"No nos queda mucho tiempo", el grito de una comunidad hondureña a punto de ser sumergida por el mar

Eric Pineda sirve pescado con arroz en un modesto restaurante frente a la playa, un negocio que se enfrenta a una destrucción inminente.

El reciente aumento de la marea ya inundó el bar de al lado, del que solo quedan los escombros de color rosa. En los dos últimos años varios negocios entre el de Pineda y el Océano Pacífico han sido destruidos por el mar. "Cada año el océano se acerca más y aumenta de nivel. Creo que tenemos uno, quizá dos años, hasta que el agua nos lleve también a nosotros. No queda mucho", describe Pineda, de 24 años.

La arena dorada de las playas ayudó a transformar esta comunidad de pescadores en el Golfo de Fonseca en un prometedor destino turístico. Hoy, apenas quedan unos metros de playa y el aumento de la marea y el nivel del mar ha borrado del mapa carreteras, viviendas y negocios.

La población local estima que se pierde aproximadamente un metro de suelo al año y eso significa que la comunidad al completo estará pronto bajo el agua. El mismo destino aguarda a otras comunidades del pacífico hondureño donde tanto población como tierra desaparecen velozmente. 

Durante los últimos años, millones de personas han huido de la pobreza extrema, el colapso de las instituciones y la violencia desatada en América Central. De entre todos los factores que expulsan a la población, hay uno que ha quedado desatendido: los conflictos por los recursos naturales han aumentado por la expansión de la actividad empresarial y el cambio climático.

El nivel del mar aumenta en todo el planeta pero en esta región hay un factor más que ayuda a que aumente la degradación costera: amplias franjas de manglar costero han sido devastadas para abrir espacio a las camaroneras que se multiplican incluso dentro de espacios naturales protegidos. Gran parte del camarón hondureño se exporta a Estados Unidos y Reino Unido donde se venden grandes superficies como Waitrose, Sainsbury's o Marks & Spencer.

Dina Morel, responsable de Coddeffagolf, una organización local centrada en el conservacionismo marino cree que "la industria destruye amplias extensiones de manglar mientras promete desarrollo y crea, en realidad, muy pocos empleos. Al mismo tiempo aumenta la pobreza al restringir el acceso de los pescadores locales a los recursos pesqueros".

Según Morel, las camaroneras se instalan con autorización en zonas protegidas. Las violaciones de la leyes de protección del medio ambiente rara vez son castigadas por las autoridades, que a menudo comparten intereses con una industria que proporciona grandes beneficios. "Las consecuencias de perder un ecosistema tan importante son claras: vulnerabilidad medioambiental, inseguridad alimentaria y descomposición social, factores que llevan a la migración forzada", explica el biólogo Víctor Bocanegra. 

Los manglares son necesarios para la supervivencia de costas sanas y resilientes. Los robustos árboles que los caracterizan protegen la tierra de tormentas e inundaciones y contribuyen a disminuir la erosión a través de la estabilización de sedimentos que afirman sus densas y fuertes raíces. Son actores fundamentales de la biodiversidad marina en tanto proporcionan comida, agua limpia, refugio y seguridad para peces e invertebrados como cangrejos, langostas y gambas. 

Para beneficiarse de este proceso de simbiosis natural, se han abierto grandes camaroneras en entradas del océano que una vez fueron refugio seguro para recibir los flujos de las mareas. Y esas instalaciones interfieren con el flujo natural del mar provocando aumentos en la marea y que los impactos de las tormentas fluyan hasta sumergir las comunidades a pie de playa.

Un refugio en movimiento

En la playa de Cedeño, Ariana Tees, de 70 años, fríe el pescado que trae su marido, Manuel, de 67, en una cocina improvisada bajo una lona a pocos metros del mar. Aquí es donde viven, trabajan, comen y duermen, el refugio que cada mes deben colocar unos metros más atrás a medida que el océano penetra en la tierra.
"Por supuesto que estamos asustados", reconoce Tees. "Pero no tenemos otro lugar al que ir y el gobierno no nos protege. Ni un muro pone", critica. 

Manuel, que pesca desde niño, agrega que "cada año hay menos pescado y las mareas no tienen donde ir así que el agua pasa por aquí buscando una salida. Hemos llegado a despertarnos en plena noche rodeados de agua". Hace una pausa y concluye: "Estamos jodidos".

La industria del camarón en el sur de Honduras data de la década de los años setenta pero creció de manera exponencial en los noventa. Como resultado de ese crecimiento sin freno aparente, a partir del año 2000 varios manglares que cubrían una extensión superior a los 600 kilómetros fueron designados zonas protegidas.

Pese a eso y según Coddeffagolf, la mitad de los manglares de la zona fueron destruidos entre el año 2000 y el año 2010 en su mayor parte debido a las concesiones pesqueras en el golfo, aprobadas antes del decreto de protección. Nadie sabe con exactitud la extensión de las zonas protegidas que aún permanece intacta pero las imágenes por satélite sugieren que la situación es crítica.

La extensión de la zona deforestada se ve desde la cima de una montaña en San José de las Conchas, unos 30 kilómetros al norte de Cedeño. El panorama solo ofrece ya unas cuantas líneas estrechas de aquel manglar protegido atrapadas entre lagunas artificiales para el cultivo del camarón y el océano turquesa.

Los habitantes del pueblo dicen que las empresas camaroneras construyen en secreto, tras anillos sucesivos de manglar que protegen sus instalaciones de la vista y que solo una vez levantadas, solicitan los permisos. Las cifras de ventas sugieren que el negocio se expande: las exportaciones de 2018 ascendieron a 216 millones de dólares (casi 194 millones de euros), una cifra que esperan aumente en un 20% en 2019.

Escasos programas de reforestación

FundeSur, una fundación para el desarrollo social creada por la industria camaronera en 2014, afirma que invierte 0,04 dólares (0,036 euros) por cada kilo de camarón exportado en proyectos relacionados con salud, educación y medioambiente. Sin embargo, los programas de reforestación son escasos y requieren de años de cuidados para garantizar manglares resistentes. Tras numerosas peticiones, FundeSur no quiso aportar su punto de vista para este reportaje.

Nelson Martínez, activista de Guapinol, una comunidad cercana que resultó seriamente afectada por un aumento de la marea hace tres años, insiste en que "hay más deforestación que reforestación y es evidente, cualquiera puede verlo. A menos que se salve el manglar, Guapinol también desaparecerá".

Como estrecha lengua de tierra atrapada entre los océanos Atlántico y Pacífico, América Central es una región muy vulnerable a la emergencia climática global.
Entre 1998 y 2017 Honduras fue el segundo territorio más afectado por fenómenos climáticos extremos como inundaciones, tormentas, sequías o incendios según el Índice de Riesgo Global, que clasifica Puerto Rico como el lugar más afectado.

El Huracán Mitch, la tormenta más devastadora y mortal de los últimos dos siglos en América, que golpeó Honduras en 1998, dejó un saldo de más de 8.000 muertos y millones de afectados que perdieron tierras y hogares. Hizo retroceder al país más de 50 años en su desarrollo y lanzó la primera ola migratoria después de la guerra fría desde América Central a Estados Unidos.

Pero la inversión en mitigación y adaptación a los impactos del clima a través de la reforestación o la protección ante inundaciones no avanza. Solo el 0,5% del presupuesto del gobierno de Honduras está destinado a protección del medioambiente. Se ha visto reducido desde el 1,2% que se gastaba en 2010 según Hugo Noé Pino, analista que fue Ministro de Hacienda y Gobernador del Banco Central.

Desde el golpe de estado de 2009, el incremento de los megaproyectos relacionados con agua, embalses, minas o plantaciones de palma africana, han alimentado conflictos sociales, represión y migraciones. Berta Cáceres, defensora del medioambiente y ganadora del premio Goldman a la defensa del medioambiente, fue asesinada en marzo de 2016 en represalia por liderar la oposición a la construcción de una planta hidroeléctrica en el río Gualcarque, fuente acuífera, alimenticia y medicinal del pueblo Lenca.

"El principal conector entre cambio climático y políticas públicas es la gestión del agua, las decisiones políticas sobre quienes tienen prioridad a la hora de recibir agua de calidad", explica el profesor Raúl Pacheco-Vega, especialista en políticas medioambientales del CIDE (Centro de Docencia e Investigación Económica).

En Honduras, el resultado de esta interacción alrededor del uso del agua es claro: cada año durante la temporada de lluvias, un sinnúmero de comunidades se quedan sin suministro, muere gente y se registran daños en carreteras, puentes y escuelas. Se trata de un ciclo de destrucción ambiental que aumenta la pobreza y provoca movimientos migratorios cuando las familias comienzan a buscar comida, agua y seguridad.

En octubre, seis personas murieron después de dos días de lluvias torrenciales que provocaron deslaves de tierra y que el río Choluteca se desbordara. Marcovia, a unos 20 kilómetros tierra adentro desde Cedeño se inundó y sus habitantes tuvieron que evacuar la localidad. Poco después, cientos de personas del departamento de Choluteca se unieron a la caravana migrante que se aventuró rumbo norte a través de México y hasta la frontera de los Estados Unidos.

Medio millón de hondureños han sido detenidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses desde octubre de 2006. Los motivos del flujo migratorio son complejos pero en esta zona del planeta, el factor medioambiental es importante.

Pedro Landa, del Eric, una organización de la Compañía de Jesús que investiga y defiende los derechos humanos afirma que no se ha tomado nota de las lecciones que dejó el Huracán Mitch. "Desde el golpe de 2009, el Estado ha caído gradualmente bajo control de políticos mafiosos que no tienen ningún interés en garantizar el suministro de agua o el desarrollo económico de la población. Solo piensan en ellos mismos", sentencia.

Por Nina Lakhani - Cedeño, Choluteca

07/08/2019 - 20:51h

Publicado enMedio Ambiente
Viernes, 18 Mayo 2018 18:15

“No hubo tiempo de sacar nada”

“No hubo tiempo de sacar nada”

Son miles las víctimas y, en consecuencia, miles las historias que se pueden contar, y con todas y cada una de ellas relatar lo sufrido por los habitantes de los municipios aledaños a la represa Hidroituango; historias, incluso, desde mucho antes de que esta empezara a construirse. desde abajo recogió los testimonios de tres mujeres que se niegan a aceptar la condena que los operadores de la hidroeléctrica les imponen.

Con lo sucedido a partir de la segunda semana de mayo, el megaproyecto Hidroituango quedó transformado, de una vez y por todas en una pesadilla, lo que realmente ha sido desde su inicio para quienes habitan los territorios donde está asentada, en especial para quienes viven en las riberas del rio Cauca.

Pesadilla, sí, desde que empezó la construcción de la hidroeléctrica, obra que alteró la paz y la tranquilidad de miles de ribereños, de los cuales muchos perdieron sus pertenencias, abandonaron sus hogares; hasta hubo quienes perdieron sus vidas, ya porque habitaron “en el lugar equivocado” o porque manifestaron estar en contra del desastre que se avecinaba.

Los primeros afectados datan de muchos años atrás; hablamos de las víctimas asesinadas por grupos paramilitares para desalojar los territorios que serían ocupados por Hidroituango: 3.800 hectáreas de área rural y de bosque. (Ver: El desa(rraigo)rrollo que deja Hidroituango ). Así mismo quienes ven –como si fuera poco el dolor por sus muertos– cómo el avance del proyecto representa el fin de su vida sencilla y pacífica en el campo.

Las víctimas, las de entonces, que son las mismas de ahora, cuentan cómo ha sido la angustia de vivir, día a día, con el temor de una calamidad latente y hablan de la desgracia que trajo el incidente del pasado 10 de mayo en el corregimiento de Puerto Valdivia, así como la alerta roja emitida por los operadores de las EPM el pasado 16 de mayo. (Ver: Hidroituango pone en alerta roja a 4 departamentos )

 

“El río, desde el 28 de abril, nos dejó prácticamente sin nada […]”.

Oliva Gómez es habitante del área rural del municipio de Ituango, hasta hace pocos días vivía en la ribera del Cauca, de allí sacaba su sustento pues siempre trabajó barequeando en las playas del río. Se le nota cansada, bastante preocupada, sin embargo permanece firme en su labor de ayudar a sus compañeros de albergue en el Coliseo de Ituango.

Es madre cabeza de hogar y responde por dos niñas que estudian y, además, por dos hijas mayores, una de ellas madre soltera de dos pequeños (el bebé tiene apenas 4 meses), y una joven de 19 años que terminó sus estudios de manejo ambiental en el Sena pero que todavía está en la casa a la espera de poder realizar sus prácticas. “Como estoy sola en la casa no tengo cómo colaborarle para que haga las prácticas en Medellín o en otra parte donde las pueda hacer, porque acá en el municipio no hay cómo hacerlas”, dice doña Oliva.

Respecto a los sinsabores dejados por la represa, nos cuenta: “La alerta debió darse mucho tiempo atrás. Desde el proceso de taponamiento de los túneles nunca tuvimos una alerta; la alerta que nosotros tuvimos, desde el día 28 de abril hasta el 3 de mayo que pudimos ser rescatados, eran las señales del nivel del río porque somos barequeros, trabajamos en las playas de Mote, Guayacán y Sardinas; jurisdicción de Ituango, al lado de arriba del muro de la presa.

Cuando vimos que el río empezó a crecer, subimos y subimos monte hasta donde vimos que ya no éramos capaces de movernos más por aquello de que no teníamos comida. El río, desde el 28 de abril nos dejó prácticamente sin nada, las pocas cositas que se habían sacado, vimos que estábamos ya muy cansados y no las pudimos seguir cargando; estábamos rendidos porque no podíamos dormir, porque si nos dormíamos el río nos llevaba. Entonces lo que pudimos hacer fue muy poco.

Sólo hasta el 3 de mayo fuimos rescatados por el Dapard, la Cruz Roja y el Plan de Contingencia de las EPM. Decidimos dejar nuestras cosas más arriba pensando que lo del taponamiento del túnel se solucionaba rápido y teníamos la esperanza que al volver las encontrábamos, no habíamos podido volver porque como no tenemos trabajo, y no tuvimos con qué. Hasta ayer (16 de mayo) logramos bajar, porque un señor nos colaboró con el transporte, bajamos, pero ahí donde dejamos nuestras cosas sólo había agua; el río acabó llevándose lo poco que nos quedaba”.

En el Coliseo de Ituango hay 22 familias a la espera de que el Gobierno y los responsables atiendan sus necesidades, pues se agotan los alimentos, carecen de atención médica y la buena voluntad de amigos y vecinos no es suficiente. Hay un solo deseo: volver a su vida en las playas del río Cauca, en el campo, en medio del cantar de las aves, y no en el bullicio abrumador de la cabecera municipal. ¿Cuándo podrá ser? El futuro es incierto pues aquellas playas están cubiertas por las aguas del embalse.

 

Necesitamos volver a nuestras viviendas, estábamos viviendo cómodamente y llegaron ellos con la idea de su represa y acabaron con todo lo que teníamos”.

En Puerto Valdivia, corregimiento del municipio de Valdivia, 600 familias tuvieron que abandonar sus hogares, muchas de ellas lo perdieron todo. Dos mujeres aguerridas le hacen frente a esta calamidad, exigen una solución pronta y satisfactoria que les permita volver a sus viviendas, que les devuelvan la tranquilidad y, sobre todo, que les respeten el derecho a una vida digna. En Valdivia se encuentran Cecilia Muriel y Dora Uribe, vecinas de Puerto Valdivia; Cecilia vio cómo el río arrasó su casa, Dora ansía volver a su corregimiento.

 

“Se llevó mi casa y la de algunos vecinos, o sea, eso fue una cosa muy horrible porque no nos prepararon para recibir eso […]”.

Doña Cecilia lleva días sin dormir, sus ojos cansados ocultan un poco lo alterada que está; con dificultad también oculta toda la rabia que lleva por dentro; la impotencia de ver no sólo a su familia, sino también a sus vecinos sumidos en esta desgracia; pone su optimismo a prueba. Así relata lo vivido días antes del 10 de mayo:

“Lo que pasó fue que a nosotros nos dijeron ocho días antes que nos habían puesto una alarma, pero que no pasaba nada, que todo estaba bien, que los profesionales de la hidroeléctrica Ituango estaban haciendo sus cosas muy bien, que no nos preocupáramos, que todo estaba muy bien. Ya el sábado llegaron los bomberos y nos dijeron que no nos asustáramos, que el rio iba a subir un poquito, lo normal, como en tiempo de lluvia normal, pero no era para alarmarse ni salir de las casas, ni mucho menos.

Llegó el jueves al medio día y en cuestión de una hora y veinte minutos por mucho, comenzó a subir lentamente el río, llevaba mucha madera, mucha cosa, entonces empezamos a alarmarnos y tratar de sacar algunos enseres. Cuando empezamos a sacar los enseres, no nos dio tiempo, llegó el agua adonde estábamos organizando las cosas, era una creciente mucho más grande, yo sentí que la casa traqueó; me salí, los vecinos me dijeron: “¡salga, no saque nada!”. No hubo tiempo de sacar nada, lo que sacamos el agua también se lo llevó. Se llevó mi casa y la de algunos vecinos, o sea, eso fue una cosa muy horrible porque no nos prepararon para recibir eso […]”.

 

“[…] Yo no perdí cosas materiales en mi casa, pero perdí a mi pueblo […]”

Por su parte la señora Dora, de quien tomamos sus declaraciones dadas a un medio radial* el día 18 en horas de la mañana, cuenta sin tapujos la situación que viven ella y las 40 familias albergadas en el predio de un habitante del municipio.

“[…] acá la gente muy amablemente nos prestaron un espacio y ahí están todos amontonados. Necesitamos de todo porque en el municipio de Valdivia no cabe la gente, hay más de 4.000 personas allá. Ya se han presentado muchos enfermos; estamos viviendo algo horrible que nunca lo habíamos vivido. Yo no perdí cosas materiales en mi casa, pero perdí a mi pueblo porque ese es el pueblo donde nací y viví más de 60 años con todo lo que tenía; ahora nos destruyeron la vida, la paz, la tranquilidad.

Queremos pedirle a EPM que bregue a conseguirle vivienda, cuanto antes, a esas personas porque entienda que somos seres humanos; no somos animales para vivir a la intemperie, durmiendo en el piso como un perro, porque las colchonetas no alcanzaron para todo mundo. Estamos viviendo muchas dificultades por la alimentación, hay mucho desorden y no hay suficiente para las personas; hay muchos niños, muchos adultos mayores discapacitados que merecemos una atención lo más pronto posible.

Necesitamos volver a nuestras viviendas, estábamos viviendo cómodamente y llegaron ellos con la idea de su represa y acabaron con todo lo que teníamos. Entonces, queremos que nos reubiquen en nuestras casas lo más ligero posible, porque estamos encerrados en un coliseo, y en las calles regados durmiendo en aceras, como si fuéramos animales. Eso no debe ser así”.

Son testimonios que describen con toda fuerza lo que están padeciendo miles de personas, como consecuencia de los errores –sea por el motivo que sea– de quienes no lo reconocen, de quienes dilatan las respuestas para no asumir la responsabilidad que les compete. Son testimonios que permiten concluir, a diferencia de quienes administran Hidroituango, que a las personas víctimas del megaproyecto lo que menos les importa es el dinero, sólo piden respeto, que sean tratadas con dignidad y que, por encima de todas las cosas, les permitan vivir tranquilos con las pocas posesiones que tenían, todas ellas necesarias y básicas, conseguidas con su labor diaria. Sólo quieren volver a sus trabajos, que sus hijos e hijas vuelvan a sus escuelas, y que de una vez por todas termine tanto sufrimiento.

* Caracol radio, programa 6 AM

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