Jueves, 29 Junio 2017 10:20

Bogotá desunida y segregada

Bogotá desunida y segregada

Aunque Bogotá es la responsable de la tercera parte del ingreso de la nación, su desarrollo urbano refleja desigualdad e inequidad entre sus habitantes. De acuerdo con el Índice de Segregación Residencial (ISR), calculado desde la UPZ, Bogotá pasó de 0.73 en 2003 a 0.84 en 2010. Un proceso en el cual el mercado inmobiliario es quien decide la planificación de la capital, dejando en su avance amplias zonas excluidas. La consecuencia es una creciente limitación de la participación de sus pobladores en la construcción de su ciudad. La concreción de este derecho no puede quedar solo en manos de algunos, lo que vuelve imperioso abrir espacios para integrar y compartir con quienes sufren aislamiento.

 

Derecho versus especulación. El año anterior se vendieron en Bogotá 34 mil nuevas viviendas, un resultado 31 por ciento mayor que la cifra de 2015. Sin embargo, esta oferta no es suficiente para satisfacer la necesidad de vivienda de la ciudad que cada año produce 59 mil nuevos hogares. Desde 2015 la oferta de vivienda nueva es creciente pero el dinamismo es mayor en los estratos medios que en los bajos, fenómeno explicable ya que la vivienda en este segmento no se adquiere para satisfacer una necesidad habitacional sino como una oportunidad de negocio. Desde 2003, tanto el precio de la vivienda nueva como usada conservan una tendencia ascendente: entre 2011 y 2016 el precio de la vivienda en estratos medios se incrementó en un 42 por ciento.

 

Fenómeno contraproducente. La actividad especulativa empeora la segregación y convierte la tenencia de vivienda para hogares pobres en un objetivo inalcanzable. En zonas exclusivas existe una presión para mantener precios diferenciadores, y en zonas pobres se encarece el precio del suelo impidiendo que el Estado desarrolle soluciones de vivienda y, en consecuencia, se presenta hacinamiento y viviendas con defectuosa habitabilidad. En la gráfica se observa que las localidades capitalinas que tienen un mayor número de pobres están asociadas a una dificultad mayor en el acceso a parques o zonas verdes.

 

Bogotá es, por tanto, una ciudad poco incluyente que deja su diseño, cada vez más, en manos de una élite mientras que otros tienen que ajustarse en zonas con bastantes carencias. Lógica urbanistíca fortalecida por las mismas normas de que se dota la ciudad. De ahí que en la capital, el mejoramiento vial, las ciclorutas, los nuevos parques y andenes, no pueda seguir dependiendo de un financiamiento futuro con el pago del impuesto de valorización. Aunque a muchos les suene justo que quien tiene más paga más, con este principio se estimula la segregación porque quienes tienen menos no reciben nada, o reciben menos debido a que la dotación de sus zonas se sujeta a la posibilidad de las finanzas distritales.

 

La integración de la ciudad

 

Para adelantarse, y evitar, ciertos comportamientos humanos, con sus consecuencias para la integración urbana, se cuenta ahora con diferentes juegos e instrumentos para proyectarlos. Veamos dos de ellos, y saquemos conclusiones sobre sus posibles beneficios para los territorios que habitamos.

 

                                

 

 

Unidos ganamos: El juego de la vida

 

En los tiempos que corren los computadores facilitan los procesos para simular la conducta de las personas en un espacio como la ciudad. Con pocas reglas de interacción entre los individuos se llega a conclusiones importantes sobre las dinámicas sociales. El juego de la vida es una de las simulaciones más conocidas. Fue propuesto por el matemático John Conway en 1970. Allí se establece que los humanos en cada generación obedecen a las siguientes reglas:

 

Una persona permanece viva si tiene dos o tres vecinos inmediatos


Una persona muere por soledad si no tiene vecinos o solo tiene uno


Una persona muere por sobrepoblación si tiene más de tres vecinos


Una persona nace si a su alrededor hay tres vecinos

 

Las celdas blancas son ausencia de vida y las negras representan a las personas de una sociedad. Estas, conforme a las reglas de conducta impuestas, buscan extender su existencia, sin embargo es la interacción con los otros lo que permite configurar estructuras que los preserven o no en el tiempo. En la representación que hace la anterior figura, las personas mueren por aislamiento (E8) o por hacinamiento (C6), y permanecen con vida (C3) o se genera nueva vida (F9) por la unión entre las personas.

 

El cambio demográfico, además de estar explicado por sus variables conocidas (la natalidad, la mortalidad y las migraciones), está determinado por la cohesión del tejido social. El juego de la vida tiene tres posibles finalizaciones. Si la cooperación entre los humanos no es fuerte al cabo de un número finito de generaciones la especie desaparece. Por el contrario, los lazos y estructuras sólidas dan lugar a un crecimiento estable o creciente entre generaciones. En la gráfica se observa que las localidades bogotanas más segregadas son aquellas que tienen un mayor potencial de crecimiento, mientras que los sectores privilegiados tienden a reducirse.

 

                                                                            

                                                                          Figura 1. Izquierda: Estado inicial del juego de la vida. Derecha: Estado del juego en la segunda generación

                                                                

 

 

 

 

Segregamos, aunque no queramos

 

En 1971 Thomas de Schelling creó el modelo del vecindario acotado para explicar la exclusión en las ciudades. En este juego, pese a que cada individuo acepta convivir con miembros de un grupo diferente y su bienestar se obtiene si una parte pequeña de sus vecinos es semejante, el resultado es que la satisfacción de todos los individuos se alcanza con la conformación de guetos.

 

El deterioro en la distribución del ingreso se refleja en la segregación urbana. Si el sistema productivo no reparte con equidad la riqueza, la ciudad margina barrios por su condición socioeconómica. En las ciudades latinoamericanas son visibles las diferencias entre ricos y pobres. Las zonas de menores ingresos tienden a tener un menor acceso a parques, colegios, hospitales, medios de transporte, centros financieros y zonas de trabajo.

 

Las celdas negras representan miembros de un grupo A y las celdas rayadas al grupo B. Las personas no tienen problemas en vivir mezclados siempre y cuando se cumpla las siguientes reglas:

 

Un individuo es feliz si la tercera parte de sus vecinos tiene sus mismos atributos y no tiene porqué mudarse.


Si no ocurre lo anterior un individuo es infeliz y se debe mudar buscando su felicidad.

 

 

 

                                                                                 Figura 2. Schelling. Izquierda: Estado inicial. Derecha: Estado final (después de varias mudanzas)

 

Con las reglas anteriores las personas en las posiciones B4, B6, E4 y F7 son infelices y se mudarán de barrio. Las reubicaciones de las personas finalizan cuando en el plano todas las personas sean felices. El resultado colectivo es la segregación.

 

El precio de la vivienda y el ingreso de los hogares son las variables de mayor incidencia en la formación de zonas excluidas. Para mantener el valor de sus viviendas quienes tienen ingresos suficientes eligen vivir en zonas con baja densidad poblacional, con acceso a bienes públicos, y distante de barrios pobres, conflictivos y con riesgos de desastre natural. Por el contrario, los hogares pobres se ubican donde pueden conforme a sus posibilidades.

 


Recuadro

 

Por el derecho a la ciudad

 

La política urbana debe obedecer al bienestar social, por encima de los intereses especulativos. Cuando el Estado no puede garantizar la calidad de vida de las mayorías, se requiere de ciudadanos fortalecidos, colectivamente, que incidan en las decisiones que hoy se toman de manera centralizada.

 

En 2005 se dio a conocer la Carta mundial por el derecho a la ciudad, dirigida a fortalecer la formación de organizaciones comunitarias, juntas vecinales, juntas de acción comunal, asociaciones de vecinos, organizaciones cívicas o asambleas de copropietarios que actúen para que “las ciudades desarrollen una planificación que impida la segregación y la exclusión territorial”.

 

La influencia de este texto se dejó ver en el 2013, cuando varios residentes de Estambul organizaron manifestaciones para detener un proyecto de edificación en el parque Gezi. La Red por el derecho a la ciudad de Hamburgo integró asociaciones de barrios y colectivos de artistas y migrantes que ante cualquier iniciativa excluyente cuelgan banderas de protesta en las ventanas, organizan charlas informativas y ocupan edificios y calles. En 2009 impidieron la demolición de Gängeviertel, considerado patrimonio nacional.

 

A Bogotá le ha faltado una contundencia similar, lo sucedido en el Bronx, el incremento en las tarifas de Transmilenio, la persecución a los vendedores ambulantes, las nefastas intenciones con la reserva Van der Hammen, así lo evidencia. La falta de organizaciones fuertes en la sociedad bogotana se refleja en el claro aumento en la segregación. De acuerdo con el Índice de Segregación Residencial (ISR), calculado desde la UPZ, Bogotá pasó de 0.73 en 2003 a 0.84 en 2010.

Tomado de:

Edición N°236, junio 20 - julio 20 de 2017

Publicado enColombia
Viernes, 23 Junio 2017 16:28

Bogotá desunida y segregada

Bogotá desunida y segregada

Aunque Bogotá es la responsable de la tercera parte del ingreso de la nación, su desarrollo urbano refleja desigualdad e inequidad entre sus habitantes. De acuerdo con el Índice de Segregación Residencial (ISR), calculado desde la UPZ, Bogotá pasó de 0.73 en 2003 a 0.84 en 2010. Un proceso en el cual el mercado inmobiliario es quien decide la planificación de la capital, dejando en su avance amplias zonas excluidas. La consecuencia es una creciente limitación de la participación de sus pobladores en la construcción de su ciudad. La concreción de este derecho no puede quedar solo en manos de algunos, lo que vuelve imperioso abrir espacios para integrar y compartir con quienes sufren aislamiento.

 

Derecho versus especulación. El año anterior se vendieron en Bogotá 34 mil nuevas viviendas, un resultado 31 por ciento mayor que la cifra de 2015. Sin embargo, esta oferta no es suficiente para satisfacer la necesidad de vivienda de la ciudad que cada año produce 59 mil nuevos hogares. Desde 2015 la oferta de vivienda nueva es creciente pero el dinamismo es mayor en los estratos medios que en los bajos, fenómeno explicable ya que la vivienda en este segmento no se adquiere para satisfacer una necesidad habitacional sino como una oportunidad de negocio. Desde 2003, tanto el precio de la vivienda nueva como usada conservan una tendencia ascendente: entre 2011 y 2016 el precio de la vivienda en estratos medios se incrementó en un 42 por ciento.

 

Fenómeno contraproducente. La actividad especulativa empeora la segregación y convierte la tenencia de vivienda para hogares pobres en un objetivo inalcanzable. En zonas exclusivas existe una presión para mantener precios diferenciadores, y en zonas pobres se encarece el precio del suelo impidiendo que el Estado desarrolle soluciones de vivienda y, en consecuencia, se presenta hacinamiento y viviendas con defectuosa habitabilidad. En la gráfica se observa que las localidades capitalinas que tienen un mayor número de pobres están asociadas a una dificultad mayor en el acceso a parques o zonas verdes.

 

Bogotá es, por tanto, una ciudad poco incluyente que deja su diseño, cada vez más, en manos de una élite mientras que otros tienen que ajustarse en zonas con bastantes carencias. Lógica urbanistíca fortalecida por las mismas normas de que se dota la ciudad. De ahí que en la capital, el mejoramiento vial, las ciclorutas, los nuevos parques y andenes, no pueda seguir dependiendo de un financiamiento futuro con el pago del impuesto de valorización. Aunque a muchos les suene justo que quien tiene más paga más, con este principio se estimula la segregación porque quienes tienen menos no reciben nada, o reciben menos debido a que la dotación de sus zonas se sujeta a la posibilidad de las finanzas distritales.

 

La integración de la ciudad

 

Para adelantarse, y evitar, ciertos comportamientos humanos, con sus consecuencias para la integración urbana, se cuenta ahora con diferentes juegos e instrumentos para proyectarlos. Veamos dos de ellos, y saquemos conclusiones sobre sus posibles beneficios para los territorios que habitamos.

 

                                

 

 

Unidos ganamos: El juego de la vida

 

En los tiempos que corren los computadores facilitan los procesos para simular la conducta de las personas en un espacio como la ciudad. Con pocas reglas de interacción entre los individuos se llega a conclusiones importantes sobre las dinámicas sociales. El juego de la vida es una de las simulaciones más conocidas. Fue propuesto por el matemático John Conway en 1970. Allí se establece que los humanos en cada generación obedecen a las siguientes reglas:

 

Una persona permanece viva si tiene dos o tres vecinos inmediatos


Una persona muere por soledad si no tiene vecinos o solo tiene uno


Una persona muere por sobrepoblación si tiene más de tres vecinos


Una persona nace si a su alrededor hay tres vecinos

 

Las celdas blancas son ausencia de vida y las negras representan a las personas de una sociedad. Estas, conforme a las reglas de conducta impuestas, buscan extender su existencia, sin embargo es la interacción con los otros lo que permite configurar estructuras que los preserven o no en el tiempo. En la representación que hace la anterior figura, las personas mueren por aislamiento (E8) o por hacinamiento (C6), y permanecen con vida (C3) o se genera nueva vida (F9) por la unión entre las personas.

 

El cambio demográfico, además de estar explicado por sus variables conocidas (la natalidad, la mortalidad y las migraciones), está determinado por la cohesión del tejido social. El juego de la vida tiene tres posibles finalizaciones. Si la cooperación entre los humanos no es fuerte al cabo de un número finito de generaciones la especie desaparece. Por el contrario, los lazos y estructuras sólidas dan lugar a un crecimiento estable o creciente entre generaciones. En la gráfica se observa que las localidades bogotanas más segregadas son aquellas que tienen un mayor potencial de crecimiento, mientras que los sectores privilegiados tienden a reducirse.

 

                                                                            

                                                                          Figura 1. Izquierda: Estado inicial del juego de la vida. Derecha: Estado del juego en la segunda generación

                                                                

 

 

 

 

Segregamos, aunque no queramos

 

En 1971 Thomas de Schelling creó el modelo del vecindario acotado para explicar la exclusión en las ciudades. En este juego, pese a que cada individuo acepta convivir con miembros de un grupo diferente y su bienestar se obtiene si una parte pequeña de sus vecinos es semejante, el resultado es que la satisfacción de todos los individuos se alcanza con la conformación de guetos.

 

El deterioro en la distribución del ingreso se refleja en la segregación urbana. Si el sistema productivo no reparte con equidad la riqueza, la ciudad margina barrios por su condición socioeconómica. En las ciudades latinoamericanas son visibles las diferencias entre ricos y pobres. Las zonas de menores ingresos tienden a tener un menor acceso a parques, colegios, hospitales, medios de transporte, centros financieros y zonas de trabajo.

 

Las celdas negras representan miembros de un grupo A y las celdas rayadas al grupo B. Las personas no tienen problemas en vivir mezclados siempre y cuando se cumpla las siguientes reglas:

 

Un individuo es feliz si la tercera parte de sus vecinos tiene sus mismos atributos y no tiene porqué mudarse.


Si no ocurre lo anterior un individuo es infeliz y se debe mudar buscando su felicidad.

 

 

 

                                                                                 Figura 2. Schelling. Izquierda: Estado inicial. Derecha: Estado final (después de varias mudanzas)

 

Con las reglas anteriores las personas en las posiciones B4, B6, E4 y F7 son infelices y se mudarán de barrio. Las reubicaciones de las personas finalizan cuando en el plano todas las personas sean felices. El resultado colectivo es la segregación.

 

El precio de la vivienda y el ingreso de los hogares son las variables de mayor incidencia en la formación de zonas excluidas. Para mantener el valor de sus viviendas quienes tienen ingresos suficientes eligen vivir en zonas con baja densidad poblacional, con acceso a bienes públicos, y distante de barrios pobres, conflictivos y con riesgos de desastre natural. Por el contrario, los hogares pobres se ubican donde pueden conforme a sus posibilidades.

 


Recuadro

 

Por el derecho a la ciudad

 

La política urbana debe obedecer al bienestar social, por encima de los intereses especulativos. Cuando el Estado no puede garantizar la calidad de vida de las mayorías, se requiere de ciudadanos fortalecidos, colectivamente, que incidan en las decisiones que hoy se toman de manera centralizada.

 

En 2005 se dio a conocer la Carta mundial por el derecho a la ciudad, dirigida a fortalecer la formación de organizaciones comunitarias, juntas vecinales, juntas de acción comunal, asociaciones de vecinos, organizaciones cívicas o asambleas de copropietarios que actúen para que “las ciudades desarrollen una planificación que impida la segregación y la exclusión territorial”.

 

La influencia de este texto se dejó ver en el 2013, cuando varios residentes de Estambul organizaron manifestaciones para detener un proyecto de edificación en el parque Gezi. La Red por el derecho a la ciudad de Hamburgo integró asociaciones de barrios y colectivos de artistas y migrantes que ante cualquier iniciativa excluyente cuelgan banderas de protesta en las ventanas, organizan charlas informativas y ocupan edificios y calles. En 2009 impidieron la demolición de Gängeviertel, considerado patrimonio nacional.

 

A Bogotá le ha faltado una contundencia similar, lo sucedido en el Bronx, el incremento en las tarifas de Transmilenio, la persecución a los vendedores ambulantes, las nefastas intenciones con la reserva Van der Hammen, así lo evidencia. La falta de organizaciones fuertes en la sociedad bogotana se refleja en el claro aumento en la segregación. De acuerdo con el Índice de Segregación Residencial (ISR), calculado desde la UPZ, Bogotá pasó de 0.73 en 2003 a 0.84 en 2010.

Publicado enEdición Nº236
Conservar o Intervenir. El bienestar de Bogotá es intocable

El pasado miércoles 17 de febrero se llevó a cabo en la Universidad de los Andes el conversatorio “El futuro de la reserva forestal Thomas van der Hammen” con la participación de Julio Carrizosa (Miembro Honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales), Fernando Viviescas (arquitecto y urbanista de la Universidad Nacional), Manuel Rodríguez Becerra (presidente del Foro Nacional Ambiental), el alcalde Enrique Peñalosa, y actuando como moderadora la periodista María Jimena Duzán.


Dentro de lo destacado del Foro resaltamos los argumentos expuestos de parte y parte: en pro de la conservación o por el contrario la intervención de la reserva con el propósito de construir allí el proyecto inmobiliario Ciudad Paz, debate en el cual el único contradictor y defensor de la urbanización fue el burgomaestre Enrique Peñalosa, el resto de los presentes argumentaron en favor de preservación de esta reserva ambiental.


Peñalosa, con un tono arrogante, argumentó que con la urbanización del 93 por ciento de la reserva forestal se pretende crear un sendero ecológico, panorámico y “rompefuegos”, beneficioso para el proyecto urbanizador –y de paso para la ciudad– que tiene por nombre “Ciudad Paz”. En estos días, donde el cliché de la palabra sobrepasa su práctica, arguye –evidenciando mucha firmeza, pero pocos argumentos– que donde antes existían “potreros” ahora habrán parques ecológicos con el 7 por ciento de humedales que tiene la reserva, con vías como la Avenida Longitudinal (Alo) y muchos kilómetros de ciclorrutas, pues la reserva “bloquea el desarrollo de la ciudad y la movilización de la misma”, ciudad que viene creciendo exponencialmente en su número de habitantes, todo lo cual, según el alcalde, evidencia la necesidad de urbanizar esta parte de la zona norte bogotana.


Ante estos postulados, las críticas no se hicieron esperar. Gonzalo Andrade, investigador de la Universidad Nacional y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas de forma meticulosa efectúo un recuento de los 51 estudios realizados desde el año 1800 acerca de las condiciones del territorio que ahora es constituido como reservas del borde norte de Bogotá. Estos estudios se especializaron en materia de flora, fauna y recursos naturales hídricos, argumento más contundente que los trinados por el alcalde, quien los considera simples “potreros”, siendo esta reserva el sitio más analizado de Bogotá según Andrade. Otro aspecto importante desprendido de las críticas fue el reencauche exacto que Peñalosa retomó de los argumentos ya presentados por su parte en 1999, durante su primera administración, sin cambiar siquiera los videos presentados en aquella ocasión, aseveró Manuel Rodríguez.


Rodríguez –que hizo parte del debate adelantado en 1999– mencionó en el conversatorio que Peñalosa “no ha dado un solo argumento diferente a los que presentó al panel de expertos hace 16 años”, rechazado en ese momento por el panel de expertos que sentenció que el ecosistema localizado en la Van der Hammen tiene un gran valor ecológico y, por consiguiente, debe ser protegido.


Por su parte Julio Carrizosa arremetió contra Peñalosa y su argumento, pues bajo un discurso de ‘protección’ pretende construir en zonas agropecuarias y protegidas con la excusa de la necesidad de urbanizar, cuando hay la posibilidad de hacerlo en otros lugares que no tengan igual importancia para el medio ambiente de Bogotá, donde la Tingua, el Chirriador, el Cucarachero, el Chamicero y las 23 clases de mariposas no tengan que salir volando de su hábitat sin rumbo a causa de un capricho del alcalde y sus contribuyentes de campaña electoral, a pesar de lo estudiado y realizado por la administración anterior en la reserva.

 

 


Y no es para menos la oposición levantada desde diversos sectores de la ciudad contra la pretención de Peñalosa, pues según la ley existe una prohibición para construir las 1.400 hectáreas de la reserva, por lo que solo se podría proceder en las 2.000 hectáreas que actualmente hacen parte del Plan de Ordenamiento de la zona norte en donde no se daña ninguna zona protegida.


Ante esto, la estrategia del Alcalde para modificar la reserva consiste en sustituirla por corredores ambientales (ver mapa), donde se esbozan los planes para la Van der Hammen, evidenciando en el primero –de izquierda a derecha– la delimitación actual de la reserva marcada en color verde oscuro; el segundo la propuesta de propietarios de predios para liberar sus suelos de la reserva en 2011 y crear los corredores ecológicos que conectarían los cerros con el rio Bogotá y, por último, la propuesta del Alcalde y su secretaría de ambiente con corredores ecológicos –mostrados en verde claro– unidos con las vías principales de la ciudad.

 

 

Estos mapas evidencian, en últimas, el ánimo depredador del alcalde Peñalosa, echando en saco roto los estudios hechos por Thomas Van der Hammen y su grupo de investigación en esta zona rica en biodiversidad, que lleva cuatro años destinados a su recuperación y rehabilitación.


En contra de la evidencia natural y científica, entre bambalinas, Peñalosa, intenta devolver favores a los contribuyentes urbanistas de su campaña electoral, pretendiendo densificar la ciudad en sus límites, botando por el caño los planteamientos del centro ampliado y densificación de éste.


Para finalizar una perla, lo dicho sin vergüenza alguna por el secretario de ambiente distrital Francisco Cruz, quien declaró que “no hay reservas intocables”, pareciendo más un secretario de hacienda con intereses oscuros que otra cosa.


Hay que impedir que arrasan con esta reserva ambiental, Es necesario que entiendan que el aire que respiramos es de todos y todas, que se trata del bienestar de la gente para que hoy, mañana y en un futuro se pueda vivir dignamente, que entiendan que especular con un bien común e invaluable como el aire y agua no es propio de líderes serios... vendiendo el futuro hasta de sus hijos, que a diferencia de los del panadero estarán en Estados Unidos o Europa gozándose las ganancias de lo que nos privatizaron.

Publicado enColombia
Emcali. Al servicio de las constructoras y del sector inmobiliario

Tres que son uno. El Plan de Desarrollo Municipal Cali (2012-2015), el Acuerdo Municipal del G-11 –aprobado recientemente por la mayoría en el Concejo local– y el borrador de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), resumen y potencian una ciudad al servicio del capital nacional e internacional, propósito concretado a través de una planificación que define unas políticas y un modelo del territorio al servicio de una agenda regional priorizada de acuerdo a las necesidades del mercado y de la élite empresarial.

 

Una perla. El POT establece el Macroproyecto de Interés Social Nacional Ecociudad Navarro, que permite la construcción de viviendas de interés social a menos de un kilómetro del relleno sanitario de Navarro, cuando existen estudios que señalan que deben construirse a una distancia, mínima, de tres kilómetros. También establece el Plan Jarillón Aguablanca y obras complementarias (Pjaoc), el cual contempla la reubicación de las 5.500 familias que habitan en estos territorios (1). En el POT no se reglamenta la participación de la plusvalía generada por éstas y otras obras, así como las cargas y beneficios específicos. Cabe señalar que este proyecto de revisión y de ajuste del POT fue calificado como deficiente por el Consejo Municipal de Planeación.

 

De esta manera Cali se ajusta a las dinámicas de las principales ciudades del país, donde la prioridad es la "belleza", la "competitividad" y su capacidad de atracción para las inversiones de capital extranjero. Con ello transforman la urbe en una mercancía a la venta (city marketing), una plataforma de negocios para que las inversiones sean más rentables para el empresariado, para lo cual imponen el despojo de la población y someten el patrimonio público al interés privado.

 

En materia de servicios públicos la imposición de este proyecto urbano orienta el grueso de las inversiones que realizan las Empresas Municipales de Cali (EmCali) hacia la generación de mayor rentabilidad para las inversiones del sector privado. En este sentido, fueron comprometidos el año pasado 304 mil millones adicionales para las vigencias comprendidas entre 2014 y 2017, pretendiendo con ello sacar de la quiebra las 21 Megaobras, que han generado sobre costos y problemas económicos a los habitantes de la ciudad.

 

Con esta misma orientación, los proyectos de servicios públicos priorizados en el actual borrador de ajuste y revisión del POT, fueron definidos para el área de expansión del corredor Cali–Jamundí (ver mapa), de esta manera pretenden viabilizar los proyectos que las constructoras ya están ofertando en estos terrenos, los cuales fueron convertidos en urbanizables a través de planes parciales decretados por el alcalde de la ciudad.

 

Estos proyectos de acueducto y alcantarillado en el área de expansión y en las zonas de redensificación, contenidas en el borrador de ajuste y revisión del POT, beneficiarán principalmente a las constructoras y el sector especulativo inmobiliario, sin embargo serán financiados por las Empresas Municipales de Cali. Así se impuso en el acuerdo de pago suscrito entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Guerrero en el marco de la devolución de la empresa, y quedó establecido en el Conpes 3750 de 2013, donde quedó detallado el plan de inversiones.

 

Por estas razones, el gerente general de EmCali Eice Esp Oscar Pardo, asumió el compromiso en los últimos meses –en declaraciones públicas– con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), con anticipar el pago de la deuda que tiene la empresa con la nación, para garantizar lo más pronto posible las obras que requieren las constructoras y el sector inmobiliario en las áreas de expansión y redensificación, estas últimas se concentrarán principalmente en el centro de la ciudad con el proyecto de urbanización ciudad Paraíso, que despojará a la población de los barrios San Pascual, El Calvario y Sucre de la Comuna 3, que de acuerdo a proyecciones realizadas en el 2009 "beneficia" a 3.072 personas reunidas en 978 hogares (2).

 

Este proyecto de urbanización se realizará sobre una extensión de 23,16 hectáreas, correspondientes a 30 manzanas, lo que afectará a 926 predios que son de uso predominantemente residencial, para estratos 1 y 2, aunque también hay allí actividades comerciales. Esta zona está ubicada en el centro tradicional de la ciudad, específicamente entre las carreras 10 y 15 con calles 12 y 17.

 

Este territorio queda establecido como un área de redensificación, en la cual se permitirá construir edificaciones hasta de 12 pisos, dentro de la planificación se proyecta edificar 2.464 apartamentos, un centro comercial y una estación intermedia del Sistema Integrado de Transporte Masivo "MIO" (3).

 

El dinero por cancelar no es poco. Al 31 de diciembre de 2013 la deuda de la Empresa con la nación ascendía a 1 billón 37 mil millones de pesos, y en el año 2025 –cuando se termine de pagar– ascenderá a más de 1 billón 500 mil millones de pesos, incremento exponencial resultado de las condiciones del acuerdo de pago suscrito entre Santos y y el alcalde Guerrero. Estos recursos son los que pondrán a disposición de los proyectos de servicios públicos requeridos en las áreas de expansión y redensificación establecidas en el actual borrador de ajuste y revisión del POT. Este compromiso, sumado a los adquiridos con las 21 Megaobras y el G-11 pondrán en riesgo la viabilidad financiera de Emcali.

 

 

Este sometimiento del patrimonio público que representa la Empresa pública de quienes habitan en Cali, al servicio de las constructoras y el sector inmobiliario, hace parte constitutiva del proyecto de ciudad de corte neoliberal impuesto desde el inicio de la década de los años 90, profundizado con la gestión del alcalde Guerrero. Es por esto que fue reconocida la deuda con la nación, recursos orientados principalmente a las áreas de expansión y redensificación definidas en el POT, aunque esta deuda sea ilegítima en su composición y en los intereses que le han cargado.

 

Hay que recordar que las Empresas Municipales de Cali vienen de un periodo de 13 años de intervención del gobierno nacional, que le impuso el pago prioritario de sus deudas con el sector financiero, lo que impidió atender las prioridades de la población. Ahora se prioriza los interés de las constructoras y el sector inmobiliario, nuevamente en contra del patrimonio público y de las reales necesidades que tiene la población para acceder a los servicios públicos en condiciones de calidad y justicia.

 

Por estas razones es fundamental confrontar este proyecto de ciudad de corte neoliberal, impuesto por diferentes gobiernos municipales y con la anuencia del Concejo. Con este propósito se conformó el Frente Amplio por la Defensa de la Ciudad, para confrontar este modelo de ordenamiento y forjar un territorio para la vida digna, salvaguardando las empresas públicas y los derechos colectivos.

 

* Asesor de SintraEMCALI
1 De acuerdo a la Secretaría de vivienda social de la ciudad, informe de gestión 2012, "Se realizó una verificación vivienda a vivienda en 12 sectores ubicados e el jarillón del río Cauca y 11 sectores en las lagunas del Pondaje y charco azul, realizando una caracterización socioeconómica e iniciando un proyecto social articulado con PJAOC (Plan Jarillón Agua Blanca, Obras Complementarias), este proyecto pretende la reubicación de estas 5.500 familias, con apoyo del Fondo de Adaptación Nacional con lo cual se cumplió con el 100% de la meta".
2 Fuente: http://www.emru.gov.co/contenido/archivos/paraiso.pdf
3 Tomado de http://www.emru.gov.co/contenido/paraiso.html (consultado el 9 de junio de 2014).

Publicado enEdición N° 203

A finales de los años 60 a los estudiantes de arquitectura y de ingeniería de la Universidad Nacional, sede Medellín, nos llevaron a ver las complejas obras de mitigación que se hacían en el Hotel Intercontinental (en ese momento en construcción), para impedir que el edificio continuara desplazándose sobre el terreno ladera abajo.

 

En los años 70 las autoridades de planeación de la ciudad establecieron serias restricciones para la construcción en las áreas aledañas al hotel, ya que, según estudios y diagnósticos geológicos y geotécnicos disponibles en ese momento, esa zona de la ladera oriental presentaba serias limitaciones de estabilidad.

 

Años más tarde cuando salta la fiebre constructora en El Poblado, la misma que aún vivimos, gracias a esa curiosa facultad que poseen las tecnocracias de voltear el destino de las cosas de la ciudad, esas tierras –otrora vetadas para la construcción intensiva–, de un momento a otro resultaron colmadas de grandes edificios. Es de suponer que los progresos de la ingeniería, el mejoramiento de las capacidades técnicas de los constructores y contar con nuevos sistemas constructivos, fueron los argumentos que sirvieron en los medios institucionales para justificar el cambio tan radical en la calificación del riesgo de esos suelos.

 

Aunque no es conocido aún, si el suelo tuvo alguna responsabilidad en el colapso del edificio Space y las hipótesis se orientan principalmente a fallas en el diseño estructural, a la mala calidad de los materiales empleados o deficiencias en el proceso constructivo, habrá que esperar el resultado de los estudios que adelantan los especialistas, para saber las causas de una tragedia que no deja de sorprender dadas las características de esta edificación destinada a población de altos ingresos que, en teoría, debería contar con los más elevados estándares de calidad, en un derrumbe que, por demás, sucedió en frío, es decir, sin que mediara un evento natural que en alguna medida lo pudiera justificar.

 

Pero sea que se determine que fueron o no los suelos (un factor determinante en la explicación del colapso del edificio y sus secuelas de muerte y desalojo de residentes), es necesario decir, que el acomodo realizado de las medidas restrictivas de construcción en esa zona por parte de las autoridades de la ciudad, favoreciendo los intereses inmobiliarios que la tenían en la mira, es un ejemplo patente de lo ocurrido desde hace tiempo con el manejo de las políticas reguladoras del desarrollo urbano en Medellín y los municipios del área metropolitana. Sin duda, tales medidas están dirigidas más al favorecimiento de intereses de grandes especuladores urbanos y menos al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la construcción de un urbanismo equilibrado y sostenible, como reza la retórica idealista de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

 

Y es la lógica de funcionamiento de los POT, donde está la semilla de buena parte de los males que padecemos los habitantes de las ciudades, de los cuales la tragedia del edificio Space no es más que la punta del iceberg.

 

Ciudad "compacta"

 

Muchos POT colombianos, entre ellos el de Medellín y Envigado, hablan de ciudad compacta como una imagen de ciudad coherente, equilibrada y sostenible que combina altas densidades con un espacio urbano confortable y bien equipado. En este modelo de ciudad, copiado de urbes europeas, no hay respeto igual que en aquellas ciudades que garantizan: extensas áreas construidas en edificios multifamiliares de máximo 5 a 6 pisos, que cuentan con un adecuado soporte urbanístico en términos de espacio público, vías vehiculares y peatonales, diferentes alternativas de movilidad, equipamientos públicos, comerciales y servicios en los primeros pisos, etcétera.

 

En Medellín, el caso más asemejante a este ideal de ciudad compacta, es la transformación sufrida en barrios como Laureles, Conquistadores y zonas aledañas. Son densificados mediante la construcción de edificios multifamiliares de mediana altura, en lotes que antes ocupaban viejas casonas y, lo más importante, aprovechando una excelente infraestructura urbanística preexistente de amplias vías y zonas verdes y un trazado urbano fluido.

 

Pero, para lamentar, esta idea de ciudad compacta tomó cuerpo como patrón de desarrollo de manera perversa, como ocurrió en la Comuna de El Poblado. Allí, a la existencia de una precaria infraestructura suburbana, a la carencia de un sistema vial adecuado para soportar altas densidades, a la precariedad de espacios públicos y de equipamientos (territorio además pródigo en aguas superficiales y subterráneas y con suelos difíciles para la construcción), le superpusieron un parque habitacional de altísima densidad, dispuesto en un inicio en casas de unidades cerradas y, luego, en torres de 20 y más pisos, haciendo de la densidad el único componente de la "ciudad compacta" que se pretendía crear. He aquí, justamente, el único aspecto que le interesaba al sector inmobiliario, que con la complicidad de diferentes administraciones, de políticos, curadores y funcionarios dolosos, logró; capar o soslayar las obligaciones urbanísticas requeridas para que exista, en realidad, una ciudad compacta que provea calidad de vida, seguridad y civilidad a sus habitantes.

 

Pero lo peor: Este modelo perverso de El Poblado fue copiado en versiones cada vez con menores condiciones, dirigidas a estratos socioeconómicos más vulnerables en otras zonas altas de Medellín como Robledo Alto, Belén, Villa Hermosa y otras, así como también áreas periféricas a los cascos urbanos desarrollados de otros municipios del área metropolitana, como Envigado y Sabaneta, en donde aparte del colapso de movilidad se produjo un serio deterioro del medio ambiente privilegiado que tenían estas zonas.

 

Estos frentes de desarrollo inmobiliario especulativo actúan lote a lote, sin visión de conjunto alguna en los aspectos urbanístico, geológico, ambiental, paisajístico, a base de construir las mismas torres repetitivas de 14, 15, 20 y más pisos, erigidas sin exigencia de idoneidad profesional a sus gestores. Son torres construidas sobre suelos con dudosa estabilidad, montadas sobre precaria infraestructura vial, de servicios y de equipamientos, evitando al máximo cumplir (con la complicidad de las administraciones municipales, las curadurías y los consejos municipales) con las obligaciones y compensaciones urbanísticas que, según las bellas intenciones retóricas de los POT, deberían garantizarse para lograr un desarrollo urbano equilibrado y, lo más grave, soslayando con frecuencia las limitaciones ambientales, arriesgando la estabilidad de suelos, así como la preservación de las aguas naturales y la supervivencia de especies de fauna y flora nativas.

 

Esta pseudo ciudad carente de urbanismo, insostenible ambientalmente, congestionada y fea, no deja muertos visibles como los que produce el colapso de un edificio, pero cabe preguntarse, ¿Quién paga por las des economías en los ingresos de las familias, por las insatisfacciones e incomodidades, por la pérdida de tiempo, por la carencia de espacios de recreación pasiva y activa, por la falta de amoblamientos adecuados, por la pérdida de patrimonios que día a día produce este tipo de urbanismo pirata institucionalizado?, de crecimiento lote a lote, que hoy se tomó nuestras ciudades y que es la fuente de enriquecimiento y, porque no decirlo, de lavado de dineros ilícitos, de la cual se beneficia una industria de la construcción tomada por el espíritu especulativo y de la ganancia a toda costa, con el consentimiento interesado de muchos funcionarios públicos, políticos de oficio y gobernantes.

 

También contribuyen al deterioro

 

Otros factores suman para la formación del iceberg de conflictos que afectan el presente y el futuro de nuestras ciudades:

 

Las curadurías, nutridas en lo económico del mayor número de licencias aprobadas, convertido así, cada vez más, en factor de discordia entre, por un lado los ciudadanos residentes que ven amenazados sus intereses o su calidad de vida, y por el otro los constructores, las oficinas de planeación y de medio ambiente y demás entes públicos competentes o con poder para la construcción de ciudad.

 

Dada su naturaleza dependiente de la aprobación de licencias, las curadurías tienden a favorecer (como se puede suponer) a los constructores, en detrimento de la responsabilidad que tienen para defender los derechos de los vecinos colindantes (únicos interlocutores comunitarios válidos para las curadurías) a quienes en la mayoría de los casos, o no se los toma en cuenta o simplemente se cumple con ellos el formalismo burocrático de pedirles una opinión que, al fin y al cabo, no tiene ningún efecto práctico en la aprobación de los proyectos.

 

Los gremios profesionales, las sociedades de arquitectos y de ingenieros, desdibujados en su totalidad de lo que en algún momento fueron: entidades pensantes comprometidas con un proyecto de país, que desempeñaron tareas pedagógicas respecto al conjunto social –en lo arquitectónico y urbanístico– cuando el país se enfrentó a la transición campo-ciudad o al reto de la modernidad. Pero de ese espíritu no queda nada. Estos gremios fueron literalmente tomados por intereses particulares, por el espíritu de la especulación inmobiliaria. Sus dirigentes son los mismos que encabezan los monopolios de la construcción. ¿Qué se puede esperar entonces de estas entidades gremiales si su única propuesta al ajuste que hoy se discute del POT en la ciudad es la de desaparecer el aeropuerto Olaya Herrera, no para el gran parque que necesita la ciudad sino para "liberar" esa gran reserva de tierra para sus negocios?

 

El POT, en cuanto a la participación ciudadana en su aprobación y gestión, es otro de los temas presentados en forma muy florida en los encabezamientos que les sirven de presentación y fundamento, la experiencia muestra que estos planes –y sus ajustes– se aprueban, en la práctica, entre la administración de turno, los concejos municipales y sus aliados gremiales.

 

Nada pueden hacer los esfuerzos de los consejos territoriales, de las comunidades organizadas, si éstos avanzan en contravía de los designios del alcalde de turno, su oficina de planeación, los gremios de la construcción y el concejo; en el mejor de los casos se muestra una lista de eventos informativos que se realizaron con las comunidades del municipio en los que se "socializaron" las propuestas. Una vez aprobado el POT, o un ajuste del mismo, no hay lugar a replica ni a ningún tipo de acción participativa de las comunidades que sientan afectados sus intereses por las decisiones tomadas. De esta manera, estos Planes están convertidos en una suerte de ley divina imposible de modificar aunque existan errores evidentes que exigen introducir cambios en la marcha.

 

Conclusión sabida y padecida

 

Es posible afirmar, de esta manera, que lo único que en realidad aplican de los POT está en el capítulo referido a los aprovechamientos posibles de sacar a un lote, pues ahí, está el motor que finalmente mueve hoy por hoy la construcción de la ciudad. Es decir, el arte de cómo sacar el mayor provecho económico de un lote cumpliendo con el mínimo de obligaciones y compensaciones urbanísticas, que son en teoría, la cara amable de los POT y sin las cuales, sencillamente, no hay ciudad. De todos los demás aspectos mostrados en el discurso normativo no se aplica nada, o se aplica muy poco.

 

Si no es así, que se explique ¿qué pasa con los planes parciales, en teoría los que permiten recuperar zonas deterioradas o desarrollar ordenadamente otras? ¿Qué pasa con los balances de espacio público disponible, con la movilidad, con el embellecimiento de la ciudad, su confort urbano, etcétera?

 

Transcurridos casi 15 años de aplicación de los POT es poco lo que pueden mostrar como logros significativos para la calidad de la ciudad. Nos podemos preguntar cuál barrio de la ciudad puede mostrar un solo avance –en su calidad urbana– imputable a la aplicación de los POT, y no ubicaremos ninguno, pero sí, muy por el contrario, lo identificable son desmejoras.

 

Así las cosas, Medellín, sus municipios cercanos y muchas otras ciudades colombianas están presas en la actualidad de las expresiones más burdas de la especulación inmobiliaria, avaladas por una compleja alianza de poderes públicos y privados que inclinan la balanza para favorecer el interés particular sobre el general. Esta es la causalidad de fondo, el cuerpo del iceberg que mostró en Medellín su cima con el edifico Space y los demás edificios desalojados, que a raíz de su crisis, fueron visibilizaron como edificaciones en alto riesgo de colapso.

 

* Arquitecto, profesor especial Escuela del Hábitat Universidad Nacional, Medellín.


 

 

Recuadro

 

Construcción y afán de ganancia

 

Por Junta Cívica Paraje El Pinar*

 

Con la tragedia del complejo habitacional Space, toda nuestra sociedad pudo ver, sin tapujos que "los constructores privados no reparan en obtener el mayor volumen de ganancia a costa de la calidad y seguridad de las obras. De ello no se escapa ni la construcción privada ni la contratación pública".

 

"Es tan vertiginosa la actividad constructora desde hace 10 años que las curadurías no tienen tiempo ni personal ni les interesa revisar bien los proyectos que le presentan febriles edificadoras como Lérida CDO, propiedad de la familia del exgobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno"**.

 

"[...] En promedio cada mes se otorgan 500 licencias de construcción (ADN, octubre 16 del 2013). A la alcaldía ni al concejo municipal le interesó nunca controlar de verdad esta actividad, pues con una actitud eminentemente alcabalera solo se preocupan por obtener desbordadas tarifas de impuesto predial e industria y comercio, injustamente decididas en detrimento de millares de contribuyentes".

 

"[...] En algunos foros sobre vivienda, en los últimos 7 años se han desatado discusiones y prevenido sobre la desaforada edificación en las laderas tan inestables que tiene Medellín empleando la famosa moda de la mampostería estructural (malla electrosoldada) en alturas superiores a 20 pisos que imperó en la planicie del centro de la ciudad en la alcaldía de Fajardo (y todavía hoy en Pajarito y en la Comuna 15 y 16). Al parecer, ni esto ni las normas de sismorresistencia aconsejables para el Valle Aburrá se han tenido en cuenta íntegramente y, por el contrario, el POT es modificado a favor de una plutocracia constructora insaciable, aupada por la SAI y otros gremios, que no deja "lote sin cabeza". Nos atrevemos a decir que un mediano temblor de tierra puede causar una tragedia mayúscula que puede afectar no ya solo a los apartamentos populares sino también los de alto costo. Cabría también preguntarse si el municipio y el concejo han hecho algo por evitar que grandes lotes de las laderas de Medellín sean monopolizados y urbanizados por altos ejecutivos con asiento en los gremios beneficiarios de la especulación de los suelos y materiales y del derecho constitucional a la vivienda digna.

 

* En 1980 solo ejerció 18 meses la gobernación de Antioquia, ya que la Procuraduría General de la Nación le pidió la renuncia por la investigación que abrió en su contra por "especulación en la compraventa de terrenos", ya que valido de su investidura su empresa Ingeniobras adquirió un lote de 201.000 mts2 en Niquía, Bello, el cual a los 50 días exactos entregó al ICT para cofinanciar las 1.948 casas bifamiliares que se hicieron de 1981 a 1984, con un incremento desmesurado del 2.000%. (Fuente: Boletines Comité Cívico de las Bifamiliares de Niquía, 1984).
** Extractos del artículo "Construcción en manos de avilantadas empresas e irresponsables curadores".

Publicado enEdición N°197