¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

Publicado enColombia
Acosados y amenazados por violadores de la Constitución y la Ley

La Juez Segunda Promiscua de Apartadó, MARIA MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, al parecer sigue insistiendo en apoyar la petición de los militares de la Brigada XVII, de obligar a nuestra Comunidad de Paz a retirar de la red informática nuestras constancias históricas y censuras morales, referidas a todas las vejaciones, atropellos y desconocimiento de nuestros derechos humanos fundamentales que cometen militares, policías, paramilitares y, en general, agentes del Estado. Su sumisión a los armados que matan y oprimen, trata de presentarla como una “acción legal”. Sin embargo, va contra las leyes y principios constitucionales en muchos aspectos:


• El Decreto que reglamenta la Tutela (Decreto 2591 de 1991) afirma tajantemente que la tutela “no se podrá conceder contra conductas legítimas de un particular”. Y las Naciones Unidas, en su Asamblea General (8 de marzo de 1999) declararon solemnemente que todas las personas, de manera individual o colectiva, tienen derecho a “publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales” y a “estudiar y debatir si esos derechos y libertades se observan, tanto en la ley como en la práctica” (…) “así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados” (Artículo 6 de la Declaración sobre el derecho a promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales” (A/53/144, marzo 8/99)

• Pero la citada Juez arremete al mismo tiempo contra la Constitución Nacional, pues el artículo 93 de la Constitución le da “prevalencia en el orden interno” a todo tratado y convenio internacional que reconozca los derechos humanos. Por eso la Sentencia C-038 de 2004 de la Corte Constitucional, afirma que: “el inciso segundo del artículo 93 constitucionaliza todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia referidos a derechos que ya aparecen en la Carta y, en virtud de la regla hermenéutica sobre favorabilidad, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos”. Es decir, que cuando haya dudas sobre si una norma que se refiere a derechos humanos de alguna manera contemplados en la Constitución, como la libertad de expresión, tiene jerarquía constitucional, la interpretación tiene que ser la más favorable a la vigencia de los derechos humanos. Así que lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al reconocerle a individuos y colectividades el derecho a señalar a la atención de la opinión pública lo que sucede con los derechos humanos: si se respetan teórica y prácticamente, es un DERECHO CONSTITUCIONAL, refrendado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y una juez, por importante que sea, no lo puede desconocer.

• Pero la Juez Gómez Carvajal, en su afán de someterse a los armados que matan, desaparecen, desplazan, torturan, calumnian, estigmatizan y roban, pisotea también otro derecho constitucional: la libertad de Conciencia (Artículo 18 de la Constitución). La Comunidad de Paz, luego de ocho años de experimentar los niveles más aterradores de corrupción e impunidad del aparato judicial, se acogió a la Constitución haciendo una objeción de conciencia para no seguir alcahueteando, con su participación en denuncias y testimonios, semejante corrupción e impunidad, y por ello hizo una ruptura con la justicia. La Juez Cómez Carvajal quiere desconocer ese derecho y obligar a la Comunidad de Paz a someterse a un proceso judicial, ya por otras razones violatorio de la Constitución, como se ha demostrado. Hay que recordarle que toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional afirma que la libertad de conciencia tiene una importancia tan alta en la filosofía de la Constitución, que corresponde a la lista de derechos que en ninguna circunstancia, ni siquiera en los estados de excepción, se puede desconocer.

• La juez también arremete contra el sentido común y las reglas más elementales de la lógica: quiere hacer responsable de la objeción de conciencia y de la ruptura con la justicia, al representante legal de la comunidad e intenta sancionarlo por no acatar sus decisiones inconstitucionales y adversas al derecho internacional. Eso, fuera de ser un absurdo, es una injusticia de marca mayor. Las decisiones de la Comunidad de Paz siempre han sido y son colectivas, pero además, como se ha demostrado, apoyadas en derechos constitucionales y en normas de ética universal. Fuera de injusta, afectada por niveles incomprensibles de insensatez.

Es deplorable que funcionarios de un Estado, ya muy lejos de poderse identificar como “Estado de Derecho”, caigan en tantos errores y decisiones inmorales, por su afán de dejarse manejar por armados que han perpetrado tantos crímenes de lesa humanidad y realizado tantas prácticas de genocidio en tantas décadas, evadiendo todas las denuncias, protestas, llamados apremiantes de la comunidad internacional, de tribunales internacionales y de franjas conscientes de la especie humana. Todo esto produce un profundo dolor de patria.

Comunidad de paz San José de Apartadó
Enero 28 de 2019

Publicado enColombia
¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

Publicado enEdición Nº253
Los 25 años de la experiencia zapatista

Los zapatistas de Chiapas acaban de celebrar los 25 años del levantamiento del 1o de enero de 1994. Un levantamiento armado que fue un ¡Ya basta! a cinco siglos de dominación colonial sufrida por los pueblos indígenas, a décadas de la “dictadura perfecta” del Partido Revolucionario Institucional y años de políticas neoliberales que culminaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entrado en vigor el mismo día; también venía a desmentir el supuesto “fin de la historia” proclamado por los apologistas del capitalismo omnipotente. Un levantamiento que, a través de múltiples peripecias abrió el espacio para construir una muy singular experiencia de autonomía política, con la declaración de treinta municipios autónomos a partir de diciembre de 1994 y, con más fuerza aún, a partir de agosto de 2003, con la formación de cinco Juntas de buen gobierno.

 

Es en este marco que los y las zapatistas han creado sus propias instancias de auto-gobierno y de justicia; sostienen su propio sistema de salud y de educación; revitalizan prácticas productivas basadas en la posesión colectiva de la tierra y en nuevas modalidades de trabajo colectivo para sostener materialmente la autonomía. Para ellos, la autonomía es la afirmación de sus formas de vida propias, arraigadas en la existencia comunitaria y el rechazo a las determinaciones capitalistas que las destruyen; al mismo tiempo, es la experimentación de un auto-gobierno popular que va construyéndose por fuera de las instituciones del Estado mexicano. Dicha experiencia se va dando en una escala geográfica significativa (cerca de la mitad del estado de Chiapas) y además persiste, sin dejar de transformarse, desde hace un cuarto de siglo.

 

Por estas razones, la autonomía zapatista es una estrella que brilla muy alto en el cielo de las esperanzas y aspiraciones de quienes no se resignan a la devastación provocada en todo el mundo por la hidra capitalista (añadiendo que se trata de una estrella que podemos tocar con la mano y el corazón, y además que es posible encontrarse con sus habitantes...). Por eso, todos los y las que hicieron el largo camino hasta el caracol1 de La Realidad, en la Selva lacandona, para el 25 aniversario del atrevido alzamiento, se preparaban para compartir la alegría de que esta experiencia rebelde haya superado muchos obstáculos, además de resistir el inevitable desgaste del tiempo y seguir demostrando hasta hoy su innegable creatividad. Al respecto, basta recordar la intensa serie de iniciativas de los últimos seis años, en particular con la Escuelita zapatista, el Festival mundial de las rebeldías y las resistencias, el seminario internacional “El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista”, los encuentros del CompArte por la Humanidad, los de las ConCiencias por la Humanidad y, recientemente, el impactante festival de cine Puy ta kuxlejaltik, sin hablar de la iniciativa llevada a cabo conjuntamente con el Congreso Nacional Indígena para formar un Consejo Indígena de Gobierno a nivel nacional y presentar a “Marichuy” como candidata independiente en las pasadas elecciones presidenciales.

 

*

 

Sin embargo, estos días fueron todo lo contrario de una alegre fiesta. El subcomandante Moisés lo dijo claramente: “hoy no vamos a poder atender más los 25 años”2. De hecho, lo esencial fue expresado no por las palabras del vocero zapatista sino por la contundente demostración de que la dimensión militar del Ezln, a pesar de haber pasado a segundo plano durante muchos años, de ninguna manera ha desaparecido. Después de la llegada a caballo de los mandos, interminables filas de milicianos entraron en el caracol hasta colmar su plaza central, haciendo resonar el poderoso clamor de los bastones que golpeaban uno contra otro, al ritmo de sus pasos redoblados sobre la tierra3. Tres mil combatientes en total, provenientes de las cinco zonas autónomas zapatistas y que forman parte de la 21° División de Infantería Zapatista, la misma que había ocupado siete cabeceras municipales de Chiapas 25 años atrás.

 

Quienes visitaban los territorios zapatistas por primera vez pudieron haber pensado que se trataba de un ritual acostumbrado con el cual se celebraba cada año la insurrección de 1994. Al contrario, las fiestas del 31 de diciembre, con discursos y baile, suelen realizarse sin presencia militar, como es el caso de la mayor parte de los encuentros organizados por el Ezln. Y si bien, en algunas ocasiones, milicianos aseguraron la seguridad del lugar, como en La Realidad después del asesinato del maestro Galeano en mayo de 2014, es probable que haya que remontar hasta la Convención Nacional Democrática, reunida en Guadalupe Tepeyac en el verano de 1994, para poder encontrar una demostración militar comparable (en este caso, los soldados venían armados, lo que marca una importante diferencia). De manera general, el carácter no militar de los encuentros y las celebraciones zapatistas es lógico ya que, desde el cese al fuego del 12 de enero de 1994 (y con excepción del movimiento relámpago de rompimiento del cerco en diciembre de 1994), el Ezln suspendió el uso ofensivo de las armas, privilegiando la construcción civil de la autonomía y haciendo todo lo posible para no responder a las provocaciones tanto del ejército federal como de los grupos paramilitares que agreden constantemente a las comunidades zapatistas.

 

En pocas palabras, tanto la “escenografía” como el lugar elegido para ella indicaban una vuelta a los primeros momentos de la vida pública del zapatismo. Posteriormente, la palabra del subcomandante Moisés, combativa y de una rudeza incisiva, vino a poner los puntos sobre las íes. Su discurso define la postura del Ezln respecto del nuevo gobierno mexicano (tal como lo hizo al inicio de los anteriores sexenios, en particular en el momento de la toma de posesión de E. Zedillo y de V. Fox).

 

Si bien el análisis zapatista de la situación creada por la elección de A.M. López Obrador no es una sorpresa, pues ya había sido formulada en agosto pasado4, esta vez el mensaje viene dirigido al nuevo poder, ahora en función desde el 1o de diciembre pasado. Para el Ezln, el nuevo presidente no es portador de ninguna esperanza, a pesar de lo que ha hecho creer a 30 millones de electores: no es sino “un capataz” más en la gran finca del capitalismo globalizado. Ahora, el subcomandante Moisés concentró sus críticas en los megaproyectos que el actual Presidente promueve con una energía que ninguno de sus antecesores había tenido. Y lo hace, por supuesto, en nombre del progreso, el empleo y la lucha contra la pobreza, apoyándose en una retórica bien conocida según la cual todos los que se oponen a dichos proyectos vienen catalogados y condenados como conservadores retrógrados y enemigos del bienestar colectivo, si no es que como primitivistas anacrónicos. Pero, para los pueblos indígenas, y no solamente para ellos, estos megaproyectos significan antes que nada el despojo de sus territorios y la destrucción acelerada de sus formas de vida5. “Ahora estamos viendo que vienen por nosotros, los pueblos originarios”, resume el subcomandante Moisés.

 

Entre tantos megaproyectos, el del istmo de Tehuantepec implica no solamente la extensión de los parques eólicos contra los cuales las comunidades afectadas luchan desde hace años sino también la creación de una zona económica especial y un eje de comunicación “multimodal interoceánico” capaz de rivalizar con el canal de Panamá (un viejo proyecto que los diversos gobiernos neoliberales nunca lograron concretar). Otro consiste en sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y forestales, en especial en los estados del sureste del país, lo que no deja de alimentar las sospechas de conflicto de interés, si tomamos en cuenta que Adolfo Rojo, jefe de la Oficina de la Presidencia y hombre clave para las relaciones entre López Obrador y las cúpulas empresariales, es una figura del agro-negocio mexicano, dueño entre muchas otras de una empresa instalada en Chiapas que produce millones de plantíos de papaya al año6.

 

El subcomandante Moisés se refirió más que nada al proyecto de “Tren Maya” que planea unir Palenque, en Chiapas, con los principales sitios turísticos y arqueológicos de Yucatán. Llevaría a una intensificación de la explotación de los recursos naturales de la península (14.000 km2 de selva ya han sido destruidos tan sólo entre 2000 y 2016) y, sobre todo, a una multiplicación de los grandes centros turísticos, con todo lo que implica en términos de privatización, destrucción y contaminación de las zonas litorales –el Presidente lamentando explícitamente que hasta ahora se hayan concentrado exclusivamente en la Riviera Maya7. De tal manera que su consigna parece ser: un, dos, tres. decenas de Cancún. Además de la naturaleza devastadora del proyecto, la manera en que se anunció su lanzamiento representa, para los zapatistas, una provocación particularmente intolerable. El 16 de diciembre pasado, el nuevo Presidente llegó a Palenque, a unos kilómetros del caracol zapatista de Roberto Barrios y, para marcar el inicio oficial de las obras, participó en un pseudo-ritual a la Madre Tierra. Tal como ironizó el subcomandante Moisés, es como si hubiera dicho: “dame permiso Madre Tierra para destruir a los pueblos originarios”, añadiendo que si pudiera hablar la Madre Tierra le habría dicho: “¡Chinga tu madre!”.

 

Además, para los zapatistas, el hecho de dar a este proyecto el nombre de sus antepasados representa una verdadera ofensa. Dicha parodia de ritual maya fue caracterizada como una “burla” y una “humillación”, pues se dirigió a la Madre Tierra para mejor ocultar que se estaba omitiendo pedirles su opinión a los habitantes de los territorios afectados. Hay que recordar que la organización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, es una obligación de los Estados prevista por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos originarios, ambos ratificados por México. En pocas palabras, el nuevo poder aparenta inclinarse frente a la Madre Tierra para mejor destruirla y para autorizarse a violar los acuerdos internacionales vigentes en México8.

 

Frente a la amenaza que representa un avance tan brutal de la hidra capitalista, disfrazada de progresismo, la postura zapatista se expresó con absoluta firmeza. “No nos vamos a dejar”. “Vamos a defendernos por muy mínimo que sea que nos vengan a provocar”. “No vamos a permitir que pase aquí su proyecto de destrucción”. “Vamos a pelear si es necesario”. La advertencia no podría ser más clara. Y es lo que da su pleno significado al despliegue militar que antecedió dichas palabras: los tres mil soldados que vimos pasar frente a nosotros, además de los (y las) que no vimos, están dispuestos a dar su vida para defender sus territorios y la autonomía que los pueblos ahí han construido.

 

Sin embargo, no debe de entenderse el mensaje como un retorno a la lucha armada, tal como se pudo haber planteado antes del 1 de enero de 1994. Ahora se trata de una opción defensiva; se trata de defender la construcción civil de la autonomía que sigue siendo el corazón del proyecto zapatista. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, explicó Moisés, ha sido el fruto de nuestro esfuerzo y “vamos a seguir construyendo y lo vamos a ganar”. Continuar con la experiencia civil de la autonomía es la apuesta. Para esto, es necesario defenderla en contra de las amenazas que se ciernen entorno a ella, con todos los medios necesarios.

 

Otro aspecto de las palabras del subcomandante Moisés provocaron no pocos comentarios e interrogaciones. El vocero zapatista repitió a lo largo de su discurso un “estamos solos” que muchos recibieron como un golpe en el estómago. ¿Había que entender que todos los esfuerzos del Ezln para tejer vínculos durante un cuarto de siglo, a través del Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno, la Sexta como red nacional e internacional de luchas, las redes de apoyo al CIG, los colectivos de solidaridad en el mundo, etc. ¿fueron en vano? ¿Se refería a la incapacidad para superar inercias y divisiones, y así avanzar en la formación de redes de rebeldías y resistencias a nivel nacional e internacional? Más bien, hay que tomar en cuenta los alcances tan amplios de dicho discurso, que marca una decisión estratégica frente al nuevo gobierno mexicano y representa con toda probabilidad un momento clave en la trayectoria del movimiento zapatista. En este sentido, puede entenderse que el subcomandante Moisés se refería sobre todo a la opción mayoritariamente asumida por los electores mexicanos, que no prestaron atención a las advertencias zapatistas. Además, sus palabras pusieron como en un espejo el “estamos solos” en el momento actual con un “salimos solos a despertar al pueblo de México y al mundo” hace 25 años. Es decir, la decisión del levantamiento que se tomó en ese entonces fue únicamente del Ezln, al igual que ahora, la decisión de prepararse para enfrentar al gobierno federal es del Ezln solo9.

 

*

 

Dicha decisión se basa en el análisis de lo que representa el nuevo gobierno mexicano como profundización del capitalismo a través de un desarrollismo desenfrenado y asumido sin reserva. Al grado de ignorar casi por completo la creciente preocupación por el calentamiento global y de hacer muy pocos esfuerzos por aparentar algún interés por las cuestiones ecológicas. Si bien López Obrador no es un negacionista climático, en este punto no actúa de manera muy diferente de Trump, con el cual, de hecho, tiene relaciones muy cordiales. Al respecto, puede añadirse que se anunció que el “Tren Maya” permitiría emplear una amplia mano de obra centroamericana (al igual que otras inversiones realizadas en el sur del país), lo que significa que los megaproyectos del actual gobierno tienen una clara función de contención de los flujos migratorios hacia los Estados Unidos10. De cierta manera, Trump tiene razón en insistir que los mexicanos terminarán por pagar el muro, el cual bien podría no estar en donde se pensaba.

 

Es probable que también tenga un peso notable la lección de los llamados gobiernos progresistas de América Latina en los últimos quince años, en especial en Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. Aunque algunos elementos positivos puntuales pudieran reconocerse, dos constantes de gran importancia han podido ser identificadas: por un lado, un debilitamiento de los movimientos sociales, y en especial de los movimientos indígenas, a través de la cooptación, la pérdida de autonomía, la división y la auto-censura (para no hacerle el juego a la derecha o a la extrema-derecha); por el otro lado, un avance sin precedente del frente de mercantilización, a través de los megaproyectos, el extractivismo, el agro-negocio basado en los transgénicos, los despojos de tierra, la destrucción de los modos de vida insuficientemente moldeados por las relaciones sociales capitalistas, etc. En síntesis, el “progresismo” ha sido, por lo menos temporalmente, una de las modalidades políticas más eficientes para hacer más fuerte a la hidra capitalista y satisfacer sus apetitos insaciables.

 

En vez de esperar que políticas del mismo carácter produzcan poco a poco sus efectos mortíferos (y, probablemente, que llegue la experiencia de una desilusión cuya siguiente etapa parece ser, por lo que indican los ejemplos argentinos y brasileños, el retorno al ultra-liberalismo o el deslice hacia la extrema derecha), los zapatistas prefirieron tomar la delantera. Por eso, desafían el nuevo poder, obligándolo a elegir entre dos de sus compromisos solemnes (llevar a cabo los grandes proyectos anunciados; nunca reprimir al pueblo mexicano). También obligan a todos y todas, en especial en los movimientos sociales y las luchas indígenas, a elegir su bando. Sobre todo, se preparan para defender lo que han ido construyendo desde hace un cuarto de siglo: una experiencia de autonomía rebelde cuyo alcance y cuya radicalidad tienen pocos equivalentes en el mundo.

 

¿Y nosotros? ¿Vamos a dejar que esta experiencia resulte amenazada y quizás atacada? De hecho, este riesgo se intensifica en el momento en que el Kurdistán sirio resulta también gravemente amenazado por el anunciado retiro de Estados Unidos y el pacto tácito entre Erdogan y Trump. Tal como lo escribió un amigo argentino, sin el zapatismo (y podemos añadir, sin el confederalismo democrático del Rojava), el mundo sería mucho más horrible de lo que es ahora11.

 

 


 

1 Nombre de los centros político-culturales de cada una de las cinco grandes zonas autónomas, en donde se ubican las Juntas de buen gobierno y se realizan las principales actividades y encuentros zapatistas.
2 enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/01/01/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-dirigidas-a-los-pueblos-zapatistas/.
3 Tomas realizadas desde un dron pueden verse en la página del Ezln: enlacezapatista.ezln.org.mx/. También: www.regeneracionradio.org/index.php/autonomia/item/4916-vamos-a-pelear-contra-su-proyecto-de-destruccion-ezln.
4 Texto en tres partes titulado 300 (en particular: enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/08/21/300-segunda-parte-un-continente-como-patio-trasero-un-pais-como-cementerio-un-pensamiento-unico-como-programa-de-gobierno-y-una-pequena-muy-pequena-pequenisima-rebeldia-subcomandante-insurgent/).
5 Desde 2014, el Ezln y el CNI identificaron en el país 29 “espejos” en donde los proyectos de infraestructura, autopistas, minería, energía, etc. afectan gravemente los territorios indígenas: www.congresonacionalindigena.org/.
6 Luis Hernández Navarro ofreció una impactante semblanza de A. Romo: www.jornada.com.mx/2018/08/14/opinion/015a2pol.
7 “El llamado ‘Tren Maya’”, Ojarasca (suplemento de La Jornada), diciembre de 2018, p. 4-5.
8 Los 24 y 25 de noviembre de 2018, una consulta nacional relativa a 10 proyectos y medidas del presidente electo ha sido organizada en un tiempo muy corto y sin debate previo. 950,000 personas participaron en ella (alrededor de 1% del padrón electoral), con una aprobación de entre 90 y 95%. Sobra decir que dicha consulta no tiene nada que ver con la que requiere el Convenio 169 de la OIT.
9 Es decir, el Ezln tiene el cuidado de no implicar en su decisión a quienes, hasta ahora, han apoyado la lucha zapatista. Hay que subrayar que el CNI y el CIG emitieron de inmediato un comunicado en el cual afirman que cualquier agresión en contra de las comunidades zapatistas se consideraría como una agresión en su contra: www.congresonacionalindigena.org/2019/01/02/comunicado-del-congreso-nacional-indigena-y-el-concejo-indigena-de-gobierno-por-el-25-aniversario-del-levantamiento-armado-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional/.
10 Después de su elección, el nuevo presidente mexicano le envió una carta al de Estados Unidos insistiendo en la necesidad de enfrentar el problema migratorio mediante un plan de inversión en el sur de México y los países centroamericanos.
11 http://comunizar.com.ar/esperanza-zapatismo-la-brizna-establo/.

Publicado enEdición Nº253
Miércoles, 09 Enero 2019 06:10

Cae el fiscal general de Perú

Cae el fiscal general de Perú

Chávarry renunció seis meses después de haber asumido en medio de duros cuestionamientos por denuncias de tener vínculos con una mafia judicial. Su gestión estuvo marcada por sus acciones para bloquear investigaciones contra Keiko y García.

 

Cayó el fiscal general acusado de utilizar su cargo para proteger a Keiko Fujimori, excandidata presidencial y jefa de la oposición que controla el Congreso, y al expresidente Alan García, ambos investigados por corrupción vinculada a la constructora brasileña Odebrecht. Acorralado por las denuncias en su contra, el fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry renunció ayer. Deja el cargo seis meses después de haber asumido en medio de duros cuestionamientos por denuncias de tener vínculos con una mafia judicial. Su gestión estuvo marcada por sus acciones para obstruir las investigaciones fiscales a Keiko y García. Su salida era exigida por el gobierno, diversos sectores políticos, organizaciones sociales y protestas ciudadanas que tomaron las calles bajo el grito: Fuera Chávarry.


El renunciante fiscal general ha sido reemplazado por la fiscal suprema Zoraida Avalos, una crítica de la gestión de Chávarry. En sus primeras medidas, Avalos declaró en emergencia la Fiscalía de la Nación y anunció su total apoyo al equipo fiscal que investiga el caso Odebrecht, que Chávarry intentó descabezar. También señaló que fortalecerá las investigaciones fiscales sobre una mafia judicial, con la que han sido involucrados Chávarry y otros dos fiscales supremos.


Las horas finales de Chávarry comenzaron a correr con el nuevo año, luego que la noche del 31 de diciembre, a solo cuatro horas del cambio de año, destituyó a los dos fiscales más importantes en el caso Odebrecht, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes han puesto en prisión preventiva a Keiko y han obtenido una orden de impedimento de salida del país para García. Esa medida, interpretada como parte de un pacto de impunidad de Chávarry con Keiko y García, cuyos partidos en el Congreso han venido bloqueando las acusaciones en su contra por sus vínculos con una red de corrupción judicial, gatilló protestas en las calles y un rechazo generalizado, con las excepciones del fujimorismo y del partido de García.
En medio de las movilizaciones ciudadanas exigiendo la salida del fiscal general, el presidente Martín Vizcarra cuestionó duramente la destitución de los dos fiscales del caso Odebrecht y en una rápida respuesta a esa medida presentó al Congreso un proyecto de ley para declarar en emergencia la Fiscalía de la Nación, lo que llevaría a la destitución del fiscal general. La presión hizo retroceder a Chávarry, que dos días después de haberlos destituido repuso a los fiscales Vela y Pérez. Pero eso no bajó el tono a las críticas en su contra. Continuaron las movilizaciones ciudadanas exigiendo que deje el cargo. La crisis escaló rápidamente, desde todos los sectores, incluidos sus colegas de la fiscalía, le pedían su renuncia. Su permanencia en el cargo, al que se aferraba desesperadamente, se volvió insostenible.


El ahora exfiscal general ha tenido una oscura trayectoria. Tuvo un cargo clave en la fiscalía durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko, cuando la fiscalía se dedicada a encubrir los crímenes de ese régimen, envuelto en escándalos de corrupción y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Luego de la caída de la dictadura fue separado de la fiscalía, pero regresó a ella durante el gobierno de García. En el tiempo que estuvo lejos de la fiscalía, ejerció como abogado. Su cliente más notorio fue un traficante de armas procesado por pagar más de diez millones de dólares en sobornos al gobierno de Fujimori. Escuchas telefónicas reveladas en julio pasado lo involucran con una mafia judicial que negociaba sentencias y nombramientos de jueces y fiscales. Como fiscal general, se concentró en hostilizar a los fiscales que investigan por corrupción a Keiko y García, y en tratar de entorpecer ambos casos.


Keiko Fujimori y Alan García son los grandes perdedores con la caída del fiscal general al que tenían como aliado para intentar salir de sus graves problemas judiciales. Keiko está acusada de lavar un millón de dólares recibidos ilegalmente de Odebrecht para su campaña de 2011. García es investigado por el pago de sobornos par parte de la constructora brasileña por la construcción del Metro de Lima, por documentos que revelan que recibió en forma oculta 100 mil dólares desde las cuentas para pagos ilícitos de Odebrecht y por un aporte ilegal de 200 mil dólares a su campaña de 2006.


La permanencia de Chávarry como cabeza de la Fiscalía de la Nación había generado una grave crisis y puesto en riesgo el proceso anticorrupción que investiga el caso Odebrecht. El fiscal Pérez denunció que con Chávarry la Fiscalía de la Nación había sido “tomada por una organización criminal”. El exfiscal general intentó tumbar un acuerdo de cooperación judicial con Odebrecht que está pendiente de ser firmado y ratificado, sacando a los dos fiscales que lo negociaron, pero debió reponerlos y fracasó. Ahora el tema ha sido retomado. Este acuerdo, que permitirá que la empresa entregue información y evidencias de la corrupción que compromete a cuatro ex presidentes –Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)– a Keiko Fujimori, a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a otros funcionarios públicos y empresarios, es considerado clave para avanzar en el caso y tiene muy nerviosos a muchos, uno de ellos el expresidente García, que en noviembre fracasó en un intento de fugar pidiendo asilo al Uruguay.


La salida de Chávarry es considerada fundamental para el avance del caso Odebrecht. Ya no es fiscal general, pero continúa como fiscal supremo, con lo que mantiene una cuota de poder en la fiscalía, situación que preocupa y es muy cuestionada. A Chávarry le esperan cinco acusaciones constitucionales en el Congreso y enfrentar investigaciones por sus vínculos con una mafia judicial y por obstrucción a la Justicia y encubrimiento.

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Lunes, 07 Enero 2019 06:51

Ausentes en el juicio del Chapo

Ausentes en el juicio del Chapo

En el juicio en curso contra el Chapo en Nueva York hay un notable ausente. El desfile de testigos cooperantes, hasta ahora exclusivamente narcotraficantes mexicanos y colombianos, junto con un amplio reparto de policías estadunidenses que divulgan detalles sobre su lucha contra estos malos son el elenco de esta obra que los medios nacionales y locales aquí resumen con títulos como México es aún más corrupto de lo que se suponía.


Mexico, a través del prisma de este juicio, se ve como un país no sólo violento y corrupto, sino uno que aparentemente ya se rindió ante ello. No se mencionan la ira, las protestas masivas, los movimientos nacionales y locales, la valentía de periodistas en respuesta a lo que ocurre, ni la elección nacional que en parte fue un Ya basta masivo a todo esto.
Todos saben que el negocio de los empresarios de droga ilícita bajo juicio aquí depende de una sola cosa: el apetito aparentemente insaciable de estadunidenses por la cocaína y la heroína, entre otras. Se sabe que este negocio depende de canales financieros, incluyendo bancos y empresas de traslado y/o blanqueo de dinero de este lado de la frontera; y, se sabe que este negocio requiere de armas, las cuales se fabrican y compran –legalmente– en Estados Unidos.


También se sabe que, a pesar de que la política antinarcóticos es un fracaso espectacular tanto aquí como allá, políticos de ambos lados de la frontera curiosamente están de acuerdo con narcotraficantes en una cosa: apoyan la política antinarcóticos (por diversas razones).


Pero en el tribunal en Nueva York no están presentes representantes del mercado de consumo de estas drogas, no está ningún profesional rico, ni un niño bien, ni una estrella u otros a quienes les encanta compartir coca sin importarle su costo real, ni participar en ninguna lucha por su derecho a su droga (o sea, su legalización).


También están ausentes los banqueros. Ya se ha comprobado anteriormente que varios de los bancos más grandes –Citibank, HSBC (el cual lavó casi mil millones para el cártel de Sinaloa), Wachovia, Bank of America y tantos más– han violado sistemáticamente leyes antilavado. Pero ni un solo ejecutivo ha sido encarcelado por ello (los bancos sólo han pagado multas cuando estos crímenes han sido detectados, y en el caso de HSBC, fue el procurador general de Barack Obama quien decidió no levantar cargos contra sus directivos).
Tampoco están presentes en este tribunal los políticos que impulsan la llamada guerra contra las drogas, quienes rehúsan rendir cuentas o aceptar responsabilidad por las consecuencias de sus políticas para comunidades pobres en América Latina y para sectores marginados dentro de Estados Unidos, los cuaes son quienes pagan la cuenta en sangre, sufrimiento y vidas devastadas.


De hecho, aun después de que ElChapo y tantos otros capos del narcotráfico fueron arrestados o aniquilados –y cientos de miles de pobres asesinados o encarcelados– bajo las políticas antinarcóticos diseñadas, impulsadas y financiadas por Washington en México, Colombia y este mismo país, el hecho es que hoy día, según las cifras más recientes de la Oficina de Drogas de la ONU, se registra un récord histórico en la oferta de cocaína y opio en el mundo. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de cocaína (aproximadamente un tercio), con 90 por ciento del producto llegando aquí desde Colombia a través de Centroamérica y México e ingresando por las entradas fronterizas legales a este país (contrario a la versión actual que maneja Trump para justificar su muro), según la propia Casa Blanca.


Tal vez se podría hacer un juicio, o varios, en México, paralelos al del Chapo aquí, convocando o solicitando la extradición de consumidores, banqueros, comerciantes de armas y políticos estadunidenses para que sean interrogados y compartan todos sus secretos sobre la corrupción oficial y empresarial en Estados Unidos, como el manejo de presupuestos, operaciones encubiertas de inteligencia con narcos, y otros detalles sobre el gran negocio ilícito de drogas de este lado de la frontera.
A eso se le podría llamar responsabilidad compartida.

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Los abusos de poder de la fiscalía y la falta de garantías judiciales cada día son más grandes

Lo que ya se sabe: los directores del Buen Pastor, La Picota y La Modelo a fines de agosto de 2018 nos mantuvieron ilegal y arbitrariamente privados de la libertad mientras la fiscalía se tomaba su tiempo (dos y tres días) para elaborar un nuevo montaje judicial que legalizó un juez de Medellín tan inescrupuloso y corrompido como el fiscal encargado del nuevo montaje[1].

 

Es claro que ningún director de cárcel, mucho menos personajes como el director de la Modelo (de quien no diremos que es corrupto y poderoso, principalmente porque nos da miedo) o el director de la Picota, hoy preso por extorsionar a presos millonarios pero acusado cándidamente de concusión por la misma fiscalía a quien tantos favores hizo.

 

Pero decía: nadie se atreve a negarle un favor a ese señor todopoderoso y estratosféricamente tenebroso que es el Fiscal General Néstor Humberto Martínez. El mismo que comprometió su palabra y prestigio (así como se lee: ¡palabra y prestigio!) en que los que esto suscribimos somos culpables del crimen del Centro Comercial Andino.

 

En cualquier caso, las capturas por el segundo montaje fueron ilegales y realizadas sin siquiera salir de la cárcel. Particularmente la recaptura en la Picota quedó grabada en las cámaras del establecimiento penitenciario. De allí que la defensa haya solicitado a La Picota los videos que registran las capturas de Andrés Mauricio Bohórquez, Boris Ernesto Rojas y César Andrés Barrera. El INPEC respondió que no podían entregar los videos por “respeto a nuestra intimidad”, fina humorada, sin duda.

 

Infructuosamente nuestra defensa trató de obtener un control previo para que un juez ordenara la entrega de los videos. Se sabe que tales videos demostrarían un procedimiento policial irregular. Tres jueces en función de control de garantías negaron la posibilidad de obtener esas pruebas con los más inverosímiles argumentos, demostrando una absoluta falta de independencia y de criterio.

 

Se comprende que cualquier policía, director de medicina legal, procurador delegado, fiscal subordinado o juez, quieran congraciar con el poderoso fiscal general. Es la influencia de los pequeños carruseles juez – fiscal – procurador que le permiten a un funcionario saltar de rama en rama según influencias, salarios y nombramientos (mentirocracia, le dicen) pero además de todas las conveniencias sociales de “tener buenos contactos”. Es muy posible que muchos se asusten ante la posibilidad de que aparezca en la casa de alguno de ellos el tarrito de cianuro tan tradicional en todos los hogares colombianos, ¿quién no tiene su tarro de cianuro en la finca o casa? Obviamente ate la posibilidad de un suicidio cualquiera se asusta, así después sea “esclarecido” y legalizado con las investigaciones de la fiscalía.

 

Pero aunque todo eso se comprenda, la negación del 23 de noviembre por parte de la Juez 18 en función de control de garantías es de antología, no solo por el original estilo gótico palurdo de la funcionaria que en medio de un alud incomprensible de “con lo cual, ello, como quiera, en la cual”, la juez logró articular el argumento central de que dos procesados -cuyo abogado no asistió- no podían otorgar poder en audiencia de manera oral, libre, voluntaria, consciente (derecho y garantía fundamental de escoger y/o cambiar de defensor en cualquier momento que el procesado considere conveniente) porque, según ella, “otorgar poder en audiencia atenta contra los derechos de los procesados y podría en un futuro ocasionarles problemas si los abogados, de los que se presume la mala fe, usaran el pronunciamiento de la juez en el juicio (la fiscalía ni siquiera ha presentado el escrito de acusación) para buscar nulidades (consta en audios). Toda una muestra de independencia judicial y altura intelectual.

 

Como hemos denunciado incansablemente, nuestros procesos basados en sendos montajes judiciales están plagados de estas arbitrariedades, sin hablar de acoso a familiares, persecuciones, amenazas a nuestros abogados, robos de sus computadores y en sus oficinas. Lo más reciente es la amenaza que pende sobre la abogada Gloria Silva[2] a quien, según fuentes de la misma fiscalía, le quieren montar un proceso espurio para sacarla del caso. Ya lo había anunciado el estrafalario fiscal Harles Max Cortés Rodríguez – encargado del segundo montaje – quien señaló a nuestros abogados de ser financiados por el ELN y el M-19 en la audiencia concentrada del 31 de agosto (consta en audios).

 

La vaina es que ninguno de nosotros es ciudadano norteamericano, ni fue nunca director de la Agencia Nacional de la Infraestructura[3], tampoco tenemos dinero para pagar en un periódico de circulación nacional una denuncia sobre la falta de garantías jurídicas y procesales, entonces nuestra voz casi no se oye.

 

Hasta mejor, porque una fiscalía que tiene como herramienta institucional el montaje judicial, que ordena a sus subordinados aumentar el número de asegurados y condenados en un 100%, es decir: falsos positivos judiciales para mejorar las cifras de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, quien toma medidas y anuncia capturas por doquier para bajarle tensión a sus escándalos propios. Es tan eficiente el fiscal que organiza redadas con un amplio despliegue propagandístico de sus amigos los grandes medios de comunicación, mostrando los allanamientos que en el barrio Santa Fe le hacen a “las ollas” mil veces allanadas (y siempre en funcionamiento) y mostrando decenas de capturados. Pero lo que no nos cuentan es que los supuestos detenidos fueron sacados de la URI de Puente Aranda (donde ya estaban detenidos por otras cosas) en coordinación con la policía y presentados como capturados en la redada que lideró el heroico fiscal el jueves 22 de noviembre en el barrio Santa Fe.

 

Entonces puede ser una ventaja no ser escuchado pues ante una fiscalía cuyo jefe ha pasado del núcleo del poder del “sector público” al sector privado como consultor de grandes empresas o empleado de Sarmiento Angulo y en esos ires y venires ha terminado como investigador de la misma corrupción que conocía y en que participó. Un fiscal que fue abogado de los socios de Odebrecht, Odebrecht que financió las campañas de Santos en 2010 y Santos y Zuluaga en 2014, y para más señas el hoy jefe de estado fue a Brasil a cuadrar esa financiación y ese jefe de estado es uno de los principales escuderos del fiscal encargado de investigar a Navelena, Corficolombiana, Episol y Odebrecht al unísono, o sea, investigar a sus antiguos socios y patrones, a quienes tantos favores debe.

 

Hoy como fiscal ha condenado mandaderos y lobbistas y ha buscado neutralizar a quienes realmente han denunciado la corrupción (Jorge Enrique Pizano y Luis Fernando Andrade). El señor Pizano aparece muerto, primero de muerte natural (claro que si a uno lo envenenan es natural que se muera), luego Pizano hijo muere envenenado; la fiscalía despliega su poder y concluye al contrario de lo que había sostenido primero, que el señor Pizano padre, al parecer, se suicidó y que la muerte de su hijo fue una “absurda tragedia”. Los poderosos medios, propiedad de Sarmiento Angulo o anunciantes de sus compañías, repiten los dichos de la fiscalía y van más lejos intentando construir una historieta en la que el ingeniero Pizano era un loquito genial que se suicidó por problemas personales, pero era un “aliado” del grupo AVAL contra los corruptos brasileros que se querían aprovechar de la buena fe de Sarmiento Angulo y de la ingenuidad de su empleado el tenebroso Néstor Humberto Martínez.

 

Absurda tragedia la de todas las víctimas de una fiscalía corrompida de arriba abajo que no duda en manipular pruebas, presentar testigos falsos, mentir desde medios de comunicación poderosos (Semana, El Tiempo, RCN, Caracol) tal como hicieron en los casos de Stiven Buitrago, Mateo Gutiérrez, Miguel Ángel Beltrán, líderes sociales en varias regiones y tantas otras víctimas del “modus operandi” de la fiscalía que no deja nada al azar… ni a la justicia. Y tampoco al derecho, porque aunque muchos opinadores fijan sus esperanzas en la independencia de la rama judicial, en la arena concreta de la litis jurídica, que hemos presenciado y padecido, nosotros humildemente preguntamos ¿cuál independencia?

 

Si muchos jueces, como ya lo hemos denunciado, orientan sus fallos según indique la fiscalía, algunos con un tendencioso e interesado formalismo: si todo tiene firma y sello más la “presunción de acierto y legalidad” de policías corruptos y fiscales mentirosos, entonces todo es legal sin atender lo fáctico ni lo sustancialmente jurídico.

 

Otros jueces, también hay que decirlo, que al parecer su convicción profunda los tiene incómodos en la toga y algunos embelecos constitucionales les impiden desplegar sus alas, ponerse el camuflado y declarar abiertamente “concejo verbal de guerra contra enemigos del Estado” que es lo que hemos visto varias veces en nuestro proceso.

 

La judicatura obsecuente por puesticos, contactos y prebendas tienen arrinconados a los jueces independientes y de altura jurídica e intelectual que encima de todo sufren las amenazas de “investigación disciplinaria y penal” que el señor tenebroso lanza ante un fallo que no le conviene o con el que no está de acuerdo (como lo hizo contra la juez 10[4]).

 

Es que la corrupción no es solo el robo consuetudinario y “en sus justas proporciones” de los dineros públicos. También lo es el manejo de influencias e intereses, la mentira, el montaje, la obsecuencia y las triquiñuelas de prestidigitación jurídica que se les ocurren a fiscales y a algunos jueces.

 

Fíjese el lector: las pruebas recogidas en casa del difunto ingeniero Pizano fueron presentadas tarde por la fiscalía ante un juez en función de control de garantías, que por eso las declaró ilegales. ¡Qué habilidad! Así se imposibilita su uso en cualquier proceso o investigación. Todas las denuncias y pruebas del señor Pizano por obra y gracia de firmas y sellos quedan archivadas.

 

¿Por eso es que dicen que el fiscal general es brillante, astuto sagaz, hábil e inteligente? Eso por lo menos dicen hasta columnistas que lo critican. Que perversión de valores sociales tan… hijueputa.

 

Menos mal que la comisión de acusaciones de la cámara encuentra en Villamizar el justo juez que el fiscal general merece para que lo investigue[5].

 

Enhorabuena la garantía de un procurador que también fue empleado de Sarmiento Angulo (se ganaba un sueldo de mil millones de pesos) y también le debe favores a su ex patrón y, además, con el apoyo del hoy contralor general (allegado a grupos paramilitares), evadió la imposibilidad de fungir como procurador general de la Nación[6], medida que fue designada por la Procuraduría misma años atrás por su participación en la fuga de Pablo Escobar. Pasando estos hechos por alto, hoy la triada conformada por Fernando Carillo, Edgardo Maya y su esposa Adriana Guillén está encargada de derrotar la corrupción estatal en el país, junto con Néstor Humberto Martínez.

 

Mejor dicho, como diría la juez 18 en función de control de garantías: “es que ello de lo cual, como quiera que en la cual…”.

 

Aunque asusta, ya nada sorprende… y eso es lo grave.

 

[1] En la carta abierta dirigida al Senador Gustavo Petro se denuncian los distintos hechos irregulares relacionados con el caso del Centro Comercial Andino

[2] El Equipo Jurídico de los Pueblos denuncia públicamente la amenaza de un montaje judicial en contra de abogados y defensores de derechos humanos que la Fiscalía busca vincular con el ELN. Véase: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/23/colombia-equipo-juridico-de-los-pueblos-denuncia-montaje-judicial/

Colombia. Equipo Jurídico de los Pueblos denuncia montaje judicial - Resumen Latinoamericano www.resumenlatinoamericano.org
Resumen Latinoamericano / 23 de noviembre de 2018 / Contagio Radio. El Equipo Jurídico Pueblos denunció que se estaría realizando un montaje judicial en contra de algunos de sus abogados y defensores de derechos humanos, ordenado por fiscales especializados.Gloria Silva, integrante de esta organización, afirma que la información la hicieron llegar fuentes de la misma entidad, indicando ... 

[3] Próximo a la fecha de vencimiento de términos del proceso adelantado en su contra, Luis Fernando Andrade es informado de una nueva imputación de cargos en su contra. Al respecto comunica a la opinión pública su situación y exige justicia y transparencia. Véase: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/pido-una-justicia-libre-de-conflictos-de-intereses-articulo-806910
“Soy una piedra en el zapato para los accionistas de la Ruta del Sol 2": Luis Fernando Andrade | ELESPECTADOR.COM www.elespectador.com. El exdirector de la ANI, investigado por las irregularidades en la adición al contrato de la Ruta del Sol para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, dijo en entrevista que sus acciones perjudicaron los intereses económicos de Odebrecht y Grupo Aval.

[4] Una vez otorgada la libertad por vencimiento de términos a los investigados por el caso del Centro Comercial Andino, la vicefiscal María Paulina Riveros fue delegada para investigar la decisión. Véase: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/investigan-libertad-de-implicados-en-el-atentado-al-andino-259998

Investigan libertad de implicados en el atentado al Andino - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM www.eltiempo.com Vicefiscal indaga si hubo responsabilidad penal por demoras en ampliar la medida de aseguramiento.

[5]Oscar Villamizar, representante a la cámara y perteneciente al Centro Democrático, fue delegado como investigador para el caso de Néstor Humberto Martínez. Véase: https://www.semana.com/opinion/articulo/la-investigacion-de-oscar-villamizar-al-fiscal-nestor-humberto-martinez-por-daniel-coronell/592065 la investigación de Óscar Villamizar al fiscal Néstor Humberto Martínez por Daniel Coronell, por Daniel Coronell - semana.com
www.semana.com  Ante el escándalo que mantiene en jaque al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, la risible Comisión de Acusación de la Cámara decidió reabrir los procesos –que diligentemente le ... 

[6]Al respecto, Gonzalo Guillen escribe: https://www.semana.com/opinion/articulo/gonzalo-guillen-que-paso-con-la-condena-sobre-el-procurador-fernando-carrillo/514133

Publicado enColombia
“No imaginaba que Guatemala estaba tan podrida ni el nivel en que se apoderaron del Estado”

El fiscal colombiano que lucha contra la corrupción concede a EL PAÍS una de las pocas entrevistas desde que fue expulsado de Guatemala. Reconoce que enfrenta a un grupo de militares, diputados y empresarios y ha sido ingenuo al no medir el tamaño de las fuerzas que enfrenta. Sostiene que intentará volver en enero


 Unas horas después de la entrevista en un hotel de San Salvador, el jueves por la noche, a 250 kilómetros de ahí, se produce una escena: en un edificio gris de Ciudad de Guatemala protegido por altos muros y alambrada, un grupo de jóvenes fiscales celebran el éxito de una operación contra el financiamiento ilegal de los partidos que ha permitido emitir una orden de detención contra el excandidato presidencial Manuel Baldizón y nueve personas más por lavado de dinero y asociación ilícita. La operación incluyó registros en domicilios, detenciones, interrogatorios y muchos meses rastreando cuentas, depósitos y facturas.

La CICIG (Comisión contra la Impunidad) una especie de Audiencia Nacional creada por la ONU para casos de corrupción y alto impacto —en el país 143 más corrupto del planeta sobre de una lista de 180— considera que el empresario de autobuses que estuvo a punto de convertirse en presidente de Guatemala, desvió fondos para financiar sus campañas de 2011 y 2015. Un secreto a voces que la CICIG lleva al banquillo.


El magistrado que encabeza la investigación es un colombiano de 63 años, barba cana y maneras de viejo profesor de Derecho, que no puede intercambiar una palmada en la espalda con sus colaboradores, porque el presidente de Guatemala, Jimmy Morales impide su entrada al país y lo ha declarado persona ‘non grata’. Antes de esto metió en la cárcel al expresidente, Otto Pérez Molina, a su exvicepresidenta, a siete ministros y decenas de diputados y empresarios.


La Corte Constitucional de Guatemala ha dicho que prohibir su entrada al país es ilegal, pero el mandatario se niega y Velásquez lleva tres meses viviendo entre El Salvador y Estados Unidos desde donde dirige la CICIG, con la misma maleta con un puñado de camisas con las que salió del país. "Sabía que podía pasar, pero no me esperaba que no me dejaran regresar. Me llevé muda para una semana", bromea.


En una de las primeras entrevistas que concede desde el 3 de septiembre, Velásquez reconoce que la condena por fraude al hijo del presidente Jimmy Morales (por un delito de facturas falsas que no llegaba a los 10.000 dólares) fue el punto de quiebre en la relación con el mandatario. Poco después llegó la investigación contra su padre y la embestida político-empresarial, que incluyó las maniobras de un lobby en Estados Unidos, para que retirara su aportación económica.


Morales, investigado por financiación ilegal, tomó la decisión de prohibir su entrada y anunció que, en 2019, terminará la misión de las Naciones Unidas tras 11 años de trabajo en el país.


Para el jurista, la explicación a una reacción tan "poderosa y financiada", se debe a que estaban llegando al núcleo del problema. "En 2014 (cuando llegó el cargo) teníamos la hipótesis de que la corrupción anidaba en muchas dependencias del estado, lo que les permitía un accionar fácil e impune. Pero, tras el caso de La Línea (que en 2015 condenó al expresidente, la vicepresidenta y siete ministros) nos damos cuenta de que Guatemala es un Estado capturado", resume.


Velásquez admite que enfrenta una red "que durante décadas ha puesto al Estado al servicio de intereses particulares". En este frente proimpunidad Velásquez coloca a "empresarios procesados, exmilitares, miembros del gobierno, diputados y altos cargos del Partido Patriota con el respaldo de algunos jueces y abogados". "Todo está diseñado para mantener y no perder ese control. Y un poder que se siente amenazado responde ferozmente", señala.


Creada en 2006, la CICIG fue un novedoso invento de las Naciones Unidas que se puso en marcha cuando Guatemala, con unos 18 millones de habitantes, pidió ayuda ante la posibilidad de convertirse en un Estado fallido, controlado por un puñado de empresarios, militares y políticos. La respuesta fue la creación de una superfiscalía dotada de investigadores de primer nivel, financiada por la cooperación internacional y blindada del exterior, lejos de las tentaciones de soborno. Desde su aparición, ha estado dirigida por combativos fiscales como el español Carlos Castresana o el actual Iván Velásquez. Durante los últimos cinco años de trabajo de la CICIG, 60 grupos criminales, muchos de ellos con vínculos con el Gobierno, han sido desarticulados y 680 personas han sido procesadas por corrupción.


— ¿Intuía que la putrefacción en Guatemala era tan grande?


— No, no. Pensaba que la corrupción estaba focalizada y que se trataba solo de "manzanas podridas" pero nunca pensé que fuera de estas proporciones ni el nivel de apoderamiento del aparato del Estado, responde.


— Si la CICIG se va, ¿habrán ganado los malos?


— Depende de la sociedad guatemalteca si quieren seguir construyendo o admiten la regresión.


— ¿Intentará regresar?


— Tengo el propósito de regresar y probablemente en enero eso sería posible, responde


Iván Velásquez, comenzó su carrera judicial en el Medellín de Pablo Escobar. Posteriormente, fue el fiscal estrella que desmontó la estructura de la parapolítica en Colombia cuando Álvaro Uribe era presidente. Con esos antecedentes, que el gobierno de Guatemala le haya declarado "un peligro para la seguridad nacional", le provoca más indignación que temor.
Durante los cuatro años que lleva al frente de la CICIG ha sido criticado por hacer "show mediático", abusar de la prisión preventiva —156 personas llevan años a la espera de juicio— o su poca habilidad a la hora de elegir sus enemigos, como fue hijo del presidente por un caso aparentemente "menor".


Velásquez, sin embargo, cree que cada condena "contribuye a fortalecer la democracia", en un país que vive en un delicado equilibrio social, solo 22 años después de una guerra civil que dejó 200.000 muertos. "El delito del hijo del presidente apareció de forma no buscada. Y entonces, ¿qué debíamos hacer, mirar para otro lado? ¿O no actuar contra las televisiones que financiaron ilegalmente a los partidos porque nos echamos en contra a medios muy poderosos?", se pregunta. "Mostrar públicamente los casos es una forma de demostrar que las instituciones están trabajando. La construcción de una cultura de la legalidad implica una cultura de las consecuencias, que también alcanza a hombres poderosos". "Es probable que fuera ingenuo, al no tomar precauciones, pero creo que se trata de una virtud de la justicia para no parcializarse".


Sobre la lentitud en las condenas, el fiscal lo atribuye a un deliberado abandono de la justicia, con muchas décadas de vida. "Guatemala tiene seis jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad de la media latinoamericana porque creían que era solo para perseguir a ladrones de bolsos y celulares". "Hemos demostrado que es posible la lucha contra la corrupción y la impunidad y ahí están las pruebas, pero en el Estado actual del país y del sistema de justicia, es imposible ganar esta guerra contra la impunidad".


Velásquez celebra que las condiciones de vida en las cárceles o la dureza de las penas se ha convertido en un tema de debate público, desde que presidentes, ministros o empresarios han comenzado a desfilar por prisión. "Nunca les interesó el estado de las cárceles o las leyes que regulan la privación de libertad, porque eran un invento de los defensores de Derechos Humanos que son todos comunistas", ironiza el jurista.


Para Iván Velásquez hay una evidente relación entre corrupción y pobreza y no le han sorprendido las caravanas de migrantes. "La lucha contra la corrupción es una lucha por la vida digna de las personas también en lo material". "Hay ayuntamientos donde se roban dos y tres millones de dólares en un país donde el 46% de los niños de menos de cinco años tienen desnutrición crónica. O zonas, como Alta Verapaz, con municipios donde la desnutrición llega al 85% (…) El Estado no puede ser el botín de unos pocos y que lo llamen democracia".


Durante los cuatro años en el cargo Velásquez le han llamado "extranjero y comunista". Durante este tiempo ha vivido en el búnker de cemento gris sede de la CICIG y una de las pocas salidas que hacía era ir a misa cada domingo. El Falcone de Guatemala levanta odios y pasiones como si fuera un futbolista, pero los guatemaltecos lo tienen claro; el 70% apoya su permanencia en el país frente al 15% de popularidad del mandatario. Desde que Morales anunció que la CICIG saldrá del país el próximo año, una sensación de horfandad se ha instalado entre los que aspiran a una Guatemala distinta.

Por Jacobo García
San Salvador 15 DIC 2018 - 20:44 COT

 

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Fabián Salvioli: “No se puede trabajar en derechos humanos sin ser feminista”

El expresidente del comité de Derechos Humanos de la ONU afirma que la falta de voluntad política ralentiza la justicia universal

Examinar los procesos de transición en el mundo. En eso consiste la actual tarea del expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el abogado Fabián Salvioli (Argentina, 1963), relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Analizar la salida del conflicto armado de un país o el paso de regímenes autoritarios a democráticos es el cometido de este experto, cuyo próximo informe para Naciones Unidas trata sobre las reparaciones y el acceso a la justicia de víctimas por violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en todo el mundo. Salvioli ha participado esta semana en el Congreso Internacional 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se ha celebrado en la Universitat de València.

Pregunta. Usted dice que la paz no es un valor a mantener sino a construir de forma cotidiana.


Respuesta. Mantener la paz es ficticio en un mundo en el que no existe. En un mundo en el que las tres cuartas partes no tienen satisfechos sus derechos básicos y elementales no se puede decir que hay paz. La construcción de la paz se da sobre la garantía de los derechos humanos. No hay que mantener el statu quo, hay que lograr un mundo mejor.
P. ¿Cómo se consigue? ¿Lo estamos haciendo bien o mal?


R. Lo estamos haciendo mal, pero la historia es cíclica, y, por supuesto, hay avances y retrocesos. Los derechos humanos tienen que ser el programa de todo Gobierno, de toda institución pública. El Estado está para respetar y garantizar los derechos humanos. En caso contrario, no cumple la función para la que fue creado. Las organizaciones internacionales deben de tener los derechos humanos como punto central de su agenda. Esa es la manera de construir un mundo mejor.


P. ¿Cómo se comporta el mundo en este aspecto tan importante?


R. Se observan avances importantes. ¿Quién iba a pensar que los máximos responsables de crímenes contra la humanidad iban a poder ser llevados ante un tribunal para rendir cuentas? Hoy contamos con la Corte Penal Internacional, existen tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que otorgan justicia a víctimas que por decenios no han sido escuchadas; está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y está el órgano de Naciones Unidas. Pero, al mismo tiempo, hay un gran déficit sobre el que hay que hacer hincapié. Una de las tareas más grandes que tenemos es trabajar contra la discriminación.


P. ¿Se refiere a la que sufren las mujeres?


R. Especialmente. La discriminación es la violación más masiva y sistemática que hay en el mundo. Tras examinar más de 120 Estados tras mi paso por el Comité de Derechos

Humanos, ninguno tenía efectiva paridad de hecho ni de derecho.
P. ¿Ni Estados Unidos?


R. Ninguno. Claro, hay situaciones que son peores, pero no se puede trabajar en derechos humanos sin tener perspectiva de género. No se puede trabajar en derechos humanos sin ser feminista. No ser feminista nos hace malas personas.


P. Con esas cifras será usted pesimista.


R. Por eso trabajo. Si el mundo fuera bien no haría falta trabajar en derechos humanos. Cuando peor está el mundo más entusiasmo tengo por trabajar. No hay otra ideología mejor que la de los derechos humanos. ¿Quién puede estar en contra de que en todo el mundo, todas las personas gocen de salud, educación, trabajo, de que nadie sea denigrado ni sufra discriminación? Es un ideario extraordinario. Es la mejor ideología que conozco, que no es de derechas ni de izquierdas; es el legado más extraordinario que el siglo XX ha dado a la humanidad. Hasta que encuentre algo que supere esa ideología voy a abrazar los derechos humanos hasta el último día.


P. ¿España debería derogar los aspectos de la ley de Amnistía que impiden juzgar los delitos antes del 15 de diciembre de 1976? Algunos juristas afirman que la Constitución lo impide.


R. No hay ninguna duda. Lo que hay es falta de voluntad. El derecho internacional es claro como el agua, no prescriben, y la Constitución española, en su articulo 10.2 indica el marco aplicable. Además, es de sentido común. ¿Cómo va a prescribir una desaparición forzada? ¿Desde cuándo se va a contar la prescripción?


P. ¿Por qué tantos impedimentos, incluso del poder judicial, como señala usted, si todos los organismos internacionales reclaman lo contrario?


R. El camino de la justicia siempre es largo, sobre todo, frente a este tipo de situaciones, y cuando los Gobiernos no lo abordan debidamente, no se terminan de superar nunca. Por eso todavía seguimos hablando de ello. Si se hubieran esclarecido como corresponde y reparado a la víctimas, estaríamos en otro estadio. Vamos retrasados 40 años.


P. ¿Qué le parece el reciente decreto que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez?


R. Contiene algunas medidas valiosas que hay que aplaudir, pero son insuficientes. Hay que cumplir con el esclarecimiento de la verdad, juicio de las personas responsables y reparaciones integrales a las víctimas. Esas son las medidas para que el tema se resuelva.


P. ¿Qué opina del conflicto sobre la exhumación de Franco?


R. ¿Cómo vamos a mantener un monumento que simbólicamente representa a una dictadura que ha masacrado y torturado a personas a las que debió garantizarles derechos? Pero esto no es solo un problema de España. Es así en todo el mundo. No es que la sociedad civil española está empeñada en eso. Hasta que no se abordan estas cuestiones no se terminan de superar.


P. Los familiares de fusilados en Paterna se han sumado a la querella argentina contra el franquismo.


R. Siempre recuerdo lo valioso que ha sido para hacer justicia el ejercicio de la jurisdicción universal en España, que llevó adelante crímenes cometidos durante la dictadura argentina y en otros lugares. Ha servido decididamente para que se haga justicia. Y a la inversa, pasa igual. Al no avanzar aquí los casos, en Argentina se abrió jurisdicción universal para juzgar y procesar responsables de crímenes contra la humanidad, y la obligación del Estado es cooperar plenamente con la querella argentina.


P.¿Lo está haciendo?


R. No. Y hay dos alternativas. O se juzga en España conforme a los estándares internacionales, sin aplicar los incomprensibles eximentes de responsabilidad, como prescripciones y amnistías. O se coopera con el ejercicio de la justicia en el exterior porque sino estos casos van a seguir abiertos aquí o allá. Y sería mejor resolverlos en España, claro.


P. ¿Qué otros países se encuentran en este proceso?


R. En Guatemala y El Salvador hay bastantes deficiencias a pesar de los esfuerzos realizados. Colombia es el gran cliente en materia de justicia transicional en el mundo. Nepal y Sri Lanka tienen también procesos con luces y sombras. En Túnez se presenta ahora la comisión de la verdad y la dignidad, pero todavía hay que avanzar muchísimo en cuanto a juzgamiento de las personas responsables y ver cómo establecer las reparaciones a las víctimas. Es un mundo con muchas complejidades y el desafío es hacer justicia frente a esto. No es lógico que cuando alguien comete un robo, todo el peso de la ley caiga sobre esa persona, y que quien ha asesinado a 300 personas, camine libremente por la calle. ¿Cuál es la ética y la lógica que guía ese tipo de razonamientos?


P. ¿Sobre qué versará su próximo informe?


R. Sobre reparaciones y acceso de víctimas por violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en todo el mundo. Estoy reuniendo información e investigando.


P. ¿Hay mucha diferencia entre los países más avanzados y los menos desarrollados?


R. No necesariamente. El mayor problema no es de desarrollo. Es de voluntad política.


P. ¿Por ejemplo?


R. Argentina. Mi país tuvo una situación de altísima impunidad. Al recuperar la democracia fue una extraordinaria decisión del presidente Raúl Alfonsín impulsar el juicio a los responsables de la dictadura. Luego vinieron leyes de impunidad que mantuvieron una situación sin resolver hasta que se derogaron en el 2003 y se recuperó el enjuiciamiento de las personas responsables y los programas de reparaciones a las víctimas. La historia no es estática, es dinámica.

Por Maria Josep Serra
Valencia 14 DIC 2018 - 15:05 COT

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Sábado, 15 Diciembre 2018 06:27

“Estoy cansado de las mentiras”

“Estoy cansado de las mentiras”

En sus primeras declaraciones tras ser sentenciado a tres años de prisión el jueves, Cohen reiteró que está arrepentido de haber ayudado a Trump a encubrir dos relaciones sexuales y dijo que se cansó de mentir para proteger al presidente.

El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, volvió a la carga ayer y afirmó que el entonces candidato sabía que estaba mal ordenar el pago de dinero para silenciar a dos mujeres que afirman haber tenido una relación amorosa con Trump. Al ser preguntado por la ABC News sobre los pagos a la ex actriz porno Stormy Daniels y a la ex modelo Karen McDougal durante la campaña de 2016 el exabogado contestó: “Por supuesto. Trump actuó porque estaba muy preocupado sobre cómo afectaría esto a la elección.” Estas fueron las primeras declaraciones que hizo Cohen luego de ser sentenciado a tres años de prisión el jueves, una condena que comenzará en marzo. “Estoy enojado conmigo mismo porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”, dijo con los ojos húmedos. El ex abogado presidencial confirmó además que aceptó colaborar con la justicia porque dice estar cansado de las mentiras del presidente: “estoy cansado de las mentiras. Estoy cansado de ser leal al presidente Trump. Di lealtad a alguien que, en verdad, no merece lealtad”, confesó.


El ex confidente del mandatario fue condenado por evasión de impuestos, falsas declaraciones a un banco y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales. Los cargos fueron presentados por los fiscales federales en Nueva York y por la oficina del fiscal especial Robert Mueller, el exdirector del FBI que está investigando además la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. El jueves los fiscales calificaron los pagos a las dos mujeres como contribuciones ilegales de campaña destinadas a influir en la elección. Sin embargo el acusado recibió una sentencia reducida por colaborar con Mueller.


Por su parte, Hogan Gidley, uno de los portavoces de la Casa Blanca, acusó a la prensa dar credibilidad a un criminal convicto. “Cohen admitió el mismo haber sido un mentiroso”, contraatacó. “Él ha admitido mentir. Todos lo saben y que ahora haya dicho que va a dejar de hacerlo es un poco tonto”, respondió el vocero de la Casa Blanca al ser preguntado por las supuestas pruebas documentales que acreditarían los pagos de Trump a las dos mujeres en un intento de comprar su silencio.


Al conocerse la sentencia, Trump marcó distancias con los dichos de Cohen asegurando que nunca le ordenó violar la ley y denunció que el abogado aceptó esos cargos para avergonzar al presidente y obtener una sentencia de prisión muy reducida. Además, Trump descartó la importancia de las acusaciones de financiamiento de la campaña y dijo que eran, en el mejor de los casos, violaciones civiles.


“No es cierto en absoluto”, respondió Cohen en la entrevista de ABC. “Bajo ninguna circunstancia quiero avergonzar al presidente”, se defendió para luego agregar que tiene esperanzas de ser recordado por la historia como una ayuda para volver a unir a Estados Unidos.


El abogado que empezó a trabajar para la Organización Trump en 2007 dijo que el mandatario no se parece en nada a la persona que era cuando lo conoció. “Fue sólo un cambio. Les diré que el caballero que está sentado ahora en la Oficina Oval, 1600 Pennsylvania Avenue, no es el Donald Trump que recuerdo de Trump Tower”, denunció. Una posible razón, agregó, es que la presión del trabajo es mucho más de lo que él pensaba que iba a ser. El letrado dijo que se considera a sí mismo como una pieza fundamental para ayudar al destino del país: “nunca es bueno estar del lado equivocado del presidente de los Estados Unidos de América, pero de alguna manera u otra esta tarea ahora ha caído en mis hombros.” Luego agregó que pasará el resto de su vida intentando solucionar el error que acepta haber cometido.


En el final de la entrevista le preguntaron si creía que Trump estaba diciendo la verdad sobre la injerencia de Rusia en las elecciones y respondió que no y luego se negó a hacer más comentarios. “No quiero poner en peligro ninguna investigación”, alegó.


A su vez, los diarios The New York Times y Wall Street Journal informaron que los fiscales federales abrieron otra línea de investigación relacionada con las elecciones, acerca de si extranjeros canalizaron ilegalmente donaciones a la campaña de Trump. Según fuentes cercanas a las investigación citadas por el Times, ésta se centra en determinar si personas originarias de Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos utilizaron prestanombres para hacer donaciones con la esperanza de comprar influencia sobre la política de Estados Unidos.

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