Trump podría ser relecto en 2020, pese a escándalos y proceso de impeachment

 Por orden del magnate, funcionarios de la Casa Blanca se niegan a comparecer ante tres comités legislativos

Nueva York. A un año de las elecciones presidenciales, si las actuales tendencias en niveles de apoyo político y el desempeño económico se mantienen y no hay magnas sorpresas, el pronóstico es que Donald Trump podría ser el primer presidente formalmente acusado de delitos que ameritan su destitución –o sea que ha sido impeached– que logra su relección.

Pero un año en términos electorales es una eternidad, y si la historia es guía, los procesos de investigación sobre comportamiento criminal de un presidente que amerita un juicio político suelen revelar otros delitos y/o escándalos aún no detectados, o reacciones extremas que resultan en un delito más –como obstrucción de la justicia–, mientras, por otro lado, los mejores economistas casi nunca han logrado pronosticar las crisis.

Sin embargo, el hecho de que Trump aún goza de suficiente apoyo, a pesar de la larga lista de posibles delitos revelados en la investigación en curso junto con lo que salió a la luz durante la indagación previa por un fiscal especial, más los incesantes ataques presidenciales contra las normas e instituciones del gobierno, las acusaciones de corrupción, sus más de 13 mil afirmaciones falsas o engañosas documentadas, ni hablar de la más de 60 mujeres que han denunciado el hostigamiento y abuso sexual, entre tanto más, es casi increíble.

Según estrategas republicanos, para que Trump sobreviva el proceso de impeachment y sea relecto, se requiere de dos cosas: unidad firme entre republicanos –tanto entre la clase política como en el electorado– y una economía que siga registrando resultados positivos en empleo y ganancias, reporta Axios.

Ambas cosas por ahora están así. Trump, aun después de las revelaciones de las últimas semanas sobre Ucrania, no sólo conserva más de 85 por ciento de apoyo en las filas republicanas, mientras ni un solo diputado de su partido rompió filas al votar en contra del proceso de impeachment en la cámara baja la semana pasada. Más aún, analistas registran que por ahora Trump mantiene suficiente apoyo en los estados claves del mapa electoral para lograr la relección.

Batallas

El proceso de impeachment procedió ayer con cuatro altos funcionarios de la Casa Blanca que rehusaron comparecer ante los tres comités de la cámara baja encargados de la investigación, tal como ordenó Trump. No se sabe si otros que están citados esta semana harán lo mismo.

Si es así, esto podría detonar otra controversia legal, con legisladores demócratas formulando acusaciones de "obstrucción del Congreso", igual que se hizo hace medio siglo con Richard Nixon.

Por su parte, Trump y sus aliados republicanos continuaron descalificando tanto a los mensajeros como al mensaje.

Una vez más el presidente intensificó su presión para que se revele la identidad del denunciante que detonó el proceso de impeachment al reportar por canales oficiales que en la llamada entre Trump y su homólogo ucranio, el estadunidense le instó a lanzar una investigación contra sus rivales demócratas, invitando así a la interferencia de un poder extranjero en el proceso electoral de 2020 en Washington.

Según la ley, el denunciante –quien sólo ha sido identificado como un funcionario de inteligencia asignado a la Casa Blanca– tiene el derecho de mantenerse anónimo para proteger su seguridad personal. Sin embargo, Trump ha insinuado que sabe quién es, y lo ha acusado de ser pieza de los demócratas. En un tuit de ayer denunció que "el denunciante ofreció información falsa y se manejó con el político corrupto Schiff", en referencia al presidente del Comité de Inteligencia, el representante demócrata Adam Schiff.

Mientras tanto, hoy la cámara baja empezó a divulgar las transcripciones de las declaraciones de algunos de los testigos que se presentaron durante esta fase a puerta cerrada de la pesquisa.

Este mes se anticipa el comienzo de la fase pública de la investigación en la cámara baja que, se supone, culminará con la aprobación de acusaciones formales contra Trump, con lo cual será considerado impeached.

Esos cargos oficiales son enviados al Senado, donde se realiza el juicio político para determinar si será o no destituido, algo que por ahora se descarta por el apoyo casi total del presidente por la mayoría republicana.

Sin embargo, el impeachment no es la única batalla política que enfrenta el presidente.

Ayer un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud de los abogados de Trump y ordenó que el magnate entregue sus documentos fiscales a un procurador estatal en Nueva York. Se espera que el mandatario lleve el caso a la Suprema Corte.

Por otro lado, el Departamento de Justicia está advirtiendo al autor anónimo que dice ser, o haber sido, un funcionario dentro de la Casa Blanca, que su libro por publicarse este mes podría violar acuerdos oficiales de no divulgación.

Y una columnista de consejos, E. Jean Carroll, quien acusó a Trump de un ataque sexual en los años 90, presentó una demanda legal en su contra por difamación.

Un día más en el paraíso democrático estadunidense.

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El pleno de la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. La votación para abrir al público las investigaciones fue de 232 demócratas a favor por 196 republicanos en contra. "De lo que se trata es de saber la verdad. Lo que está en juego es nada menos que nuestra democracia", sostuvo la líder de la cámara baja, Nancy Pelosi.Foto Ap

Nueva York. Por cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, el pleno de la Cámara de Representantes del Congreso aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment, estableciendo las reglas del juego para, eventualmente, formular cargos para un juicio político al presidente Donald Trump. Todo lo cual se podrá ver por televisión en vivo.

Después de poco más de un mes de investigaciones a puerta cerrada encabezadas por tres comités de la cámara baja, la resolución aprobada ayer establece los parámetros y procedimientos para abrir por primera vez la fase pública de las indagaciones.

La decisión del liderazgo demócrata de convocar el voto para aprobar esta resolución indica que confían en que ya cuentan con suficiente evidencia para proceder hacia el impeachment de Trump por abuso de poder al presionar a un gobierno extranjero (en este caso el de Ucrania) para investigar a sus contrincantes políticos estadunidenses, y con ello invitar a la interferencia exterior en los comicios estadunidenses de 2020. También podría ser acusado de obstrucción de la justicia.

La resolución adoptada ayer, por el voto dividido de 232 demócratas (dos votaron no) contra 196 republicanos presentes, establece que el Comité de Inteligencia realizará las audiencias públicas –algunas con los mismos testigos que ya comparecieron en privado–, que arrancarán alrededor de la semana del 11 de noviembre y transmitirá sus conclusiones en un reporte público que entregará al Comité Judicial.

Será ahí donde por primera vez, abogados que representarán al presidente podrán intervenir en los interrogatorios y hasta convocar testigos en las audiencias. Según las reglas, el Comité Judicial será el encargado de formular los cargos que podrían ameritar su destitución, conocidos como “artículos de impeachment”.

Si el pleno de la cámara baja aprueba estos artículos, como por ahora se anticipa, el presidente será considerado impeached.

Pero eso sólo implica que fue formalmente acusado, no destituido. Lo segundo depende del Senado, el cual al recibir los cargos aprobados por la cámara baja sesionará como un tribunal presidido por el jefe de la Suprema Corte.

En ese juicio los senadores esencialmente cumplen el papel de un jurado y al final se requiere una mayoría de dos tercios para destituir al presidente, algo que por ahora nadie apuesta sucederá en la cámara alta, controlada por mayoría republicana.

Por ahora los pronósticos son que Trump será impeached, pero que el Senado lo absolverá y se mantendrá en el cargo, lo cual ocurrió en el caso de Bill Clinton, en 1998.

Vale subrayar que –como enfatizó la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi–, lo que se votó ayer no fue el impeachment en sí, sino las reglas del juego para la fase pública de la investigación de Trump, y con ello determinar si se procede hacia el juicio contra el mandatario.

Pelosi advirtió, al convocar el voto, que este es un paso "solemne". A la vez, ante los incesantes ataques de los aliados de Trump descalificando todo el proceso, declaró que "no sé por qué los republicanos temen la verdad". En su discurso ante el pleno sobre el voto, afirmó: “todo miembro debería apoyar que el pueblo estadunidense escuche los hechos… De eso se trata este voto. De la verdad, y lo que está en juego en todo esto es nada menos que nuestra democracia”.

No sorprendió el que Trump usara su cuenta de Twitter para declarar que todo esto “es la Cacería de Brujas Más Grande en la Historia de America” –así, todo en mayusculas– mientras su Casa Blanca y múltiples republicanos calificaran el proceso de ilegítimo. "Los demócratas están intentando destituir al presidente porque temen no poder derrotarlo en las urnas", acusó Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la cámara baja.

Pero tal vez el impacto más importante de abrir el proceso al público es que esto se transformará de inmediato en un espectáculo de televisión, con audiencias y debates transmitidos en vivo (también por radio y los portales de los principales medios) ofreciendo imágenes similares a las que persisten en la memoria colectiva en el caso de Clinton y, aún más peligroso para el actual régimen, Watergate en los años 70.

Nuevos testigos

Las investigaciones a puerta cerrada de los tres comités continuaron ayer, donde este día compareció el asesor sobre Rusia y Europa del Consejo de Seguridad Nacional, Timothy Morrison, quien corroboró versiones de otros diplomáticos, incluyendo el del embajador interino en Kiev, en torno a la existencia de un quid pro quo –de solicitar el anuncio de una investigación contra los demócratas a cambio de asistencia militar– de Trump en la relación con el gobierno ucranio. Morrison, el primer testigo que fue nombrado en su puesto por Trump, anunció ayer que estaba renunciando sin mayor explicación.

La investigación de los demócratas en la cámara baja contra el presidente ha procedido relativamente rápido, con más de una docena de testigos hasta la fecha –entre ellos diplomáticos de alto rango y asesores de la Casa Blanca–, y documentos oficiales que sugieren que Trump empleó las palancas de su puesto y operadores no oficiales (como Rudolph Giuliani, su abogado personal) para intentar que el gobierno de Ucrania le hiciera "el favor" de anunciar investigaciones contra demócratas con fines electorales personales.

Los investigadores de la cámara baja ahora han solicitado la comparencia del ex asesor de Seguridad Nacional y otros dos altos funcionarios de la Casa Blanca para la próxima semana, aunque pocos esperan que se presenten de manera voluntaria.

Próximamente se estrenará en vivo el proceso de impeachment, y Trump, el ex famoso conductor de su reality show El Aprendiz, que concluía cada noche con un concursante despedido por él, ahora será sujeto a otro tipo de programa con consecuencias reales que incluyen –aunque por ahora permanece como posibilidad muy remota– su propia despedida.

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La muerte de Marielle salpica a Bolsonaro  

Según el portero del condominio donde vivían Bolsonaro y el acusado por el asesinato, el presidente habría autorizado el ingreso de un supuesto cómplice del acusado poco antes del crimen.

 

Son conocidos desde hace mucho los vínculos de uno de los hijos de Jair Bolsonaro, el hoy senador Flavio, con las “milicias”, como son conocidos los bandos integrados por policías, militares retirados y hasta bomberos, y que dominan, a base de la violencia extrema, vastas áreas de Rio de Janeiro y municipios vecinos.

Son frecuentes y extremamente violentas las disputas con narcotraficantes por el control de territorio, frente a la visible ineficacia, cuando no complicidad, de las fuerzas policiales.

Es igualmente conocida la admiración del actual presidente por esas bandas criminales. Buen ejemplo de eso se registró en sus tiempos de diputado nacional: Bolsonaro llegó a ofrecerse, en una frase de humor más que dudoso, para despachar algunos milicianos a Bahia, cuando la provincia vivía un brote de asaltos.

El ex policía militar de Rio Fabricio Queiroz, mano derecha de Bolsonaro a lo largo de décadas y estrechamente vinculado a su hijo Flavio, facilitó siempre el acceso del hoy senador y hasta el año pasado diputado provincial en Rio a milicianos y vice-versa. Flavio distribuyó varios cargos de asesor de su despacho de diputado a familiares de notorios milicianos. Queiroz retenía la mayor parte de los sueldos de esos supuestos asesores, la mayoría de los cuales jamás aparecieron en el trabajo, y se sospecha que ese dinero era reenviado al hoy senador.

Como para subrayar esa cercanía, en el condominio de Barra da Tijuca, un barrio de nuevos ricos de Rio donde está la casa de Bolsonaro, vivía, a metros de distancia, el ex policía militar Ronnie Lessa, preso por sospechoso de ser el autor de los disparos que asesinaron a la entonces concejala de Rio Marielle Franco y su asistente y chofer, Anderson Gomes.

Hay fotos de los dos vecinos, Bolsonaro y Lessa, imágenes que, más que sugerir, indican fuerte cordialidad entre ambos.

Nunca antes, sin embargo, había surgido – siquiera en insinuaciones vagas – alguna cercanía entre Bolsonaro y el crimen que sacudió a la opinión pública brasileña y cuyos mandantes nunca fueron identificados.

En la noche del pasado martes el programa Jornal Nacional, de la red Globo de Televisión, el de mayor audiencia en Brasil, contó en un reportaje que el portero del condominio donde Bolsonaro y Lessa tienen casas había declarado que alrededor de las cinco y diez de la tarde del 14 de marzo del año pasado un Renault Logan se acercó a la portería diciendo que iba a la casa de número 58, del entonces diputado y actual presidente.

Luego de llamar pidiendo que se autorizara la entrada del visitante, el ex policial militar Elcio Queiroz, se le permitió al conductor ingresar al condominio. Acorde a lo que el portero declaró en dos testimonios prestados a la policía, la voz que autorizó era la de “don Jair”. Por las cámaras internas de vigilancia, el portero vio que el visitante se dirigía a la casa de número 65, donde vivía el ex policía militar Ronnie Lessa. Volvió a llamar a “don Jair”, que lo tranquilizó diciendo saber a qué casa iba el visitante.

Horas después, Lessa y Queiroz salieron del condominio y fueron a cumplir su misión, asesinar a Marielle Franco.

El Jornal Nacional destacó que había una evidente e innegable contradicción entre el testimonio del portero y Jair Bolsonaro: el entonces diputado estaba en la Cámara, en Brasilia, y además de firmar el libro de presencia sacó varias fotos con admiradores.

No se informó si el portero llamó a la casa de Bolsonaro o solamente a “don Jair”. La pregunta es justificada, porque podría haber sido una llamada al celular de Bolsonaro.

La reacción del actual presidente superó todos sus anteriores brotes de furia y agresividad. En una transmisión por Facebook de 23 minutos y 47 segundos realizada desde la alta madrugada de Arabia Saudita (diez de la noche en Brasil) un Bolsonaro transpirado y ruborizado de furia atacó a la Globo, amenazando con no renovar su concesión que vence en 2022, al actual gobernador de Rio Wilson Witzel y rehusó, entre palabrotas y menciones a las “canalladas” de la Globo, cualquier vínculo con el asesinato de Marielle Franco y su motorista.

Concretamente, no hay, al menos por ahora, ninguna base justificable para que se sospeche de la existencia de ningún vínculo. Llama la atención, en todo caso, la desproporcionada reacción del presidente. Por más que sean harto conocidas tanto su desequilibrio emocional como su agresividad sin límites, nunca antes Bolsonaro había ofrecido espectáculo tan furioso, al borde del descontrol.

Por involucrar el nombre del presidente de la República, será necesaria una autorización del Supremo Tribunal Federal para que sean iniciadas investigaciones. Pero ayer mismo el Ministerio Público ya se pronunció, defendiendo el archivo del caso por inconsistencias en las declaraciones del portero, cuya identidad no fue revelada, a la policía.

Bolsonaro, a su vez, oredenó al ministro de Justicia, el ex juez Sergio Moro, que la policía federal se encargue del tema. Se olvidó, el señor presidente, que tal decisión no depende de él. Ni de su ministro. Hay que esperar qué decide la corte suprema.  

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En su defensa contra la llamada de Bernie Sanders a la desaparición de los multimillonarios, los argumentos de Mark Zuckerberg son elitistas e incorrectos

En respuesta a la afirmación del candidato presidencial Bernie Sanders de que los multimillonarios no deberían existir –y su llamada a gravar su riqueza con impuestos mucho más altos– el Director Ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, con una fortuna de 70.000 millones de dólares, acudió a Fox News para defender a su clase asediada. Los multimillonarios, argumentó, no deberían existir en un "sentido cósmico", sino que en realidad la mayoría de ellos son simplemente "personas que hacen cosas realmente buenas y que ayudan a muchas otras personas. Y te compensan bien por eso”. Zuckerberg también advirtió sobre los peligros de ceder demasiado control sobre su riqueza al gobierno, presuntamente propenso a sofocar la innovación y la competencia y “privar al mercado” de los fondos de sus compañeros multimillonarios para filantropía e investigación científica.

“Algunas personas piensan que, bueno, la clave o la forma de lidiar con este tipo de acumulación de riqueza es: "Hagamos que el gobierno lo tome todo"”, dijo Zuckerberg. "Y ahora el gobierno básicamente puede decidir, ya sabes, toda la investigación médica que se realiza". Lo que Zuckerberg no mencionó es que el impuesto que Sanders propone le costaría 5.500 millones de dólares en su primer año.

El razonamiento de Zuckerberg no es único entre el 1% más rico, especialmente en Silicon Valley: las personas con una riqueza escandalosa se lo han ganado mediante su propia astucia, creando un servicio esencial para el mundo y que promueve el bien común. Su éxito –nos dice este mito– es un reflejo de su capacidad para adivinar lo que es mejor para la sociedad y llevarlo a cabo; sus fortunas son proporcionales a su genialidad. La filantropía, como tal, no es solo una alternativa a pagar más impuestos, sino que es preferible. Después de todo, ¿qué podría saber mejor una cuadrilla de burócratas sin nombre ni rostro que un hombre –sí, generalmente son hombres– que ha construido una riqueza tan vasta? La innovación más crucial, advierte Zuckerberg, solo sucederá si eres lo suficientemente amable con él y sus amigos ricos.

Pese a lo común que es este argumento, resulta que no es cierto. Fijémonos en los cimientos de la fortuna de Mark Zuckerberg, Internet. Internet se desarrolló a partir de una pequeña red del Pentágono destinada a permitir que los militares intercambiasen información durante la Guerra Fría. En su libro The Entrepreneurial State, la economista Mariana Mazzucato muestra que los iPhones –de los que Facebook roba grandes cantidades de datos para venderlos al mejor postor– son en gran parte un conjunto de tecnologías creadas por varias agencias estatales, juntadas por Apple en un mismo elegante producto.

Por otro lado, en vez de allanar el camino para la mejora de los resultados de salud, el afán de beneficios en el sector de la medicina privada ha llevado a las compañías farmacéuticas a producir fármacos lo suficientemente diferentes de los de sus competidores para patentarlos, permitiendo a estas empresas cobrar una renta a los enfermos. Asimismo, los economistas Fred Block y Matthew Keller han descubierto que, de las 88 principales innovaciones clasificadas por la revista R&D como las más importantes entre 1971 y 2006, 77 fueron beneficiarias de una importante financiación federal para la investigación en su desarrollo inicial. "Si uno busca una edad dorada en la que el sector privado hizo la mayor parte de la innovación por sí solo sin ayuda federal", escriben, "uno tiene que volver a la era anterior a la Segunda Guerra Mundial". Así pues, a medida que la derecha ha ido rebajando la reputación del sector público, éste solo se ha vuelto más fundamental para el progreso por el cual el sector privado se ha llevado todo el reconocimiento.

No olvidemos tampoco los innumerables proyectos fallidos e innecesarios surgidos de Silicon Valley en la última década, desde Theranos hasta el Fyre Festival y Juicero. La reciente implosión de la empresa inmobiliaria WeWork, respaldada por SoftBank y JP Morgan Chase, así como la pérdida de un dólar por cada dólar que gana, debería arrojar algunas dudas sobre la supuesta habilidad del sector privado para superar los desafíos más apremiantes de la sociedad, o incluso para elegir ganadores. Además de la financiación gubernamental, la mayoría de las prodigiosas empresas tecnológicas están respaldadas por ejércitos de trabajadores típicamente mal pagados, ya sea que estén manejando Ubers, extrayendo los minerales de tierras raras necesarios para teléfonos inteligentes en condiciones de trabajo brutales o viendo videos espeluznantes hora tras hora para alejarlos de nuestros timelines de Facebook.

Todo esto no es para decir que el sector privado no ha desempeñado un papel importante en impulsar la innovación; al fin y al cabo, alguien tenía que diseñar el iPhone. Pero las fortunas construidas a partir de cada uno de estos nuevos inventos no podrían existir si no fuera por el hecho de que el gobierno –la mayoría de las veces– dio el primer paso, asumiendo unos riesgos en la financiación de la innovación que los emprendedores capitalistas y los prodigiosos inversores generalmente no asumen. "No solo el gobierno ha financiado la investigación más arriesgada", escribe Mazzucato, "sino que a menudo ha sido la fuente de los tipos de innovación más radicales y novedosos". En otras palabras, los Mark Zuckerbergs del mundo pueden hacer cosas buenas. Pero casi nunca lo hacen solos.

Además, la insultante riqueza de los multimillonarios no se gasta –como sugiere Zuckerberg– en investigación de vanguardia y esfuerzos filantrópicos. Después de haber comprado suficientes yates y jets privados, estos invierten su dinero principalmente en enriquecerse a través de la especulación financiera al estilo de los casinos y en bienes inmuebles de lujo en ciudades muy desiguales como San Francisco, Miami y Nueva York, donde la mayoría de las casas vacías actúan como depósitos de seguridad para proteger su riqueza de los impuestos. Su dinero también podría terminar en paraísos fiscales como las Islas Caimán, donde puede permanecer sin ser molestado por los recaudadores del estado. Por todo ello, muy poca de esa riqueza llega al 99% de la población, para quienes la desigualdad se ha disparado y los salarios se han estancado.

Así pues, la defensa de Zuckerberg de la clase multimillonaria es, por encima de todo, profundamente antidemocrática, puesto que pone en duda la capacidad de las masas para decidir qué es lo mejor para sí mientras repite el mito de que el sector público está condenado al despilfarro y al estancamiento. Quizás el mejor argumento para el tipo de políticas que Sanders ha propuesto sería dejar claro que, si bien podrían desempeñar algún papel en la financiación de la investigación avanzada que surge de lugares como ARPA-E y los National Institutes of Health, los multimillonarios no pueden trascender la democracia y tomar todas las decisiones sobre lo que la sociedad necesita y lo que no. En un mundo verdaderamente democrático –donde el trabajo se valorara de manera justa– los multimillonarios no existirían en absoluto.

28/10/2019

Kate Aronoff

Es periodista en de In This Times, donde cubre elecciones y política relacionada con el cambio climático.

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Cambio climático: a pagar por las mentiras

Hace unos años conocí a Polly Higgins, la famosa abogada ecologista, hoy difunta, que en 2009 propuso la inclusión del ecocidio como crimen en las cortes internacionales, que hasta hoy sólo reconocen el ecocidio como crimen en casos de su empleo como arma bélica (a partir del uso que en la guerra de Vietnam se hizo del herbicida conocido como agent orange). Lo cierto es que la lucha por tipificar el ecocidio como crimen internacional no ha triunfado aún, aunque ha ido avanzando la propuesta en foros internacionales, y varios países ya han criminalizado el ecodicio. Se trata en todo caso de una lucha internacional que continúa, y sin duda irá ganando apoyos hasta triunfar; el ecocidio está destinado a ser perseguido en las cortes criminales de todo el mundo.

Mientras, la lucha legal contra la devastación ecológica cobra cada vez más fuerza, aunque sea por otras rutas. Las demandas judiciales relacionadas con el cambio climático, en especial, se multiplican a diario, sólo que usualmente apelan a otras leyes y recaen en otros mecanismos legales que no son precisamente el del ecocidio. Hoy, tan sólo en Estados Unidos hay más de mil demandas contra agentes y compañías responsables del cambio climático.

De hecho, ayer mismo comenzó un juicio de especial importancia en el estado de Nueva York contra Exxon-Mobil. Se trata apenas del segundo litigio ligado al cambio climático que llega a la fase de tribunales en ese país. Por eso hay muchas miradas puestas en el caso, que interesa además no sólo por la cantidad de dinero en juego (entre 600 y mil 600 millones de dólares en daños), sino sobre todo por la ruta legal que han escogido los litigantes. Así, según el alegato del fiscal, Exxon habría deliberadamente engañado a sus inversionistas respecto del costo futuro que para ellos implicará el cambio climático generado por la corporación. Exxon va a juicio por haber escondido a sus accionistas los efectos financieros que tendría el cambio climático que ellos generaban. Según la fiscalía, la firma conocía en detalle los resultados de las investigaciones científicas que calculaban el monto de esos daños; las conocían entre otras razones porque ellos mismos las habían financiado. Y habrían escondido el dato a sus inversionistas para proteger el valor de las acciones bursátiles de la compañía.

De resultar cierto el alegato, entonces, Exxon tendrá que compensar a sus propios accionistas por los costos que la compañía tendrá que absorber como resultado del cambio climático, generado por sus emisiones de carbono. Se juzga a Exxon, en otras palabras, por haber mentido deliberadamente sobre la magnitud y los costos de la contaminación generada por la compañía, y específicamente por los costos que el cambio climático tendría para los propios accionistas de Exxon. El razonamiento es que la compañía ocultó los resultados de la investigación científica a sus accionistas, para evitar una caída en el valor de mercado de las acciones de la compañía.

Esta es una avenida legal bien interesante para empezar a obligar a las corporaciones y a los gobiernos a pagar por sus mentiras del pasado, es decir, por lo que han contaminado a sabiendas de lo que hacían los grandes emisores de carbono. Así, los principales responsables del calentamiento global, entre los cuales, recordemos, nuestro Pemex ocupa un noveno lugar mundial, deberán comenzar a pagar por las mentiras que llevan esparciendo durante décadas respecto de los efectos contaminantes de su actividad.

Hoy decimos a cada rato que vivimos en la "era de la posverdad". No cabe duda de que la mentira es la moneda de cambio más frecuente de los gobiernos de casi todo el mundo. El New York Times ya se cansó de contar los números de mentiras diarias, mensuales y anuales emitidas por el presidente Donald Trump. El hábito de tener siempre "otros datos" ante la ciencia, ante las estadísticas o ante el periodismo, es ya lugar común para los jefes de quién sabe cuántos gobiernos. Sí... Y, sin embargo, mienten.

Y han mentido muy señaladamente en lo que atañe al cambio climático. Así, en Estados Unidos, el Partido Republicano se dedicó durante décadas a burlarse de quienes se preocupaban por este asunto. Los acusaban de afeminados y de elitistas. Decían que los científicos eran unos buenos para nada, dedicados sólo a buscar su propio financiamiento, y adoctrinar estudiantes. Y fueron golpeando tanto al prestigio de los científicos que se comenzó a relativizar hallazgos perfectamente sólidos, con tal de poder seguir explotando los recursos de siempre.

Todo eso servía, además, a un doble propósito. Finalmente, atacar a los científicos era divertido y popular. Entre la envidia que les tenían unos, y el rencor que generaba su sabiondez para otros, resultaban ser un blanco fácil. Atacarlos servía, además, para consolidar la alianza que forjaron los republicanos con las iglesias evangélicas. Pero sobre todo, deslegitimar a la ciencia sirvió para seguir contaminando a gusto. Sirvió para seguir talando bosques. Para seguir invirtiendo en petróleo y en la minería del carbón.

Ahora, algunas de las compañías que participaron de esa costumbre de mentir tendrán que vérselas en la corte. Ojalá que paguen y que paguen caro.

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Sábado, 19 Octubre 2019 06:18

Medio millón de catalanes sale a la calle

Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes. Imagen: EFE

La contundencia y unanimidad del rechazo civil a las sentencias contrastó con la fractura que se percibe entre las fuerzas políticas soberanistas.

 

El movimiento independentista de Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes en una huelga general que coincidió con la confluencia de cinco columnas de manifestantes que partieron el martes desde diversas ciudades catalanas para concluir en Barcelona.


Más de 500 mil personas se reunieron en la capital de la comunidad para rechazar la sentencia que condenó por sedición a los dirigentes independentistas que organizaron el referéndum ilegal de octubre de 2017. Entre ellas, numerosos estudiantes que se adhirieron al paro, y, en menor medida, funcionarios, trabajadores y comerciantes.
La contundencia y unanimidad del rechazo civil al juicio que condenó a los dirigentes independentistas contrastó con la fractura que se percibe en estos últimos días entre las fuerzas políticas soberanistas.


La promesa del presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, de celebrar un nuevo referéndum durante su mandato abrió grietas con sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya, y sumó pedidos de dimisión de parte del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista Catalán.  El líder del Gobierno regional camina en la cuerda floja. Por un lado, busca mantenerse dentro del marco de la ley para evitar que se intervenga la región y, por otro, no puede ocultar que los disturbios alimentan la épica de la confrontación entre el independentismo y el Gobierno español.


El presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, reafirmó una vez más que su apuesta es por la proporcionalidad, y no lo que reclama la oposición que es intervenir el Gobierno catalán o aplicar la Ley de Seguridad Nacional para hacerse con el control de la policía autonómica. “Creo que estamos en un momento en el que la moderación y la ponderación de las medidas contribuyen a calmar los ánimos, a reconducir las situaciones y, por tanto, eso es lo que hace el Gobierno de España”, dijo el mandatario socialista en rueda de prensa desde Bruselas.


La postura de Sánchez pasa también por no oponerse a las cientos de miles de personas que durante esta semana han manifestado su rechazo a la sentencia de forma pacífica. El problema es que los disturbios y los choques con la policía regresaron esta tarde, y prometen extenderse. El ministro del Interior en funciones advirtió que la noche de este viernes llegarían grupos “radicales” del País Vasco y del extranjero para participar de las protestas. “Estamos ante una situación de violencia minoritaria, pero muy organizada”, dijo Fernando Grande-Marlaska, para restarle trascendencia.


Ciudadanos y Partido Popular no piensan igual. Albert Rivera comparó el incendio de coches y los destrozos de la noche del miércoles con Bagdad y Alepo, para luego exigir la intervención del Gobierno catalán que dirige Torra. La dirigente del PP, la argentina Cayetana Álvarez de Toledo se enfrentó a manifestantes en Barcelona, para decirles que la huelga era “golpista” e “inútil”.


En paralelo, la Audiencia Nacional ordenó el cierre de la web de Tsunami Democratic que el movimiento independentista utilizaba para coordinar las protestas, y que, presuntamente, planificó la paralización del Aeropuerto de El Prat el lunes. La investigación que se abrió es por el delito de “terrorismo”.


En este contexto, las perspectivas del Gobierno español de que la tensión disminuya no parecen tener mucho fundamento. Este sábado, la organización Òmnium Cultural, cuyo presidente fue condenado en el juicio, convocó una nueva marcha en Barcelona. Otro marco en el que pueden germinar los disturbios que hemos visto estos días. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, convocó otra marcha para el domingo con el lema de “Basta Ya, Justicia y Convivencia”, para oponerse a que Torra les diga “lo que tienen que hacer”.


El marco en Cataluña es impredecible, y las multitudinarias manifestaciones pacíficas de este viernes recuerdan que, cuando pase la tensión, la política volverá a estar en el centro de la solución, o del problema.

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El Constitucional colombiano hunde la reforma tributaria de Duque

La Corte Constitucional de Colombia decidió este miércoles hundir la ley de financiamiento del Gobierno de Iván Duque, con la que contaba para atraer inversión extranjera por la vía de reformas tributarias y fiscales. La decisión, tal como admitió el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, es un golpe a la credibilidad de su política económica.

Después de diez horas de análisis y, en una decisión de seis votos contra tres, la Sala Plena del Constitucional resolvió enterrarla como respuesta a dos demandas que pedían tumbarla por completo y señalaban que era inconstitucional porque se aprobó con vicios de trámite, un término para referirse a los errores de procedimiento. Estas eran apenas dos de las 26 demandas que llegaron a la corte contra esta ley, pero fueron definitivas para la decisión.

Según la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, la ley fue presentada de manera incompleta y no tuvo la publicidad necesaria en el Legislativo. Es decir, que los miembros de la Cámara votaron la reforma tributaria sin conocer todas las modificaciones hechas en el Senado. La magistrada enumeró cuatro razones: “primero, se evidenció que el texto aprobado por el Senado fue publicado en la Gaceta con posterioridad a su aprobación en la Cámara de Representantes; segundo, no hay constancia de que se hubiera distribuido una copia impresa del texto; tercero, la explicación oral ofrecida por un senador de la república no fue específica, precisa ni suficiente bajo los parámetros jurisprudenciales para admitir este tipo de publicidad; y cuarto, tampoco se anunció que la información estaba publicada en la página web del Senado”. La decisión entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2020 con el propósito de "modular sus efectos" sobre la economía colombiana.

La expectativa por la noticia tuvo en vilo a políticos y gremios durante todo el día por las posibles consecuencias que pueda tener para la economía. El Gobierno, a través de varios de sus funcionarios, encabezados por el ministro Carrasquilla, había advertido que de hundirse esto podría detener el crecimiento del Producto Interno Bruto.

“Es un golpe descomunal”, apunta Ricardo Ávila, analista del periódico El Tiempo, aunque matiza que hay tiempo para presentar una nueva ley en el Congreso. Aunque Colombia crecerá este año en cifras cercanas al 3%, de cara al 2020 se oscurecen un poco las perspectivas, señala. Si bien el esquema viejo daba más recaudos, “de alguna manera la estrategia económica de Duque, que consistía en mejorar la competitividad tributaria del país en el caso de las empresas y adicionalmente crear una serie de estímulos en una serie de sectores, incluidos los de la economía naranja, se le cae”, señala.

Para Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana y analista de la cadena  RCN, “no es un escenario catastrófico, pero debe obligar a la reflexión política del presidente Duque”. La Corte apela a lo que se conoce como efectos diferidos, lo que permite que los artículos de la ley operen hasta el final del año fiscal, que en Colombia termina en diciembre, de manera que no habría ningún efecto inmediato en términos de recaudo tributario, ni de gasto, explica. “Lo que es preocupante es que en el mediano plazo sí puede tener un efecto sobre las condiciones de inversión”, advierte. “La reducción del conflicto y esa caída en los impuestos era algo que estaba explicando la extraordinariamente alta tasa de crecimiento de Colombia para el contexto de América Latina”.

Uno de los efectos más probables es que la necesidad de volver a presentar, antes del 31 de diciembre de este año, una nueva ley de financiamiento en el Congreso, donde Duque carece de mayorías, aplace otras iniciativas, como la reforma de pensiones que ya había anunciado el Gobierno. Carrasquilla, quien sobrevivió un intento de moción de censura a finales del año pasado, se asoma como el principal responsable político del nuevo escenario. Sin embargo, “si hay alguien que ha demostrado que tiene resiliencia política es Alberto Carrasquilla, es el único peso pesado del Gobierno”, valora Restrepo.

Por Catalina Oquendo  / Santiago Torrado

Bogotá 17 OCT 2019 - 03:16 COT

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Arranca un juicio clave para el futuro de Lula

La máxima corte de Brasil deberá resolver si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales.

La liberación del líder opositor y ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros presos por corrupción en la Operación Lava Jato puede definirse a partir de mañana cuando el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, resuelva si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales.

El juicio, que podría prolongarse durante más de una sesión, es de extrema complejidad jurídica y hasta política, pues puede suponer la libertad de hasta 190,000 de las 800,00 personas que forman la población carcelaria de Brasil, incluyendo una decena de empresarios y políticos condenados por la operación Lava Jato contra la corrupción, que para muchos de los brasileños permitió castigar por primera vez a los poderosos.

La expectativa de la prensa es que por 6 a 5 la Corte elimine el artilugio legal creado en 2016 por el propio tribunal al calor de la popularidad del entonces juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, de que la detención era obligatoria tras una condena en segunda instancia, sin pasar por todo el proceso en todos los niveles. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, convocó para mañana a debatir la crucial cuestión, que está detenida desde el año pasado y provoca tensión en el debate político, sobre todo por parte de los bolsonaristas.

El autodenominado filósofo Olavo de Carvalho, gurú de la extrema derecha brasileña y de la familia Bolsonaro, declaró sobre el juzgamiento: "Sólo una cosa puede salvar al Brasil, la unión indisoluble entre pueblo, presidente y Fuerzas Armadas". El empresario Allan dos Santos, amigo de la familia presidencial y creador de un blog ultraderechista referencia mediática del gobierno llamado Terça Livre, sostuvo que el establishment y el pueblo no permitirán "una soltura en masa".

La constitución brasileña sostiene que nadie puede ser detenido -salvo que signifique un peligro social o acusado de asesinatos o violaciones- sin que haya sido juzgado por todas las instancias. En 2016, la Corte aceptó un pedido de la Operación Lava Jato para que se detengan a los condenados con fallo de cámara, lo cual continúa en vigor y permitió la detención del líder del Partido de los Trabajadores (PT) el 7 de abril de 2018 tras haber sido condenado por Moro.

Lula, su ex jefe de gabinete José Dirceu, el ex director de Petrobras Renato Duque y otros 5.000 detenidos, una veintena de Lava Jato, pueden beneficiarse con el fallo de la corte. El caso del ex presidente es el que llama la atención en la esfera política, ya que su encarcelamiento lo quitó de la lista electoral vencida por Bolsonaro en octubre pero toda la credibilidad de Lava Jato quedó afectada a raíz de que se revelaron las conversaciones de Moro y los fiscales conspirando contra el PT.

Durante tres meses, el sitio The Intercept Brasil reveló junto con grandes medios asociados a su investigación la trama secreta de Lava Jato, sobre todo a partir del chat del app Telegram del fiscal federal Deltan Dallagnol. Lula, condenado a 8 años y 10 meses de prisión, puede salir actualmente porque ha cumplido un sexto de la pena pero rechazó el beneficio ya que espera ser absuelto por las altas cortes.

Esto está en juzgamiento en el Supremo Tribunal Federal, que tiene 'dormido' un habeas corpus de Lula buscando que se declare parcial a Moro, convertido en uno de los principales dirigentes de la llamada nueva derecha y que disputa con su jefe Bolsonaro las intenciones de voto para las presidenciales de 2022. 

Es clave en el Supremo Tribunal Federal la posición de la jueza Rosa Weber, quien el año pasado rechazó en un 6-5 contra Lula un habeas corpus, horas después de que el jefe del Ejército de entonces, general Eduardo Villas Boas, amenazara por Twitter con una intervención militar. Hoy Villas Boas es asesor personal en el gobierno del presidente Bolsonaro y su nombre es vivado por los bolsonaristas que se programaron para protestar contra el STF y pedir el juicio político de sus miembros en caso de que la Operación Lava Jato sea deshilachada.

La Operación Lava Jato específicamente recibió un duro revés de la Corte el mes pasado, tras la anulación de dos sentencias dadas por Moro por error de procedimiento al negarle a la defensa acceso a las delaciones premiadas que fueron claves para dictar condenas. Todo el sistema de Lava Jato está bajo revisión en la Corte, lo cual genera amplias tensiones entre los llamados 'bolsonaristas-lavajatistas". El espacio oficialista vive una división en el gobernante Partido Social Liberal por la investigación contra sus dirigentes, enfrentados con el presidente.

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Saudigate: Trump, los motivos y las consecuencias de “MiBolsillo First”

Un político debe ser un “patriota verdaderamente ilustrado e independiente”, opinaba Georg Washington que ahora debe revolverse en su tumba al ver que el último de sus sucesores no cumple ni uno de los requisitos recomendados.

Los demócratas y los sectores más belicistas de EEUU siguen sacando los trapos sucios de Trump y sus prácticas gánsterianas para destituirle, contemplando incluso un golpe de estado, además de Rusiagate, escándalos sexuales (la campaña repentina de  “MiToo”) o “Ucrania/Australiagate”. Sin embargo, no esperen que haya un “Israelgate” o un “Saudigate”, los dos estados extranjeros que, no sólo influyen sobre la política exterior de ambos partido para Oriente Próximo, sino la determinan.

Según Cato Institute, más de un tercio de los congresistas que había sido contactado por las empresas que hacen de cabildeo (Lobby) para el Reino de Arabia Saudita (RAS), como Glover Park Group o DLA Piper, recibieron una contribución de este país. Debido a que los extranjeros no pueden donar dinero a los políticos, este tipo de empresas y los personajes “expertos en Oriente Próximo” hacen un impresionante negocio, y crean unas complejas telarañas financieras y artimañas políticas para despistar a la justicia.

El cambio de tono de Trump respecto a RAS, antes y después de ser presidente,  muestra la hipocresía de un mercader fracasado además el servilismo de la máxima autoridad EEUU ante unos jeques de un estado medieval encabezados por un tal Mohammed Bin Salman (MBS), apodado “Jack el Destripador”: Trump, que es el presidente más pro-saudita de la historia de EEUU, de candidato solía atacar duramente a los demócratas por su trato amable hacia RAS, desde tres puntos:

  1. Atentados del 11S: «¿Quién hizo explotar el World Trade Center?», -preguntaba Trump en el canal Fox-, «No fueron los iraquíes, fue Arabia Saudita,… ¡abra los documentos!«, exigiendo la desclasificación de las pruebas obtenidas.
  2. Recibir “sobornos”: la Fundación Clinton es “una empresa criminal” dijo Trump por los al menos 25 millones de dólares que recibieron los Clinton de los hermanos de caridad árabes del Golfo Pérsico.
  3. Derechos humanos: “¿Hablas de mujeres y derechos de las mujeres?” preguntó Trump a Hilary. «[Los saudíes] lanzan a los gays desde los edificios, matan a mujeres y las tratan horriblemente y, sin embargo, les coge el dinero. ¡Hillary debe devolver todo el dinero de esos países!», pidió un Trump sensible con la igualdad, que llegó a criticar a Michelle Obama por no llevar el velo en su visita a aquel reino de terror (¡si lo hubiera llevado, también le hubiera atacado!): dos años después, Melania e Ivanka Trump también se negarán a cubrir su cabeza en la visita oficial a la tierra de Mahoma. Trump, que es el primer presidente de EEUU que elige a RAS como el primer destino de su visita oficial, que no pidió disculpas a la señora Obama.

Los objetivos que persigue Arabia

  • Promover políticas anti-iraníes, y no por ser éste chiita: entre 2015 y 2016 las empresas de cabildeo de RAS pagaron al senador demócrata Chuck Schumer al menos 21.400 dólares: fue uno de los cuatro votos demócratas contra el acuerdo nuclear que firmó Obama con Irán, pacto que será destruido por un presidente Trump que ni lo había leído, y que curiosamente sólo beneficiaba a Arabia Saudí e Israel, que no a Irán. Ahora, además de ser incapaz de conseguir un acuerdo unilateral con Teherán, Trump está poniendo en peligro la propia existencia de RAS como país, ante una República Islámica que no tiene nada que perder.
  • Lavar la cara de MBS en los medios, presentándole como un joven moderno y reformador, que no un dictador, un misógino, secuestrador, extorsionador,- con la “noche de cristales rotos” incluido-, y asesino de los opositores dentro y fuera del país.
  • Mantener el apoyo de EEUU a su guerra contra Yemen: así consiguió el silenciar a los medios de comunicación sobre la mayor crisis humanitaria del mundo.
  • Conseguir tecnología nuclear: El Congreso ha reconocido que el general Michael Flynn, ex Asesor de Seguridad Nacional del presidente, y Jared Kushner, presionaron al gobierno para que le otorgara la tecnología nuclear a RAS.

Mecanismos de compra de favores

¡Sólo hay uno: sobornar! Y se hace desde varias vías:

  1. Unir los intereses personales de los políticos de EEUU con los de la Casa Real saudí. En este país, no existe el estado. La familia Saud, que junto con Liechtenstein son los únicos países que llevan el nombre de los clanes gobernantes, se presenta como el propietario de los recursos de la “nación-súbdita”. El Post reveló que, en 2017 los saudíes reservaron 218 noches en el Hotel Trump Chicago, un aumento del 169% respecto al mismo período de 2016. ¿A cambio de qué? Michael Gibson un subcontratista de Qorvis MSLGroup que representa a los saudíes alquiló habitaciones en el Trump International Hotel en Washington DC, para un grupo de veteranos y activistas trasladados desde Nueva York, para presionar al Congreso a que revoque la Ley de Justicia Contra los Patrocinadores del Terrorismo, que permite a las víctimas del demandar al RAS. Jared Kushner, el yerno proisraelí del presidente que es el hombre de Riad en la Casa Blanca, después de que MBS realizara un golpe de estado aparatando al príncipe heredero, organizó una comida entre Trump y el nuevo hombre fuerte del reino, declarando su reconocimiento por EEUU: «¡Hemos puesto a nuestro hombre en la cumbre!», había dicho Trump según el periodista USA Today Michael Wolff, lo cual muestra que la injerencia en asuntos internos es mutua. Kushner, también fue el principal apoyo del bloqueo económico de Qatar por Riad durante la extraña crisis del junio del 2017 entre ambos estados árabes. Que Doha se negara a rescatar una de las empresas arruinadas de la familia Kushner pudo encadenar una nueva guerra en esta zona azotada del mundo. Mohammed había presumido de tener al yernísimo “en el bolsillo”, quizás por entregarle información confidencial sobre los rivales de la familia Saud en extranjero, supone el diario Intercept. ¿Tuvo algo que ver el marido de Ivanka en el asesinato de Khashoggi? ¿Qué recibió a cambio?
  2. Crear grupos de presión tradicionales: En 2015, RAS fichó al empresario libanés-estadounidense George Nader para organizar reuniones entre los enviados de los gobiernos saudí y emiratí con Steve Bannon y Kushner en la Torre Trump. Nader ya había canalizado varios millones de dólares de aquellos jeques al republicano Elliott Broidy, comprando su apoyo activo al bloqueo al que sometieron a Qatar: en mayo de 2018 Broidy realizó dos conferencias atacando a Doha.
  3. A través de empresas de “asesoría” y los centros de “estudios”: el Grupo Podesta, Brownstein Hyatt Farber Schreck o el Grupo Glover Park, “donaron” alrededor de 580.000 dólares a los políticos de EEUU, señala The New york Times, en nombre del RAS, a la vez que el Consejo Atlántico, la Institución Brookings, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y el Instituto del Medio Oriente recibían dinero de las petromonarquías del Golfo Pérsico.

¿Cómo es posible “Amar a los saudíes

Esta es la cronología de una historia de amor:

1991: el príncipe saudí, Al Waleed bin-Talal compra “Trump Princess” el yate embargado de Trump por 20 millones de dólares; el magnate de casinos, que estaba arruinado por una deuda de unos 900 millones de dólares, lo había comprado por 29 millones a Adnan Khashoggi, el traficante de armas y el primo de Jamal. En 1995, el mismo Talal también le compra el Hotel Plaza de Nueva York por 325 millones, 65 millones menos de lo que pagó Trump por ello en 1988. Estos datos fueron revelados por el príncipe suadí en respuesta a un desagradecido Trump que en un tuit le criticó por dar entrevistas a la periodista de Fox News, Megyn Kelly.

2001: Trump vende el piso 45 de la Torre Mundial de Trump a RAS a través del fondo buitre Blackstone Group, cuyo presidente Stephen Schwarzman, un antiguo directivo de Lehman Brothers, le acompañará a un Trump ya presidente en su visita oficial a Arabia Saudita en 2017.

2015: En víspera de las elecciones presidenciales del 2016, Riad realiza un estudio psicológico al Trump candidato y localiza las tres dimensiones de su Talón de Aquiles: 1) un desbordado ego, 2) una desmesurada codicia, y 3) un profundo complejo de inferioridad, que le hace necesitado de recibir continuos elogios y en cantidades industriales: los saudíes serán generosos con él, utilizado el dinero público. “Me llevo bien con Arabia Saudita. Me compran apartamentos. Gastan 40 millones, 50 millones de dólares” -reiteraba con orgullo el presidente menos docto de EEUU en una entrevista- “Gano mucho dinero de ellos” “Me pagan millones y cientos de millones”.

2016: «Me gustaría proteger a Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita tendrá que ayudarnos económicamente«, advirtió el candidato Trump, al ser preguntado por una posible guerra contra Irán: o sea, si me paga, tendrá su guerra, aunque provoque con ello una guerra mundial.

Este año, Trump no pierde tiempo: registra hasta ocho empresas vinculadas con el RAS, entre ellas THC Jeddah Hotel y DT Jeddah Technical Services, y sigue criticando a Obama por no lanzar un ataque militar contra Irán y hacer las paces con Teherán. Luego envía a su hijo Donald J a reunirse con los enviados de RAS,  de EAU, Erik Prince, el fundador del ejercito privado Blackwater -acusado de crímenes de guerra en Irak-, Joel Zamel, un experto israelí en manipulación de redes sociales y director de la firma Psy-Group, quien había elaborado una propuesta para usar miles de cuentas falsas en Facebook, y el “asesor” George Nader para estudiar cómo contribuir al triunfo de Trump en las elecciones. Después de las elecciones, Nader le pagó a Zamel hasta 2 millones de dólares, aunque se desconoce el concepto.

Meses antes de que Trump tomase la posición, The New York Times escribe sobre la firma de contratos entre RAS y el Grupo CGCN, vinculada con Boeing, uno de los vendedores de bombas a Riad, y con el Grupo McKeon, dirigido por Howard McKeon, el presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Congreso, quien recibió unos 834.000 dólares de donaciones por ser uno de los principales inversores del negocio de los aviones no tripulados.

“Blanquear” a los Saud, visitándoles

Una vez presidente, Trump se olvida de lo que había dicho sobre los saudíes, y califica al país como un «reino magnífico», a su dictadura “tan amables anfitriones», y mientras prohíbe la entrada a EEUU a los ciudadanos procedentes de Irán, Siria, Irak, Somalia, Sudán, Yemen y Libia por peligrosos para la seguridad nacional, excluye de la lista de su Eje del Mal al RAS cuyos ciudadanos, según la CIA, mataron a unos 3.000 estadounidenses en el 11S, y su gobierno, según Hilary Clinton, patrocina al ejército de mercenarios más peligroso del siglo: el Estado Islámico. Las huellas de RAS están también en algunos atentados en Europa.

Revela The Nation que en el primer año del gobierno de Trump, los saudíes gastaron un millón de dólares mensuales en una veintena de empresas de cabildeo. Hicieron lo mismo los EAU, con unos 18 lobbies, pagando sólo a uno de ellos, el Grupo Camstoll, unos 10 millones de dólares, para comprar los favores de los políticos.

2019: con el misterioso ataque a la planta petrolífera de Aramco en el suelo saudí, Trump llegó a delegar la política exterior de EEUU a los jeques, y poniendo al ejercito de EEUU a las órdenes y al servicio de la Casa Saud: «esperando recibir noticias del Reino sobre quién creen que fue la causa de este ataque, y bajo qué términos procederíamos”, tuiteó, sin rubor Trump, que vive al borde del precipicio. ¿Será una guerra contra Irán su forma de exportar la crisis existencial que está viviendo?

Por Nazanín Armanian

10 octubre 2019

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Miércoles, 09 Octubre 2019 06:46

Uribe en el banquillo de los acusados

Uribe en el banquillo de los acusados

En un giro judicial inesperado. Había iniciado un proceso contra Iván Cepeda, político de izquierda, pero la Corte no avanzó en ese sentido y, por el contrario, acusó Uribe.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, declaró hoy ante la Corte Suprema en un proceso judicial inédito en la historia de su país. En un giro judicial inesperado Uribe pasó de acusador a acusado. Había iniciado un proceso contra Iván Cepeda, político de izquierda, al que acusaba de manipular testigos es su contra. Pero la Corte no avanzó en ese sentido y, por el contrario, acusó Uribe de esos cargos. Es la primera vez que un expresidente colombiano responde ante la Corte Suprema.

El Palacio de Justicia de Bogotá amaneció rodeado por un fuerte operativo policial. Hasta allí se acercó el ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) franqueado tanto por grupos de seguidores como contrarios a su figura. Lo esperaba la Corte Suprema de Justicia para testificar en las causas que ayer lo tenían como denunciante.  Es que en 2012 Uribe presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda. El expresidente y senador desde 2014, sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos- contactó a ex paramilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de grupos de ultraderecha, que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas. Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir este año la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar las declaraciones que lo comprometen con paramilitares.

De ese modo, se abrieron dos investigaciones contra el ex presidente de Colombia. Una por presionar a ex paramilitares para que hablaran en contra de Cepeda. Otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Según algunos de los testigos del caso, Uribe y su hermano Santiago ayudaron a fundar en los años 90 el Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Monsalve formaba parte de este grupo armado. El ex paramilitar le aseguró a Cepeda que en "Guacharacas", una hacienda propiedad de la familia de Uribe en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones. Declaraciones que fueron negadas por el ex mandatario.

Más tarde, Monsalve redactó en prisión una carta que hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia en la que se retractaba de lo dicho. Pero al final anotó que lo hacía "bajo presión". Se sospecha que la carta fue producto de la presión del abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes. También es señalado de haber visitado cárceles para convencer a ex paramilitares presos de declarar a favor de Uribe. Según el expediente, Uribe habría intentado influir en el testimonio de Monsalve para que se retractara de los señalamientos en los que lo vincula con el nacimiento de las AUC.

Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad en masacres. Catorce de ellos están en manos de la Corte Suprema. Es el líder del partido Centro Democrático, que llevó al poder al actual presidente de Colombia, Iván Duque. Actualmente ocupa el cargo de senador, que obtuvo en las elecciones de 2014, y encabeza la campaña al lado de sus candidatos para los comicios del 27 de octubre donde se elegirán alcaldes y gobernadores.

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