San Francisco se convierte en la primera ciudad de EEUU en prohibir a la Policía usar técnicas de reconocimiento facial

Gobiernos y agencias de seguridad de EEUU hace años que utilizan las técnicas de reconocimiento facial (capaces de identificar a individuos mediante inteligencia artificial) para tareas como identificar a criminales, ayudar en las tareas de búsqueda de menores desaparecidos y prevenir el fraude documental.

La Alcaldía de San Francisco (EEUU) prohibió a las agencias locales, entre ellas la Policía, el uso de técnicas de reconocimiento facial, cada vez más empleadas por las autoridades para identificar a criminales pero criticadas por las organizaciones pro derechos civiles.


La ciudad californiana se convirtió así en la primera de Estados Unidos en tomar una medida de estas características y ahora podrían seguirla en un futuro cercano la vecina Oakland, que está considerando una prohibición similar, y el estado de Massachusetts, donde el Senado estatal también estudia la cuestión.


"Esta no es una política antitecnológica. Se trata de poder exigir responsabilidades en torno a la tecnología de vigilancia, de garantizar que se hace un uso seguro de ella", explicó durante el pleno el concejal promotor de la medida, Aaron Peskin, quien aseguró que "se puede tener seguridad sin convertirse en un estado policial".


La medida fue aprobada en el pleno del consistorio con la oposición pública del cuerpo de Policía local, que durante los últimos días ha presionado para que no saliese adelante una prohibición que a su juicio dificultará el día a día de sus operaciones.
Sesgos policiales contra minorías


Gobiernos y agencias de seguridad de EEUU hace años que utilizan las técnicas de reconocimiento facial (capaces de identificar a individuos mediante inteligencia artificial) para tareas como identificar a criminales, ayudar en las tareas de búsqueda de menores desaparecidos y prevenir el fraude documental.


Sin embargo, los grupos en defensa de los derechos civiles aseguran que esta tecnología invade la privacidad de los ciudadanos de forma excesiva, a la vez que puede perpetuar sesgos policiales contra minorías étnicas ya que se ha probado que tiende más al error con personas de piel oscura.


En este sentido, Peskin citó el estudio llevado a cabo en julio pasado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que halló que el reconocimiento facial había identificado incorrectamente a 28 congresistas de EEUU (en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas) como criminales al comparar sus fotografías con imágenes policiales.

San Francisco (EEUU)
15/05/2019 12:48 Actualizado: 15/05/2019 12:55
Efe

Marta Ruiz, integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

En noviembre echó a andar en Colombia la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), el organismo encargado de alimentar un “relato colectivo” en torno a más de medio siglo de conflicto armado. Marta Ruiz, comisionada del ente, explica los retos que el país enfrenta en un contexto de profunda división política y social.

La construcción de la paz en Colombia tiene un sinfín de frentes abiertos. Se podría decir que cada una de las historias de las más de ocho millones de víctimas directas del conflicto armado —según las cifras oficiales del Gobierno— contienen preguntas sin respuesta. ¿Quién ordenó el secuestro del campesino? ¿Por qué tuvo lugar la masacre en aquel pueblo de la sierra? ¿Qué objetivos escondía la extorsión continuada contra esta familia?

Tratar de aportar luz a cuestiones como esta es la razón de ser de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un organismo público integrado en el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que se creó tras el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.

A través de la investigación de los hechos ocurridos durante medio siglo de guerra la CEV aspira a construir “un relato colectivo” en el que todos los colombianos, de alguna manera, se sientan incluidos. Una tarea que, por lo ambicioso del proyecto, no echó a andar oficialmente hasta noviembre pasado, dos años después de la firma de los acuerdos de La Habana.

En este intervalo la paz en Colombia ha transitado por un camino lleno de obstáculos. La victoria del No en el plebiscito que pretendía sancionar el Acuerdo, la persistencia de la violencia en muchas zonas del país y la llegada al Gobierno en 2018 del Centro Democrático, el más firme opositor a los diálogos con la ex guerrilla, son parte del continuado test de estrés al que se ha sometido el histórico documento. También la estructura institucional creada para su implementación ha sufrido este desgaste.


“Un lugar para la participación social”


“La expectativa en 2015 —cuando se acordó la creación de la CEV— era que Colombia iba a una transición entre la guerra y la paz; en la que se presuponía un clima de aceptación de la paz. Pero ese supuesto básico, sobre el que fue creada la Comisión, no se ha dado”. Así resume la periodista Marta Ruiz el actual clima de polarización política y social que vive el país latinoamericano y su efecto sobre el ente del que forma parte.

Ruiz es una de las once comisionadas y comisionados responsables de la CEV. Un cuerpo colegiado que integran perfiles de lo más variados. Desde un ex sacerdote jesuita (Francisco de Roux, presidente de la Comisión) a una líder social afrocolombiana, pasando por un mayor del ejército retirado, una experta en derecho constitucional de origen indígena o un médico español especializado en la atención a víctimas.

“La Comisión no es un espacio de intelectuales y académicos, sino un lugar para la participación social, que será más valioso si logra ser incluyente y participativo”, explica esta informadora con más de 15 años de experiencia cubriendo la guerra desde dentro. Un diálogo social que es uno de los “rieles” principales sobre los que la CEV trabaja, mediante encuentros y audiencias públicas en algunos de los puntos del país más golpeados por la guerra, como las regiones de Antioquia, Putumayo, Nariño o el Norte de Santander, entre muchas otras.

Pero también con reuniones privadas con actores estratégicos del conflicto, lo cual incluye a figuras políticas, del ejército y de grupos armados, “tratando de que haya un reconocimiento de cómo se implicaron en él, cómo coadyuvaron y cómo se beneficiaron. Y también para reconocer los heroísmos, las resistencias y la manera en la que se hizo frente a un conflicto tan largo”, asegura Ruiz.


Un consenso básico en torno a la paz roto


El otro riel, quizás el más inmediato, al que hacen referencia desde la CEV tiene que ver con la investigación y la recolección de testimonios. Para ello se han desplegado hasta el momento 17 casas o sedes territoriales donde se recoge la voz de las víctimas y los victimarios que están dispuestos a hablar. Además de asesorar a comunidades que ya llevan tiempo implicadas en esta labor.

Una tarea ingente que se ha visto diezmada, apunta Ruiz, por el desinterés del nuevo Gobierno sobre este organismo. El cual se tradujo en una reducción del 40% del presupuesto con el que inicialmente preveía contar la Comisión y que ha impactado en la manera de llegar a los territorios —“pensábamos estar en muchos más y con más gente”— y en el propio protagonismo de la Comisión —“la marginaliza y le quita centralidad”—. Precisamente en un momento de profunda discusión sobre la memoria del conflicto y la manera de juzgar lo acontecido.

A comienzos de marzo el presidente Iván Duque impugnó varios de los artículos que regulan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial que juzga los crímenes del conflicto. La decisión provocó el rechazo de buena parte de la oposición política y de observadores internacionales, al entender que aumenta el grado de incertidumbre en torno a la ejecución del Acuerdo. Con la amenaza latente de que siga aumentando el número de ex guerrilleros que regresan a las armas.

“Creo que el gran avance que hubo en La Habana es reconocer que el conflicto estaba asociado a unos problemas estructurales, como la propiedad de la tierra, el narcotráfico, la no-presencia del Estado, la falta de participación democrática, etc. Ante la pérdida del plebiscito, el Acuerdo salió adelante pero el consenso básico alrededor de esto dejó de existir”, reflexiona Ruiz.

La comisionada sostiene que el actual Gobierno no comparte ese análisis multicausal de la guerra en Colombia. “Su manera de verlo es otra”, comenta después de reconocer las diferentes posturas –desde los que niegan el propio conflicto hasta los que lo reducen a un problema de legalidad o ilegalidad- que existen en el actual Ejecutivo. “Todo se ve desde una matriz meramente judicial y no como un problema social y político”, reflexiona.


El informe final y “la verdad” del conflicto


Igual que han hecho comisiones de la verdad de países como Sudáfrica, Guatemala o Perú, la CEV colombiana tiene el compromiso de entregar, una vez terminado su mandato de tres años, un completo informe que recoja las conclusiones de su investigación.


Sin menospreciar este documento final Marta Ruiz matiza que, antes de escribir una línea, su esfuerzo se centra en “contribuir a una apropiación social de todo ese conocimiento”. “En nuestra metodología, luego de los testimonios, vamos a identificar unos patrones y unos contextos explicativos. Luego queremos hacer un diálogo con la sociedad para construir las hipótesis. No ir a extraer testimonios y encerrarnos a escribir, sino ponerlo sobre la mesa con la gente, para que esto empiece a ser más una construcción colectiva”, explica.

La polarización de la sociedad colombiana y el carácter tan reciente de la guerra son obstáculos evidentes para la construcción de esa “verdad” o relato colectivo, reconocen desde la CEV. El comisionado Saúl Franco, médico de profesión, apuntaba en noviembre que la Comisión no pretende imponer ese proceso de memoria común, pero sí estimularlo. “Eso sí, queremos llegar a unas cosas concretas. Tenemos el reto, y lo vamos a cumplir, de entregar un informe creíble y conciso sobre el conflicto en el país”, señala Franco.

“Colombia no es un país donde no haya información sobre violaciones de derechos humanos. Incluso hay mucha. Lo que falta es un relato que tenga pretensión de ser un relato nacional. Que sea de alguna manera un piso, más sólido, menos fragmentario y más ambicioso, desde donde se pueda empezar a debatir sobre los hechos y las violencias”, añade Marta Ruiz.


La tarea de “tejer” las heridas abiertas


La persistencia de esa violencia es precisamente otro de los muros que habrá de saltar la CEV para cumplir sus objetivos. En 2018 más de 170 líderes sociales fueron asesinados en las áreas rurales de Colombia, confirmando una tendencia ascendente desde la firma de La Habana. El pasado 17 de enero la principal guerrilla todavía activa en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mató a 22 jóvenes policías en una academia de Bogotá con un coche bomba que alimentó las demandas de una política de mano dura en amplios sectores de la sociedad colombiana.

De nuevo, sobre la mesa, el debate sobre la paz y la seguridad. “Creo que, sin que se hubiese afincado el discurso de la paz, en Colombia se ha vuelto a instalar el discurso de la seguridad como la solución a los problemas de convivencia. Y la paz es un concepto mucho más profundo, una construcción más colectiva y es un desafío muy grande para la sociedad en términos de transformación”, analiza Ruiz.

En este contexto de división política y con una elecciones regionales en el horizonte (octubre de 2019) ha arrancado la CEV colombiana su trabajo. Francisco de Roux, presidente de la institución, lanzó un mensaje con ánimo tranquilizador tras conocerse la impugnación parcial del Gobierno al tribunal especial para la paz, organismo hermano de la Comisión. “Esta marcha hacia la verdad no la vamos a detener por nada”, proclamó De Roux.

Un clima, en todo caso, que anticipa más dificultades en la titánica tarea que la CEV tiene por delante. Tal y como se desprende de las palabras usadas por Ruiz para explicar los verdaderos efectos del conflicto sobre la vida de millones de colombianos.


“Lo que me he dado cuenta saliendo al territorio es que las heridas que ha dejado el conflicto son demasiado profundas. No son las heridas que uno ve en la política, entre los partidos. No, son heridas más grandes, más en lo pequeño, en los barrios, en las veredas, en la gente… Hay un sentimiento muy profundo de haber vivido una injusticia y una sensación muy grande de abandono (…) Queda una tarea muy grande en reconciliar a la gente con sus propias instituciones y con el Estado. Y nuestro intento es el de poder tejer con un hilo narrativo esas heridas. Pero la cicatrización va a ser larga y requiere demasiados esfuerzos”.

2019-05-04 09:41:00

Publicado enColombia
Miércoles, 24 Abril 2019 06:31

Volkswagen, el escándalo de las emisiones

Volkswagen, el escándalo de las emisiones

En 2011 Martin Winterkorn, presidente ejecutivo de Volkswagen (VW), dio a conocer su plan para que la compañía se convirtiera en el primer productor de automóviles del mundo. La estrategia era un alarde de audacia. Volkswagen estaba desarrollando un plan para triplicar sus ventas en Estados Unidos para 2021. Eso le permitiría rebasar a Toyota y convertirse en el productor número uno de automóviles en el planeta.


El anuncio de Winterkorn se hizo en la inauguración de una nueva planta de Volkswagen en Chattanooga, en el estado de Tennessee. Era la primera fábrica construida por el fabricante alemán en Estados Unidos en años. La penetración en el mercado estadunidense le permitiría alcanzar en 2018 la cima de la industria automotriz mundial. Lo que nadie sabía en esos días es que la ambición del grupo Volkswagen ya tenía tiempo cocinando uno de los peores escándalos corporativos en la historia del capitalismo.


El plan de VW descansaba en las líneas de autos con motores diésel para hacer frente a la competencia. Esos motores permitirían alcanzar niveles de alto rendimiento y economía de combustible, sin aumentar las emisiones. La empresa japonesa Toyota había tomado un derrotero distinto, con vehículos híbridos-eléctricos como el Prius. Muy pronto los ingenieros de VW vieron que no era posible reducir las emisiones a los estándares estadunidenses. En lugar de rectificar, la empresa recurrió al engaño.


En 2015 los altos funcionarios de VW admitieron que habían instalado en 11 millones de autos un dispositivo y un programa de computadora para burlar los instrumentos de los centros de verificación de emisiones. Muchos de estos vehículos fueron armados en la planta de VW en Puebla. El programa podía detectar cuando el vehículo estaba siendo sometido a pruebas de verificación y activaba el dispositivo que capturaba emisiones. Al regresar a condiciones normales de manejo, en ciudades y carreteras, el dispositivo se desactivaba. Eso permitía regresar a los niveles de rendimiento que enorgullecían a VW, pero con emisiones de contaminantes hasta 40 veces superiores a lo permitido.


La estrategia de VW estaba basada en una contradicción. Los motores diésel tendrían mejor desempeño en kilometraje, pero producirían una mayor cantidad de emisiones y contaminantes. Eso chocaba con las regulaciones en Estados Unidos (más estrictas que las de la Unión Europea). El fraude orquestado por los directivos de VW permitía a la empresa evadir la regulación más estricta, ahorrarse el costo de instalar equipo anticontaminante y penetrar el mercado estadunidense.


Volkswagen ha tenido que pagar ya más de 33 mil millones de dólares en multas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Los costos de reparar los vehículos que vendió al amparo de este engaño son astronómicos. Los ejecutivos de VW, comenzando con el señor Winterkorn y sus cómplices en la jerarquía de la empresa, son los responsables de este episodio.


Los delitos que cometieron no son sólo de índole económica. Aquí hay un crimen que atenta en contra de la salud pública. Hoy, Winterkorn tiene ya un proceso penal en Estados Unidos, pero la constitución alemana prohíbe la extradición de ciudadanos de ese país. Sin embargo, hace una semana este ejecutivo y otros cuatro de Volkswagen fueron acusados de cometer fraude con agravantes en un tribunal en Braunschweig, Alemania. De ser encontrado culpable, Winterkorn podría ser sentenciado a 10 años de cárcel.


El expediente oficial de la fiscalía muestra que la historia del delito se remonta a 2006, cuando comenzó a fraguarse el engaño sobre las emisiones de los motores que VW planeaba utilizar en su estrategia comercial. Esto contradice la versión inicial de VW de que sus directivos ignoraban el engaño y sólo se enteraron cuando la empresa fue confrontada por las autoridades ambientales de Estados Unidos en 2015.


Volkswagen no es la única empresa alemana que se encuentra involucrada en un escándalo de esta índole. El fraude sobre las emisiones y la conspiración para mantenerlo en secreto son la materia de escándalos similares que afectan a muchos grupos corporativos en Alemania. Hace 10 años el de la empresa Siemens, fabricante de equipo para la industria eléctrica, sacudió a la sociedad alemana. Por su parte, las omnipresentes maniobras de lavado de dinero de Deutsche Bank, el banco alemán más importante, han terminado por acostumbrar al público a este tipo de prácticas. Tal parece que el capitalismo corporativo alemán también prospera en una cultura de corrupción y codicia.


Epílogo. Muchos de los autos que fueron dotados de dichos dispositivos engañosos fueron fabricados en la planta VW en Puebla. Y muchos de los que no se pudieron vender en Estados Unidos fueron regresados a nuestro país para colocarse en el mercado mexicano. Si aquí no estalló el escándalo es porque la normatividad mexicana en materia de emisiones es tan laxa, que ni siquiera hubiera sido necesario operar el fraude de Volkswagen para cumplirla.


Twitter: @anadaloficial

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 Rafael Vela, en una imagen de archivo. Agencia Andina

El fiscal que investiga las ramificaciones del 'caso Odebrecht' defiende las medidas preventivas para asegurar la acción de la justicia

 La corrupción ya ha hecho temblar los cimientos del poder político en Perú, pero los responsables de las principales investigaciones están determinados a llegar hasta el final para garantizar la acción de la justicia. Las repercusiones del caso Odebrecht, una gigantesca trama de sobornos millonarios tejida en América Latina por la constructora brasileña durante dos décadas, han sacudido al país y han reavivado la conciencia crítica de la sociedad. El escándalo llegó a acorralar a cuatro expresidentes. Alan García se suicidó el pasado miércoles minutos antes de ser detenido. La justicia impuso el viernes tres años de prisión preventiva a Pedro Pablo Kuczynski. Alejandro Toledo huyó hace dos años. Ollanta Humala también ha pisado la cárcel. En este contexto trabaja el fiscal superior Rafael Vela Barba (Lima, 45 años). Desde agosto de 2018 es el coordinador del denominado Equipo Especial Lava Jato, el grupo de investigadores encargado de esclarecer las circunstancias de las contrataciones de Odebrecht en Perú.


Vela conversó con EL PAÍS por teléfono poco después de que el juez dictara la medida cautelar contra Kuczynski, quien está acusado de lavado de dinero. Fue juez de lo penal entre 2003 y 2011, consultor y profesor de Derecho Procesal. Habla con serenidad de las dificultades a las que se enfrentan las investigaciones y defiende la necesidad de las detenciones durante la fase de instrucción para facilitar las indagaciones de un caso. La próxima semana interrogará a Jorge Barata, antiguo director ejecutivo de la compañía brasileña en Perú.


- ¿Qué está pasando en Perú con el caso Odebrecht? ¿En qué fase está?


- Estamos en una fase ya de mayor madurez procesal, buscando medidas que aseguren que los fines de la investigación sean los que correspondan al procesamiento de la información que estamos recibiendo. A través de la actividad investigativa de los fiscales soportada y tal vez potenciada por herramientas procesales como la colaboración eficaz. Son mecanismos en los que a partir de asumir culpabilidad se acercan a la Administración de justicia para brindar toda la información que tienen sobre los delitos que puedan haber cometido y reciben en contraprestaciones beneficios premiales, o sea, premios por esa información. Hemos culminado ya un convenio de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Con esa información entramos a esa mayor agresividad procesal. Porque ya tenemos información que puede superar los altos estándares que hay para las medidas coercitivas y que nos permite asegurar a los investigados lo necesario y hacer nuestro trabajo ya con una planificación estratégica.


El fiscal se refiere a la fuga de algunos investigados. "Hemos tenido experiencias acá en el país, hay varios casos, el de Alejandro Toledo, el de Hinostroza Pariachi, el caso del señor Félix Moreno... Hay muchos casos en los que, por diferentes razones, generalmente vinculadas a esta campaña agresiva que tenemos en contra de hacer un presunto mal uso de las herramientas procesales de aseguramiento como es la prisión preventiva o la detención preliminar, no puedan permitir que esa flexibilidad genere impunidad. Y eso es contra lo que nos encontramos".


Estas medidas, defiende, responden a los métodos de consecución de la información. "Estos casos son muy complejos y la información no es de fácil acceso, sino es completamente más bien clandestina u oculta, por eso necesitamos muchas veces negociar acuerdos de colaboración eficaz porque de otra manera no podríamos acceder a la prueba y eso significaría más bien por el contrario las defensas que son muy activas".


Vela hace hincapié en un paréntesis que considera clave, esto es, el pulso con los abogados. "No se olvide usted que estamos enfrentando no solamente a toda la clase política del país que está involucrada en hechos de lavado de activos y corrupción sino también propiamente a un fenómeno de espaldas financieras muy grandes en donde también las personas de alto perfil tienen mucho dinero para pagar defensas técnicas muy calificadas", sostiene. "Nos estamos enfrentando sin excepción a todos los grandes estudios de abogados de Lima en materia penal. Es una pelea con todo lo que el dinero puede pagar, dinero que además muchas veces tiene una condición ilimitada en la medida de que la corrupción tiene grandes fondos. La abogacía es siempre una profesión que está vinculada al ejercicio del derecho, todos tienen derecho a la defensa y todos en este caso tienen defensa muy calificada", continúa.


A eso se añade el clima político. "Nosotros tenemos investigada a la lideresa de la mayor fuerza del Congreso, que es la señora [Keiko] Fujimori, teníamos investigado al señor García. Tenemos investigado al señor Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, al señor Ollanta Humala Tasso, expresidente de la República, al señor Alejandro Toledo, expresidente de la República, tenemos también a personas vinculadas a la política que están siendo también objeto de investigación. Es decir, la señora Susana Villarán, el señor Luis Castañeda Lossio [exalcaldes de Lima]. Para nosotros es un fenómeno muy complejo porque no solamente nos enfrentamos al poder del dinero para contratar defensas técnicas muy calificadas, sino también a la clase política del país que en este momento está presente".


- ¿Y estas circunstancias generan presiones?


- Absolutamente. Con un ejemplo se puede tratar de establecer una fotografía de lo que nosotros pasamos. El día 31 de diciembre, cerca de las nueve de la noche, la cabeza de nuestra institución, que es la Fiscalía de la Nación, dejó sin efecto nuestras designaciones en el equipo especial, tanto a mí, que soy el jefe del equipo, fiscal superior, como el doctor José Domingo Pérez, que es un componente muy representativo del equipo especial, fiscal provincial. A partir de lo que entendemos era una injerencia de la política dentro de la institución. Dejaron sin efecto nuestras designaciones luego de una permanente hostilización que se desató a partir de que tomamos la decisión primero de detener preliminarmente y no solicitar una prisión preventiva, que no se suele conseguir por el poder judicial, contra la señora Fujimori. Tenemos presiones de ese tipo, presiones parlamentarias permanentes, porque los parlamentarios son los primeros que siempre nos atacan.


Vela admite que la resolución sobre el arresto de Kuczynski, ingresado en una clínica, puede ser "controvertida". "Sin embargo", prosigue, "es un asunto judicial que tiene que resolverse a partir de la defensa técnica que tiene el señor Kuczynski". "Vamos a una doble instancia, una instancia plural, donde hay un derecho de apelación y eso se resolverá ahí. Nosotros podemos ganar o perder, pero nos sometemos a la ley. Sin embargo, si usted ve la televisión yo he contado hasta siete congresistas criticando la resolución judicial y más bien cuestionándola fuera del contexto de respeto de lo que es poder del Estado y una institución autónoma como es el Ministerio Público y muchas veces generando un comentario sin conocer el caso. Entonces vemos que es más una consigna política".


El equipo de investigadores, que lidia con 36 carpetas, está integrado por cuatro fiscales provinciales y un fiscal superior, apoyados por algunos adjuntos. El coordinador asegura que no hacen nada extraordinario más allá de su propio trabajo y lamenta la falta de recursos, aunque asegura que cuenta con el apoyo "en todos los sentidos" de la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. "Tal vez sí somos un grupo especializado, pero bastante corto. Cuando hemos pedido más dinero por ejemplo para crecer porque tenemos un caso sumamente complejo nos han dicho que no hay dinero".


- Perú ha sido el país donde las investigaciones de Odebrecht han avanzado más. ¿Por qué?


- Tiene que haber gente calificada, pero fundamentalmente tiene que haber gente que tenga la mística para hacer un trabajo por el cual uno no gana más dinero que el que corresponde a su salario. Ha sido bien complejo el proceso de selección de las personas del equipo especial. También es verdad que, dentro de la propia institución, al tratarse de un caso de gran envergadura sometido a mucha presión y a muchas circunstancias y vicisitudes complejas, de interferencia política, muchos fiscales no se quieren comprometer. Tiene que haber una tecnificación propia de enfrentarte a los mejores abogados que el dinero puede pagar. No sería tampoco una igualdad de armas si no tienes un fiscal que pueda enfrentarse con eficiencia y con preparación académica a un abogado que seguramente es muy bien calificado porque es el dinero el que puede pagar. En esa medida, a partir del factor humano que es un hecho básico, viene la estrategia procesal y creo que es lo que define finalmente también el avance de la investigación, que es una apertura a mecanismos alternativos como las colaboraciones eficaces.


- Parece, además, que existe una mayoría social que apoya una regeneración de la vida pública en Perú. ¿Es así?


- Quisiera añadir un aspecto medible. Cuando fuimos cesados por el doctor Chávarry, que era el fiscal de la Nación de ese momento que luego dio marcha atrás, la única razón más allá de la discusión legal de esto creo que fue por la fuerza de la presión pública respecto de la legitimidad del trabajo que nosotros hacemos. Por eso retrocedió.


- Anunció en marzo que estaba cerca la acusación del expresidente Humala, pero aún no la presentaron. ¿Por qué?


- Venimos pretendiendo acusar a Ollanta Humala desde octubre 2017, pero su defensa ha presentado muchos recursos que nos han obligado a litigar. En ese momento teníamos una estrategia y habíamos logrado hablar con Marcelo Bahía Odebrecht [antiguo responsable de la constructora], algo que ninguna fiscalía del mundo lo había podido hacer. Sucedió que contábamos que íbamos a tener la ayuda del anterior fiscal, Hamilton Castro, para obtener testimonios de otros tres ejecutivos, pero se empezaron a enrarecer las relaciones entre el fiscal Castro y el señor Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, y otros se negaron a declarar. Entonces hubo que renegociar con ellos en un nuevo acercamiento para que pudieran declarar.

 

Por, Francesco Manetto / Jacqueline Fowks

Lima 20 ABR 2019 - 22:04 COT

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La justicia peruana dicta tres años de prisión preventiva para Kuczynski

Las sospechas de corrupción siguen sacudiendo a la política peruana. La justicia impuso este viernes tres años de prisión preventiva al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que sigue ingresado en una clínica privada tras haber sido sometido a un cateterismo el pasado miércoles. La medida, dictada por un tribunal especializado en corrupción de funcionarios, se adoptó a petición del equipo de la Fiscalía encargado de investigar las ramificaciones del caso Odebrecht en el país. Esta decisión llega apenas dos días después de que el también exmandatario Alan García se suicidara por su implicación en la gigantesca trama de pagos de sobornos a la constructora brasileña que ha hecho temblar los estamentos políticos de América Latina.

Kuczynski, que ganó las elecciones en 2016 y dimitió el año pasado por un caso de supuesta compra de votos, está investigado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos en "las modalidades de transferencia, conversión y ocultamiento" con el agravante de "posible pertenencia a una organización criminal". El expresidente estaba bajo arresto preliminar de diez días desde el 10 de abril. Su secretaria y su chófer también fueron arrestados ese día pero quedaron libres el pasado lunes.


El político, de 81 años, fue internado en una clínica privada tras sufrir dolor en el pecho y arritmia y pasó a una unidad de cuidados intensivos luego del cateterismo. Sin embargo, la evaluación de los médicos indica que su condición no reviste gravedad. "Aún continúa en la UCI, estamos a la espera de la opinión de la junta médica", informó el congresista Gilbert Violeta a El PAÍS minutos después de que el tribunal leyera la resolución de detención preventiva. Este representante, electo por Peruanos Por el Kambio, la agrupación impulsada por Kuczynski cuya sucesora es ahora Contigo, y perteneciente a la bancada de Concertación Parlamentaria, criticó la decisión al considerar que para un hombre de esa edad "es en buena cuenta una sentencia de muerte". "La justicia peruana se desacredita a ojos del mundo en el caso PPK. Esta barbaridad tiene que parar", escribió después en su cuenta de Twitter.
La resolución del juez, Jorge Luis Chávez Tamariz, recoge, no obstante, un informe médico legal que señala que el estado del exbanquero de inversión "es inestable pero no indica que sea enfermedad grave". El principal argumento de la detención guarda relación, según el fallo, con el peligro de obstaculización de las investigaciones del equipo de fiscales encargados del caso. Además, el juez apunta que el riesgo de fuga es considerable.


La justicia ha determinado, por el momento, que Kuczynski ocultó y dio información falsa sobre la responsable de las cuentas de Westfield Capital, la empresa unipersonal de banca de inversión desde la que prestó servicios de consultoría a Odebrecht. El juzgado dispuso además orden de comparecencia para la secretaria del expresidente y su conductor.


La investigación apunta que Kuczynski y su antiguo socio Gerardo Sepúlveda recibieron más de dos millones de dólares de Odebrecht por trabajos de consultoría sobre dos obras públicas que finalmente fueron concedidas a la compañía. Se trata de la carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, ubicado en el norte del país. Parte de esos depósitos los recibió de Odebrecht cuando era ministro durante el mandato de Alejandro Toledo. La justicia señala que en esa condición de alto funcionario del Gobierno aprobó también normas que favorecieron la concesión de dichas obras públicas a la empresa. Además, según las indagaciones de la Fiscalía y pruebas proporcionadas por la constructora, Toledo recibió unos 20 millones de dólares en sobornos por la concesión de la vía Interoceánica Sur.


La medida de prisión provisional se produce en un contexto que demuestra la voluntad del equipo encargado de investigar las ramificaciones del caso Odebrecht en Perú de llegar hasta el final a pesar de las críticas de algunos sectores políticos. Este viernes se conoció una carta que García dejó a sus hijos antes de dispararse cuando iba a ser detenido. En ella, rechaza “sufrir injusticias y circos”, asegura que “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza” y lanza un amargo mensaje al calificar su suicidio de “muestra de desprecio” hacia sus rivales políticos.

Por Francesco Manetto / Jacqueline Fowks

Lima 19 ABR 2019 - 19:35 COT

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La opaca transparencia: Assange, Lula y Moro

El problema de la transparencia, como el de la lucha contra la corrupción, es la opacidad de su selectividad. Quienes quizás vivan más directamente este problema son los periodistas de todo el mundo que todavía insisten en hacer periodismo de investigación. Todos temblaron el pasado 11 de abril, cualquiera que haya sido la línea editorial de sus periódicos, ante la detención de Julian Assange, sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres para ser entregado a las autoridades estadounidenses que contra él habían emitido una solicitud de extradición. Las acusaciones que hasta ahora se han vertido contra Assange se refieren a acciones que solo pretendían garantizar el anonimato de la denunciante de irregularidades Chelsea Manning, es decir, garantizar el anonimato de la fuente de información, una garantía sin la cual el periodismo de investigación no es posible. Si los periodistas son quienes viven más directamente la selectividad de la transparencia, quienes más sufren las consecuencias de ello son la calidad de la democracia y la credibilidad del deber de rendición de cuentas a la que los gobiernos democráticos están obligados.

¿Por qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados objetivos políticos y no a otros? ¿Por qué las revelaciones en algunos casos son celebradas y tienen consecuencias mientras que, en otros, se impiden y, si llegan a ver la luz, se ignoran? De ahí la necesidad de conocer mejor los criterios que presiden la selectividad. Por supuesto, el otro lado de la selectividad de la transparencia es la selectividad de la lucha contra la transparencia.


Tal vez no sabríamos de las perturbaciones reveladas por WikiLeaks en 2010 (videos militares sobre el asesinato en Irak de civiles desarmados, dos de los cuales trabajaban para Reuters), si no hubiesen sido divulgadas ampliamente por los medios de comunicación de referencia de todo el mundo. ¿Por qué toda la saña persecutoria se desató contra el fundador de WikiLeaks y no sobre esos medios, algunos de los cuales ganaron mucho dinero que nunca retornó adecuadamente para Assange? ¿Por qué entonces los editoriales del New York Times vitoreaban a Assange como el campeón de la libertad de expresión y celebraron las revelaciones como el triunfo de la democracia, mientras que el editorial de la semana pasada considera su prisión como el triunfo de la rule of law? ¿Por qué el Gobierno de Ecuador protegió “los derechos humanos de Assange durante seis años y diez meses”, en palabras del presidente Lenín Moreno, y lo entregó repentina e informalmente, violando el derecho internacional de asilo? ¿Será porque, según el New York Times, el nuevo préstamo del FMI a Ecuador por valor de unos 4.000 millones de dólares habría sido aprobado por EEUU a condición de que Ecuador entregara a Julian Assange? ¿Será porque WikiLeaks reveló recientemente que Moreno podría ser acusado de corrupción por dos supuestas cuentas offshore, de titularidad de su hermano, una en Belice y otra en Panamá, donde supuestamente se depositaron comisiones ilegales?

En cuanto a la selectividad de la lucha por la transparencia, hay que distinguir entre los que luchan desde fuera del sistema político y los que luchan desde dentro. En cuanto a los primeros, su lucha tiene, en general, un efecto democratizador porque denuncia el modo despótico, ilegal e impune en que el poder formalmente democrático y legal se ejerce en la práctica para neutralizar resistencias a su ejercicio. En el caso de WikiLeaks habrá que reconocer que ha publicado informaciones que afectan a gobiernos y actores políticos de diferentes colores políticos, y este es quizás su mayor pecado en un mundo de rivalidades geopolíticas. La suerte de WikiLeaks cambió cuando en 2016 reveló las prácticas ilegales que manipularon las elecciones primarias en el Partido Demócrata de EEUU para que Hilary Clinton, y no Bernie Sanders, fuera la candidata presidencial; y más aún después de haber mostrado que Hilary Clinton fue la principal responsable de la invasión de Libia, una atrocidad por la que el pueblo libio sigue sangrando. Se puede objetar que WikiLeaks se ha restringido, en general, a los gobiernos más o menos democráticos de dicho mundo eurocéntrico o nortecéntrico. Es posible, pero también es verdad que las revelaciones que se han hecho más allá de ese mundo cosechan muy poca atención de los medios dominantes.


La selectividad de la lucha por parte de los que dominan el sistema político es la que más daño puede causar a la democracia, pues quien protagoniza la lucha, si tuviese éxito, puede aumentar su poder por vías no democráticas. El sistema jurídico-judicial es hoy el instrumento privilegiado de esa lucha. Asistimos en los últimos días a intentos desesperados por justificar la anulación del asilo de Assange y su consecuente prisión a la luz del derecho internacional y del derecho interno de los varios países involucrados. Empero, nadie ignora el hecho de que se trató de un barniz legal para cubrir una conveniencia política ilegal, si acaso no directamente una exigencia por parte de Estados Unidos.


Pero sin duda el estudio de caso del abuso del derecho para encubrir intereses políticos internos e imperiales es la prisión del expresidente Lula da Silva. El ejecutor de tal abuso es el juez Sérgio Moro, acusador, juez en causa propia, ministro de Justicia del Gobierno que conquistó el poder gracias a la prisión del líder del PT. Lula fue procesado mediante sórdidos dislates procesales y la violación de la jerarquía judicial, se lo condenó por un crimen que nunca fue probado, y es mantenido en prisión a pesar de que el proceso no se ha resuelto en sentencia firme. De aquí a cincuenta años, si todavía hay democracia, este caso se estudiará como ejemplo del modo en que la democracia puede ser destruida por el ejercicio abusivo del sistema judicial. Es también el caso que mejor ilustra de la falta de transparencia en la selectividad de la lucha por la transparencia.


No es preciso insistir en que la práctica de promiscuidad entre el poder económico y el poder político viene de lejos en Brasil y que cubre todo el espectro político. Ni tampoco que el expresidente Michel Temer pudo terminar el mandato para el cual no fue electo a pesar de los desórdenes financieros en los que habría estado involucrado. Lo importante es saber que la prisión de Lula da Silva fue fundamental para elegir un Gobierno que entregase los recursos naturales a las empresas multinacionales, privatizase el sistema de pensiones, redujese al máximo las políticas sociales y acabase con la tradicional autonomía de la política internacional de Brasil, rindiéndose a un alineamiento incondicional con Estados Unidos en tiempos de rivalidad geopolítica con China.


Objetivamente, quien más se beneficia con estas medidas es Estados Unidos. No sorprende por ello que intereses norteamericanos hayan estado tan implicados en las últimas elecciones generales. Es sabido también que las informaciones que sirvieron de base para la investigación de la Operación Lava Jato resultaron de una íntima colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense. Pero quizá sea sorprendente la rapidez con la que, en este caso, el hechizo puede volverse en contra del hechicero. WikiLeaks acaba de revelar que Sérgio Moro fue uno de los magistrados entrenados en Estados Unidos para la llamada “lucha contra el terrorismo”. Se trató de un entrenamiento orientado al uso robusto y manipulador de las instituciones jurídicas y judiciales existentes, así como para el recurso a innovaciones procesales, como la delación premiada, con el objetivo de obtener condenas rápidas y drásticas. Fue esa formación que enseñó a los juristas a tratar algunos ciudadanos como enemigos y no como adversarios, esto es, como seres privados de los derechos y de las garantías constitucionales y procesales y de los derechos humanos supuestamente universales.


El concepto de enemigo interno, originalmente desarrollado por la jurisprudencia nazi, buscó precisamente crear una licencia para condenar con una lógica de estado de excepción, a pesar de ejercerse en una supuesta normalidad democrática y constitucional. Moro fue así escogido para ser el malabarista jurídico-político al servicio de causas que no pueden avalarse democráticamente. Lo que une a Assange, Lula y Moro es ser peones del mismo sistema de poder imperial: Assange y Lula como víctimas, Moro como verdugo útil y, por eso, descartable cuando haya cumplido su misión o cuando, por cualquier motivo, se transforme en un obstáculo para que la misión sea cumplida.

19 ABRIL, 2019

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

 

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Viernes, 19 Abril 2019 08:20

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

¿Presidente peruano? ¡Al bote!

Un tiro de pistola en la cabeza a los 69 años. El reciente suicidio de Alan García, dos veces presidente de Perú, mientras la policía entraba a su casa para capturarlo, ilustra trágicamente el estado agónico de la élite gobernante del país.

En desconcertante simetría, los pasados cinco presidentes –más una casi-presidenta, “dueña” del Congreso, Keiko Fujimori– tienen problemas muy graves con la justicia, en particular desde que fueron atropellados por la avalancha Odebrecht, el caso de corrupción más célebre y ruidoso de América Latina en los pasados años.

A Alberto Fujimori se le puede considerar un caso aparte, y el único realmente juzgado: por sus graves crímenes, desde el autogolpe de 1992 hasta su renuncia vía fax en 2000, está purgando una condena de 25 años, ha obtenido una amnistía ilegal de Pedro Pablo Kuczynski –quien, de paso, ha perdido la presidencia por ello– y ha regresado, pero más al hospital que a la cárcel. Fujimori, que nunca ha pedido perdón por las matanzas que ordenó ni restituyó un centavo de los millones robados, ya es un cadáver político aun con dos herederos activos.

Alejandro Toledo, el cholo de Harvard, que en su época (2001-06) fue considerado un “libertador” por haber encabezado la histórica Marcha de los Cuatro Suyos, recluido recientemente en estado de ebriedad por los policías estadunidenses, se ha reducido a un escuálido borrachín refugiado en Estados Unidos para eludir la justicia nacional. Toledo, prófugo junto con su esposa desde dos años, parece haber recibido al menos 20 milloncitos de Odebrecht.

Alan García, cuya segunda presidencia (2006-11), después de la desastrosa primera (1985-90), sólo se debió a una temporánea e inducida amnesia de los peruanos, muere así sin pagar por unas matanzas históricas que perpetró (El Frontón 1986, Bagua 2009) ni por los prolongados latrocinios que cometió en perjuicio de la nación. El bravucón que sin vergüenza sostenía que “la plata llega sola” y a quienes lo acusaban de enriquecimiento ilícito gritaba: ”¡Pruébenlo, imbéciles!”, una vez llegada la hora de las pruebas, ha preferido la fácil escapatoria de la impunidad perpetua.

Mientras sus escasos seguidores tratan de santificarlo como un “mártir acosado por malos jueces”, la mayor parte de la opinión pública lo considera un gran cobarde –especialmente después de su fallido intento, hace cuatro meses, de refugiarse en la embajada de Uruguay– y los críticos más benévolos subrayan (¿irónicamente?) su generosidad para con los suyos, a quienes deja en herencia una ingente fortuna mal habida.

Las fechorías ni tan ocultas de García, su arrogancia egocéntrica, la costumbre de sacrificar a sus subordinados para que pagaran por él, lo habían vuelto el político más impopular de Perú, blindado frente a la acción de la justicia gracias a los numerosos jueces que le debían el puesto. Sin embargo, la popular ofensiva del actual presidente Martín Vizcarra y de una nueva generación de fiscales contra la corrupción, debió hacerle escuchar pasos en la azotea, porque en los últimos tiempos manifestaba un creciente nerviosismo y ensayaba maniobras diversivas y “sicosociales”, como se les llama en Perú: que el gobierno lo estaba espiando (cuando en realidad se trataba de agentes puestos a su protección), que el verdadero problema del país era la anemia infantil y todo lo demás (o sea la lucha anticorrupción) era pura pantalla, que fue víctima de un intento de asalto (nunca comprobado).

El hombre que tenía fama de medicarse con litio, fármaco que se utiliza para curar trastornos bipolares o maníaco-depresivos, y que el embajador gringo en Lima –esto lo sabemos gracias a Wikileaks, ¡Assange libre!– definió “arrogante, desconfiado y con un ego colosal”, según un informe de 2006, no ha sabido enfrentar la posibilidad de pagar la cuenta. Lo que el entonces embajador James Curtis Struble anotaba entonces, podría sonar a epitafio: “Un aspecto en torno al cual hay casi un acuerdo universal es que García tiene un ego colosal que le puede cegar ante los méritos o las buenas ideas y alternativas que vengan de otro que no sea él. El ego de García es su talón de Aquiles y podría tener consecuencias contraproducentes para el actual gobierno, especialmente si no se vigila”.

Después de haber dedicado años a evadir la justicia –los nueve años de autoexilio en Francia, esperando que prescribieran los delitos de su primera presidencia– el último acto de Alan García ha sido justamente esto: burlarse de la ley. El APRA, un partido que ha tenido un lugar destacado en la historia del 900 peruano y ha formado parte de la Internacional Socialista, se va en el mismo entierro de Alan García, reducido a escombros por el abrazo mortal de su jefe.

¿Qué decir de los otros personajes de la lista? Ollanta Humala y su primera dama Nadine Heredia (2011-16), quien fue la verdadera presidenta del quinquenio, salieron en mayo 2018 de nueve meses de reclusión acusados de lavado de activos. La imputación de haber recibido al menos 3 millones de dólares de Odebrecht para sus campañas electorales de 2006 y 2011 le valió unos meses de prisión preventiva, una sanción que se adopta con demasiada frecuencia cuando hay riesgo de fuga o de manipulación de pruebas. No pueden dejar el país.

Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, a pesar de sus 80 años, acaba de experimentar 10 días de “prisión preliminar” –otra figura que se utiliza en espera de decidir sobre la conveniencia de la prisión preventiva, que puede llegar a tres años. Es investigado por lavado de dinero y crimen organizado por recibir pagos ilícitos de Odebrecht. PPK, que favoreció la empresa brasileña en la adjudicación de la Carretera Interoceánica, tuvo que renunciar a la presidencia hace poco más de un año. Nunca pudo ejercer realmente el poder por la furibunda oposición de Keiko Fujimori, quien está en la cárcel desde casi seis meses acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El último crimen de Keiko Fujimori –aunque no imputable legalmente– consiste en paralizar con su partido la reforma política y judicial impulsada por el presidente Vizcarra, cuya sincera disposición a combatir la impunidad se acompaña al derechismo continental del Grupo de Lima y a los intentos de reformas laborales reaccionarias. De hecho, el bipolarismo de Perú es bien visible: unos de los países más corruptos del continente es donde más se persigue a la corrupción.

Por Gianni Proiettis, periodista italiano

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Alan García, un presidente acosado por la corrupción

García se suicidó disparándose un tiro en la cabeza cuando las autoridades ingresaron a su casa con una orden de captura por el caso Odebrecht, en el que fue procesado por cobro de coimas.

No soportó ser detenido por cargos de corrupción. El ex presidente Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza cuando las autoridades ingresaron a su casa para apresarlo. La orden de detención se dispuso en el marco de las investigaciones judiciales ligadas a la trama de corrupción vinculada a la constructora brasileña Odebrecht. Se trataba de una detención preliminar por diez días, luego de la cual la fiscalía podía haber solicitado su arresto preventivo hasta por tres años mientras se desarrollara el proceso judicial en su contra.
Ayer, poco después de la seis de la mañana, hora local, la policía ingresó a la vivienda del ex jefe de Estado con una orden judicial para detenerlo. García dijo que iba a llamar a su abogado y fue a su cuarto, donde se disparó en la sien izquierda. La bala salió por el lado derecho de la cabeza. Inmediatamente lo llevaron a un centro médico, donde falleció minutos después de las diez de la mañana.


La detención preliminar contra García se ordenó por el supuesto cobro de sobornos a Odebrecht durante su segundo gobierno, entre 2006 y 2011. Se investiga los sobornos pagados durante la gestión de García por la construcción de una línea del Metro de Lima, por la cual funcionarios de Odebrecht han confesado haber pagado 24 millones de dólares en sobornos, y por la construcción de una ruta que une Brasil con la costa peruana, licitación obtenida luego del pago de una coima de 20 millones de dólares al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y que fue ejecutada durante la administración de García, período en el cual el precio de la construcción se duplicó.


En los últimos días se conoció, por documentos entregados por Odebrecht en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia, que el secretario de García cuando éste era presidente, Luis Nava, quien también fue su ministro, habría recibido 4,5 millones de dólares de Odebrecht. Nava recibió ese dinero cuando era secretario del entonces presidente, cargo desde el cual no tenía ninguna función ni poder directo sobre las obras concedidas a Odebrecht, por las cuales la empresa pagó sobornos para ganar las licitaciones y sobrevalorar dichas obras.


Su único poder era su cercanía al presidente. La fiscalía tenía la hipótesis que Nava era en realidad un testaferro e investigaba a García como el posible receptor final de esos sobornos. No era la única investigación judicial contra el fallecido ex presidente.


Documentos de Odebrecht han permitido encontrar un pago oculto de la empresa a García por 100 mil dólares y justificados como retribución a una conferencia del ex presidente. También se investiga el supuesto financiamiento ilegal con 200 mil dólares de la constructora a su campaña electoral.


Junto con la orden de detención a García, se ordenó el arresto de otras ocho personas, entre ellas el secretario Nava y un ministro del gobierno de García.


Cuando en noviembre pasado se dispuso su prohibición de salida del país, García intentó eludir las investigaciones judiciales pidiendo asilo en la embajada de Uruguay, el cual le fue negado. Esta vez, tal vez sintiéndose ya sin salida, optó por el suicidio.


En un mes Alan García iba a cumplir 70 años. En 1985, a los 36 años, se convirtió en el presidente más joven en la historia del país luego de ganar ampliamente las elecciones como candidato del socialdemócrata Partido Aprista.


Su primer gobierno estuvo marcado por la hiperinflación, escándalos de corrupción, el crecimiento de la violencia política interna y violaciones a los derechos humanos en el marco del combate a la subversión armada. Acusado de corrupción al terminar su gestión, se fugó del país. Regresó en 2001 luego que los cargos en su contra prescribieron y en 2006 se convirtió en presidente por segunda vez.


En su segundo gobierno dio un radical giro a la derecha. Esta segunda gestión también estuvo marcada por denuncias de corrupción. En eso no hubo cambios con su primer gobierno. Con muy buenos contactos en el sistema de justicia, tenía fama de intocable. Pero su suerte había comenzado a cambiar con el estallido del escándalo Odebrecht que lo tocó directamente.

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Primera fila, de izquierda a derecha, en tercer lugar el padre Javier Giraldo acompañando a la Comunidad de Paz

La utilización de acciones jurídicas se constituye en una nueva herramienta para seguir atentando contra los habitantes que conforman la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así lo demuestra la acción de tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz, tutela fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018, mediante la cual pretenden hacer retractar a las comunidades de sus denuncias públicas que evidencian el accionar conjunto entre militares, policías y paramilitares en la región, supuestamente para proteger el buen nombre y la honra de los militares. Vale la pena decir que estas comunidades desde el año 2005 renunciaron a la utilización de los aparatos judiciales del país, pues han vivido en carne propia la ineficiencia de los mismos y, por el contrario, sus miembros han sido amenazados, perseguidos, desplazados y asesinados luego de interponer denuncia judicial.


El padre Javier Giraldo Moreno, representante de la Comunidad de Paz, envió una carta a la Corte Constitucional en la cual defiende el derecho de las comunidades a negarse a obedecer la sentencia de rectificación, argumentando jurídicamente el por qué es legítimo no hacerlo y dejando claro que los elementos jurídicos utilizados por los militares son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales. Aquí la carta completa:


Señores Magistrados
SALA DE REVISIÓN CORTE CONSTITUCIONAL

Ref: Exp.: T-7092205, asignado el 28 de enero de 2019
Exp: T-1401460 Seguimiento Sentencia T-1025/07


De toda consideración.

En mi condición de representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, habiendo actuado ante esa Honorable Corte en los procesos de revisión que dieron origen a las Sentencias T -249/03, T-327/04, T-1025/07, así como en el seguimiento a esta última y sus Autos consecutivos 164/12, 693/17 y Auto del 7 de septiembre de 2018, y conocedor de la Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018 por la Juez Segunda Promiscua de Apartadó y de la solicitud de su revisión (Exp. T-7092205), asignada a la Sala de Revisión el 28 de enero de 2019 por Insistencia del Defensor Nacional del Pueblo, me permito aportar el siguiente escrito en calidad de AMICUS CURIAE, cuyo contenido puede tenerse en cuenta también para el seguimiento de la Sentencia T-1025/07 (Exp: T-1401460).

La Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, solicitó a la Juez de conocimiento de Apartadó proteger los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los militares adscritos a ella y a sus unidades menores, lesionados por las referencias que la Comunidad de Paz hace sobre el comportamiento de los militares en sus comunicados o Constancias Históricas difundidas en su página web. La Brigada solicita que la Comunidad rectifique las informaciones y que allegue a la fiscalía y a la misma Brigada las pruebas de los comportamientos ilícitos de los militares, y la juez acoge su solicitud en la sentencia.

Como la Honorable Corte lo conoce suficientemente, dadas las diversas sentencias emitidas en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los Autos que han tratado en vano de hacer cumplir las órdenes de sus sentencias y de los autos consecutivos, esta Comunidad de Paz desde el año 2005 renunció a utilizar en su defensa al aparato judicial y a colaborar con él de alguna manera, luego de experimentar durante 8 años que, en lugar de obtener algún acto de justicia y protección, más bien ponía en riesgo a sus miembros, ya que los testigos y declarantes, numerosos en esos primeros años, llegaban a ser estigmatizados, perseguidos, desplazados o asesinados y que, al examinar un buen número de expedientes, se evidenciaban numerosos mecanismos de corrupción e impunidad, como la Comunidad se lo compartió a todas las Altas Cortes en el Derecho de Petición radicado el 19 de enero de 2009. Dicha ruptura con la justicia la Comunidad la fundamentó en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual “nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia”. Esto explica que la Comunidad no haya respondido a los requerimientos de la juez de tutela.

Pero fuera del problema procedimental, el cual hay que discernirlo a la luz de la imperatividad del artículo 18 de la Constitución considerado como principio de alta jerarquía constitucional, existen otros elementos jurídicos que hacen ilegal, ilegítima e inconstitucional la pretensión de los militares, los cuales pongo a consideración de la Honorable Corte:

Este litigio pone en juego el derecho a la libre expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Este derecho fue examinado profundamente en la Sentencia T-1025/07 (referida a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó) y hace parte de su núcleo doctrinal de fondo. En la Parte IV de dicha sentencia, donde se aborda la “Revisión por parte de la Corte – Consideraciones y Fundamentos” (No. 12, pag. 79) se afirma: “La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa (CP arts 1º, 3º y 40). Por ello, en numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertad[1], que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado.”

Si se tiene en cuenta, además, la jurisprudencia internacional sobre el tema, es importante referirse a la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de octubre de 2000, donde se establecen estos principios:


(1) “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”
(2) “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
(5) “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
(11) “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Por otra parte, hay derechos muy claros consagrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), en su Declaración conocida como el compendio de derechos de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: en su artículo 6 establece el derecho de toda persona, individual o colectivamente: “a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados”.

Esta Declaración de la Asamblea General no deja duda alguna respecto al derecho que asiste a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó A PUBLICAR Y DIFUNDIR INFORMACIONES QUE PERMITAN DEBATIR SI ESOS DERECHOS SE OBSERVAN O NO, NO SOLO EN LA LEY SINO EN LA PRÁCTICA Y A SEÑALAR A LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO ESAS CUESTIONES POR MEDIOS ADECUADOS.

El ejercicio de un derecho como éste, fundamentado tan claramente en la jurisprudencia y la doctrina internacional, obedece también a circunstancias contextuales que es bueno tener en cuenta:

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desde que tuvo claro que su conciencia ética le impedía colaborar con una “justicia” que no llenaba los mínimos requisitos para llamarse tal, como ampliamente se documentó en el Derecho de Petición a las Altas Cortes del 19 de enero de 2009, buscó caminos alternativos para que los crímenes de que era y sigue siendo víctima no se quedaran en la total impunidad. Su primer camino escogido fue llevar sus casos a tribunales internacionales y así lo hizo acudiendo, tanto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como a la Corte Penal Internacional, a la Audiencia Nacional de España y explorando otros espacios de jurisdicción universal, procesos todos que son muy prolongados y demandan costosos requerimientos. Otro camino, que creyó debía ser más expedito, fue el recurso al derecho constitucional de petición ante el Jefe de Estado, esperando que por vía administrativa tomara decisiones exigidas por su condición de garante de derechos, fundamentada en varios artículos de la Constitución Nacional; sin embargo, los numerosos derechos de petición radicados en los despachos de los últimos 4 presidentes, no dieron resultado alguno, pues los presidentes los remitieron siempre a los ministros de defensa, solidarios de la alta oficialidad castrense, los cuales jugaron un papel sistemático de encubrimiento y complicidad, dando respuestas saturadas de evasiones, negaciones y falsedades que permitieron siempre mantener incólumes las estructuras criminales de la región y sin investigación ni sanción alguna a los oficiales responsables de los crímenes. Presidentes y ministros se negaron, además, a suministrar los nombres de los agentes de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y lugares donde fueron perpetrados los crímenes, y desacataron con inflexible contumacia las sentencias y autos de la Corte Constitucional que les ordenó reiteradamente suministrar esos nombres. Un tercer camino que ha sido casi concomitante con la larga existencia de la Comunidad de Paz, ha sido el recurso a la sociedad civil, sin esperar de ella decisiones judiciales sino sólo éticas y políticas, pues se funda en el derecho de la especie humana a conocer el respeto o irrespeto con que los aparatos de Estado tratan la dignidad humana y en el derecho a pronunciarse, a protestar y a defender la vida y los derechos fundamentalmente humanos desde la opinión pública universal; este camino se ha alimentado a través de las Constancias Históricas que se difunden por las redes sociales y que en este caso son el blanco de ataque de las Brigada XVII y de la Juez Segunda Promiscua de Apartadó.

Otro elemento del contexto que vale la pena tener en cuenta es el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Paz para que la administración de justicia pueda regenerarse. Por muchos años la Comunidad clamó para que se constituyera una Comisión de Evaluación de la Justicia, pues su trágica experiencia le fue mostrando que el aparato judicial desconocía la independencia de poderes y que recurría a métodos excesivamente perversos para construir testimonios y pruebas falsas para condenar a inocentes o para absolver a culpables, violando todos los principios rectores de los códigos vigentes y de los tratados internacionales y comprando la complicidad de fiscales, jueces, procuradores, magistrados y defensores. Cuando el líder histórico de la Comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue masacrado con su familia el 21 de febrero de 2005, estaba empeñado en conseguir que se constituyera esa Comisión. Gracias al Auto 164/12 de la Corte Constitucional, dicha Comisión se pudo constituir pero sufrió el boicot interno de los funcionarios participantes, llegando a su plazo máximo de funcionamiento sin haber examinado un solo expediente. A la Comunidad le asiste la convicción de que la justicia no puede funcionar rectamente si no se enfrenta ese pasado lleno de podredumbres, tanto para descubrir y establecer correctivos como para purificar su personal, excluyendo y sancionando a quienes la han convertido en un ámbito repugnante del delito, y además para reparar, al menos moralmente, a las víctimas.

En el Auto 693/17, la Corte no insistió en reconstruir la Comisión de Evaluación de la Justicia sino que propuso que los casos de la Comunidad de Paz fueran remitidos a la Jurisdicción Especial de Paz –JEP-. La Comunidad ha examinado a fondo las posibilidades de justicia con que cuenta la JEP y le elevó una consulta documentada a su Presidenta, la cual fue respondida ampliamente en un documento que confirma sus dudas y temores. En primer lugar, la interpretación laxa que está haciendo la JEP del requisito para que un victimario (y consiguientemente sus víctimas) se acojan a ella: el que los hechos estén relacionados “directa o indirectamente con el conflicto armado” o se hayan perpetrado “con ocasión del conflicto”, distorsiona radicalmente las características de los crímenes sufridos por la Comunidad de Paz, cuya identidad esencial consiste justamente en no participar en el conflicto armado ni colaborar ni convivir con ningún actor armado. Si los victimarios de la Comunidad alegan relación alguna con el conflicto para poder acogerse a la JEP, eso solo es posible hacerlo apoyándose en calumnias infames que les hicieron creer que la Comunidad era lo mismo que la guerrilla. Esa infamia distorsiona radicalmente cualquier intento de justicia. Por otra parte, las diversas manipulaciones políticas del Estatuto de la JEP la inhabilitaron para ejercer justicia de acuerdo a los parámetros y normas del Estatuto de Roma: le quitaron la posibilidad de juzgar la responsabilidad de los jefes de Estado, y si algo llega a ser de absoluta evidencia, para quien lea y analice los 87 derechos de petición, con los horrores que allí se describen y los clamores apremiantes a los presidentes para salvar vidas, integridades y derechos de los miembros de la Comunidad y de los campesinos de su entorno, es que los presidentes fueron los máximos responsables del horror, por no atender clamores tan justos y urgentes de las víctimas y por no cumplir deberes tan esenciales de su cargo. La misma Corte Penal Internacional ha venido cuestionando la redacción tergiversada que se le dio a los artículos sobre responsabilidades de mando de los militares, para acomodarlos a una descarada impunidad. Otros artículos perversamente modificados por los poderes políticos han llenado de trabas la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas genocidas; las causales de sistematicidad; la incriminación a empresarios, políticos y funcionarios civiles cuyo papel no pocas veces fue determinante de los crímenes y de su impunidad. Todo esto se envuelve en un manto más gigantesco aún de dudas y oscuridades, cuando se percibe la ausencia absoluta en el SIVJRNR de estrategias de No Repetición. La creencia de que dejar intactas las instituciones y las estructuras que permitieron y favorecieron los horrores es “garantizar la no repetición” no es, en absoluto, de recibo. Queda claro que la JEP no es el escenario que pueda hacer mínima justicia a la Comunidad de Paz.

La revisión de esta sentencia de tutela debería abordar, en sana lógica, los factores que han llevado a una comunidad campesina agobiada por los más horrendos crímenes sistemáticos, a limitarse a la reacción más primaria de una víctima: el grito de auxilio ante sus semejantes. Y ese el último atajo elementalmente humano que la Brigada y la juez quieren cerrar en esa sentencia de tutela.

Anexo a este Amicus Curiae el libro “En las entrañas del Genocidio”, que sistematiza el informe de fondo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12325 y el CD: Anexos al Informe 21 Años de Ignominia, con copias de los procesos desarrollados en 21 años sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Con toda consideración,


Javier Giraldo Moreno, S. J.
C.C. 3.515.984 Dirección: carrera 5 No. 33-B-02, Bogotá, D. C. Tel: 2456181

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Pelearemos como David contra Goliat

La amenaza que veíamos venir desde hace tempo se ha hecho realidad. El Reino Unido, tras violentar durante estos años todas las normas del derecho internacional, ha cumplido su función de brazo ejecutor después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, supeditado a los intereses de los EE.UU. de Donald Trump, haya retirado el asilo político a Julian Assange. En unas imágenes que deberían ruborizar a cualquier demócrata, el Gobierno de Ecuador ha abierto la puerta de su embajada para permitir que la policía británica sacara de forma violenta al fundador de WikiLeaks.

Es muy grave lo ocurrido, y plantea un futuro incierto a Julian Assange quien después de casi ocho años de reclusión inhumana en el recinto de la embajada ecuatoriana, se encuentra ahora a expensas de lo que la Corte de magistrados de Westminster determine, una vez se ponga en marcha la extradición al país norteamericano. De inicio, el periodista buscó refugio ante la orden de aprehensión de Suecia por denuncia de violación, una causa que ya fue archivada en mayo del pasado año. Ahora enfrenta la condena por haber incumplido las medidas cautelares de su libertad, cuestión que siempre hemos aceptado y nunca hemos eludido responder tanto en Suecia como en Gran Bretaña, pero denunciando, a la vez, la instrumentación que de estos países hacía EE.UU. Al final se ha desvelado la trama. Incluso desde diciembre de 2017 existía una orden de detención de la justicia estadounidense en Londres, a pesar de que tanto los británicos como el gobierno del presidente Moreno, específicamente el canciller Valencia, lo negaron.

Tras ese argumento se escondía la verdadera razón de la persecución contra el activista: Estados Unidos no puede consentir que Assange, mediante WikiLeaks, haya hecho públicos miles y miles de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial, denunciando torturas y crímenes de guerra por parte de responsables militares de ese país en lugares como Irak o Afganistán y filtraciones de las comunicaciones entre embajadas USA con Gobiernos y servicios de información en todo el mundo.


Las acusaciones de Suecia siempre fueron para su defensa una argucia para extraditarle a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por tal causa. Sabemos ahora que, en efecto, lo que latía bajo este asunto era la acusación por conspiración por parte de una Corte estadounidense. Y es probable que este delito, el de conspiración para hackear ordenadores, sea solo el principio, porque buscan con ello eliminar la verdadera base política de la persecución.


La acción británica viene precedida de una serie de incumplimientos de los convenios internacionales. Gran Bretaña ha estado prescindiendo, obviando, incumpliendo y violentando todas las normas del derecho internacional y de los derechos humanos. No han atendido al salvoconducto que pedía Ecuador desde hace años porque había otorgado un asilo, y una vez otorgado el asilo los demás países tienen que cumplirlo.


Sobre el papel de Ecuador, poco puedo añadir a lo que ha manifestado el ex presidente Rafael Correa, quien en su día en nombre de los Derechos Humanos asiló a Assange, que ha criticado la detención y ha calificado de “traidor” al actual presidente por permitir su arresto. “Esto jamás será olvidado por la humanidad entera. Uno de los actos más atroces fruto del servilismo, la vileza y la venganza. La historia será implacable con los culpables de algo tan atroz”, ha dicho Correa, añadiendo: “De ahora en adelante, a nivel mundial la canallada y la traición podrán ser resumidas en dos palabras: Lenín Moreno”.


Pocas veces he asistido a tan sorprendente actuación contra lo que marca el derecho de asilo como la que este jueves hemos vivido. Las confusas afirmaciones del actual mandatario ecuatoriano, lo dicen todo: “Ecuador da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por seis años y diez meses el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en nuestras instalaciones de la embajada en Londres”. “El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático. Violó particularmente la norma de no intervenir en los asuntos internos de otros estados”, ha añadido. Extremo este que es incierto, porque la acusación en este sentido siempre fue una argucia, como queda demostrado por los SMS que obran en la causa.


La concesión del asilo lo fue por riesgo fundado, de acuerdo con las convenciones aplicables al caso. Su retirada solo se puede producir si aquel riesgo desaparece. En este caso, lejos de que el peligro haya desaparecido, se ha incrementado exponencialmente con las declaraciones recurrentes de autoridades norteamericanas, que han llegado a calificar a Wikileaks de organización terrorista. Tampoco se ha realizado ningún procedimiento de revisión con alegaciones para el asilado, como requería imperativamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al cerrar la demanda de medidas cautelares formulada meses atrás.


La mezcla de argumentos es difícil de comprender. De una parte, Moreno parece reprochar el gasto que la delegación ha cubierto. De otra, culpa a Assange de expresar sus opiniones sin concretar qué normas de derecho internacional ha afectado, de tal modo que se ha hecho merecedor de una sanción tan peligrosa. También de que es editor de WLO, cuando esto ya no es así; como tampoco tiene que ver con la filtración de los INApapers. O porque, y aquí viene el punto álgido, según Moreno, ha solicitado a Reino Unido que no entregue a Assange a un país en que se ejerza la tortura o exista la pena capital. Y asegura que los británicos han dado su asentimiento por escrito pero ¿acaso está exento Estados Unidos de estas dos condiciones? Es incontestable que la pena de muerte existe y uno de los elementos básicos por los que el país de Trump ha saltado a la palestra en WikiLeaks es por los supuestos malos tratos sistemáticos cuando así lo han considerado los poderes militares en casos de conflicto. Y además, un país en el que no se garantiza la ausencia de la tortura como puso de manifiesto el Relator contra la tortura Juan Méndez en el caso de Chelsea Manning, que fue sometida a un trato cruel, inhumano y degradante y que nuevamente ha sido encarcelada, el riesgo que corre Julian Assange si la extradición se materializa, es inmenso.


Aún queda lo más importante. ¿Qué ocurre con los derechos humanos? Estados Unidos discurre por un camino que nos llevará a todos al desastre. Recientemente amenazó con la prohibición de visados a los miembros del Tribunal Penal Internacional que investiguen casos como la supuesta responsabilidad de miembros de esa alta instancia de militares norteamericanos en Afganistán. Hace apenas unos días hizo efectiva esta sanción retirando el visado a la fiscal del TPI Fatou Bensouda que junto a sus colaboradores indaga desde 2016 la posible responsabilidad de soldados estadounidenses entre 2003 y 2004, en los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán. Ante tal sinrazón, Bensouda ha manifestado que seguirá cumpliendo su deber.


¿Muerto el perro se acabó la rabia? Esa parece ser la política del país más poderoso del mundo. Si la CPI puede afectar a los propios intereses, se anula y prohíbe, por más que Afganistán forme parte de los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma y que este tribunal sea una instancia superior, internacional, que garantiza la protección de las víctimas. Si un periodista activista denuncia ante el mundo las irregularidades, trapacerías, asesinatos, corrupción y manejos de la potencia mundial, se le persigue, aísla y aprovechando un giro a la derecha en el Gobierno de Ecuador, que hasta entonces entorpecía el objetivo marcado, se logra que esta nación levante el asilo acordado y dé vía libre para acabar con el estorbo Assange. ¡Menuda suerte que el presidente Correa, de talante progresista, fuera sustituido por Moreno, de talante marcadamente de derechas. ¡Vaya casualidad!


El caso Assange no termina aquí. Su equipo legal y yo, como coordinador de la defensa del periodista, no estamos dispuestos a permitir tal atropello. Pelearemos como David contra Goliat, como venimos haciendo desde hace años. Este asunto va más allá de una filtración o de un entramado de conflictos legales. Estamos hablando del derecho de los ciudadanos del mundo a conocer en manos de quién estamos, de lo que nos ocultan y de a dónde pretenden conducirnos. Y una vez que sabemos, no es tan fácil callar al mensajero. Lo que pretende Estados Unidos, apoyado en quienes le están favoreciendo, no es otra cosa que impunidad. No podemos ni debemos tolerarlo, y no lo haremos.


* Jurista. Coordinador de la defensa de Julian Assange. Artículo publicado originalmente en eldiraio.es. Link: https://www.eldiario.es/zonacritica/Assange-impunidad_6_887571262.html

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