Se cae la acusación de que Lula es dueño de una propiedad en Sao Paulo entregada como soborno

Brasilia. La aceptación de solicitud de venta de una propiedad atribuida a Luiz Inácio Lula da Silva en el municipio Atibaia, en Sao Paulo, como pago por presuntos favores políticos, echó por tierra ayer acusaciones contra el ex presidente brasileño.

El ministerio público federal fue favorable a la solicitud de autorización del empresario Fernando Bittar, quien es el dueño del inmueble, para venderlo.

Tal aprobación refuerza los argumentos presentados por la defensa del ex mandatario de que no tiene nada que ver con la posesión, como argumentan los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato.

El portal Brasil 247 indica que el proceso contra el ex dirigente izquierdista, "sin pruebas y sin crimen, produce anomalías jurídicas".

Lula fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción pasiva, activa y lavado de dinero, sin haber probado ninguna acusación. El proceso ahora está en el tribunal federal de la cuarta región para juicio en segunda instancia.

El sitio de noticia señala que la condena fue dictada por la juez Gabriela Hardt, en una "sentencia inmoral por ser una literal copia y pega" de las acusaciones del caso del departamento de Guarujá, con extractos del fallo emitido por el cuestionado ex juez Sérgio Moro, incluidas las inconsistencias.

Durante el juicio, Lula nunca negó que frecuentaba el inmueble de sus amigos.

Pero los fiscales alegan que el ex gobernante era el dueño oficial y fue beneficiado por supuestas reparaciones realizadas por la empresa Odebrecht en el inmueble.

Dicha constructora brasileña está envuelta en una ola de escándalos por corrupción en casi toda América Latina.

La anomalía está justamente en el hecho de que Lula no es el dueño de la propiedad, sino Bittar, conforme el ministerio público reconoce al aceptar su pedido de venta.

Por otra parte, Lula, quien ayer cumplio 416 días en prisión, envió una carta al Salón del Libro Político en Sao Paulo. "Leer es un acto político. No es casualidad que nuestros adversarios, al mismo tiempo que intentan criminalizar la política e impedir toda forma de activismo, atacan con tanto odio el saber, el conocimiento. Quieren más armas y menos libros", escribió Lula en la misiva leída por el actor Sérgio Mamberti.

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Espionaje de Monsanto y nueva sentencia millonaria

Dos mil millones de dólares por daños. Es la cifra que un tribunal de Oakland, California, sentenció a Monsanto (ahora propiedad de Bayer) a pagar al matrimonio Alberta y Alva Pilliod, más 55 millones de dólares por costos médicos y de juicio, por haberles causado cáncer con su herbicida RoundUp. Al mismo tiempo, en Europa, el diario francés Le Monde reveló extensas operaciones de espionaje de Monsanto a periodistas y funcionarios públicos.

El abogado de los Pilliod –que tienen actualmente 70 años y han tenido cáncer linfoma no-Hodgkin por más de una década– pidió compensación por daños punitivos por mil millones de dólares, pero el juez, siguiendo las declaraciones unánimes del jurado, decidió doblar la suma. Esto, según explicó el jurado, para sentar ejemplo, porque de acuerdo con las evidencias presentadas Monsanto actuó a sabiendas de los efectos que tendría sobre los afectados y ocultando información intencionalmente. Según la agencia Bloomberg, es la octava suma más alta en Estados Unidos de compensación por daños debido a un "producto defectuoso".

Sin embargo, no se trata de un "producto defectuoso". Es un agrotóxico herbicida que cumple el objetivo biocida para el que fue diseñado. Además de matar plantas y otras formas de vida en los cultivos, también es cancerígeno para animales y humanos. Monsanto lo sabía desde la década de 1980, pero en lugar de advertir sobre el riesgo se dedicó a ocultarlo, tanto en el etiquetado como a través de manipulaciones mediáticas, pagando a académicos para escribir artículos "científicos" falseados y corrompiendo o engañando funcionarios en agencias regulatorias (https://usrtk.org/monsanto-papers/).

El principal ingrediente de RoundUp es glifosato, inventado por Monsanto y por el que tuvo una patente monopólica por 20 años que le rindió cuantiosas ganancias. Cuando la patente estaba por vencer inventó los cultivos transgénicos tolerantes a su propio herbicida RoundUp, con lo que siguió dominando el mercado con la venta casada de la semilla y el agrotóxico.

Un elemento importante que quedó claro en este juicio es que además de la toxicidad propia del glifosato, los surfactantes y otros ingredientes del RoundUp –agregados para enfrentar la resistencia de malezas al glifosato– son también altamente tóxicos. Esto es muy relevante, porque las regulaciones sobre agrotóxicos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, no exigen a las empresas evaluaciones de inocuidad de estos componentes secundarios, cuyo uso ha aumentado vertiginosamente debido a la resistencia por la expansión de cultivos transgénicos tolerantes al herbicida.

Como refiero en un artículo anterior (El veneno que nos legó Monsanto, La Jornada, 11/05/19), este es el tercer juicio contra Monsanto-Bayer ganado por las víctimas. Bayer apelará esta sentencia, pero hay otros 13 mil 400 juicios en proceso y siguen creciendo (https://tinyurl.com/y6y5xaor).

Poco antes de esta sentencia, el diario francés Le Monde denunció que Monsanto había contratado en 2016 a la firma de relaciones públicas FleishmanHillard, que realizó un fichaje de 200 personas que consideraba relevantes en la regulación de glifosato, agrotóxicos y transgénicos. El expediente se conformó mientras la Unión Europea estaba discutiendo si suspendía la autorización de uso de glifosato, que finalmente decidió prolongar cinco años más, debido justamente al masivo cabildeo empresarial.

El fichaje confidencial realizado por FleishmanHillard para Monsanto en Francia abarcó periodistas de Le Monde y otros medios, funcionarios públicos, parlamentarios, dirigentes de organizaciones civiles, ambientalistas y de agricultores, académicos y científicos. En la lista figura también Ségolène Royal, ex candidata a presidenta. Más de la mitad de los espiados son periodistas. La empresa seleccionó y agrupó en una tabla a 74 "objetivos prioritarios", dividos en cuatro grupos: personas a vigilar, personas a educar, aliados y potenciales aliados a reclutar. Además de nombre y lugar de trabajo incluyeron sus direcciones y actividades personales, gustos, preferencias y opiniones políticas. Registrar este tipo de información sin consentimiento es ilegal en Francia, por lo que la justicia francesa inició una investigación a partir de la demanda de Le Monde. Podría ocasionar multas de 300,000 euros y hasta cinco años de prisión.

Bayer dijo desconocer las actividades de espionaje de Monsanto, pese a que tenía hasta ese momento un contrato con la misma firma, pero luego de encargar una investigación, el 21 de mayo, se disculpó por el espionaje. Informó además que "partían de la base" de que FleishmanHillard había realizado actividades similares en Alemania, Italia, Holanda, Polonia, España y Reino Unido, además de Francia.

Tanto Monsanto-Bayer como FleishmanHillard son empresas trasnacionales, por lo cual es lógico pensar que las actividades de espionaje y fichaje de opositores no se restringen solamente a estos países, ni solamente a Monsanto y Bayer. Todas las empresas de transgénicos, DuPont, Dow, Syngenta, además de Monsanto y Bayer, han contratado firmas, como FleishmanHillard, para campañas encubiertas en favor de transgénicos y agrotóxicos. No tienen argumentos para dar un debate abierto y honesto.

Por Silvia Ribeiro *

 Investigadora del Grupo ETC

 

El caso Santrich tiene en vilo a Colombia

En 48 horas Santrich intentó suicidarse, lo liberaron, lo llevaron a la Fiscalía, al hospital y de nuevo a la cárcel. EE.UU. pide su extradición.

 

Mientras sus familiares lo visitan, una médica intenta que Jesús Santrich se ponga de pie sin conseguirlo. Es domingo. El ex comandante guerrillero sigue en silla de ruedas. Está pálido, “pero con plena conciencia y con el compromiso de continuar el acuerdo de paz”, aseguró el senador Iván Cepeda a medios hacia las cinco de la tarde, tras una visita humanitaria de parlamentarios que siguió a las personales: horas antes sus familiares pudieron comprobar lo que los medios y sus abogados informaron desde el pasado viernes: que se había cortado la venas. “Estaba vendado y débil, intentó levantarse con un poco de dolor”, le explicó uno de los miembros de su familia a PáginaI12, quien, a la par con las declaraciones de los congresistas, destaca que su estado de ánimo actual es una “una mezcla de alegría y rabia”.


Desde el 15 de mayo, la Jurisdicción Especial de Paz (Jep) que se creó gracias al Acuerdo de Paz que el mismo Santrich ayudó a negociar y redactar, ordenó su libertad por no haber recibido pruebas de que estaría conspirando para enviar coca a Estados Unidos después de diciembre de 2016, cuando se firmó dicho acuerdo que hoy el equipo de Santrich, los progresistas colombianos y la comunidad internacional exigen respetar. Esto descandenó la renuncia del cuestionado fiscal general Néstor Humberto Martínez quien ha dado escasos resultados en investigaciones y castigos en el caso Odebrecht, y quien habría aceptado ante medios de comunicación en las últimas horas que las pruebas que reunió la DEA (Estados Unidos) sobre el presunto delito de Santrich habrían sido recolectadas de manera ilegal. “Eso fue lo que más le sorprendió de todo lo que le contamos”, relató el congresista Benedicto González, quien comandó por áños junto a Santrich el Bloque Caribe y hoy ocupa la banca de congresista del rebelde que intentó quitarse la vida cuando sus abogados le informaron que el gobierno colombiano preparía su extradición la mañana del pasado viernes. Ese día, Colombia transitó todos los altibajos posibles en una historia judicial: Santrich intentó suicidarse, le salvaron la vida, lo sacaron libre, lo recapturaron en la puerta de la cárcel, lo subieron a un helicóptero, lo llevaron al búnker de la Fiscalía, sus seguidores se pelearon con la prensa, le dio un paro cardio respitario, lo llevaron al hospital y, finalmente, en la madrugada del sábado al domingo, una jueza legalizó su captura.


¿Estaba inconsciente Jesús Santrich cuando se realizó la audiencia de legalización de captura?, preguntó este diario a los parlamentarios que respondieron que Seusis Hernández, nombre de pila de Santrich, perdió la conciencia plena tras su intento de suicidio. “Pidió que aclararámos que lo hizo con plena convicción (...) después de eso recuerda estar con la Misión de Naciones Unidas en La Picota y luego no recuerda nada”, aseguraron en rueda de prensa. Si recuerda que lo llevaron en helicóptero, si le aplicaron medicinas (su defensa dice que le inyectaron algo que le provocó el paro cardíaco), si tuvo alucinaciones, preguntó la prensa. “No, no estaba consciente”, responden confirmando el parte médico de la madrugada del viernes cuando un par de galenos informan que lo encontraron delirando: aseguraba estar ante un río, pensaba que había perdido un ojo y decía que estaba en la montaña.


En el Hospital Mederic, el jefe médico indicó que no estaba en condiciones de que se le practique la audiencia que finalmente se realizó desde el sábado hasta la madrugada de ayer durante unas diez horas y estableció que su captura fue legal. Sin embargo, la Procuraduría interpuso un recurso asegurando que no lo fue; pero horas después apartaron al procurador que emitió este concepto asegurando que los derechos de Seusis fueron violados. “La presión es mucha, por todos lados, pobre señor como lo tienen”, aseguran reporteros en las afueras del búnker. “Que no nos oiga Uribe”, dicen temorosos de represalias pues, con el caso Santrich, se ha dejado en evidencia que aunque no hubo pruebas para la extradición y no solo la Jep sino también el Tribunal Superior y la misma Fiscalía ordenaron su libertad, las instituciones están actuando “de manera política, no en derecho”, como asegura Benedicto González para quien todo ha sido ilegal en el caso de su líder.


La Fiscalía asegura que reunió nuevas pruebas de que estaría preparando un envío de coca a Estados Unidos por lo tanto habría cometido “concierto para delinquir” y otros delitos. Y consiguió con este material –que aún no hace llegar a la JEP pese a que es la autoridad para valorar las mismas dado que Santrich se acogió al Proceso de Paz– una orden de captura que se hizo efectiva incluso antes de que el hombre –visiblemente débil, su defensa dice cedado– atravesara las puertas de la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá. La euforia, rabia y desconfianza que se formó entonces y minutos después cuando lo subieron a un helicóptero se vivió también en las sedes del partido FARC y los espacios de reincorporación que desaparecerían en agosto próximo. Desde La Guajira, el ex comandante “Silfredo”, quien por años anduvo con Santrich en el Caribe colombiano alzados en armas, le dijo a este diario que los ex combatientes tienen mucho “descontento con todo lo que ha venido pasando, y no solo nosotros sino la comunidad, la misma Fuerza Pública y todos los aliados que hemos conseguido en esta paz; esta apuesta del Acuerdo es un esfuerzo conjunto y afecta a todos, a todos, no solo a los ex combatientes. La gente está inconforme; no podemos confiar así”.


Entre tanto, el gobierno colombiano y el partido FARC enviaron el mismo mensaje a los más de 10 mil hombres y mujeres que dejaron las armas en 2017 a cambio de reformas profundas en Colombia, y de un tribunal de paz que hoy Fiscalía y el gobierno de Iván Duque deslegitiman, atacan y desconocen: piden calma y compromiso de paz a los ex insurgentes, pese a que el Estado no ha logrado cumplir a cabalidad con los proyectos productivos ni las tierras ni las garantías de seguridad prometidas en el Acuerdo para su reincorporación. Pese a esto Santrich, desde su frío lugar de reclusión en el búnker, envió un mensaje de compromiso con el Acuerdo de Paz que, de cumplirse, dejaría al hombre en libertad pues no hay pruebas de que haya estado en el negocio del narcotráfico después de 2017, pese a que múltiples videos y versiones siguen circulando y unas nuevas serán presentadas hoy en una nueva audencia donde se le imputarán cargos. A la luz del tratado de paz que el mundo entero aplaudió entregando incluso un Nobel al ex presidente Santos y las víctimas, es la Jurisdicción Especial la que debe valorar el material que la Fiscalía habría reunido para determinar la fecha. Pero la última semana toda medida judicial estuvo mediada por las órdenes del Palacio de Nariño, que además resultó cuestionado por el New York Times que acusa al Ejército de Colombia de regresar a las políticas de las ejecuciones extrajudiciales.

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No extradición de Santrich y renuncia del Fiscal

La Justicia Especial para la Paz —JEP—, como lo esperaba la mayor parte de los colombianos, decidió no conceder la extradición de Jesús Santrich, porque ese tribunal no encontró los elementos jurídico-probatorios suficientes para conceder la petición hecha por una corte de los Estados Unidos.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en show mediático del 9 de abril de 2018, salió a decir que tenía “pruebas contundentes”, que vinculaban al exnegociador de las Farc en La Habana, con el envío de diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos, después de la fecha en que se habían firmado los Acuerdos de Paz entre el gobierno y esa guerrilla. Los juristas y legos en la materia, se quedaron esperando esas pruebas porque el jefe del ente acusador jamás las presentó.

Comoquiera que la JEP no encontró las pruebas que el Fiscal decía tener, ofició a la justicia estadounidense para que se las hiciera llegar. Después de que la carta de solicitud de pruebas durara extraviada más de cuarenta días, la justicia especializada de Colombia insistió en su requerimiento. Pero la justicia norteamericana contestó que no tenía por qué enviar pruebas toda vez que en una política de colaboración entre los dos Estados, Colombia debía aceptar como un dogma lo que USA en su infinita sabiduría ordenara. Hasta ahí los antecedentes del asunto.

El fallo

Pese a todas las presiones que los magistrados de la JEP recibieron por parte del gobierno Duque, del Fiscal Martínez, del Congreso —como se recordará a la presidente Linares la abrieron investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara— y de los medios de comunicación, lo que los más desprevenidos ciudadanos esperaban era un fallo de esta estirpe: no conceder la extradición y ordenar la libertad de Jesús Santrich, por considerar que estaba detenido sin sustento jurídico.

Para quienes conocen la historia política de Colombia, no es extraño ver la manera como reaccionó la cúpula del establecimiento ante el fallo de no extradición. En efecto, las élites de la oligarquía han gobernado aferradas siempre a un hilo conductor caracterizado por tres verbos: excluir-reprimir-exterminar. Para las oligarquías las vías legales están negadas. Por eso, han contestado con violencia al fallo de la JEP. Es una alharaca apresurada, pues se trata de una decisión de primera instancia que bien podría ser revocada por la segunda. El procedimiento legal en vez de la violencia es, pues, el recurso de apelación como lo ha hecho el Procurador General de la Nación.

Al Fiscal Martínez se le apareció la Virgen

La renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, es el hecho más grosero contra la institucionalidad, al promover el desconocimiento de un fallo judicial. El mensaje que le envía a la opinión pública y a la comunidad internacional, que siempre ha apoyado el proceso de paz y la JEP, como herramienta más eficaz de aquel, es el siguiente: “Como la JEP no hace lo que Estados Unidos, el gobierno Duque y yo le pedimos, entonces pateo las instituciones y me voy”.

En realidad el fallo de la JEP fue para Martínez la gran disculpa para renunciar. En los círculos judiciales se venía rumorando que la Corte Suprema de Justicia le pediría la renuncia debido al alto grado de ilegitimidad en el que se encontraba desde el mismo momento en que fue elegido. De ahí, que la decisión de la JEP, adversa al querer de los Estados Unidos, del Fiscal y del propio gobierno Duque, fue para Martínez una bendición. En su carta de renuncia el jefe del ente acusador presenta como argumentos un sartal de mentiras: que el fallo de la JEP viola la Constitución, que avala el maridaje que existe entre narcotráfico y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, y que vuelve trizas la cooperación internacional contra el delito. Ante tan falsas motivaciones bien valdría la pena preguntarle a Martínez, ¿qué hará el día en que la segunda instancia revoque el fallo y ordene la extradición de Santrich? ¿Dirá que retira su renuncia y se reincorpora al cargo?

El presidente Duque, especializado en ir siempre en contravía del sentido común, muy tarde en la noche de este 15 de mayo, declaró en un video que hizo llegar a los medios, que lamentaba la renuncia del Fiscal Martínez. Pero el jefe de Estado no se quedó ahí, centró su discurso en la lucha frontal contra el narcotráfico, dejando en la opinión pública la idea de que la no extradición de Santrich es un claro respaldo a ese delito, cuando ese no era el punto del fallo: el tema aquí es la falta de pruebas. Sin estas, la JEP no podía complacer a los enemigos de la paz. La excepción a la absurda manera de actuar de Duque es que respaldó la decisión del Procurador: la apelación del fallo de la JEP.

La declaración más afortunada sobre la renuncia de Martínez fue la que dio Petro: “Es una excelente noticia que un corrupto se vaya, ojalá que Duque y la Corte Suprema no nos pongan otro corrupto. Se va el fiscal de Odebrech/Sarmiento”.

 

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San Francisco se convierte en la primera ciudad de EEUU en prohibir a la Policía usar técnicas de reconocimiento facial

Gobiernos y agencias de seguridad de EEUU hace años que utilizan las técnicas de reconocimiento facial (capaces de identificar a individuos mediante inteligencia artificial) para tareas como identificar a criminales, ayudar en las tareas de búsqueda de menores desaparecidos y prevenir el fraude documental.

La Alcaldía de San Francisco (EEUU) prohibió a las agencias locales, entre ellas la Policía, el uso de técnicas de reconocimiento facial, cada vez más empleadas por las autoridades para identificar a criminales pero criticadas por las organizaciones pro derechos civiles.


La ciudad californiana se convirtió así en la primera de Estados Unidos en tomar una medida de estas características y ahora podrían seguirla en un futuro cercano la vecina Oakland, que está considerando una prohibición similar, y el estado de Massachusetts, donde el Senado estatal también estudia la cuestión.


"Esta no es una política antitecnológica. Se trata de poder exigir responsabilidades en torno a la tecnología de vigilancia, de garantizar que se hace un uso seguro de ella", explicó durante el pleno el concejal promotor de la medida, Aaron Peskin, quien aseguró que "se puede tener seguridad sin convertirse en un estado policial".


La medida fue aprobada en el pleno del consistorio con la oposición pública del cuerpo de Policía local, que durante los últimos días ha presionado para que no saliese adelante una prohibición que a su juicio dificultará el día a día de sus operaciones.
Sesgos policiales contra minorías


Gobiernos y agencias de seguridad de EEUU hace años que utilizan las técnicas de reconocimiento facial (capaces de identificar a individuos mediante inteligencia artificial) para tareas como identificar a criminales, ayudar en las tareas de búsqueda de menores desaparecidos y prevenir el fraude documental.


Sin embargo, los grupos en defensa de los derechos civiles aseguran que esta tecnología invade la privacidad de los ciudadanos de forma excesiva, a la vez que puede perpetuar sesgos policiales contra minorías étnicas ya que se ha probado que tiende más al error con personas de piel oscura.


En este sentido, Peskin citó el estudio llevado a cabo en julio pasado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que halló que el reconocimiento facial había identificado incorrectamente a 28 congresistas de EEUU (en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas) como criminales al comparar sus fotografías con imágenes policiales.

San Francisco (EEUU)
15/05/2019 12:48 Actualizado: 15/05/2019 12:55
Efe

Marta Ruiz, integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

En noviembre echó a andar en Colombia la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), el organismo encargado de alimentar un “relato colectivo” en torno a más de medio siglo de conflicto armado. Marta Ruiz, comisionada del ente, explica los retos que el país enfrenta en un contexto de profunda división política y social.

La construcción de la paz en Colombia tiene un sinfín de frentes abiertos. Se podría decir que cada una de las historias de las más de ocho millones de víctimas directas del conflicto armado —según las cifras oficiales del Gobierno— contienen preguntas sin respuesta. ¿Quién ordenó el secuestro del campesino? ¿Por qué tuvo lugar la masacre en aquel pueblo de la sierra? ¿Qué objetivos escondía la extorsión continuada contra esta familia?

Tratar de aportar luz a cuestiones como esta es la razón de ser de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un organismo público integrado en el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que se creó tras el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.

A través de la investigación de los hechos ocurridos durante medio siglo de guerra la CEV aspira a construir “un relato colectivo” en el que todos los colombianos, de alguna manera, se sientan incluidos. Una tarea que, por lo ambicioso del proyecto, no echó a andar oficialmente hasta noviembre pasado, dos años después de la firma de los acuerdos de La Habana.

En este intervalo la paz en Colombia ha transitado por un camino lleno de obstáculos. La victoria del No en el plebiscito que pretendía sancionar el Acuerdo, la persistencia de la violencia en muchas zonas del país y la llegada al Gobierno en 2018 del Centro Democrático, el más firme opositor a los diálogos con la ex guerrilla, son parte del continuado test de estrés al que se ha sometido el histórico documento. También la estructura institucional creada para su implementación ha sufrido este desgaste.


“Un lugar para la participación social”


“La expectativa en 2015 —cuando se acordó la creación de la CEV— era que Colombia iba a una transición entre la guerra y la paz; en la que se presuponía un clima de aceptación de la paz. Pero ese supuesto básico, sobre el que fue creada la Comisión, no se ha dado”. Así resume la periodista Marta Ruiz el actual clima de polarización política y social que vive el país latinoamericano y su efecto sobre el ente del que forma parte.

Ruiz es una de las once comisionadas y comisionados responsables de la CEV. Un cuerpo colegiado que integran perfiles de lo más variados. Desde un ex sacerdote jesuita (Francisco de Roux, presidente de la Comisión) a una líder social afrocolombiana, pasando por un mayor del ejército retirado, una experta en derecho constitucional de origen indígena o un médico español especializado en la atención a víctimas.

“La Comisión no es un espacio de intelectuales y académicos, sino un lugar para la participación social, que será más valioso si logra ser incluyente y participativo”, explica esta informadora con más de 15 años de experiencia cubriendo la guerra desde dentro. Un diálogo social que es uno de los “rieles” principales sobre los que la CEV trabaja, mediante encuentros y audiencias públicas en algunos de los puntos del país más golpeados por la guerra, como las regiones de Antioquia, Putumayo, Nariño o el Norte de Santander, entre muchas otras.

Pero también con reuniones privadas con actores estratégicos del conflicto, lo cual incluye a figuras políticas, del ejército y de grupos armados, “tratando de que haya un reconocimiento de cómo se implicaron en él, cómo coadyuvaron y cómo se beneficiaron. Y también para reconocer los heroísmos, las resistencias y la manera en la que se hizo frente a un conflicto tan largo”, asegura Ruiz.


Un consenso básico en torno a la paz roto


El otro riel, quizás el más inmediato, al que hacen referencia desde la CEV tiene que ver con la investigación y la recolección de testimonios. Para ello se han desplegado hasta el momento 17 casas o sedes territoriales donde se recoge la voz de las víctimas y los victimarios que están dispuestos a hablar. Además de asesorar a comunidades que ya llevan tiempo implicadas en esta labor.

Una tarea ingente que se ha visto diezmada, apunta Ruiz, por el desinterés del nuevo Gobierno sobre este organismo. El cual se tradujo en una reducción del 40% del presupuesto con el que inicialmente preveía contar la Comisión y que ha impactado en la manera de llegar a los territorios —“pensábamos estar en muchos más y con más gente”— y en el propio protagonismo de la Comisión —“la marginaliza y le quita centralidad”—. Precisamente en un momento de profunda discusión sobre la memoria del conflicto y la manera de juzgar lo acontecido.

A comienzos de marzo el presidente Iván Duque impugnó varios de los artículos que regulan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial que juzga los crímenes del conflicto. La decisión provocó el rechazo de buena parte de la oposición política y de observadores internacionales, al entender que aumenta el grado de incertidumbre en torno a la ejecución del Acuerdo. Con la amenaza latente de que siga aumentando el número de ex guerrilleros que regresan a las armas.

“Creo que el gran avance que hubo en La Habana es reconocer que el conflicto estaba asociado a unos problemas estructurales, como la propiedad de la tierra, el narcotráfico, la no-presencia del Estado, la falta de participación democrática, etc. Ante la pérdida del plebiscito, el Acuerdo salió adelante pero el consenso básico alrededor de esto dejó de existir”, reflexiona Ruiz.

La comisionada sostiene que el actual Gobierno no comparte ese análisis multicausal de la guerra en Colombia. “Su manera de verlo es otra”, comenta después de reconocer las diferentes posturas –desde los que niegan el propio conflicto hasta los que lo reducen a un problema de legalidad o ilegalidad- que existen en el actual Ejecutivo. “Todo se ve desde una matriz meramente judicial y no como un problema social y político”, reflexiona.


El informe final y “la verdad” del conflicto


Igual que han hecho comisiones de la verdad de países como Sudáfrica, Guatemala o Perú, la CEV colombiana tiene el compromiso de entregar, una vez terminado su mandato de tres años, un completo informe que recoja las conclusiones de su investigación.


Sin menospreciar este documento final Marta Ruiz matiza que, antes de escribir una línea, su esfuerzo se centra en “contribuir a una apropiación social de todo ese conocimiento”. “En nuestra metodología, luego de los testimonios, vamos a identificar unos patrones y unos contextos explicativos. Luego queremos hacer un diálogo con la sociedad para construir las hipótesis. No ir a extraer testimonios y encerrarnos a escribir, sino ponerlo sobre la mesa con la gente, para que esto empiece a ser más una construcción colectiva”, explica.

La polarización de la sociedad colombiana y el carácter tan reciente de la guerra son obstáculos evidentes para la construcción de esa “verdad” o relato colectivo, reconocen desde la CEV. El comisionado Saúl Franco, médico de profesión, apuntaba en noviembre que la Comisión no pretende imponer ese proceso de memoria común, pero sí estimularlo. “Eso sí, queremos llegar a unas cosas concretas. Tenemos el reto, y lo vamos a cumplir, de entregar un informe creíble y conciso sobre el conflicto en el país”, señala Franco.

“Colombia no es un país donde no haya información sobre violaciones de derechos humanos. Incluso hay mucha. Lo que falta es un relato que tenga pretensión de ser un relato nacional. Que sea de alguna manera un piso, más sólido, menos fragmentario y más ambicioso, desde donde se pueda empezar a debatir sobre los hechos y las violencias”, añade Marta Ruiz.


La tarea de “tejer” las heridas abiertas


La persistencia de esa violencia es precisamente otro de los muros que habrá de saltar la CEV para cumplir sus objetivos. En 2018 más de 170 líderes sociales fueron asesinados en las áreas rurales de Colombia, confirmando una tendencia ascendente desde la firma de La Habana. El pasado 17 de enero la principal guerrilla todavía activa en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mató a 22 jóvenes policías en una academia de Bogotá con un coche bomba que alimentó las demandas de una política de mano dura en amplios sectores de la sociedad colombiana.

De nuevo, sobre la mesa, el debate sobre la paz y la seguridad. “Creo que, sin que se hubiese afincado el discurso de la paz, en Colombia se ha vuelto a instalar el discurso de la seguridad como la solución a los problemas de convivencia. Y la paz es un concepto mucho más profundo, una construcción más colectiva y es un desafío muy grande para la sociedad en términos de transformación”, analiza Ruiz.

En este contexto de división política y con una elecciones regionales en el horizonte (octubre de 2019) ha arrancado la CEV colombiana su trabajo. Francisco de Roux, presidente de la institución, lanzó un mensaje con ánimo tranquilizador tras conocerse la impugnación parcial del Gobierno al tribunal especial para la paz, organismo hermano de la Comisión. “Esta marcha hacia la verdad no la vamos a detener por nada”, proclamó De Roux.

Un clima, en todo caso, que anticipa más dificultades en la titánica tarea que la CEV tiene por delante. Tal y como se desprende de las palabras usadas por Ruiz para explicar los verdaderos efectos del conflicto sobre la vida de millones de colombianos.


“Lo que me he dado cuenta saliendo al territorio es que las heridas que ha dejado el conflicto son demasiado profundas. No son las heridas que uno ve en la política, entre los partidos. No, son heridas más grandes, más en lo pequeño, en los barrios, en las veredas, en la gente… Hay un sentimiento muy profundo de haber vivido una injusticia y una sensación muy grande de abandono (…) Queda una tarea muy grande en reconciliar a la gente con sus propias instituciones y con el Estado. Y nuestro intento es el de poder tejer con un hilo narrativo esas heridas. Pero la cicatrización va a ser larga y requiere demasiados esfuerzos”.

2019-05-04 09:41:00

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Miércoles, 24 Abril 2019 06:31

Volkswagen, el escándalo de las emisiones

Volkswagen, el escándalo de las emisiones

En 2011 Martin Winterkorn, presidente ejecutivo de Volkswagen (VW), dio a conocer su plan para que la compañía se convirtiera en el primer productor de automóviles del mundo. La estrategia era un alarde de audacia. Volkswagen estaba desarrollando un plan para triplicar sus ventas en Estados Unidos para 2021. Eso le permitiría rebasar a Toyota y convertirse en el productor número uno de automóviles en el planeta.


El anuncio de Winterkorn se hizo en la inauguración de una nueva planta de Volkswagen en Chattanooga, en el estado de Tennessee. Era la primera fábrica construida por el fabricante alemán en Estados Unidos en años. La penetración en el mercado estadunidense le permitiría alcanzar en 2018 la cima de la industria automotriz mundial. Lo que nadie sabía en esos días es que la ambición del grupo Volkswagen ya tenía tiempo cocinando uno de los peores escándalos corporativos en la historia del capitalismo.


El plan de VW descansaba en las líneas de autos con motores diésel para hacer frente a la competencia. Esos motores permitirían alcanzar niveles de alto rendimiento y economía de combustible, sin aumentar las emisiones. La empresa japonesa Toyota había tomado un derrotero distinto, con vehículos híbridos-eléctricos como el Prius. Muy pronto los ingenieros de VW vieron que no era posible reducir las emisiones a los estándares estadunidenses. En lugar de rectificar, la empresa recurrió al engaño.


En 2015 los altos funcionarios de VW admitieron que habían instalado en 11 millones de autos un dispositivo y un programa de computadora para burlar los instrumentos de los centros de verificación de emisiones. Muchos de estos vehículos fueron armados en la planta de VW en Puebla. El programa podía detectar cuando el vehículo estaba siendo sometido a pruebas de verificación y activaba el dispositivo que capturaba emisiones. Al regresar a condiciones normales de manejo, en ciudades y carreteras, el dispositivo se desactivaba. Eso permitía regresar a los niveles de rendimiento que enorgullecían a VW, pero con emisiones de contaminantes hasta 40 veces superiores a lo permitido.


La estrategia de VW estaba basada en una contradicción. Los motores diésel tendrían mejor desempeño en kilometraje, pero producirían una mayor cantidad de emisiones y contaminantes. Eso chocaba con las regulaciones en Estados Unidos (más estrictas que las de la Unión Europea). El fraude orquestado por los directivos de VW permitía a la empresa evadir la regulación más estricta, ahorrarse el costo de instalar equipo anticontaminante y penetrar el mercado estadunidense.


Volkswagen ha tenido que pagar ya más de 33 mil millones de dólares en multas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Los costos de reparar los vehículos que vendió al amparo de este engaño son astronómicos. Los ejecutivos de VW, comenzando con el señor Winterkorn y sus cómplices en la jerarquía de la empresa, son los responsables de este episodio.


Los delitos que cometieron no son sólo de índole económica. Aquí hay un crimen que atenta en contra de la salud pública. Hoy, Winterkorn tiene ya un proceso penal en Estados Unidos, pero la constitución alemana prohíbe la extradición de ciudadanos de ese país. Sin embargo, hace una semana este ejecutivo y otros cuatro de Volkswagen fueron acusados de cometer fraude con agravantes en un tribunal en Braunschweig, Alemania. De ser encontrado culpable, Winterkorn podría ser sentenciado a 10 años de cárcel.


El expediente oficial de la fiscalía muestra que la historia del delito se remonta a 2006, cuando comenzó a fraguarse el engaño sobre las emisiones de los motores que VW planeaba utilizar en su estrategia comercial. Esto contradice la versión inicial de VW de que sus directivos ignoraban el engaño y sólo se enteraron cuando la empresa fue confrontada por las autoridades ambientales de Estados Unidos en 2015.


Volkswagen no es la única empresa alemana que se encuentra involucrada en un escándalo de esta índole. El fraude sobre las emisiones y la conspiración para mantenerlo en secreto son la materia de escándalos similares que afectan a muchos grupos corporativos en Alemania. Hace 10 años el de la empresa Siemens, fabricante de equipo para la industria eléctrica, sacudió a la sociedad alemana. Por su parte, las omnipresentes maniobras de lavado de dinero de Deutsche Bank, el banco alemán más importante, han terminado por acostumbrar al público a este tipo de prácticas. Tal parece que el capitalismo corporativo alemán también prospera en una cultura de corrupción y codicia.


Epílogo. Muchos de los autos que fueron dotados de dichos dispositivos engañosos fueron fabricados en la planta VW en Puebla. Y muchos de los que no se pudieron vender en Estados Unidos fueron regresados a nuestro país para colocarse en el mercado mexicano. Si aquí no estalló el escándalo es porque la normatividad mexicana en materia de emisiones es tan laxa, que ni siquiera hubiera sido necesario operar el fraude de Volkswagen para cumplirla.


Twitter: @anadaloficial

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 Rafael Vela, en una imagen de archivo. Agencia Andina

El fiscal que investiga las ramificaciones del 'caso Odebrecht' defiende las medidas preventivas para asegurar la acción de la justicia

 La corrupción ya ha hecho temblar los cimientos del poder político en Perú, pero los responsables de las principales investigaciones están determinados a llegar hasta el final para garantizar la acción de la justicia. Las repercusiones del caso Odebrecht, una gigantesca trama de sobornos millonarios tejida en América Latina por la constructora brasileña durante dos décadas, han sacudido al país y han reavivado la conciencia crítica de la sociedad. El escándalo llegó a acorralar a cuatro expresidentes. Alan García se suicidó el pasado miércoles minutos antes de ser detenido. La justicia impuso el viernes tres años de prisión preventiva a Pedro Pablo Kuczynski. Alejandro Toledo huyó hace dos años. Ollanta Humala también ha pisado la cárcel. En este contexto trabaja el fiscal superior Rafael Vela Barba (Lima, 45 años). Desde agosto de 2018 es el coordinador del denominado Equipo Especial Lava Jato, el grupo de investigadores encargado de esclarecer las circunstancias de las contrataciones de Odebrecht en Perú.


Vela conversó con EL PAÍS por teléfono poco después de que el juez dictara la medida cautelar contra Kuczynski, quien está acusado de lavado de dinero. Fue juez de lo penal entre 2003 y 2011, consultor y profesor de Derecho Procesal. Habla con serenidad de las dificultades a las que se enfrentan las investigaciones y defiende la necesidad de las detenciones durante la fase de instrucción para facilitar las indagaciones de un caso. La próxima semana interrogará a Jorge Barata, antiguo director ejecutivo de la compañía brasileña en Perú.


- ¿Qué está pasando en Perú con el caso Odebrecht? ¿En qué fase está?


- Estamos en una fase ya de mayor madurez procesal, buscando medidas que aseguren que los fines de la investigación sean los que correspondan al procesamiento de la información que estamos recibiendo. A través de la actividad investigativa de los fiscales soportada y tal vez potenciada por herramientas procesales como la colaboración eficaz. Son mecanismos en los que a partir de asumir culpabilidad se acercan a la Administración de justicia para brindar toda la información que tienen sobre los delitos que puedan haber cometido y reciben en contraprestaciones beneficios premiales, o sea, premios por esa información. Hemos culminado ya un convenio de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Con esa información entramos a esa mayor agresividad procesal. Porque ya tenemos información que puede superar los altos estándares que hay para las medidas coercitivas y que nos permite asegurar a los investigados lo necesario y hacer nuestro trabajo ya con una planificación estratégica.


El fiscal se refiere a la fuga de algunos investigados. "Hemos tenido experiencias acá en el país, hay varios casos, el de Alejandro Toledo, el de Hinostroza Pariachi, el caso del señor Félix Moreno... Hay muchos casos en los que, por diferentes razones, generalmente vinculadas a esta campaña agresiva que tenemos en contra de hacer un presunto mal uso de las herramientas procesales de aseguramiento como es la prisión preventiva o la detención preliminar, no puedan permitir que esa flexibilidad genere impunidad. Y eso es contra lo que nos encontramos".


Estas medidas, defiende, responden a los métodos de consecución de la información. "Estos casos son muy complejos y la información no es de fácil acceso, sino es completamente más bien clandestina u oculta, por eso necesitamos muchas veces negociar acuerdos de colaboración eficaz porque de otra manera no podríamos acceder a la prueba y eso significaría más bien por el contrario las defensas que son muy activas".


Vela hace hincapié en un paréntesis que considera clave, esto es, el pulso con los abogados. "No se olvide usted que estamos enfrentando no solamente a toda la clase política del país que está involucrada en hechos de lavado de activos y corrupción sino también propiamente a un fenómeno de espaldas financieras muy grandes en donde también las personas de alto perfil tienen mucho dinero para pagar defensas técnicas muy calificadas", sostiene. "Nos estamos enfrentando sin excepción a todos los grandes estudios de abogados de Lima en materia penal. Es una pelea con todo lo que el dinero puede pagar, dinero que además muchas veces tiene una condición ilimitada en la medida de que la corrupción tiene grandes fondos. La abogacía es siempre una profesión que está vinculada al ejercicio del derecho, todos tienen derecho a la defensa y todos en este caso tienen defensa muy calificada", continúa.


A eso se añade el clima político. "Nosotros tenemos investigada a la lideresa de la mayor fuerza del Congreso, que es la señora [Keiko] Fujimori, teníamos investigado al señor García. Tenemos investigado al señor Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, al señor Ollanta Humala Tasso, expresidente de la República, al señor Alejandro Toledo, expresidente de la República, tenemos también a personas vinculadas a la política que están siendo también objeto de investigación. Es decir, la señora Susana Villarán, el señor Luis Castañeda Lossio [exalcaldes de Lima]. Para nosotros es un fenómeno muy complejo porque no solamente nos enfrentamos al poder del dinero para contratar defensas técnicas muy calificadas, sino también a la clase política del país que en este momento está presente".


- ¿Y estas circunstancias generan presiones?


- Absolutamente. Con un ejemplo se puede tratar de establecer una fotografía de lo que nosotros pasamos. El día 31 de diciembre, cerca de las nueve de la noche, la cabeza de nuestra institución, que es la Fiscalía de la Nación, dejó sin efecto nuestras designaciones en el equipo especial, tanto a mí, que soy el jefe del equipo, fiscal superior, como el doctor José Domingo Pérez, que es un componente muy representativo del equipo especial, fiscal provincial. A partir de lo que entendemos era una injerencia de la política dentro de la institución. Dejaron sin efecto nuestras designaciones luego de una permanente hostilización que se desató a partir de que tomamos la decisión primero de detener preliminarmente y no solicitar una prisión preventiva, que no se suele conseguir por el poder judicial, contra la señora Fujimori. Tenemos presiones de ese tipo, presiones parlamentarias permanentes, porque los parlamentarios son los primeros que siempre nos atacan.


Vela admite que la resolución sobre el arresto de Kuczynski, ingresado en una clínica, puede ser "controvertida". "Sin embargo", prosigue, "es un asunto judicial que tiene que resolverse a partir de la defensa técnica que tiene el señor Kuczynski". "Vamos a una doble instancia, una instancia plural, donde hay un derecho de apelación y eso se resolverá ahí. Nosotros podemos ganar o perder, pero nos sometemos a la ley. Sin embargo, si usted ve la televisión yo he contado hasta siete congresistas criticando la resolución judicial y más bien cuestionándola fuera del contexto de respeto de lo que es poder del Estado y una institución autónoma como es el Ministerio Público y muchas veces generando un comentario sin conocer el caso. Entonces vemos que es más una consigna política".


El equipo de investigadores, que lidia con 36 carpetas, está integrado por cuatro fiscales provinciales y un fiscal superior, apoyados por algunos adjuntos. El coordinador asegura que no hacen nada extraordinario más allá de su propio trabajo y lamenta la falta de recursos, aunque asegura que cuenta con el apoyo "en todos los sentidos" de la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. "Tal vez sí somos un grupo especializado, pero bastante corto. Cuando hemos pedido más dinero por ejemplo para crecer porque tenemos un caso sumamente complejo nos han dicho que no hay dinero".


- Perú ha sido el país donde las investigaciones de Odebrecht han avanzado más. ¿Por qué?


- Tiene que haber gente calificada, pero fundamentalmente tiene que haber gente que tenga la mística para hacer un trabajo por el cual uno no gana más dinero que el que corresponde a su salario. Ha sido bien complejo el proceso de selección de las personas del equipo especial. También es verdad que, dentro de la propia institución, al tratarse de un caso de gran envergadura sometido a mucha presión y a muchas circunstancias y vicisitudes complejas, de interferencia política, muchos fiscales no se quieren comprometer. Tiene que haber una tecnificación propia de enfrentarte a los mejores abogados que el dinero puede pagar. No sería tampoco una igualdad de armas si no tienes un fiscal que pueda enfrentarse con eficiencia y con preparación académica a un abogado que seguramente es muy bien calificado porque es el dinero el que puede pagar. En esa medida, a partir del factor humano que es un hecho básico, viene la estrategia procesal y creo que es lo que define finalmente también el avance de la investigación, que es una apertura a mecanismos alternativos como las colaboraciones eficaces.


- Parece, además, que existe una mayoría social que apoya una regeneración de la vida pública en Perú. ¿Es así?


- Quisiera añadir un aspecto medible. Cuando fuimos cesados por el doctor Chávarry, que era el fiscal de la Nación de ese momento que luego dio marcha atrás, la única razón más allá de la discusión legal de esto creo que fue por la fuerza de la presión pública respecto de la legitimidad del trabajo que nosotros hacemos. Por eso retrocedió.


- Anunció en marzo que estaba cerca la acusación del expresidente Humala, pero aún no la presentaron. ¿Por qué?


- Venimos pretendiendo acusar a Ollanta Humala desde octubre 2017, pero su defensa ha presentado muchos recursos que nos han obligado a litigar. En ese momento teníamos una estrategia y habíamos logrado hablar con Marcelo Bahía Odebrecht [antiguo responsable de la constructora], algo que ninguna fiscalía del mundo lo había podido hacer. Sucedió que contábamos que íbamos a tener la ayuda del anterior fiscal, Hamilton Castro, para obtener testimonios de otros tres ejecutivos, pero se empezaron a enrarecer las relaciones entre el fiscal Castro y el señor Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, y otros se negaron a declarar. Entonces hubo que renegociar con ellos en un nuevo acercamiento para que pudieran declarar.

 

Por, Francesco Manetto / Jacqueline Fowks

Lima 20 ABR 2019 - 22:04 COT

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La justicia peruana dicta tres años de prisión preventiva para Kuczynski

Las sospechas de corrupción siguen sacudiendo a la política peruana. La justicia impuso este viernes tres años de prisión preventiva al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que sigue ingresado en una clínica privada tras haber sido sometido a un cateterismo el pasado miércoles. La medida, dictada por un tribunal especializado en corrupción de funcionarios, se adoptó a petición del equipo de la Fiscalía encargado de investigar las ramificaciones del caso Odebrecht en el país. Esta decisión llega apenas dos días después de que el también exmandatario Alan García se suicidara por su implicación en la gigantesca trama de pagos de sobornos a la constructora brasileña que ha hecho temblar los estamentos políticos de América Latina.

Kuczynski, que ganó las elecciones en 2016 y dimitió el año pasado por un caso de supuesta compra de votos, está investigado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos en "las modalidades de transferencia, conversión y ocultamiento" con el agravante de "posible pertenencia a una organización criminal". El expresidente estaba bajo arresto preliminar de diez días desde el 10 de abril. Su secretaria y su chófer también fueron arrestados ese día pero quedaron libres el pasado lunes.


El político, de 81 años, fue internado en una clínica privada tras sufrir dolor en el pecho y arritmia y pasó a una unidad de cuidados intensivos luego del cateterismo. Sin embargo, la evaluación de los médicos indica que su condición no reviste gravedad. "Aún continúa en la UCI, estamos a la espera de la opinión de la junta médica", informó el congresista Gilbert Violeta a El PAÍS minutos después de que el tribunal leyera la resolución de detención preventiva. Este representante, electo por Peruanos Por el Kambio, la agrupación impulsada por Kuczynski cuya sucesora es ahora Contigo, y perteneciente a la bancada de Concertación Parlamentaria, criticó la decisión al considerar que para un hombre de esa edad "es en buena cuenta una sentencia de muerte". "La justicia peruana se desacredita a ojos del mundo en el caso PPK. Esta barbaridad tiene que parar", escribió después en su cuenta de Twitter.
La resolución del juez, Jorge Luis Chávez Tamariz, recoge, no obstante, un informe médico legal que señala que el estado del exbanquero de inversión "es inestable pero no indica que sea enfermedad grave". El principal argumento de la detención guarda relación, según el fallo, con el peligro de obstaculización de las investigaciones del equipo de fiscales encargados del caso. Además, el juez apunta que el riesgo de fuga es considerable.


La justicia ha determinado, por el momento, que Kuczynski ocultó y dio información falsa sobre la responsable de las cuentas de Westfield Capital, la empresa unipersonal de banca de inversión desde la que prestó servicios de consultoría a Odebrecht. El juzgado dispuso además orden de comparecencia para la secretaria del expresidente y su conductor.


La investigación apunta que Kuczynski y su antiguo socio Gerardo Sepúlveda recibieron más de dos millones de dólares de Odebrecht por trabajos de consultoría sobre dos obras públicas que finalmente fueron concedidas a la compañía. Se trata de la carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, ubicado en el norte del país. Parte de esos depósitos los recibió de Odebrecht cuando era ministro durante el mandato de Alejandro Toledo. La justicia señala que en esa condición de alto funcionario del Gobierno aprobó también normas que favorecieron la concesión de dichas obras públicas a la empresa. Además, según las indagaciones de la Fiscalía y pruebas proporcionadas por la constructora, Toledo recibió unos 20 millones de dólares en sobornos por la concesión de la vía Interoceánica Sur.


La medida de prisión provisional se produce en un contexto que demuestra la voluntad del equipo encargado de investigar las ramificaciones del caso Odebrecht en Perú de llegar hasta el final a pesar de las críticas de algunos sectores políticos. Este viernes se conoció una carta que García dejó a sus hijos antes de dispararse cuando iba a ser detenido. En ella, rechaza “sufrir injusticias y circos”, asegura que “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza” y lanza un amargo mensaje al calificar su suicidio de “muestra de desprecio” hacia sus rivales políticos.

Por Francesco Manetto / Jacqueline Fowks

Lima 19 ABR 2019 - 19:35 COT

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La opaca transparencia: Assange, Lula y Moro

El problema de la transparencia, como el de la lucha contra la corrupción, es la opacidad de su selectividad. Quienes quizás vivan más directamente este problema son los periodistas de todo el mundo que todavía insisten en hacer periodismo de investigación. Todos temblaron el pasado 11 de abril, cualquiera que haya sido la línea editorial de sus periódicos, ante la detención de Julian Assange, sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres para ser entregado a las autoridades estadounidenses que contra él habían emitido una solicitud de extradición. Las acusaciones que hasta ahora se han vertido contra Assange se refieren a acciones que solo pretendían garantizar el anonimato de la denunciante de irregularidades Chelsea Manning, es decir, garantizar el anonimato de la fuente de información, una garantía sin la cual el periodismo de investigación no es posible. Si los periodistas son quienes viven más directamente la selectividad de la transparencia, quienes más sufren las consecuencias de ello son la calidad de la democracia y la credibilidad del deber de rendición de cuentas a la que los gobiernos democráticos están obligados.

¿Por qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados objetivos políticos y no a otros? ¿Por qué las revelaciones en algunos casos son celebradas y tienen consecuencias mientras que, en otros, se impiden y, si llegan a ver la luz, se ignoran? De ahí la necesidad de conocer mejor los criterios que presiden la selectividad. Por supuesto, el otro lado de la selectividad de la transparencia es la selectividad de la lucha contra la transparencia.


Tal vez no sabríamos de las perturbaciones reveladas por WikiLeaks en 2010 (videos militares sobre el asesinato en Irak de civiles desarmados, dos de los cuales trabajaban para Reuters), si no hubiesen sido divulgadas ampliamente por los medios de comunicación de referencia de todo el mundo. ¿Por qué toda la saña persecutoria se desató contra el fundador de WikiLeaks y no sobre esos medios, algunos de los cuales ganaron mucho dinero que nunca retornó adecuadamente para Assange? ¿Por qué entonces los editoriales del New York Times vitoreaban a Assange como el campeón de la libertad de expresión y celebraron las revelaciones como el triunfo de la democracia, mientras que el editorial de la semana pasada considera su prisión como el triunfo de la rule of law? ¿Por qué el Gobierno de Ecuador protegió “los derechos humanos de Assange durante seis años y diez meses”, en palabras del presidente Lenín Moreno, y lo entregó repentina e informalmente, violando el derecho internacional de asilo? ¿Será porque, según el New York Times, el nuevo préstamo del FMI a Ecuador por valor de unos 4.000 millones de dólares habría sido aprobado por EEUU a condición de que Ecuador entregara a Julian Assange? ¿Será porque WikiLeaks reveló recientemente que Moreno podría ser acusado de corrupción por dos supuestas cuentas offshore, de titularidad de su hermano, una en Belice y otra en Panamá, donde supuestamente se depositaron comisiones ilegales?

En cuanto a la selectividad de la lucha por la transparencia, hay que distinguir entre los que luchan desde fuera del sistema político y los que luchan desde dentro. En cuanto a los primeros, su lucha tiene, en general, un efecto democratizador porque denuncia el modo despótico, ilegal e impune en que el poder formalmente democrático y legal se ejerce en la práctica para neutralizar resistencias a su ejercicio. En el caso de WikiLeaks habrá que reconocer que ha publicado informaciones que afectan a gobiernos y actores políticos de diferentes colores políticos, y este es quizás su mayor pecado en un mundo de rivalidades geopolíticas. La suerte de WikiLeaks cambió cuando en 2016 reveló las prácticas ilegales que manipularon las elecciones primarias en el Partido Demócrata de EEUU para que Hilary Clinton, y no Bernie Sanders, fuera la candidata presidencial; y más aún después de haber mostrado que Hilary Clinton fue la principal responsable de la invasión de Libia, una atrocidad por la que el pueblo libio sigue sangrando. Se puede objetar que WikiLeaks se ha restringido, en general, a los gobiernos más o menos democráticos de dicho mundo eurocéntrico o nortecéntrico. Es posible, pero también es verdad que las revelaciones que se han hecho más allá de ese mundo cosechan muy poca atención de los medios dominantes.


La selectividad de la lucha por parte de los que dominan el sistema político es la que más daño puede causar a la democracia, pues quien protagoniza la lucha, si tuviese éxito, puede aumentar su poder por vías no democráticas. El sistema jurídico-judicial es hoy el instrumento privilegiado de esa lucha. Asistimos en los últimos días a intentos desesperados por justificar la anulación del asilo de Assange y su consecuente prisión a la luz del derecho internacional y del derecho interno de los varios países involucrados. Empero, nadie ignora el hecho de que se trató de un barniz legal para cubrir una conveniencia política ilegal, si acaso no directamente una exigencia por parte de Estados Unidos.


Pero sin duda el estudio de caso del abuso del derecho para encubrir intereses políticos internos e imperiales es la prisión del expresidente Lula da Silva. El ejecutor de tal abuso es el juez Sérgio Moro, acusador, juez en causa propia, ministro de Justicia del Gobierno que conquistó el poder gracias a la prisión del líder del PT. Lula fue procesado mediante sórdidos dislates procesales y la violación de la jerarquía judicial, se lo condenó por un crimen que nunca fue probado, y es mantenido en prisión a pesar de que el proceso no se ha resuelto en sentencia firme. De aquí a cincuenta años, si todavía hay democracia, este caso se estudiará como ejemplo del modo en que la democracia puede ser destruida por el ejercicio abusivo del sistema judicial. Es también el caso que mejor ilustra de la falta de transparencia en la selectividad de la lucha por la transparencia.


No es preciso insistir en que la práctica de promiscuidad entre el poder económico y el poder político viene de lejos en Brasil y que cubre todo el espectro político. Ni tampoco que el expresidente Michel Temer pudo terminar el mandato para el cual no fue electo a pesar de los desórdenes financieros en los que habría estado involucrado. Lo importante es saber que la prisión de Lula da Silva fue fundamental para elegir un Gobierno que entregase los recursos naturales a las empresas multinacionales, privatizase el sistema de pensiones, redujese al máximo las políticas sociales y acabase con la tradicional autonomía de la política internacional de Brasil, rindiéndose a un alineamiento incondicional con Estados Unidos en tiempos de rivalidad geopolítica con China.


Objetivamente, quien más se beneficia con estas medidas es Estados Unidos. No sorprende por ello que intereses norteamericanos hayan estado tan implicados en las últimas elecciones generales. Es sabido también que las informaciones que sirvieron de base para la investigación de la Operación Lava Jato resultaron de una íntima colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense. Pero quizá sea sorprendente la rapidez con la que, en este caso, el hechizo puede volverse en contra del hechicero. WikiLeaks acaba de revelar que Sérgio Moro fue uno de los magistrados entrenados en Estados Unidos para la llamada “lucha contra el terrorismo”. Se trató de un entrenamiento orientado al uso robusto y manipulador de las instituciones jurídicas y judiciales existentes, así como para el recurso a innovaciones procesales, como la delación premiada, con el objetivo de obtener condenas rápidas y drásticas. Fue esa formación que enseñó a los juristas a tratar algunos ciudadanos como enemigos y no como adversarios, esto es, como seres privados de los derechos y de las garantías constitucionales y procesales y de los derechos humanos supuestamente universales.


El concepto de enemigo interno, originalmente desarrollado por la jurisprudencia nazi, buscó precisamente crear una licencia para condenar con una lógica de estado de excepción, a pesar de ejercerse en una supuesta normalidad democrática y constitucional. Moro fue así escogido para ser el malabarista jurídico-político al servicio de causas que no pueden avalarse democráticamente. Lo que une a Assange, Lula y Moro es ser peones del mismo sistema de poder imperial: Assange y Lula como víctimas, Moro como verdugo útil y, por eso, descartable cuando haya cumplido su misión o cuando, por cualquier motivo, se transforme en un obstáculo para que la misión sea cumplida.

19 ABRIL, 2019

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

 

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