Foto Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

La noticia despertó alegría en unos y tristeza y rabia en otros. A la 1:12 pm del martes 4 de agosto el expresidente y senador Álvaro Uribe informó por redes sociales de la decisión tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y que le impuso detención domiciliaria. Deberá responder por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Litigio judicial cuya contraparte recae en el senador Iván Cepeda. La disputa ante ambos congresistas, representantes de partidos opuestos, llegó a los tribunales en el 2012.

 

El origen del litigio

 

El proceso que los enfrenta comenzó cuando el otrora presidente denunció al congresista Cepeda por presunta manipulación de testigos. En aquel entonces el senador del Polo Democrático Alternativo preparaba una denuncia en el Senado contra el Uribe Vélez por vínculos con el paramilitarismo, por lo que entrevistó a diferentes líderes de grupos paramilitares desmovilizados y que cumplían condenas en centros penitenciarios.

En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó el caso contra el senador Cepeda y abrió indagación al hoy senador del Centro Democrático quien es investigado por presuntamente haber intentado manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien lo ha señalado de fundar el bloque Metro de las Autodefensas.

 

Rueda de prensa

 

Conocida la decisión del alto tribunal, el senador Iván Cepeda, acompañado de su apoderado, el jurista Reynaldo Villalba, citó a rueda de prensa para entregar su opinión sobre lo decidido. En la misma, transmitida a través de Contagio Radio, medio de comunicación alternativo, estas fueron las declaraciones entregadas:

 

Reynaldo Villalba:

 

“No he sido notificado aún, el propio Álvaro Uribe dio la noticia. La Corte Suprema de Justicia contaba con absoluta y sólidas pruebas y era lo que se esperaba ocurriera en estricto derecho. Es una transcendental noticia para la justicia. Quiero rescatar la independencia de la Corte Suprema de Justicia pese a la enorme presión a la que fue sujeta estos días, incluso desde el propio gobierno de Iván Duque y sus Ministros”.

 

Senador Iván Cepeda:

 

“Es una fecha sin lugar a dudas transcendental. Considero que la decisión de la Corte Suprema de Justicia nos ayuda a consolidar la democracia en Colombia. Al senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez le han colocado una medida de aseguramiento. No hay individuos que estén por encima de la justicia y de la ley por muy poderosos e influyentes que sean. Esa es una lección fundamental que hay que asumir con serenidad.

Invitamos a todos los ciudadanos a asumir esta situación con total serenidad, es una decisión que ha producido un Tribunal. Es el comienzo de un proceso ante la eventualidad de un proceso de llamamiento a juicio, al cual, la contraparte tiene todas las herramientas, recursos y procedimientos que están para garantizar su derecho a la justicia. Debo señalar que este ha sido un proceso muy largo, recordar que comenzó el 23 de febrero de 2012. Es decir que cumplimos 8 años.

Este proceso tuvo 2 etapas donde el senador Uribe entabló una denuncia penal en mi contra y una segunda etapa que ha comenzado a partir de una denuncia que interpusimos con el abogado Reynaldo Villalba por información que tuvimos con gravísimos hechos que estaban ocurriendo con relación a presunto soborno de testigos que influiría la actuación de la justicia. En este largo proceso la actuación de nosotros se ha limitado a ejercer la defensa.

Nosotros no hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares u organizaciones criminales ante la Corte Suprema, quienes han recurrido a esos 22 testigos y han sido presentados ante la Corte ha sido la contraparte. Nosotros no hemos ocurrido a esos testigos, como se le ha hecho pensar a la opinión pública.

Así que hoy, estamos ante una decisión que ha sido objeto de una larga revisión. No se puede decir que la Corte haya tomado una decisión superficial, sin realizar un largo proceso de escucha de testigos y verificación de toda clase de pruebas. Hay abundante material probatorio que sustenta esta decisión. Y nosotros pues obviamente estamos listos para la nueva etapa. Sin ninguna clase de actitudes arrogantes o vengativas. Queremos mantener el llamado a la majestad de la justicia en este caso a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Estamos listos, desde el primer día, a acatar sus decisiones. Queremos entregar hoy simplemente un mensaje, si bien expresamos nuestra alegría, llamamos a la serenidad. Que no haya incitación ni conmociones en la opinión pública sino como demócratas y ciudadanos recordemos que existe una Constitución, un ordenamiento legal y que en ese ordenamiento legal los jueces de la República tienen la posibilidad de ejercer justicia para el bien de los colombianos.

Esa es nuestra declaración. Les pedimos ustedes comprendan no queremos entrar a hacer comentarios sino simplemente, con humildad y serenidad, entregar este mensaje”.

 

Memoria y futuro

 

Para nadie es un secreto que para un sector no despreciable de la sociedad colombiana el otrora presidente es el responsable de la creación y prolongación del paramilitarismo en Colombia. Es decir, sobre él recae la sospecha por miles de asesinatos, así como del desplazamiento y despojo de la tierra y otros bienes de millones de campesinos. Sospecha extendida a la autoría intelectual de los falsos positivos, así como de las acciones del otrora DAS, como otras sindicaciones que nunca han sido probadas. Para este sector lo decidido hoy por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es el inicio del derrumbe del poder de quien atizó el odio y la muerte en Colombia.

Es un odio contra alguien que ciertamente alimentó el odio y el dolor en el país, que cuenta en el otro extremo de la opinión nacional con un mayoritario sector social que ve en el mismo personaje a alguien que fue capaz de enfrentar la guerrilla y arrinconarla estratégicamente hasta llevarla a la negociación, proceso que recogió y finalizo Juan Manuel Santos. Para este segmanto de la sociedad colombiana el sentimiento es dispar, y con seguridad se preguntarán por qué está detenido su ídolo y no sufren igual circunstancia los otrora mandos de las Farc, por ejemplo.

Como se recordará, es ese sector mayoritario en Colombia, que evidencia disminución pero no hasta ser minoritario, el que derrotó el referendo por la paz, como el que eligió a Santos –quien presumía como continuador de su patrocinador–, y luego a Iván Duque.

Es de suponer, por tanto, que la detención del hoy Senador no significa su derrota, y que por el contrario, como el mismo acostumbra –se defiende atacando–, puede implicar una ofensiva en distintos planos. Las semanas que vienen permitirán conocer sus planes y proyecciones, para lo cual contará con el apoyo de buena parte del Estado colombiano, siempre simulando legalidad.

Como puede recordarse, un juicio que lo llevó a una condena temporal también recayó sobre el dictador Gustavo Rojas Pinilla (condenado en marzo de 1959), la que anulada en diciembre de 1966 le permitió lanzarse a la arena política y ser elegido Presidente en 1970, elección usurpada por una conspiración oligárquica que ungió a Misael Pastrana como el elegido.

Es evidente, entonces, la verdad no es solo jurídica, también existe la verdad política, así como la verdad social, y en esta es donde debe centrarse la atención. Sin comprender los factores por los cuales la mayoría de la sociedad colombiana ha apoyado a quien carga con gravísimas sindicaciones que harían sonrojar a mentores como Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet, no será posible derrotarlo y sacarlo de la arena política.

Paralelo a ello, sus contarios tensionarán las cuerdas con otras tantas fibras de la institucionalidad nacional, friccionada, y en la cual personajes como el expresidente Juan Manuel Santos conserva reservas. Antípoda de Uribe, no ahorrará influencia ni esfuerzos por ver morder el polvo a su oponente. La alianza Cepeda-Santos es evidente.

Por ahora, luego de legalizar la captura en contra de Uribe Vélez y definir el lugar de reclusión, vendrá un proceso probatorio hasta el cierre de la investigación en el que la Sala de Instrucción decidirá si precluye el caso o llama a juicio al exmandatario. De esta manera, y por el tiempo que esto se tome, el país ahonda su polarización la que, seguramente, marcará de nuevo el proceso electoral del 2022 para elegir sustituto de Duque.

 

La formalidad

 

Álvaro Uribe Vélez escribió en su cuenta de twitter sobre el suceso: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”.

Hasta ahora nada está decidido, las alegrías pueden ser efímeras, la disputa en curso ha quemado una etapa y vendrán otras. ¿Le sucederá a Uribe lo vivido por Gustavo Rojas Pinilla?

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Pelosi ordena formular cargos para destituir a Trump lo antes posible

Nueva York. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenó la formulación de cargos para la destitución del presidente lo antes posible –algunos creen que se podrían aprobar antes de Navidad–, con el argumento de que Donald Trump ha puesto en peligro nuestra república.

En breve declaración desde el Capitolio, la demócrata más poderosa de Washington afirmó que las conclusiones de las pesquisas realizadas por la cámara en los últimos dos meses dejaron claro que Trump abusó de su poder, violando su juramento al promover la interferencia extranjera en las elecciones estadunidenses. Proclamó que en Estados Unidos nadie está por encima de la ley.

Justificó el paso veloz del proceso al señalar que el presidente no nos deja otra opción que actuar, porque está intentando corromper, una vez más, la elección para su propio beneficio. Subrayó que es nuestra democracia lo que está en juego.

El Comité Judicial de la cámara baja, encargado de elaborar los cargos formales conocidos como “artículos de impeachment” (aunque otros comités podrían participar en el proceso), anunció que está convocando a una audiencia para el lunes con el fin de que sus abogados y los del Comité de Inteligencia presenten la evidencia de la investigación, apuntando hacia cargos de abuso de poder y soborno en torno al manejo de la relación de Trump con Ucrania, así como los intentos de obstrucción tanto del proceso legislativo como de la investigación sobre la mano de Rusia en las elecciones de 2016 encabezada por el fiscal especial Robert Mueller.

De hecho, Pelosi señaló que aunque el enfoque de las investigaciones ha sido sobre la presión presidencial al gobierno de Ucrania para obtener un favor en beneficio de los objetivos electorales de Trump, esto no se trata de Ucrania; esto se trata de Rusia, ya que la presión empleada por Trump fue congelar asistencia militar, algo que benefició a Moscú. Nuestro adversario es Rusia, indicó.

Si todo procede a ese ritmo, hay quienes calculan que es posible que se logre elaborar y presentar los artículos de impeachment ante el pleno para un voto y aprobar el juicio contra el presidente antes del 20 de diciembre, último día de sesiones (por ahora) del Congreso este año.

Los demócratas están intentando destituirme sobre NADA, tuiteó Trump y, en tono desafiante, solicitó que los opositores, a quienes calificó de locos, apresuraran el proceso, para que podamos tener un juicio justo en el Senado. Trump sigue confiado en que la cámara alta, controlada por republicanos, lo absolverá.

Por ahora la estrategia republicana es hacer lo posible para entorpecer el proceso en la cámara baja, y descalificar su validez constantemente, sin la participación de representantes legales del presidente y esperar que esto culmine –y se anule– en el Senado.

Sin embargo, todos están conscientes de que podrían darse más sorpresas que tienen el potencial de descarrilar los planes. La especulación es incesante sobre si habrá más altos funcionarios que decidan arriesgarse al revelar más actos ilícitos, si ex aliados del presidente decidan abandonarlo, o si se descubren más comportamientos corruptos del mandatario y sus asesores más cercanos, algunos de los cuales estaban abajo investigación como su abogado personal Rudy Giuliani, el más prominente.

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Arranca un juicio clave para el futuro de Lula

La máxima corte de Brasil deberá resolver si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales.

La liberación del líder opositor y ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros presos por corrupción en la Operación Lava Jato puede definirse a partir de mañana cuando el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, resuelva si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales.

El juicio, que podría prolongarse durante más de una sesión, es de extrema complejidad jurídica y hasta política, pues puede suponer la libertad de hasta 190,000 de las 800,00 personas que forman la población carcelaria de Brasil, incluyendo una decena de empresarios y políticos condenados por la operación Lava Jato contra la corrupción, que para muchos de los brasileños permitió castigar por primera vez a los poderosos.

La expectativa de la prensa es que por 6 a 5 la Corte elimine el artilugio legal creado en 2016 por el propio tribunal al calor de la popularidad del entonces juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, de que la detención era obligatoria tras una condena en segunda instancia, sin pasar por todo el proceso en todos los niveles. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, convocó para mañana a debatir la crucial cuestión, que está detenida desde el año pasado y provoca tensión en el debate político, sobre todo por parte de los bolsonaristas.

El autodenominado filósofo Olavo de Carvalho, gurú de la extrema derecha brasileña y de la familia Bolsonaro, declaró sobre el juzgamiento: "Sólo una cosa puede salvar al Brasil, la unión indisoluble entre pueblo, presidente y Fuerzas Armadas". El empresario Allan dos Santos, amigo de la familia presidencial y creador de un blog ultraderechista referencia mediática del gobierno llamado Terça Livre, sostuvo que el establishment y el pueblo no permitirán "una soltura en masa".

La constitución brasileña sostiene que nadie puede ser detenido -salvo que signifique un peligro social o acusado de asesinatos o violaciones- sin que haya sido juzgado por todas las instancias. En 2016, la Corte aceptó un pedido de la Operación Lava Jato para que se detengan a los condenados con fallo de cámara, lo cual continúa en vigor y permitió la detención del líder del Partido de los Trabajadores (PT) el 7 de abril de 2018 tras haber sido condenado por Moro.

Lula, su ex jefe de gabinete José Dirceu, el ex director de Petrobras Renato Duque y otros 5.000 detenidos, una veintena de Lava Jato, pueden beneficiarse con el fallo de la corte. El caso del ex presidente es el que llama la atención en la esfera política, ya que su encarcelamiento lo quitó de la lista electoral vencida por Bolsonaro en octubre pero toda la credibilidad de Lava Jato quedó afectada a raíz de que se revelaron las conversaciones de Moro y los fiscales conspirando contra el PT.

Durante tres meses, el sitio The Intercept Brasil reveló junto con grandes medios asociados a su investigación la trama secreta de Lava Jato, sobre todo a partir del chat del app Telegram del fiscal federal Deltan Dallagnol. Lula, condenado a 8 años y 10 meses de prisión, puede salir actualmente porque ha cumplido un sexto de la pena pero rechazó el beneficio ya que espera ser absuelto por las altas cortes.

Esto está en juzgamiento en el Supremo Tribunal Federal, que tiene 'dormido' un habeas corpus de Lula buscando que se declare parcial a Moro, convertido en uno de los principales dirigentes de la llamada nueva derecha y que disputa con su jefe Bolsonaro las intenciones de voto para las presidenciales de 2022. 

Es clave en el Supremo Tribunal Federal la posición de la jueza Rosa Weber, quien el año pasado rechazó en un 6-5 contra Lula un habeas corpus, horas después de que el jefe del Ejército de entonces, general Eduardo Villas Boas, amenazara por Twitter con una intervención militar. Hoy Villas Boas es asesor personal en el gobierno del presidente Bolsonaro y su nombre es vivado por los bolsonaristas que se programaron para protestar contra el STF y pedir el juicio político de sus miembros en caso de que la Operación Lava Jato sea deshilachada.

La Operación Lava Jato específicamente recibió un duro revés de la Corte el mes pasado, tras la anulación de dos sentencias dadas por Moro por error de procedimiento al negarle a la defensa acceso a las delaciones premiadas que fueron claves para dictar condenas. Todo el sistema de Lava Jato está bajo revisión en la Corte, lo cual genera amplias tensiones entre los llamados 'bolsonaristas-lavajatistas". El espacio oficialista vive una división en el gobernante Partido Social Liberal por la investigación contra sus dirigentes, enfrentados con el presidente.

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Miércoles, 15 Agosto 2018 07:54

Quiero democracia, no impunidad

Quiero democracia, no impunidad

Hace dieciséis años, Brasil estaba en crisis; su futuro era incierto. Nuestro sueño de convertirnos en uno de los países más democráticos y prósperos del mundo parecía peligrar. La idea de que algún día nuestros ciudadanos pudieran disfrutar los estándares de vida holgados de nuestros pares en Europa o en otras democracias de Occidente parecía esfumarse. Menos de dos décadas después de que terminó la dictadura, algunas heridas de ese periodo seguían abiertas.

 El Partido de los Trabajadores ofreció esperanza, una alternativa que podía cambiar esas tendencias. Me parece que, sobre todo, por esta razón triunfamos en las urnas en 2002. Me convertí en el primer líder sindical en ser elegido presidente de Brasil. Al principio, los mercados se inquietaron por este acontecimiento, pero el crecimiento económico los tranquilizó. En los años posteriores, los gobiernos del Partido de los Trabajadores que encabecé redujeron la pobreza a más de la mitad en tan solo ocho años. En mis dos periodos presidenciales, el salario mínimo aumentó el 50 por ciento. Nuestro programa Bolsa Família, el cual ayudaba a familias pobres al mismo tiempo que garantizaba educación de calidad para los niños, fue reconocido internacionalmente. Demostramos que combatir la pobreza era una buena política económica.

Después, este progreso fue interrumpido. No por medio de las urnas, a pesar de que Brasil tiene elecciones libres y justas, sino porque la expresidenta Dilma Rousseff fue víctima de un juicio político y la destituyeron del cargo por una acción que incluso sus oponentes admitieron que no era una ofensa que ameritara este tipo de procedimiento. Muy pronto, yo también terminé en la cárcel, después de un juicio sospechoso por cargos de corrupción y lavado de dinero.

Mi encarcelamiento es la fase más reciente de un golpe de Estado en cámara lenta diseñado para marginar de forma permanente las fuerzas progresistas de Brasil. Tiene como objetivo evitar que el Partido de los Trabajadores vuelva a ser elegido para ocupar la presidencia. Debido a que todas las encuestas muestran que ganaría con facilidad las elecciones de octubre, la extrema derecha de Brasil busca dejarme fuera de la contienda electoral. Mi condena y encarcelamiento se sustentan solamente en la declaración de un testigo cuya propia sentencia fue reducida a cambio de que testificara en mi contra. En otras palabras: el testigo tenía un beneficio personal en decir lo que las autoridades querían oír.

Las fuerzas de la derecha que han usurpado el poder en Brasil no han perdido el tiempo para implementar su agenda política. El gobierno profundamente impopular del presidente Michel Temer ha aprobado una enmienda constitucional que pone un límite de veinte años al gasto público y ha promulgado varios cambios a las leyes laborales que facilitarán la subcontratación, debilitarán los derechos de negociación de los trabajadores e incluso su derecho a un día laboral de ocho horas. El gobierno de Temer también ha intentado recortar las pensiones.

Los conservadores de Brasil se han esforzado mucho por socavar el progreso logrado por los gobiernos del Partido de los Trabajadores y están determinados a evitar que ocupemos la presidencia de nueva cuenta en el futuro cercano. Su aliado en esta maniobra es el juez Sérgio Moro y su equipo de procuradores, quienes han recurrido a grabar y filtrar conversaciones telefónicas privadas que tuve con mi familia y mi abogado, entre ellas una conversación que se grabó de forma ilegal. Crearon un espectáculo mediático cuando me arrestaron y me hicieron desfilar ante las cámaras acusado de ser la “mente maestra” detrás de un enorme esquema de corrupción. Rara vez se cuentan estos detalles vergonzosos en los principales medios informativos.

El juez Moro ha sido idolatrado por los medios de la derecha brasileña. Se ha vuelto intocable. Sin embargo, el verdadero problema no es Moro, sino los que lo han encumbrado a un estatus de intocable: las élites neoliberales de derecha que siempre se han opuesto a nuestra lucha por una mayor igualdad y justicia social en Brasil.

No creo que la mayoría de los brasileños apruebe esta agenda elitista. Por esta razón, aunque me encuentro en prisión, me postulo a la presidencia y, por el mismo motivo, las encuestas muestran que, si las elecciones se llevaran a cabo hoy, sería el ganador. Millones de brasileños comprenden que mi encarcelamiento no tiene nada que ver con la corrupción y entienden que estoy donde estoy solo por razones políticas.

No me preocupa mi situación. He estado preso antes, durante la dictadura militar de Brasil, nada más porque defendí los derechos de los trabajadores. Esa dictadura cayó. La gente que abusa de su poder en la actualidad también caerá.

No pido estar por encima de la ley, sino un juicio que debe ser justo e imparcial. Las fuerzas de la derecha me condenaron, me encarcelaron, ignoraron la evidencia abrumadora de mi inocencia y me negaron el habeas corpus solo para impedir que me postulara a la presidencia. Pido respeto por la democracia. Si me quieren derrotar de verdad, háganlo en las elecciones. De acuerdo con la Constitución brasileña, el poder viene de la gente, la responsable de elegir a sus representantes. Así que dejen que el pueblo brasileño decida. Tengo fe en que la justicia prevalecerá, pero el tiempo se le acaba a la democracia.

Por Luiz Inácio Lula da Silva
The New York Times 

Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, escribió este artículo de opinión desde la cárcel, en Curitiba (Brasil). La versión en castellano de este artículo se encuentra en la misma cabecera del The New York Times sin mención de autoría, donde también se encuentra la versión en inglés y en portugués.

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Sábado, 27 Enero 2018 06:32

Estamos jodidos

Estamos jodidos

 

Lula condenado en segunda instancia.

 

Las chances de ser votado en las próximas elecciones presidenciales se redujeron al confirmarse su sentencia, pero el ex presidente sigue siendo el único candidato del PT. Aunque el partido gane las elecciones en octubre, es probable que busque alianzas con la derecha para gobernar. Brecha conversó con la politóloga Esther Solano, de la Universidad Federal de San Pablo, sobre las perspectivas políticas de Lula y el PT, y las de la izquierda en Brasil.

No fue sorpresivo, pero sin dudas sí impactante: la ratificación por el Tribunal Federal 4 de Porto Alegre de la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero impuesta al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por el juez Sergio Moro, para peor aumentándola (de 9,5 a 12 años y un mes de prisión) y por unanimidad, pegó duro en el panorama político brasileño. Fundamentalmente en ese 35 por ciento de ciudadanos que estaban dispuestos a llevar por tercera vez al antiguo tornero mecánico a la presidencia en octubre de este año. “Vamos a volver”, dijo Lula a la multitud reunida en San Pablo para consolarlo y ovacionarlo después del fallo. “Y sin dudas vamos a ganar”, agregó, luego de asegurar que la decisión del tribunal era “una venganza de las elites”. “No exhibieron ninguna prueba para condenarme”, pero “ellos”, dijo una y otra vez aludiendo, más que a los jueces, a esas elites que los habrían comprado, “no soportaban más la ayuda a los pobres del país, no era posible un país así, con un modelo que vivía ayudando al pueblo trabajador. (...) Ellos nunca toleraron la unidad del Mercosur, nuestra visita a 39 países africanos, la unidad con los países latinoamericanos. (...) Ellos no admiten que un metalúrgico sin diploma haya pasado a la historia como el presidente que más universidades construyó. (...) Queremos poner al hijo de la empleada doméstica en el mismo lugar que al hijo de la patrona, y eso no van a poder condenarlo en la justicia”.

En el Partido de los Trabajadores –fundado por Lula décadas atrás como una formación de izquierda que vista con los ojos de hoy podría hasta ser tachada de “radical”, y transformado bajo las gestiones del propio Lula y de su sucesora Dilma Rousseff en una maquinaria electoralista que muy poco o nada afectó los intereses de las elites– nadie está dispuesto a bajarle el pulgar al político más popular del país. El PT no tiene plan B, ni C ni D. Sólo plan L: plan Lula, dijo la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann. “La justicia civil no puede arrebatarle al pueblo la figura que más quiere”, agregó la joven dirigente del PT, y confirmó que el 15 de agosto Lula será inscrito como candidato ante las instancias electorales. “Son las únicas que, llegado el caso, podrían invalidar su postulación”, afirmó.


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Lula cuenta con dos instancias judiciales más para poder revertir el fallo, y luego con la posibilidad de apelarlo ante las autoridades electorales.

—Pero tiene todo en contra: es muy difícil que los tribunales superiores anulen un fallo de este tipo, más aun cuando fue decidido por el voto unánime de los jurados, y es muy probable que la justicia electoral también lo ratifique, porque la legislación brasileña invalida las postulaciones de los condenados en segunda instancia y porque también es verdad que la justicia brasileña está politizada y a Lula se la tienen jurada –dijo a Brecha la investigadora española residente en Brasil Esther Solano, doctora en ciencias sociales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de relaciones internacionales en la Universidad Federal de San Pablo–. La idea del PT es de todas maneras ganar tiempo y aprovechar al máximo a Lula para que haga campaña, recorra el país y que pueda, en caso en que se invalide su candidatura en agosto o setiembre, transferirle su enorme popularidad a algún otro dirigente del partido.

—¿Esa estrategia no sería contraproducente para el propio PT? ¿Cómo haría para lograr que un candidato alternativo “prenda” en la gente en apenas unas semanas de campaña?


—El problema es que no cuenta con nadie con una popularidad ni siquiera cercana a la de Lula. La popularidad de Lula es infinitamente mayor que la de su partido, que ha ido perdiendo peso en todos lados, sobre todo en sus bastiones tradicionales de las periferias urbanas. Además, quienes aparecen con más posibilidades de convertirse en candidatos del partido están también involucrados en investigaciones por corrupción en el marco de la operación Lava Jato. Y hay otro factor: si hoy el PT designara a alguien en vez de Lula, ese alguien sería objeto de una campaña demoledora de parte de los grandes medios de comunicación, que en el clima de polarización que reina en Brasil se han alineado claramente en contra del petismo. También por ese lado al PT le conviene retrasar la nominación de otro candidato: para protegerlo lo más posible.

Solano piensa que la afirmación del actual presidente Michel Temer –que en el plano de la popularidad se encuentra en las antípodas de Lula: es uno de los políticos con menor nivel de aprobación, apenas 4 por ciento–, de que él preferiría “derrotar a Lula políticamente” y no en los tribunales, es una de las tantas incoherencias de los promotores de la operación Lava Jato. No han marchado a la cárcel políticos contra los cuales sí hay pruebas fehacientes de corrupción, y Lula, desde la presidencia, es probable que perdonara a muchos, señala la investigadora. Además hay una paradoja: las elites quieren desembarazarse de Lula, pero nunca como en los períodos de gestión del PT esas mismas elites estuvieron tan bien. La universitaria española está lejos de ser la única en pensar eso. Es más, ese es un dato de la realidad reconocido sin problemas por dirigentes del Partido de los Trabajadores: bajo las administraciones de Da Silva y Rousseff, si bien los pobres más pobres aumentaron sus ingresos y muchos de ellos salieron de la extrema miseria a golpe de bombazos asistencialistas, los ricos más ricos no fueron molestados. El PT, incluso, gobernó con ellos y los favoreció, al punto de que grandes empresas brasileñas trasnacionalizadas, como Jbs, Odebrecht, Oas, deberían estarle agradecidas. “El PT no sólo gestionó el país en contubernio con los más ricos, también incorporó sus prácticas y se olvidó de defender los verdaderos intereses de los más pobres y de los trabajadores”, aseguró hace un tiempo el veterano activista Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre. Solano lo dice con otras palabras: “El gobierno de Michel Temer acentuó el poder de los empresarios con leyes como la reforma laboral, las tercerizaciones y la que pretende aprobar de reforma de la seguridad social, y con una serie de políticas regresivas, pero las elites ya tenían capturada la economía y la política brasileñas. El PT no tocó la estructura de la propiedad agraria, no hizo reforma alguna del sistema político, ni siquiera rozó el poder desmedido de los grandes medios de comunicación. Se propone hacerlo ahora, después de que el grupo O Globo lanzara la campaña en su contra, pero ese grupo recibió muchísimo dinero bajo los gobiernos de Lula. De la misma manera que las grandes empresas, O Globo se le dio vuelta”. Lula nunca fue uno de los suyos, y además dejó de serles funcional.


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Solano piensa que así como a la centroderecha y a la derecha no les conviene desde el punto de vista electoral una candidatura de Lula porque con su carisma el antiguo dirigente sindical metalúrgico arrasaría a quien será probablemente su potrillo –el gobernador de San Pablo Gerardo Alckim, del Psdb del ex presidente Fernando Henrique Cardoso–, el ultraderechista Jair Bolsonaro no vería con tan malos ojos una postulación del ex presidente. Bolsonaro está hoy segundo en los sondeos, con 17 por ciento de las intenciones de voto, lejos de Lula, pero apunta a crecer chupando votos en sectores que fueran, más que del PT, de su líder. Ex votantes de Lula que se acercaron al ex presidente no por sus planteos ideológicos sino por su personalidad, por el hecho de percibirlo como salido de sus propias raíces populares, hoy se inclinan por Bolsonaro. “Su prédica es muy simple: se presenta como el único dirigente político ajeno a las tramas de corrupción y como el único capaz de combatir la inseguridad en un país con 60 mil homicidios anuales. Mano dura contra la delincuencia, mano dura contra la corrupción, y mano dura contra los rojos, esa es su receta, e identifica al lulismo como el artífice de esas tres ‘plagas’.” Con Lula fuera de juego su camino se le allanaría, sin duda, pero con Lula adentro el ex policía, famoso por sus dichos racistas, sexistas, homófobos y su defensa de la dictadura, plantearía un cuerpo a cuerpo que podría favorecerlo. “Tiene también mucho carisma y está creciendo en las periferias, entre los jóvenes y también en grandes ciudades como San Pablo, en todas esas franjas donde ha calado hondo la narrativa de que el PT es el partido más corrupto de Brasil. Si llega a la presidencia, seguramente gobernará también con las elites y los sectores más rancios, además de darles mucho poder a los militares, pero los políticos tradicionales le temen tanto como le teme el lulismo.”


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Solano define a Bolsonaro como “una versión empeorada de Donald Trump”. El brasileño tiene al estadounidense como su referente ideológico, y ambos son parte de esa nueva derecha occidental pop, blanca, heterosexual, machista, desenfadada, que se anima a decir cualquier cosa de cualquiera, se siente acosada por las minorías de todo pelaje, reivindica la pena de muerte y se mueve sobre todo en las redes sociales. Bolsonaro llega más a los jóvenes (su electorado es en 60 por ciento menor de 30 años) que Trump, y el magnate estadounidense maneja mucho más dinero que el ex policía militar paulista.

En las calles brasileñas esa nueva derecha la integrarían también algunas iglesias evangélicas o movimientos como Brasil Libre, que son particularmente agresivos y gritan su odio al rojo, al negro, al gay, a los inmigrantes, a las mujeres.


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El giro a la izquierda, o en todo caso la apelación al voto de izquierda que es probable que el PT y su hasta ahora candidato hagan en los próximos meses de cara a la elección de octubre, no pasará de un discurso, prevé Solano. No tendrá sustancia, y no sólo porque en Brasil hoy no se están discutiendo programas ni hay debate ideológico alguno. El PT está capturado por Lula, y si bien Lula es su único apoyo para crecer, también es su límite. Lula no ha permitido la emergencia de nuevos líderes, y además ha marcado al partido con su impronta, y ésta no es de izquierda: la abandonó hace mucho tiempo y no la retomará. La prédica del PT, si así se le puede llamar, gira en torno a la figura de su líder carismático y a la persecución política de que sería objeto. No más que eso.

Por otro lado, en el hipotético y muy lejano caso de que volviera a gobernar, la tendría muy difícil porque aquel ciclo económico del cual se benefició una década atrás, cuando los precios de los commodities crecían y el dinero que ingresaba a las arcas del Estado permitía solventar los programas sociales de las administraciones del PT, ya no está, y Temer ha privatizado empresas que daban recursos al Estado y aprobado una legislación regresiva.

—¿Con quién gobernaría el PT hoy, qué arco de alianzas defendería?

—La gran duda es cómo el PT podría recuperar aquel gran voto popular que perdió. En las concentraciones de apoyo a Lula que han tenido lugar en estos días en varias ciudades, incluso las más grandes, estaban los sindicatos, algunos movimientos sociales tradicionales, como el Mst, pero no aquella masa no organizada que constituyó su base. Esa estaba ausente.

Por otro lado, los grandes movimientos sociales de hoy, como el de las mujeres, que ha tomado mucha fuerza, el de los jóvenes de la enseñanza secundaria, que ha protagonizado una ola de ocupaciones de liceos, o el de los negros, no tienen vasos comunicantes con los partidos políticos. Con el PT se miran de reojo. Los jóvenes se politizaron, además, en la época del PT de Dilma, cuando se aplicaron reformas muy conservadoras, incluso de derecha, que Lula por supuesto avaló. A esos adolescentes es imposible que les propongas una interlocución con el PT, no lo consideran siquiera un partido de izquierda. Reconstruir ese canal parece muy complicado.

Y está el tema de las alianzas de clase. En sus giras, sobre todo por el nordeste, Lula ha buscado aproximarse a los viejos líderes locales del Pmdb, ese partido que ha operado para ser la llave de todos los gobiernos, del signo que sean, apunta Solano. Hay dos Pmdb: el de Michel Temer, que evidentemente está muy alejado del lulismo, y el de Renán Calheiros, el presidente del Senado, ligado a las oligarquías del nordeste. Ese sector ya ha dicho que estaría dispuesto a gobernar con Lula, pero hay que imaginarse qué puede dar eso, cuando gran parte de las bases sociales del PT, y de su propio líder, han sido los trabajadores del nordeste, opuestos a esas oligarquías, que los combaten y los asesinan.

—Una razón más para considerar que no habría ni la más mínima esperanza de un giro a la izquierda en caso de un hipotético quinto gobierno del PT o tercero de Lula.

—Sí, claro. También hay que tener en cuenta que es muy difícil gobernar en Brasil con la estructura de partidos y parlamentaria que tiene. A la próxima elección se van a presentar 34 partidos, algunos de ellos casi inexistentes. Nadie puede gobernar solo, pero para el PT está planteado el problema de su reestructuración, y para la izquierda el de su refundación.


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Tras el fallo, Krischke comentó a la página web de la Rel-Uita que le extrañó la distancia que había entre las bases del PT que se trasladaron a Porto Alegre a respaldar al ex presidente y la dirigencia del partido. “Al salir de la corte, los abogados defensores eran buscados por la prensa y brindaron una conferencia en el Hotel Sheraton, donde se alojaban junto a Lula y los principales líderes del PT. Para mi asombro veo que en la sala dispuesta para las declaraciones a los medios aparecía el cartel del bufete de abogados. Mientras tanto los militantes se alojaron en carpas en la zona cercana a la Corte. Una imagen muy alegórica de la gran distancia entre cúpula y bases que creo que explica la efervescencia de las movilizaciones en Brasil”, observó.

Si hay un “pecado”, una falta mayor, del Partido de los Trabajadores, es no haber sabido, querido o podido construir una hegemonía cultural alternativa en Brasil, piensan tanto Esther Solano como Jair Krischke. “Después de la crítica a su política de conciliación, esa es la segunda crítica principal que se le hace habitualmente a Lula”, afirma la investigadora hispana. “Para Lula, construir ciudadanía entre los más pobres equivalía a aumentar su capacidad de consumo, permitirles acceder a mayor cantidad de bienes. Fue lo que sucedió, pero no hubo una construcción ‘cultural’ distinta. La hegemonía cultural, de hecho, está hoy más que nunca en manos de la derecha. La calle es de la derecha, que ha impuesto además un discurso clasista, de odio, de marginalización, como nunca antes. En resumen, estamos jodidos.”

 


 


Planes B

 


Marcelo Aguilar desde San Pablo


La vía judicial parece agotarse para el ex presidente brasileño, favorito en las encuestas para las elecciones de octubre. Y a pesar de eso, ayer, un día después del fallo que reafirmó su condena, el Partido de los Trabajadores (PT) ratificó la candidatura de Lula en una reunión ampliada de la Comisión Ejecutiva Nacional. “Lula es nuestro candidato a las elecciones de 2018”, aseguró entonces Gleisi Hoffmann, presidenta del partido, y sometió simbólicamente a votación la decisión, en medio de aplausos y todos los puños en alto.

En una nota emitida luego de la sentencia, el PT denuncia que el resultado del juicio “con votos claramente alineados de los tres jueces” configura una “farsa judicial” que “confirma el vínculo político-partidario de sectores del sistema judicial, orquestado por la Red Globo con el objetivo de sacar a Lula del proceso electoral”.

Los medios de comunicación ya especulan sobre los posibles candidatos del PT, en caso de que definitivamente Lula no pueda participar de las elecciones. Fernando Haddad, el ex gobernador de la ciudad de San Pablo y coordinador general del programa de gobierno del PT, es una de las opciones que se mencionan. Sin embargo, a pesar de ser el candidato preferido de Lula, la derrota en las últimas elecciones municipales frente a João Doria (el Macri paulista) despierta cierta preocupación dentro del partido. Otra opción manejada entre bastidores es la de Jaques Wagner. El gobernador de Bahía de 2007 a 2014 también fue ministro de Trabajo, Defensa y de la Casa Civil y tiene más experiencia en la gestión federal y apoyo en la región nordeste.

Pero, claro, con el capital político que tiene Lula, y la exaltación de su figura por el PT como la única opción a candidato, se hará difícil sustituirlo. Según dijo Hoffmann en la reunión “ellos (los grandes medios) quieren implantar esa discusión del plan B dentro del partido para debilitarnos, para restarnos fuerza y sacarle al pueblo brasileño la expectativa de tener un candidato que gobierne para ellos”. “La elección sin Lula no existe”, insistió luego. Sin embargo, durante la misma reunión, Lula dijo que el partido tiene otros candidatos, pero “esta candidatura (la suya) sólo tiene sentido si ustedes son capaces de respaldarla incluso aunque ocurra algo indeseable” (por ejemplo que Lula termine en la cárcel), porque “todavía los que me juzgaron están con la lapicera con tinta y van a intentar impedir que continúe circulando por el país”.

Las principales organizaciones sociales, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Mst), el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (Mtst) y el Movimiento de los Afectados por Represas (Mab), así como la mayoría de las centrales sindicales de izquierda –como la Central Única de los Trabajadores (Cut)–, apoyan en pleno la candidatura de Lula. Realizaron manifestaciones en todo el país, y entienden la condena como una nueva etapa del golpe iniciado con la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff en 2016. João Pedro Stédile, del Mst, dijo durante los actos de Porto Alegre que “Lula dejó de ser el candidato del PT, porque quien decidió que Lula va a ser candidato es el pueblo”.

La votación de la reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados, principal preocupación en estos días del presidente Michel Temer y una de las más polémicas de su gestión, está planificada para el 19 de febrero. Esta fecha será clave para medir la correlación de fuerzas y la movilización en la calle.

 

 

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“Dudo de que quienes me juzgaron tengan la conciencia tranquila (...) el fallo fue una decisión política”, dijo Lula.

 

El ex mandatario de Brasil reacciona a la sentencia; un juez le prohíbe la salida al exterior

“Sin ninguna arrogancia les digo que quiero ser candidato para ganar las elecciones, nada de bajar la cabeza”, dijo el líder del PT un día después de que el tribunal de Porto Alegre complicara sus chances de ser reelecto.

 

Desde Brasilia

No a la proscripción. Luiz Inácio Lula da Silva desafió al Poder Judicial ayer cuando encabezó una reunión del Partido de los Trabajadores (PT) en la que fue anunciada su candidatura presidencial. Paralelamente, y en el marco de esta guerra sin cuartel, un magistrado prohibió al líder petista que viaje al exterior.

“Sin ninguna arrogancia les digo que quiero ser candidato para ganar las elecciones, nada de bajar la cabeza”, lanzó el ex mandatario.

La reunión de la dirección petista ocurrió un día después de que el Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4) de Porto Alegre lo condenó a doce años y un mes de prisión en la causa Lava Jato, cuyo mentor es el juez de primera instancia Sergio Moro.

Las críticas a la sentencia “sin pruebas” contra Lula, acusado de recibir un departamento como parte de un soborno de la constructora OAS, fue uno de los temas predominantes durante la reunión petista. Otro asunto tratado fue el intento de “proscribir” a Lula mediante artificios legales.

A través de la ratificación de su candidatura en los comicios de octubre el partido demostró su determinación de no abdicar a pesar de la severa sentencia del TRF-4 que puede poner en riesgo esa postulación.

También se resolvió descartar la nominación de un eventual candidato sustituto en caso de que el ex mandatario sea impedido de presentarse a raíz de la condena del miércoles en Porto Alegre.

Luego de concluida la sesión del TRF-4 portoalegrense se inició una nueva batalla jurídica y política en la que los abogados de Lula comenzaron a elaborar las apelaciones.

La condena, que respaldó en un todo al fallo inicial de Sergio Moro, fue aprobada por los tres camaristas de ese tribunal sureño. Si hubiera sido votada por dos magistrados y rechazada por uno esto habría permitido que la defensa tuviera más espacio para presentar sus cuestionamientos.

A Lula le resultó sospechoso ese voto idéntico de los tres magistrados y así lo expresó ante la plana mayor del PT y la ex presidenta Dilma Rousseff reunidos en una sede de la Central Unica de los Trabajadores.

“Ellos formaron un cartel para dar una sentencia unánime” con el propósito de evitar que el fallo se preste a varias apelaciones.

“Dudo de que quienes me juzgaron tengan la conciencia tranquila (..) el fallo fue una decisión política”.

Aseguró estar listo para continuar peleando “hasta el final” con el propósito de demostrar su inocencia en una proceso repleto de “mentiras” y carente de pruebas.

“Lula es solo la punta de lanza que ellos quieren sacar del juego” electoral.

El calor era asfixiante en la sede de la CUT: la presidenta petista Gleisy Hoffmann, sentada junto a Lula, se abanicaba con un papel.

Un ventilador fue colocado cerca de Dilma Rousseff que se ubicó próxima al senador Humberto Costa.

Cada tanto los militantes retomaban las consignas de “Brasil urgente, Lula presidente” y “Lula guerrero del pueblo brasileño”.

Con el rostro transpirado igual que parte de su camisa celeste el pre-candidato interrumpió su discurso para reclamar, en tono jocoso, que le acerquen “un vacito de agua para mojar el garguero”.

A todos se les notaba el cansancio acumulado en estos días cargados de reuniones y actos con buena concurrencia, cuyo pico estuvo en Porto Alegre con las cerca de 70 mil personas reunidas el martes bajo la consigna “Elección sin Lula es Fraude”.

Estos eventos demostraron una renovada capacidad de movilización del partido, la que no se vio con igual intensidad en vísperas del golpe contra Dilma Rousseff, depuesta en mayo de 2016.

Paulatinamente el progresismo y los movimientos populares comenzaron a recuperar su hegemonía en el espacio público, el cual les había sido arrebatado por las clases medias que marcharon exigiendo la caída de Dilma.

En las caravanas iniciadas a mediados del año pasado en el nordeste, siguidas por las realizadas en Minas Gerais y Río de Janeiro, Lula denunció los atropellos de que es víctima en los estrados.

A ello se refirió ayer cuando sostuvo que “nosotros logramos transmitir a la sociedad la cuestión política que está en juego” detrás de Lava Jato.

Pese a que el discurso a favor de la guerra judicial sea el que predomina “en el Jornal Nacional (telediario de Globo) ellos no lograron conquistar la conciencia” de la audiencia.

Aparentemente el diagnóstico de Lula es correcto porque su popularidad ha crecido de manera sostenida y no se vio afectada incluso en julio cuando el juez Moro lo condenó en primera instancia por la no demostrada coima de la constructora OAS.

Todas las encuestas de fines de 2017 lo situaron como favorito con cerca del 35 por ciento de intenciones de voto, aproximadamente el doble que su principal adversario, el ex capitán del Ejército y actual diputado Jair Bolsonaro

Es posible que luego de la condena del miércoles la aprobación del petista tenga un nuevo envión, pronosticó ayer el director de la encuestadora Datafolhla, Mauro Paulino.

Este no fue el primer experto en demoscopía en indicar como se ha recuperado la credibilidad de Lula luego de las primeras embestidas de Lava Jato, hace más de dos años, cuando ganaron notoriedad los jueces salvadores de la patria.

Aquel prestigio judicial comenzó a dar señales de un cierto desgaste a pesar de que sus decisiones son aplaudidas al unísono por los medios dominantes: más los elogian cuanto más implacables son con Lula.

El ultimo ejemplo de esa saga estuvo a cargo del juez Ricardo Soares Leite, de la Décima Sala Federal de Brasilia, que le prohibió viajar a Etiopía y exigió la entrega de su pasaporte a la Policía Federal, según publicó anoche el sitio de noticias UOL.

Al impedir que Lula viaje a una cumbre internacional sobre el combate al hambre se “violaron sus garantías fundamentales”, denunció su abogado defensor Cristiano Zanin Martins.

 

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"Honorables jueces, Slobodan Praljak no es un criminal de guerra y acepto su veredicto con absoluta repulsión, sostuvo ayer el ex general bosnio-croata, tras lo cual ingirió una sustancia venenosa en plena sesión del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.

 

La Haya.

Honorables jueces, Slobodan Praljak no es un criminal de guerra y acepto su veredicto con absoluta repulsión, afirmó este miércoles el ex general bosnio-croata, de 72 años, para de inmediato ingerir veneno, luego de escuchar su sentencia a 20 años de prisión por crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto que llevó a la desintegración de Yugoslavia (1992-1995).

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), instalado en La Haya, suspendió en ese momento la sesión. Los magistrados daban lectura a las condenas en contra de seis ex dirigentes y jefes militares bosnio-croatas, entre ellos Praljak.

Uno de los seis acusados (Praljak), murió en el hospital HMC. Bebió un líquido y enfermó rápidamente, confirmó Nenad Golcevski, vocero del TPIY, que no mencionó el nombre del suicida.

Praljak era custodiado por guardias del tribunal, por lo que no queda claro qué tipo de sustancia ingirió, cómo la adquirió e introdujo a la sala fuertemente vigilada. Su abogada, Natasa Favo Ivanovic, aseguró que ingirió veneno, pero no dio más detalles.

Carmel Agius, presidente de esta corte, corroboró que la policía holandesa abrió una investigación por este hecho y parte de las instalaciones del tribunal quedarán resguardadas. La audiencia se reanudó más tarde y los cinco croatas restantes escucharon la ratificación de sus sentencias de entre 10 a 25 años de cárcel.

Uno de los principales condenados es el ex dirigente de los croatas de Bosnia, Jadranko Prlic, quien recibió 25 años de prisión por el traslado de poblaciones musulmanas y por haber perpetrado asesinatos, violaciones y destrucción de propiedades para crear la gran Croacia.

Los veredictos de este miércoles eran los últimos del TPIY tras 24 años de trabajo en los que sentenció a los principales responsables por los crímenes perpetrados durante la guerra de Bosnia-Herzegovina, que causó más de 100 mil muertos y dejó 2.2 millones de desplazados. Una semana antes se había dictado cadena perpetua al ex militar serbio-bosnio Ratko Mladic por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

 

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Antes de ingresar al juzgado, Lula se detuvo a saludar a sus seguidores que habían llegado de todo el país.

 

La sesión duró cinco horas y diez minutos. El ex presidente se mantuvo firme y en más de una ocasión confrontó de manera contundente las preguntas del mediático magistrado. Al comienzo del interrogatorio, Moro se mostró inseguro.

 

Desde Río de Janeiro

 

Por primera vez Lula da Silva y el juez de primera instancia Sergio Moro, cuya obsesión con detener al ex presidente es cada vez más intensa, estuvieron frente a frente. La sesión duró cinco horas y diez minutos, más que el doble de lo que suelen tardar interrogatorios semejantes.

Se trata de un juicio en que el ex presidente está acusado de haber recibido un departamento de tres pisos, un ‘tríplex’, en un balneario popular a unos 60 kilómetros de San Pablo. Lula dice que efectivamente su fallecida esposa, María Leticia, había comprado un departamento ‘en la planta’, o sea, antes de empezar la construcción. Pero que una vez terminado el edificio, de- sistió del negocio. Curiosamente, la constructora OAS, que se encuentra en proceso de quiebra o “recuperación judicial”, incluyó el mismo departamento entre las garantías ofrecidas a los acreedores, dejando claro que es de su propiedad.

Del tiempo total del interrogatorio, Lula contestó preguntas de Moro a lo largo de poco más de tres horas. El ex presidente se mantuvo firme y en más de una ocasión confrontó de manera contundente a las preguntas del mediático magistrado. También el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, lo confrontó varias veces, en especial cuando Moro intentó mezclar otros procesos a que Lula responde en la condición de imputado.

Sergio Moro se mostró un tanto inseguro al principio del interrogatorio, en contraste con un Lula firme e incisivo. “Me gustaría asegurarle que usted será tratado con todo el respeto”, dijo Moro, para agregar, poco después, que Lula podía quedarse tranquilo porque no sería detenido. “Estoy tranquilo, y quiero aclarar que no habrá preguntas difíciles para mí, porque cuando alguien quiere decir la verdad no existe ese tipo de pregunta.”

El juez tenía en manos una larguísima lista de preguntas, que siguió sin desviarse. Muchas de las preguntas eran repetitivas, y Lula dejó claro en sus respuestas que ya había contestado. La insistencia de Moro en repisar mismas cuestiones no llegó a irritar al ex presidente, que se mantuvo incisivo en afirmar que estaba respondiendo a una acusación “que es una farsa”, y que se presentó por respeto a la ley. Criticó duramente los procedimientos de los jóvenes fiscales, comandados por un evangélico de aires mesiánicos, y dijo que el Ministerio Público actúa “obedeciendo a lo que quiere la TV Globo, la revista Época, la revista Veja, el diario O Globo”.

Frente al exceso del juez en insistir con preguntas que giraban alrededor de un mismo tema, y a su insistencia en incluir temas extraños a la causa, Lula en reiteradas ocasiones dijo que estaba listo para contestar lo que se refiriese a la causa específica. Moro, en un intento de presionarlo, reiteró en todas las ocasiones que Lula tenía “el derecho de permanecer en silencio”.

Causó sorpresa a juristas y abogados el número de preguntas del juez relacionadas al Partido de los Trabajadores (PT), partido de Lula, que no tenían nada que ver con la acusación específica. El intento de expandir el juicio al o a los subordinados de Lula cuando era presidente provocó una respuesta directa: “Doctor, el juicio político proviene de las urnas electorales. Y ya fui juzgado, ganando la reelección y la elección de Dilma Rousseff y su reelección”.

En varios momentos hubo duros altercados entre los abogados de defensa y el juez Moro. A cierta altura, el magistrado dijo que la insistencia de los abogados en rechazar preguntas se estaba haciendo “monótona”, y oyó como respuesta que “monótonas son las preguntas de Vuestra Excelencia”.

En otra altura, Lula le dijo al juez: “Yo sé que usted es muy joven, y los jóvenes no suelen tener la paciencia de los más viejos. Presenten pruebas, basta de ‘oí decir’, me condenan por anticipado’”.

Mencionando la “conducta coercitiva”, en que incurrió Moro cuando llevó a Lula a declarar frente a un comisario de la Policía Federal en una medida que da clara idea de la actuación absolutamente abusiva del juez –la ley determina que solamente se puede emplear tal método cuando alguien se niega a responder a una intimación judicial–, Lula ha sido extremamente duro con el magistrado. “Ya que usted me pregunta sobre ese interrogatorio, ordene a la Policía Federal que devuelva el Ipad de mi nieto de cinco años. ¡Es una vergüenza lo que hacen!”, disparó el ex presidente.

También mencionó, frente a la insistencia con que el juez mencionaba a su fallecida esposa, que le resultaba muy difícil escuchar esas afirmaciones. “Una de las causas de su muerte ha sido la presión que sufrimos. Por eso, me gustaría que usted no la mencionase”, dijo Lula.

En algunas ocasiones, Moro insinuó que doña Marisa Leticia había sido “beneficiada por ser esposa del presidente”, lo que provocó dura reacción del ex presidente.

Mientras el juez trató Lula da Silva siempre de manera respetuosa, como “señor ex presidente”, el representante del Ministerio Público se dirigió a “señor Luiz Inacio”, lo que provocó una dura reacción del abogado de defensa. Sergio Moro indicó entonces que el fiscal debería dirigirse no al “señor Luiz Inacio”, sino de “ex presidente”. Frente a la primera pregunta, Lula pidió que el fiscal se identificase. Ese el tono con que los jóvenes fiscales que acusan a Lula suelen tratarlo, en su obsesión persecutoria. El joven y prepotente fiscal se llama Roberson Pozzobon.

El joven fiscal fue incisivo en sus preguntas –más bien insinuaciones– tratando de llevar a Lula da Silva a alguna contradicción. Le faltó, ¡y cuánto!, cancha política para eso. En determinado momento, el ex presidente fue durísimo con su joven acusador. “Permítame decirle algo. Ustedes están exigiendo de mí una objetividad que yo todavía no exigí de ustedes. Lo que exigiré, cuando yo pueda hablar, es que ustedes me presenten un documento que indique que el departamento es mío. Esa sería la prueba. Lo demás es puro palabrerío.”

Había sido un día extenuante. Lula salió de San Pablo en un avión privado alrededor de las nueve y media de la mañana, y aterrizó en Curitiba poco después de las diez. Llegó al tribunal faltando quince minutos para la hora determinada por el juez, dos de la tarde. Había alrededor de 1700 integrantes de la Policía Militar de la provincia de Paraná y de la Policía Federal. Toda la zona alrededor del tribunal fue aislada. Camino al tribunal, Lula pidió que el auto que lo conducía se detuviese. Bajó, saludó a la multitud, abrazó a algunos manifestantes, y siguió su camino.

Hubo, a lo largo de todo el día, dos concentraciones de manifestantes. Los que se decían ‘defensores de la Lava Jato’, en relación al operativo que investiga un escándalo de corrupción, apenas superaban el centenar. A tres kilómetros de distancia, obedeciendo a órdenes de las fuerzas de seguridad, estaban concentrados los defensores de Lula da Silva, que superaban la marca de los 30 mil.

A las ocho y pico de la noche, terminados los trámites del tribunal, hubo un acto público en una plaza de Curitiba. Lula habló para 50 mil personas. Dijo, entre otras cosas, que es víctima de “la mayor persecución jurídica de la historia de este país”.

Quien escuche las grabaciones de las cinco horas de preguntas y respuestas confirmará que Lula da Silva tiene razón.

 

 

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Daniel Feierstein

 

El sociólogo argentino, que ha investigado durante más de treinta años masacres y holocaustos en diferentes contextos históricos, dice que un genocidio no puede saldarse con impunidad ni reconciliación.

 

Cuando Daniel Feierstein comenzó a estudiar el genocidio, lo hizo por sus raíces judías. La experiencia del nazismo lo atravesó y tuvo que comenzar a hurgar debajo de las almas y de los muertos para entender. Para entenderse. Para descifrar esa palabra creada por el judío polaco Rafael Lemkin, que la había inventado después de su investigación acerca del exterminio de armenios, sirios y griegos de manos del Estado moderno turco, pero que fue aceptada a nivel social y penal después de que exterminaron a su pueblo, en 1946, luego del holocausto judío. Las Naciones Unidas usaron el concepto para definir que “el genocidio es la negación o la destrucción de un grupo social a través del terror”.

Después de que Feierstein se zambulló en esa historia al otro lado del océano, al frente de él estaba pasando algo similar. Comenzó a observar lo que ocurría en su país: una dictadura que desaparecía, hostigaba y torturaba a sus detractores y que de a pocos fue eliminando a cada uno de ellos. Después de eso Feierstein no volvió a ser el mismo. Trabajó con organismos de derechos humanos en la Argentina para pelear una batalla bestial: contra la impunidad. Reabrió el proceso de juzgamiento a los involucrados en los crímenes y logró que se aceptara que esas muertes, esas desapariciones, eran un genocidio. “Mi vida tenía que estar dedicada a eso”, sentenció el sociólogo, que viene por primera vez a Colombia para presentar en la Filbo su libro “El genocidio como práctica social” (Fondo de Cultura Económica, 2011).

 

¿Por qué es importante haber creado el concepto genocidio?

Es fundamental la creación de ese concepto y después transformarlo en figura legal porque habla de una práctica muy distinta a todas las otras prácticas que conocíamos en el código penal. Un genocidio no es un homicidio, no es una suma de homicidios, no es una serie de masacres o de horrores, es algo muy específico que es el intento de destruir la identidad de un pueblo. No existía ningún concepto para abordarlo ni ninguna herramienta legal para abordarlo. Necesitábamos conceptualizarlo para poder enfrentarlo, no sólo legalmente. Para poder enfrentar cualquier práctica necesitas entenderla y para entenderla necesitas nombrarla.

 

¿Cuál es la diferencia entre masacre y genocidio?

Masacre es un término muy amplio que da cuenta de cualquier proceso de muerte masiva. Las masacres pueden ser espontáneas, pueden ser el resultado de una confrontación específica en alguna guerra, pueden ser la represión puntual de algún hecho; eso, obviamente no les quita su horror. Pero, lo que no hay en una masacre es la intención de usar el terror para destruir la identidad: la masacre, podría decirse, es una reacción, mientras que el genocidio nunca es una reacción, el genocidio es una intención planificada. Un proyecto para transformar la identidad de un pueblo.

 

En el caso colombiano, ¿qué caso podría tomarse como un genocidio?

Yo creo que en Colombia hubo varios genocidios. Lo que pasa es que no todo el conflicto armado fue el genocidio. Me parece que ese es el tema más delicado de este país, donde hubo simultáneamente un conflicto armado y un genocidio. El conflicto armado y el genocidio son dos cosas distintas. La guerra tiene determinadas características y determinadas lógicas que tienen que ver con la confrontación de distintos sectores sociales, mientras que el genocidio es otro tipo de proyecto que se propone la destrucción de la identidad. Ha ocurrido en distintos casos históricos, como el nazismo, lo mismo que pasa en Colombia: la guerra y el genocidio coinciden, es decir, ocurren en el mismo período histórico. Lo importante a nivel político es poder distinguir un momento del otro. Porque una guerra requiere un proceso de paz y de reconciliación entre quienes libraron la guerra, pero un genocidio no puede saldarse con impunidad ni reconciliación. Me parece que es fundamental distinguir esos dos procesos. Colombia vivió distintos momentos de prácticas genocidas, los dos más fuertes fueron toda la política dirigida a los sectores rurales, y sobre todo comunidades indígenas y campesinas, por parte del aparato estatal y los paramilitares, y luego, el caso más tratado jurídicamente, el de la Unión Patriótica. Son dos procesos que dejan claro su contenido genocida y, si bien se encuentran articulados con la guerra, sus objetivos no son los objetivos de la guerra. El aniquilamiento de la Unión Patriótica se hace en el contexto de un proceso de paz, cuando uno de los bandos en conflicto decide incorporarse al espacio político y transformarse en un partido. Por lo tanto, hubo una fuerte convicción del Estado para impedir esa posibilidad y lo hizo a través del terror y la persecución sistemática de sus miembros. Lo mismo ocurrió con el intento de transformar la estructura productiva colombiana a partir del ataque a determinadas comunidades indígenas o comunidades campesinas. Creo que el gran desafío del caso colombiano es poder distinguir entre estas dos situaciones. Creo que requieren políticas distintas.

 

¿Cuál es la importancia de distinguir qué fue un genocidio y qué fue parte del conflicto armado?

Una sociedad no puede avanzar con la impunidad de genocidas. El tejido social no puede sanar si los responsables de prácticas genocidas no se hacen responsables de las consecuencias de sus acciones. Si no son atravesados por el aparato judicial, si no son sometidos a la ley, es imposible que esas conductas no se sigan repitiendo. Mientras, en el contexto del conflicto armado existe la posibilidad de evaluar distintos acuerdos dentro de un proceso de paz para poder, de alguna manera, reconstruir el lazo social en función de que no es la misma gravedad de los hechos ocurridos en una guerra que el diseño sistemático de un proyecto de exterminio. Me parece que esa es la importancia de poder entenderlo. Básicamente hay que diferenciarlos para saber cómo abordar estos dos tipos de conflicto.

 

¿Qué hacer cuando el Estado no reconoce un genocidio?

Yo creo que lo más común es que los estados no reconozcan su responsabilidad en procesos genocidas. Ahí está la enorme importancia del conjunto de la sociedad, de las organizaciones sociales, de los movimientos de los derechos humanos y, por supuesto, de la academia. Ellos deben intentar clarificar a la población, no sólo a los miembros del aparato estatal. Hay que aclarar lo ocurrido, tanto en una guerra como en un genocidio. El nivel de afectación de quienes sufren ese proceso es tan alto que lleva mucho tiempo poder percibir lo que ocurrió y poder ordenar dentro de la sociedad ese proceso. Sobre todo en un conflicto tan largo como el colombiano, en donde cada uno de sus factores ha tenido lógicas diferentes: desde la pelea por las tierras hasta el narcotráfico. La academia no puede ser abstracta: los conceptos sirven para actuar, así que en esos espacios se debe propender por la creación de esos conceptos. El sentido del conocimiento en cualquier disciplina es poder generar consecuencias en la acción, y creo que en ese sentido hay una responsabilidad enorme en las ciencias sociales. Es una responsabilidad de todos señalar cuál sería el camino más útil para la sociedad, más aún cuando el Estado va por donde no es.

 

En los últimos 14 meses han asesinado en el país a 120 líderes sociales, sobre todo de zonas rurales. ¿Podría decirse que es el inicio de un genocidio?

Ese trabajo de periodización que he realizado del genocidio en Colombia es muy difícil de distinguir, por la continuidad del conflicto. La pregunta sería: ¿es la etapa de un nuevo proceso genocida o es la continuidad de algo que ha concluido? Uno de los problemas actuales de este país es que no se ha detenido el paramilitarismo y esa debería ser la prioridad número uno en cualquier proceso de paz. Si se sigue garantizando la impunidad de quienes participaron en prácticas genocidas es muy difícil que se pueda detener la práctica genocida, por más que se detenga el conflicto. Porque son actores que se creen autorizados para continuar con esas prácticas. Lo bueno es que en Colombia sí ha habido procesos judiciales, en específico con el caso de la UP.

 

¿Los procesos genocidas tienen un “modus operandi”, comparten similitudes?

Por lo general, siempre hay una serie de cuestiones que se repiten en diferentes procesos genocidas. Una de ellas es el rol de las organizaciones paraestales. Esto es muy común y por lo general se encuentra en la etapa de hostigamiento. Pero los casos de Colombia y México, donde la relación del Estado y lo paraestatal nunca termina de quedar clara, son como una avanzada de una nueva modalidad de implementación del genocidio. En ambos países no hay un golpe militar que establezca un gobierno dictatorial, continúa la formalidad democrática y por eso la participación estatal es más mediada. En la mayoría de los procesos genocidas hay un momento de confusión donde operan las organizaciones paraestatales y luego, por lo general, el Estado asume la coordinación de ese proceso de exterminio. Acá, por el contrario, el aparato paraestatal nunca ha desaparecido y por eso el Estado se ha desentendido de unas prácticas que surgieron desde su propio riñón. Para que el Estado afronte sus nexos con el paramilitarismo va a tener que haber una revolución social.

 

¿Cuáles son los roles más importantes en los grupos que cometen genocidio?

En un genocidio hay distintos tipos de funciones. Lo más importante es poder desarmar al grueso de los que participan en un proceso genocida. Los principales no son los que lo diseñan, los que odian a aquella población que persiguen, sino los que obedecen. Todo un sistema montado sobre el sistema de la obediencia y de no hacerse responsable de las consecuencias de las acciones. Muchos de los genocidas no están contentos con lo que hacen, tienen problemas para asumirlo, pero lo resuelven desde la lógica de la obediencia. El elemento central para combatir la posibilidad de cualquier genocidio es poder construir en la población la idea de hacernos cargo de nuestros hechos y que en ese sentido tenemos la capacidad de oponernos a aquello que nos indigna. De resistirnos, de hacer lo que no queremos hacer. Lo que demuestra la historia de los procesos genocidas es que esto no necesariamente cuesta la vida. Hay mucha gente que se ha opuesto a procesos genocidas, a desempeñar tareas en esos procesos y se pierde el trabajo o hay un traslado —un tipo de castigo—. No es necesariamente algo que requiera un altísimo nivel de heroísmo, pero es algo que puede detener la maquinaria de la muerte.

 

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/cultura/hasta-que-el-estado-no-aclare-sus-nexos-con-el-paramilitarismo-el-genocidio-en-colombia-va-continuar-articulo-692264

 

 

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Jueves, 30 Marzo 2017 07:26

Temer contra las cuerdas

Temer sobrevive a fuerza de ceder al capital financiero y grupos extranjeros.

 

La Procuraduría Electoral sugirió al Tribunal Superior Electoral la separación del cargo del mandatario, cuyo juzgamiento fue convocado para la semana próxima. Se habla de financiamiento ilegal de su campaña.

 

Desde Brasilia

 

¿Temer cae? Opositores y aliados del gobierno se formulaban ayer esa pregunta en los corrillos del Congreso a poco de conocerse la noticia de que la Fiscalía recomendará la salida de Michel Temer por haber financiado ilegalmente su campaña, cuando era titular del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). La Procuraduría Electoral sugirió al Tribunal Superior Electoral la separación del cargo del mandatario, cuyo juzgamiento fue convocado para la semana próxima.

La fórmula integrada por Dilma Rousseff y Michel Temer, vencedora de los comicios de 2014, fue acusada de “abuso de poder político económico”, por lo cual la ex presidenta puede perder sus derechos políticos por ocho años y Temer ser apartado automáticamente, y reemplazado por el jefe de Diputados, Rodrigo Maia, según el escrito del subprocurador Nicolao Dino, publicado ayer por Estado de San Pablo, pese al secreto del sumario.

Alarmado ante el riesgo de ser obligado a dejar el gobierno, el ocupante del Palacio del Planalto se reunió con asesores junto a quienes esbozó una “estrategia para arrastrar” el proceso a través de medidas dilatorias, escribió Folha de San Pablo.

Se sabe que parte del Tribunal Superior Electoral podría facilitar esas operaciones para impedir una pronta condena y dilatar los tiempos. Pero el Planalto enfrentará otro problema ya que que el ministro instructor del caso, Herman Benjamin, al parece también pedirá a sus colegas en el Plenario que el mandatario sea desplazado.

 

Guerra de sucesión

 

A la pregunta escrita arriba ¿Temer cae? bien se la podría reemplazar por otra, ¿Habrá un golpe dentro del golpe a partir del juzgamiento?.

Llegado a la Presidencia de forma anómala, al presidente le restan pocos fundamentos de poder para permanecer en el cargo. Su popularidad del 14% en mayo de 2016 se redujo al 10% el mes pasado y la tendencia es que siga deshidratándose. Las clases medias movilizadas por la prensa para derrocar a Dilma, “y acabar con el gobierno más corrupto de la historia”, ahora parecen estar están espantadas al comprobar que el Palacio del Planalto alberga a una gavilla especializada en estafar al Estado.

Ya cayeron seis ministros por corrupción y hay otros en el patíbulo, la mayoría del PMDB. Nueve de los 28 ministros actualmente en funciones constan en la lista de Lava Jato que se encuentra en poder de un ministro del Supremo Tribunal Federal, y hace dos semanas surgió el sospechoso número diez, que es el titular de Justicia Osmar Serraglio envuelto en el escándalo de las carnes vendidas vencidas.

Por eso el domingo pasado los grupos neocons, incluso algunos defensores del retorno de las Fuerzas Armadas, reunieron sólo 10 mil personas en San Pablo, después de haber convocado cientos de miles en varias marchas realizadas el año pasado y en 2015.

Con el activismo golpista vaciado,y sus agitadores más interesados en viajar a Miami que en movilizarse, reapareció la protesta desde abajo, que tuvo su momento más importante hace tres semanas cuando Luiz Inácio Lula da Silva reunió unas 200 mil personas, o más, también en la principal arteria de San Pablo, la Avenida Paulista.

Son cada vez más frecuentas lo actos políticos por la salida de Temer y el llamado a elecciones democráticas ( directas) y las marchas contra las reformas previsional y laboral, lo que entonó a la dirigencia sindical para comenzar a trabajar con vistas a una huelga general.

Viendo cómo se le achican los márgenes de gestión Temer administra con la urgencia propia de quien está con los días contados: aprobó la tercerización laboral reciclando un proyecto de 1998 porque su base de apoyo parlamentaria comienza a debilitarse, privatizó 3 aeropuertos por subasta sin exigir ni siquiera un cronograma de inversiones a los grupos extranjeros que se los quedaron y entregó, sin siquiera llamado a concurso, grandes yacimientos petroleros a compañías multinacionales que desplazaron a Petrobras.

Ayer habló en un evento del Bank of America Merrill Lynch, en el que fue su tercer encuentro con banqueros e inversores norteamericanos en los últimos diez días. Además habló con Donald Trump, que lo saludó pero no lo invitó a que lo visite en la Casa Blanca.

Temer sobrevive a fuerza de ceder al capital financiero y grupos extranjeros, a los que advierte que su caída será la antesala del caos. Ese fue el lenguaje empleado por su abogado defensor Gustavo Guedes cuando lo consultaron sobre el tema. Guedes recomendó a los miembros del Tribunal que antes de emitir un fallo recuerden que la salida del gobernante puede desatar turbulencia en la Bolsa de Valores y dar paso a la inestabilidad económica.

Es posible que apoyado en esa dinámica, que combina privatizaciones-legislación regresiva-represión social, Temer logre llegar hasta el fin del mandato el 31 de diciembre de 2018. Como también es plausible considerar que sus socios lo abandonen si comprueban que es incapaz de asegurar el régimen posdemocrático e impedir elecciones directas.

Uno de esos socios que pudiera saltar del barco golpista si comienza a zozobrar es el presidente es el titular del Tribunal Superior Electoral, Gilmar Mendes, quien sorprendió al convocar al Plenario de esa corte para el martes próximo, cuando todos esperaban que la sesión fuera en mayo o junio.

Ocurre que Gilmar Mendes es un abierto candidato presidencial en eventuales elecciones indirectas, en las que también se cita como presunto postulante a Nelson Jobim, ex miembro de Supremo Tribunal Federal y ministro de Defensa. Hay un tercero, pero más desgastado aspirante: el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien después de fogonear el golpe ahora sueña volver al gobierno por asalto.

 

 

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