Rob Urie expone que la CIA está detrás del impeachment contra Donald Trump, lo cual tampoco es novedoso cuando se sabe que Soros libra una guerra contra el presidente.Foto Ap

Rob Urie, de Counterpunch, en su artículo el “I mpeachment de la CIA” (sic), además del control geoestratégico de los hidrocarburos (sic) de Ucrania, desmenuza la operatividad de las tres fases de los "golpes de Estado" de la CIA contra Trump (https://bit.ly/2o5K2KZ), acorralado por el espionaje del Deep State, que incluye al FBI (https://bit.ly/33abMg4).

Rob Urie se basa en la "fórmula del derrocamiento de la CIA", del libro del ex corresponsal del NYT, Stephen Kinzer: Todos los Hombres del Sha: El golpe de Estado de EU y las raíces del terror en Medio Oriente (https://amzn.to/2wsDgR5).

Stephen Kinzer expone que en 1953 la CIA y el Mi6 británico asestaron un golpe de Estado contra el primer ministro iraní Mossadegh, elegido democráticamente y cuyo pecado capital fue nacionalizar el petróleo.

El objetivo de las iniciales "siete hermanas" petroleras anglosajonas era controlar los hidrocarburos de Irán, colocando a su títere idóneo: el déspota Sha –más que llevar "democracia" y "libertad". ¡Ajá!

Las tres fases son: 1. “Colocar a un inimaginable horrendo villano –llamémosle comunismo; y alinear al líder/gobierno para ser expulsados conjuntamente”; 2. "Derrocar al líder y a su gobierno, mientras se manifiestan los pagados operadores jugando a los comunistas frente a la prensa de EU"; y 3. "Instalar un gobierno títere afín a los intereses de EU y declarar la victoria por la libertad (sic)".

Rob Urie recuerda a los desmemoriados que los “logros de la CIA incluyen la guerra de EU en Vietnam, que dejó cuatro millones de vietnamitas muertos, el "Irán-Contra" que tuvo a Oliver North operando un anillo de contrabando global de cocaína desde el sótano de la Casa Blanca para colectar dinero y financiar a las milicias de extrema derecha que aterrorizaron a Centroamérica en los ochenta, y la epidemia de crack que devastó las vecindades miserables en todo EU al inicio de los noventa” (https://bit.ly/2Znb5ml).

Rob Urie no expone nada nuevo sobre las hazañas macabras de la CIA cuando existen muchas peores.

Lo interesante subyace en que expone que la CIA se encuentra detrás del impeachment contra Trump, lo cual tampoco es novedoso cuando se sabe que el grupo de George Soros, adscrito a la CIA, libra una guerra sin cuartel contra el presidente, lo cual se subsume en la batalla global entre "globalistas" –la banca Rothschild/Soros– contra los "nacionalistas".

En “Occidente (Whatever that means)”, los globalistas han pasado a un feroz contrataque que tiene a la defensiva a los nacionalistas y a sus singulares fenotipos: Trump/Netanyahu/Bolsonaro/Boris Johnson (el primer británico), arrinconados y al borde de serios descalabros políticos.

Llama la atención la audaz voltereta del presidente galo Macron –anterior funcionario de la banca Rothschild– quien se transmutó de ferviente globalista a un muy creativo nacionalista europeo cuando diagnosticó el "fin de la hegemonía de Occidente" (https://bit.ly/2kyu367) –muy diferente a los nacionalismos economicistas y "evangelistas sionistas" de corte anglosajón (https://bit.ly/2oum0sN) –cuando maniobró un espectacular acercamiento con el nacionalismo de corte "espiritual ortodoxo" de Rusia y entiende los alcances de otros subtipos/fenotipos de nacionalismos ideológicos/teológicos redivivos de China e India (con su supremacismo hindú; https://bit.ly/2JZur8P).

No todos los nacionalismos se parecen e incluso pueden colisionar entre si, cuando entra en juego su idiosincrática geopolítica.

Es la geopolítica la que acerca al desglobalizado presidente galo Macron y su neonacionalismo que lo aleja de la variante nacionalista del eje anglosajón conformado por Trump y Boris Johnson, mientras lo acerca del nacionalismo ruso del zar Vlady Putin.

Al final del día, la globalización pudo operar en forma imperturbable gracias a la imperante unipolaridad que al momento de sufrir sus sonoros descalabros financieristas, dio pie a la multipolar resurrección de los nacionalismos multiformes en los cuatro rincones del planeta: desde Irán hasta México (con su neo-nacionalismo regionalizado) bajo el signo de los hidrocarburos.

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La Casa Blanca no cooperará más con el Congreso en el proceso de impeachment

Nueva York. La Casa Blanca calificó de ilegítimo e inconstitucional el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump, después de ordenar a un embajador no presentarse ante un audiencia, y asegurar que no cooperará más con la Cámara de Representantes, bajo control de los demócratas.

El gobierno de Trump bloqueó a último momento la comparencia del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, quien estaba programado para testificar en la investigación del proceso de impeachment que ha puesto en marcha la cámara baja.

Trump justificó la decisión afirmando que el embajador estaría testificando ante lo que calificó de una “kangaroo court”, o sea, un tribunal parcial e ilegítimo.

Poco después, la Casa Blanca envió una carta a líderes demócratas en la cual acusa que la investigación está violando los derechos del presidente y anunció que no cooperará más con el proceso, tal como está constituido por ahora. Además, sostuvo que la pesquisa sólo tiene el propósito partidario de "anular los resultados de la elección de 2016", un argumento que se empleó, efectivamente, durante la investigación del mundo de Trump del fiscal especial Robert Mueller.

La carta está firmada por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, quienayer declaró que la indagación es "partidaria e inconstitucional".

Los legisladores demócratas que habían convocado a Sondland respondieron que ahora girarán órdenes –ya no una solicitud– para que éste se presente y se supone otros testigos, y acusando a la Casa Blanca de obstrucción; algunos advirtieron que eso en sí puede ser un delito que amerita el impeachment. "El presidente está obstruyendo al Congreso a tener acceso a los hechos. Es un abuso de poder actuar así", declaró la presidenta de la cámara baja y la demócrata más poderosa en Washington, Nancy Pelosi.

Al parecer, la orden de no cooperación pone en duda si a la ex embajadora a Ucrania, Marie Yovanovitch, más otros testigos en fila de espera, les será permitido comparecer ante los comités de la cámara en los próximos días.

Por su parte, el abogado personal –y no funcionario oficial– de Trump, Rudolph Giuliani, quien es figura clave en la relación política con el gobierno de Ucrania, también avisó que no cooperará con la cámara baja, y "no podría imaginar" que cualquiera del gobierno lo haga, insistiendo en que sólo estaba afirmando la postura del gobierno.

El proceso de la investigación para el impeachment de Trump fue detonado por una queja de un denunciante oficial dentro de la Casa Blanca sobre una llamada telefónica el 25 de julio, en la que el presidente presionó a su homólogo ucranio Volodymir Zelensky a investigar a uno de los principales contrincantes políticos de Trump, el ex vicepresidente Joe Biden, y propiciando así su interferencia en el proceso electoral de 2020.

El pasado fin de semana se anunció que un segundo denunciante, quien a diferencia del primero, sí tiene información de primera mano de esa llamada y sus secuelas, está ya bajo protección de las leyes para denunciantes internos, y se supone corroborá la información de la primera queja. Ayer un oficial de la Casa Blanca que estaba en la ahora famosa llamada, la calificó de "una locura" y "aterradora", reportó el New York Times. El denunciante, sobre quien sólo se sabe que era un agente de la CIA, señaló que el funcionario que había escuchado la conversación estaba "visiblemente agitado" por lo que había escuchado, ya que estaba muy afuera de los límites de este tipo de llamadas entre mandatarios.

Mientras se intensifica la guerra política entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes, nuevas encuestas continúan registrando un incremento en el apoyo para un proceso de impeachment. Después de que hace más de dos semanas, la mayoría se oponía al proceso, una nueva encuesta del Washington Post publicada ayer registra que una mayoría (58 contra 38 por ciento) de los estadunidenses apoya la decisión de la cámara baja para iniciar el proceso de impeachment, y casi una mitad ahora opina que la cámara debería recomendar la destitución de Trump.

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Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Repre-sentantes, quien anunció el inicio de una investigación para someter a juicio político a Donald Trump por el Ucraniagate.Foto Ap

A cada quien su tesis en espera de la "post-verdad". Para un segmento de la información cupular, el deseo de Trump de perseguir al "Big Pharma", vinculado a la élite del Partido Demócrata, y que descuelga casi un billón de dólares al año (bit.ly/2LX4l6K), provocó que la devota católica Nancy Pelosi, aguerrida lideresa de la Cámara de Representantes de mayoría Demócrata, lanzara el grito de guerra para defenestrar a Trump, arropada en un impecable discurso legaloide.

En mi más humilde sindéresis, Trump cometió un grave pecado capital, que le puede costar la vida, que versa sobre la persecución criminal por el Departamento de Justicia del mega-banco híper-mafioso JPMorgan Chase (bit.ly/2ANNcWu).

Lo obsceno es la intervención flagrante de la CIA para derrocar a Trump, quien ha cometido muchas pifias legales justificables de su defenestración ( impeachment): desde el fétido Ucraniagate, donde fueron expuestos los intereses energéticos del establishment de Estados Unidos, hasta el reciente Chinagate.

Aquí no importa la "legalidad" cuando tanto Demócratas como Trump han incurrido en punibles falsedades.

Lo que vale, primero, son los votos del Partido Demócrata, que cuenta con la mayoría en la Cámara de Representantes, pero que, salvo volteretas y traiciones, no podrá pasar su impeachment en el Senado, que requiere las 2/3 partes, donde el Partido Republicano reina omnipotente (bit.ly/2oTXCB1). Vale, en segundo término, la percepción de los votantes, que castigarán en las elecciones a quienes juzguen más "mentirosos".

Mientras Trump peligra de muerte, sea física o presidencial vía el expedito impeachment, en el campo Demócrata yacen ya dos cadáveres: la candidatura insostenible de Joe Biden, ferviente católico, debido a las bribonerías criminales de su hijo Hunter desde Ucrania hasta China (aquí por mil 500 millones de dólares (reut.rs/2MhSZJa ) cuando ya empieza a apestar Adam Schiff, jefe del Comité de Espionaje de la Cámara: vulgar títere de George Soros (bit.ly/2nziLjH), coludido con el contrabandista de armas ucraniano Igor Pasternak (bit.ly/2mTizeP), y quien aleccionó al fallido anónimo (sic) delator (whistleblower) de la CIA, según New York Times, rotativo adscrito al Deep State (nyti.ms/2oBDqDK).

En medio de una casi-guerra civil y de un casi-golpe de Estado de espionaje policiaco de la CIA, las comparecencias para el impeachment de Trump son "a puerta cerrada", lejos de los media, en su mayoría lubricados por el Deep State y que abominan al presidente.

Dos jefes de los tres Comités de la Cámara de Representantes, Adam Schiff y Eliot Engel son financiados por George Soros (bit.ly/2NS8IOq) quien ha sido expuesto como un operador predilecto de la CIA por Wayne Maddsen ( goo.gl/F6h7sC).

Trump acepta que el impeachment, con o sin razón (es lo de menos cuando se trata de una guerra civil legislativa), tendrá éxito en la Cámara, pero será desechado en el Senado.

Aquí lo que importa es qué tanto saldrá dañada la ya de por si mancillada imagen de Trump entre tantos escándalos reales o montados.

RobUrie, del portal alternativo de izquierda Counterpunch, articula en forma fascinante que detrás del "impeachment de la CIA(sic)" se encuentra la geoestrategia del control de los energéticos de Ucrania que enfanga a los Clinton, a Obama, a Joe Biden y a su hijo Hunter (https://bit.ly/2o5K2KZ).

Mientras arde Washington (bit.ly/2Ou5vrs), el anónimo (sic) delator contra Trump se está incinerando y la casi-candidata por el Partido Republicano, Elizabeth Warren –cuando el muy popular judío progresista Bernie Sanders acaba de sufrir un infarto que lo deja prácticamente fuera de la jugada– ha advertido que el whistleblower de la CIA puede ser asesinado –como presuntamente lo fue el pederasta Jeffrey Epstein, que en un retwiit Trump le endosó a Bill Clinton.

Aquí llama la atención que aún no haya corrido sangre, sin desearlo….

Esto apenas empieza, cuando a la CIA se le quemó su delator anónimo, pero ya prepara a un segundo más eficaz.

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Así "satura" Volkswagen la justicia alemana para evitar pagar más por el dieselgate

La compañía automovilística solo indemniza a los ciudadanos si denuncian. Cuando llega la demanda, la empresa suele proponer un montante de dinero al afectado para alcanzar un acuerdo que obliga a retirar la denuncia

 

"Con su actual estrategia, Volkswagen puede acabar pagando 2.000 o 3.000 millones de euros, pero no más de 10.000 millones que es lo que correspondería por los dos millones de coches afectados", explica un abogado

 

Aldo Mas

 

El último coche que se ha comprado Christoph Lütgert es un híbrido. No es del fabricante alemán Volkswagen. Su anterior vehículo, sin embargo, sí que era de los que fabrica el consorcio germano con sede en Wolfsburgo. Era, de hecho, uno de los afectados por el dieselgate, en el que el fabricante alemán trucó los motores de sus vehículos diésel para que parecieran menos contaminantes.

Lütgert es de los clientes que han conseguido recibir una compensación en Alemania tras adquirir un coche con el motor trucado. Sin embargo, solo lo logró después de casi dos años y medio de batalla judicial. Su caso, que tuvo que pasar por dos instancias y una apelación antes de que Volkswagen tirara la toalla, es uno entre decenas de miles que hay en curso en Alemania.

Ante el juez, a Lütgert lo representó con éxito Lars Murken-Flato, letrado del gabinete de abogados Hahn, en Hamburgo. "En Alemania, Volkswagen está viéndose obligado a pagar a los consumidores pero solo cuando estos denuncian ante la justicia. Es decir, que tienen que denunciar y estar dispuestos a llevar un proceso judicial contra Volkswagen, algo que suele alargarse en el tiempo", dice Murken-Flato a eldiario.es. "Ahora mismo hay miles de denuncias que tienen que ser procesadas por la justicia, una justicia que ya de por sí está sobrecargada", explica el abogado de Lütgert.

La estrategia de Volkswagen, según señala este letrado, nada tiene que ver con cómo la firma alemana lidió con el dieselgate en Estados Unidos. "En Estados Unidos hubo mucha presión de los políticos a la empresa, y entonces la empresa diseñó un sistema para recomprar los vehículos o pagar un dinero por cada coche", indica Murken-Flato. Esa "solución" americana al ' que evitaba los tribunales tuvo, junto a multas compensaciones y acuerdos con autoridades estadounidenses, un coste estimado en unos 25.000 millones de dólares (cerca de 23.000 millones de euros).

"En Estados Unidos las autoridades han sido más duras con Volkswagen que en Europa, allí la situación es mucho mejor que aquí para este tipo de actuaciones. En Europa apenas ha habido presión de las autoridades como en Estados Unidos. La presión aquí se ha ejercido desde las asociaciones de consumidores", dice a eldiario.es Axel Friedrich, experto en cuestiones de movilidad con años de experiencia en la Agencia Federal para el Medioambiente de Alemania (UBA).

Estimaciones recientes apuntan a que se han procesado unas 61.000 denuncias contra Volkswagen relacionadas con los motores diésel trucados. Según afirmaban recientemente fuentes del consorcio germano al diario generalista berlinés Der Tagesspiegel, unos 33.000 casos ya han sido resueltos. La gran mayoría han acabado con el final deseado por la compañía, según han apuntado desde Volkswagen.

Esto se explica por la estrategia adoptada por la firma una vez que hay proceso judicial. La empresa suele proponer un montante de dinero al afectado para alcanzar un acuerdo que obliga a retirar la denuncia. A Christoph Lütgert, por ejemplo, la empresa le ofreció en su momento 17.000 euros por su Volkswagen Golf. Pero Lütgert y Murken-Flato, su abogado, no dieron su brazo a torcer. Continuaron la pelea en los tribunales. Y ganaron, obligando al consorcio ha pagar algo más de 20.000 euros, después de más de casi 30 meses de batalla judicial.

En vista de casos como el de Lütgert y cómo se están eternizando los procesos judiciales, Friedrich considera responsable a Volkswagen de plantear "una enorme carga sobre los jueces". Así lo afirmaba hace unos días al Der Tagesspiegel Murken-Flato: "Como Volkswagen evita una solución similar a la de Estados Unidos, los afectados germanos tienen que denunciar, y esto es una sobrecarga para la justicia". "Todo el proceso va muy lento", constata Friedrich a este periódico.

 

Evitar una solución como en EEUU

 

Aun así, la actitud de Lütgert y Murken-Flato no está al alcance de todos. En los tribunales, el tiempo también es oro. Porque para acudir frente al juez hay que estar dispuesto a pagar abogados y costes judiciales. "Muchos deciden no pagar y no denunciar", comenta Murken-Flato. Para él, la estrategia de Volkswagen está clara. "Ellos dicen: 'sin jueces de por medio, no pagamos nada, pagamos solo cuando nos denuncian'", abunda el letrado.

En Estados Unidos, el número de coches afectados por el escándalo rondaba el medio millón. Sin embargo, solo en Alemania se estima que hay unos dos millones de vehículos afectados. "La estrategia en Alemania de Volkswagen funciona así: si en Alemania se decidieran a tomar una salida como en Estados Unidos, tendrían que pagar a todos los afectados. Pero en Alemania hay más de dos millones de coches afectados. Si Volkswagen tuviera que pagar a todos, pongamos 5.000 euros de media, eso ya significaría una suma por encima de los 10.000 millones de euros", comenta Murken-Flato. "Con su actual estrategia, Volkswagen puede acabar pagando 2.000 o 3.000 millones de euros, pero no más de 10.000 millones", abunda.

A Volkswagen incluso le viene mejor, antes que encontrar una solución a la americana, hacer frente a la denuncia en grupo que reúne a cerca de medio millón de usuarios afectados que estos días se dirime en el Tribunal Regional Superior de Braunschweig.

De aquí a que ese tribunal de Braunschweig acabe resolviendo esa denuncia pueden acabar pasando años, según los expertos. Hasta que eso no ocurra, Volkswagen no podrá olvidar del todo el dieselgate en Alemania.

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Viernes, 04 Octubre 2019 06:00

Se hizo justicia

Se hizo justicia

Análisis del fallo de la Corte Suprema en el caso del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia.

 


El 23 de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una sentencia mediante la cual se ratificó la condena al general Jesús Armando Arias Cabrales a 40 años de prisión como coautor de la desaparición forzada de cinco personas que salieron vivas del holocausto del Palacio de Justicia. Se trata de una sentencia muy importante que todos las y los ciudadanos deberíamos leer y conocer.
Desaparición forzada | Palacio de Justicia | Abusos del Ejército | Bogotá D. C. |


Las y los desaparecidos


La desaparición forzada se estructura, según la Corte, cuando “un agente del Estado priva a una persona de su libertad, cualquiera sea la forma en que lo hace, seguida de su ocultamiento y negativa a reconocer dicho acto dicho acto o de dar información sobre su paradero”.


Para los jueces de la Corte Suprema, sin lugar a duda, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, David Suspes Celis y Luz Mary Portela León, al igual que la guerrillera Irma Franco Pineda, salieron vivos del Palacio de Justicia bajo la custodia del Ejército Nacional y fueron entregados al B-2 de inteligencia de la Brigada XIII. Sobre Irma Franco, la Corte reitera que sí fue detenida viva, que se dipuso que hombres la custodiaran y que ella se identificó por su nombre y pidió poder comunicarse con su familia, antes de ser llevada al segundo piso de la Casa del Florero, en donde se interrogaba a los sospechosos, según el testimonio del soldado bachiller Edgar Alfonso Moreno Figueroa.


Hasta ahora no sabemos el paradero del administrador de cafetería Carlos Rodríguez e Irma Franco. “Puede suceder que sus restos se encuentren; pero eso no significa que no hayan desaparecidos. El hecho de que después de la retoma fueron vistos en poder de las fuerzas del Estado y que no hayan sido entregados a la autoridad jurisdiccional, si se consideraba que existían indicios de sus vínculos con el grupo terrorista, es la manifestación de su desaparición jurídica. Pensar lo contrario es ofender el dolor de las víctimas y revictimizarlas,” dice la Corte.


El Ejército pensó que con el incendio de la edificación la noche del 6 de noviembre no quedarían sobrevivientes, pero ¡ah sorpresa! los seis guerrilleros y los sesenta rehenes que permanecían en el baño del costado norte estaban vivos y se convirtieron en un problema para los militares. Se siguió la directriz dada el día anterior por el general Arias Cabrales “todos a la Casa del Florero”. Las personas pasaron a disposición de la sección de inteligencia del Comando de la Brigada XIII, la cual se encargaba de los sobrevivientes, sospechosos o especiales “para interrogarlos; para investigar si participaron directamente en la operación criminal, o si apoyaron en su condición de empleados de Palacio la ejecución de la acción terrorista”.


El acto de aprehensión y posterior desaparecimiento de los “sospechosos”, como lo evidencia la secuencia con las grabaciones de dos radioaficionados, estaba prevista desde el comienzo de la operación. La desaparición forzada, consecuencia del operativo de “rescate” no fue un acto individual, sino un conjunto de acciones. El control de los militares era absoluto, hasta con los heridos ya que el general Arias Cabrales le dijo al coronel Edilberto Sánchez Rubiano que debía verificar a todas las personas que habían sido evacuadas heridas a centros asistenciales.


Que se mantuvo el control militar sobre todos los escenarios, todo el tiempo, es un punto clave en la sentencia pues se llegó a la “irracionalidad” de decir, ante la posible identificación de un guerrillero, que “si aparece la manga no aparezca el chaleco”. Anotó la decisión que “Desde este punto de vista es evidente que Arias Cabrales no fue, no pudo, no podía ser ajeno a la aprehensión y posterior desaparecimiento de la guerrillera Irma Franco Pineda” y agregó que:


“Desde ese día, cuando ella fue entregada a miembros de la Brigada, nadie más supo de su destino. Desapareció; fue desaparecida. Con que fuera ella sola, únicamente, el grave delito se estructura objetivamente. No importa que fuera una persona por fuera o al margen de la ley (…). No importó su individualidad, como tampoco las de los otros desaparecidos. Bastó etiquetarlos como guerrilleros o sospechosos para perderla. En estos casos pesan más las categorías que los derechos, que la dimensión ética del ser humano”.


Y más exactamente sobre la naturaleza de la actuación del general Arias Cabrales, agrega la Corte que sus órdenes:


“realizaban a la perfección la directriz del general Rafael Samudio Molina, su superior Comandante de las Fuerzas Militares cuando señaló en relación con el tratamiento de los detenidos: ´El individuo capturado en el campo de combate debía ser rápidamente interrogado y evacuado a los organismos superiores´ Una clara manifestación, en palabras de la Corte, “de que los retenidos se sustraían a las autoridades civiles para ser entregadas al contingente militar, un elemento sustancial del delito de desaparición forzada”.


El contexto histórico y político


La Corte juzgó al general Arias Cabrales, debido al comportamiento en los hechos de retoma del Palacio y los posteriores que califica como “los más aterradores y dolorosos del conflicto armado” los cuales no pueden “sustraerse del entorno histórico y político en que ocurrió”.


El 6 y 7 de noviembre de 1985 el país se encontraba en estado de sitio (decreto 1038 de 1984) que le dio facultades extraordinarias al presidente Belisario Betancur Cuartas. Entre ellas estaban mantener la competencia de la jurisdicción militar para investigar a civiles y crear el Tribunal Especial para coordinar la actividad de los Juzgados de Instrucción Criminal asignados para investigar lo ocurrido, que culminó en un informe publicado el 17 de junio de 1986.


Desde 1983 estaba vigente el “Plan Tricolor” diseñado para enfrentar una guerra exterior o una insurrección general, parcial o total en el territorio nacional. El objetivo principal del plan consistió en destruir al comando del M-19 que realizó la acción del Palacio y proteger a las tropas que participaron en el operativo de retoma del fuego amigo.


El rescate de los rehenes nunca fue una prioridad para los militares, como lo confirmó el general Rafael Samudio Molina al afirmar que ello sólo sería posible “hasta donde las circunstancias lo permitieran”. Para cumplir el objetivo no se podían conceder treguas, ceses al fuego o suspensión de operaciones, las cuales debían caracterizarse por su persistencia, presión constante, continuidad y fuerza, a fin de conseguir resultados decisivos, como ocurrió durante las 28 horas de combate entre las fuerzas del Estado y los guerrilleros del M-19.


El “Plan Tricolor” fue activado inmediatamente por los altos mandos militares, lo cual explica la rapidez de la llegada de las tropas y los vehículos blindados al Palacio. Estaba orientado el plan por la filosofía del “enemigo interno” incrustado en la Doctrina de Seguridad Nacional en boga en países del Cono Sur. En esa doctrina “se mantuvo la tensión histórica entre la razón de Estado y los derechos humanos, que en ese entonces se resolvía en favor de aquel”. Una serie de derechos incompletos consagrados en el papel sin poder exigir su cumplimiento. O sea, en palabras de la Corte “un sistema en el que políticamente la razón de Estado primaba sobre los principios de la democracia y los derechos humanos”.


La orden presidencial


El expresidente Belisario Betancur Cuartas y los comandantes militares, entre ellos el general Jesús Armando Arias Cabrales, insistieron durante el transcurso de las investigaciones judiciales -contra toda evidencia probatoria- que se trató de una operación de rescate de rehenes, en la que, según el expresidente de la República, “la regla de oro” era garantizar en todo momento la vida de los funcionarios judiciales, empleados y visitantes, inermes ante la acción del grupo asaltante. Pero esto no fue cierto.


Por el contrario, como se refleja en la decisión judicial, “está plenamente establecido que las armas del Estado se emplearon en contra los ciudadanos, empleados, visitantes, magistrados y guerrilleros, con el desabrido pretexto de “defender la democracia” (palabras del coronel Luis Alfonso Plazas Vega) sin hacer la mínima distinción entre combatientes y no combatientes y con el uso desproporcionado de la fuerza, en clara violación del Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra de 1948. “ P. 185 CSJ.


Tanto el Ejército como la Policía Nacional, bajo el mando unificado del general Jesús Armando Arias Cabrales, tenían la clara visión doctrinal de aniquilar al enemigo sin treguas, con persistencia, utilizando todos los medios armados al alcance. Para ello, contó con “la temerosa actitud del presidente de la República de no intervenir”, según las propias palabras de la Corte y añadió que “la operación militar no tuvo tregua y menos reparo sobre la vida de los magistrados, empleados y ciudadanos, y de los guerrilleros vencidos en esa infausta acción terrorista que nunca ha debido ocurrir”.


El fallo ratificó que el director supremo de la operación retoma fue el general Arias Cabrales. Él sabía del procedimiento a seguir en el caso de los capturados. Dispuso que las personas que salieran con vida debían ser conducidas a la Casa del Florero, no para auxiliarlas como él afirmó, sino para identificarlas, interrogarlas y establecer la identidad de los integrantes del grupo enemigo. Como lo dijo la Corte, fue el artífice de la “solución final” que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su acción, su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron.


Dice la sentencia que la gravedad de la conducta del general Arias Cabrales y de los oficiales de la Fuerza Pública que participaron del criminal operativo de retoma “es propia de un grave atentado a los Derechos Humanos, imponen en este caso que el derecho a la verdad y a la no impunidad, que es en lo que consiste la justicia material desde este ámbito, primen sobre la formalidad de la orden judicial previa, mas aún si se asume que con esa actuación no se creó un estado de indefensión para el procesado Arias Cabrales, en cuanto pudo objetar su contenido en el proceso, sin hacerlo”.


La Casa del Florero


Con la sentencia de la Corte en el caso del General Arias Cabrales, se comprobó que no eran ciertas sus afirmaciones de que en la Casa del Florero no se instaló el puesto de mando adelantado, o que fue utilizada para prestar primeros auxilios a los rescatados e identificarlos, luego de lo cual se les facilitaba el rápido retorno a sus hogares. Tampoco que muchas personas salieron por la puerta vehicular de la carrera 8ª y que otras fueron llevadas a centros asistenciales sin pasar por la Casa del Florero. También riñe con la verdad procesal lo afirmado por Edilberto Sánchez, jefe del B-2 de la Brigada XIII a cargo de la Casa del Florero, que solo brindó asistencia a las personas rescatadas y que allí reinó un caos y que no tenía mando sobre la Policía y el DAS.


Por el contrario, no hubo tal salida masiva porque la conducta de las personas al interior del Palacio era la de esconderse y salir sólo cuando fueron evacuado por el Ejército a la Casa del Florero. Los centros asistenciales estaban controlados por el ejército y algunos heridos pasaron por la Casa del Florero, que no era un lugar de primeros auxilios, sino que sirvió para identificar a los sospechosos o especiales e interrogarlos. Tampoco reinó el caos porque estuvo bajo el control absoluto del coronel Sánchez y tanto la Policía como el DAS estaban subordinados a él por el principio de la unidad de mando.


Esperamos con esta decisión de la Corte que no solo se abra el camino de verdad judicial, sino que el pacto del silencio e impunidad que ha caracterizado el caso de los desaparecidos del holocausto y demás víctimas, empiece a resquebrajarse. Veremos si los militares que se han sometido y quieran someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le van a contar la verdad histórica de lo sucedido y también si acudirán a la Comisión de Esclarecimiento y Verdad y a la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos para evitar un pacto del olvido que no seremos.

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Jueves, 03 Octubre 2019 06:26

“La Merlano”

“La Merlano”

Aída Merlano Rebolledo es la protagonista del penúltimo capítulo del realismo mágico colombiano.

Sin entrar a valorar su calidad como política, como actriz “la Merlano” parece tener un futuro prometedor. La excongresista barranquillera estaba presa en la cárcel del Buen Pastor de la capital colombiana cumpliendo una condena de quince años por fraude y compra de votos. El uno de octubre tenía una cita en un centro médico de Bogotá y, cual actriz de película, tal vez una comedia de Dago García, huyó deslizándose por una cuerda desde el consultorio situado en el segundo piso hasta la calle. Ahí la esperaba una persona al mando de una motocicleta a la que tranquilamente se subió de parrillera y se marchó del lugar como si tal cosa mientras intentaba colocarse el casco reglamentario.

No necesitó de los poderes de la capitana Marvel ni del ajustado disfraz de Catwoman, elegantemente vestida de blanco se escapó sin un tiro y sin más efectos especiales que atar una soga a un mueble de la consulta odontológica y dejarse caer hasta el suelo. Por cierto, las informaciones indican que el médico de la clínica odontológica de la que escapó es un oficial del ejército retirado.

Parece ser que la cita médica no era por ningún problema bucal, sino para uno de esos tratamientos de cirugía estética tan de moda en los que te construyen la sonrisa. Gran sonrisa la que se le habrá dibujado sin necesidad de intervención quirúrgica y gran cara de asombro y estupidez la de quienes estaban encargados de su custodia.

De momento, el papel protagonizado por la política metida a actriz, o viceversa, ya se ha cobrado las tres primeras víctimas en la figura del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), un general de la Policía, y de la directora y la subdirectora del centro penitenciario en el que “la Merlano” cumplía su condena. Los papeles de estas tres personas serán cubiertos por otros actores que no permitan que se cambie el guion sin conocimiento de la dirección.

La abogada Merlano ascendió rápidamente en la escala social de la política, pasando de líder barrial que busca votos a senadora del Congreso de la República por el Partido Conservador hasta convertirse en la primera congresista del país en ser condenada por compra de votos.

Según el periódicoEl Espectador la fuga de Aída Merlano Rebolledo favorece a las “casas políticas de los Char y los Gerlein” y a otros personajes de la costa atlántica que habrán recuperado la calma al saber que alguien que podía declarar en contra de sus manejos políticos ya no está encarcelada.

Como cualquier película de fugas que se precie, la excongresista ya ha conseguido que se ponga “precio a su cabeza” y se ofrecen 50 millones de pesos colombianos por información sobre su paradero.

El mismo día de su huida, la ahora prófuga de la Justicia había concertado cita con su abogado y con la Fiscalía para solicitar una reducción de pena a cambio de colaborar con la Ley. Para hacer esta película más increíble, se dice tenía comprado un pasaje aéreo para una isla caribeña. Supongo que a alguna de las que no tenga tratado de extradición con Colombia.

Hasta los medios El Espectador y Caracol han elegido como protagonista de su habitual consulta virtual a esta actriz de la política al preguntar a sus lectores y televidentes “¿Cree que Aída Merlano será recapturada?”. La sabiduría popular piensa mayoritariamente que NO, un 63,94 % de los ocho mil doscientos ochenta votos emitidos hasta las 22:00 horas del 2 de octubre así lo confirman.

El cierre a esta comedia es que una gran parte de esa misma población terminará convirtiendo a “la Merlano” de política mediocre en actriz secundaria y finalmente en heroína popular. Bienvenidas y bienvenidos, esto no es Colombia magia salvaje sino puro realismo mágico.

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Los evangelistas sionistas al rescate de Trump amenazan con una guerra civil en EU

Dos años después no variaron tanto los cuatro escenarios que postulé sobre el epílogo de Trump (https://bit.ly/2mD2MR4). Lo que sí varió es la fractura entre demócratas y republicanos que pasó de la “guerra civil soft” (https://bit.ly/2XBNWYZ) al borde de una “guerra civil casi hard”.

El día del anuncio de la "investigación" con fines de defenestración ( impeachment) en la Cámara de mayoría demócrata, Trump había fustigado a los globalistas en la ONU.

Trump retwitteó las amenazas del pastor bautista Robert Jeffress (https://bit.ly/2mMa9pC), quien advirtió que su impeachment “causaría una guerra civil (sic) como fractura (…) de la que nuestro país nunca sanará” (https://bit.ly/2p4Y5R4). Robert Jeffress es pastor del bautismo sureño de la Primera Iglesia Bautista en Dallas, que aglutina a 13 mil feligreses y es ferviente partidario de Trump a quien "aconseja" en materia religiosa.

La apertura de la embajada de EU en la parte palestina de Jerusalén ocupada por Israel fue avalada por los evangelistas sionistas texanos Robert Jeffress y John Hagee (https://bit.ly/2ocZbtF).

A juicio de Robert Jeffress, los demócratas saben que no podrán ganarle al presidente en 2020 por lo que el “ impeachment es el único instrumento que tienen para deshacerse de Trump”, ya que a los "demócratas no les importa si incendian y destruyen al país".

Comentó que "nunca había visto a los evangelistas más furiosos en un tema como este intento de defenestrar en forma ilegítima al presidente de su puesto, como anular la elección de 2016 y negar los votos de millones de evangelistas".

En búsqueda del influyente voto de los judíos, el mismo pastor imprecó que "serían maldecidos con sus hijos por Dios si votasen por los demócratas", en eco a la jeremiada de Trump quien espetó que los judíos que votasen por los candidatos demócratas eran "desleales" –no especificó si a EU y/o a Israel–.

Han resonado más las incriminaciones criminales del Partido Demócrata contra Trump que las brutales inculpaciones en contra de Hunter, el hijo pródigo del ex vicepresidente Joe Biden, sobre sus tratativas mafiosas en Ucrania, con la gasera Burisma, y en China donde descolgó mil 200 millones de dólares en forma clandestina.

El Partido Demócrata se ha ido con todo y ha citado al procurador William Barr y al secretario de Estado, Mike Pompeo.

Los Republicanos no están mancos y Rudolph Giuliani, implacable abogado privado de Trump, se ha ido a la yugular de Joe Biden quien solicitó a las televisoras que le impidan discutir sus escándalos en Ucrania (https://bit.ly/2mGhg2D).

El mismo Trump ha despotricado de "traición" contra el jefe de la Cámara de Espionaje, Adam Schiff, vinculado a George Soros (https://bit.ly/2nziLjH) y financiado por el contrabandista de armas ucraniano Igor Pasternak (https://bit.ly/2mTizeP).

Destaca que el israelí-estadunidense Stephen Miller, consejero político de Trump y connotado mexicanófobo, arremetió contra el anónimo delator ( whistleblower), aunque indicó que es un operador del Deep State (Estado Profundo) –¿la CIA?–y a quien Trump retó a salir de su clandestinidad.

El whistleblower anónimo explotó el ucraniagate contra Trump, quien presuntamente chantajeó al presidente de Kiev para ventilar los expedientes criminales de Hunter Biden a cambio de la ayuda militar de EU.

Se trata de una batalla épica de feroces ataques y contrataques donde la percepción de los ciudadanos y el flagrante favoritismo de los multimedia tendrán un enorme impacto, no se diga las traiciones en ambos partidos, al unísono de la métrica cuantitativa de los donativos.

Si los Demócratas no consiguen defenestrar a Trump después de haber abierto la Caja de Pandora de Ucrania, cuando ya les falló el russiagate, es probable que sufran un "efecto bumerán" (https://bit.ly/2nyDt3b).

Quien salga menos mancillado y menos herido de muerte del lodazal jurídico y de espionaje que se ha desatado será el vencedor de la batalla pírrica, donde Trump, gran aficionado al box y consejero financiero del campeón de peso pesado, Mike Tyson, combatirá hasta el último round (https://bit.ly/2nxvsLK).

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Un choque de poderes causa la mayor crisis política de este siglo en Perú

El presidente Martín Vizcarra ha anunciado la disolución del Congreso para poner fin a la crisis que lo enfrenta con la oposición, dominada por el fujimorismo

Una facción del Congreso ha hecho oídos sordos a la disolución: ha tomado juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz y ha suspendido a Vizcarra

El país celebrará elecciones legislativas el 26 de enero de 2020

Una crisis política sin precedentes en las últimas décadas ha estallado este lunes en Perú, después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso y una facción de este en rebeldía votara la "suspensión" del mandatario y jurara a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

La larga, tensa y convulsa jornada que ha vivido el país ha dejado muchas heridas políticas abiertas por resolver, una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro inmediato y pocas certezas sobre la situación legal y las consecuencias políticas de muchas de las decisiones que se tomaron.

Elecciones en 2020

El gobierno del país ha anunciado este lunes, mediante un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, la convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020, tras la disolución del Parlamento.

El decreto supremo cita el artículo 134 de la Constitución, que establece que el presidente está facultado a disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, y que debe convocar elecciones legislativas a celebrarse en los cuatro meses siguientes a la disolución.

El actual Congreso fue elegido en los comicios del 2016 para un periodo que terminaba en 2021, quinquenio que debía cumplir el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el año pasado por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

Crisis política

El decreto fue firmado por el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Vicente Zeballos, quien ha jurado este lunes en reemplazo del saliente Salvador del Solar. Vizcarra ha anunciado la disolución "constitucional" del Congreso peruano con el objetivo de poner fin a la crisis política que lo enfrentaba con la oposición dominada por el fujimorismo.

Vizcarra ha anunciado la disolución del Congreso, tras recibir una tercera negativa de confianza del Parlamento, en el punto más álgido del enfrentamiento político que mantuvo el Legislativo con el Gobierno, desde la elección del actual Ejecutivo en 2016.

Nombramiento de Aráoz

No obstante, una facción del Congreso ha hecho oídos sordos a la disolución y ha tomado juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, como "presidenta en funciones" del país, después de que ese grupo votara la suspensión del gobernante Martín Vizcarra por un periodo de 12 meses. La mayoría opositora en el Parlamento ha acusado al presidente de golpista.

Los máximos jefes de las fuerzas armadas de Perú han acudido al Palacio de Gobierno para dar su respaldo a Vizcarra tras el anuncio de la disolución del Congreso. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional "reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente", según informa la Presidencia de la República.

Manifestaciones ciudadanas

Miles de peruanos celebraron este lunes en los exteriores del Palacio Legislativo la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones legislativas con gritos como "sí, se pudo" o "Perú, te quiero, por eso te defiendo". Con carteles y banderas rojiblancas en mano, miles de jóvenes, adultos, integrantes y simpatizantes de sindicatos y colectivos civiles llegaron hasta la céntrica avenida Abancay "emocionados" por celebrar lo que para ellos "es lo mejor que le ha podido suceder al Perú".

Así lo señaló a Efe el ciudadano Miguel Márquez, de 60 años, que llegó "emocionado por los cambios que va a haber" tras la medida constitucional. "Ojalá que sea el comienzo del inicio de un Gobierno más decente para el país", señaló abrigado con una bandera peruana en la espalda y sobre una motocicleta con la que se adentró hasta las avenidas del centro histórico de Lima, custodiadas por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por EFE

01/10/2019 - 07:49h

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Martes, 01 Octubre 2019 05:55

Y Lula dice no a la trampa

Y Lula dice no a la trampa

No hubo sorpresa, y se abrió un ventanal de expectativas a partir del anuncio de Lula, divulgado en la tarde de hoy a través de una carta manuscrita, de que no acepta pasar al régimen semiabierto, como lo solicitaron los fiscales de la ‘Operación Lava Jato’.

Para Lula, lo único aceptable es que sea declarado inocente. Nada más le interesa.

Reiterando lo que dice desde que fue condenado en un juicio claramente manipulado, Lula escribió que no cambia su dignidad por su libertad.

 ‘Lo que los fiscales realmente deberían hacer es pedir disculpas al pueblo brasileño, a los millones de desempleados y a mi familia, por lo mal que hicieron a la democracia, a la Justicia y al país’, disparó, para luego reivindicar que ‘frente a las arbitrariedades cometidas por los Fiscales y por Sergio Moro, le toca ahora a la Corte Suprema corregir lo que está mal, para que haya Justicia independiente e imparcial’.

Con lo que Lula anticipó ayer, sin esperar la decisión de la jueza encargada de su caso, Carolina Lebbos, el esfuerzo llevado a cabo por los fiscales encabezados por Deltan Dallagnol cae por tierra. La idea era cambiar el régimen de prisión de Lula antes de que la Corte Suprema adopte alguna decisión, digamos, más radical.

Al mismo tiempo, Lula abrió espacio para una discusión jurídica con poquísimos precedentes: ¿puede un preso rehusarse al cambio de régimen de prisión previsto en la ley?

Hay divergencias sobre si se trata de una determinación o una concesión legal. Son poquísimos antecedentes de presos que se rehusaron a la mejora de las condiciones de prisión y cuando ocurrieron han sido siempre bajo el argumento de temer por su vida en caso saliesen de la cárcel.

Juristas recuerdan que lo que el preso puede es negarse a aceptar condiciones impuestas por el magistrado responsable, como la obligación del uso de una tobillera electrónica.

La decisión de Lula presiona a todos los involucrados: si le impone el uso de la tobillera, Carolina Lebbos concede la posibilidad de que él se niegue a acatarla. Con eso se justificaría su permanencia en prisión y, a la vez, se aseguraría espacio para que siguiese exigiendo la anulación del juicio que lo condenó.

Pero si no hay imposición alguna y se lo fuerza a pasar al régimen semiabierto o, en caso extremo, a prisión domiciliaria, Lula dirá que se vio obligado a aceptarla por respeto a la ley, mientras seguirá luchando hasta que se haga justicia y él logre probar su inocencia.

A la vez, Lula impuso nueva presión sobre el Supremo Tribunal Federal, cuya omisión lo transformó en cómplice de todas las irregularidades cometidas por el entonces juez Sergio Moro y los fiscales por él teleguiados.

La defensa de Lula reivindica que se declare sospechosa la conducción del juicio a Lula, con énfasis en las conductas de Sergio Moro y Deltan Dallagnol. También ingresó con un pedido de hábeas corpus favorable al ex presidente declarando la parcialidad de Moro, pidiendo la anulación del juicio y la inmediata liberación de Lula.

La suma de todos esos movimientos indica que la jugada de Lula no es exactamente arriesgada, ya que él no tiene mucho que perder.

Al contrario, ha sido una jugada magistral. Al negar un beneficio insistiendo que no acepta otra cosa que ser declarado inocente, refuerza su discurso de siempre. Si le imponen el beneficio, dirá que él sí, respeta la ley, al contrario de sus verdugos.

Con eso, aumenta y mucho la presión sobre los integrantes de la hasta ahora muy omisa Corte Suprema brasileña.

Ahora, a ver cómo se portan los integrantes de la instancia más elevada de la Justicia en Brasil, si con o sin dignidad.

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Beate Klarsfeld, la cazadora de nazis,“Ni Francia ni Alemania querían volver sobre su pasado”

Junto a su esposo Serge dedicó su vida a perseguir a los responsables de las deportaciones de judíos en Francia y a los nazis que seguían impunes dentro y fuera de Alemania. Llegó a la Argentina, adonde vino a protestar contra la dictadura en 1977, para presentar sus memorias.

 

Beate Klarsfeld nació Beate Künzel en Berlín, en 1939, meses antes del comienzo de la Segunda Guerra. Hija de un soldado que peleó en la Wehrmacht , las fuerzas armadas unificadas de Hitler, creció con la imagen de la derrota del nazismo. Se trasladó a París a comienzos de los 60. En Francia conoció al abogado Serge Klarsfeld, rumano de raíces judías, cuyo padre murió en Auschwitz luego de ser deportado desde Niza por el régimen de Vichy, instalado por la ocupación nazi. Beate, cuyo nombre se pronuncia exactamente como se escribe, y Serge compartieron desde entonces la preocupación por preservar la memoria y la dignidad de las víctimas del nazismo. En un momento en que los juicios por los crímenes de los nazis ya parecían cosa del pasado, los Klarsfeld se dedicaron a buscar a responsables de deportaciones y crímenes contra la humanidad. Se convirtieron en cazadores de nazis.

En el convulsionado 1968, Beate se hizo famosa. En el parlamento alemán increpó a Kurt Kiesinger, el entonces canciller, y le recordó a la principal autoridad política de la República Federal de Alemania su pasado nazi. Semanas más tarde, logró acercarse a Kiesinger en un acto político en Berlín Occidental ylo abofeteó en público. Con su esposo revelaron que el canciller demócrata cristiano se había afiliado al nazismo en 1933 y había integrado el área de propaganda del ministerio de Relaciones Exteriores a partir de 1940.

Los Klarsfeld se dedicaron a buscar a nazis connotados, como Klaus Barbie, el responsable de la Gestapo que torturó y asesinó a Jean Moulin, líder de la Resistencia francesa; o Walter Rauff, el creador de las cámaras móviles de gas, con las que se exterminó a casi cien mil judíos. Barbie fue llevado de Bolivia a Francia tras una batalla de más de quince años. Rauff murió impune en el Chile de Pinochet. Llevaron al banquillo a responsables de los crímenes contra los judíos en la Francia ocupada, como Maurice Papon. E incluso lograron extraditar y juzgar a un nazi escondido en la Argentina: Josef Schwammberger, detenido en Córdoba en 1987

En 1977 Beate Klarsfeld vino a la Argentina para protestar contra la dictadura de Videla. Hace unos días, a sus 80 años, volvió para presentar Memorias, un libro de 700 paginas, editado por Edhasa y Libros del Zorzal, en el que se alternan su voz y la de su marido en el relato de sus vidas. Fue homenajeada por la Cámara de Diputados y visitó la ex Esma, entre otras actividades.

-¿Por qué no hubo persecución a los nazis, luego de los juicio de Núremberg?

-Ni Francia ni Alemania querían volver sobre su pasado. Después de Núremberg empezó la Guerra Fría, y los responsables comenzaron a quedar en libertad. Diez años después de la guerra ya había nazis fuera de la cárcel. De Gaulle llegó a indultar al jefe de la Gestapo en París, Helmut Knochen. Además, Alemania no juzgaba a los responsables de los crímenes cometidos en Francia, algo que cambió con la política de Willy Brandt.

-¿Cuál es su recuerdo de Brandt? Usted lo apoyó en su campaña para canciller y fue quién llevó adelante políticas de memoria.

-Lo conocí cuando era alcalde de Berlín Occidental. En el 69 yo competí en las elecciones por un partido de izquierda y él por la socialdemocracia. Se pudo sacar del gobierno a Kiesinger. Brandt fue quien preparó la unificación de Alemania, reconoció la responsabilidad en la guerra, visitó Varsovia y pidió perdón por los crímenes. Fue un socialista extraordinario. Él era canciller cuando se quiso enviar como representante ante la Comunidad Europea a Ernst Achenbach. Denunciamos que había sido responsable de la línea política de los programas de radio en la Francia ocupada y se bajó su nominación.

-Los funcionarios de segunda o tercera línea del nazismo se reciclaron en puestos del Estado en Alemania Federal en esos años. ¿Cómo fue posible?

-Los alemanes no se consideraban responsables después de la guerra. Se tomó gente que estaba formada en el Estado, no se tomaban jóvenes, sino gente con experiencia. Hubo algunos juicios, sin penas importantes. El país estaba dividido, ya estaba la Guerra Fría. Comenzaron a hacerse investigaciones a nivel parlamentario, pero la mayor parte de la población no estaba indignada. Un propagandista nazi como Kiesinger no llamaba la atención y llegaba a canciller por la vía democrática.

-Un caso emblemático fue el de Rauff, a quien fue a buscar a Chile en plena dictadura. No se logró la extradición, murió al poco tiempo y su entierro fue un acto nazi a plena luz del día. ¿Cómo lo recuerda?

-Rauff era conocido por los servicios secretos alemanes. Sabían que estaba en Chile, y también estaban al tanto de Barbie en Bolivia. Hicimos el reclamo, pero para Chile había prescripción de los delitos. Fui allí en el 83. Estaba Pinochet y reclamamos la salida de Rauff del país. Hicimos saber a la sociedad chilena que en su país estaba el hombre cuyas cámaras móviles mataron a 97 mil judíos. Fuimos a protestar frente al Palacio de la Moneda, delante de su casa… Lo protegía la dictadura. Me fui y murió a los pocos meses. Al menos el mundo supo de él.

-En 1977 vino aquí en plena dictadura de Videla. “He venido a la Argentina para protestar contra un régimen político cuyos métodos represivos y su macabro resultado no pueden dejar indiferente a la opinión pública internacional”, escribió. ¿Qué recuerda de esa visita?

-Me quise solidarizar cuando supe lo que pasaba aquí. Cinco años antes había estado en Bolivia, cuando detectamos a Barbie. En el 77 yo integraba la Liga contra el Antisemitismo y el Racismo. Les dije a mis compañeros que iba a viajar a Buenos Aires. Unos de los miembros de la Liga era François Mitterrand. Todos me apoyaron en la decisión. Sabíamos que la gente desaparecía, que había torturas. Quise alertar al mundo. Mi método es ir allí donde suceden las cosas, no protestar frente a una embajada, voy adonde la gente está en peligro. Había que hacerlo en el lugar y alertar a la población. Al poco tiempo fue el secuestro de las dos monjas francesas. Sirvió para apoyar a las Madres de Plaza de Mayo en su búsqueda de justicia.

-Usted llama a la “acción directa”: la identificación del nazi impune, ir a su casa, hacer saber que allí vive un criminal. En la Argentina existieron los “escraches”, cuando los juicios estaban paralizados. ¿Encuentra similitudes?

-Con la acción directa mostramos el deseo de las víctimas de que se haga justicia. El objetivo era forzar a los jueces a que actuaran. Se trata de la búsqueda de justicia contra criminales de lesa humanidad.

-¿Qué opina del caso argentino en cuanto a los juicios por los crímenes de la dictadura?

-No lo conozco en profundidad. Hubo un perdón a los militares, pero la sociedad siuió pidiendo juicio y castigo. Son crímenes que, si no se juzgan, se pueden reproducir.

-Uno de sus grandes aportes ha sido el “Memorial de la deportación de los judíos de Francia”, el listado con los datos de casi 80 mil víctimas. ¿Qué significó ese trabajo?

-Fue sobre todo obra de Serge, a fines de los 70, cuando el Proceso de Colonia (el juicio a tres nazis alemanes por las muertes de 40 mil judíos franceses). Es un listado en orden alfabético de 76 mil nombres, que incluyen a 11 mil chicos. Están todos los datos: fecha de nacimiento, dirección, cuándo fueron detenidos, a cuáles campos los enviaron… Así se pudieron reunir familias dispersas, porque había padres que eran separados de sus hijos. Incluso se pudo conseguir cinco mil fotos de los deportados. En ese momento se le pudo hacer llegar un ejemplar al juez durante el juicio en Colonia.

-Otro caso emblemático fue el de Klaus Barbie. Pasaron más de quince años entre que usted y su marido lo ubicaron en La Paz y el juicio de 1987. Y hasta se plantearon la posibilidad de secuestrarlo, ante la impunidad y la negativa de Bolivia de entregarlo a Francia.

-Reivindico eso, pero también el Proceso de Colonia contra los tres nazis, Hagen, Lischka y Heinrichsohn, que fueron condenados en 1980. También llevó años poder enjuiciar a Maurice Papon, que fue prefecto en Burdeos durante la ocupación, ayudó a deportar a más de mil judíos y luego siguió en altos cargos durante décadas. Lo de Barbie fue resonante porque martirizó a Jean Moulin, el líder de la Resistencia, y era protegido por los militares bolivianos. Recién cuando Bolivia recuperó la democracia pudo ser llevado a Francia. Yo no paro nunca, si algo no funciona, cambio el método. Solo tengo miedo a fracasar.

Beate Klarsfeld llegó a Buenos Aires acompañada por su hijo mayor, Arno, abogado y miembro del Consejo de Estado, el órgano que el gobierno francés debe consultar ante proyectos de ley. Como abogado, Arno Klarsfeld representó a la Asociación de Hijos e Hijas de Deportados Judíos en Francia (FFDJF) en juicios contra colaboracionistas como Maurice Papon, que trató de esquivar la cárcel alegando problemas de salud. "El tuvo poder en la milicia de Lyon, era un jerarca con buena educación. Pudo haber rechazado las deportaciones y no lo hizo”.

“En los libros de historia de Francia no figuró que los arrestos de judíos los hacían policías franceses, la impresión era que sólo eran culpables los alemanes y que todos eran resistentes salvo altos responsables. Lo mismo en Alemania, había una idea de que el nazismo solamente era cosa de marginales”, cuenta sobre el negacionismo. “Se buscó juzgar, pero se obstruyó todo por la idea de reconciliación nacional y la amenaza de guerra civil”, describe los años sin juicios en la inmediata posguerra. "No hay guerra civil si hay justicia”, afirma.

Sobre la búsqueda de justicia de sus padres, dice que "era una necesidad de las víctimas. Para que la reconciliación franco-alemana estuviera en buenas vías, se precisaba la verdad histórica, que se escribiera la historia tal como sucedió y no como algunos querían imaginar”. En ese sentido, apunta que “dos tercios de los judíos franceses fueron arrestados por la policía francesa” durante el régimen de Vichy, cuya cabeza fue el mariscal Philippe Pétain, héroe de la Primera Guerra, una figura que aún divide aguas en Francia. “La gente lo respetaba y lo admiraba como un héroe glorioso. Pero nada de lo que ocurrió desde octubre del 40 hubiera sido posible sin su venia. Mi padre halló un documento de su puño y letra en favor del antisemitismo. Se podría haber negado a las deportaciones, y los nazis no tenían mano de obra. En lugar de eso, puso a la policía de Francia a disposición de los alemanes”.

¿Cómo ve Arno Klarsfeld el futuro, desde otra generación, sin la carga emocional de la impunidad de los nazis? “Me toca preservar el trabajo de mis padres, combatir el extremismo, comprometerme con otras causas, como la trata de personas o la ecología”, asegura. Y coincide con su madre al señalar el enemigo del presente: la ultraderecha. “Hay crisis económica y riesgo de dislocación de Europa. Hoy no se sufre tanto como en los años 30, pero hay desigualdades y la gente puede volcarse al populismo de extrema derecha. Por eso creo que es tan importante preservar a la Unión Europea, porque es un escudo que protege”.

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