a descubrir qué tanto se había ganado con la paz.


P. Hay cifras difíciles de entender, como la de 4.000 masacres o más de 80.000 desaparecidos. ¿Alguno de los informes lo impactó particularmente?


R. El de la desaparición forzada, que vimos crecer como fenómeno en el proceso investigativo. Cuando empezamos, las cifras que se manejaban eran de cinco, siete mil desaparecidos en el país. Esas cifras se nos van creciendo gradualmente, y ahora llegamos por el proceso mismo de esclarecimiento a esta cifra escandalosa de más de 80.000 desapariciones en la democracia colombiana. Las dimensiones fueron superiores a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur, y no habíamos visto eso.


P. ¿Algún otro?


R. Todos los informes fueron terribles, esto fue un proceso de conmoción repetida. Cuando se descubre Trujillo, con esas formas de la violencia asociadas a la motosierra, eso sacudió al país. Escuchar la violencia de El Salado, ejercida sobre una población inerme recogida en una pequeña plaza, y cómo comenzaron en un acto ceremonial, ritual, a ejercer las formas más perversas de tortura a los ojos de todos los que quedan vivos, de niños y mujeres, hasta llegar a liquidar a esa población… Sí, yo creo que el centro ha contribuido enormemente a través de este trabajo a sacudir a la sociedad colombiana.


P. ¿Qué le diría a su sucesor o sucesora en el cargo?


R. Que la confianza que se ha construido con las comunidades hay que protegerla, guardarla y proyectarla. Segundo, que debe tener una mirada muy abierta, muy integral del conflicto, para que el centro siga manteniendo su legitimidad, el reconocimiento de todas las víctimas, de todos los actores, de todos los responsables y de todos los territorios. Es decir, esa vocación globalizante del conflicto es la que le da la legitimidad que se está defendiendo ahora. Y el tercer punto, el trabajo del centro se convirtió en un referente político muy importante en el país, y hay que continuar abriendo los actores que entran a la conversación de la memoria. Nosotros la iniciamos y quisiéramos que se protegiera, no solamente para las víctimas, para la sociedad.


P. Algunas organizaciones han hecho un llamado a defender la visión amplía y pluralista del CNMH. ¿Siente que su legado en este momento de cambio de gobierno está bajo riesgo?


R. Los mensajes no han sido muy claros. Yo confiaría en que después de esta movilización que ha puesto en el centro del debate público la importancia de la memoria, de los archivos, de la apertura a escuchar las diferentes voces que han vivido la guerra en el país, la nueva dirección que sea dé cuenta de esa diversidad enorme que es la diversidad del conflicto. El peor mensaje que se le puede mandar a la sociedad es que el centro se va a convertir en vocero de un sector del conflicto en Colombia, o de una sola línea de víctimas.

Por Santiago Torrado
Bogotá 27 OCT 2018 - 11:09 COT

Publicado enColombia
Sábado, 06 Octubre 2018 05:44

Fujimori resiste su arresto

Fujimori resiste su arresto

El caso Fujimori, la campaña sucia en Lima, las reformas de Vizcarra y la agresiva oposición fujimorista con el gobierno, más los escándalos de corrupción, se entrecruzan en el crispado escenario peruano.


El ex dictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, indultado irregularmente y que ahora debe volver a prisión al haberse anulado ese perdón, vuelve a ser protagonista político y tensa más el cargado e inestable escenario peruano. El caso Fujimori, la posibilidad que un acusado de violaciones a los derechos humanos se convierta este domingo en alcalde de Lima, el enfrentamiento de una agresiva mayoría parlamentaria fujimorista con el gobierno, escándalos de corrupción que se suman uno tras otro, un profundo descrédito de la clase política y las instituciones y una creciente indignación ciudadana, se entrecruzan en el convulsionado escenario peruano, que se ha crispado aún más esta semana.


Fujimori sigue en la clínica en la que se internó el miércoles cuando un tribunal revocó el indulto que en diciembre pasado le diera el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski –que tres meses después debió renunciar– argumentando razones humanitarias, pero que en realidad fue parte de un pacto político. El autócrata de 80 años, que gobernó entre 1990 y 2000, aduce supuestos males cardiacos para seguir en la clínica y evitar su regreso a prisión.


Desde su cama del centro médico, Fujimori ha enviado un video en el que suplica que no lo regresen a la cárcel. “Quiero pedirle al presidente, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa: por favor, no me maten. Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más”, dijo, dramático, en su breve mensaje. Todo parecía calculado para buscar respaldo a partir de generar lástima. Voceros fujimoristas siguieron el mismo guión. El presidente Vizcarra ha respondido diciendo que se debe respetar la decisión judicial que revocó el indulto. La Corte Suprema verá la apelación presentada por la defensa del ex dictador.


Fujimori ha jugado tantas veces con la supuesta gravedad de su salud para buscar impunidad –con ese argumento, que se demostró era falso, obtuvo el indulto–, que resulta difícil creer en la veracidad de su dramático alegato. No hay un informe médico imparcial que lo avale.


El fujimorismo presiona con su mayoría parlamentaria –y con el apoyo de sectores de la derecha más conservadora y autoritaria– en defensa de su fundador. Y maniobra para salvarlo de un regreso a la cárcel. Ahora pretende sacar en el Congreso una ley para que a las personas mayores de 80 años, la edad que tiene Fujimori, se les conmute las condenas que tengan. Tiene el poder de los votos para aprobarla, pero no el del respaldo popular, con su lideresa Keiko Fujimori generando un 80 por ciento de rechazo. Sería además una decisión que abonaría a la indignación ciudadana y al descrédito del Congreso, que tiene menos de diez por ciento de aceptación.


Si se da marcha atrás en la derogatoria del indulto o se anula la condena de Fujimori con una ley con nombre propio, eso gatillaría protestas en las calles y un amplio rechazo de diversos sectores, desde la izquierda hasta la derecha liberal, como ya ocurrió cuando se dio el indulto trucho hoy anulado.
Si la anulación del indulto a Fujimori fue recibida como una victoria de la justicia y los derechos humanos, al día siguiente otro tribunal apuntó en el sentido opuesto: en un cuestionado fallo absolvió del cargo de asesinar a un periodista al general retirado Daniel Urresti, actual candidato a la alcaldía de Lima en las elecciones de este domingo. El crimen ocurrió en 1988 en Ayacucho, zona que era epicentro de las acciones del grupo armado Sendero Luminoso, donde Urresti estaba destacado como capitán del ejército.


Urresti fue ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala y frustrado candidato presidencial por el humalismo en 2016, y ahora se postula a la alcaldía de Lima con un discurso de mano dura contra la delincuencia. La última encuesta, publicada el domingo pasado, lo pone en el primer lugar entre los veinte candidatos, con 17,3 por ciento de la intención de voto. El ex congresista fujimorista Renzo Reggiardo, que ha formado su propia agrupación, se ubica muy cerca, con 16,9 por ciento, pero está en caída. En tercer lugar está el centrista Jorge Muñoz, con 14,2 por ciento y con una tendencia al alza. La candidatura del favorito Urresti se fortaleció con la sentencia.


El periodista Bustíos fue asesinado cuando cubría información en un paraje rural andino. Fue acribillado y rematado con explosivos. En 2007, dos oficiales del ejército fueron condenados por el crimen. Después de esa sentencia, dos militares acusaron a Urresti, quien fue jefe de inteligencia en esa zona, de haber participado en el asesinato, pero sospechosamente durante el juicio se retractaron. Una campesina, testigo de lo ocurrido, lo identificó ante los jueces como autor del asesinato, pero su testimonio no fue considerado por el tribunal. A su salida del juzgado, Urresti celebró con sus seguidores y aprovechó para hacer campaña.


La aprobación esta semana en el Congreso, después de un largo y áspero debate, de las cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente Vizcarra –la no reelección inmediata de los congresistas, volver a un Congreso bicameral, el control de los aportes privados a las campañas electorales y la reforma del organismo encargado de nombrar y destituir a jueces y fiscales, que serán sometidas a referéndum en diciembre, no ha descomprimido las tensiones políticas como algunos esperaban.

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