MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Colombia. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

En Popayán, desde el día cero del Paro Nacional, la violencia y represión alcanzó niveles inadmisibles, pero su pico máximo se registró durante la semana del 10-17 de mayo, con epicentro el día 12 cuando dos menores denunciaron su violación por parte de efectivos policiales del Esmad. Una de ellas, Alison Meléndez, ante lo sentido por su cuerpo a la fuerza (“Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma", denunció), como lo evidencian los moretones sobre sus manos, optó por quitarse la vida. La familia de la otra menor pidió la reserva de su nombre. 

“En un mar de caos, entre escombros y estallidos yo me disponía a ocultarme en el domicilio de unos conocidos, decidí parar para registrar un proceso irregular por parte de la fuerza pública y ese fue el peor error que pude cometer, una vez los agentes de la guardia antimotines se percataron de que grababa sentí miedo, traté de esconderme pues sabía que huir podría ser peor, segundos después estaba siendo aprehendida forzosamente por cuatro agentes quienes morbosamente me manoseaban y me jalaban la ropa, entre insultos y amenazas me condujeron a la Unidad de Reacción Inmediata más cercana, todo parecía indicar que mi destino ya estaba escrito; yo no estaba marchando pero eso tampoco pudo evitar el horror que esas bestias me hicieron en nombre del Estado”. Vivido por Alison Meléndez.

Otra mujer violentada, ultrajada, sometida al machista y patriarcal proceder de un cuerpo armado instituido para defender intereses y privilegios, entre ellos, es evidente, el de considerar a las mujeres cosas, objetos de placer. Intereses y privilegios que para su prolongación no reparan en métodos, formas, armas; clara forma de concretar y prolongar un poder que destruye a las mayorías de una sociedad.

Una injusticia más. Tantos caídos en disimiles circunstancias: golpeados, acribillados, y las mujeres abusadas y ultrajadas; unas y otros víctimas de un solo proceder: el operar represivo y autoritario de unidades de las fuerzas armadas, bien policías, bien escuadrones del Esmad y del Goes (Grupo de operaciones especiales). Esta es la áspera realidad que no le da descanso a los jóvenes a lo largo de toda la geografía nacional, en la que, bajo tratos que niegan diversos derechos humanos, las fuerzas del establecimiento pretenden preservar el sacrosanto orden establecido para el beneficio de unos pocos.

Un poder, un orden, que al sentirse cuestionado y desconocido por amplios sectores sociales, niegas sus propios preceptos.

“Se está cortando, llevó toda la semana con el celular “chuzado”, dice qué la SIM card no funciona”, asegura una defensora de DDHH en la capital del departamento del Cauca en plena entrevista con desdeabajo; al parecer las llamadas están siendo intervenidas o cuando menos existe una alta interferencia. De acuerdo a nuestra entrevistada no solo le sucede a ella, los teléfonos de otras personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, como otras vinculadas al activismo estudiantil, registran pésima recepción. Es claro que a alguien no le interesa que estas personas se comuniquen entre sí, ni que mantengan relaciones dinámicas con sus contactos al interior como al exterior de la ciudad, algo ya vivido en días recientes en Siloé, por ejemplo, donde es sabido que las fuerzas armadas utilizaron bloqueadores de señal, propios de zonas de guerra o para aislar zonas de alto valor estratégico o para el desarrollo de operativos militares de alto vuelo.

Es una presión constante, parte del despliegue de la llamada inteligencia de combate. No se afanan en ocultar sus acciones, les interesa que quien es objeto de seguimiento sepa que está bajo vigilancia, que viva la zozobra de no saber si pasarán la raya, ni cuando lo harán; es parte de la guerra psicológica.

Acciones que también recaen sobre toda la sociedad. Los helicópteros sobrevuelan como aves de rapiña y la presa es el pueblo, los despojados, que con mucha dignidad buscan resistir las envestidas orquestadas por las diferentes divisiones de la mal llamada “fuerza pública”. Censurar y reprimir son los dos principales objetivos, porque a este gobierno le gusta la gente “juiciosita”: el indígena en el resguardo, los pobres produciendo, los estudiantes en clase y sin cuestionar ni pretender comprender nada más allá de lo que dicta el profe, y todo aquel que sea diferente que baya buscando la forma de mimetizarse y no incomodar porque la “gente de bien” con un muy abstracto código moral se puede cansar de tanto bloqueo y protesta.

Tapen, obstruyan, manipulen

El delito de obstruir la justicia también se hace presente y cuando “la cara amable del Estado” no logra sus propósitos matando o amedrentando, hace todo lo posible por obstaculizar la gestión de los defensores de DDHH y de los comunicadores de los medios independientes. En el ejercicio de su función estos saben que consultar el estado de salud, como el calabozo donde fue encerrada una u otra persona, es considerado un desacato a la autoridad por los “guardianes del orden”, al punto que muchos defensores son amenazados y su trabajo se ve seriamente entorpecido, sometidos a vivir en permanente zozobra, en no saber en dónde pasará la noche para al día siguiente salir desde temprano a hacer la veeduría en hospitales y centros policiales para verificar las condiciones en que están encarcelados o en tratamiento médico decenas de manifestantes.

La vida siempre ha valido poco en Colombia, la diferencia es que ahora están matando de manera abierta, apuntándole a todo el que se atraviese, a todo el que se levante y objete. Hoy no se trata de aquellas personas perseguidas y asesinadas lejos de las zonas urbanas, no, hoy puede ser en cualquier ciudad, a plena luz del día, y quien reciba los impactos de bala puede ser cualquiera, alguien indignado, pero también alguien que esté mal parqueado.

Todo esto es la consecuencia de la decisión oligárquica de soltar a sus perros de presa y estos, hambrientos y atrofiados por sus falsas conciencias han desatado todo su odio e ira sobre la población civil. Apuntan a la cara y a matar. Al que no pueden matar le propinan brutales golpizas. A la que elijan, la violan.

Todo esto fue vivido y experimentado en Popayán en estos días, como ya lo habían padecido en otras ciudades amplios grupos sociales. Estamos ante el terrorismo de Estado, en cuerpo pleno.

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Alison Meléndez. Un suicidio provocado por una violación

Con furia e inculpando al establecimiento reaccionaron cientos de jóvenes payaneses ante la noticia del suicidio de la menor de 17 años Alison Meléndez y quien había sido violenta e ilegalmente capturada por 4 efectivos del Esmad mientras registraba con su celular las protestas cerca de su sitio de habitación.

Según su testimonio, expresado a través de las redes sociales, esos policías “Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma".


De acuerdo a su abuela, cuando su nieta regresó de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), a donde había sido llevada por sus captores, volvió con moretones en el cuerpo y le dijo que la habían manoseado. Al día siguiente sus familiares encontraron a la menor inconsciente en su habitación, tras aparente suicidio. Aunque fue llevaba de urgencia al hospital los galenos no lograron reanimarla.

Por su parte Luis Salazar, padre de la menor, y quien hace parte a su vez de la fuerza pública, fue tajante en sus declaraciones al exigir justicia y esclarecimiento de los hechos.

Como ha ocurrido en otros 16 casos de denuncia por violación sufrida por jóvenes detenidas por efectivos policiales en el marco de las protestas que conmocionan al país desde el pasado 28 de abril, voceros oficiales, en este caso el jefe de la Policía de la región, Ricardo Alarcón, acudió al reiterado negacionismo que ya es típico a la hora de responder ante denuncias de toda gravedad como esta. Una reacción de “solidaridad de cuerpo” que los marca y que en este caso una vez más evidencia el nivel de impunidad que campea en el país y con el cual se protegen los cuerpos represivos para actuar sin acatar ninguna norma ética ni respetuosa con la carta de Derechos Humanos. Un comportamiento que, en el caso de violencia contra mujeres, evidencia la manera como poder y patriarcado están íntimamente ligados.

Como prueba inicial para desmoronar el reiterado negacionismo oficial está el video donde puede apreciarse el momento cuando la menor de edad es capturada de manera ilegal por los efectivos de la mal llamada “fuerza pública”.

No más impunidad

Una vez la muerte de la joven fue noticia, sus pares no se contuvieron. Su expresión de afecto y de solidaridad propició que denunciaran los reiterados abusos, violaciones y desmanes de la policía, la cual tienen que padecer en parques, calles o en cualquier otro lugar donde sus efectivos llegan en actitud autoritaria a imponer un orden que ya no responde ni corresponde a la sociedad de justicia a que las mayorías sociales aspiran a vivir.


Es así como, con energía exultante, se dirigieron al complejo de policía Intendente Jefe Diego María Guerrero donde estaba erigido el monumento “Edificadores de paz” hecho por la policía con casquillos de balas para “recordar a las víctimas”, el cual fue lanzado al río Molino. Unas horas después hicieron lo propio con el monumento que recordaba a Francisco de Paula Santander (instalado en la glorieta de la terminal de transportes), asociado desde hace dos siglos con la defensa de los poderosos y de sus privilegios.


Para allí no paró su demostración de rechazo a la violación de que fue objeto la joven Alison Meléndez. Con igual entusiasmo se dirigieron a la URI a donde fue llevada por sus captores y le prendieron fuego, rechazo abierto y directo al estamento policial, síntesis del autoritarismo vigente en Colombia. Cuerpo armado defensor de privilegios y expresión de vetustas formas que asume el poder en Colombia, como son el machismo y patriarcado.


Mientras esto sucedía en medio del día 16 de paro nacional que registra Colombia, se conocido que como respuesta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una solicitud de diversas organización de Derechos Humanos para que envíe una delegación para una visita de trabajo al país, la secretaria ejecutiva de esa organización, María Claudia Pulido, le dirigió una carta al presidente Duque solicitando autorización para proceder con la visita correspondiente.


Al mismo tiempo, se hacía publica una carta firmada por 55 congresistas de Estados Unidos donde denuncian que la Policía colombiana “está desatada” y piden al secretario de Estado Antony John Blinken para que se pronuncie sobre lo que vive Colombia.


¿Podrá contenerse el proceder policial y de las Fuerzas Armadas en general? ¿Podrá en algún momento que los cuerpos armados dejen de defender el poder de minorías y se alineen con las mayorías? La respuesta la brinda la historia, la cual también indica que “solo el pueblo salva al pueblo”.

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Las víctimas se manifiestan en el marco del Paro Nacional

Las víctimas del conflicto colombiano denuncian incumplimientos y revictimización

 

Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2021. En el marco del actual Paro Nacional en Colombia, las víctimas del conflicto armado se unen para manifestar las faltas de garantías de seguridad y el irrespeto a la vida de los líderes y lideresas sociales de Colombia. En lo recorrido del presente año se han denunciado aproximadamente 60 asesinatos a nivel nacional, sin contar los que se han presentado durante las protestas de los últimos días.

Es hora de un cambio, donde solicitamos la garantía y el cumplimiento a los derechos que nosotros las víctimas tenemos y una reestructuración de la Unidad de Víctimas, además de la renuncia irrevocable del cargo del Director Ramón Alberto Rodríguez Andrade. Es hora de que las víctimas hagamos valer nuestros derechos” expresó un grupo de Víctimas de la Unidad de Víctimas.

Denuncian la falta de cumplimiento por parte del gobierno de Iván Duque a sus derechos y la revictimización a la que son sometidos, exponen la falta de gestión y compromiso de la Unidad de Víctimas, una institución que surge a partir la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), la cual dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

Por lo anterior, han decidido movilizarse y hacer un llamado a todas la víctimas, a las organizaciones y a la ciudadanía a nivel nacional para que los acompañen el próximo miércoles, 19 de mayo a las 9:00 a.m. en el monumento del Parque Nacional de la ciudad de Bogotá, ubicado en la carrera séptima con calle 39, punto de partida para iniciar un recorrido hasta llegar a la Plaza de Bolívar.

Pliego de peticiones: víctimas de la Unidad de víctimas

1. Reconocimiento jurídico y político como población de víctimas, como centro del incumplimiento del Acuerdo de Paz.

2. Renuncia del Director General de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, por incumplimiento y presunta desviación de recursos.

3. Reestructuración de la Unidad de Víctimas:

  • Eficiencia en los canales de atención de la Unidad de Víctimas del conflicto armado, asegurando un trato eficaz y respetuoso.
  • Integración de las víctimas del conflicto armado en los canales de atención y resolución de la Unidad de Víctimas.
  • Cumplimiento y rendición de cuentas de indemnizaciones a la víctimas.

4. Programas de desarrollo y empleabilidad, con el fin de generar autosostenibilidad económica de las familias víctimas del conflicto armado.

5. Garantías de educación superior gratuita para las víctimas del conflicto armado.

6. Vivienda de interés prioritario a las víctimas del conflicto armado.

7. Creación y vinculación de un grupo específico dentro del SISBEN de la población en calidad de víctima del conflicto armado.

8. Exigibilidad de la participación política del grupo de víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República con las 16 curules pactadas en los Acuerdos de Paz.

9. Garantías de no repetición del conflicto armado.

 

Para más información:

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https://soundcloud.com/victimas-de-la-unidad-de-victimas

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Reportan la primera víctima fatal en Bogotá por la represión contra el paro nacional en Colombia

Se trata de un joven de 20 años que se encontraba en coma inducido tras ser impactado por un artefacto en la cabeza durante la movilización del 1 de mayo.

Daniel Alejandro Zapata se convirtió en la primera víctima fatal caída en la capital de Colombia, Bogotá, en el marco de las protestas sociales que convulsionan todo el país. La organización no gubernamental Lazos de Dignidad confirmó este lunes el fallecimiento del joven. 

"Alejandro Zapata, uno de los casos de violencia policial que asumimos el 1 de mayo, acaba de fallecer", informó la organización en su cuenta de Twitter. 

Zapata, de 20 años, se encontraba en coma inducido en la Clínica Mandalay de Eusalud, después de resultar herido durante las protestas sociales del 1 de mayo en Bogotá.El joven habría sido impactado por un artefacto en la cabeza, presuntamente por parte de la fuerza pública, según reportaron medios locales

Tras permanecer por 10 días en terapia intensiva, Zapata perdió la vida este lunes

Investigaciones 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó "profundamente" la muerte de Zapata. No obstante, aseguró que en su despacho no tenían conocimiento de ese caso, por lo que ordenó el inicio de una investigación. 

"No teníamos el registro siquiera de que Daniel Alejandro hubiera entrado por una lesión, no nos lo reportaron", dijo López en conferencia de prensa. 

En ese orden, la alcaldesa cuestionó una serie de omisiones. "Necesitamos saber cómo llegó al hospital, quién lo llevó, en qué circunstancias entró, por qué el hospital no lo reportó como posible lesionado en las protestas", agregó.

Por lo pronto, López ordenó a la Secretaría de Salud iniciar una investigación sobre el caso. 

Hasta este lunes, Bogotá lleva registro de 288 ciudadanos atendidos en hospitales por heridas en el marco de las manifestaciones, incluyendo 14 víctimas de lesiones oculares. Del total de lesionados que recibieron atención médica, cinco personas continúan hospitalizadas y su estado es delicado, según detalló López. 

Publicado: 11 may 2021 03:05 GMT

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Atacada Guardia Indígena por los "pájaros" del Estado

En un ataque predeterminado y llevado a cabo por personas de civil, tres chivas en las que se transportaba decenas de mujeres, hombres, niños y adultos, comuneros pertenecientes a La Minga y a la Guardia Indígena Nasa, fueron interceptadas en la zona conocida como Cañas Gordas, vía Jamundí,y atacados a tiro de pistolas por personas que se bajaron de camionetas de alta gama. El saldo: 12 heridos de distintas consideración, cuatro de ellos graves.

El saldo pudo ser aún mayor ya que cuando los atacados trataron de protegerse ocultando sus cuerpos tras de otros vehículos recibieron descargas desde la parte posterior al ataque. Es decir, estamos ante una acción claramente premeditada, lo que despeja la duda si quienes atentaron eran civiles que de manera espontánea, por racismo o por motivos similares, entraron en ira. No, la premeditación y la impunidad indica que el formato corresponde a fuerzas parapoliciales y/o paramilitares.

Los y las mingueras se dirigían hacia la Universidad del Valle, donde se realizaba una asamblea para coordinar con estudiantes y colectivos de derechos humanos medidas por implementar para neutralizar el grado de violencia que está afectando a los sectores populares caleños.

El ataque, sin duda, desnuda aún más el desespero de un régimen que se siente acorralada y sin respaldo ciudadano; un desespero que se traduce en violencia, cada vez más aguda, y la cual puede ahondarse hasta sumir el país en un mayor chaco de sangre, avanzando, en pro de impunidad, hacia un autogolpe.

James Larrea, defensor de DDHH, en entrevista con desdeabajo describe que al interior de la Universidad del Valle se vive una tensa calma y el temor de quienes allí sesionan a un posible ataque, temor no infundado ni gratuito, más aún cuando se enteraron de lo sucedido con la delegación indígena que se dirigía hacia el centro universitario. Realidad refrendada por el senador Feliciano Valencia que en horas de la tarde vía Twitter alertó sobre el cerco de la Universidad por unidades policiales y militares, incluso con sobrevuelo de un helicóptero.

Un viejo modelo

El proceder parapolicial y/o paramilitar desplegado en las horas de la tarde del domingo 9 de mayo es similar a la actuación de civiles que atacaron en el viaducto de Pereira, con total alevosía, a tres activos del paro, entre ellos Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño, el primero de los cuales fue declarado con muerte cerebral.

Es un proceder que recuerda, a pesar del paso del tiempo, el actuar de los pájaros en la década de los años 50 del siglo XX en Colombia, los que bañaron de sangre sus zonas rurales, procediendo al asesinado y desplazamiento de decenas de miles de campesinos marcados como sus enemigos, imponiendo el silencio a sangre y fuego.

Un modelo de control y de imposición autoritaria del “orden” también experimentado con los “Escuadrones de la muerte”, como denominó a este tipo de cuerpos civiles armados, un miembro de la Guardia Indígena que habló vía telefónica  con desdeabajo.

Violencia, muerte e impunidad. ¿Hasta dónde posibilitará este gobierno un modelo genocida de control social y hasta cuándo continuara desconociendo las demandas populares? 


Relación (parcial) de integrantes de la Guardia Indígena heridos:

Nombre                                 Resguardo

Segundo Pequi                  Toribío

Alexander Yule Ramos     Toribío

Marlen Martínez                 Pueblo Nuevo

Yerson J. Talaga                 López Adentro

Eucardo Ul                          Huellas

Daniela Soto                        Sat tama

Sandro Camayo                  Las delicias

Yeison Tenono                   Monchique    


          

Videos relacionados

https://www.facebook.com/cric.colombia/videos/d41d8cd9/4491007630913861/

 

Adjuntamos videos que llegaron a la redacción:

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (1)

https://youtu.be/OaHgFIgefoA

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (2)

https://youtu.be/duTtVX6dir4

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (3)

https://youtu.be/5CQNXmqebiA

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (4)

https://youtu.be/UTqN9QB0yNY

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (5)

https://youtu.be/mXsU7N0cShU

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (6)

https://youtu.be/BC5yrUQlJbM

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (7)

https://youtu.be/r_6Lct3H3P8

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (8)

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (9)

https://youtu.be/vCpT8XMOgm0

 

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Un operativo policial en la favela Jacarezinho causó 24 muertes de pobladores 

 

Es balance más letal en la historia de Río de Janeiro

"¿Quiénes son los muertos de la operación en la favela?: los jóvenes negros" señaló Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública.

 

Una operación policial contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó este jueves 25 muertos, entre ellos un agente de la policía. El balance de la acción en la favela Jacarezinho es el más letal de una operación policial en la historia de esa ciudad, señalan investigadores. Según informó la Policía Civil en un comunicado, un uniformado murió baleado en la cabeza, y "24 sospechosos" también murieron alcanzados por balas policiales. Pobladores y ONGs denunciaron ejecuciones sumarias: la Policía las negó. 

Desde primeras horas del día, esa comunidad se transformó en un verdadero campo de batalla, con intensos tiroteos y helicópteros sobrevolando las casas. Vecinos denunciaron abuso de la fuerza por parte de los agentes. Una novia no pudo acudir a su propio casamiento y una embarazada con cesárea agendada no pudieron salir de sus casas, entre otros casos.

Los habitantes relataron que hallaron a personas muertas en terrazas y callejuelas y que muchos cuerpos fueron cargados en un camión blindado de la policía, confió un líder comunitario a la agencia AFP, que pidió no ser identificado por razones de seguridad.

La explosión de granadas en la región asustó a los pobladores y a los pasajeros del subte cercano, la estación Triagem, en Jacarezinho, zona norte de Río. Dos personas fueron heridas de bala dentro de la formación del subte y están fuera de peligro internadas.

En una conferencia de prensa al final de la tarde, la Policía Civil (PC, que se ocupa de investigaciones criminales) confirmó el balance dado inicialmente por la prensa de "24 sospechosos" y un agente muertos y aseguró que "todos los protocolos" de la corporación antes de abrir fuego "se cumplieron, sin excepción".

"Lamentablemente hubo muchos enfrentamientos en la comunidad. No hay lo que celebrar en ese balance", afirmó un responsable de la PC. El agente muerto fue baleado en la cabeza "al iniciarse la operación", agregó.

La irrupción policial se dio en el marco de una investigación sobre una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos.

Para Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública, se trató de "una operación mal planificada, y con un policía muerto, se convirtió en una operación de venganza".

"¿Quiénes son los muertos? Jóvenes negros. Y por eso la policía habla de 24 sospechosos. Basta ser joven, negro y habitante de una favela para convertirse en sospechoso", dijo Ramos.

Miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos acudieron a la favela e inspeccionaron junto a los vecinos las casas que fueron invadidas durante la acción policial, algunas con rastros de sangre y destrucción.

Una habitante contó que un joven fue abatido en su casa, donde se había refugiado herido. "El chico llegó baleado y como ningún habitante de la comunidad puede echar a otro, se quedó. Pero los policías vieron sangre y entraron gritando: '¿dónde está? ¿dónde está?'. Yo solo tuve tiempo de llevar a mis hijos para atrás mientras ellos lo mataban en el cuarto", contó la mujer.

Jacarezinho es considerada una base del Comando Vermelho (Comando Rojo), la principal organización narcotraficante de Rio.

La operación más letal 

"Si pensamos en masacres con participación de policías fuera de servicio (operaciones ilegales de venganza), las de Vigario Geral en 1993 (22 muertos) y la de la Baixada en 2005 (31 muertos)" se le asemejan, dijo Silvia Ramos.

"Pero en operaciones legales, la de Jacarezinho batió todos los récords", agregó.

El dispositivo se llevó a cabo a pesar de un fallo de la corte suprema que impide a la policía hacer redadas en los barrios periféricos mientras dure la pandemia de coronavirus, salvo en "circunstancias absolutamente excepcionales".

El Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo, consideró "inaceptable que la policía de seguridad pública del estado (de Río) siga apostando por la letalidad como principal estrategia, sobre todo en zonas vulnerables".

Según datos del Instituto de Seguridad Pública citados por Igarapé, la Policía de Río "fue responsable por la muerte de 453 personas entre enero y marzo de este año", un número que ya representaba "el 36% del total de muertos en todo 2020", cuando fueron abatidas 1.245 personas.

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Salvadoreños mostraron su rechazo en las calles de la capital de su país ante las medidas tomadas por la Asamblea Legislativa de destituir a varios jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Foto Afp

Sociedad civil y oposición de El Salvador llaman golpe de Estado a las primeras acciones de las bancadas oficialistas

 

San Salvador., “Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, replicó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al rechazar cuestionamientos de la comunidad internacional, luego de que con el apoyo del Congreso destituyó a un grupo dejueces de la Corte Suprema y al fiscal general, encendiendo las alarmas sobre intentos de concentración de poder.

"Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN (Partido de Concertación Nacional) y PDC (Partido de Democracia Cristiana)", todos aliados del gobernante, dijeron en un comunicado 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.

"Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona", agregaron, en momentos en que esta capital fue escenario de movilizaciones en repudio a las medidas del Legislativo.

"Hemos sido críticos del actuar del fiscal general, pero eso no significa que estemos avalando un procedimiento inconstitucional", consideró la diputada Dina Argueta, del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

"Lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa, con una mayoría del pueblo que cedió su representación a través del voto, es un golpe de Estado", declaró el diputado René Portillo, de Arena.

La primera medida adoptada el sábado en la noche por la nueva Asamblea Legislativa unicameral fue, con 64 votos a favor y 19 en contra, destituir a los cinco miembros titulares y sus suplentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más importante de ese tribunal, y designar a sus remplazantes, cuyos nombres ya tenía listos.

La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, frenó varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos de la ciudadanía.

El enfrentamiento entre Bukele y los magistrados alcanzó tal intensidad que el mandatario los acusó de buscar, con sus resoluciones, asesinar "a decenas de miles de salvadoreños", y en cadena nacional llegó a decir de ellos: si fuera un dictador "los hubiera fusilado a todos". "Salvas mil vidas a cambio de cinco", dijo el 11 de agosto pasado, recordó El Faro en su portal (elfaro.net).

Media hora después de que la Asamblea Nacional destituyó a los magistrados, la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que declaró inconstitucional la medida. "Es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias", afirmó y adujo que el intento por destituirlos era una forma de coacción del Ejecutivo, señaló El Faro.

Bukele rechazó ese fallo y comentó en sus redes sociales: "Que los magistrados destituidos saquen una resolución es como que Norman Quijano quiera llegar a legislar", en alusión al ex diputado de Arena que huyó del país luego que el ahora destituido fiscal Melara pidió su captura por sus presuntos víncu-los con pandillas, indicó El Faro.

También horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia en la que asegura que "jamás" ha estado vinculado ni ha respondido "nunca" a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.

El Parlamento destituyó después al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por tener filiaciones con la ultraderechista Arena. La madrugada del domingo eligió a su sucesor, Rodolfo Delgado.

Melara, destituido también por 64 votos a favor y 19 en contra, abrió investigaciones contra los ministros de Hacienda y Salud por el manejo de fondos y compras relacionadas con la pandemia. También realizaba pesquisas por una presunta negociación secreta entre Bukele y la Mara Salvatrucha-13, señaló El Faro.

Los nuevos magistrados y el fiscal fueron escoltados por la policía para asumir sus cargos de inmediato. Luego, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, ingresó entre aplausos a la sala de la Asamblea Legislativa.

El gobierno del presidente Joe Biden rechazó desde la noche del sábado los movimientos y el jefe de la diplomacia estadunidense, Antony Blinken, expresó ayer en una llamada telefónica a Bukele la "grave preocupación" de su país por la destitución de togados "y señaló que un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática".

Según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, la preocupación se extendió por la destitución del fiscal general, quien, de acuerdo con Blinken, "lucha contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador".

La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que "cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele "garantizar la separación de poderes y el orden democrático", mientras Human Rights Watch consideró lo sucedido como un "asalto a la democracia".

El 9 de febrero de 2020, Bukele desafió al entonces Parlamento opositor, cuando, escoltado por el Ejército, llegó a la Asamblea para presionar por la aprobación de un crédito destinado a la lucha contra las pandillas.

Bukele, de 39 años, ha logrado capitalizar el descontento de la población respecto a los partidos tradicionales. Cuenta con apoyo popular y el respaldo de las fuerzas armadas.

Ello llevó a sus aliados a vencer en las elecciones parlamentarias del 28 de febrero pasado, dejando relegados a los partidos tradicionales Arena y el FMLN.

"La actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo", aseguró en un pronunciamiento la influyente Universidad Centroamericana (UCA).

Para la UCA, la destitución "muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el gobierno del presidente Bukele".

El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, fue contundente: "Condeno los pasos del poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional y al procurador de justicia".

Bukele rechazó las críticas y dijo que se sentía muy satisfecho con la primera plenaria y "el debut de labancada Cyan (Nuevas Ideas)", y advirtió que este es el comienzo para cambiar el país como ha prometido.

Nuevas Ideas arrasó en las urnas el 28 de febrero, propinando una derrota histórica a los dos partidos que han gobernado El Salvador durante las pasadas tres décadas. Desde el primero de mayo, el partido de Bukele gobierna 152 de los 262 municipios y a los 56 puestos que obtuvo en la Asamblea Legislativa, integrada por 84 miembros, se sumaron ocho de otros partidos.

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Según la petición de juicio, en Chile se cerraron ya 3.050 causas por violencia institucional contra quienes participaron en el estallido social. Foto: CIPER Chile.

El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), solicitaron este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue, acuse e inicie un juicio al presidente chileno Sebastián Piñera.

De acuerdo con un escrito enviado a la fiscal general de la CPI, la abogada Fatou Bensouda, enjuiciar a Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales se torna imperativo por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019.

Los promoventes de la causa sostienen que “los hechos acontecidos tras el estallido social (de ese año) revisten categoría (…) de crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, quieren “poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”, donde según afirman, se cerraron 3.050 causas por violencia institucional asociadas al estallido social.

El documento argumenta que la CPI ha de intervenir debido a que en esa nación suramericana estos casos son calificados como delitos comunes de una manera errónea y deliberada.

El texto agrega que con ello se procura “sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y (…) preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

Además, se denuncia que los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley.

A juicio del presidente de la CHDH, el abogado Carlos Margotta, la petición de un juicio a la CPI busca sancionar a las máximas autoridades chilenas, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, además de los generales directores de Carabineros.

29 abril 2021

(Con información de Telesur)

Publicado enInternacional
En las garras de un “progreso” antihumano

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.

En las últimas semanas se viene implementando una arremetida de construcción ilegal de carreteras por las veredas de San José de Apartadó. Sabemos que los mayores impulsores de estas carreteras son los paramilitares, pues ya han venido reuniendo a los pobladores de las diversas veredas del corregimiento, imponiéndoles altas sumas de dinero, que son impuestos ilegales y extorsivos, para comprar supuestamente el combustible para las máquinas de la Brigada XVII del Ejército que son las que van a ser utilizadas en las obras.

Todo comenzó por Nuevo Antioquia hace un tiempo, con una carretera hasta La vereda La Esperanza y luego otro ramal desde Nuevo Antioquia hasta La vereda Rodoxali. En ese momento se  hicieron indagaciones y se comprobó que esos proyectos de vías no tenían ningún sustento legal; alcaldes e instituciones nacionales y regionales afirmaron no estar enteradas en absoluto de esos proyectos puestos en marcha por los paramilitares.

 Ahora de nuevo se impulsan todas estas carreteras ilegales por las demás veredas. Ya han comenzado con la apertura ilegal desde el casco urbano de San José hacia la vereda La Linda; días antes ya los paramilitares habrían reunido a la población civil de las veredas Cristalina, Miramar, La Miranda, La Pancha, Salsipuedes, entre otras, para exigirle a cada poblador un aporte de 800. 000,oo (ochocientos mil pesos) para comprar el combustible para las maquinas que entrarían a trabajar, y según informaciones, estas máquinas pertenecen a la Brigada XVII del Ejército.

Se sabe que se está implementando el arreglo o mejoramiento de la carretera que desde un punto conocido como Campamento conduce a la localidad de Belencito, del  corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. ¿Quien la está mejorando? Es de público conocimiento que todo poblador del área tiene que aportar dinero  obligatoriamente  para abrir o mejorar las carreteras.

Como comunidad nos preocupa la doble estrategia que se está poniendo en juego para explotar los recursos naturales de nuestra región. Lo más preocupante es que la población de nuestro entorno se está prestando para que sea despojen de su propia tierra.

Es evidente que todo este plan, que se presenta con apariencia de “progreso” o “desarrollo” de la región, se está implementando de manera ilegal, como ha sido la costumbre en la región. En primer lugar, esas vías no hacen parte de ningún Plan de Ordenamiento Territorial ni cuentan con licencias ambientales y menos con consultas previas a las comunidades; se apoyan en recaudación ilegal de impuestos extorsivos, rodeados de amenazas; su implementación está coordinada por una estructura criminal que ha inundado de sangre la región y ha sido premiada por un Estado criminal garantizándole absoluta impunidad por sus crímenes; la maquinaria pertenece a una estructura armada del Estado: la Brigada XVII, implicada también en centenares de crímenes impunes y que ha querido “lavarse las manos” de tanta sangre asumiendo tareas que no pueden ser asumidas legítimamente por una estructura armada, pues son tareas civiles, ya que su relación con las armas constituye una violación más extensiva y profunda de los derechos de la población civil. Pero quizás lo más perverso es que los objetivos de ese falso “progreso” o “desarrollo” está disimuladamente orientado al sevicio de empresas transnacionales de extracción de recursos mineros y energéticos que destruyen el ambiente y la salud humana y de una transformación económica de la agricultura a la ganadería, no menos destructiva, no solo del ambiente sino también de la producción alimentaria tradicional, esencial para la vida.

Algún funcionario del gobierno ha salido a defender tal monstruosidad, alegando que esas carreteras hacen parte de los PDETs (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que están previstos  en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016 (Numeral 1,2). Pero tal funcionario - Consejero Presidencial- no cae en cuenta que está actuando en contravía de lo que el Acuerdo de Paz establece sobre los PDETs. En efecto, allí se definen como objetivos primordiales de los PDETs: “el bienestar y el buen vivir de la población de las zonas rurales –niños y niñas, hombres y mujeres- haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto (…) y El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades …” (No. 1.2.1)

¿Cree el gobierno que cumple con el Acuerdo  de Paz sin consultar lo más mínimo a las comunidades, a no ser en asambleas convocadas por paramilitares y juntas comunales cooptadas por éstos, engañando a los campesinos al destruir su economía campesina y familiar para cambiárselas por estrategias que arruinan los suelos y desplazan a sus pobladores, entregando la planeación, diseños e implementación a los victimarios que con más saña han destruido vidas en la zona: militares y paramilitares, y sometiendo a la población a impuestos extorsivos ilegales y empobrecedores? Esto es demasiado perverso.

 Ya son muchos los años que llevamos dejando constancias públicas de este tipo de barbarie que se esta implementando en la zona. De sobra conoce el gobierno que se están creando carreteras ilegales en esta región y todo con intereses corruptos de los poderosos de facto.

Es claro que los que están coordinando y controlando estos planes de “progreso” y “desarrollo” son los paramilitares y los que ponen el trabajo son las brigadas militares. Así lo han manifiestan personajes como Cesar Jaramillo, quien hace parte a la Federación Nacional de Cacaoteros – FEDECACAO-; según lo manifesta dicho personaje: ahora sí se van abrir carreteras por las veredas, lo cual ya es un hecho y ya existe la plata para ello. ¿Cuál será esa plata? ¿Será la que le quitan los paramilitares a los campesinos como impuestos extorsivos? 

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:

  • El domingo 28 de marzo de 2021, en horas del día, en el corregimiento de Frasquillo, de Tierralta, Córdoba, fue visto un reconocido político de los paramilitares que controlan aquella región. Allí el control paramilitar es evidente y a la vez hay un puesto militar antinarcóticos recientemente colocado, que supuestamente controla, pero lo que se deja ver es que los que controlan son los paramilitares que permanentemente se movilizan por allí en embarcaciones tipo Johnson, de su propiedad, sin ser molestados por nadie.
  • El miércoles 31 de marzo de 2021, cuando una comisión humanitaria de nuestra comunidad pasaba por la vereda Baltazar, del municipio de Tierralta, Córdoba, se pudo notar que allí había una fuerte presencia paramilitar, pues en el camino se dejaban ver los puntos o informantes con radios de comunicación, los cuales pasaban con mucha prisa, seguramente para informar la presencia de nuestra comunidad.
  • El domingo 11 de abril de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz conoció informes según los cuales el señor CÉSAR JARAMILLO comentó de un plan que se estaría realizando desde la Brigada XVII del Ejército para continuar abriendo las carreteras ilegales por las veredas de San José de Apartadó.
  • El lunes 12 de abril de 2021, nos llegaron informes de que los paramilitares estaban reuniendo a las juntas de acción comunal de diferentes veredas de San José de Apartadó para imponer a sus pobladores cuotas de $ 800.000 (ochocientos mil pesos) para empezar a abrir las carreteras que se estarían impulsando con maquinarias de la Brigada XVII del Ejército.
  •  El martes 13 de abril de 2021, en horas del día, se notó una fuerte presencia paramilitar en la vereda La Unión, de San José de Apartadó. Según informaciones recibidas, estaban muy cerca de nuestro asentamiento Aldea de Paz Rigoberto Guzmán, en la vereda La Unión, y al parecer están haciendo recorridos desde la vereda El Porvenir, donde llevan varias semanas acantonados.
  • Este mismo martes 13 de abril de 2021, un grupo de paramilitares prohibió a unas familias de la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, trabajar sus tierras, al tiempo que les ordenaron abandonar los potreros, cultivos y viviendas en la propiedad, o de lo contrario tendrían que abandonar la región.
  • El jueves 15 de abril de 2021, en horas del día, nos comunicaron que la junta de acción comunal de la vereda La Esperanza, de San José de Apartadó, se había reunido con otras juntas comunales para organizar una posible invasión a nuestra propiedad privada allí, según ellos, porque nuestra Comunidad de Paz no les ha permitido pasar por allí una carretera, carretera que está siendo construida por los paramilitares. Nuestra comunidad ha rechazado dicha carretera, pues los impulsores de la misma son los paramilitares. Es de conocimiento público que los paramilitares empezaron con maquinaria pesada a abrir esta carretera desde el corregimiento de Nuevo Antioquia de Turbo hasta la vereda La Esperanza y un ramal hacia la vereda Rodoxalí,  y cuando se investigó la legalidad de estas vías, ninguna institución de las que por ley debe intervenir en las licencias sabía nada de ese proyecto. La misma junta local manifiesta que se va a empezar a abrir con maquinaria de la Brigada XVII del Ejército, pero en días anteriores los mismos paramilitares habrían reunido a la población de la zona e impuesto unas cuotas entre $ 500.000 (quinientos mil pesos) y $ 800.000 (ochocientos mil pesos) para comprar el combustible para las máquinas de la Brigada.
  • El sábado 17 de abril de 2021, en horas del día, en la vereda El Porvenir, de San José de Apartadó, fueron vistos dos grupos de paramilitares que se movilizaban camuflados y portando armas largas, cada uno de esos grupos contaba con unos 15 hombres, y se dividieron para patrullar y controlar la zona. Se sabe que uno de los encargados de mando es ALIAS SAMUEL, reconocido paramilitar de la vereda La Unión. Estos paramilitares llevan ya varias semanas allí, portando vestidos militares y armas largas y actúan a todas sus anchas y nadie los molesta. Aún se encuentran acantonados en esa vereda.
  • El miércoles 21 de abril de 2021, en la vereda Arenas Altas del corregimiento de San José de Apartadó, muy cerca a la propiedad de nuestra Comunidad de Paz, hizo presencia un grupo de paramilitares fuertemente armados.
  • El jueves 22 de abril de 2021, hacia las 13 horas, y por más de 3 horas en la vereda la Cristalina del corregimiento de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares reunió a los pobladores de varias veredas, Miramar, San José, La Linda entre otras, para imponer la suma de dinero que deben pagar, para contribuir con la construcción de la carretera que ya llega a la vereda la Linda proveniente del casco urbano de San José. La advertencia de los paramilitares en dicha reunión es que todo el mundo debe pagar la tarifa impuesta por ellos, quien no lo haga asume las consecuencias.  
  • En los últimos días, por las redes sociales han circulado fotos de reuniones y acuerdos entre pobladores del corregimiento de San José, con efectivos de la brigada XVII para la construcción de carreteras en San José de Apartado. Mismos proyectos que hoy impulsa e impone los paramilitares en veredas del corregimiento de San José con maquinaria y operadores de la Brigada XVII. Según las informaciones allegadas, en dicha reunión entre pobladores de San José y efectivos del Batallón Vélez ultimaban detalles para la apertura de carreteras en San José, después de terminado el encuentro un coronel afirmo a uno de los asistentes que la relación entre militares y paramilitares es conjunto. Que mas evidencia que por un lado los militares con sus máquinas y operadores de la Brigada XVII abren nuevas carreteras mientras los paramilitares van adelante imponiendo y obligando a los campesinos a contribuir con dicho proyecto.

El control paramilitar sigue siendo el sostén de los intereses económicos. Se ha llegado  al punto de que se prohíbe incluso trabajar la tierra, como estrategia para expropiar al campesino de su tierra o para que termine aburriéndose y vendiéndosela al mismo empresariado que contrata a los paramilitares para realizar el trabajo sucio.

Ahora no hay caminos aptos para transitar, pues el barro y el agua se apoderaron de lo que era un camino construido a pico y pala por muchos años.

Persiste el afán por exterminar nuestra Comunidad Paz y para ello el Estado y los paramilitares incentivan a la población a actuar en contra de nuestra Comunidad, todo con la promesa de construir carreteras ilegales a las cuales después no les van a hacer mantenimiento, porque no le interesa el campesino sino su destrucción y lastimosamente los campesinos se están prestando para su propia destrucción.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 24 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no siga destruyendo  nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 23 de 2021

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Comunidad de Paz de San José de Apartadó

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Pascua. Entre memorias y reciclajes del terror

En la semana de Pasión y de Pascua, nuestra Comunidad siguió su tradición consolidada de recorrer los caminos ensangrentados en donde se les arrancó la vida a centenares de integrantes de nuestro proceso. Es la pasión de Jesús reciclada permanentemente por nuestro criminal Estado colombiano.

Este Viernes Santo de 2021 peregrinamos por los caminos de las veredas La Linda, La Sucia y La Cristalina. Estuvimos en el sitio donde fue perpetrada por el ejército la horrenda masacre de jóvenes en el amanecer de 26 de diciembre de 2005. Previamente miembros de la Brigada XVII habían cooptado a los hermanos Ovidio, Albeiro y Lubín Cardona Borja, quienes eran milicianos de las FARC, con el fin de que trabajaran para el ejército como infiltrados y prepararan una gran fiesta de Navidad con amplio consumo de licor; así podrían sorprender ebrios a numerosos jóvenes de la zona y masacrarlos, confiando en que entre ellos caerían algunos milicianos. El General Zapata dio el falso Parte a los medios mostrándolos como “guerrilleros muertos en combate”. Entre las 6 víctimas fatales cayeron integrantes de nuestra Comunidad y los hermanos Cardona cobraron como cuota de sangre 4 millones de pesos por cada víctima, sumas que el ejército les canceló inmediatamente, mientras esos victimarios se integraban de lleno a la tropa paramilitar, usando uniformes y armas de uso privativo del ejército y rindiendo declaraciones falsas ante fiscales cooptados por los militares para alimentar montajes judiciales de atrevida falsedad y suciedad.

En ese mismo recorrido pasamos por el sitio donde la guerrilla de las FARC asesinó, el 6 de octubre de 1997, a tres líderes de nuestra naciente Comunidad de Paz: Ramiro Correa, Fernando Aguirre y Luis Fernando Espinosa, cobrándonos así el respeto con que cumplíamos nuestro Reglamento, en el cual se prohibía vender alimentos a cualquier actor armado.

En ese mismo recorrido estacionamos en otros numerosos lugares ensangrentados: desde el sitio donde los militares le arrancaron la vida a la niña de 3 años Mildrey Dayana David Tuberquia, el 18 de marzo de 2003, hasta el sitio en que sus auxiliares paramilitares masacraron al joven Weber Andrés Garzón, el 18 de agosto de 2019 por negarse a cumplir sus absurdas órdenes. Visitamos también las ruinas de la vivienda de la familia Arenas Román, cuyo padre, Ignacio Arenas, fue bajado de un chivero y asesinado en la vía a Apartadó, el 25 de agosto de 2000 y sus tres hijos: Luz Analia, Hernando y Duver Antonio, masacrados un mes después, el 23 de septiembre de 2000.

Pero mientras la memoria nos revivía los horrores del pasado, las denuncias actuales nos convencen de que el Estado que nos domina sigue demostrando su carácter GENOCIDA, con un afán desaforado por exterminar a todo grupo que no se ajuste a su modelo excluyente, paramilitar y asesino, tal como se comprobó en las recientes audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, realizadas en Bucaramanga, Bogotá y Medellín entre el 25 y el 27 de marzo de 2021.

Ponemos en conocimiento del país y del mundo los últimos hechos que nos preocupan profundamente:

  • El lunes 22 de marzo de 2021, dos pobladores del caserío de San José fueron amenazados por los paramilitares, quienes los trataron de “sapos” o informantes. Uno de los paramilitares anunciaba: “va a correr de la colorada” (refiriéndose a nuevos derramamientos de sangre).
  • ·El domingo 28 de marzo de 2021un personaje extraño, con la cara cubierta, estuvo recorriendo, de manera muy sospechosa, la parte del río El Cuchillo que bordea nuestro asentamiento central de San Josesito, como inspeccionando su topografía con miras a algún plan de acción. A raíz de esto, otras personas informaron que en días pasados habían visto a otros personajes sospechosos haciendo similares recorridos por el río.
  • ·En la última semana de marzo de 2021,en la vereda El Porvenir se vio transitar a un grupo de jóvenes reclutados y entrenados por los paramilitares.
  • ·En la última semana de marzo de 2021, pobladores de la vereda El Porvenir manifestaron su propósito de vender sus tierras porque, según ellos, “ya los paramilitares no los dejan trabajar”.
  • ·El martes 30 de marzo de 2021,  ala 01 del amanecer, paramilitares movilizados en motos distribuyeron panfletos en diversas veredas de San José de Apatadó. Uno de esos panfletos fue dejado en el asentamiento de San Josesito de nuestra Comunidad de Paz. Las cámaras captaron el momento en que llegaban en moto a dejar los panfletos.

Todos los episodios reseñados evidencian el dominio paramilitar de la zona, donde se comprueban reclutamientos, entrenamientos, reuniones, imposición de normas y cobros de impuestos a su amaño, presiones sobre pobladores para convertirlos en aliados y amenazas contra potenciales informantes, concentrando nuevamente las amenazas en anuncios de exterminio de nuestra Comunidad de Paz, en la cual ven un estorbo para sus planes de dominio, pues nuestra Comunidad no comparte ni de lejos sus perversos principios.

Es de público conocimiento, además, que en los alrededores de la base militar se ha establecido una caseta de fuerte consumo de licor en las noches, donde los paramilitares acuden armados. Es también preocupante el aumento de civiles armados que se movilizan por la carretera, multiplicándose la fuerza paramilitar ante la tolerancia absoluta de las instituciones.

Con nuestro saludo de Pascua, deseándoles felicidades, agradecemos nuevamente a las comunidades que desde tantos sitios del país y del mundo siguen manifestando su solidaridad fraterna con nuestra causa.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 6 de 2021

Publicado enColombia
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