Moro siempre ha sido un viajero frecuente a EE.UU como asistente a cursos y a dar conferencias.

Sergio Moro mantiene una estrecha relación con el país del Norte

 Del ministro de Justicia de Brasil, hoy en el centro de un escándalo, se dice que fue entrenado por el FBI. Moro queda expuesto por su propio pasado.

 

Hay una segunda Escuela de las Américas en Estados Unidos pero no forma ni necesita militares para cumplir sus propósitos. Es el Departamento de Justicia, dicta la doctrina a seguir para muchos funcionarios judiciales del continente y Sergio Moro es uno de sus mejores alumnos. La estrecha relación entre el ministro vedette de Jair Bolsonaro y EE.UU. explica en buena medida por qué el Lava Jato dejó en evidencia que su objetivo político era la proscripción de Lula. Las revelaciones del sitio The Intercept sobre cómo el ex juez de Curitiba direccionó su investigación para detener al ex presidente y sacarlo de competencia en las últimas elecciones lo dejaron desnudo. Pero además confirmaron lo que se sospechaba. Que Moro es un peón en el juego de la geopolítica norteamericana y de sus negocios, donde Washington jamás se queda de brazos cruzados. El ministro de Justicia brasileño también quedó expuesto por su propio pasado, además de por los chats cifrados de Telegram que filtró el periodista estadounidense Glenn Greenwald. 

Documentos de Wikileaks –como uno del 30 de octubre de 2009– prueban la influencia de   Estados Unidos sobre el Ministerio Público brasileño. Moro siempre ha sido un viajero frecuente a EE.UU como asistente a cursos y a dar conferencias. Ya en julio de 1998 participó del Programa de Instrucción para Abogados en la Escuela de Derecho de Harvard. Desde entonces no paró. En una de sus últimas incursiones en julio de 2016, brindó una conferencia en Washington DC sobre la importancia de los medios en el apoyo a investigaciones criminales. Algo que en Brasil cumplió con creces el grupo Globo, clave en la construcción de sentido que se hizo sobre el Lava Jato direccionada casi en exclusividad contra el PT.

Los antecedentes académicos del ministro de Justicia no dirían demasiado si no se relacionaran con otros de conocimiento público. La prestigiosa filósofa brasileña de la Universidad de San Pablo, Marilena de Souza Chauí, declaró hace tres años que Moro había sido “entrenado por el FBI” para atender los intereses de EE.UU. en el Lava Jato. El ex juez nunca la desmintió. Tampoco a los periodistas Daniel Giovanaz y Lourdes Nassif quienes en junio de 2017 escribieron un artículo titulado: “¿Agente de la CIA? ¿Entrenado por el FBI? Un rayo X en la relación de Moro-EE.UU.”

El 18 de marzo pasado Bolsonaro y su ministro de Justicia y Seguridad visitaron la sede de la CIA en Langley, Virginia, en un acto no oficial. Por la Agencia Central de Inteligencia pasó William P. Barr entre 1973 y 1977, el actual secretario de Justicia estadounidense. Un duro contra la inmigración que asumió el cargo en febrero de este año y que ya en 1992 planteaba levantar una barrera en la frontera con México. Moro se reunió con él durante el viaje a EE.UU., aunque era previsible por su condición de ministros de la misma área. 

El prestigioso historiador brasileño Luiz Alberto Moniz Bandeira, experto en Estados Unidos, también alertaba sobre la estrecha relación del ministro con ese país en una entrevista de PáginaI12 del 20 de junio de 2016: “Moro realizó cursos en el Departamento de Estado en 2007. En 2008 pasó un mes en un programa especial de entrenamiento en la Escuela de Derecho de Harvard, acompañado por su colega Gisele Lemk. Y en octubre de 2009 participó de la conferencia regional sobre ‘Illicit Financial Crimes’ promovida en Rio de Janeiro por la Embajada de los Estados Unidos”. 

El ministro también se desempeña en la Red Internacional Laureate, una de las instituciones educativas y privadas más influyentes en Estados Unidos que compró varias universidades en Brasil. Moro es profesor de la que está ubicada en Curitiba. Desde ahí solía defender hasta hoy las prisiones preventivas como las que aplicó en el marco del Lava Jato. 

El ex juez se queja ahora de que The Intercept violó su privacidad o de que le pincharon el teléfono, pero en plena campaña electoral en Brasil filtró el contenido de la delación premiada al ex ministro de Justicia de Lula, Antonio Palocci, para favorecer las chances electorales de Bolsonaro. Pasó una semana antes de los comicios. Los fiscales que se complotaron con Moro para condenar al ex presidente con pruebas escuálidas también marcharon contra el PT en algunas movilizaciones. La Justicia contaminaba así el Lava Jato

Pero hay más sobre el ministro que llegó a ser elegido por la revista Time como uno de los cien personajes más influyentes del mundo en 2016. Según el portal Jornalistas Libres de Brasil, el juez creyó que podía tomar ciertas medidas desde su juzgado sin respetar cuestiones básicas del derecho: “Moro determinó en 2007 la creación de documentos de identidad falsos y la apertura de una cuenta bancaria secreta para uso de un agente policial estadounidense en Brasil, en una investigación conjunta con la Policía Federal. Especialistas en Derecho Penal apuntaron ilegalidad en la acción determinada por el juez paranaense. Recuerde el caso”, señaló en un artículo el sitio Brasil de Fato el 5 de junio de 2017.

La influencia de los fallos firmados por Moro en Brasil ha sido tal que de alguna manera quedó blanqueada en un fallo del Tribunal Federal de Porto Alegre (TF4) sobre el escándalo de los sobornos: “La operación Lava Jato no debía seguir las leyes del país por ser excepcional”. La justicia extraterritorial busca favorecer los intereses económicos de las compañías de Estados Unidos y sacar del medio a sus competidoras de otros países.

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Lunes, 10 Junio 2019 06:41

​​​​​​​Brasilgate

El presidente Jair Bolsonaro y su ministro y ex juez Sergio Moro.

Un prestigioso investigador norteamericano ganador del Premio Pulitzer difundió intercambios comprometedores por Telegram entre Sergio Moro, el juez que condenó a Lula y actual ministro de Bolsonaro, y los fiscales de la fuerza de tareas que diseñaron las falsedades que llevaron a prisión al ex presidente.

 

La rama brasileña de la revista web The Intercept dijo haber recibido material desclasificado con escuchas que probarían el comportamiento ilegal de las autoridades judiciales en la Operación Lava Jato, que sirvió como coartada para el golpe de Michel Temer contra Dilma Rousseff en 2016, justificó la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 y creó las condiciones para el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro y su asunción como presidente el 1ª de enero de 2019.

Las conversaciones fueron mantenidas por el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que entonces era el juez instructor contra Lula, y el fiscal Deltan Dallagnol, jefe de la llamada fuerza de tareas del Ministerio Público Fiscal. 

El artículo fue escrito por Glenn Greenwald, un columnista y experto en derecho constitucional norteamericano que trabajó para el diario inglés The Guardian y posibilitó que un equipo de ese diario y del The Washington Post ganaran un premio Pulitzer en 2014 por una investigación sobre el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Fue uno de los temas que reveló el ex miembro de la NSA Edward Snowden. Greenwald vive en los Estados Unidos y en Brasil, donde reside su pareja. 

The Intercept dijo que sus textos se basan en chats privados, grabaciones de audio, videos, fotos y documentación judicial provistos por lo que definió como “una fuente anónima”. También el caso más famoso de revelaciones que llevaron a la caída de un presidente, Richard Nixon en los Estados Unidos, tuvo una única fuente, y también anónima, que la historia conoció como “Garganta profunda”. Su identidad se supo recién a su muerte: era Mark Felt, fallecido en 2008 después de una larga carrera en el FBI, la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. Sus informaciones fueron claves para que los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, de The Washington Post, pudieran develar la trama que se escondía detrás del espionaje a Watergate, el edificio que albergaba la sede del Partido Demócrata, de oposición a Nixon. 

The Intercept Brasil publicó tres artículos con el material en portugués y elaboró una traducción al inglés para la difusión global del escándalo que sacude a Brasil y al mundo entero: anoche los tuits sobre este verdadero Moro Gate estaban entre las primeras cuatro tendencias mundiales de Twitter. 

La web decidió publicar el material porque entendió que la significación de las revelaciones “podría tener consecuencias enormes sobre los indicios y supuestas pruebas de la Operación Lava Jato”. Recuerda The Intercept que Lava Jato no fue solo una de las llaves de la demolición del Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma sino también el argumento para que Bolsonaro le fabricara a Moro un superministerio de Justicia con poderes de vigilancia y espionaje sin precedentes en la historia brasileña. 

Si hasta ahora Moro y Dallagnol pudieron mantener el secreto sobre cómo armaron el complot judicial, ese secreto comienza a agrietarse con los datos revelados por The Intercept.

“Los procesos judiciales viciados por el fraude en el Lava Jato deben implicar la libertad inmediata de Lula”, escribió anoche a las 21.30 Dilma Rousseff.  

 

Anti PT

 

Dallagnol es el funcionario judicial al que Lula acusó de haber armado un Power Point sin pruebas para incriminarlo. Sobre Moro, Lula suele recordar que el juez dijo haber actuado sobre la base de su convicción íntima. 

Los materiales contienen pistas de que los fiscales de la fuerza de tareas hablaban abiertamente de su objetivo de frenar un triunfo del PT en las elecciones de octubre de 2018. 

The Intercept aclaró que no incluyó en la difusión cuestiones de la vida privada de los protagonistas sino solo las informaciones que tuvieran relación con el interés público. También explicaron que, como es de práctica en otros países, “no requerimos el comentario de las altas autoridades mencionadas antes de publicar porque no quisimos advertirles por anticipado sobre nuestra tarea y porque los documentos hablan por sí mismos”. Sin embargo, la web difundió que en la noche de ayer una comunicación pública de la fuerza de tareas no desmintió el contenido. Solo dijo que había actuado con respeto de la legalidad. 

Antes de acusar a Lula por la supuesta posesión de un triplex en el balneario de Guarujá, que según la fuerza de tareas fue producto de un soborno empresario, Dallagnol se franqueó de esta manera: “Van a decir que estamos acusando sobre la base de una noticia de un diario y con indicios débiles… Entonces hay que atar el tema a algo bien fuerte. La ligazón entre Petrobrás y el enriquecimiento. Tenemos que preparar las respuestas correspondientes y tenerlas listas en la punta de la lengua”. 

Se refería a un artículo publicado por el diario O Globo en 2010, que atribuía el triplex en un balneario popular a Lula. 

Cuando Dallagnol fue criticado, Moro lo confortó: “Definitivamente las críticas a la exposición de ustedes son desproporcionadas. Siga firme”. 

Después de la decisión de la Corte Suprema de otorgarle la libertad a Alexandrino Alencar, que ocupaba la dirección de relaciones institucionales de Odebrecht, Dallagnol le preguntó a Moro que resolviera el tema en el mismo día y pusiera al directivo de la constructora otra vez en prisión. En sus mensajes con los fiscales, Dallagnol llamaba “russo” a Moro. 

En otro momento, el 21 de febrero de 2016, Moro sugirió invertir el orden de las operaciones planificadas por los fiscales. 

Dallagnol y su fuerza de tareas de 13 fiscales con sede en Curitiba, donde Moro era juez, parecía tener dudas de la solidez de la prueba. La gran duda era, justamente, si Lula había recibido como regalo el departamento en la playa para favorecer a la constructora OAS en sus contratos con Petrobrás. 

En los intercambios con sus funcionarios no aparece ninguna prueba concreta aportada por ninguno de ellos. Era importante porque, de otro modo, el caso no podría ser sustanciado en Curitiba, donde las acciones de OAS ya estaban bajo la lupa. Los fiscales de San Pablo reclamaban la competencia sobre el tema. Los paulistas ya investigaban el caso Bancoop. El grupo de fiscales de San Pablo había establecido, sin embargo, que el caso Bancoop había comenzado cuando nadie hablaba de una presunta corrupción en Petrobrás, conocido en Brasil como “petrolao”. Pero si la causa viajaba hasta San Pablo quedaría fuera de la órbita de Moro. Por eso era necesario relacionarlo con OAS y con los escándalos de Petrobras. 

En uno de los mensajes de Telegram Dallagnol dio instrucciones de cómo debía ser presentada la denuncia: “Las imágenes tienen que ser claras. Un circulo central y otros círculos alrededor, o sea evidencias de que Lula era el dueño”. Ese fue el origen del famoso Power Point que pocos días después presentaría a los periodistas.

 

“Chiste” 

 

Los fiscales llegaron a discutir formas de disminuir el impacto de una entrevista del ex presidente Lula a la columnista de la Folha de Sao Paulo Mónica Bergamo. La entrevista había sido autorizada por el ministro de la Corte Suprema (el Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski porque esa entrevista podría “hacer que elijan a Haddad” y “permitir la vuelta del PT” al gobierno. 

Haddad es Fernando Haddad, ex ministro de Educación y candidato del PT contra Bolsonaro. Perdió en segunda vuelta a pesar de haber obtenido 47 millones de votos. 

La entrevista a Lula se realizaría menos de dos semanas antes de la primera vuelta de las elecciones.

En los diálogos entre los fiscales queda en evidencia, según The Intercept, que “los procuradores no son actores apartidarios y apolíticos sino que más bien parecen motivados por convicciones ideológicas y originados en el deseo de que el PT no vuelva al poder”. 

Convencida, en apariencia, de que los diálogos entre los fiscales se mantendrían privados para siempre, la fiscal Laura Tessler dijo el año pasado: “Parece un chiste. La entrevista se va a convertir en una cadena. Y después de Mónica Bergamo otros periodistas repetirán lo mismo. Y nosotros acá nos quedamos haciendo el papel de payasos”.

Otra fiscal, Isabel Groba, puso esto en la conversación: “Mafiosos!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. 

Tessler dijo que una rueda de prensa de Lula “antes de la segunda vuelta puede hacer que lo elijan a Haddad”.

En paralelo, según The Intercept, Dallagnol hablaba con una amiga que en Telegram se identificaba como “Carol PGR”. PGR significa Procuración General de la República, el organismo supremo de los fiscales. 

Alarmada por la entrevista y la eventual rueda de prensa de Lula, Carol PGR envió varios mensajes a Dallagnol:

  • “Estamos en un tren sin mando y no sé qué nos espera”.
  • “La única certeza es que estaremos juntos”.
  • “Me preocupa mucho una vuelta del PT, pero le recé mucho a Dios para que ilumine a nuestra población para que un milagro nos salve”.

Cuando era evidente que la entrevista se haría igual, los fiscales hasta discutieron qué le ofrecería menos ventajas a Lula. Si una entrevista con Bergamo o una rueda con varios periodistas. 

El magistrado Januário Paludo incluso sugirió un plan: “Abrir la posibilidad de que todos hagan una entrevista el mismo día disminuiría la chance de que sea direccionada”.

Otro fiscal, Athayde Ribeiro Costa, sugirió que la Policía Federal actuase para que la entrevista se realizara después de las elecciones. La interpretación amañada sería que el permiso de la Corte Suprema se estaría cumpliendo de ese modo pero que a la Policía Federal le correspondía agendar la entrevista. “Que la agende para después”, dijo.

En ningún momento Dallagnol se mostró molesto con el tono de las opiniones de los integrantes de su fuerza de tareas que se comunicaba dentro de un grupo de Telegram. 

En alusión a Raquel Dodge, procuradora general de la República, que no quería apelar la autorización de la entrevista, dijeron: “Ella piensa que si Haddad gana la va a nombrar en el Supremo Tribunal Federal”. Y otro comentario fue éste: “Qué payasada... Adora jugar para la platea. Quiere ganar el apoyo de la prensa”. 

Los indicios sobre el complot recién empiezan. La sombra de Nixon parece proyectarse sobre Moro y Bolsonaro.

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Trump declara la guerra a las joyas tecnológicas de Silicon Valley

Unas guerras de Trump son de puro bluff. Otras son vulgarmente electoreras. Y otras son verdaderas.

En la taxonomía de las "guerras de Trump" se puede categorizar que la guerra que libra contra las joyas tecnológicas de Silicon Valley es verdadera.

WSJ, muy cercano a Trump, reportó que el Departamento de Justicia –el mismo que abrió el pestilente asunto de Odebrecht en toda Latinoamérica– inició una investigación antimonopolio ( anti-trust) contra Alphabet/Google, susceptible de "presentar una nueva línea de escrutinio regulatorio" (https://on.wsj.com/2IerSMR).

La hasta ahora indolente Comisión Federal Comercial (FTC, por sus siglas en inglés) –la autoridad antimonopolio dentro del Departamento de Justicia– se alista a un choque con los gigantes tecnológicos de Silicon Valley y ha creado una nueva comisión para desmantelar las adquisiciones del tipo de las que realizó Facebook con Instagram.

El mundo legal en EU es de los más caros y complejos del planeta y FTC ha contratado abogados que manejan "nuevas teorías antimonopolio" que pueden facilitar la atomización de empresas pantagruélicas como Amazon que llegó a un valor de "capitalización de mercado" de un billón de dólares –como Apple–, equivalente al PIB de México, la quinceava economía global.

La FTC había iniciado en 2013 una amplia investigación de Google, pero Obama se rajó.

A un año y medio de la crucial elección presidencial, el tema monopólico del GAFAT (Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter) es de alto impacto.

La senadora Elizabeth Warren, candidata presidencial del Partido Demócrata, ha lanzado una vigorosa campaña para la atomización de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley.

Steve Bannon, estratega de Trump, declaró la guerra contra el "globalista" monopolio del GAFAT y arremetió contra la “destructiva presidencia de Baby Bush” a quien despreció de “instrumento de los globalistas (https://politi.co/2QGRRk4), al unísono de los "malignos" jerarcas de Silicon Valley: "2/3 partes o 3/4 partes de sus administradores provienen de Asia" y "roban los empleos de los estadunidenses" (https://bit.ly/2Wlg8C7).

The Washington Post reveló que su matriz Amazon será escrudiñada por antimonopolio ahora que ha pasado bajo la jurisdicción de FTC (https://wapo.st/2WaU0FV).
Uno de los peores pecados capitales que cometió GAFAT, en particular, el maligno Twitter, es haber censurado en forma selectiva la sacrosanta libertad de expresión para favorecer sus intereses neofascistas/neoliberales/neopinochetistas en Latinoamérica, debido a su "manejo" por el español Pepe López de Ayala, aliado del cadavérico Partido Popular (https://bit.ly/2vmxf6V).

En EU, donde Twitter cuenta con otra gerencia, ha sido imputada de perseguir la agenda de la "derecha": Trump y varios pesos pesados del Partido Republicano se han quejado que "Facebook, Google y Twitter inc, suprimen las posturas conservadoras".

Silicon Valley apoyó a Hillary Clinton contra Trump. Quizá esa fue la razón por la que Obama se rajó de perseguir al monopolio del GAFAT.

El cofundador Chris Hughes había fustigado a Facebook, en la fase de su único patrón Mark Zuckerberg –quien detenta 60 por ciento de las acciones–, como una "amenaza a la democracia" (https://bit.ly/2LCGzOU) al "controlar tres plataformas esenciales de la comunicación: Facebook/Instagram/WhatsApp".

También WhatsApp ha sido denunciada desde Brasil hasta India de manipular las tendencias electorales (https://bit.ly/2vXbwm1).

FTC se dispone a investigar a Facebook por prácticas monopólicas (https://on.wsj.com/2Kp5aob) y Bloomberg, muy hostil a Trump, enuncia que el escrutinio antimonopólico de Google, Apple y Facebook, afectó sus cotizaciones bursátiles (https://bloom.bg/2XmGIrh).

Según Shira Ovide, "Google debería estar muy temerosa. Pero muy temerosa" (https://bloom.bg/2XptvxB).

Desde hace mucho que GAFAT ha sido colocada en la picota bipartidista en EU y, en especial, en Europa, donde ha empezado a ser aplacado el máximo Leviatán tecnológico de todos los tiempos que ha sometido al género humano a una esclavitud invisible.

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Jueves, 30 Mayo 2019 09:25

La JEP, con vida. Hasta ahora

La JEP, con vida. Hasta ahora

El 29 de mayo no fue un buen día para el gobierno Duque ni para su partido. Sin duda. Dos fallos judiciales obligaron, a quienes pretenden un total entierro de tercera para los Acuerdos de Paz firmados en La Habana con las Farc, a pasar tragos amargos. Uno de los fallos da al traste con la pretendida reforma de la Justicia Especial de Paz (JEP), y el otro le otorga la libertad a Jesús Santrich, reconocido por la Corte Suprema de Justicia como congresista electo y, por lo tanto, con fuero, lo que remite su caso ante esta Corte.


En el primero de los fallos, la Corte Constitucional ratificó que en debate surtido en el Congreso semanas atrás, las pretensiones reformistas del Ejecutivo habían sido derrotadas y que las sumas de su Mesa Directiva, que alegaba que el quórum era de 96 no corresponde a la realidad pues el mismo se ajusta en 94 ya que Iván Márquez y Aida Merlano, elegidos pero no posicionados por diferentes circunstancias, no pueden ser sumados.


El fallo llevará al Centro Democrático, seguramente, a buscar otras vías para persistir en su propósito de explosionar la JEP, una instancia que teme el uribismo, amedrantado ante el posible ventilador que prenda alguno de los cientos de militares y paramilitares que tomarán asiento ante esta instancia del proceso de paz. Pretensiones de este partido unipersonal que también ayudarán a crispar la coyuntura nacional en la medida que los días pasen y se acerquen las elecciones territoriales. Atizar el odio contra las Farc, reclamar su total sometimiento –más allá de lo firmado en La Habana–, situarlos como narcotraficantes, maniobrar con denuncias de todo tenor, algunas seguramente ciertas pero en su gran mayoría fake news. Toda una estrategia electoral a la que no renunciarán. Aquí no se trata de divide y reinarás sino de miente, manipula, confunde, potencia odios y vencerás.


En todo caso, toca esperar el desarrollo de esta coyuntura para ver si al final logran su cometido.


Se abre la jaula


Por otro lado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tomando como base lo ya fallado por el Consejo de Estado, al revisar el caso de Jesús Santrich, reconoció de manera unánime su fuero como congresista, y ordenó su inmediata libertad.


Las reacciones no se hicieron esperar, y el presidente Iván Duque, sin poder ocultar el odio que profesa contra los miembros de la otrora Farc, sin reparar en la división de poderes que dice respetar, ladró: “Santrich es un narcotraficante”.


El fallo de la Corte regresa el proceso de este mando fariano a una instancia inicial, toda vez que ahora los magistrados revisarán las denuncias, pruebas y demás, para tomar una decisión ante el supuesto delito del que le acusan, y la solicitud de extradición que ahora los Estados Unidos deberá tramitar ante esta instancia judicial.


El fallo, de otro lado, desnuda todas las arbitrariedades cometidas por la fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez, jurista que dicen que es y que por lo tanto debía ser consciente que sus procedimientos no se compadecían con la legalidad que siempre reclaman para la “democracia” colombiana. De acuerdo con esto, Santrich no podía ser detenido como lo fue, ni mantenido preso durante todos estos meses. “Justicia” al servicio del poder. Justicia para someter.


En este caso, como en la mal contenida rabia del Presidente colombiano, queda al desnudo que la única paz que buscan en el alto gobierno y por parte de los círculos de poder que lo rodean, es el del sometimiento y humillación de sus enemigos, ojalá su muerte, eso sí, hay que lograr que pase como un “falso positivo”.


En ambas decisiones de los jueces, el establecimiento descansará cuando logre revertir los fallos, en el primer caso extirpando la JEP, en el segundo depositando al mando fariano en un ataúd norteamericano, perdón, en una cárcel gringa.

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Se cae la acusación de que Lula es dueño de una propiedad en Sao Paulo entregada como soborno

Brasilia. La aceptación de solicitud de venta de una propiedad atribuida a Luiz Inácio Lula da Silva en el municipio Atibaia, en Sao Paulo, como pago por presuntos favores políticos, echó por tierra ayer acusaciones contra el ex presidente brasileño.

El ministerio público federal fue favorable a la solicitud de autorización del empresario Fernando Bittar, quien es el dueño del inmueble, para venderlo.

Tal aprobación refuerza los argumentos presentados por la defensa del ex mandatario de que no tiene nada que ver con la posesión, como argumentan los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato.

El portal Brasil 247 indica que el proceso contra el ex dirigente izquierdista, "sin pruebas y sin crimen, produce anomalías jurídicas".

Lula fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción pasiva, activa y lavado de dinero, sin haber probado ninguna acusación. El proceso ahora está en el tribunal federal de la cuarta región para juicio en segunda instancia.

El sitio de noticia señala que la condena fue dictada por la juez Gabriela Hardt, en una "sentencia inmoral por ser una literal copia y pega" de las acusaciones del caso del departamento de Guarujá, con extractos del fallo emitido por el cuestionado ex juez Sérgio Moro, incluidas las inconsistencias.

Durante el juicio, Lula nunca negó que frecuentaba el inmueble de sus amigos.

Pero los fiscales alegan que el ex gobernante era el dueño oficial y fue beneficiado por supuestas reparaciones realizadas por la empresa Odebrecht en el inmueble.

Dicha constructora brasileña está envuelta en una ola de escándalos por corrupción en casi toda América Latina.

La anomalía está justamente en el hecho de que Lula no es el dueño de la propiedad, sino Bittar, conforme el ministerio público reconoce al aceptar su pedido de venta.

Por otra parte, Lula, quien ayer cumplio 416 días en prisión, envió una carta al Salón del Libro Político en Sao Paulo. "Leer es un acto político. No es casualidad que nuestros adversarios, al mismo tiempo que intentan criminalizar la política e impedir toda forma de activismo, atacan con tanto odio el saber, el conocimiento. Quieren más armas y menos libros", escribió Lula en la misiva leída por el actor Sérgio Mamberti.

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Espionaje de Monsanto y nueva sentencia millonaria

Dos mil millones de dólares por daños. Es la cifra que un tribunal de Oakland, California, sentenció a Monsanto (ahora propiedad de Bayer) a pagar al matrimonio Alberta y Alva Pilliod, más 55 millones de dólares por costos médicos y de juicio, por haberles causado cáncer con su herbicida RoundUp. Al mismo tiempo, en Europa, el diario francés Le Monde reveló extensas operaciones de espionaje de Monsanto a periodistas y funcionarios públicos.

El abogado de los Pilliod –que tienen actualmente 70 años y han tenido cáncer linfoma no-Hodgkin por más de una década– pidió compensación por daños punitivos por mil millones de dólares, pero el juez, siguiendo las declaraciones unánimes del jurado, decidió doblar la suma. Esto, según explicó el jurado, para sentar ejemplo, porque de acuerdo con las evidencias presentadas Monsanto actuó a sabiendas de los efectos que tendría sobre los afectados y ocultando información intencionalmente. Según la agencia Bloomberg, es la octava suma más alta en Estados Unidos de compensación por daños debido a un "producto defectuoso".

Sin embargo, no se trata de un "producto defectuoso". Es un agrotóxico herbicida que cumple el objetivo biocida para el que fue diseñado. Además de matar plantas y otras formas de vida en los cultivos, también es cancerígeno para animales y humanos. Monsanto lo sabía desde la década de 1980, pero en lugar de advertir sobre el riesgo se dedicó a ocultarlo, tanto en el etiquetado como a través de manipulaciones mediáticas, pagando a académicos para escribir artículos "científicos" falseados y corrompiendo o engañando funcionarios en agencias regulatorias (https://usrtk.org/monsanto-papers/).

El principal ingrediente de RoundUp es glifosato, inventado por Monsanto y por el que tuvo una patente monopólica por 20 años que le rindió cuantiosas ganancias. Cuando la patente estaba por vencer inventó los cultivos transgénicos tolerantes a su propio herbicida RoundUp, con lo que siguió dominando el mercado con la venta casada de la semilla y el agrotóxico.

Un elemento importante que quedó claro en este juicio es que además de la toxicidad propia del glifosato, los surfactantes y otros ingredientes del RoundUp –agregados para enfrentar la resistencia de malezas al glifosato– son también altamente tóxicos. Esto es muy relevante, porque las regulaciones sobre agrotóxicos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, no exigen a las empresas evaluaciones de inocuidad de estos componentes secundarios, cuyo uso ha aumentado vertiginosamente debido a la resistencia por la expansión de cultivos transgénicos tolerantes al herbicida.

Como refiero en un artículo anterior (El veneno que nos legó Monsanto, La Jornada, 11/05/19), este es el tercer juicio contra Monsanto-Bayer ganado por las víctimas. Bayer apelará esta sentencia, pero hay otros 13 mil 400 juicios en proceso y siguen creciendo (https://tinyurl.com/y6y5xaor).

Poco antes de esta sentencia, el diario francés Le Monde denunció que Monsanto había contratado en 2016 a la firma de relaciones públicas FleishmanHillard, que realizó un fichaje de 200 personas que consideraba relevantes en la regulación de glifosato, agrotóxicos y transgénicos. El expediente se conformó mientras la Unión Europea estaba discutiendo si suspendía la autorización de uso de glifosato, que finalmente decidió prolongar cinco años más, debido justamente al masivo cabildeo empresarial.

El fichaje confidencial realizado por FleishmanHillard para Monsanto en Francia abarcó periodistas de Le Monde y otros medios, funcionarios públicos, parlamentarios, dirigentes de organizaciones civiles, ambientalistas y de agricultores, académicos y científicos. En la lista figura también Ségolène Royal, ex candidata a presidenta. Más de la mitad de los espiados son periodistas. La empresa seleccionó y agrupó en una tabla a 74 "objetivos prioritarios", dividos en cuatro grupos: personas a vigilar, personas a educar, aliados y potenciales aliados a reclutar. Además de nombre y lugar de trabajo incluyeron sus direcciones y actividades personales, gustos, preferencias y opiniones políticas. Registrar este tipo de información sin consentimiento es ilegal en Francia, por lo que la justicia francesa inició una investigación a partir de la demanda de Le Monde. Podría ocasionar multas de 300,000 euros y hasta cinco años de prisión.

Bayer dijo desconocer las actividades de espionaje de Monsanto, pese a que tenía hasta ese momento un contrato con la misma firma, pero luego de encargar una investigación, el 21 de mayo, se disculpó por el espionaje. Informó además que "partían de la base" de que FleishmanHillard había realizado actividades similares en Alemania, Italia, Holanda, Polonia, España y Reino Unido, además de Francia.

Tanto Monsanto-Bayer como FleishmanHillard son empresas trasnacionales, por lo cual es lógico pensar que las actividades de espionaje y fichaje de opositores no se restringen solamente a estos países, ni solamente a Monsanto y Bayer. Todas las empresas de transgénicos, DuPont, Dow, Syngenta, además de Monsanto y Bayer, han contratado firmas, como FleishmanHillard, para campañas encubiertas en favor de transgénicos y agrotóxicos. No tienen argumentos para dar un debate abierto y honesto.

Por Silvia Ribeiro *

 Investigadora del Grupo ETC

 

El caso Santrich tiene en vilo a Colombia

En 48 horas Santrich intentó suicidarse, lo liberaron, lo llevaron a la Fiscalía, al hospital y de nuevo a la cárcel. EE.UU. pide su extradición.

 

Mientras sus familiares lo visitan, una médica intenta que Jesús Santrich se ponga de pie sin conseguirlo. Es domingo. El ex comandante guerrillero sigue en silla de ruedas. Está pálido, “pero con plena conciencia y con el compromiso de continuar el acuerdo de paz”, aseguró el senador Iván Cepeda a medios hacia las cinco de la tarde, tras una visita humanitaria de parlamentarios que siguió a las personales: horas antes sus familiares pudieron comprobar lo que los medios y sus abogados informaron desde el pasado viernes: que se había cortado la venas. “Estaba vendado y débil, intentó levantarse con un poco de dolor”, le explicó uno de los miembros de su familia a PáginaI12, quien, a la par con las declaraciones de los congresistas, destaca que su estado de ánimo actual es una “una mezcla de alegría y rabia”.


Desde el 15 de mayo, la Jurisdicción Especial de Paz (Jep) que se creó gracias al Acuerdo de Paz que el mismo Santrich ayudó a negociar y redactar, ordenó su libertad por no haber recibido pruebas de que estaría conspirando para enviar coca a Estados Unidos después de diciembre de 2016, cuando se firmó dicho acuerdo que hoy el equipo de Santrich, los progresistas colombianos y la comunidad internacional exigen respetar. Esto descandenó la renuncia del cuestionado fiscal general Néstor Humberto Martínez quien ha dado escasos resultados en investigaciones y castigos en el caso Odebrecht, y quien habría aceptado ante medios de comunicación en las últimas horas que las pruebas que reunió la DEA (Estados Unidos) sobre el presunto delito de Santrich habrían sido recolectadas de manera ilegal. “Eso fue lo que más le sorprendió de todo lo que le contamos”, relató el congresista Benedicto González, quien comandó por áños junto a Santrich el Bloque Caribe y hoy ocupa la banca de congresista del rebelde que intentó quitarse la vida cuando sus abogados le informaron que el gobierno colombiano preparía su extradición la mañana del pasado viernes. Ese día, Colombia transitó todos los altibajos posibles en una historia judicial: Santrich intentó suicidarse, le salvaron la vida, lo sacaron libre, lo recapturaron en la puerta de la cárcel, lo subieron a un helicóptero, lo llevaron al búnker de la Fiscalía, sus seguidores se pelearon con la prensa, le dio un paro cardio respitario, lo llevaron al hospital y, finalmente, en la madrugada del sábado al domingo, una jueza legalizó su captura.


¿Estaba inconsciente Jesús Santrich cuando se realizó la audiencia de legalización de captura?, preguntó este diario a los parlamentarios que respondieron que Seusis Hernández, nombre de pila de Santrich, perdió la conciencia plena tras su intento de suicidio. “Pidió que aclararámos que lo hizo con plena convicción (...) después de eso recuerda estar con la Misión de Naciones Unidas en La Picota y luego no recuerda nada”, aseguraron en rueda de prensa. Si recuerda que lo llevaron en helicóptero, si le aplicaron medicinas (su defensa dice que le inyectaron algo que le provocó el paro cardíaco), si tuvo alucinaciones, preguntó la prensa. “No, no estaba consciente”, responden confirmando el parte médico de la madrugada del viernes cuando un par de galenos informan que lo encontraron delirando: aseguraba estar ante un río, pensaba que había perdido un ojo y decía que estaba en la montaña.


En el Hospital Mederic, el jefe médico indicó que no estaba en condiciones de que se le practique la audiencia que finalmente se realizó desde el sábado hasta la madrugada de ayer durante unas diez horas y estableció que su captura fue legal. Sin embargo, la Procuraduría interpuso un recurso asegurando que no lo fue; pero horas después apartaron al procurador que emitió este concepto asegurando que los derechos de Seusis fueron violados. “La presión es mucha, por todos lados, pobre señor como lo tienen”, aseguran reporteros en las afueras del búnker. “Que no nos oiga Uribe”, dicen temorosos de represalias pues, con el caso Santrich, se ha dejado en evidencia que aunque no hubo pruebas para la extradición y no solo la Jep sino también el Tribunal Superior y la misma Fiscalía ordenaron su libertad, las instituciones están actuando “de manera política, no en derecho”, como asegura Benedicto González para quien todo ha sido ilegal en el caso de su líder.


La Fiscalía asegura que reunió nuevas pruebas de que estaría preparando un envío de coca a Estados Unidos por lo tanto habría cometido “concierto para delinquir” y otros delitos. Y consiguió con este material –que aún no hace llegar a la JEP pese a que es la autoridad para valorar las mismas dado que Santrich se acogió al Proceso de Paz– una orden de captura que se hizo efectiva incluso antes de que el hombre –visiblemente débil, su defensa dice cedado– atravesara las puertas de la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá. La euforia, rabia y desconfianza que se formó entonces y minutos después cuando lo subieron a un helicóptero se vivió también en las sedes del partido FARC y los espacios de reincorporación que desaparecerían en agosto próximo. Desde La Guajira, el ex comandante “Silfredo”, quien por años anduvo con Santrich en el Caribe colombiano alzados en armas, le dijo a este diario que los ex combatientes tienen mucho “descontento con todo lo que ha venido pasando, y no solo nosotros sino la comunidad, la misma Fuerza Pública y todos los aliados que hemos conseguido en esta paz; esta apuesta del Acuerdo es un esfuerzo conjunto y afecta a todos, a todos, no solo a los ex combatientes. La gente está inconforme; no podemos confiar así”.


Entre tanto, el gobierno colombiano y el partido FARC enviaron el mismo mensaje a los más de 10 mil hombres y mujeres que dejaron las armas en 2017 a cambio de reformas profundas en Colombia, y de un tribunal de paz que hoy Fiscalía y el gobierno de Iván Duque deslegitiman, atacan y desconocen: piden calma y compromiso de paz a los ex insurgentes, pese a que el Estado no ha logrado cumplir a cabalidad con los proyectos productivos ni las tierras ni las garantías de seguridad prometidas en el Acuerdo para su reincorporación. Pese a esto Santrich, desde su frío lugar de reclusión en el búnker, envió un mensaje de compromiso con el Acuerdo de Paz que, de cumplirse, dejaría al hombre en libertad pues no hay pruebas de que haya estado en el negocio del narcotráfico después de 2017, pese a que múltiples videos y versiones siguen circulando y unas nuevas serán presentadas hoy en una nueva audencia donde se le imputarán cargos. A la luz del tratado de paz que el mundo entero aplaudió entregando incluso un Nobel al ex presidente Santos y las víctimas, es la Jurisdicción Especial la que debe valorar el material que la Fiscalía habría reunido para determinar la fecha. Pero la última semana toda medida judicial estuvo mediada por las órdenes del Palacio de Nariño, que además resultó cuestionado por el New York Times que acusa al Ejército de Colombia de regresar a las políticas de las ejecuciones extrajudiciales.

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No extradición de Santrich y renuncia del Fiscal

La Justicia Especial para la Paz —JEP—, como lo esperaba la mayor parte de los colombianos, decidió no conceder la extradición de Jesús Santrich, porque ese tribunal no encontró los elementos jurídico-probatorios suficientes para conceder la petición hecha por una corte de los Estados Unidos.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en show mediático del 9 de abril de 2018, salió a decir que tenía “pruebas contundentes”, que vinculaban al exnegociador de las Farc en La Habana, con el envío de diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos, después de la fecha en que se habían firmado los Acuerdos de Paz entre el gobierno y esa guerrilla. Los juristas y legos en la materia, se quedaron esperando esas pruebas porque el jefe del ente acusador jamás las presentó.

Comoquiera que la JEP no encontró las pruebas que el Fiscal decía tener, ofició a la justicia estadounidense para que se las hiciera llegar. Después de que la carta de solicitud de pruebas durara extraviada más de cuarenta días, la justicia especializada de Colombia insistió en su requerimiento. Pero la justicia norteamericana contestó que no tenía por qué enviar pruebas toda vez que en una política de colaboración entre los dos Estados, Colombia debía aceptar como un dogma lo que USA en su infinita sabiduría ordenara. Hasta ahí los antecedentes del asunto.

El fallo

Pese a todas las presiones que los magistrados de la JEP recibieron por parte del gobierno Duque, del Fiscal Martínez, del Congreso —como se recordará a la presidente Linares la abrieron investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara— y de los medios de comunicación, lo que los más desprevenidos ciudadanos esperaban era un fallo de esta estirpe: no conceder la extradición y ordenar la libertad de Jesús Santrich, por considerar que estaba detenido sin sustento jurídico.

Para quienes conocen la historia política de Colombia, no es extraño ver la manera como reaccionó la cúpula del establecimiento ante el fallo de no extradición. En efecto, las élites de la oligarquía han gobernado aferradas siempre a un hilo conductor caracterizado por tres verbos: excluir-reprimir-exterminar. Para las oligarquías las vías legales están negadas. Por eso, han contestado con violencia al fallo de la JEP. Es una alharaca apresurada, pues se trata de una decisión de primera instancia que bien podría ser revocada por la segunda. El procedimiento legal en vez de la violencia es, pues, el recurso de apelación como lo ha hecho el Procurador General de la Nación.

Al Fiscal Martínez se le apareció la Virgen

La renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, es el hecho más grosero contra la institucionalidad, al promover el desconocimiento de un fallo judicial. El mensaje que le envía a la opinión pública y a la comunidad internacional, que siempre ha apoyado el proceso de paz y la JEP, como herramienta más eficaz de aquel, es el siguiente: “Como la JEP no hace lo que Estados Unidos, el gobierno Duque y yo le pedimos, entonces pateo las instituciones y me voy”.

En realidad el fallo de la JEP fue para Martínez la gran disculpa para renunciar. En los círculos judiciales se venía rumorando que la Corte Suprema de Justicia le pediría la renuncia debido al alto grado de ilegitimidad en el que se encontraba desde el mismo momento en que fue elegido. De ahí, que la decisión de la JEP, adversa al querer de los Estados Unidos, del Fiscal y del propio gobierno Duque, fue para Martínez una bendición. En su carta de renuncia el jefe del ente acusador presenta como argumentos un sartal de mentiras: que el fallo de la JEP viola la Constitución, que avala el maridaje que existe entre narcotráfico y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, y que vuelve trizas la cooperación internacional contra el delito. Ante tan falsas motivaciones bien valdría la pena preguntarle a Martínez, ¿qué hará el día en que la segunda instancia revoque el fallo y ordene la extradición de Santrich? ¿Dirá que retira su renuncia y se reincorpora al cargo?

El presidente Duque, especializado en ir siempre en contravía del sentido común, muy tarde en la noche de este 15 de mayo, declaró en un video que hizo llegar a los medios, que lamentaba la renuncia del Fiscal Martínez. Pero el jefe de Estado no se quedó ahí, centró su discurso en la lucha frontal contra el narcotráfico, dejando en la opinión pública la idea de que la no extradición de Santrich es un claro respaldo a ese delito, cuando ese no era el punto del fallo: el tema aquí es la falta de pruebas. Sin estas, la JEP no podía complacer a los enemigos de la paz. La excepción a la absurda manera de actuar de Duque es que respaldó la decisión del Procurador: la apelación del fallo de la JEP.

La declaración más afortunada sobre la renuncia de Martínez fue la que dio Petro: “Es una excelente noticia que un corrupto se vaya, ojalá que Duque y la Corte Suprema no nos pongan otro corrupto. Se va el fiscal de Odebrech/Sarmiento”.

 

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San Francisco se convierte en la primera ciudad de EEUU en prohibir a la Policía usar técnicas de reconocimiento facial

Gobiernos y agencias de seguridad de EEUU hace años que utilizan las técnicas de reconocimiento facial (capaces de identificar a individuos mediante inteligencia artificial) para tareas como identificar a criminales, ayudar en las tareas de búsqueda de menores desaparecidos y prevenir el fraude documental.

La Alcaldía de San Francisco (EEUU) prohibió a las agencias locales, entre ellas la Policía, el uso de técnicas de reconocimiento facial, cada vez más empleadas por las autoridades para identificar a criminales pero criticadas por las organizaciones pro derechos civiles.


La ciudad californiana se convirtió así en la primera de Estados Unidos en tomar una medida de estas características y ahora podrían seguirla en un futuro cercano la vecina Oakland, que está considerando una prohibición similar, y el estado de Massachusetts, donde el Senado estatal también estudia la cuestión.


"Esta no es una política antitecnológica. Se trata de poder exigir responsabilidades en torno a la tecnología de vigilancia, de garantizar que se hace un uso seguro de ella", explicó durante el pleno el concejal promotor de la medida, Aaron Peskin, quien aseguró que "se puede tener seguridad sin convertirse en un estado policial".


La medida fue aprobada en el pleno del consistorio con la oposición pública del cuerpo de Policía local, que durante los últimos días ha presionado para que no saliese adelante una prohibición que a su juicio dificultará el día a día de sus operaciones.
Sesgos policiales contra minorías


Gobiernos y agencias de seguridad de EEUU hace años que utilizan las técnicas de reconocimiento facial (capaces de identificar a individuos mediante inteligencia artificial) para tareas como identificar a criminales, ayudar en las tareas de búsqueda de menores desaparecidos y prevenir el fraude documental.


Sin embargo, los grupos en defensa de los derechos civiles aseguran que esta tecnología invade la privacidad de los ciudadanos de forma excesiva, a la vez que puede perpetuar sesgos policiales contra minorías étnicas ya que se ha probado que tiende más al error con personas de piel oscura.


En este sentido, Peskin citó el estudio llevado a cabo en julio pasado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que halló que el reconocimiento facial había identificado incorrectamente a 28 congresistas de EEUU (en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas) como criminales al comparar sus fotografías con imágenes policiales.

San Francisco (EEUU)
15/05/2019 12:48 Actualizado: 15/05/2019 12:55
Efe

Marta Ruiz, integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

En noviembre echó a andar en Colombia la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), el organismo encargado de alimentar un “relato colectivo” en torno a más de medio siglo de conflicto armado. Marta Ruiz, comisionada del ente, explica los retos que el país enfrenta en un contexto de profunda división política y social.

La construcción de la paz en Colombia tiene un sinfín de frentes abiertos. Se podría decir que cada una de las historias de las más de ocho millones de víctimas directas del conflicto armado —según las cifras oficiales del Gobierno— contienen preguntas sin respuesta. ¿Quién ordenó el secuestro del campesino? ¿Por qué tuvo lugar la masacre en aquel pueblo de la sierra? ¿Qué objetivos escondía la extorsión continuada contra esta familia?

Tratar de aportar luz a cuestiones como esta es la razón de ser de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un organismo público integrado en el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que se creó tras el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.

A través de la investigación de los hechos ocurridos durante medio siglo de guerra la CEV aspira a construir “un relato colectivo” en el que todos los colombianos, de alguna manera, se sientan incluidos. Una tarea que, por lo ambicioso del proyecto, no echó a andar oficialmente hasta noviembre pasado, dos años después de la firma de los acuerdos de La Habana.

En este intervalo la paz en Colombia ha transitado por un camino lleno de obstáculos. La victoria del No en el plebiscito que pretendía sancionar el Acuerdo, la persistencia de la violencia en muchas zonas del país y la llegada al Gobierno en 2018 del Centro Democrático, el más firme opositor a los diálogos con la ex guerrilla, son parte del continuado test de estrés al que se ha sometido el histórico documento. También la estructura institucional creada para su implementación ha sufrido este desgaste.


“Un lugar para la participación social”


“La expectativa en 2015 —cuando se acordó la creación de la CEV— era que Colombia iba a una transición entre la guerra y la paz; en la que se presuponía un clima de aceptación de la paz. Pero ese supuesto básico, sobre el que fue creada la Comisión, no se ha dado”. Así resume la periodista Marta Ruiz el actual clima de polarización política y social que vive el país latinoamericano y su efecto sobre el ente del que forma parte.

Ruiz es una de las once comisionadas y comisionados responsables de la CEV. Un cuerpo colegiado que integran perfiles de lo más variados. Desde un ex sacerdote jesuita (Francisco de Roux, presidente de la Comisión) a una líder social afrocolombiana, pasando por un mayor del ejército retirado, una experta en derecho constitucional de origen indígena o un médico español especializado en la atención a víctimas.

“La Comisión no es un espacio de intelectuales y académicos, sino un lugar para la participación social, que será más valioso si logra ser incluyente y participativo”, explica esta informadora con más de 15 años de experiencia cubriendo la guerra desde dentro. Un diálogo social que es uno de los “rieles” principales sobre los que la CEV trabaja, mediante encuentros y audiencias públicas en algunos de los puntos del país más golpeados por la guerra, como las regiones de Antioquia, Putumayo, Nariño o el Norte de Santander, entre muchas otras.

Pero también con reuniones privadas con actores estratégicos del conflicto, lo cual incluye a figuras políticas, del ejército y de grupos armados, “tratando de que haya un reconocimiento de cómo se implicaron en él, cómo coadyuvaron y cómo se beneficiaron. Y también para reconocer los heroísmos, las resistencias y la manera en la que se hizo frente a un conflicto tan largo”, asegura Ruiz.


Un consenso básico en torno a la paz roto


El otro riel, quizás el más inmediato, al que hacen referencia desde la CEV tiene que ver con la investigación y la recolección de testimonios. Para ello se han desplegado hasta el momento 17 casas o sedes territoriales donde se recoge la voz de las víctimas y los victimarios que están dispuestos a hablar. Además de asesorar a comunidades que ya llevan tiempo implicadas en esta labor.

Una tarea ingente que se ha visto diezmada, apunta Ruiz, por el desinterés del nuevo Gobierno sobre este organismo. El cual se tradujo en una reducción del 40% del presupuesto con el que inicialmente preveía contar la Comisión y que ha impactado en la manera de llegar a los territorios —“pensábamos estar en muchos más y con más gente”— y en el propio protagonismo de la Comisión —“la marginaliza y le quita centralidad”—. Precisamente en un momento de profunda discusión sobre la memoria del conflicto y la manera de juzgar lo acontecido.

A comienzos de marzo el presidente Iván Duque impugnó varios de los artículos que regulan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial que juzga los crímenes del conflicto. La decisión provocó el rechazo de buena parte de la oposición política y de observadores internacionales, al entender que aumenta el grado de incertidumbre en torno a la ejecución del Acuerdo. Con la amenaza latente de que siga aumentando el número de ex guerrilleros que regresan a las armas.

“Creo que el gran avance que hubo en La Habana es reconocer que el conflicto estaba asociado a unos problemas estructurales, como la propiedad de la tierra, el narcotráfico, la no-presencia del Estado, la falta de participación democrática, etc. Ante la pérdida del plebiscito, el Acuerdo salió adelante pero el consenso básico alrededor de esto dejó de existir”, reflexiona Ruiz.

La comisionada sostiene que el actual Gobierno no comparte ese análisis multicausal de la guerra en Colombia. “Su manera de verlo es otra”, comenta después de reconocer las diferentes posturas –desde los que niegan el propio conflicto hasta los que lo reducen a un problema de legalidad o ilegalidad- que existen en el actual Ejecutivo. “Todo se ve desde una matriz meramente judicial y no como un problema social y político”, reflexiona.


El informe final y “la verdad” del conflicto


Igual que han hecho comisiones de la verdad de países como Sudáfrica, Guatemala o Perú, la CEV colombiana tiene el compromiso de entregar, una vez terminado su mandato de tres años, un completo informe que recoja las conclusiones de su investigación.


Sin menospreciar este documento final Marta Ruiz matiza que, antes de escribir una línea, su esfuerzo se centra en “contribuir a una apropiación social de todo ese conocimiento”. “En nuestra metodología, luego de los testimonios, vamos a identificar unos patrones y unos contextos explicativos. Luego queremos hacer un diálogo con la sociedad para construir las hipótesis. No ir a extraer testimonios y encerrarnos a escribir, sino ponerlo sobre la mesa con la gente, para que esto empiece a ser más una construcción colectiva”, explica.

La polarización de la sociedad colombiana y el carácter tan reciente de la guerra son obstáculos evidentes para la construcción de esa “verdad” o relato colectivo, reconocen desde la CEV. El comisionado Saúl Franco, médico de profesión, apuntaba en noviembre que la Comisión no pretende imponer ese proceso de memoria común, pero sí estimularlo. “Eso sí, queremos llegar a unas cosas concretas. Tenemos el reto, y lo vamos a cumplir, de entregar un informe creíble y conciso sobre el conflicto en el país”, señala Franco.

“Colombia no es un país donde no haya información sobre violaciones de derechos humanos. Incluso hay mucha. Lo que falta es un relato que tenga pretensión de ser un relato nacional. Que sea de alguna manera un piso, más sólido, menos fragmentario y más ambicioso, desde donde se pueda empezar a debatir sobre los hechos y las violencias”, añade Marta Ruiz.


La tarea de “tejer” las heridas abiertas


La persistencia de esa violencia es precisamente otro de los muros que habrá de saltar la CEV para cumplir sus objetivos. En 2018 más de 170 líderes sociales fueron asesinados en las áreas rurales de Colombia, confirmando una tendencia ascendente desde la firma de La Habana. El pasado 17 de enero la principal guerrilla todavía activa en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mató a 22 jóvenes policías en una academia de Bogotá con un coche bomba que alimentó las demandas de una política de mano dura en amplios sectores de la sociedad colombiana.

De nuevo, sobre la mesa, el debate sobre la paz y la seguridad. “Creo que, sin que se hubiese afincado el discurso de la paz, en Colombia se ha vuelto a instalar el discurso de la seguridad como la solución a los problemas de convivencia. Y la paz es un concepto mucho más profundo, una construcción más colectiva y es un desafío muy grande para la sociedad en términos de transformación”, analiza Ruiz.

En este contexto de división política y con una elecciones regionales en el horizonte (octubre de 2019) ha arrancado la CEV colombiana su trabajo. Francisco de Roux, presidente de la institución, lanzó un mensaje con ánimo tranquilizador tras conocerse la impugnación parcial del Gobierno al tribunal especial para la paz, organismo hermano de la Comisión. “Esta marcha hacia la verdad no la vamos a detener por nada”, proclamó De Roux.

Un clima, en todo caso, que anticipa más dificultades en la titánica tarea que la CEV tiene por delante. Tal y como se desprende de las palabras usadas por Ruiz para explicar los verdaderos efectos del conflicto sobre la vida de millones de colombianos.


“Lo que me he dado cuenta saliendo al territorio es que las heridas que ha dejado el conflicto son demasiado profundas. No son las heridas que uno ve en la política, entre los partidos. No, son heridas más grandes, más en lo pequeño, en los barrios, en las veredas, en la gente… Hay un sentimiento muy profundo de haber vivido una injusticia y una sensación muy grande de abandono (…) Queda una tarea muy grande en reconciliar a la gente con sus propias instituciones y con el Estado. Y nuestro intento es el de poder tejer con un hilo narrativo esas heridas. Pero la cicatrización va a ser larga y requiere demasiados esfuerzos”.

2019-05-04 09:41:00

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