Viernes, 19 Abril 2019 08:20

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

Un tiro de pistola en la cabeza a los 69 años. El reciente suicidio de Alan García, dos veces presidente de Perú, mientras la policía entraba a su casa para capturarlo, ilustra trágicamente el estado agónico de la élite gobernante del país.

En desconcertante simetría, los pasados cinco presidentes –más una casi-presidenta, “dueña” del Congreso, Keiko Fujimori– tienen problemas muy graves con la justicia, en particular desde que fueron atropellados por la avalancha Odebrecht, el caso de corrupción más célebre y ruidoso de América Latina en los pasados años.

A Alberto Fujimori se le puede considerar un caso aparte, y el único realmente juzgado: por sus graves crímenes, desde el autogolpe de 1992 hasta su renuncia vía fax en 2000, está purgando una condena de 25 años, ha obtenido una amnistía ilegal de Pedro Pablo Kuczynski –quien, de paso, ha perdido la presidencia por ello– y ha regresado, pero más al hospital que a la cárcel. Fujimori, que nunca ha pedido perdón por las matanzas que ordenó ni restituyó un centavo de los millones robados, ya es un cadáver político aun con dos herederos activos.

Alejandro Toledo, el cholo de Harvard, que en su época (2001-06) fue considerado un “libertador” por haber encabezado la histórica Marcha de los Cuatro Suyos, recluido recientemente en estado de ebriedad por los policías estadunidenses, se ha reducido a un escuálido borrachín refugiado en Estados Unidos para eludir la justicia nacional. Toledo, prófugo junto con su esposa desde dos años, parece haber recibido al menos 20 milloncitos de Odebrecht.

Alan García, cuya segunda presidencia (2006-11), después de la desastrosa primera (1985-90), sólo se debió a una temporánea e inducida amnesia de los peruanos, muere así sin pagar por unas matanzas históricas que perpetró (El Frontón 1986, Bagua 2009) ni por los prolongados latrocinios que cometió en perjuicio de la nación. El bravucón que sin vergüenza sostenía que “la plata llega sola” y a quienes lo acusaban de enriquecimiento ilícito gritaba: ”¡Pruébenlo, imbéciles!”, una vez llegada la hora de las pruebas, ha preferido la fácil escapatoria de la impunidad perpetua.

Mientras sus escasos seguidores tratan de santificarlo como un “mártir acosado por malos jueces”, la mayor parte de la opinión pública lo considera un gran cobarde –especialmente después de su fallido intento, hace cuatro meses, de refugiarse en la embajada de Uruguay– y los críticos más benévolos subrayan (¿irónicamente?) su generosidad para con los suyos, a quienes deja en herencia una ingente fortuna mal habida.

Las fechorías ni tan ocultas de García, su arrogancia egocéntrica, la costumbre de sacrificar a sus subordinados para que pagaran por él, lo habían vuelto el político más impopular de Perú, blindado frente a la acción de la justicia gracias a los numerosos jueces que le debían el puesto. Sin embargo, la popular ofensiva del actual presidente Martín Vizcarra y de una nueva generación de fiscales contra la corrupción, debió hacerle escuchar pasos en la azotea, porque en los últimos tiempos manifestaba un creciente nerviosismo y ensayaba maniobras diversivas y “sicosociales”, como se les llama en Perú: que el gobierno lo estaba espiando (cuando en realidad se trataba de agentes puestos a su protección), que el verdadero problema del país era la anemia infantil y todo lo demás (o sea la lucha anticorrupción) era pura pantalla, que fue víctima de un intento de asalto (nunca comprobado).

El hombre que tenía fama de medicarse con litio, fármaco que se utiliza para curar trastornos bipolares o maníaco-depresivos, y que el embajador gringo en Lima –esto lo sabemos gracias a Wikileaks, ¡Assange libre!– definió “arrogante, desconfiado y con un ego colosal”, según un informe de 2006, no ha sabido enfrentar la posibilidad de pagar la cuenta. Lo que el entonces embajador James Curtis Struble anotaba entonces, podría sonar a epitafio: “Un aspecto en torno al cual hay casi un acuerdo universal es que García tiene un ego colosal que le puede cegar ante los méritos o las buenas ideas y alternativas que vengan de otro que no sea él. El ego de García es su talón de Aquiles y podría tener consecuencias contraproducentes para el actual gobierno, especialmente si no se vigila”.

Después de haber dedicado años a evadir la justicia –los nueve años de autoexilio en Francia, esperando que prescribieran los delitos de su primera presidencia– el último acto de Alan García ha sido justamente esto: burlarse de la ley. El APRA, un partido que ha tenido un lugar destacado en la historia del 900 peruano y ha formado parte de la Internacional Socialista, se va en el mismo entierro de Alan García, reducido a escombros por el abrazo mortal de su jefe.

¿Qué decir de los otros personajes de la lista? Ollanta Humala y su primera dama Nadine Heredia (2011-16), quien fue la verdadera presidenta del quinquenio, salieron en mayo 2018 de nueve meses de reclusión acusados de lavado de activos. La imputación de haber recibido al menos 3 millones de dólares de Odebrecht para sus campañas electorales de 2006 y 2011 le valió unos meses de prisión preventiva, una sanción que se adopta con demasiada frecuencia cuando hay riesgo de fuga o de manipulación de pruebas. No pueden dejar el país.

Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, a pesar de sus 80 años, acaba de experimentar 10 días de “prisión preliminar” –otra figura que se utiliza en espera de decidir sobre la conveniencia de la prisión preventiva, que puede llegar a tres años. Es investigado por lavado de dinero y crimen organizado por recibir pagos ilícitos de Odebrecht. PPK, que favoreció la empresa brasileña en la adjudicación de la Carretera Interoceánica, tuvo que renunciar a la presidencia hace poco más de un año. Nunca pudo ejercer realmente el poder por la furibunda oposición de Keiko Fujimori, quien está en la cárcel desde casi seis meses acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El último crimen de Keiko Fujimori –aunque no imputable legalmente– consiste en paralizar con su partido la reforma política y judicial impulsada por el presidente Vizcarra, cuya sincera disposición a combatir la impunidad se acompaña al derechismo continental del Grupo de Lima y a los intentos de reformas laborales reaccionarias. De hecho, el bipolarismo de Perú es bien visible: unos de los países más corruptos del continente es donde más se persigue a la corrupción.

Por Gianni Proiettis, periodista italiano

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Alan García, un presidente acosado por la corrupción

García se suicidó disparándose un tiro en la cabeza cuando las autoridades ingresaron a su casa con una orden de captura por el caso Odebrecht, en el que fue procesado por cobro de coimas.

No soportó ser detenido por cargos de corrupción. El ex presidente Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza cuando las autoridades ingresaron a su casa para apresarlo. La orden de detención se dispuso en el marco de las investigaciones judiciales ligadas a la trama de corrupción vinculada a la constructora brasileña Odebrecht. Se trataba de una detención preliminar por diez días, luego de la cual la fiscalía podía haber solicitado su arresto preventivo hasta por tres años mientras se desarrollara el proceso judicial en su contra.
Ayer, poco después de la seis de la mañana, hora local, la policía ingresó a la vivienda del ex jefe de Estado con una orden judicial para detenerlo. García dijo que iba a llamar a su abogado y fue a su cuarto, donde se disparó en la sien izquierda. La bala salió por el lado derecho de la cabeza. Inmediatamente lo llevaron a un centro médico, donde falleció minutos después de las diez de la mañana.


La detención preliminar contra García se ordenó por el supuesto cobro de sobornos a Odebrecht durante su segundo gobierno, entre 2006 y 2011. Se investiga los sobornos pagados durante la gestión de García por la construcción de una línea del Metro de Lima, por la cual funcionarios de Odebrecht han confesado haber pagado 24 millones de dólares en sobornos, y por la construcción de una ruta que une Brasil con la costa peruana, licitación obtenida luego del pago de una coima de 20 millones de dólares al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y que fue ejecutada durante la administración de García, período en el cual el precio de la construcción se duplicó.


En los últimos días se conoció, por documentos entregados por Odebrecht en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia, que el secretario de García cuando éste era presidente, Luis Nava, quien también fue su ministro, habría recibido 4,5 millones de dólares de Odebrecht. Nava recibió ese dinero cuando era secretario del entonces presidente, cargo desde el cual no tenía ninguna función ni poder directo sobre las obras concedidas a Odebrecht, por las cuales la empresa pagó sobornos para ganar las licitaciones y sobrevalorar dichas obras.


Su único poder era su cercanía al presidente. La fiscalía tenía la hipótesis que Nava era en realidad un testaferro e investigaba a García como el posible receptor final de esos sobornos. No era la única investigación judicial contra el fallecido ex presidente.


Documentos de Odebrecht han permitido encontrar un pago oculto de la empresa a García por 100 mil dólares y justificados como retribución a una conferencia del ex presidente. También se investiga el supuesto financiamiento ilegal con 200 mil dólares de la constructora a su campaña electoral.


Junto con la orden de detención a García, se ordenó el arresto de otras ocho personas, entre ellas el secretario Nava y un ministro del gobierno de García.


Cuando en noviembre pasado se dispuso su prohibición de salida del país, García intentó eludir las investigaciones judiciales pidiendo asilo en la embajada de Uruguay, el cual le fue negado. Esta vez, tal vez sintiéndose ya sin salida, optó por el suicidio.


En un mes Alan García iba a cumplir 70 años. En 1985, a los 36 años, se convirtió en el presidente más joven en la historia del país luego de ganar ampliamente las elecciones como candidato del socialdemócrata Partido Aprista.


Su primer gobierno estuvo marcado por la hiperinflación, escándalos de corrupción, el crecimiento de la violencia política interna y violaciones a los derechos humanos en el marco del combate a la subversión armada. Acusado de corrupción al terminar su gestión, se fugó del país. Regresó en 2001 luego que los cargos en su contra prescribieron y en 2006 se convirtió en presidente por segunda vez.


En su segundo gobierno dio un radical giro a la derecha. Esta segunda gestión también estuvo marcada por denuncias de corrupción. En eso no hubo cambios con su primer gobierno. Con muy buenos contactos en el sistema de justicia, tenía fama de intocable. Pero su suerte había comenzado a cambiar con el estallido del escándalo Odebrecht que lo tocó directamente.

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Primera fila, de izquierda a derecha, en tercer lugar el padre Javier Giraldo acompañando a la Comunidad de Paz

La utilización de acciones jurídicas se constituye en una nueva herramienta para seguir atentando contra los habitantes que conforman la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así lo demuestra la acción de tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz, tutela fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018, mediante la cual pretenden hacer retractar a las comunidades de sus denuncias públicas que evidencian el accionar conjunto entre militares, policías y paramilitares en la región, supuestamente para proteger el buen nombre y la honra de los militares. Vale la pena decir que estas comunidades desde el año 2005 renunciaron a la utilización de los aparatos judiciales del país, pues han vivido en carne propia la ineficiencia de los mismos y, por el contrario, sus miembros han sido amenazados, perseguidos, desplazados y asesinados luego de interponer denuncia judicial.


El padre Javier Giraldo Moreno, representante de la Comunidad de Paz, envió una carta a la Corte Constitucional en la cual defiende el derecho de las comunidades a negarse a obedecer la sentencia de rectificación, argumentando jurídicamente el por qué es legítimo no hacerlo y dejando claro que los elementos jurídicos utilizados por los militares son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales. Aquí la carta completa:


Señores Magistrados
SALA DE REVISIÓN CORTE CONSTITUCIONAL

Ref: Exp.: T-7092205, asignado el 28 de enero de 2019
Exp: T-1401460 Seguimiento Sentencia T-1025/07


De toda consideración.

En mi condición de representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, habiendo actuado ante esa Honorable Corte en los procesos de revisión que dieron origen a las Sentencias T -249/03, T-327/04, T-1025/07, así como en el seguimiento a esta última y sus Autos consecutivos 164/12, 693/17 y Auto del 7 de septiembre de 2018, y conocedor de la Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018 por la Juez Segunda Promiscua de Apartadó y de la solicitud de su revisión (Exp. T-7092205), asignada a la Sala de Revisión el 28 de enero de 2019 por Insistencia del Defensor Nacional del Pueblo, me permito aportar el siguiente escrito en calidad de AMICUS CURIAE, cuyo contenido puede tenerse en cuenta también para el seguimiento de la Sentencia T-1025/07 (Exp: T-1401460).

La Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, solicitó a la Juez de conocimiento de Apartadó proteger los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los militares adscritos a ella y a sus unidades menores, lesionados por las referencias que la Comunidad de Paz hace sobre el comportamiento de los militares en sus comunicados o Constancias Históricas difundidas en su página web. La Brigada solicita que la Comunidad rectifique las informaciones y que allegue a la fiscalía y a la misma Brigada las pruebas de los comportamientos ilícitos de los militares, y la juez acoge su solicitud en la sentencia.

Como la Honorable Corte lo conoce suficientemente, dadas las diversas sentencias emitidas en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los Autos que han tratado en vano de hacer cumplir las órdenes de sus sentencias y de los autos consecutivos, esta Comunidad de Paz desde el año 2005 renunció a utilizar en su defensa al aparato judicial y a colaborar con él de alguna manera, luego de experimentar durante 8 años que, en lugar de obtener algún acto de justicia y protección, más bien ponía en riesgo a sus miembros, ya que los testigos y declarantes, numerosos en esos primeros años, llegaban a ser estigmatizados, perseguidos, desplazados o asesinados y que, al examinar un buen número de expedientes, se evidenciaban numerosos mecanismos de corrupción e impunidad, como la Comunidad se lo compartió a todas las Altas Cortes en el Derecho de Petición radicado el 19 de enero de 2009. Dicha ruptura con la justicia la Comunidad la fundamentó en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual “nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia”. Esto explica que la Comunidad no haya respondido a los requerimientos de la juez de tutela.

Pero fuera del problema procedimental, el cual hay que discernirlo a la luz de la imperatividad del artículo 18 de la Constitución considerado como principio de alta jerarquía constitucional, existen otros elementos jurídicos que hacen ilegal, ilegítima e inconstitucional la pretensión de los militares, los cuales pongo a consideración de la Honorable Corte:

Este litigio pone en juego el derecho a la libre expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Este derecho fue examinado profundamente en la Sentencia T-1025/07 (referida a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó) y hace parte de su núcleo doctrinal de fondo. En la Parte IV de dicha sentencia, donde se aborda la “Revisión por parte de la Corte – Consideraciones y Fundamentos” (No. 12, pag. 79) se afirma: “La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa (CP arts 1º, 3º y 40). Por ello, en numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertad[1], que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado.”

Si se tiene en cuenta, además, la jurisprudencia internacional sobre el tema, es importante referirse a la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de octubre de 2000, donde se establecen estos principios:


(1) “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”
(2) “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
(5) “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
(11) “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Por otra parte, hay derechos muy claros consagrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), en su Declaración conocida como el compendio de derechos de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: en su artículo 6 establece el derecho de toda persona, individual o colectivamente: “a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados”.

Esta Declaración de la Asamblea General no deja duda alguna respecto al derecho que asiste a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó A PUBLICAR Y DIFUNDIR INFORMACIONES QUE PERMITAN DEBATIR SI ESOS DERECHOS SE OBSERVAN O NO, NO SOLO EN LA LEY SINO EN LA PRÁCTICA Y A SEÑALAR A LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO ESAS CUESTIONES POR MEDIOS ADECUADOS.

El ejercicio de un derecho como éste, fundamentado tan claramente en la jurisprudencia y la doctrina internacional, obedece también a circunstancias contextuales que es bueno tener en cuenta:

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desde que tuvo claro que su conciencia ética le impedía colaborar con una “justicia” que no llenaba los mínimos requisitos para llamarse tal, como ampliamente se documentó en el Derecho de Petición a las Altas Cortes del 19 de enero de 2009, buscó caminos alternativos para que los crímenes de que era y sigue siendo víctima no se quedaran en la total impunidad. Su primer camino escogido fue llevar sus casos a tribunales internacionales y así lo hizo acudiendo, tanto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como a la Corte Penal Internacional, a la Audiencia Nacional de España y explorando otros espacios de jurisdicción universal, procesos todos que son muy prolongados y demandan costosos requerimientos. Otro camino, que creyó debía ser más expedito, fue el recurso al derecho constitucional de petición ante el Jefe de Estado, esperando que por vía administrativa tomara decisiones exigidas por su condición de garante de derechos, fundamentada en varios artículos de la Constitución Nacional; sin embargo, los numerosos derechos de petición radicados en los despachos de los últimos 4 presidentes, no dieron resultado alguno, pues los presidentes los remitieron siempre a los ministros de defensa, solidarios de la alta oficialidad castrense, los cuales jugaron un papel sistemático de encubrimiento y complicidad, dando respuestas saturadas de evasiones, negaciones y falsedades que permitieron siempre mantener incólumes las estructuras criminales de la región y sin investigación ni sanción alguna a los oficiales responsables de los crímenes. Presidentes y ministros se negaron, además, a suministrar los nombres de los agentes de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y lugares donde fueron perpetrados los crímenes, y desacataron con inflexible contumacia las sentencias y autos de la Corte Constitucional que les ordenó reiteradamente suministrar esos nombres. Un tercer camino que ha sido casi concomitante con la larga existencia de la Comunidad de Paz, ha sido el recurso a la sociedad civil, sin esperar de ella decisiones judiciales sino sólo éticas y políticas, pues se funda en el derecho de la especie humana a conocer el respeto o irrespeto con que los aparatos de Estado tratan la dignidad humana y en el derecho a pronunciarse, a protestar y a defender la vida y los derechos fundamentalmente humanos desde la opinión pública universal; este camino se ha alimentado a través de las Constancias Históricas que se difunden por las redes sociales y que en este caso son el blanco de ataque de las Brigada XVII y de la Juez Segunda Promiscua de Apartadó.

Otro elemento del contexto que vale la pena tener en cuenta es el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Paz para que la administración de justicia pueda regenerarse. Por muchos años la Comunidad clamó para que se constituyera una Comisión de Evaluación de la Justicia, pues su trágica experiencia le fue mostrando que el aparato judicial desconocía la independencia de poderes y que recurría a métodos excesivamente perversos para construir testimonios y pruebas falsas para condenar a inocentes o para absolver a culpables, violando todos los principios rectores de los códigos vigentes y de los tratados internacionales y comprando la complicidad de fiscales, jueces, procuradores, magistrados y defensores. Cuando el líder histórico de la Comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue masacrado con su familia el 21 de febrero de 2005, estaba empeñado en conseguir que se constituyera esa Comisión. Gracias al Auto 164/12 de la Corte Constitucional, dicha Comisión se pudo constituir pero sufrió el boicot interno de los funcionarios participantes, llegando a su plazo máximo de funcionamiento sin haber examinado un solo expediente. A la Comunidad le asiste la convicción de que la justicia no puede funcionar rectamente si no se enfrenta ese pasado lleno de podredumbres, tanto para descubrir y establecer correctivos como para purificar su personal, excluyendo y sancionando a quienes la han convertido en un ámbito repugnante del delito, y además para reparar, al menos moralmente, a las víctimas.

En el Auto 693/17, la Corte no insistió en reconstruir la Comisión de Evaluación de la Justicia sino que propuso que los casos de la Comunidad de Paz fueran remitidos a la Jurisdicción Especial de Paz –JEP-. La Comunidad ha examinado a fondo las posibilidades de justicia con que cuenta la JEP y le elevó una consulta documentada a su Presidenta, la cual fue respondida ampliamente en un documento que confirma sus dudas y temores. En primer lugar, la interpretación laxa que está haciendo la JEP del requisito para que un victimario (y consiguientemente sus víctimas) se acojan a ella: el que los hechos estén relacionados “directa o indirectamente con el conflicto armado” o se hayan perpetrado “con ocasión del conflicto”, distorsiona radicalmente las características de los crímenes sufridos por la Comunidad de Paz, cuya identidad esencial consiste justamente en no participar en el conflicto armado ni colaborar ni convivir con ningún actor armado. Si los victimarios de la Comunidad alegan relación alguna con el conflicto para poder acogerse a la JEP, eso solo es posible hacerlo apoyándose en calumnias infames que les hicieron creer que la Comunidad era lo mismo que la guerrilla. Esa infamia distorsiona radicalmente cualquier intento de justicia. Por otra parte, las diversas manipulaciones políticas del Estatuto de la JEP la inhabilitaron para ejercer justicia de acuerdo a los parámetros y normas del Estatuto de Roma: le quitaron la posibilidad de juzgar la responsabilidad de los jefes de Estado, y si algo llega a ser de absoluta evidencia, para quien lea y analice los 87 derechos de petición, con los horrores que allí se describen y los clamores apremiantes a los presidentes para salvar vidas, integridades y derechos de los miembros de la Comunidad y de los campesinos de su entorno, es que los presidentes fueron los máximos responsables del horror, por no atender clamores tan justos y urgentes de las víctimas y por no cumplir deberes tan esenciales de su cargo. La misma Corte Penal Internacional ha venido cuestionando la redacción tergiversada que se le dio a los artículos sobre responsabilidades de mando de los militares, para acomodarlos a una descarada impunidad. Otros artículos perversamente modificados por los poderes políticos han llenado de trabas la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas genocidas; las causales de sistematicidad; la incriminación a empresarios, políticos y funcionarios civiles cuyo papel no pocas veces fue determinante de los crímenes y de su impunidad. Todo esto se envuelve en un manto más gigantesco aún de dudas y oscuridades, cuando se percibe la ausencia absoluta en el SIVJRNR de estrategias de No Repetición. La creencia de que dejar intactas las instituciones y las estructuras que permitieron y favorecieron los horrores es “garantizar la no repetición” no es, en absoluto, de recibo. Queda claro que la JEP no es el escenario que pueda hacer mínima justicia a la Comunidad de Paz.

La revisión de esta sentencia de tutela debería abordar, en sana lógica, los factores que han llevado a una comunidad campesina agobiada por los más horrendos crímenes sistemáticos, a limitarse a la reacción más primaria de una víctima: el grito de auxilio ante sus semejantes. Y ese el último atajo elementalmente humano que la Brigada y la juez quieren cerrar en esa sentencia de tutela.

Anexo a este Amicus Curiae el libro “En las entrañas del Genocidio”, que sistematiza el informe de fondo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12325 y el CD: Anexos al Informe 21 Años de Ignominia, con copias de los procesos desarrollados en 21 años sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Con toda consideración,


Javier Giraldo Moreno, S. J.
C.C. 3.515.984 Dirección: carrera 5 No. 33-B-02, Bogotá, D. C. Tel: 2456181

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Domingo, 14 Abril 2019 06:04

Pelearemos como David contra Goliat

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La amenaza que veíamos venir desde hace tempo se ha hecho realidad. El Reino Unido, tras violentar durante estos años todas las normas del derecho internacional, ha cumplido su función de brazo ejecutor después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, supeditado a los intereses de los EE.UU. de Donald Trump, haya retirado el asilo político a Julian Assange. En unas imágenes que deberían ruborizar a cualquier demócrata, el Gobierno de Ecuador ha abierto la puerta de su embajada para permitir que la policía británica sacara de forma violenta al fundador de WikiLeaks.

Es muy grave lo ocurrido, y plantea un futuro incierto a Julian Assange quien después de casi ocho años de reclusión inhumana en el recinto de la embajada ecuatoriana, se encuentra ahora a expensas de lo que la Corte de magistrados de Westminster determine, una vez se ponga en marcha la extradición al país norteamericano. De inicio, el periodista buscó refugio ante la orden de aprehensión de Suecia por denuncia de violación, una causa que ya fue archivada en mayo del pasado año. Ahora enfrenta la condena por haber incumplido las medidas cautelares de su libertad, cuestión que siempre hemos aceptado y nunca hemos eludido responder tanto en Suecia como en Gran Bretaña, pero denunciando, a la vez, la instrumentación que de estos países hacía EE.UU. Al final se ha desvelado la trama. Incluso desde diciembre de 2017 existía una orden de detención de la justicia estadounidense en Londres, a pesar de que tanto los británicos como el gobierno del presidente Moreno, específicamente el canciller Valencia, lo negaron.

Tras ese argumento se escondía la verdadera razón de la persecución contra el activista: Estados Unidos no puede consentir que Assange, mediante WikiLeaks, haya hecho públicos miles y miles de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial, denunciando torturas y crímenes de guerra por parte de responsables militares de ese país en lugares como Irak o Afganistán y filtraciones de las comunicaciones entre embajadas USA con Gobiernos y servicios de información en todo el mundo.


Las acusaciones de Suecia siempre fueron para su defensa una argucia para extraditarle a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por tal causa. Sabemos ahora que, en efecto, lo que latía bajo este asunto era la acusación por conspiración por parte de una Corte estadounidense. Y es probable que este delito, el de conspiración para hackear ordenadores, sea solo el principio, porque buscan con ello eliminar la verdadera base política de la persecución.


La acción británica viene precedida de una serie de incumplimientos de los convenios internacionales. Gran Bretaña ha estado prescindiendo, obviando, incumpliendo y violentando todas las normas del derecho internacional y de los derechos humanos. No han atendido al salvoconducto que pedía Ecuador desde hace años porque había otorgado un asilo, y una vez otorgado el asilo los demás países tienen que cumplirlo.


Sobre el papel de Ecuador, poco puedo añadir a lo que ha manifestado el ex presidente Rafael Correa, quien en su día en nombre de los Derechos Humanos asiló a Assange, que ha criticado la detención y ha calificado de “traidor” al actual presidente por permitir su arresto. “Esto jamás será olvidado por la humanidad entera. Uno de los actos más atroces fruto del servilismo, la vileza y la venganza. La historia será implacable con los culpables de algo tan atroz”, ha dicho Correa, añadiendo: “De ahora en adelante, a nivel mundial la canallada y la traición podrán ser resumidas en dos palabras: Lenín Moreno”.


Pocas veces he asistido a tan sorprendente actuación contra lo que marca el derecho de asilo como la que este jueves hemos vivido. Las confusas afirmaciones del actual mandatario ecuatoriano, lo dicen todo: “Ecuador da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por seis años y diez meses el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en nuestras instalaciones de la embajada en Londres”. “El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático. Violó particularmente la norma de no intervenir en los asuntos internos de otros estados”, ha añadido. Extremo este que es incierto, porque la acusación en este sentido siempre fue una argucia, como queda demostrado por los SMS que obran en la causa.


La concesión del asilo lo fue por riesgo fundado, de acuerdo con las convenciones aplicables al caso. Su retirada solo se puede producir si aquel riesgo desaparece. En este caso, lejos de que el peligro haya desaparecido, se ha incrementado exponencialmente con las declaraciones recurrentes de autoridades norteamericanas, que han llegado a calificar a Wikileaks de organización terrorista. Tampoco se ha realizado ningún procedimiento de revisión con alegaciones para el asilado, como requería imperativamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al cerrar la demanda de medidas cautelares formulada meses atrás.


La mezcla de argumentos es difícil de comprender. De una parte, Moreno parece reprochar el gasto que la delegación ha cubierto. De otra, culpa a Assange de expresar sus opiniones sin concretar qué normas de derecho internacional ha afectado, de tal modo que se ha hecho merecedor de una sanción tan peligrosa. También de que es editor de WLO, cuando esto ya no es así; como tampoco tiene que ver con la filtración de los INApapers. O porque, y aquí viene el punto álgido, según Moreno, ha solicitado a Reino Unido que no entregue a Assange a un país en que se ejerza la tortura o exista la pena capital. Y asegura que los británicos han dado su asentimiento por escrito pero ¿acaso está exento Estados Unidos de estas dos condiciones? Es incontestable que la pena de muerte existe y uno de los elementos básicos por los que el país de Trump ha saltado a la palestra en WikiLeaks es por los supuestos malos tratos sistemáticos cuando así lo han considerado los poderes militares en casos de conflicto. Y además, un país en el que no se garantiza la ausencia de la tortura como puso de manifiesto el Relator contra la tortura Juan Méndez en el caso de Chelsea Manning, que fue sometida a un trato cruel, inhumano y degradante y que nuevamente ha sido encarcelada, el riesgo que corre Julian Assange si la extradición se materializa, es inmenso.


Aún queda lo más importante. ¿Qué ocurre con los derechos humanos? Estados Unidos discurre por un camino que nos llevará a todos al desastre. Recientemente amenazó con la prohibición de visados a los miembros del Tribunal Penal Internacional que investiguen casos como la supuesta responsabilidad de miembros de esa alta instancia de militares norteamericanos en Afganistán. Hace apenas unos días hizo efectiva esta sanción retirando el visado a la fiscal del TPI Fatou Bensouda que junto a sus colaboradores indaga desde 2016 la posible responsabilidad de soldados estadounidenses entre 2003 y 2004, en los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán. Ante tal sinrazón, Bensouda ha manifestado que seguirá cumpliendo su deber.


¿Muerto el perro se acabó la rabia? Esa parece ser la política del país más poderoso del mundo. Si la CPI puede afectar a los propios intereses, se anula y prohíbe, por más que Afganistán forme parte de los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma y que este tribunal sea una instancia superior, internacional, que garantiza la protección de las víctimas. Si un periodista activista denuncia ante el mundo las irregularidades, trapacerías, asesinatos, corrupción y manejos de la potencia mundial, se le persigue, aísla y aprovechando un giro a la derecha en el Gobierno de Ecuador, que hasta entonces entorpecía el objetivo marcado, se logra que esta nación levante el asilo acordado y dé vía libre para acabar con el estorbo Assange. ¡Menuda suerte que el presidente Correa, de talante progresista, fuera sustituido por Moreno, de talante marcadamente de derechas. ¡Vaya casualidad!


El caso Assange no termina aquí. Su equipo legal y yo, como coordinador de la defensa del periodista, no estamos dispuestos a permitir tal atropello. Pelearemos como David contra Goliat, como venimos haciendo desde hace años. Este asunto va más allá de una filtración o de un entramado de conflictos legales. Estamos hablando del derecho de los ciudadanos del mundo a conocer en manos de quién estamos, de lo que nos ocultan y de a dónde pretenden conducirnos. Y una vez que sabemos, no es tan fácil callar al mensajero. Lo que pretende Estados Unidos, apoyado en quienes le están favoreciendo, no es otra cosa que impunidad. No podemos ni debemos tolerarlo, y no lo haremos.


* Jurista. Coordinador de la defensa de Julian Assange. Artículo publicado originalmente en eldiraio.es. Link: https://www.eldiario.es/zonacritica/Assange-impunidad_6_887571262.html

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PPK está acusado de haber utilizado sus cargos de ministro de Economía y primer ministro para favorecer a la constructora brasileña a cambio millonarios contratos.

PPK está acusado de haber utilizado sus cargos de ministro de Economía y primer ministro para favorecer a la constructora brasileña a cambio millonarios contratos.

Cae otro expresidente por el escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Ayer quedó detenido el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Contra él se ordenó detención preliminar por un plazo de diez días. Luego de este tiempo, se podría ordenar su detención preventiva hasta por 36 meses para ser investigado y procesado por los cargos de corrupción en su contra. PPK, como se le conoce al expresidente caído en desgracia, está acusado de recibir pagos a cambio de favorecer a Odebrecht cuando era ministro antes de llegar a la presidencia. La orden de detención sorprendió a Kuczynski en su casa, temprano por la mañana. Desde hace un año, cuando renunció a la presidencia, estaba con impedimento de salida del país.


“Aquí hay una persecución política”, se quejó PPK, en breves declaraciones a una radio colombiana dadas desde su casa, poco después de conocida la orden de detención. Negó los cargos en su contra, sin dar detalles. Pero los argumentos de defensa que ha dado en otras ocasiones han sido poco convincentes. En su cuenta de Twitter, el expresidente calificó su detención como “una arbitrariedad”. “He colaborado con todas las investigaciones (…) Nunca rehuí a la Justicia”, escribió. “Es un momento muy duro para mí”, señaló en otro mensaje.
Pasado el mediodía, Kuczynski, ya detenido, abandonó su vivienda en una camioneta de lunas oscuras, escoltado por la policía y la prensa. Luego de la revisión médica de rigor, PPK, de 80 años, quedó recluido en las celdas que tiene el Poder Judicial para los investigados con detención preliminar. Si en los próximos días la Justicia ordena variar la detención preliminar por la detención preventiva, Kuczynski sería internado en el mismo cuartel policial donde está recluido el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, a quien PPK indultó pero que luego volvió a prisión al anularse ese irregular perdón. Es una cárcel VIP para ex presidentes.


Kuczynski está acusado de haber utilizado sus cargos de ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) para favorecer a la constructora brasileña a cambio de millonarios contratos de consultorías privadas a Odebrecht realizadas por las consultoras financieras Westfield Capital, de la cual PPK es accionista único, y First Capital, propiedad de un socio suyo y con la cual estaba estrechamente ligado. Toledo está acusado de recibir sobornos de Odebrecht y se encuentra en Estados Unidos sometido a un proceso de extradición.


Como ministro de Toledo, PPK firmó una serie de resoluciones que favorecieron a Odebrecht en diversos proyectos en los cuales las consultoras ligadas al entonces ministro asesoraban a la empresa brasileña. La fiscalía se ha centrado en el caso de la construcción de la ruta interoceánica que une Brasil con la costa peruana, licitación obtenida luego del pago de un soborno de 20 millones de dólares al expresidente Toledo y en la cual el entonces ministro Kuczynski tuvo un rol clave, y en el proyecto de irrigación Olmos, en el cual las empresas consultoras ligadas a PPK dieron asesoría financiera a Odebrecht y éste como ministro autorizó el aval del gobierno para préstamos a la empresa para financiar el mencionado proyecto. También se investiga el supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña electoral con 300 mil dólares.


Por las asesorías dadas a Odebrecht, las dos consultoras relacionadas con PPK cobraron cerca de cinco millones de dólares. Kuczynski dice que no participó en esos contratos, pero las evidencias revelan que luego de complejos movimientos financieros, que incluían traspasos de dinero de una consultora a otra y el uso de empresas offshore, más de 3,4 millones de dólares llegaron a sus cuentas personales.


Por esos cargos, en diciembre de 2017 en el Congreso se votó la destitución de PPK, quien se salvó luego de canjear con un sector del fujimorismo votos a su favor a cambio de indultar a Fujimori. En marzo de 2018 se dio otro pedido de destitución por los mismos cargos. Horas antes que el tema se vea en el Congreso, PPK renunció a la presidencia, después que se revelara el intento de comprar votos en el Congreso para salvarlo por segunda vez.


Los cuatro últimos expresidentes peruanos están involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht, que está remeciendo la política peruana. Además de PPK y Toledo, también son investigados por la fiscalía los exmandatarios Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Y Keiko Fujimori, jefa del partido fujimorista que controla el Congreso, está en prisión preventiva desde noviembre pasado, procesada por el supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña electoral.


Kuczynski, veterano economista y promotor de inversiones privadas, ha ocupado diversos cargos públicos y ha sido sindicado desde hace mucho de utilizar la función pública para favorecer intereses privados. Estrechamente ligado a los grandes grupos de poder económicos, por su orientación y sus relaciones su gobierno tuvo mucho en común con el de Mauricio Macri. Pero PPK no duró mucho, por sus oscuras relaciones con intereses empresariales cayó diecinueve meses después de asumir el poder. Y hoy está en prisión por esa razón.

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Lunes, 08 Abril 2019 06:33

Inaguantable

Inaguantable

La noticia empezó a circular la noche del viernes, cuando el régimen de Trump presentó ante un tribunal en San Diego su propuesta para cumplir con una orden judicial donde indica que calcula tardar entre uno y dos años para encontrar y empezar a reunificar a miles de niños que el gobierno separó por la fuerza de sus padres y familiares. Tardará todo ese tiempo porque ahorita no sabe dónde están miles de esos menores.

Fue hace justo un año cuando oficialmente se implementó la política de "cero tolerancia", anunciada por el entonces procurador general Jeff Sessions. El régimen de Trump argumentó que la ley los obligaba a separar familias. Pero no existe tal ley. Fue una decisión política de impulsar una medida para arrestar a casi todo inmigrante indocumentado capturado cruzando la frontera, acompañado o no por niños. Como el Departamento de Justicia no puede procesar penalmente a menores de edad junto con sus padres, éstos fueron separados; así, los adultos fueron internados en centros de detención y los niños clasificados como menores no acompañados colocados en centros y albergues operados por contrato con el Departamento de Salud y posteriormente muchos fueron entregados a familiares o, bueno, no se sabe exactamente. Casi 2 mil menores de edad fueron separados en sólo un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 2018, según cifras oficiales.

Ante una ola de protesta cada vez mayor de diversos sectores, incluidos algunos conservadores, junto con asociaciones nacionales de pediatras y sicólogos, entre otros, Trump y su gente buscaron distanciarse de la política que ellos mismos impulsaron; primero, el presidente insiste en que sólo estaba cumpliendo con leyes "horribles" promulgadas por demócratas (falso) y segundo, asegura: "odio que los niños sean llevados a otro lugar". Su secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen (quien este domingo presentó su renuncia después de múltiples críticas del presidente de ser demasiado "débil" para controlar la migración), declaró sin ninguna vergüenza: "no tenemos una política de separar familias en la frontera. Punto". Pocos días después su jefe se vio obligado, ante la ola de condenas, a suspender esa misma política que supuestamente no existía; cinco días más tarde un juez federal ordenó el fin de esa política.

Una demanda legal presentada por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) culminó con una orden judicial federal para que el régimen reunificara a los 2 mil 737 niños que fueron separados de sus padres.

Pero resulta que son muchos, potencialmente miles, de niños más. Con la propuesta presentada ante el tribunal el pasado viernes, el régimen, en efecto, confesó que no sabe cuántas familias separó, y agregó que por ello podría necesitar entre 12 y 24 meses para identificar a "todos", al revisar unos 47 mil casos de "menores no acompañados" que estaban bajo custodia del gobierno en algún momento entre julio de 2017 y junio de 2018. El mes pasado, el inspector general del Departamento de Salud informó que hay muchos más casos de niños separados de los que anteriormente se han registrado, y que no tenían ni un cálculo sobre cuántos son.

Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU encargado del caso, criticó la propuesta al afirmar que "el gobierno fue capaz de juntar rápidamente los recursos para arrancar a estos niños de sus padres y ahora necesitan reunir los recursos para reparar el daño".

Ni un solo gobierno de los países donde nacen, crecen y viajan estos niños se ha atrevido a denunciar todo esto, mucho menos a pedir que el régimen estadunidense rinda cuentas. Todos vieron las imágenes de pequeños en jaulas, todos pudieron escuchar los gritos y el llanto de los menores arrancados de los brazos de sus padres, todos podían leer los testimonios de víctimas, de madres y padres enloquecidos por saber dónde estaban sus hijos, de reportes sobre el trauma tal vez permanente que esto les ha ocasionado.

Es inaguantable, ¿no? ¿Entonces? ¿Qué nos pasa?

"El carácter verdadero de una sociedad es revelado en cómo trata a sus niños": Nelson Mandela, 1997.

 

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Las organizaciones ecologistas denuncian a Shell por su contribución al calentamiento global

Una coalición de organizaciones medioambientalistas ha demandado a la compañía petrolera por no actuar y descender las emisiones vinculadas a sus actividades empresariales.


Las actividades empresariales de Shell están en el punto de mira de las organizaciones ecologistas. Tanto es así, que este viernes una coalición de ONG's ha demandado a la compañía petrolera por su contribución al calentamiento global. Con ello, se inicia un proceso legal que busca, entre otras cosas, evidenciar la inacción de la empresa para descender su porcentajes de contaminación.


La denuncia ha sido presentada por una coalición de agrupaciones ecologistas holandesas, entre las que destacan Amigos de la Tierra, ActionAid, Both ENDS, Fossielvrij, Greenpeace, Jóvenes Amigos de la Tierra, Waddenvereniging, además de un grupo de 500 co-demandantes.


La noticia es la culminación de la campaña iniciada por Amigos de la Tierra Países Bajos, que hace un año reclamó a Shell medidas para poner fin a la destrucción del planeta que estaban ocasionando sus actividades empresariales. Unas advertencias que, según las ongs, fueron omitidas por los dirigentes de la compañía. Tanto es así, que los denunciantes señalan que los objetivos climáticos de la compañía "sobrepasan el umbral de 1,5ºC".


"Los directores de Shell aún no quieren decirle adiós al petróleo y al gas; arrastrarían al mundo a un colapso antes de renunciar a sus operaciones. Ahora la justicia puede evitarlo”, ha explicado Donald Pols, director de Amigos de la Tierra Países Bajos. Un razonamiento que lleva a los ecologistas a hablar de una "negligencia perjudicial" para el planeta.


En virtud de ello, sostienen que Shell está violando sus obligaciones de "proteger los derechos humanos" al no intentar siquiera reducir sus emisiones, que contribuyen al calentamiento global de manera directa. De hecho, la denuncia, compuesta por más de 230 páginas, expone que el comportamiento comercial de Shell supone una violación de "los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el derecho a la vida y el derecho a la vida privada y familiar".


"A pesar de que la propia empresa ha reconocido la contribución de la industria de los combustibles fósiles al calentamiento global y afirma que apoya plenamente el Acuerdo de París, sigue sin actuar, y continúa presionando en contra de las medidas que favorecen al clima y el interés general, e invirtiendo miles de millones en la extracción de petróleo y gas", explican en un comunicado los grupos ecologistas.


"Shell sigue eligiendo las ganancias sobre las personas y el planeta, es hora de usar las leyes para detenerlo y hacer que la compañía se ponga en marcha", opina Joris Thijssen, director de Greenpeace Holanda, que reclama que la compañía asuma "la responsabilidad de sus acciones y cambie de rumbo" para poder tener "un planeta habitable".
"Si esta demanda llega a buen término, podría ser la primera vez que una de las multinacionales más grandes del mundo se vea obligada a modificar sus operaciones empresariales", ha afirmado Roger Cox, quien se encarga de esta demanda contra Shell.


"Si los tribunales obligan a Shell a reducir sus emisiones de CO2 en un 45% antes de 2030 basándose en los niveles de 2010, y reducirlas a cero antes de 2050, de conformidad con el Acuerdo de París sobre el Clima, esta victoria sentaría un precedente e incrementaría la presión para que las empresas de combustibles fósiles modificasen sus conductas",opinan desde la coalición ecologista que ha impulsado la denuncia.


La denuncia contra Shell llega después de que su nombre apareciera en el último informe de InfluenceMap, que demuestra como las cinco grandes firmas petroleras destinaron en el último año cerca de 200 millones de dólares para bloquear y retrasar las iniciativas orientadas a combatir el cambio climático.


Esta no es la primera vez que las Ong ponen el foco en Shell por sus mala práxis empresarial. En 2017, el nombre de la compañía estuvo salpicado por una denuncia de Amnistía Internacional en la que se pedía una investigación contra el gigante del petroleo por presuntas violaciones y torturas en Nigeria.

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La Constituyente de Venezuela despoja a Guaidó de su inmunidad parlamentaria

CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó un decreto en el que autoriza la continuación de un juicio contra el parlamentario opositor Juan Guaidó, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le solicitó retirar la inmunidad.


"Decreta autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (…) publíquese el presente decreto (…) y comuníquese al Tribunal Supremo de Justicia", indicó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en un discurso.


"El que entendió, entendió", repitió en varias ocasiones el máximo representante de la constituyente, tras la aprobación unánime del decreto en el que si bien no especificó que se levantaba la inmunidad parlamentaria a Guaidó ordenó a que se continuara el juicio.


Este decreto fue aprobado en moción de urgencia durante una sesión que comenzó este martes a las 16:18 hora local (20:18 GMT) y concluyó cuatro horas después.
Durante su discurso, Cabello pidió a darle tiempo a la justicia y remarcó que ésta "tiene sus tiempos".


"A veces tarda la ley, pero va a llegar, en este caso va a llegar, no nos desesperemos, vamos poco a poco, se llega, y muy lejos se llega, sin desesperarnos", agregó.
Por otra parte, indicó que el parlamentario ha perdido respaldo, incluso de los partidos de oposición y afirmó que "Juan Guaidó es la nada" y por ende nadie asume la responsabilidad de los actos que él ejecuta.


Además, señaló que el sistema de justicia de Venezuela, así como los constituyentes, están bajo la amenaza constantes del Gobierno de EEUU, pero destacó que eso no incidirá en la aplicación de castigo a quien infrinja las leyes.


Durante la discusión previa a la aprobación del decreto también se pronunció la constituyente María León, quien destacó la necesidad de que se constituyan tribunales populares.
"Yo pediría tribunales populares, y que en cada estado hagamos un tribunal popular y que el pueblo decida qué hacer con quien traiciona a la patria", acotó.


Por su parte, la constituyente Tania Díaz pidió al Tribunal y a la Contraloría General seguir con la aplicación de la justicia.


"Le pedimos al tribunal, a la procuraduría, a la contraloría, que ya hizo parte de su trabajo, que actúe contra este diputado y contra cualquiera que ose atentar contra nuestra soberanía", sostuvo.


Esta decisión de la constituyente se aprobó un día después de que el máximo tribunal exigió el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.


"Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez", señaló el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.


Además, el máximo tribunal ratificó el lunes las medidas cautelares contra Guaidó, entre las que se encuentra: prohibición de salida del país, de enajenar y gravar los bienes de sus propiedades, así como bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en Venezuela.


Además, el TSJ resolvió aplicar una multa de 200 unidad tributarias, equivalente a 10.000 bolívares (moneda local) o 3 dólares, por haber violado la prohibición de salida en su contra el 22 de febrero.


El jueves 28 de marzo, la Contraloría General de Venezuela decidió inhabilitar por 15 años a Guaidó para el ejercicio de cualquier cargo público, por no justificar el origen de los fondos que ha utilizado en los últimos meses para realizar viajes dentro y fuera de Venezuela.

03:14 03.04.2019(actualizada a las 04:13 03.04.2019)

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 Jorge Menéndez, ministro de Defensa uruguayo. AFP

El presidente reacciona a un escándalo relacionado con delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura



El ministro de Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez, su viceministro y tres generales, entre ellos el nuevo jefe del Ejército, José González, han sido destituidos este lunes por el presidente Tabaré Vázquez, en un nuevo episodio de una crisis institucional con pocos precedentes en el país rioplatense y que se produce en pleno año electoral. La suerte de los altos funcionarios y militares se definió tras un nuevo escándalo relacionado con un caso de violación de los derechos humanos cometido durante la dictadura uruguaya (1973-1985).


El contenido de las actas de un tribunal militar, reveladas el fin de semana por el periodista Leonardo Haberkorn, señalaron que un coronel Jorge Silveira confesó la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman —detenida en 1976, primero en Argentina y luego en Uruguay— mientras estaba embarazada de su hija, Macarena, que fue dada en adopción. Además, otro destacado represor, el teniente coronel José Nino Gavazzo, reconoció que arrojó a las aguas del río Negro al guerrillero tupamaro Roberto Gomensoro en 1973 y que mintió al respecto a la justicia civil.


A pesar de estas confesiones, el tribunal militar (o Tribunal de Honor) celebrado el año pasado, integrado por siete generales, consideró que estos hechos no constituían una afrenta al honor de los militares encausados. Los uniformados, sin embargo, fueron sancionados por haber permitido que otro militar, el coronel Juan Carlos Gómez, fuese tres años a la cárcel por el asesinato de Gomensoro, cuando sabían que era inocente. En 2013, Gómez fue finalmente declarado inocente.


En alguno de los vericuetos de la compleja justicia militar, los altos responsables del Ministerio de Defensa no vieron las crudas confesiones incluidas en las actas y las dejaron pasar, lo cual ha desatado las iras del presidente y ha costado el cargo a todos ellos.


Las confesiones de Gavazzo y Silveira son excepcionales en Uruguay, donde un férreo pacto de silencio entre militares ha hecho imposible esclarecer la mayoría de los casos de muertos y desaparecidos de la dictadura. En estos años, algunos militares fueron a la cárcel por guardar silencio (ahora se sabe que hasta siendo inocentes) y nunca se resquebrajó el muro.


El nuevo comandante en jefe del Ejército, José González, nombrado hace quince días, dejará también el cargo, así como otros tres generales, todos integrantes del jurado militar que consideró conforme al honor de la institución las desapariciones relatadas por los militares. Anteriormente había sido cesado Guido Manini Ríos, ex número uno del ejército uruguayo, por sus duras críticas a la justicia civil y al gobierno.


La fiscalía ha abierto una investigación sobre lo sucedido en los tribunales militares, que deberían haber comunicado la existencia de hechos delictivos a instancias superiores cuando se produjeron las confesiones. Se deberá aclarar si funcionarios públicos (incluidos militares), incurrieron en omisiones.


Los principales dirigentes del izquierdista Frente Amplio (FA), la coalición de partidos gobernante, saludaron la contundencia de Vázquez después de un fin de semana agitado, durante el cual las bases del FA exigieron cambios en el Ejército. Desde la oposición, varios dirigentes también reclamaron que lo sucedido tuviera consecuencias políticas.


"Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo", habría dicho el exrepresor José Gavazzo —actualmente en prisión domiciliaria— sobre la desaparición de Gomensoro. Estas confesiones podrían no ser las únicas y ahora las actas del juicio militar serán examinadas con lupa.

Por Magdalena Martínez
Montevideo 1 ABR 2019 - 20:14 COT

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Planta de Abengoa en Chile. Imagen del Gobierno de Chile.

En este artículo dividido en dos partes, abordamos los tratados de inversión y sus respectivas cláusulas ISDS (Investor-State Dispute Settlement), también conocidas como los tribunales privados de justicia. Estos organismos poco transparentes pueden dirimir en disputas entre Estados soberanos y empresas internacionales, potencialmente dando la razón a estas últimas a costa de medidas sociales, sanitarias o regulaciones medioambientales.


En un contexto de globalización al servicio de los intereses privados de una minoría, se tratan de una gran amenaza para la defensa del derecho a la energía. Quién sabe, para el cese de la nuclear al afectar a los beneficios de las compañías del oligopolio

Un punto caliente que está sangrando nuestras arcas públicas, y que está impidiendo que se puedan llevar a cabo inversiones en otros ámbitos tales como la lucha contra la pobreza energética son los tratados de inversión y sus respectivas cláusulas ISDS (Investor-State Dispute Settlement), firmados por nuestro país.


Los acuerdos internacionales para la protección de las inversiones, ya sean de carácter bilateral o multilateral, específicos sobre inversión o parte de un tratado comercial, han sido unos de los incentivos que los Gobiernos de los países en vías de desarrollo, o del sur global, y políticamente más inestables, han usado tradicionalmente para atraer las inversiones foráneas y dotarse de infraestructuras (como hospitales, carreteras, centrales hidroeléctricas, etc.). Ello ha contribuido a la expansión internacional de las empresas transnacionales que tienen, en estos acuerdos, un instrumento más que eficaz para proteger sus intereses.


Esta figura comenzó a generalizarse en los años cincuenta cuando el Estado anfitrión garantizaba al inversor extranjero (empresa, multinacional generalmente) un alto estándar de protección asegurándole que no sería objeto de trato discriminatorio, siendo tratado de manera justa y equitativa. Para la eventual violación del tratado por parte del Estado receptor, estos tratados solían llevar aparejada, como garantía adicional, una cláusula de resolución de diferencias mediante arbitraje internacional o ISDS, dando la opción a la empresa inversora de acudir a los tribunales del Estado anfitrión o a un tribunal de arbitraje internacional, pero no a los dos a la vez. En teoría, todas las partes ganaban. Las empresas tenían derecho a un árbitraje neutral en el caso de que surgiesen problemas y podían reclamar la correspondiente compensación por el perjuicio económico causado.


Actualmente existe un buen número de estos tribunales privados de arbitraje internacional como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo o la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (con sede en París), la Corte Permanente de Arbitraje (con sede en La Haya), el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC o el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong son otros de los tribunales arbitrales internacionales. Los conflictos son dirimidos por árbitros, en principio, imparciales y resueltos mediante laudos arbitrales.


Sin embargo, las supuestos beneficios de estos tribunales privados de justicia, auténtico sistema paralelo al poder judicial, dista mucho de lo que pregona la propaganda que les rodea. Se argumenta en su favor la seguridad jurídica de las resoluciones que son vinculantes para las partes, rapidez al haber menos instancias, imparcialidad y menor coste económico. Pero ninguna de estas características son ciertas.


Respecto a la seguridad jurídica, esta es más que dudosa. El sistema es muy opaco, las resoluciones no son públicas y, por tanto, no hay manera de saber con seguridad los argumentos jurídicos empleados por las partes.


En cuanto a la agilidad, si bien es verdad que no hay tantas instancias a las que recurrir dado que los laudos arbitrales no son recurribles y solo pueden ser anulados por defecto de forma, la media para resolver un caso se sitúa en cuatro años y medio. Así se indica para el CIADI en el trabajo Justicia privatizada. El Estado español y los mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado, Ecologistas en Acción, 2016.


Por lo que se refiere a la imparcialidad, es preocupante que en muchos casos la mayor parte de los árbitros han actuado como asesores jurídicos en otras disputas, con el conflicto de intereses que puede surgir. Se habla de corrupción generalizada en estos ámbitos.


A todo ello le acompaña el escandaloso gasto que supone, pues si bien las estadísticas hablan de dos millones de euros en concepto de gastos para resolver un conflicto en una corte internacional, los laudos reflejan un coste que puede superar los ocho millones de euros. Así, la factura solo del presidente del tribunal del CIADI, en el primer laudo dictado frente a España por una demanda interpuesta por un fondo de inversión por la modificación de la normativa sobre renovables, fue de 232.796 euros en concepto de honorarios, más de 80.000 euros en concepto de gastos administrativos y 238.000 euros de gastos directos en concepto de mensajería, impresión y copias del laudo.


Pero lo realmente grave es que se trata de un sistema en el que las compañías multinacionales pueden llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos y doblegarlos haciéndoles cambiar normas de gran calado social, económico, cultural o medioambiental porque tengan un efecto restrictivo sobre sus beneficios privados y sean contrarias a sus intereses. Es la instancia que garantiza el cumplimiento de la Lex Mercatoria, es decir, las miles de normas contenidas en los acuerdos de inversión, tratados comerciales, contratos y normas de comercio. Es la instancia que privilegia a escala planetaria los intereses de las grandes empresas y sus accionistas frente a los derechos de las personas, los pueblos y del medio ambiente.


Como ejemplo, señalar el caso de la corporación estadounidense Cargill, que en 2009 demandó al Estado mexicano por la creación de una tasa que el Gobierno había impuesto a las bebidas azucaradas por una cuestión de salud pública. La demanda ganada ante el CIADI le hizo embolsarse 66 millones de euros. O el de las españolas Abengoa y COFIDES, que también demandaron al Gobierno mejicano en 2009 por haberles impedido la puesta en funcionamiento de una planta dedicada al almacenamiento y gestión de desechos industriales peligrosos en Zimapán, en el estado de Hidalgo, percibiendo 31,14 millones de euros. Alegaron que la medida atentó contra “sus derechos de inversionistas”.


El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, ya dijo en 2014: "Es alarmante que puedan cambiar las leyes de una nación o anular las resoluciones de Gobiernos y jueces. Además, operan en cualquier parte del mundo y juzgan actos soberanos".

Por Cecilia Sánchez
Ecologistas en Acción

publicado
2019-03-25 06:40:00

 

Publicado enEconomía