Condenan a perpetua a 24 represores sudamericanos en Italia por el Cóndor

El Tribunal de Apelaciones de Roma impuso penas a militares uruguayos, peruanos, chilenos y bolivianos

 

Con gran satisfacción y mucha esperanza recibieron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Roma los familiares de los 43 desparecidos ítalo-latinoamericanos (6 argentinos, 4 chilenos y 33 uruguayos) durante las dictaduras de la década del 1970. La Corte condenó a cadena perpetua a 24 imputados, y no sólo a 8 como había hecho la primera instancia del proceso comenzado en 2015. Los condenados son en su mayoría militares chilenos, uruguayos, peruanos y bolivianos, acusados de haber hecho desaparecer a las víctimas como parte del Plan Cóndor, el sistema internacional que coordinaba los secuestros y desapariciones, moviendo secretamente a los secuestrados de un país a otro donde desaparecían. La Corte los consideró “culpables de homicidio voluntarios pluriagravado” y para algunos de ellos estableció además que estén en “aislamiento diurno por dos años” además de pagar los gastos de los juicios y remunerar a los familiares por varios miles de euros.

Algunos de los imputados están detenidos en sus propios países, cumpliendo ya condenas. El único presente físicamente en este juicio -aunque no se presentó en todas las audiencias- fue el uruguayo Jorge Néstor Troccoli que vive en Italia desde hace varios años y evitó varios eventuales arrestos y condenas por el hecho de tener pasaporte italiano. De ser confirmada las condenas por la Corte Suprema, Italia podría pedir la extradición de los militares, sobre todo si en sus países están en libertad.

“Por fin tenemos una sentencia que realmente nos da justicia -comentó a Página12 la chilena María Paz Venturelli- . Es la sentencia que esperábamos. No se por qué no se pudo tener en el primer grado. Esta fue una Corte muy atenta. Yo espero que todo se haya hecho como se debía hacer y que la Corte Surprema, cuando se apele a ella, no tenga que cambiar nada”. María Paz, que reside en la ciudad de Bolonia, es la hija del ex sacerdote y profesor universitario, Omar Roberto Venturelli, arrestado y luego desparecido en Chile en 1973.

Cristina Mihura es uruguaya y viuda de Armando Bernardo Arnone Hernández, también uruguayo pero secuestrado en Buenos Aires en 1975. “Yo estoy muy emocionada -comentó a este diario-. Creo que esta sentencia ha corregido la parte equivocada de la sentencia anterior y creo además que para los que dicen que cuando llega demasiado tarde la justicia no es justicia, al escuchar hoy la condena, puedo decir que sentí que la justicia es justicia cuando llega. Me emocioné mucho por las víctimas de Troccoli, por los que están vivos, los que están muertos, los que están desaparecidos. El se escapó varias veces, pero hoy ha sido condenado. Yo aprecio mucho el trabajo de esta Corte porque creo que ha sido justa, con las pruebas y con la verdad”. Mihura empezó a trabajar para impulsar este proceso en 1999. En 1982 había presentado la primera denuncia en Italia por la desaparición de su marido.

Nestor Gómez es el hermano de la uruguaya Celica Elida Gómez Rosano que trabajaba en la agencia de noticias argentina Télam en Buenos Aires cuando fue secuestrada en 1978. ”Nos dio un gran alivio el hecho de saber que por una vez se tomaron en serio las cosas y no dejaron libres a los militares. La sentencia anterior nos había dejado desanimados, con miedo de que dejaran libres a estos bandidos”, comentó.

Algunos acusados, que habían sido incluídos en el primer proceso, durante el juicio o poco después fallecieron, por lo cual no fueron incluidos en esta segunda sentencia. Según la justicia italiana, los acusados y los familiares de las víctimas tendrán derecho a apelar por segunda vez, pero en esta oportunidad será ante la Corte Suprema de Justicia y su decisión será la sentencia definitiva.

La sentencia de la Corte de Apelaciones confirmó las condenas del primer juicio en las que ocho personas (ahora son seis porque dos murieron) ya habían sido condenadas a cadena perpetua, entre ellas el boliviano Luis Arce Gómez y el peruano Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú entre 1975 y 1980. Pero sobre todo condenó a cadena perpetua a otros 18 que en la primera instancia los jueces habían dicho que su delito había prescripto. En total, los condenados ahora son 24, casi todos militares acusados de delitos como secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.

Entre los condenados no hay ningún militar argentino, porque la Argentina viene haciendo por su cuenta los juicios contra los militares del Plan Cóndor desde hace años, a diferencia de otros países latinoamericanos. Pero sí hay argentinos entre los desaparecidos de origen italiano cuyos casos trató este proceso. Entre ellos el caso de Mafalda Corinaldesi, secuestrada en Argentina y por lo que fue acusado el uruguayo Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay entre 1972 y 1976. Pero la sentencia de ayer lo absolvió por el caso de secuestro y homicidio de Corinaldesi, aunque no se sabe exactamente los fundamentos de esta decisión ni de las condenas en general ya que la Corte tiene 90 días para elaborar y presentar oficialmente las fundamentaciones de sus decisiones. Otros argentinos incluidos entre las víctimas fueron Luis Stamponi, secuestrado en Bolivia, Alejandro José Loguso Di Martino y Dora Marta Landi, secuestrados en Paraguay, y Lorenzo Ismael Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia, secuestrados en Brasil.

Hoy por la mañana, antes de conocer la sentencia, los familiares de desaparecidos congregados en Roma decidieron rendir un homenaje a las Fosas Ardeatinas, el lugar donde el 24 de marzo de 1944 fueron asesinados por los nazis 335 inocentes como venganza de un atentado contra ellos del día anterior, que había hecho la Resistencia en el centro de Roma. “El 24 marzo de 1944, sucedió la matanza de las Fosas Ardeatinas. El 24 marzo de 1976 se oficializó la masacre de 30.000 desaparecidos en Argentina y un millon y medio de exiliados”, recordó Julio Frondizi, hijo del profesor universitario Silvio Frondizi asesinado por la Triple A en 1974. “Y debo decir, para los que no lo saben, que la operación Cóndor nunca terminó. Y va adelante”, agregó Frondizi, que vive en Italia desde que su padre fue asesinado.

Diego Jiménez,Viceministro de Transparencia del Ministerio de Justicia de Bolivia, asistió al homenaje en las Fosas Ardeatinas. “El gobierno de Bolivia sigue los procesos que buscan justicia, la construcción de la memoria y la verdad de lo que implicó para América Latina el período de las dictaduras -declaró a Página 12- . Particularmente el Plan Cóndor y sus incidencias en nuestros países. Dos de los procesados fueron dictadores en nuestro país. García Mezza, que murió hace un tiempo, y Luis Arce Gómez que fue su lugarteniente. Estas personas representan lo que implicó el terrorismo de Estado. Los crímenes que cometieron fueron de lesa humanidad y hoy, las heridas que han dejado, no terminan de cerrarse. Es por eso que haciendo el seguimiento a este largo proceso, nos sentimos con la esperanza de que la de hoy sea una sentencia histórica, una sentencia que haga justicia y un símbolo para la humanidad”. Y agregó: “¿Si el Plan Cóndor sigue existiendo? Es así. Nosotros creemos que las fuerzas reaccionarias que están presentes en América Latina, privilegiando los intereses del imperialismo norteamericano, no han cesado. Si bien han habido avances por parte de muchos países que han tenido gobiernos progresistas. En América del Sur hoy hay una corriente muy agresiva, muy detractora y anti procesos sociales. Y esto quiere decir que los niveles de coordinación están todavía ahí. Por eso, procesos de esta naturaleza, que refrescan la memoria de lo que pasó en América Latina, son importantes. No podemos permitir que pase de nuevo. Las nuevas generaciones deben entender todo el daño que ocasionaron los gobiernos dictatoriales”.

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 En vídeo, el ciberespionaje a Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. EPV

Julian Assange fue espiado las 24 horas del día durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres en la que permaneció refugiado durante los últimos siete años. Documentos, vídeos y audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS muestran que la empresa de defensa y seguridad privada española Undercover Global S. L., encargada de proteger la legación diplomática en el Reino Unido entre 2012 y 2018, dedicó a sus hombres a captar toda la información posible del ciberactivista, en especial de sus abogados y colaboradores.

Varias cámaras de vídeo grabaron, con audio desde diciembre de 2017 a marzo de 2018, decenas de entrevistas del fundador de Wikileaks con sus letrados y visitantes en las que se trató de su estrategia de defensa. Los dispositivos recogieron varios planes secretos para sacarlo de la embajada y llevarlo a Rusia o Cuba, proyectos secretos que finalmente no se ejecutaron por la negativa del activista australiano que los consideraba “una derrota”.

La actividad febril y obsesiva de los vigilantes de UC Global S. L. sobre “el huésped”, como le denominan en sus notas, se intensificó durante el Gobierno de Lenín Moreno que recientemente entregó al activista a las autoridades británicas. Su antecesor, Rafael Correa fue quien dio refugio a Assange y lo acogió durante siete años en la legación diplomática.

Monitorizar todos los movimientos del activista, grabar sus conversaciones y recoger su estado de ánimo era la tarea diaria y cotidiana de los empleados de seguridad en la embajada. Pero la obsesión por conocer los secretos más íntimos de su objetivo llevó al equipo realizar a sus espaldas una prueba grafológica, plasmada en un informe de seis páginas, y a tomar una muestra de las heces de un bebé en un pañal para comprobar si era hijo de Assange y de una de sus más fieles colaboradoras. Labores de inteligencia que nada tenían que ver con la pretendida protección del invitado y refugiado en la embajada.

El equipo de seguridad de la empresa española, con sede en Puerto Real, (Cádiz) redactaba cada día un parte confidencial que se remitía a su propietario David Morales, un exmilitar formado en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina. Los detalles que se recogían en estos informes son una muestra del interés de esta empresa por acumular toda la información posible sobre el hombre que se enfrenta a 18 cargos por revelar miles de cables secretos del Departamento de Estado de EE UU, así como información secreta sobre las guerras de Irak y Afganistán.

“Muchísima exaltación y nerviosismo en el huésped tras la comunicación de indulto a Manning (la soldado acusada de filtrar a Wikileaks documentos secretos)”, recoge el informe del 17 de enero de 2017; “Julian está aportando mucha información. El invitado no para de apuntar en su agenda. Se nota tensión en la sala. El invitado tapa en todo momento su agenda con las manos. Stella se asoma por la puerta de la sala pensando que pudiera haber alguien escuchando”, escribe el vigilante sobre la visita de Walaman Adan Robert el 12 de enero de 2017;

El parte del  21 de enero de 2017 arranca así: "15: 30-18: 28.Pamela Anderson. Se pasan información por notas. Se hacen fotos dentro de la sala de reuniones. En todo momento está el distorsionador (de voz) encendido” ; “Aproximadamente desde las 21:00, tanto el huésped como Stella, están trasladando cosas del dormitorio (ropa, colchón, maletas etc) a la habitación de la entrada. Son las 23:35 y siguen”, señala el informe del 5 de febrero del mismo año.

Una de las personas que más interés despertó a los vigilantes de la empresa española fue Andy Müller-Maguhn, un conocido hacker alemán, al que en una de sus visitas se fotografió el interior de su bolsa de viaje y en especial los números de sus teléfonos móviles.

Si los vigilantes estaban obsesionados con captar cualquier detalle sobre el “huésped” que se produjera en el “hotel” (la embajada), el fundador de Wikileaks también lo estaba por no ser espiado. Cada vez que se reunía con sus abogados y visitas el encuentro no comenzaba sin que Assange encendiera el distorsionador de voz oculto en una lámpara. Pero este no impedía que los audios instalados en la cámara lo grabaran todo. En algunos vídeos se aprecia como el ciberactivista apuntaba sus notas en una carpeta levantando su tapa para que no se captara su escritura.

La paranoia de Assange con ser espiado le llevó a citar a alguno sus visitantes en el cuarto de baño de señoras, un lugar que consideraba seguro. Un informe firmado por el vigilante José Antonio el 15 de enero de 2017 lo recoge así: “11:18 Aitor Martínez (abogado español) porta maletín, un teléfono y un portátil. 11:20 huésped, Stella y Aitor Martínez se dirigen al aseo de señoras donde hacen la reunión. 13: 00 salida de aseo de señoras”. Unos días antes, el día nueve otro vigilante informa de la reunión del activista con sus abogados Melynda Taylor, Jennifer Robinson, Aitor Martínez y Baltasar Garzón.

David Morales, propietario y director de UC Global S.L.  declina responder si su empresa espió a Assange. "Toda la información es confidencial y pertenece el Gobierno ecuatoriano. Nuestra empresa fue subcontratada por el Gobierno de Ecuador. Nos limitamos a realizar un trabajo. No puedo comentar nada de lo que hicimos allí, no puedo dar ningún detalle", afirma en conversación telefónica.  ¿Espiaron ustedes al señor Assange? "Tenemos nuestras normas éticas y morales y no se vulneró ninguna de ellas", asegura.

El interés de las reuniones de Assange con sus letrados no decayó cuando el Gobierno de Lenín Moreno canceló el contrato con UC Global S. L. que se mantuvo desde 2012 hasta la primavera de 2018 y delegó la seguridad de su embajada en la empresa ecuatoriana Promsecurity. Las cámaras de vídeo siguieron grabando todas las reuniones y, al menos, en una ocasión personal de la embajada o del nuevo equipo de seguridad fotografiaron la carpeta del abogado Aitor Martínez en un receso de su entrevista con el activista australiano.

Con esas fotografías, así como con decenas de vídeos y audios grabados en la legación diplomática durante esta nueva etapa se intentó extorsionar desde Alicante al fundador de Wikileaks si no pagaba tres millones de euros. La Audiencia nacional investiga el caso y dos de los presuntos extorsionadores fueron detenidos.

El Reino Unido acaba de aprobar la entrega a EE UU del ciberactivista. Las autoridades norteamericanas esgrimen contra él 18 cargos por difusión de material clasificado.

Madrid 9 JUL 2019 - 03:29 COT

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La muerte de un capitán sacude a Venezuela

El caso generó reacciones públicas en un contexto marcado por dos variables políticas principales: los intentos de diálogo y el informe que presentará la Alta Comisionada de a ONU.

 

La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo impactó en Venezuela. Arévalo, retirado desde hacía diez años de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se encontraba detenido en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para ser investigado por su presunta participación en la denominada “Operación vuelvan caras” develada por el ministro de comunicación Jorge Rodríguez. Había sido detenido el 21 de julio, su muerte ocurrió “durante el acto de presentación frente al tribunal competente”, según fue informado por un comunicado oficial del gobierno nacional el 29.

Las razones exactas de la muerte de Arévalo aún no han sido esclarecidas. Las denuncias de su esposa y del abogado apuntan a que fue torturado dentro de las instalaciones de la Dgcim, lo que habría derivado en su fallecimiento. El Fiscal General, Tareck William Saab, informó haber solicitado la detención preventiva de un teniente y un sargento segundo adscritos a la Dgcim como presuntos responsables de los hechos, imputados por el delito de homicidio preterintencional con causal.

Arévalo, alias “Gonzalo” dentro de la Operación, tenía como tarea apoderarse de quince vehículos blindados del Banco Central de Venezuela para utilizarlos en el asalto al Servicio Bolivariano de Inteligencia y el Palacio de Miraflores. Así fue develado en los videos presentados por Rodríguez, donde el mismo Arévalo, junto a otros implicados, aparecen explicando las acciones paso por paso del golpe que debía darse el 23, 24 y 25 de junio. Rodríguez informó que la trama había sido infiltrada durante catorce meses por la contrainteligencia del gobierno venezolano. Junto a Arévalo fueron detenidos otros tres militares retirados y dos ex comisarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El caso del capitán de corbeta generó reacciones públicas en un contexto marcado por dos variables políticas principales: los intentos de diálogo y el informe que presentará la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Acerca de los diálogos, Juan Guaidó afirmó que la delegación opositora, que estuvo reunida días antes con el enviado especial norteamericano para el caso Venezuela, Elliot Abrams, no asistirá al encuentro. El autoproclamado sostuvo que la suspensión se debe a la muerte de Arévalo, y no anunció un posible nuevo acercamiento en el intento de resolución acordada que ya ha tenido dos instancias públicas en Oslo y cuenta con el consenso de la mayoría de los países internacionales involucrados, a excepción central de Estados Unidos.

Nicolás Maduro anunció en cambio el día martes que habrán “buenas noticias en las semanas que están por venir sobre lo bien que van los procesos de contactos, negociaciones y preacuerdos con distintos sectores de la oposición venezolana”. Ya había anticipado días antes que habría noticias, indicando así que los acercamientos han seguido su proceso fuera de cámaras.

Respecto a Bachelet, la misma se mostró “profundamente preocupada” por el caso Arévalo, y afirmó: “Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte (…) urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación, incluyendo una autopsia que siga los estándares internacionales”.

La Alta Comisionada había estado en Venezuela la semana anterior, invitada por el gobierno, para reunirse con las diferentes instancias, como ministros, representantes de poderes públicos -Fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional Constituyente, Defensoría del Pueblo-, y el presidente Maduro, a la vez que con la Asamblea Nacional, Guaidó, y organizaciones de la sociedad civil.

Su informe final será leído este viernes 5 de julio. La oposición convocó a una movilización para ese día -que es, a su vez, el aniversario de la firma del acto de independencia- desde la sede de las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hasta la Dgcim. La derecha estará confrontada con su marcada tendencia de pérdida de capacidad de movilización. El anteúltimo llamado de Guaidó en Caracas fue el 11 de mayo y contó con la asistencia de cerca de dos mil personas. El último tuvo lugar durante la visita de Bachelet y no llegó a esa cantidad.

La apuesta de la oposición es trabajar sobre la muerte de Arévalo como punto de apoyo para lograr volver a convocar a las calles a su base social desencantada. No es el único caso que ha generado conmoción: el lunes por la tarde un joven, Rufo Antonio Chacón, perdió ambos ojos ante los perdigones recibidos por un miembro de la policía del estado Táchira -que corresponde a la gobernación opositora, aunque esa policía se encuentra intervenida por el gobierno nacional por denuncias de maltratos a la ciudadanía-. El Fiscal General anunció la detención de dos funcionarios ante ese caso y afirmó que serán “severamente sancionados”.

A los casos Arévalo y Chacón se han sumado acontecimientos como la explosión de una subestación eléctrica en la ciudad de Maracaibo, la falsa denuncia de un motín en el Dgcim, que han dado lugar a un cuadro de río revuelto. Estos hecos ocurren en el contexto de un intento golpista dirigido desde EE.UU. con fachada Guaidó, que tuvo su última operación el pasado 30 de julio, y varias operaciones violentas desmontadas por los servicios de inteligencia. La más reciente, “operación vuelvan caras” contaba, entre otras cosas, con trescientos mercenarios israelíes organizados para asesinar al presidente y dirigentes claves del chavismo, según denunció el ministro Rodríguez.

A su vez, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamó a Guaidó para ratificarle su apoyo “inquebrantable” y felicitarlo por el próximo 5 de julio como día de la independencia. El tiempo vuelve a ser acelerado en Venezuela.

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Fotografía

La situación de los rescatistas que salen al mar Mediterráneo en busca de barcos precarios sobrecargados de migrantes, en su mayoría libios, está más difícil que nunca. Tras la decisión de Italia de cerrar sus puertos y prohibir la actividad de las organizaciones humanitarias, quienes continúen con los rescates se arriesgan a enfrentar multas, arrestos y largos procesos judiciales. Como ocurrió con la capitana del Sea Watch, Carola Rackete, detenida por “favorecer la inmigración ilegal” y navegar en “zonas prohibidas”, acusación que recibió por rescatar a 40 migrantes y llevarlos al puerto italiano de Lampedusa.

 

 “Salimos al mar a pesar de las sanciones y de las multas y lo hacemos en un contexto absolutamente agresivo y violento. Criminalizan a los migrantes y ahora también a nosotros”, afirma Laura Lanuza, una de las integrantes de Open Arms, otra de las organizaciones de ayuda humanitaria que rescatan migrantes y una de las pocas que quedan en el mar. Open Arms nació en 2015, luego de que se difundiera la foto de un niño de tres años ahogado en las costas del Mediterráneo. Esa imagen, que conmovió al mundo como hace días lo hizo otra de un padre con su pequeña hija muertos los dos en un río de Mexico, hizo que un guardavidas español reuniera algunos amigos rescatistas y se lanzara al mar. En estos cuatro años, la organización creció a partir de donaciones, salió a alta mar 63 veces y rescató a 60 mil personas.

 

La política de puertos cerrados sin embargo puso en duda su trabajo. El barco Open Arms estaba varado hace seis meses en un puerto español por trabas burocráticas. El jueves pasado sus tripulantes decidieron volver al mar sin importar las consecuencias. “Pasamos demasiado tiempo viendo cómo la gente se muere mientras nadie hace nada. Antes que ser cómplices preferimos ser sancionados”, cuenta Lanuza, que forma parte de la organización desde los inicios, hoy ya como responsable de comunicación.

 

 

¿Cuál es la situación ahora de los rescatistas?

Desde hace un año cuando decidieron cerrar los puertos de Italia y Malta, cada misión es anómala. Antes teníamos una rutina de trabajo, las misiones eran de 15 días y cuando terminaban volvíamos al puerto para cambiar la tripulación. Ahora el contexto es absolutamente agresivo y violento. Los migrantes son criminalizados y nosotros también. Italia acaba de firmar un decreto que prohíbe la presencia de organizaciones humanitarias en aguas italianas por lo que salir al mar implica desobedecer, algo que traerá multas y sanciones. Llevamos demasiado tiempo esperando a que el Gobierno nos permita volver a salir, demasiado tiempo viendo como la gente se muere y nadie hace nada. Antes que ser cómplices preferimos ser sancionados.

 

¿Cómo es el Open Arms?

Es un barco viejo de 1974, en el que tuvimos que invertir. La mayor parte de la tripulación son voluntarios y lo hacemos todo con donaciones. En el barco viajan 19 personas en total entre capitán, marineros, cocineros, socorristas, enfermeros, médicos y dos periodistas. El trabajo es muy difícil, las situaciones que se viven en el mar son muy dramáticas y no siempre acaban bien. Hemos visto a bebés colapsar a bordo, por eso también tenemos apoyo psicológico. Este año llevamos 600 personas ahogadas y es probable que sean muchas más porque no hay testigos. En cuatro años hicimos 63 misiones y rescatamos 60.000 personas entre el mar Egeo y el Mediterráneo.

 

¿Qué pasa una vez que salen al mar?

La situación es muy diversa, las distancias son muy grandes y los barcos muy lentos. Salimos a aguas internacionales atentos al radar y a los prismáticos para poder ver cualquier embarcación en peligro. Lo más normal es localizar una embarcación con los prismáticos o a través del inmarsat, que es un sistema de comunicación satelital, donde avisan si ven a un hombre en el agua o una embarcación sobrecargada. Tenemos dos embarcaciones rápidas con las que nos acercamos y repartimos chalecos salvavidas. De a poco vamos trasladando a la gente al Open Arms. En el barco se les hace un reconocimiento médico, a veces hay casos muy graves. Hay que estar atentos también si huelen a gasolina porque la gasolina mezclada con agua salada provoca quemaduras muy graves. Por lo general suelen llevar el combustible en botellas de plástico que se derraman y hay muchos quemados.

 

¿Cómo es la primera aproximación y en qué estado están los barcos?

Nos acercamos gritando que somos socorristas, que se queden tranquilos, que no los vamos a llevar a Libia. Muchos lo único que repiten es “Libia no, Libia no”. Hay muchísimos niños que viajan solos, en la última misión había unos 40. Son los más vulnerables junto con las mujeres porque muchas están embarazadas y no lo saben, todas han sido violadas. Las embarcaciones flotan de milagro, llevan tres veces más la cantidad de gente que deberían y no son adecuadas para distancias largas. Entre libia y cualquier puerto seguro hay entre tres o cuatro días de viaje. A veces son botes de goma con 160 personas. Están también los wooden boat, los de madera, que son los más peligrosos porque tienen dos pisos y por el nivel de hacinamiento se ahogan con el humo del motor. Una vez que subimos a la gente al barco solicitamos formalmente un puerto seguro para desembarcar a estas personas. Por mucho tiempo fue Italia pero desde que Matteo Salvini (ministro italiano de Interior) cerró los puertos todo se complicó.

 

¿Una vez en el puerto qué pasa?

Nosotros protegemos la vida en el mar, nuestra misión termina en el momento en que llegamos a un puerto seguro. A partir de que la gente llega al puerto queda en manos de los países y muchas otras organizaciones que trabajan con los migrantes. De hecho la mayoría de las historias no tienen un final feliz, la solicitud de asilo puede tardar años y puede ser negada, entonces los deportan. No es que nosotros queramos estar en el mar pero estamos cubriendo un vacío en el salvamento.

 

¿Qué recordás de tu primera misión?

Lo primero que sentís cuando estás en medio del mar es que eres tan vulnerable. Mires a donde mires no hay nadie que te pueda ayudar. El primer golpe visual de ver a todas estas personas en embarcaciones más que precarias, que se pueden hundir en cualquier momento, impresiona tanto. Ver el estado en que estas personas llegan al barco… la sensación de pensar que si no llegábamos a tiempo podrían estar muertas es muy brutal.

 

¿Vivieron situaciones violentas?

En la última misión que estuve nos dispararon los guardacostas libios. Libia es un país en guerra donde mandan tres milicias y se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Hemos sido tiroteados, secuestrados y perseguidos. La situación no era favorable pero siempre contábamos con la coordinación de la guardia costera italiana, ahora es un espacio sin ley y a nosotros nos transformaron en un objetivo. De las nueve organizaciones con doce barcos que éramos ya no queda ninguna. Nos quieren sacar a todas de allí para que nadie pueda documentar las muertes y nadie pueda decir lo que está pasando. La Unión Europea decidió lavarse las manos y financia a un cuerpo de guardacostas libio que lo que hace es interceptar a la gente que está huyendo y la devuelve en caliente. Algo que es totalmente ilegítimo. Las organizaciones molestamos porque estamos denunciando como la Unión Europea le está pagando a unas milicias para que capturen a la gente y la devuelva a campos de concentración.

 

¿Qué pasa ahora?

Decidimos desobedecer y abandonamos el puerto. Salimos de Nápoles rumbo al Mediterráneo central para proteger la vida allí. Como cualquier otro barco en el mar tenemos la obligación de socorrer. Sabemos que llegarán notificaciones con las sanciones. Si los gobiernos quisieran no se moriría nadie en el mar, estamos absolutamente solos.

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Manifestantes en Hong Kong toman el Congreso

Tras cerca de tres horas de ocupación, pasada la medianoche local la policía antidisturbios de Hong Kong retomó el control del Parlamento.

 

En una jornada de caos sin precedentes, decenas de miles de manifestantes salieron a la calle ayer y al menos un centenar irrumpió en el Parlamento de Hong Kong, después de derribar la puerta de entrada. La protesta a favor de la democracia y contra el gobierno pro Beijing de Carrie Lam había comenzado temprano a propósito del 22º aniversario del traspaso a China de la soberanía de la antigua colonia británica. Estas nuevas manifestaciones se suman a las que vienen dándose desde principios de junio para reclamar contra el proyecto de ley del gobierno que autorizaría las extradiciones a China continental.

En cada aniversario del traspaso de la soberanía, activistas locales por la democracia organizan enormes manifestaciones para pedir por sus exigencias democráticas, incluyendo la posibilidad de elegir a un nuevo Ejecutivo local por sufragio universal. Este año, unas 550.000 personas se habían volcado a las calles hongkonesas para exigir la renuncia de Lam y el abandono del proyecto de ley de extradición a China. “No a la extradición a China”, “Hong Kong levantate”, se leía en muchos cárteles que portaban los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes vestidos de negro, que recorrieron pacíficamente los cerca de tres kilómetros que separan el Parque Victoria de la zona de Admiralty, donde se encuentra el Parlamento y la sede del Gobierno. Sin embargo, poco antes de la tradicional ceremonia de izamiento de las banderas de China y Hong Kong, todo se desbandó. Al llegar a Admiralty varios cientos de manifestantes se dirigieron hacia la sede del Legislativo y allí un grupo de ellos comenzó a tumbar las barreras de acero que protegían la entrada de la institución para después usarlas para derribar las puertas de cristal blindado del Parlamento. 

Tras casi cinco horas de asedio, los manifestantes, protegidos por escudos de fabricación casera, cascos amarillos y paraguas, superaron el blindaje desplegado por la policía, que optó por retirarse, según informó el diario local South China Morning Post en su edición digital. Alrededor de un centenar de personas irrumpieron, entonces, en el edificio abriéndose paso al romper ventanas, mientras cantaban las consignas de la protesta. En las primeras horas de la noche, habían ocupado el principal recinto del Parlamento, pintado gratifis en las paredes y de negro el escudo de la ciudad, y desplegado una bandera de la época colonial británica en el podio. 

Tras cerca de tres horas de ocupación -pasada la medianoche local-, no obstante, la policía antidisturbios de Hong Kong retomó el control del Parlamento. Los manifestantes que habían tomado el edificio huyeron antes de que las autoridades ingresaran y mientras las unidades antimotines lanzaban gases lacrimógenos contra otros grupos que se encontraban en los alrededores. 

A la sede parlamentaria también habían acudido algunos diputados opositores que, aunque mostraron su rechazo a la violencia, destacaron que a los manifestantes se les había agotado la paciencia tras semanas de masivas protestas sin que el Gobierno local atendiese sus demandas. “Estamos en la crisis política más grave desde el traspaso de la soberanía a China, es una situación sin retorno”, dijo el diputado independiente y activista, Eddie Chu, quien, además, expresó su temor a una intervención del Ejército chino en Hong Kong si Lam no es capaz de resolver la crisis políticamente.

Hace semanas, Hong Kong está inmersa en una ola de protestas multitudinarias y violencia política de tono ascendente debido a un intento del gobierno de modificar las leyes de extradición, lo que permitiría que los sospechosos sean enviados a China para ser juzgados. 

La normativa, duramente cuestionada por una mayoría de hongkoneses y cuyo debate fue suspendido indefinidamente, aumentó los temores de que este territorio semi-autónomo devuelto a Beijing por Reino Unido el 1 de julio de 1997, pierda una serie de libertades de las que gozan sus ciudadanos bajo la modalidad “un país, dos sistemas”. Esta modalidad fue requisito para el acuerdo Londres-Beijing previo a la devolución de la isla y deberá aplicarse a la antigua colonia durante 50 años.

Lam, quien recibió severas críticas por tratar de impulsar la legislación, prometió ser más receptiva al sentimiento público, pero no ha respondido directamente a las demandas de los manifestantes. En un discurso tras la ceremonia de izamiento de la bandera que conmemoraba el aniversario de la entrega, Lam dijo que las protestas y las dos marchas que atrajeron a cientos de miles de participantes le enseñaron que necesita escuchar mejor a los jóvenes y las personas en general. “Esto me hizo dar cuenta de que yo debo recordarme todo el tiempo de la necesidad de captar los sentimientos públicos con precisión”, dijo.

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La profesora de la Universidad de Harvard, Stefanie Stantcheva. Belinda Soncini/ZUMA Wire

La profesora de Economía de la Universidad de Harvard, Stefanie Stantcheva, reclama que se "escuche" a la gente "y sus circunstancias" antes de aprobar impuestos

"Está bien gravar los combustibles, pero si no hay alternativa al transporte privado, afectará a las personas pero no reducirá la contaminación", explica Stantcheva

 

Stefanie Stantcheva es economista. Búlgara de nacimiento, francesa de nacionalidad y estadounidense de vida, en cuanto a que vive y trabaja como profesora en Harvard. En mayo pasado, esta profesora de 41 años recibió el premio de la mejor economista joven concedido por Le Monde y Le Cercle des Économistes de París. Estos días ha estado en Bruselas hablando de impuestos dentro del Brussels Economic Forum.

¿Hay una preocupación sobre cómo poner impuestos?

Es un asunto muy común. Hay muchas preocupaciones sobre ello, sobre la equidad. Estamos dándole vueltas, tanto en la UE como en EEUU y en el mundo en general.  Por eso creo que hay tanto interés en estos momentos en los que, además, estamos afrontando nuevos desafíos en todo el mundo. Es muy diferente cómo quieres poner impuestos en una economía cerrada o en una economía globalizada. Hay muchos desafíos y los habrá todo el tiempo, por lo que los sistemas impositivos no pueden ser estáticos, tienen que adaptarse y evolucionar.

¿Qué opina del debate europeo sobre la armonización fiscal?

Déjame abordar la pregunta desde el punto de vista de un economista, hay pros y contras en la uniformidad de la política fiscal. Los pros es que evitas que la gente y las empresas se muden por razones de impuestos, eso es una ganancia. Por otro lado, la política fiscal es mejor si se hace de forma local, está mejor afinada y diseñada si atiende a las consideraciones locales.

Ahora, eso no significa que no haya que tener políticas coordinadas. Es posible tener una jurisdicción a escala comunitaria con una política fiscal coordinada que te permita hacer políticas diferentes en lo local, pero como está coordinada evita que esas políticas acaben empobreciendo al vecino con carreras para bajar los impuestos. Por tanto, los economistas recomendarían una política coordinada, en la que puedas dejar un margen para ajustes locales, reducciones por circunstancias económicas...

¿Por qué los impuestos son de izquierdas y no de derechas?

¿Cuál es el nivel apropiado de impuestos? Los economistas te dirán que hay una fórmula fiscal, en la que en un lado están los costes de los impuestos en cuanto a la actividad económica, y cómo afecta a la mano de obra y la innovación. Y, en el otro lado, tenemos los beneficios de los impuestos: la recaudación y la redistribución. Y la gente puede, con mejores datos y estudios, estar de acuerdo con los costes de los impuestos. Es una cuestión empírica, tenemos que estudiarlo.

Pero en el lado de los beneficios de los impuestos, en realidad depende de tus preocupaciones en justicia social y en tus estándares de justicia. Cuánta desigualdad eres capaz de tolerar o no. Y esto es algo que los economistas no pueden decirte. Es algo que realmente depende de tu sentido de la justicia y la equidad. Y ahí es donde la gente difiere mucho, y en diferentes países la polarización es profunda entre gente que piensa que es justo o no tener más o menos desigualdad.

Los impuestos no son la única herramienta para redistribuir. En algunos lugares se piensa que esta redistribución se hace mejor a través de la caridad privada o empresarial, y que el Gobierno no debe intervenir mucho. Pero sí, al final todo reside en la diferencia sobre los conceptos de justicia.

¿Y de cuánta desigualdad se puede soportar?

Sí, de cuanta desigualdad puedes tolerar. Pero déjame también decir algo interesante desde el punto de vista de los negocios y la economía, la gente no sólo difiere en los puntos de vista de la justicia en tanto que no tenemos la respuesta de cómo afectan los impuestos.

Hice un estudio para comprender lo que la gente de derechas y la gente de izquierdas piensan de las consecuencias de los impuestos. Y puedes ver que la gente de derechas piensa que tienen más costes, más incidencias en el empleo, en las pérdidas de puestos de trabajo, que la gente tendrá que cambiar de país... 

Y esto es algo que deberíamos resolver, con mejores datos y mejores estudios, es la pregunta que debemos responder. No sobre opiniones, tiene que ser con hechos y datos, pero aún no estamos ahí porque necesitamos más investigaciones.

En la última campaña en España, hubo un debate en torno a Amancio Ortega, y su caridad, en torno a los impuestos que pagaba como empresa y a las donaciones voluntarias.

Es un asunto muy interesante. Y los países tienen diferentes actitudes hacia ello. Realmente la cuestión es si prefieres un dólar o un euro en manos de un rico filántropo o si queremos que ese dólar o euro esté sujeto a impuestos y en manos del Estado. 

Y tienes que confiar en el Estado.

Lo que la gente puede decir es que el beneficio de dárselo al Gobierno es que el Gobierno representa la voluntad democrática y la canalizará a causas que le importan a la gente, y lo cierto es que en EEUU ha habido estudios sobre a qué se dedica la caridad privada y suele ir a destinos diferentes de a donde invierte el Gobierno. El dinero privado va mucho más a arte, por ejemplo, y menos a la gente con rentas bajas. Claramente no se destina a lo mismo, aunque pueda haber excepciones.

El otro asunto es cuál es más costoso. El Gobierno puede tener grandes costes administrativos, pero puede ser eficiente al tener ya una estructura. Una entidad privada, sin embargo, quizá pueda dominar un área, pero también puede caer en duplicidades. 

Por tanto, estas son las cosas que hay que sopesar y los países tienen diferentes ideas al respecto. En EEUU la caridad privada está muy incentivada por deducciones fiscales muy fuertes. En Europa no lo es tanto, así que entiendo que en Europa se tiende a preferir el dinero en las manos de los gobiernos en lugar de donarlo. Y en EEUU tendemos a querer el dinero en manos de filántropos privados.

Usted suele repetir que los políticos y los gobiernos deberían escuchar a los ciudadanos y a los investigadores.

Los investigadores y los políticos tienen que escuchar a la gente, y por gente me refiero a la ciudadanía y los votantes. Y no me refiero a hacer políticas aprobadas en referendos, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que necesitamos comprender las percepciones de la gente, sus ideas sobre justicia y sus propias circunstancias económicas. 

La herramienta que propongo eran los estudios y las investigaciones, que pueden hacerse online y llegar a mucha gente. Gracias a la psicología sabemos cómo diseñarlos de un modo cuidadoso para que sean intuitivos, claros e interactivos, bien enfocados  y calibrados para que podamos conocer las percepciones de la gente.

He hablado de percepciones del sistema económico y las políticas económicas, qué idea tienen de justicia y aspectos sobre sus circunstancias personales que pueden ser difíciles de ver con otros datos. Pongo por ejemplo el impuesto sobre el carbono o los seguros sanitarios.

En el caso del impuesto sobre el carbono puede haber gente a favor hasta que, como en Francia, afecta al bolsillo de gente de la calle y se movilizan los chalecos amarillos por lo que supone llenar el depósito de la furgoneta.

El impuesto sobre el carbono es un ejemplo de porqué necesitamos realmente comprender y preguntar a la gente directamente acerca de sus circunstancias económicas, porque los datos del transporte u otros datos que podamos consultar nos dan respuestas incompletas o que generan confusión.

Por tanto, sin necesidad de centrarnos en los chalecos amarillos, es un asunto fundamental. 

Déjame hablar sobre los impuestos al combustible: la teoría económica nos dice que los impuestos pueden funcionar para reducir el consumo de combustibles... Pero sólo si la gente puede dejar de utilizar combustible. Por ejemplo, pueden dejar de usar el coche e ir en autobús, pero ha de ser posible ese cambio. Si no es posible, si estás atrapado con el medio de transporte, entonces no es un impuesto correctivo, es un fracaso que daña a la gente sin reducir la polución: van a reducir otros gastos, pero no se reducirá la contaminación.

Puedes ver los datos de transporte y que hay una gran red de autobús que puede usar la gente. Pero luego empiezas a preguntar y te das cuenta de que tienen que llevar los niños al cole, que los doctores están muy lejos, que tienen turnos de noche... Hay que comprender estos impedimentos para aplicar bien los impuestos. Hay que tener en cuenta todo paisaje. Por eso defiendo que hay que comprender las circunstancias de la gente y para eso lo mejor es preguntar directamente.

Además, estos impuestos son indirectos, afectan por igual a todos los bolsillos. No son progresivos. 

En general, los impuestos indirectos sobre bienes, tabacos... son regresivos, porque la gente con menos ingresos dedican un porcentaje mayor de su salario a pagarlos. Así, en teoría económica uno de los primeros resultados es que no debería jugarse con productos, precios, etc... Deberías hacer la redistribución con impuestos progresivos y, después, dejar actuar al mercado.

Pero hay excepciones a esta regla, y a veces hay buenas razones para gravar ciertos productos de manera diferente, y uno de ellos es un impuesto correctivo por la contaminación, el medio ambiente, lo cual está bien justificado. Pero, de nuevo, sólo puede funcionar si la gente puede cambiar de medio transporte.

Usted ha trabajado también sobre la percepción de la migración, y ha constatado que suelen exagerarse sus efectos.

Cuando la gente decide qué políticas apoyar, incluidas las políticas redistributivas como los impuestos progresivos, tienen consideraciones complejas. Y una es que la generosidad no viaja bien a través de las fronteras.

La gente es más favorable a redistribuir más entre gente parecida y menos entre gente diferente. Y los inmigrantes aparecen en las cabezas de las personas cuando se piensa en redistribución, el problema es que las percepciones de la gente sobre los inmigrantes suelen ser equivocadas. 

Hicimos un gran estudio en seis países donde preguntábamos a la gente su opinión sobre el número de migrantes, sis circunstancias económicas, sus orígenes, etcétera, y lo que vimos es que en todos los países sistemáticamente la gente piensa que hay más inmigrantes de los que hay, que hay más migrantes musulmanes de los que hay y que son más débiles económicamente y con menos estudios y ocupaciones laborales de lo que son y, por tanto, más dependientes de las políticas públicas de lo que realmente son. Por tanto, sí, todo el mundo está equivocado. Algunos grupos están más equivocados que otros, pero todos están bastante equivocados, y quien tiene una percepción menos acertada es la que tiene menos nivel educativo, la gente que trabaja en sectores con más proporción de migrantes en trabajos menos formados, y los que se sitúan más a la derecha del espectro ideológico también tiene una visión más equivocada sobre los inmigrantes.

Es muy importante porque si haces que la gente piense sólo en inmigrantes, que puede estar ocurriendo en una parte del debate político, tenderán a ser menos defensores de la redistribución, querrán menos impuestos progresivos, etcétera. Por tanto, es una preocupación grande de la gente.

Porque piensan que los impuestos van directamente a ellos.  

No estoy segura de que exista ese canal directo. Pero claramente hay un vínculo entre cuántos migrantes crees que hay, lo económicamente fuertes que crees que son y lo partidario que seas en la redistribución, según los resultados de nuestro estudio, que sostienen que simplemente hacer pensar a la gente en inmigrantes reduce su apoyo a la redistribución.

Pero, al margen de los impuestos, ¿qué otra manera efectiva hay para corregir desigualdades? 

Hay herramientas diferentes para los Gobiernos. Están los impuestos directos, que son ingresos automáticos. También están las regulaciones para intervenir en el mercado de una manera u otra; la otra es la iniciativa privada a través de la caridad o donaciones, lo que para algunos es buena idea; y están los impuestos indirectos progresivos que son una gran herramienta, con efectos poderosos en toda la economía.

Y es importante acertar. Si te pasas, puedes afectar en la actividad económica y en la innovación; y si te quedas corto puedes tener una sociedad en la que los grandes ingresos crezcan y los bajos se queden bajos. Hay que buscar el equilibrio. 

Hablábamos antes de los impuestos sobre los combustibles. Pero, ¿cómo puede ayudar la política fiscal a abordar la emergencia climática?

Es extremadamente urgente actuar contra el cambio climático. Los economistas tienen muchas sugerencias, como una acción sobre el carbono mundial, o sobre el comercio local, regulación sobre empresas, impuestos a los hogares... Estoy a favor de buscar todo tipo de intervenciones posibles. Pero lo único que quiero es alertar contra la aplicación de impuestos sin escuchar a la gente y cómo puede responder, y que tienen que ver con las redes de transporte público, por ejemplo, para que los impuestos no queden sin efecto.

En España también ha habido debate en las últimas campañas electorales con los impuestos de sucesiones. ¿Qué opina de su eliminación?

Sí, el debate está en todas partes. Depende del enfoque interno. Lo importante es saber qué es para ti justo y tolerable y según se plantee la pregunta: ¿Se debe gravar el trabajo de toda una vida que se lega a los hijos? ¿Es justo ser desigual desde el día de nacimiento, desde la cuna? Es un asunto complicado porque vincula dos generaciones, dos miradas desde una hacia la otra.

 

Por Andrés Gil- Corresponsal en Bruselas

29/06/2019 - 22:02h

Publicado enEconomía
El tribunal de paz de Colombia estudiará un informe sobre más de 150 ejecuciones extrajudiciales

Los casos de casi 300 víctimas presentados por organizaciones de derechos humanos ponen bajo la lupa a la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008

 

 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal colombiano encargado de investigar los crímenes del conflicto armado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, estudiará un nuevo informe sobre el asesinato sistemático de civiles presentados después como bajas en combate. El sistema de justicia nacido de los acuerdos de La Habana recibió el sábado documentación de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales con casi 300 víctimas presuntamente perpetradas por la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008 en la región Caribe.

Estas acciones son atribuidas esencialmente a la Segunda Brigada y a la Décima Brigada Blindada de la fuerza armada terrestre. "Si bien en varios de los casos se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de baja graduación, persiste la impunidad respecto de máximos responsables, por lo que se solicita a la JEP llamar a responder a los integrantes de la plana mayor. Igualmente, se pedirá a la JEP adoptar acciones para garantizar la efectiva reparación de las víctimas", señala el escrito, presentado ante el tribunal por organizaciones colombianas de abogados de derechos humanos.

Tras la petición del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el tribunal de paz deberá decidir ahora si adopta algún tipo de decisión, empezando por la solicitud de una comparecencia voluntaria, respecto del actual comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, y el jefe del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, Adolfo León Hernández Martínez. Martínez Espinel fue, entre finales de 2004 y principios de 2006, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada, aunque ha asegurado en repetidas ocasiones que en esa etapa se limitó a labores administrativas. Hernández Martínez estuvo al frente del Batallón de Artillería Número 2 La Popa entre 2007 y 2009. Esta es una de las unidades más investigadas a lo largo de su historia por señalamientos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes cometidos bajo el paraguas de una guerra.

El trabajo de la JEP consiste, en palabras del magistrado Óscar Parra Vera, que participó en a presentación del estudio, en "analizar patrones". "Analizar contextos y analizar cierto de tipo de violencia y victimización. Por eso son tan importantes los informes que nos presentan, porque reúnen una serie de hechos y eso permite a la JEP tener un punto de referencia, que, es importante aclarar, será contrastado", explicó. "Estamos investigando macroprocesos, patrones. Estamos trabajando en la Costa Caribe, [en los departamentos de] La Guajira y Cesar y particularmente hemos avanzado en el batallón la Popa. También estamos analizando unidades miliares en el Catatumbo, Casanare, Huila y Antioquia". "El informe será analizado, será contrastado", continuó el magistrado, quien recuerda que en el último año la sala de reconocimiento del tribunal, encargada de seleccionar los casos, ya ha recibido 92 versiones voluntarias de militares que fueron mencionados en algunos informes. A partir de los próximos meses, el sistema de justicia espera continuar "con 80 versiones orales y 27 versiones de carácter escrito".

En su primer año de vida, la Jurisdicción Especial para la Paz ha priorizado siete grandes casos. Entre ellos, la investigación del secuestro sistemático cometido por las FARC; el reclutamiento forzoso de niños y niñas; la victimización del partido Unión Patriótica; y las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agente del Estado.

Un nombre que suena a eufemismo

En Colombia, el asesinato sistemático de civiles por parte del Ejército tiene un nombre que para muchos suena a eufemismo: falsos positivos. Así se conoce en el país a este oscuro episodio en el que, a cambio de incentivos como permisos y vacaciones, miles de civiles fueron registrados como guerrilleros muertos en combate con las fuerzas armadas. Y aunque la Fiscalía ha documentado al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales, la dimensión de esos hechos y las tácticas están saliendo a la luz pública con la presentación de militares ante la JEP. La inmensa mayoría de los casos se remontan a los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010).

El informe, que describe los caos de 278 víctimas, se enfoca en la presunta actuación de mandos militares de la Décima Brigada Blindada, llama la atención sobre el uso de unidades especiales del Ejército en la comisión de estas ejecuciones; y señala que del total de las víctimas, seis eran personas con algún tipo de discapacidad; ocho, menores de edad; seis, mujeres; y 35, indígenas de las comunidades Wayú, Kankuamo y Wiwa. La mayoría- agregan- eran personas pobres que recibieron falsas propuestas de empleo.

Una de las particularidades que señala el informe entregado a la JEP es que 131 víctimas habían sido sepultadas como NN, es decir, sin aclarar su identidad. Solamente cuando aparecieron fosas comunes y la Fiscalía cotejó datos de ADN y los publicó en sus medios, familiares de víctimas supieron de la suerte de sus parientes. También esta razón, el tribunal de paz considera muy valiosos este tipo de informes ya que pueden arrojar luz en el trabajo de búsqueda y localización de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Las dudas sobre los procedimientos del Ejército colombiano han desatado una tormenta política principalmente sobre el partido de Gobierno, el Centro Democrático, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Este acaba de salir airoso de una moción de censura porque la mayoría del Congreso sigue interpretando las denuncias sobre falsos positivos como un cuestionamiento a las fuerzas armadas, desvirtuando así el fondo de la cuestión. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó que el documento presentado este fin de semana "incluye evidencias contra el comandante del Ejército, general Martínez Espinel". "¿Hasta cuando seguirá en ese cargo?", se pregunta. El comandante ha rechazado todas las críticas. Pese a eso, la revista Semana acaba de revelar el clima de amenazas que sufren los militares que han denunciado procedimientos corruptos y falsos positivos en el seno del Ejército.

Bogotá 23 JUN 2019 - 20:31 COT

 

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Detenido Michel Platini por la adjudicación del Mundial de 2022 a Catar

El expresidente de la UEFA ha sido detenido en París "por actos de soborno activo y pasivo".

 

 

El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA Michel Platini ha sido detenido este martes dentro de la investigación que se sigue por corrupción en la concesión del Mundial de fútbol de 2022 a Catar, informaron medios franceses.

Platini está bajo custodia policial en los locales de la Oficina anticorrupción de la Policía Judicial en Nanterre, junto a París, según el diario digital Médiapart.

Platini, que fue presidente de la UEFA de 2007 a 2015, cumple una inhabilitación de cuatro años —que expira en octubre— por violar el código ético de la organización al aceptar en 2011 un cobro, autorizado por el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, de cerca de 1,8 millones de euros por trabajos hechos entre 1998 y 2002.

Además de quien fuera la estrella de la selección francesa ha sido detenida una antigua consejera del expresidente francés Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, mientras que el exsecretario general del Palacio del Elíseo Claude Guéant ha prestado declaración bajo el estatus de "sospechoso libre", según el diario Le Monde.

En 2016, la Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación por supuesta corrupción en la atribución del Mundial 2022 a Catar, por la que el propio Platini ya declaró como testigo en diciembre de 2017.

La investigación se centra en la reunión que mantuvieron en noviembre de 2010 las autoridades cataríes con Sarkozy y Platini en el Palacio del Elíseo, a la que también asistieron Guéant y Dion.

PARÍS

18/06/2019 11:12 Actualizado: 18/06/2019 11:33

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El Gobierno de Hong Kong anuncia la suspensión del polémico proyecto de ley de extradición

La ministra jefa, Carrie Lam, hace pública la decisión en una rueda de prensa

 

 

El Gobierno autónomo de Hong Kong ha anunciado este sábado la suspensión, sin fecha para retomarlo, del polémico proyecto de ley de extradición que permitiría por primera vez entregar sospechosos a China. El aplazamiento sine die representa una espectacular marcha atrás de la ministra jefa, Carrie Lam, que tras la manifestación de protesta hace una semana, en la que participaron un millón de personas, insistió en que seguiría adelante con los planes. Pero los opositores de la ley no lo interpretan como una victoria, sino una maniobra de Lam para ganar tiempo. E insisten en que mantendrán la presión y la nueva gran manifestación convocada para este domingo hasta que el proyecto de ley acabe definitivamente en la papelera.

“Tras repetidas deliberaciones internas en los últimos dos días, anuncio que el Gobierno ha decidido suspender la tramitación de la enmienda legislativa, empezar de nuevo nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, explicar más y escuchar los distintos puntos de vista de la sociedad”, indicó Lam, en una acalorada rueda de prensa en la sede de las oficinas del Gobierno de Pekín en Hong Kong.

El proyecto de ley tiene su origen en un caso de asesinato en Taiwán, del que es principal sospechoso un individuo actualmente preso en Hong Kong por otros delitos. El territorio autónomo solo puede entregar fugitivos a la veintena de países con los que mantiene un acuerdo de extradición. Es “un obvio vacío legal”, sostenía ministra jefa, al defender aún este sábado, tras el abandono al menos temporal del proyecto de ley, la necesidad de la medida.

Pero, en lugar de pactar un acuerdo con Taiwán, el Gobierno autónomo hongkonés planteó una reforma a la ley para permitir la extradición, siempre caso por caso, de sospechosos, tanto locales como extranjeros, a países con los que no mantuviera acuerdos. Incluido China.

Macarena Vidal Liy

Hong Kong 15 JUN 2019 - 09:36 COT

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El juez Fux, parte de la campaña para apresar y callar a Lula.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Luiz Fux, fue salpicado en el “Morogate” luego de que el portal The Intercept Brasil publicara nuevas conversaciones. El material revelado por Leandro Demori, editor ejecutivo del diario web, alumbra sobre mensajes que intercambió el ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, con el fiscal encargado de la causa Lava Jato, Deltan Dallagnol. En estas nuevas conversaciones Moro habría dicho que confiaba en el mencionado juez de la Corte Suprema, con la frase en inglés “In Fux we trust” (Confío en Fux). Tanto estos mensajes como los que fueron difundidos el domingo pasado datan de 2016 cuando Moro, en su calidad de juez responsable en la primera instancia, lideró la causa y posterior condena contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Desde el inicio del Morogate, el ahora ministro está señalado de no haber sido imparcial en el proceso. 

Según las nuevas revelaciones, el magistrado Fux habría brindado su apoyo al fiscal Dallagnol y a Moro para el desarrollo de las investigaciones en la causa. No así lo habría hecho el magistrado relator del Lava Jato, Teori Zavascki, quien apercibió a Moro por una escucha telefónica que consideró ilegal. 

En una parte de la conversación, el fiscal Dallagnol señala: “Dijo que contáramos con él para lo que necesitemos, una vez más”, a lo que Moro contestó: “Excelente. En Fux we trust”. Con las nuevas revelaciones de las supuestas conversaciones el magistrado Fux entra a formar parte del escándalo en la que ya están inmersos el ministro Moro y algunos fiscales que actuaron a su lado. Según The Intercept Brasil, Moro sugirió a sus colegas del Lava Jato cambiar el orden de las fases de la operación y otros procedimientos que según juristas estarían prohibidos por ley. La revelación de los mensajes, transmitidos por Telegram y que llegaron a The Intercept gracias a un “hacker” anónimo que intervino los teléfonos de los involucrados, causó un inmediato revuelo en Brasil y llevó a la defensa de Lula a reiterar que el exmandatario fue víctima de una “persecución política” y que el juicio en su contra estaba “viciado” y debería ser declarado nulo.

En una entrevista al periodista Reinaldo Azevedo, el editor del sitio brasileño afirmó que los mensajes son verídicos y forman parte del material que el sitio obtuvo gracias a una fuente no revelada. 

Mientras tanto, Moro anunció en la víspera que comparecerá ante el Senado el próximo miércoles para esclarecer las acusaciones. El ministro enfrenta además un pedido de renuncia que hizo la Orden de Abogados de Brasil. Sin embargo insistió, por su parte, en que las conversaciones divulgadas en ningún momento muestran que hubiera intervenido ilegalmente en el proceso. Una visión que comparte con el jefe de estado, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Así lo explicitó ayer el presidente de Brasil en declaraciones que ofreció a los medios en el Palacio del Planalto donde minimizó los efectos del Morogate. “Lo que hizo Moro no tiene precio. El realmente sacó para afuera y mostró las vísceras del poder y la promiscuidad del poder en temas de corrupción”, dijo ayer el mandatario. En sus declaraciones no sólo cuestionó el intercambio de mensajes sino que también afirmó que si sus conversaciones privadas tomaran estado público, él también sería criticado.

Pero Bolsonaro no sólo ofreció apoyo explícito a su ministro, también se mostró con él. El lunes asistieron juntos a una condecoración que la Orden de la Marina le ofreció a Moro. Y ayer fueron juntos a ver un partido del club Flamengo en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. 

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