El Paramilitarismo busca servirse de las juntas comunales e implantar el Memoricidio

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de recurrir al país y al mundo para denunciar las graves violaciones a sus derechos fundamentales de que ha sido víctima en los últimos meses.

Al igual que los gobiernos anteriores, el Presidente Duque ha optado también por la política de brazos caídos y oídos sordos frente al paramilitarismo. A pesar de haber recibido voluminosos documentos que le demuestran la continuidad de políticas de Estado de complicidad, connivencia, tolerancia y mucho más frente a millares de crímenes perpetrados por estructuras armadas cuya relación con el Estado ha sido puesta en evidencia ya por numerosas sentencias de tribunales nacionales e internacionales, prefiere callar y no actuar para seguirles dejando las manos libres.

El paramilitarismo en Urabá pasó de períodos en que actuaba adjunto a la fuerza pública a la luz del día sin ningún pudor, a períodos de separación coordinada, acompañada de un intenso negacionismo, afirmando todas las instituciones que “el paramilitarismo no existe” mientras todo el mundo los ve actuar dentro de los mismos parámetros políticos y criminales de siempre. Ahora parecen entrar en un nuevo período en el cual la cooptación de las juntas de acción comunal les sirve de camuflaje, pues descargan en ellas la ejecución de sus decisiones, prohibiéndoles delatar sus estrechas relaciones. Ya las más atrevidas políticas contra la población campesina y contra sus valores ancestrales aparecen como “decisiones democráticas” de las juntas de acción comunal, aunque todo el mundo sabe que son órdenes del paramilitarismo recibidas a su vez del alto gobierno. Oponerse a esas decisiones puede traer graves consecuencias y los miembros honestos de las juntas lo saben muy bien y por eso prefieren callar y someterse.

Dentro de esta nueva estrategia, a las juntas de acción comunal se les ha encargado gestionar el MEMORICIDIO, o sea el exterminio de la memoria histórica. Nuestra Comunidad está sufriendo ahora las amenazas de destrucción de los monumentos de memoria que señalan los lugares sagrados donde fueron sacrificados nuestros líderes con altos grados de sevicia por parte de militares y paramilitares. Ahora son, pues, las juntas comunales las que bloquean o quieren exterminar la memoria, cumpliendo órdenes perversas de los poderes vigentes. Era difícil imaginar que se podría llegar a esa ignominia, pero lamentablemente ya es un hecho.

Los hechos que queremos poner en conocimiento del país y del mundo son los siguientes:

En la última semana de octubre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, participó en una fiesta en la vereda Cabecera de Mulatos y allí quiso asesinar a un joven de la zona a quien persiguió con un arma; cuando el joven se le escapó, él lo buscó por diversas viviendas para darle muerte. Cuando la Junta de Acción Comunal abordó el caso, consideró que no podían arreglar el problema con alias “Pablo” sino que debían comunicarse con alias “René”, también ex militante de las FARC-EP y quien ahora ejerce la comandancia del paramilitarismo en la zona de San José de Apartadó.

El sábado 2 de noviembre de 2019, en la vereda La Esperanza una tropa del ejército ingresó a una vivienda donde sólo estaban los niños, pues los padres habían salido a trabajar. Cuando uno de los niños observó que ellos llevaban un radio, les dijo que ese radio era igual al de su papá y fue y sacó el de su papá para mostrárselo. Los militares comprobaron que en realidad era un radio de su institución, lo que confirmaba que el jefe de ese hogar era un espía o “punto” paramilitar. Los militares regresaron a esa vivienda en la tarde cuando el señor regresó de su trabajo y departieron amigablemente con él como colegas.

En la primera semana de noviembre de 2019, en un sitio aledaño al centro urbano de San José de Apartadó fue citado un joven del caserío por paramilitares; al llegar fue amenazado de muerte acusándolo de robo y drogadicción. El joven no aceptó la acusación de robo y afirmó que si consumía droga era con su dinero. El hecho es demostrativo del tipo de “justicia” de facto que pretenden implantar los paramilitares en la región.

El sábado 9 de noviembre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, llegó hasta la Bodega de comercialización del cacao en San Josesito, acompañado por otros integrantes de la estructura paramilitar y permaneció un tiempo en sus alrededores en actitud de espionaje.

En la segunda semana de diciembre de 2019, la Comunidad de Paz recibió informaciones según las cuales alias “Pablo”, ex integrante de las FARC-EP y ahora integrante con mando importante en la estructura paramilitar, se desplazó a la vereda de Saiza, del municipio de Tierralta, del departamento de Córdoba, a dar un curso sobre explosivos a la estructura paramilitar de dicha zona.

El viernes 13 de diciembre de 2019, varios integrantes de la Comunidad de Paz quienes se desplazaban por el camino que conduce del caserío de San José a la vereda La Unión, encontraron sobre el camino un panfleto manuscrito en el cual se incitaba a “dar muerte a los sapos”, refiriéndose a los denunciantes. La molestia y furia con que los paramilitares se refieren a las denuncias de sus acciones es algo ya muy conocido en la región, así como su acusación permanente a la Comunidad de Paz de denunciar ante el mundo todas las agresiones criminales de los actores armados y las violaciones a los derechos humanos y atentados contra la dignidad humana.

El miércoles 18 de diciembre de 2019, algunas juntas de acción comunal de la zona convocaron a una reunión de pobladores en la vereda La Esperanza para transmitir la orden de los paramilitares de obligar a todos los pobladores a pagarles impuestos ilegales de 10.000,oo (diez mil pesos) por cada hectárea de tierra que posean.

En el mes de diciembre de 2019 se han intensificado los anuncios, por parte de juntas de acción comunal de la zona, impulsadas por estructuras paramilitares que les imparten directrices, de destruir construcciones realizadas por la Comunidad de Paz en sitios sagrados de memoria de sus víctimas. Desde hace un tiempo la Comunidad de Paz ha venido construyendo un monumento – memoria de la masacre perpetrada por el ejército y los paramilitares el 8 de julio de 2000 en la vereda La Unión. Por su parte, la junta de acción comunal de dicha vereda ha amenazado reiteradamente con destruir el memorial, alegando que el gobierno les ha ofrecido construir en ese mismo sitio una placa poli-deportiva. Esto coincide, en su estrategia, con las presiones de la junta de acción comunal de la vereda Mulatos Medio, la cual ha querido apoderarse violentamente de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, donde la Comunidad hace presencia desde hace 15 años y ha construido una capilla en el sitio sagrado donde fue masacrado Luis Eduardo con su compañera y su hijo de 10 años. En ese mismo sitio la junta de acción comunal alega que el Estado les ofrece construir una escuela y una caseta de venta de licores, precisamente allí y no en otro sitio. No cabe duda de que estas amenazas coincidentes revelan una política estatal de memoricidio, como afán de borrar la memoria de las víctimas y de los crímenes de Estado.

En otros países, el negacionismo y el memoricidio se desarrollan en períodos de posconflicto y de posviolencia, cuando la memoria busca exigir que se tomen medidas de corrección y de no repetición. En Colombia esas perversas estrategias coinciden con la continuidad de los crímenes, pues mientras los paramilitares, brazo armado ilegal del Estado, tratan de bloquear la memoria valiéndose de las juntas de acción comunal, esos mismo paramilitares continúan exterminando el liderazgo social del país y matando a los combatientes desmovilizados.

Otra labor destacada de las juntas de acción comunal en los últimos meses ha sido la recolección de firmas en favor de las empresas transnacionales orientales (Coreanas y Chinas) que ya están diseñando la explotación del carbón y de varios metales, comenzando por el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo) y avanzando por las veredas de San José de Apartadó. Igualmente promueven la presentación de hojas de vida para ser contratados por esas empresas, como solución al problema del desempleo. Es profundamente lamentables que el Estado quiera apoyarse en necesidades básicas insatisfechas de la población campesina para involucrarla en un modelo económico basado en la destrucción definitiva de recursos naturales no renovables, explotación que daña y envenena radicalmente el medio ambiente.

Una vez más agradecemos a las numerosas comunidades y personas que desde muchos lugares del país y del mundo mantienen en alto nuestra moral de resistencia y nuestros ideales de un mundo menos inhumano que el que vivimos. Al mismo tiempo les deseamos que el año que va a comenzar sea una nueva oportunidad de unir fuerzas entre todos los sectores del mundo que se apoyan en principios éticos humanitarios con el fin de avanzar en la construcción de la justicia, la solidaridad y la paz entre los vivientes.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 26 de 2019

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Matanza de líderes, la peor crisis humanitaria

 

“La mayor tragedia humanitaria de Colombia es la violencia contra líderes sociales, que se ha traducido en centenares de asesinatos en los últimos tres años”: Rodrigo Uprimny.

 

Según el Consejero mayor de la ONIC, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el fin del Gobierno Santos fueron asesinados 66 líderes indígenas; desde el inicio del Gobierno Duque hasta hoy han sido asesinados 134 [1].

Por su parte el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta que en el 2019 han asesinado 234 líderes y defensores, 167 corresponden a indígenas, negros, campesinos y ambientalistas, dedicados a defender el territorio y la implementación de los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno, y 176 excombatientes y 42 familiares; 20 intentos de asesinato y 13 desapariciones forzadas [2].

El informe elaborado por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP) “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” [3], muestra que entre 2012 y julio de 2019 han sido criminalizados 249 líderes, 74 por ciento de estas judicializaciones son por rechazar el impacto ambiental de las empresas extractoras de recursos naturales.

Para el CSPP la judicialización y estigmatización de defensores y líderes sociales obedece al favorecimiento que le da el Estado a las empresas nacionales y trasnacionales; este Informe registra que 117 empresas tienen 365 convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, ¿Es posible ser imparcial en estas condiciones?

Los Departamentos que más convenios tienen con las empresas son Antioquia 60, Meta 34, Casanare 30, Santander 29, Cesar 28 y Putumayo 25; Departamentos donde están el 35,7 por ciento de los Títulos Mineros que existen en el país y el 46 por ciento de las zonas donde se realiza exploración y explotación de pozos petroleros, a su vez en estas zonas se registra el 58 por ciento de judicializaciones a defensores y líderes sociales.

Otro acuerdo que no se cumplirá

Colombia es el segundo país más peligro para los defensores ambientales , según informe de Global Witness en 2018, con 83 asesinatos; más de la mitad del total reportado por la ONG que registró 164 asesinatos en todo el mundo [4].

Iván Duque firmó el 12 de diciembre el Acuerdo Escazú, en el que hacen parte 21 países de Latinoamérica y el Caribe, cuyo propósito es proteger los protocolos para la protección ambiental y especialmente de los líderes que velan por el territorio.

El Acuerdo Escazú se enfoca en que los defensores tengan acceso a la información de proyectos que involucran el medio ambiente; sin embargo, el Gobierno guarda silencio frente a proyectos como la protección del páramo Santurbán y la ejecución de proyectos pilotos de fracking.

El día de los DDHH, represión y matanza

Jimmy Alberto Pacué de 24 años, comunero indígena del resguardo de Jambaló. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), informó que fue asesinado el 8 de diciembre en Caloto, mientras se desplazaba con su esposa y su hijo recién nacido.

El 10 de diciembre en Bogotá entre la Universidad Nacional y el Centro de Memoria, 17 personas entre ellos personal de la Primera Línea, fueron golpeadas y reprimidas con disparos de gases por parte del ESMAD; igualmente agentes de la fuerza pública secuestraron en carros particulares a María Fernanda Pérez y Harold Rodríguez, el joven fue brutalmente agredido y la joven fue liberada por la presión solidaria de la ciudadanía.

Heriberto Úsuga , campesino reclamante de tierras; el 12 de diciembre fue atacado por sicarios del Clan del Golfo, quienes le disparando cuando se encontraba en una finca ubicada en el corregimiento de Macondo en Turbo, Antioquia.

Luis Carlos Hernández Santiago de 42 años, representante de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas y excandidato al Concejo de Curumaní, Cesar; fue asesinado el 12 de diciembre cuando se dirigía a la vereda Los Ranchos.

Humberto Londoño , coordinador del Comité de Conciliación en la vereda El Socorro, en el área de Cañón de Iglesias, hacía parte de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC); fue asesinado el 6 de diciembre en la vía que comunica a Tarazá con la vereda La Caucana.

Manuel Antonio González Vuelvas, ex combatiente de las FARC que hacía parte de un proyecto ganadero colectivo y residía en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Román Ruiz; fue asesinado el 13 de diciembre en la vía de Ituango a la vereda Santa Lucía.

Notas:

[1] El derecho a defender derechos. Rodrigo Uprimny. El Espectador, 15-12-2019.

[2] https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1205833102158958592?s=20

[3] [CSPP Informe: Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz. 2019 https://bit.ly/2RT3Qha

[4] https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licenc

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Cascos azules de la ONU, brasileños y uruguayos, violaron a 2.000 mujeres y niñas en Haití

Más de 2.000 mujeres en Haití, muchas de ellas menores, han sufrido abusos sexuales por parte de las fuerzas de paz desplegadas por las Naciones Unidas (Minustah) desde 2004 hasta 2017, según un estudio realizado por las profesoras británicas Sabine Lee y Susan Bartels, de la Universidad de Birmingham.

El mismo determinó que cientos de mujeres y niñas haitianas que vivían en las cercanías de las bases de la ONU fueron abusadas sexualmente. La investigación que fue publicada en el medio académico The Conversation, se basó en 2.500 entrevistas a mujeres de Haití a las que se les preguntó cómo es ser una mujer o niña que vive en una comunidad que acoge una misión de paz.

La prensa brasileña señaló que, comandados por general Augusto Heleno, militares  brasileños abandonaron más de 200 hijos en Haití.

De  acuerdo con los testimonios, los militares y otros funcionarios de las Naciones Unidas encargados de restablecer la paz en la zona habrían mantenido encuentros sexuales incluso con niñas de 11 años, aprovechándose de la pobreza y miseria que varios años de guerra civil y catástrofes meteorológicas han provocado entre la población.

Fruto de estos abusos, muchas de las mujeres –entre las que se cuentan menores– han concebido niños que han pasado ser conocidos como los ‘Petit Minustah’, en referencia al acrónimo de la misión de paz de la ONU en Haití. Algunas fuentes hablan de que cerca de un centenar de niños concebidos tras las violaciones. Según el informe, en el 28,3 % de las 265 historias de embarazos producidas por cascos azules hubo personal uruguayo identificado y en el 21,9 % personal brasilero

Cerca de un 10 % de los entrevistados han mencionado la existencia de niños concebidos después de los encuentros sexuales que se habrían producido, mientras otros tantos hablan de que algunos funcionarios de la delegación de la ONU “ponían monedas en las manos de las niñas” o les daban comida a cambio de estos favores.

Por su parte un portavoz de las Naciones Unidas ha asegurado que desde la organización se toman muy en serio estos problemas y reconocen que al menos hay 29 víctimas y 32 niños nacidos de estos abusos sexuales. En ese sentido ha informado de que la ONU está “activamente involucrada” y actualmente garantiza que los pequeños y sus madres están recibiendo la manutención y cuidados adecuados.

El estudio ha recogido unas 2.000 entrevistas a personas que residían cerca de las bases militares que la ONU asentó en la isla desde 2004 y denuncia que la política de actuación de la ONU es “ineficaz”, puesto que de acuerdo con el sistema actual, la organización internacional no puede procesar a sus trabajadores por los atropellos cometidos durante el cumplimiento de sus labores en el extranjero.

“El entrenamiento debe ir más allá, no puede ser que vengan a un sitio, violen a una mujer y se vayan”, ha denunciado Lee, para quien la ONU debería plantear medidas disciplinarias más duras contra aquellos soldados y mandos que lleven a cabo este tipo de abusos y conductas sexuales.

Niñas embarazadas por militares brasileños y uruguayos

Entre los casos más dramáticos se registraron niñas de 11 años embarazadas. “Te daban unas monedas y a cambio te metían un bebé”, dice uno de los testimonios.  265 de estas mujeres hablaron, sin que se les preguntará directamente, sobre situaciones de abusos. Entre estas se incluían casos de niñas hasta de 11 años y en donde algunos abusos terminaron en embarazos.

Asimismo se especifica que los violadoes, eran “cascos azules” que provenían de 13 países, pero que en su mayoría correspondían a brasileños y uruguayos.

Se agrega que los militares ofrecían comida a cambio de tener relaciones sexuales y se resalta el hecho de que los miembros de las misiones de paz involucrados sólo eran sancionados con ser de vueltos a su país de origen, sin ningún otro tipo de condena.

Mientras aún resonaban los ecos de la denuncia por la violación del joven haitiano Johny Jean a manos de cinco soldados uruguayos en 2011, la ONU denunció la presunta «mala conducta» de efectivos uruguayos en la ciudad dominicana de Dajabón, donde fueron acusados de violar a mujeres, entre ellas menores de edad.

El caso más reciente tiene que ver con tres investigaciones abiertas a partir de una denuncia presentada por la ONU el 15 de octubre de 2012 ante la cancillería uruguaya.

Ante todo esto el ministro de Exteriores haitiano, Bocchit Edmond, exigió justicia para las casi 2.000 mujeres y niñas que se han visto afectadas durante las misiones de paz de la ONU entre 2004 y 2017.

Los “haitianos” en el gobierno de Bolsonaro

Los fantasmas de la masacre de Haití persiguen a los generales del G obierno de Jair Bolsonaro, la “clase haitiana” que ocupa posiciones estratégicas en Brasilia, lo que hace difícil cualquier tipo de sanción para los violadores.

Al amanecer del 6 de julio de 2005, las tropas de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah), lideradas por el general brasileño Augusto Heleno, llevaron a cabo una operación de «pacificación» en Cité Soleil, el barrio marginal más grande de la capital haitiana, Puerto Príncipe.

Según los testigos, unos 300 hombres fuertemente armados, comandados por Heleno, irrumpieron en el vecindario y mataron a 63 personas, dejando a otras 30 heridas. Hoy Heleno es el primer ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), responsable de la inteligencia del Gobierno de Jair Bolsonaro.

Además de los generales Floriano Peixoto (Secretario General de la Presidencia) y  Augusto Heleno, otros tres ministros estaban en el país caribeño: los generales Ferando Azevedo da Silva (ministro de Defensa) y Carlos Alberto dos Santos Cruz  (Secretaría de Gobierno), además del capitán Tarcisio Gomes de Freitas (Infraestructura).

También cuatro secretarías estratégicas están en manos de la “clase haitiana”: el coronel José Arnon dos Santos Guerra y Freibergue Rubem no Nascimento, en el Ministerio de Justicia, el general Edson Leal Pujol, en Defensa, y el portavoz de la Presidencia general Otávio Santana do Rêgo Barros, además del general Ajax Porto Pinheiro asesor especial del presidente del Tribunal Supremo Federal (STF), Dias Toffoli.

Por Juraima Almeida

Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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 Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal colombiano. INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal de Colombia, coordina los trabajos de exhumación de cuerpos sin identificar

 

Las víctimas en el centro. Estuvieron en el vórtice del dolor del conflicto armado colombiano y hoy deben estar en la primera línea. También en la búsqueda de sus familiares desaparecidos como sucede, por ejemplo, en el cementerio de Dabeiba, a menos de 200 kilómetros de Medellín. Este es el propósito del Instituto de Medicina Legal, que trabaja en ese municipio del departamento de Antioquia junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC que busca esclarecer y juzgar las tropelías de la guerra. El reflejo de ese dolor se encuentra ahora en una fosa común en la que las autoridades tratan de identificar desde hace semanas decenas de civiles asesinados por militares. Víctimas de un sistema perverso de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, planeadas para mejorar resultados y perpetradas a mediados de la pasada década a cambio de permisos o premios.

Claudia García lleva 24 años en el instituto forense y el pasado febrero asumió las riendas de ese organismo público en un momento decisivo para la transición de Colombia hacia la convivencia. El operativo de Dabeiba, que las víctimas consideran esperanzador, no tiene precedentes y es un ejemplo de los intentos de cerrar las heridas del pasado. "Ese trabajo comienza hace unas semanas, cuando los magistrados de la JEP se comunican con el Instituto de Medicina Legal para informarles de la existencia de esta información en la fosa, en donde hay posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. En la primera fase de acompañamiento, asesoramos a la unidad de investigaciones y acusaciones para el momento de las exhumaciones. Una vez en campo, recibimos 14 casos y en este momento recibimos 17 en total", explica García en conversación telefónica con EL PAÍS. 

El instituto trabaja con un equipo de médicos, antropólogos, odontólogos y expertos en balísticos que se trasladaron desde Bogotá para comenzar a estudiar los casos en su sede de Medellín. "La primera fase", continúa esta cirujana especialista en medicina forense, "es una necropsia médico legal completa en donde el objetivo es establecer el número de individuos que hay en estos 17 casos que recibimos, porque no necesariamente pueden ser 17 cuerpos, pueden ser más o menos". Hacia la tercera semana de enero, explica, ofrecerán el primer informe, sobre todo para cumplir su compromiso con las víctimas.

Esta semana la directora de Medicina Legal dio a conocer una cifra aterradora. En Colombia faltan alrededor de 200.000 cuerpos por exhumar e identificar. García explica que se trata de una estimación, pero es a partir de ese cálculo que las autoridades tienen que buscar a los desaparecidos durante más de medio siglo de guerra. "Si partimos del número de cementerios que tiene nuestro país, pensando en que al menos hay uno, a veces dos por cada uno de los municipios. Pensando en el número de cuerpos que han sido inhumados en el transcurso de todo los años de conflicto, los que han pasado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y permanecen en condición de no identificados, los que pasaron por el sector salud, y si sumamos la existencia de fosas clandestinas, el estimativo es que los desaparecidos debemos buscarlos entre 200.000 cuerpos que están inhumados en estas circunstancias". Un trabajo titánico que requiere, explica, de mayores recursos.

"Valoro todo lo que el instituto ha construido en sus 105 años de historia, creo que tiene una experiencia única, desafortunadamente hemos aprendido de la violencia. Tenemos la experiencia, tenemos la tecnología, tenemos la infraestructura, pero necesitamos un apoyo del Gobierno nacional frente a los recursos. Porque la búsqueda no va a durar uno, dos años, ni siquiera los 20 años que tiene la Unidad de Búsqueda. Va a durar muchos años, pasaré yo por este instituto y pasarán muchos otros directores y directoras antes de que logremos encontrar todos los desparecidos. Entonces, hay que fortalecer la institucionalidad", defiende Claudia García.

Esta forense cree que tanto las instituciones como la sociedad colombiana "han aprendido de las familias de las víctimas". "Nos han enseñado que con perseverancia se logran muchas cosas, que la perseverancia es la que realmente se requiere este país para poder buscar desaparecidos. Las mujeres buscadoras nunca han desfallecido incluso cuando las instituciones les hemos cerrado las puertas. Han logrado que las reconozcamos y que entendamos que es con ellas, con las familias de las víctimas, con esas mujeres buscadoras, que debemos mejorar lo que hasta ahora hemos hecho. Tenemos muchísimas cosas por mejorar, pero lo fundamental y que estamos liderando desde el instituto es que el trabajo se haga de mano de las víctimas", enfatiza. El enfoque de trabajo con los familiares pasa por el derecho a conocer la verdad, el derecho a la información y el derecho al trato digno.

García relata que aprendió "a través del dolor de las víctimas cosas fundamentales como poder reconocer que la desaparición es lo peor que le puede pasar a un ser un humano y a una familia". "Por eso, tengo un total compromiso con las víctimas para la búsqueda de los desaparecidos", prosigue. "Todo este dolor que ha sentido el país y al que nos enfrentamos día a día los funcionarios lo único tiene que ser es fortalecernos para realmente uno, dejar memoria en los jóvenes. Las personas jóvenes no conocen la historia de este país y hay que dejársela viva para que no la repitan. Y lo otro es lograr unirnos como país para que logremos que no haya repetición y además logremos una reparación real de las víctimas. He aprendido que las víctimas son las que están más dispuestas a perdonar y repararse y el Estado les debemos a ellas todos los mecanismos para que logren esa reparación".

Po FRANCESCO MANETTO

Bogotá 18 DIC 2019 - 22:38 COT

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"Los golpistas serán juzgados por las masacres"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, destacó un informe presentado por la CIDH

El organismo aconsejó crear un "grupo internacional de expertos independientes" para investigar las matanzas de Sacaba y Senkata e "identificar debidamente a los responsables". El gobierno de facto rechazó el informe.

 El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que los principales involucrados en el golpe de Estado serán juzgados por las masacres cometidas en las poblaciones de Sacaba y Senkata. Morales destacó el informe preliminar presentado por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que confirma las masacres cometidas en ambas regiones. La CIDH aconsejó crear un "grupo internacional de expertos independientes" para investigar los crímenes e "identificar debidamente a los responsables". El gobierno de facto rechazó el informe de la comisión, al que calificó de "sesgado" y favorable al "narcoterrorismo" en el país.

"El informe de la CIDH confirma que hubo masacres contra mis hermanas y hermanos en Sacaba y Senkata. Los golpistas Añez, Camacho, Mesa y todos los que dispararon, creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia", escribió el líder boliviano en su cuenta de Twitter.

"Ahora serán juzgados por tribunales nacionales e internacionales", agregó Morales, obligado a abandonar Bolivia el 10 de noviembre tras un golpe de Estado encabezado por la derecha opositora con el respaldo de las fuerzas armadas y la policía.

Un extenso informe difundido en las últimas horas por la CIDH califica de "masacres" las muertes de civiles en dos ciudades bolivianas, entre otras posibles violaciones de derechos humanos tales como "ejecuciones extrajudiciales". En ese sentido, aconseja crear un "Grupo Internacional de Expertos Independientes, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables".

El informe es el resultado de una visita de observación de la comisión por "invitación del Estado" boliviano entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto. La comisión confirmó que desde los comicios del pasado 20 de octubre murieron 36 personas por la violencia y la represión estatal en el país.

“La delegación de la CIDH recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas”, expresa el documento. El informe advierte que en ambos casos fuerzas conjuntas policiales y militares "habrían abierto fuego contra la población civil".

Para la CIDH, estos hechos pueden caracterizarse como masacres "dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas". El documento alerta además sobre casos de "incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial", y condena al Estado por "la persecución penal de los opositores políticos".

Si bien la comisión aseguró que el gobierno interino de Bolivia se mostró desde un principio "plenamente de acuerdo" con una investigación internacional, horas más tarde el ministro del Interior, Arturo Murillo, refutó esa versión. Respondió "con mucho dolor" al informe, por considerarlo "totalmente sesgado" y porque "no refleja la realidad".

"Está favoreciendo solamente al narcoterrorismo", lamentó Murillo en rueda de prensa, horas después de la publicación del documento. "Lo vamos a revertir y mostrar las pruebas de lo que ha sucedido en nuestro país", dijo el ministro.

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Aprueban en Bolivia proyecto de nuevas elecciones presidenciales

La Paz. La ley para anular los comicios del 20 de octubre y convocar a nuevas elecciones estaba lavada y planchada. El Senado boliviano la aprobó por unanimidad porque fue resultado de largos días de negociaciones. Salvo algunas minucias técnicas, no hubo debate sobre la ley, sino sobre un tema irreconciliable: golpe de Estado versus gobierno de transición democrática.

El Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales sería aprobada horas más tarde, con la misma celeridad, en la Cámara de Diputados.

La ley establece que los comicios se celebrarán 120 días después de la elección de las nuevas autoridades electorales, mismas que deben ser elegidas en un máximo de 20 días.

Una vez en sus cargos, los vocales del Tribunal Supremo Electoral tendrán 48 horas para hacer pública la fecha de los comicios. La ley también establece que al menos dos de los vocales deben ser indígenas y tres de ellas mujeres.

Igualmente, se actualizará y saneará el padrón electoral.

Este domingo se espera la promulgación de la ley por la presidenta de facto Jeanine Áñez.

La crisis boliviana, sin embargo, es mayor que un acuerdo parlamentario que, por lo demás, tardará tres semanas en ofrecer su primer resultado: el nombramiento de los vocales electorales.

El Movimiento al Socialismo cuenta con dos tercios en la Asamblea Legislativa (suma de las cámaras de diputados y senadores). Pero su máximo líder está en el exilio, su número dos fue apresado el jueves y muchas de sus figuras están fuera del país, refugiadas en la embajada mexicana o escondidas porque temen ser encarceladas.

Volvamos al Senado. En papel de vocero oficioso de Áñez, Óscar Ortiz (Unidad Demócrata, Santa Cruz), habló de un gobierno de transición democrática que va a garantizar una participación política absolutamente libre.

Adriana Salvatierra, quien era presidenta del Senado hasta la renuncia del presidente Evo Morales y fue presionada para renunciar, le respondió que no puede llamarse gobierno de transición a uno que expulsa ciudadanos, genera 31 muertos, 780 heridos, mil detenidos y que acusa a periodistas de sedición.

No hubo aplausos para uno ni para otro, sólo cuando se anunció la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y la iglesia, mediadores en la crisis, y cuando la ley fue aprobada en lo general.

La senadora Sonia Chiri, también del MAS, recordó que existió la amenaza de cerrar la Asamblea y convocar a elecciones vía decreto.

Quizá el gobierno de facto calculó que usar ese camino fortalecería la idea del golpe de Estado y optó por la negociación con la mayoría legislativa del MAS.

Todavía hoy, se quejaron senadores del MAS, son acosados y perseguidos. Sus adversarios les respondieron que ellos fueron perseguidos durante 13 años. Los dos bandos se acusaron mutuamente del incendio de casas de legisladores, de secuestros y otras linduras.

El punto es la pacificación del país. Los bandos en conflicto, por un lado el partido del asilado presidente Evo Morales y sus bases aliadas, y por el otro el gobierno de facto con sus partidos y sus cívicos, usan la expresión aunque cada uno la entienda a su manera.

Choque en Cochabamba

El gobierno de facto trata de convencer a los bolivianos de que todo se encamina a la normalidad, vía acuerdos con las organizaciones sociales movilizadas. Del otro bando, circulan condenas a los líderes que se han tomado la foto con Áñez e informaciones sobre nuevos bloqueos, sobre acuerdos de pueblos enteros que deciden mantener sus bloqueos o comenzarlos.

Las señales que daban lugar a cierto optimismo (la ley electoral, el salvoconducto a los hijos de Evo Morales, que partieron a Argentina) se toparon con la cruda realidad de la confrontación.

Mientras senadores y diputados votaban, en Cochabamba pobladores se enfrentaban con militares que custodiaban camiones rumbo al basurero de la ciudad. La agencia Ap reportó ocho militares retenidos.

La calle frente al hotel donde se hospedan funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –muy cerca de la embajada de México– fue escenario de confrontaciones entre cívicos enemigos de Morales y los partidarios del asilado.

Gerardo García no está solo. Decimos desde acá, desde la clandestinidad, hermano, no te vamos a dejar solo, dice Gualberto Arispe, secretario de comunicación del MAS, en un video que circula en las redes, en referencia al segundo de a bordo del partido de Evo Morales.

Quieren hacer ver como si no pasara nada en nuestro país, afirma Arispe.

Al menos lo intentan.

Casi 85 por ciento del país ya está pacificado, pero faltan sectores que no quieren colaborar, se ufanó Arturo Murillo, ministro interino de Gobierno.

No quieren colaborar, por ejemplo, los campesinos de 20 provincias de La Paz y de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, que se reunieron con el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

El funcionario les concedió ocho de nueve demandas, pero no la novena que es la destitución de Arturo Murillo, quien ha asumido la responsabilidad del operativo en Senkata, que se saldó con la muerte de ocho pobladores.

El resto de las demandas, que el gobierno de facto ofreció cumplir, fueron: abrogación del decreto que libera de responsabilidad penal a los militares y repliegue de los mismos; elecciones antes del 22 de enero; libertad de los detenidos durante las protestas; fin a la persecución de dirigentes; indemnización a las familias de los asesinados y atención a los heridos; respeto a la wiphala y castigo a los policías que le prendieron fuego; además de dar continuidad a las acciones del plan Evo cumple.

Los dirigentes firmaron, pero con una advertencia: si no les cumplen la novena demanda y destituyen a Murillo, seguirán los bloqueos.

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 "Lamentablemente no se acataron protocolos policiales: hubo uso excesivo de la fuerza, abusos, delitos y no se respetaron derechos", admitió el presidente de Chile. Desde que prendieron las protestas sociales el 18 de octubre, las cifras ofi ciales indican que hay 23 muertos, más de 6 mil 300 detenidos y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones y 909 por golpizas y gases lacrimógenos). Ayer marcharon en Santiago más de 200 que perdieron alguno de sus ojos. Foto Ap. Aldo Anfossi, Especial para La Jornada

Santiago. El presidente Sebastian Piñera reconoció que la policía (Carabineros) pasó por encima de sus propios límites durante la represión de las manifestaciones, que suman cuatro semanas en Chile, y que se han cometido violaciones a los derechos humanos.

"Lamentablemente, a pesar del firme compromiso para proteger los derechos humanos, en algunos casos no se respetaron los protocolos (policiales), hubo uso excesivo de la fuerza, abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos", admitió Piñera la noche del domingo, después de cinco días de total ausencia pública.

En el mes transcurrido desde que prendieron las protestas (18 de octubre), las cifras oficiales indican que hay 23 muertos, cinco de ellos por disparos de uniformados; más de 6 mil 300 detenidos (759 menores de edad) y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por perdigones, de las cuales 222 tienen heridas oculares, y 909 por golpizas u otro). El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 384 acciones judiciales.

La víctima mortal más reciente se contó el sábado 16, cuando Abel Acuña, de 29 años, aparentemente sufrió un paro cardiaco en la Plaza Italia. Hay evidencia gráfica de que cuando los paramédicos buscaban rescatarlo para llevarlo a un hospital, su esfuerzo fue abiertamente perjudicado por la policía. El Colegio Médico y el Servicio de Atención Médica de Urgencia confirmaron que las fuerzas especiales "agredieron" al equipo médico con "chorros de agua, gas lacrimógeno y disparos con armas antidisturbios, lo que retrasó la reanimación del paciente". La socorrista que atendía fue herida en una pierna y Abel falleció 15 minutos después.

La violencia policial ha sido implacable y abiertamente animada por la oficialidad superior. Apenas el miércoles 13 se filtró un audio, reconocido como auténtico, en el cual la máxima autoridad de carabineros, general Mario Rozas, hablando a la tropa, promete impunidad. "Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por un procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer", dijo, desatando los aplausos. Carabineros después aclaró que se refería a decisiones sin un previo sumario interno.

Pero la presidencia de Piñera quedará marcada por la represión con que respondió a la movilización social. La actuación policiaca y del ejército comenzó a ser escrutada en terreno por observadores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La semana pasada, en Quito, comisionados de la CIDH reprendieron a representantes del gobierno chileno que justificaban la violencia del Estado.

El presidente, sabedor del riesgo que corre, se comprometió a que todos los casos "sigan siendo investigados para que en función del mérito de la causa puedan ser conocidos y juzgados". Además de disculparse y ofrecer condolencias, aseguró que dará asistencia "para que la Fiscalía y tribunales cumplan con su función de investigar y hacer justicia".

Prometió que "no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron abusos".

También reconoció que el martes 12 estuvo a un tris de sacar al ejercito nuevamente a la calle.

Para mañana y el miércoles se anuncia una segunda huelga general, convocada por la Mesa del Sector Público, que agrupa a 16 gremios.

Las manifestaciones entran en su quinta semana y si bien su masividad se redujo, siguen fuertes y lejos de terminar, pese a que el viernes 15 un arco de fuerzas políticas suscribieron un pacto para abrir un camino legal hacia una convención constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

Sectores opositores que se excluyeron del pacto y también desde la ciudadanía, temen que el requisito de que los acuerdos y normas sean aprobados por dos tercios de los delegados convencionales frustre el objetivo de terminar con los enclaves autoritarios incorporados a la Constitución pinochetista para consagrar inamovible el modelo neoliberal.

Pero quienes defienden el pacto, sostienen que la nueva Constitución se redactará desde una "hoja en blanco", lo cual significa que en aquellas materias sin sumar dos tercios de aprobación, no prevalecerá el contenido actual, sino que se legislarán después en el Parlamento y que podrán aprobarse por mayorías simples y no con quórums calificados, como ocurre actualmente.

En la sociedad civil también se expresan urgencias respecto de que la convención constitucionalista sea representativa de la diversidad social, y que no sea acaparada por la clase política, cuyas principales representaciones (Parlamento y partidos) tienen más de 90 por ciento de rechazo y desconfianza ciudadana.

Fuerzas muy poderosas conducen todo en la aventura golpista

El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder

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Domingo, 17 Noviembre 2019 06:16

Licencia para matar y salir impune en Bolivia

En Cochabamba, ciudadanos rodean los féretros de los muertos en la represión de Sacaba. Imagen: AFP

Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal le dio inmunidad a las FF.AA.

El decreto 4078 aprobado por Añez deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

Fueron nueve muertos y ciento quince heridos en la ya denominada masacre de Cochabamba. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, informó el representante de la Defensoría del Pueblo para Sacaba, Cochabamba, Nelson Cox. Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax, añadió.

Son así un total de 24 muertos en Bolivia, según declaró la Defensoría del Pueblo. Esas cifras grafican lo que se ha vivido en el país a partir del golpe de Estado concretado el pasado domingo cuando el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a renunciar.

La escalada represiva y de muerte a escalado forma vertiginosa y el anuncio del sábado anticipa que aumentará. En efecto, fue conocido el decreto 4078, aprobado por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”.

El decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

El conocimiento de la orden dada por el gobierno generó reacciones adversas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera, cinco días después del anuncio de la Fuerza Armada Boliviana (FAB) de salir a las calles, se hizo oficial la autorización para proceder a actuar con impunidad.

“Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.

La presencia de la FAB en las carreteras del país y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto.

A partir de esa noche comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se hicieron presenta a diario en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede de gobierno y el poder legislativo. Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.

Esta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Añez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de “grupos subversivos armados”. De esta manera los tres elementos centrales han sido puestos en marcha: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.

En ese marco tuvo lugar la reunión entre el enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, y Añez. Arnauld explicó en sus declaraciones que se reunirá con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.

La cuestión electoral también fue abordada en una rueda de prensa dada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Allí anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el día martes para tratar la convocatoria a nuevas elecciones.

Una de las respuestas al anuncio vino por parte Oscar Ortiz, actual senador, ex candidato presidencial, quien afirmó que la convocatoria “busca desestabilizar la transición democrática” y, agregó, que “el MAS busca la convulsión”.

El tema electoral es una de las variables centrales de la actual situación. Quienes encabezan el golpe de Estado y actual dictadura anunciaron desde el inicio que existirá una convocatoria a elecciones presidenciales. Para eso es necesario la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito legislativo.

Aún no se sabe si existirá el acuerdo para el TSE o si el gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución. Mientras tanto avanza en uno de sus objetivos centrales: perseguir a dirigentes políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en escenarios como la masacre de Cochabamba.

El plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado las fuerzas del proceso de cambio, de los movimientos sociales que han tomado las calles, del MAS, y ha anunciado, a través del decreto de impunidad, que avanzará en ese plan. Cuenta, para sostenerse, con la FAB, la PNB, la clase política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de la protección político-diplomática norteamericana.

La situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras: sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede.   

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 Madres de falsos positivos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército colombiano, hablaron en tribunal de paz JEP

15 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales comparecieron en el Tribunal de Paz y exigieron investigar a funcionarios del Gobierno

 

“Llevo 15 años en la lucha por la verdad”, "llevo 10, 11…" "Vinimos a decir que nuestros hijos, hermanos, esposos no eran guerrilleros, ni criminales". "Que los militares que los ejecutaron no están diciendo la verdad, y que nosotras estamos recibiendo amenazas". Las voces de los familiares de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, el asesinato sistemático de civiles que eran presentados después como guerrilleros caídos en combate y uno de los hechos más vergonzosos para el Ejército de Colombia, se escucharon en el Tribunal de Paz este jueves. Sus relatos se fueron sumando como un coro de injusticias acumuladas durante muchos años.

Cada vez que narraban sus historias y alguno se quebraba o apretaba el cuerpo para contener el llanto, algunos de los oyentes a esa audiencia inédita bajaban la cabeza. Colombia conoce sus casos pero no lo que soportaron estas familias después del asesinato de sus hijos. Eran las víctimas, pero pedían perdón por llorar.

Tras la firma del acuerdo de paz, 162 militares —desde soldados hasta generales— han acudido a este tribunal a contar voluntariamente su participación en este caso llamado 03 o Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Buscan beneficios jurídicos a cambio de entregar información y reparar. Esta vez les correspondía a las víctimas hacer observaciones al caso que lleva la justicia.

“Vinimos a decirle a la JEP que los militares no están diciendo la verdad. No queremos pañitos de agua tibia, queremos saber quiénes son las cabezas, esclarecer los hechos, limpiar el nombre de nuestros hijos”, dijeron antes de comenzar la audiencia. Después, rezaron tomadas de las manos. Pedían fuerzas para relatar una vez más lo vivido y solicitarle al tribunal que llame también a civiles para que declaren, incluidos los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, presidente y ministro de Defensa, durante la época de las ejecuciones.

“Aquí hay algo mucho más grande. Hay que mirar el papel del Cuerpo Técnico de Investigaciones; escuchar también a Medicina Legal (instituto forense del país). Es muy raro que sea la misma médica forense la que haya firmado los documentos de todos estos muchachos o que el CTI haya hecho levantamientos a muchachos con botas nuevas y al revés”, comenzó con aplomo Jaqueline Castillo, después de contar cómo mataron a su hermano Jaime Castillo y ella viajó a rescatar el cuerpo de una fosa común.

Cada víctima intervino con la imagen de su hijo al costado. Como su fortaleza. “Vengo a contar quién era”, repetían. Aún recuerdan con dolor cuando el expresidente Uribe dijo que estos eran delincuentes y él tuvo que rectificar sus palabras bajo orden judicial. El clamor compartido de las madres es que las investigaciones lleguen a niveles más altos, que se establezcan las responsabilidades en la cadena de mando, no solo a quienes dispararon; y que se investigue también la desaparición forzada de la que fueron víctimas sus familiares.

Un fenómeno nacional

“El caso de los jóvenes de Soacha ilustra un fenómeno nacional. Hoy sabemos que ocurrió en todo el país, menos en la isla de San Andrés. Al menos 2.248 personas fueron ejecutadas de esta forma y creemos que la cifra se queda corta. Todo esto es gracias al coraje de ustedes”, les dijo, empática, la magistrada Catalina Díaz a las madres.

Fueron relatos desoladores y revelaron el espíritu humilde de todas las víctimas. Jóvenes que aceptaban trabajos para ayudar a su familia o incluso, vaya paradoja, soñaban con ser soldados. No es extraño. En los barrios más pobres de Colombia entrar al Ejército o a la policía es la vía más expedita para tener un ingreso económico. Y ante la falta de acceso a la universidad, en un país donde un semestre puede costar 2.000 dólares, esa era la única aspiración. De ese caldo de inequidad se valían los reclutadores que los engañaron.

Las madres revelaron también lo que han padecido buscando justicia durante estos años, cómo fueron ellas las propias investigadoras, cómo excavaron para exhumar a sus hijos y contaron los hechos absurdos de los que han sido víctimas. “Como en Colombia no te dan trabajo si no tienes la libreta militar, mi otro hijo tuvo que entrar a prestar el servicio militar”, contó Rubiela Giraldo, otra de las madres. “Ahora está enfermo. Dice que siente rabia y asco por portar el uniforme de quienes mataron a su hermano”. Por eso pidieron que sus familiares estén exentos del servicio militar, que en Colombia es obligatorio.

También recordaron que ellas siguen pagando deudas millonarias por tener los restos de sus hijos en los cementerios. “Si los militares hicieron vaca (reunieron dinero) para matarlos, entonces que junten plata para pagar las deudas de los cementerios”. Exigieron que el Ejército reanude un proyecto de mausoleo que les había prometido. Hubo también revelaciones macabras, como la de Luz Marina Bernal quien dijo que a su hijo se lo entregaron sin brazos ni piernas; o como la existencia de un falso positivo que está desaparecido, además de las amenazas de muerte que han recibido por denunciar.

La audiencia también sirvió para recordar a sus familiares con ternura. Sus sueños truncados: de ser cantantes, veterinarios, de entrar a la universidad, de comprar una casa. Y sobre todo, lo que han perdido las familias con su muerte: “Jony Duvián era el payaso, el que nos hacía reír. Después de que me lo mataron en mi casa ya no se baila. Todo eso murió”, dijo Zoraida Isabel Muñoz. Y al final, hubo espacio para la ironía a través de redes sociales: “Aquí terminan nuestras intervenciones. Gracias por soportar nuestros relatos. Pero este es su país”.

Lo que sigue

El proceso que sigue se avizora largo. La Jurisdicción Especial para la Paz priorizó 6 regiones de Colombia y aún falta más investigación sobre otros batallones del Ejército. En el caso 03 Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, los magistrados tendrán que contrastar las versiones de los militares; recabar más información y llamar a otros comparecientes. Algunos civiles han solicitado acogerse al Tribunal.

“Nuestra tarea es enorme pero no vamos a ahorrar ningún esfuerzo en la contrastación lo que han dicho, con los reclamos que ustedes tienen, cruzar la información que venga de la justicia ordinaria. Pero aunque nos duela como sociedad, es mejor reconocer lo que pasó para que no se repita”, agregó la magistrada, Catalina Díaz.

Sobre la petición de llamar a Uribe y Santos a declarar, el magistrado Oscar Parra aclaró que la Jep no tiene jurisdicción para juzgar a expresidentes. “Ahora bien- dijo- todo tipo de solicitudes en un proceso judicial tienen que ser analizadas y contestadas. Estas serán valoradas por la Sala de Reconocimiento de la JEP en el momento pertinente”.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 18 OCT 2019 - 11:52 COT

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Caminos protocolarios de falsedad y camuflaje

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.

Hoy día el corregimiento de San José de Apartadó continúa invadido y controlado por paramilitares, quienes por más que el gobierno los niegue y los oculte, siempre están allí controlándolo todo y no se preocupan por las denuncias: tienen la seguridad de que sus patrocinadores y aliados son gobierno y no permitirán que sean judicializados, así se muestren a la luz del día y difundan ampliamente sus ilegales y perversas imposiciones, sus ilegales impuestos y extorsiones, sus amenazas y sus listados de candidatos a morir. Parodiando un salmo bíblico, se puede decir de ellos: “moran al abrigo del altísimo (gobierno)” y en esa seguridad fundan su cinismo y su descaro.

No hay que ir muy lejos para verificarlo: luego del asesinado del último joven campesino en la vereda La Cristalina (agosto 18 de 2019), un Fiscal de Apartadó convocó a pobladores de 4 veredas intensamente controladas por el paramilitarismo para preguntarles quién había asesinado a Weber Andrés (sept. 4/19). La nutrida presencia de paramilitares en dicha reunión, acompañados por numerosos militares y policías, le insistió al Fiscal que “en la zona no había paramilitares y que por lo tanto a Weber no lo podían haber matado los paramilitares”. Así se podían resumir las conclusiones convergentes de tan sospechosa asamblea. ¿Qué pretendía el Fiscal con un acto como esos? ¿Ignoraría que su auditorio estaba saturado de paramilitares quienes negaban su propia existencia con intenciones inconfesables y que los no paramilitares no se atrevían a hablar por no arriesgar sus vidas? ¿Tenía esa convocatoria el carácter de una audiencia judicial? ¿Será el Fiscal uno de los uribistas que opinan que el Estado de Derecho es obsoleto y que en adelante debe predominar “la  justicia de opinión” apoyada en las facultades decisorias de los victimarios agrupados en montoneras? ¿Qué hacían allí militares y policías recogiendo firmas de los asistentes? ¿Cuál es el destino y el uso de esas firmas? ¿Equivaldrán esas firmas a una especie de “jurado de conciencia” que legitima el veredicto absolutorio de los asesinos? ¿Cuáles serán las nuevas reglas de juego de esa extraña “justicia”? ¿Por qué al menos no las hacen públicas?

Desde esa seguridad imperturbable, los paramilitares continúan en su rutinaria agresión a la población civil: controlan, cobran impuestos, amenazan y asesinan. Solo el silencio encapsula las voces de los campesinos. Si se salen de ese orden, rápidamente circulan las listas fatídicas con los nombres de los próximos muertos.

No hay un remedio que pueda curar esta tragedia, contra la conciencia de un campesinado que por más de 50 años ha vivido en esta zona donde sólo el sometimiento les ha permitido sobrevivir ajustándose a las reglas de los armados. 

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

 

  • ·El martes 17 de septiembre de 2019, a las 9:58 horas, fue captada la presencia de un grupo de paramilitares con vestidos de camuflado y portando armas largas en la vereda Arenas Altas, del corregimiento de San José de Apartadó.
  • ·El miércoles 18 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo y acompañamiento internacional, por las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas, con la intención de poder acompañar a miembros de nuestra comunidad que viven allí, dada la presencia comprobada, en esos días, de unidades paramilitares. Al llegar a Arenas Altas se pudo verificar la presencia de gente armada muy cerca del camino, sin poder identificarla. Más adelante en el mismo camino,  como a  20 minutos de distancia,  encontraos un grupo armado muy sospechoso el cual estaba conformado por ocho integrantes quienes se identificaron como “fuerza pública”.
  • ·El miércoles 25 de septiembre de 2019, en horas de la noche, el señor ELKIN ORTIZ quien ha venido causando daños en la propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz en la finca La Roncona, volvió a incursionar para destruir nuestros alambrados, cultivos de plátano y cacao. Según informaciones, esto lo hace impulsado por los paramilitares que controlan el caserío de San José.
  • ·El viernes 27 de septiembre de 2019, a las 10:00 a. m., cuando los miembros de una comisión de nuestra Comunidad  de Paz regresaban desde la vereda La Esperanza hasta San Josesito, fueron informados de que apenas habían salido de la finca de La Esperanza, propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz, llegaron 7 paramilitares vestidos de camuflados y con armas largas, como asechando a los miembros de nuestro proceso que se encontraban allí realizando trabajos en la finca. Al mismo tiempo se verificó la presencia de otros 10 paramilitares en la parte alta de la vereda La Esperanza.
  • ·El sábado 28 y el domingo 29 de septiembre de 2019, nuestra Comunidad de Paz y otras comunidades del país, acompañadas por organizaciones internacionales, se encontraban de visita en la zona humanitaria Las Camelias, del municipio de Carmen del Darién en el departamento del Chocó y de igual manera acompañando a las familias del proceso comunitario que allí se ha desarrollado. Durante el viaje se pudo comprobar que esa es una zona totalmente controlada por el paramilitarismo, pues la intensa presencia de paramilitares en trajes civiles era muy notoria. Esto deja en evidencia una vez más que el paramilitarismo es el que controla todo a su antojo en los pueblos y veredas del país y lo peor de todo es que casi siempre el control lo ejercen en medio y bajo la protección o en complicidad de la fuerza pública y de toda evidencia, con su tolerancia y coordinación.
  • ·El mismo sábado 28 de septiembre de 2019, en respuesta a una orden del Consejo de Estado, el comandante de la Brigada XVII del ejército, Coronel Carlos Padilla, presidió una ceremonia de desagravio frente al salón comunal del caserío de San José de Apartadó, donde descubrió una placa alusiva a la masacre del 21 de febrero de 2005 y donde expresó: “Con esta placa reconocemos y dignificamos a las víctimas del conflicto armado por los hechos acaecidos el 21 de febrero de 2005 en la vereda La Resbalosa y Mulatos del municipio de San José de Apartadó en desagravio por su muerte (…) Quiero presentarles mis más sinceras disculpas y solidarizarme con el dolor de todos y cada uno de ustedes. Puedo darles fe de que el ejército nacional continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan

 

El acto no lo presidió el Ministro de Defensa, como estaba ordenado por el Consejo de Estado, lo que ya revela el bajo valor que el gobierno les reconoce a las víctimas campesinas y el tratamiento despectivo que les da. Tampoco la placa incluyó los nombres de todas las víctimas de esa masacre y nadie entendió por qué excluyeron a BELLANIRA AREIZA, la compañera del líder histórico de la Comunidad de Paz allí masacrado, Luis Eduardo Guerra, quien fue también masacrada en esa misma orgía de sangre. Sólo asistieron al acto una veintena de personas , algunas de ellas familiares de las víctimas que habían recibido indemnización monetaria ordenada por el Consejo de Estado, ninguna de ellas integrante de nuestra Comunidad de Paz, pues desde el comienzo repudiamos el tasar a nuestras víctimas en dinero, como si fueran mercancías, y menos cuando esa “paga” no va acompañada de sanción a los victimarios y de medidas efectivas de no repetición y de corrección de la criminalidad sistémica evidenciada en dicha horrenda masacre.

Las palabras del Coronel Padilla y el texto mismo de la placa son un modelo refinado  del perverso encubrimiento y distorsión de la realidad, coadyuvantes de la horrorosa impunidad reinante. Presentar a estas víctimas como “víctimas del conflicto armado” es una ignominia. Ninguno de los centenares de crímenes perpetrados en estos 23 años contra nuestra Comunidad de Paz puede considerarse como relacionado con el conflicto armado, pues si algo definió la identidad de nuestras Comunidad desde su primer momento de existencia fue su negativa radical a participar en el conflicto armado y a colaborar con cualquier actor armado. La fuerza pública sabe de sobra que asesinaron a nuestros hermanos y hermanas porque no los pudieron encuadrar en la estrategia paramilitar que habían diseñado para toda la región y que aún sigue imperando; los eliminaron porque por sus principios se les escapaban de las manos. Por ello es absolutamente irregular y contrario a las mismas reglas de la JEP que los victimarios de nuestra Comunidad estén pidiendo ingreso a la JEP.

Pero quizás lo más indignante es que el mismo texto de la placa y las palabras del Coronel Padilla “ignoren” lo sucedido en la masacre y sus reales dimensiones. Ninguna sombra de reconocimiento ni arrepentimiento de la responsabilidad del ejército en esos horrores, a pesar de que la misma Corte Suprema, en sentencia de casación, haya condenado a altos oficiales, si bien ha dejado en la impunidad a los más altos que tomaron las decisiones más macabras. ¿Qué tipo de desagravio es ese que no reconoce la responsabilidad evidente en el crimen? ¿Acaso no es una nueva victimización?

Pero el cinismo del discurso no tiene límites: el Coronel Padilla se atreve a “DAR FE” de que el ejército “CONTINUARÁ GARANTIZANDO CONDICIONES DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA” que la gente demanda. No hay derecho a pretender ignorar la historia de manera tan atrevida. ¿Por qué no aludió siquiera a los 1462 crímenes de lesa humanidad que fueron perpetrados en los primeros 21 años de persecución y genocidio contra nuestra Comunidad de Paz, cuya documentación reposa en tribunales internacionales y en los cuales el ejército tiene responsabilidad activa o pasiva? ¿Sigue creyendo el Coronel que el sol se puede tapar con un dedo?

Cuando habla de “garantizar una continuidad de libertad y democracia”, ¿ignora que lo que ha brindado el ejército en estas décadas es todo lo contrario de libertad y democracia, así él se atreva a llamarlas “libertad y democracia”, como quizás nadie más se atrevería a hacerlo, pues lo que han garantizado hasta ahora son: masacres, asesinatos, cercos de hambre, desplazamientos, torturas, destrucción e incineración de viviendas y cultivos, creación y apoyo a estructuras paramilitares, montajes judiciales, encarcelamientos de inocentes, torturas, abusos sexuales, amenazas, campañas de difamación, calumnias e injurias, robos de bienes de subsistencia y asaltos a mano armada para ejecutarlos, violaciones de la intimidad, desapariciones forzadas, falsos positivos, profanación y ocultamiento de cadáveres y otros muchos horrores. ¿Es esa la “libertad y democracia” que ofrece “CONTINUAR”, para lo cual “DA FE”?

Cuando se dan manifestaciones de “desagravio” o de “perdón” en un contexto envuelto y sumergido hasta lo más profundo en las mismas dinámicas criminales que produjeron el exterminio de las víctimas, los discursos sólo tienen la posibilidad de recurrir a las falsedades, al camuflaje, a la desviación, al disfraz. Y eso es lo que hemos estado viviendo en el llamado “posconflicto” o “pos acuerdo”, en que las raíces del conflicto siguen más vivas que nunca y retoñando de manera apabullante. Se percibe una búsqueda desesperada por tapar la falta de credibilidad. Vivimos dentro de un Estado y un gobierno que quieren convencer al país y al mundo que es posible mostrar una “cara nueva” apoyada en discursos incumplidos pero sin enfrentar el problema más acuciante: garantizar la no repetición de los crímenes. Creen que eso es posible tapando y evadiendo las responsabilidades; manteniendo en sus puestos y ascendiéndolos a quienes diseñaron y ejecutaron las barbaries y manteniendo (negándolas) las doctrinas y estructuras que inspiraron y favorecieron tan horrendas prácticas. ¿Cuántos años o décadas habrá que esperar para que se convenzan que eso es absolutamente imposible?

Con nuestra gratitud siempre reiterada a quienes desde numerosos espacios de nuestro país y del mundo nos sostienen con su fuerza moral, les enviamos una nueva alerta sobre lo que estos falsos “desagravios” revelan y anuncian.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Octubre 4 de 2019

Publicado enColombia
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