Miércoles, 24 Octubre 2018 16:42

Prisión Fantasía

Prisión Fantasía

A pesar de algunos relatos forzados, innecesarios y ‘alargados’ (en el sentido garciamarquiano), The Orange Is The New Black, en su sexta temporada, logra mantener atento al espectador gracias a sus historias dramáticas e irónicas, a sus personajes dotados de gran vitalidad y a su perfecta habilidad de dar “golpes” inesperados (en el sentido cortaciano) hasta dejarnos noqueados.

 

Quien resiste los engorrosos primeros capítulos, como quien cruza por el desierto, encontrará al final la Tierra Prometida, una que, sin duda, mana leche y miel. Sin convertirse en un documento panfletario, la serie denuncia el racismo estructural y las siniestras y deshumanizadas implicaciones de haber privatizado el sistema penitenciario en Estados Unidos. Muestra, al interior de las cárceles, la conflictiva vida cotidiana y sus dinámicas de poder y supervivencia y nos adentra al mundo íntimo, complejo e imposible de juzgar de sus fascinantes personajes.

 

Un juicio con muchos problemas

 

Luego del indignante asesinato de Poussey Washington (Samira Wiley), quien fue asfixiada por un joven guardia sin el perfil para tratar con las reclusas, y el posterior motín desatado por este hecho, reprimido por la fuerza policial antidisturbios, la trama pasa a las sentencias de las reclusas no sólo por haber liderado el motín sino por la muerte del oficial Desmond Piscatella (Brad William Henke), un hombre que, momentos antes de ser asesinado, había secuestrado y torturado a las reclusas. Aquí es donde los guionistas se suben las mangas y comienzan a lanzarles críticas a la justicia penitenciaria.

 

En una escena reveladora se muestra una pared con la palabra “murder” (asesinato) a la izquierda, a la derecha, Riot Leaders. Debajo: las fotos de Dayana Días, Cindy Hayes, Frieda, Mendoza, Flores, Nichols, María Ruiz, Pipper, Roja y Tacha. Tres oficiales tienen la difícil tarea de investigar quiénes fueron las líderes del motín y quiénes están implicadas en el asesinato. Más difícil aun cuando el Gobernador les reduce el tiempo para concluir la investigación dado que están sufriendo una crisis en “relaciones públicas”.

 

Las familias de los policías muertos quieren acusadas y la agencia de Priones necesita a cinco por cargos graves. Sin embargo, el oficial encargado tiene una solución. “Hoy acabaremos con la declaración de Dayanara Días, y de este grupo sacaremos una cadena perpetua por asesinato, y tres condenas de diez años mínimo para las líderes”. Pero aún así es mucho esfuerzo; “hagamos esto más fácil” dice y toma la foto de Tacha –mujer negra y defensora de los derechos de las reclusas– y la pega en cadena perpetua; una oficial le dice que ninguna reclusa acusa a Tacha, pero el encargado la calla diciéndole que no importa, “es la cara que la gente vio en los videos”. Pero para que no se note la injusticia y la arbitrariedad, concluye: “elijamos de todos los colores”. 

 

Así, Tacha Jefferson pasa a ser el chivo expiatorio, la cara negra que hace comprensible el asesinato del oficial. Ella lo sabe y da la pelea. Ante el jurado acepta los cargos por el motín, pero niega responsabilidad por el asesinato. No está sola. A su lado está una organización por los derechos de las reclusas negras y, pieza importante de este puzle, Joe Caputo, exalcalde de mínima seguridad en Lichfield, quien representa el papel del que quiere hacer el bien por las reclusas, pero siempre se ve impedido por el sistema corporativo. Caputo, a la vez que investiga por su cuenta quién es el verdadero responsable por la muerte de Piscatella, idea una estrategia para desviar la atención de la opinión pública sobre Tacha, gracias a su pareja Nataly, mujer ambiciosa y ahora nueva alcalde de mínima seguridad. Contacta a las reclusas a las que les han vulnerado sus derechos y les propone que demanden. Es el caso de Sophia Burset, travesti, quien durante seis meses dejó de recibir su tratamiento hormonal. Al mismo tiempo, Tacha ofrece entrevistas a medios que ejercen el periodismo de investigación. Pero comete un error. En su necesidad de denunciar lo que se vive en la cárcel, miente al decir que los oficiales de máxima seguridad la maltratan.

 

Entre tanto, como es de esperar, Gerencia y Correccionales mueve sus hilos para impedir que continúe la crisis de “relaciones públicas”. Su primera estrategia es cambiar de nombre: PolyCon se llamarán ahora. Luego, en otra muestra de originalidad, hacen un documental en el que las reclusas hablan de la buena administración de GC. “A PolyCon no le interesan las personas”, se confunde Suzanne (Uzo Aduba), uno de los personajes más impactantes, quien debía decir “no sólo le importan las personas”. Por último, comprar conciencias. Linda, presidenta de PolyCon y examante de Caputo, le ofrece 300 mil dólares y la salida anticipada a Sophia Burset. En este punto, entre otros, es donde se ve la buena mano de los escritores. Tras aceptar el dinero y la salida, el espectador sensato no puede juzgar a Sophia. ¿Cómo se dejó sobornar? ¿No importa más la lucha por los derechos de las mujeres travesti? “La única responsabilidad que tengo es con mi esposa e hijo. Este dinero podría mantenerlos como yo debí hacerlo todos estos años. Mi hijo irá a la universidad, así no terminará aquí como yo”. No es sólo el interés personal lo que guía su conducta. En eso se basa la imposibilidad de juzgarla. Está pensando no en sí misma sino en su hijo.

 

Nancy y la ley del sobreviviente

 

A quien no le gusta que le revelen los finales puede dejar de leer en este instante. Sin embargo, es necesario decirlo para que se comprenda a cabalidad la magnitud del problema. Tacha Jefferson es declarada culpable. ¿Cometió el asesinato? No. Y eso lo sabía Nancy Hayes (Adrienne C. Mooe), mujer negra de cuerpo grande y conocedora de todos los raperos importantes. Ella era la única que podía salvarla. Nancy, junto con Suzanne, presenciaron cuando la policía antimotines, luego de asesinar por error a Piscatella, puso su cuerpo en la piscina donde estaba el grupo de reclusas, entre ellas Tacha, y hacen parecer que ellas fueron quienes lo asesinaron disparándole un tiro en la frente. ¿Por qué Nancy no dijo nada? “Estuve rodeada de policías despreciables toda mi vida. Sé lo que hacen a personas como yo cuando hablamos”, responde ella.

 

Prisión Fantasía

 

Copelad y Álvarez, dos guardias de la prisión, encuentran tiradas en el piso a dos mujeres. Una, boca arriba, se desangra por la garganta. La otra, bocabajo, tiene clavada en la espalda un cuchillo improvisado. “Son puntos dobles por la asesinada y la asesina”, dice Álvarez, un hombre blanco de padres latinos al que se puede odiar con facilidad. “Ganaste Prisión Fantasía”, continúa. Copelad, mujer de cara roja rellena que disfruta de los libros de autoayuda, se congratula de su victoria ante Álvarez. “En tu cara”, le dice. Esta es la prueba máxima de la deshumanización de los guardias de prisión hacia las reclusas. Para ellos, las mujeres no son personas. “Si comienzas a ver a esos animales así, estás jodida”, le dice uno de los guardias a una colega.

 

“Prisión Fantasía” en un juego inventado por los guardias de máxima prisión. Consiste en seleccionar a reclusas y ganar puntos por lo que ellas hagan. Suman si sus reclusas tienen sexo, se pelean, suicidan o vomitan. Para ganar los puntos debe haber un tercero presenciando el comportamiento. Gana, claro, quien más tenga. Las conductas están clasificadas por un número de puntos: suicidio, 20, fuga, 40, vómito 1, así con todos. Aquí es donde comienza la historia. Para ganar, los guardias son quienes incitan y promueven la violencia entre las mujeres. En un momento, desesperada por el ambiente pacífico entre las reclusas, Copelad le dice a Chapman que le devolverá la parte del diente roto que encontró en el pasillo si ella le pegaba a María Ruiz.

 

El juego macabro no es sólo una forma de diversión producto de la deshumanización, es ante todo de carácter político. Hastiada del juego, McCullough (Emily Tarver), una guardia blanca que padece estrés post traumático por el motín, confronta a Hopper, el jefe de los guardias, y le dice que no tiene sentido el juego, que es horrible. Hopper le pregunta desafiante: “¿alguna vez oíste de un motín en máxima seguridad? ¿qué hayan atacado a un guardia? ¿recuerdas un incidente grande? Por eso hacemos Prisión Fantasía, para que se golpeen entre ellas. Porque cuando hacen eso, no nos miran a nosotros”. El que se peleen entre ellas no sólo evita que pongan el foco en los guardias y las injusticias y abusos que cometen. Evita, ante todo, que miren a Gerencia y Correccionales, que se organicen y peleen juntas por sus derechos en contra de la compañía que ahora busca meter a cuatro prisioneras en una celda hecha para una persona o dejar que la prisión sea sólo para penas largas, con ello el nivel de rentabilidad económica es más alto. Así, Prisión Fantasía es una metáfora de esos juegos, discursos, que el poder diseña para que, como ciudadanos, trabajadores, desempleados, no cuestionemos al poder.

 

Las hermanas y la guerra entre bloques

 

De forma magistral, la serie se esfuerza en resaltar una y otra vez las estrategias del poder para perpetuarse. En este caso, la estrategia que utilizan las hermanas Denning le es muy familiar al espectador colombiano. Bárbara y Carol, las hermanas, llegaron a la cárcel por asesinar a su hermana menor, de quien sentían envidia por concentrar la atención de sus padres. Unidas en la muerte, separadas en la vida, las hermanas entran en conflicto el primer día que pasan en prisión. La causa: los créditos por una historia graciosa que cada una acredita como suya. Sí, por eso. Como el conflicto se hizo tan violento, separaron a cada hermana en un bloque distinto. Carol, bloque C, Bárbara, bloque B. El bloque E está asignado para la tercera edad y las travestis, por eso se considera una región neutral. Así se conformó la guerra entre el bloque C y el D. Cada una de las hermanas buscaban conformar un ejército de reclusas en contra del bloque enemigo. Para convencerlas de unírseles, no bastaba con decirles que una le robó la historia a la otra. Era necesario construir el miedo. Hacerles creer que el bloque contrario quería hacerles daño, que si no hacían algo las iban a lastimar. El discurso funcionó. Las subordinadas se apropiaron de éste y lo vivieron como propio. Además, aspecto fundamental, su poder también se basó en el control del comercio de drogas, productos de todo tipo y los trabajos legales de la cárcel, claro, siempre aliadas con los guardias.

 

En un momento en el que el nivel de tensión llega a su clímax, Bárbara acusaba a Carol de intentarla asesinar con veneno y Carol de que su hermana le quitara los trabajos buenos, cada una se prepara para la guerra. Reclutan soldadas y construyen armas. Aprovecharía el día en que volverían a jugar KIckball, un deporte legendario en la prisión, para ejecutar el ataque. Era necesario, había que vengarse. El día llegó. Los equipos estaban conformados y ya sabían en qué momento se atacarían. Sin embargo, al salir al campo, las dos hermanas se esconden juntas en el cuarto de aseo. Confiesan su verdadero plan: hacer que las mujeres se maten entre sí para así poder ellas infiltrase en el bloque E para matar a Frieda, quien les hizo aumentar décadas a su condena.

 

¿Resulta familiar? Debería. Fernando Guillén Martínez, en El poder político en Colombia, expone cómo líderes liberales y conservadores pasaban de uno a otro bando, dependiendo de la posición de poder que ocuparan. Así, si un líder hacendado conservador quedaba derrotado por otro conservador hacendado, se pasaba a las líneas liberales y desde ahí movilizaba al pueblo para ir en contra de los sotaneros rezanderos. Con la misma lógica, en la actualidad, uribistas insultan a santistas creyendo que sus líderes son radicalmente diferentes.

 

El final de la serie es uno de los más bellos que puedan existir. Profundamente simbólico y con una clara intencionalidad política. Traicionadas por sus soldadas, quienes decidieron dirimir sus diferencias con el Kickball, en el cuarto de baño las hermanas se atacan luego de volver a discutir por los créditos de la anécdota. La una le abre el cuello a la otra al tiempo que recibe una puñalada en la espalda. El poder se acaba así mismo. Y la anécdota en realidad le sucedió a un tercero, a una compañera de trabajo. No hace falta describirla. La misma serie nos muestra la banalidad de las razones del conflicto.

Publicado enEdición Nº251
Mustafá al Madani sale del consulado vestido con la ropa que llevaba puesta Khashoggi cuando ingresó.

El asesinato del periodista Khashoggi en el consulado saudita de Estambul puso en entredicho uno de los planes más ambiciosos del príncipe Salman, el Davos del Desierto, con la mira en transformar la economía del país.


Algunos países reaccionaron de inmediato y con firmeza, Alemania; otros cambiaron sus posiciones según los días, Estados Unidos; algunos, en Occidente, se sumaron a Alemania con algún atraso, Francia y Gran Bretaña, y otros, como España, asumieron unas de las posiciones más cobardes que se conozcan sólo porque le vendieron muchos millones de dólares en armas a Arabia Saudita y no convenía protestar muy alto para no perder el negocio. El asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado saudita de Estambul ofreció todo el abanico hecho de cinismo, oportunismo político, diplomacia de los intereses y posturas asustadizas que suele agitarse en algunas crisis donde quien la provoca es un socio necesario.


Las condiciones en las que murió Jamal Khashoggi así como el rápido descubrimiento del comando de espías sauditas que intervino en la desaparición del periodista llevaron a que este caso se convirtiera en uno de los escándalos más costosos para su imagen y sus negocios a los que se haya enfrentado hasta ahora Arabia Saudita. El crimen del periodista pone a prueba la legitimidad del príncipe heredero saudí Mohammed Ben Salman, alias “MBS”, y también la lealtad de Occidente con sus retóricas democráticas. La crisis, desde ya, puso en entredicho uno de los proyectos más ambiciosos de Salman y detrás del cual las grandes empresas tecnológicas del mundo se frotaban las manos como lobos hambrientos ante su cercana presa. Riad había invitado a los directivos de las empresas de altas tecnologías a una cumbre que debía celebrarse entre el 23 y el 25 de octubre. Se trata del llamado “Davos del desierto” dedicado a avanzar en el proyecto Visión 2030. Este plan de desarrollo presentado hace dos años tenía como objetivo transformar completamente la economía saudí. Mohammed Ben Salman pretende que Arabia Saudita, primer exportador de petróleo del mundo, se vuelva un mastodonte de los servicios y de las tecnologías digitales. En ese plan Visión 2030 entraba la construcción de “Neón”, una ciudad futurista tan grande como Bélgica y cuya construcción está cifrada en 500 mil millones de dólares.


Seguramente, como lo admiten anónimamente varios empresarios franceses citados por la prensa, el caso de Khashoggi “le da un golpe al atractivo de Arabia Saudita”. Ello se tradujo ya por la anulación de los desplazamientos de decenas de empresarios que rehusaron acudir a la cumbre tecnológica del príncipe hasta que no haya vientos más limpios. Será difícil que el liberalismo renuncie en nombre de los valores a hacer fastuosos negocios con el reino wahabita, tanto más cuando que Jamal Khashoggi era un critico permanente de los delirios autoritarios del príncipe: Visión 2030 era su gran proyecto de modernización del país y el periodista uno de sus más acérrimos enemigos. Según Ankara, entre el comando de 15 personas que viajó a Turquía para ocuparse del periodista, había varios miembros que pertenecían al entorno de seguridad más estrecho del príncipe. La implicación y el objetivo que tenían estas personas al llegar a Turquía es ya inobjetable incluso si las autoridades saudíes, acorraladas por las exigencias, reconocieron que Khashoggi había muerto dentro del consulado saudí de Estambul “después de una pelea con las personas con quienes se encontró allá”. Los “encontrados” allá la tenían en todo caso muy bien pensada.


La CNN difundió imágenes sobradamente explicitas donde se muestra la forma en que el comando intentó engañar a las cámaras de seguridad de la zona para hacer creer que el periodista había salido sano y salvo por la parte de atrás del consulado. En el video de la CNN se ve a uno de los miembros del comando, Mustafá al Madani, saliendo de la representación diplomática vestido con la ropa que llevaba puesta Khashoggi cuando ingresó por el otro lado. Se hace obvio además que los servicios de inteligencia turcos tenían bien vigilados a los diplomáticos saudíes.


Riad no logra desprenderse del escándalo, incluso si hay posturas de países importantes como Estados Unidos que llevan el sello payasesco de Donald Trump y las ambigüedades que imponen los 110 mil millones de dólares que Arabia Saudita le prometió a Trump en contratos armamentistas. Encima, como faltan apenas dos semanas para que entren en vigor las sanciones contra Irán orquestadas por Washington y Riad, es casi seguro que, fuera de algún ademán retórico sin consistencia, no habrá movida norteamericana.


En Europa destaca la postura achicada del gobierno “socialista” español ante la tragedia de Estambul. Los cerca de 2.000 millones de euros en contratos de armas firmados entre Riad y Madrid le cerraron la boca el Ejecutivo del PSOE y… también a ese loro dador de lecciones que es el diario El País. Tan dispuesto siempre a decapitar a los dirigentes progresistas de América Latina y a derribar cualquier iniciativa que venga de la sociedad civil, está vez hizo la venia y se escondió en el cuartel de la libertad de guardar silencio cuando me conviene.

Hay que admitir que Europa ha sido tierna y desigual ante el crimen de Khashoggi. Su postura y sus ambivalencias contrastan con la virulencia y la rapidez con la que actúa cuando se trata de Rusia. La Unión Europea le exigió a Riad “una investigación profunda” sobre la desaparición de Jamal Khashoggi. Eso es todo por el momento. La Unión está muy lejos de contemplar sanciones semejantes a las que adoptó contra Moscú cuando Rusia apareció implicada en el envenenamiento de un agente doble en Londres. Esta tibieza condujo a la canciller alemana Angela Merkel a pedir más firmeza a los europeos exigiéndoles que cesen de vender armas a Riad. Berlín, que tenía un contrato de armas con el reino wahabita por unos 400 millones de euros, decidió suspenderlo hasta que no se aclaren las circunstancias de la muerte del periodista. El ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, advirtió que la medida de Berlín “no tendrá consecuencias positivas si somos únicamente nosotros los que dejamos de exportar y vienen otros países a cubrir ese hueco”. Antes, en un comunicado conjunto, París, Berlín y Londres, habían puesto en tela de juicio la veracidad de la versión saudí sobre la muerte de Jamal Khashoggi. Pero solo Berlín suspendió la venta de las armas. París, otra de las grandes capitales que siempre salen al paso con lecciones de moralidad, no imitó a Alemania. En 2017, Francia subintró armas por 1,38 mil millones de euros. Como las armas norteamericanas, españolas, las francesas sirvieron en la ofensiva que Arabia Saudita junto a sus aliados del Golfo lanzaron en Yemen, donde además de fracasar militarmente cometieron incontables crímenes de guerra: 10.000 muertos, de los cuales, según la ONU, 9500 eran civiles. A nadie le tembló la moral cuando se trató de alimentar esa guerra. No les temblará tampoco ahora por el asesinato de un periodista en la sede de una representación consular a manos de un comando que viajó expresamente con ese propósito.
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Martes, 23 Octubre 2018 06:06

Un freno a la “Ley Fuji”

Un freno a la “Ley Fuji”

El presidente de Perú, Martín Vizcara, anunció ayer que el Ejecutivo observó, y por lo tanto no promulgó, la ley aprobada por el Congreso el pasado 11 de octubre que habilitaba la liberación del ex mandatario Alberto Fujimori, conocida por los medios como “Ley Fuji”. El presidente fundamentó su decisión en el hecho de que el Parlamento no había dedicado tiempo suficiente para analizar una medida de esas características. “Hoy estamos presentando la observación a la ley. Los argumentos están plenamente justificados. Sin embargo, necesitamos una norma debatida a profundidad para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean un peligro para la sociedad. Amerita debatirse y buscar el consenso necesario entre las diversas fuerzas políticas”, indicó el presidente. Vizcarra se mostró, sin embargo, a favor de crear una ley que posibilite que personas de avanzada edad, con males de salud, sigan cumpliendo su pena bajo arresto domiciliario.

El Parlamento peruano, dominado por los fujimoristas de Fuerza Popular, aprobó de manera exprés una ley para liberar, por razones humanitarias, con grilletes electrónicos a presos ancianos, lo que impediría el reingreso en prisión de Fujimori, de 80 años, cuyo indulto fue anulado a principios de este mes. El ex mandatario se encuentra actualmente internado en un hospital de Lima a la espera de que los médicos le den el alta médica para poder reingresar en prisión.


La norma fue tramitada con un carácter extraordinario, sin pasar por las comisiones correspondientes y tras un intenso debate en el que los partidos Peruanos Por el Kambio, el centrista Acción Popular y los grupos de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio cuestionaron al fujimorismo por promover esta polémica ley y advirtieron que fomenta la impunidad.

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Lunes, 15 Octubre 2018 06:51

San Romero de América

San Romero de América

El reconocimiento formal que la Iglesia Católica hace hoy de la santidad del obispo mártir salvadoreño Oscar Arnulfo Romero resulta sumamente trascendente para América Latina en el momento en que avanzan procesos políticos de restauración conservadora y neoliberal, con fuertes componentes autoritarios contra los que en su momento luchó y a los que combatió el obispo centroamericano. Comenzando por el hecho de que en El Salvador gobierna actualmente el derechista partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), fundado en 1981 por el mayor Roberto d’Aubuisson Arrieta el militar que al frente de su grupo (a quien no casualmente se denominaba “la conexión argentina”), fue directo responsable del asesinato de Romero, acribillado mientras celebraba misa y después de haber increpado a las fuerzas armadas desde el púlpito exigiéndoles “en nombre de Dios, les ruego, les ordeno, cese la represión”. 

Romero sabía que estaba en peligro. Sobre todo después del asesinato del sacerdote Rutilio Grande (1977), uno de sus inmediatos colaboradores. Pocos días antes del asesinato –cometido por un francontirador nunca identificado– en respuesta a una pregunta de la televisión suiza acerca de si sentía miedo, el obispo respondió: “Miedo propiamente no, cierto temor prudencial sí, pero no un miedo que me inhiba, que me impida trabajar. Al contrario, creo que muchos me dicen que debo cuidarme un poco, que no debo andar exponiéndome, pero yo siento que mientras camine en el cumplimiento de mi deber, que me desplace libremente a ser un pastor de comunidades, Dios va conmigo y si algo me sucede estoy dispuesto a todo”.


Gran mérito sobre la canonización de Romero le corresponde al papa Francisco, convencido del testimonio de vida del obispo salvadoreño. Pero sin duda uno de quienes más hizo por la causa es el hoy cardenal salvadoreño (el primero de su país) Gregorio Rosa Chávez. Discípulo de Romero, también periodista de profesión, Rosa Chávez luchó contra todas las resistencias y obstáculos montados en la misma Iglesia para impedir la canonización, proceso apenas destrabado en 2007 y acelerado después que Bergoglio llegó al papado.


La canonización de Romero, como la próxima beatificación del obispo argentino Enrique Angelelli y sus compañeros mártires, son mensajes que el papa Francisco lanza al mundo, sobre todo si tomamos en cuenta que el hecho del reconocimiento eclesiástico de la santidad supone la propuesta institucional de un modelo de vida. Entiéndase bien. A nadie se le pide el martirio. Sí el compromiso de vida que lo precede y que, en el caso de Romero, de Angelelli y sus compañeros, los condujo a la muerte martirial.


El reconocimiento institucional que hoy se hace de estos testigos de la Iglesia es también un primer paso –al que deberían seguir muchos otros– para asumir una larga lista de cristianos asesinados en épocas recientes en América Latina como consecuencia de las dictaduras y los regímenes de seguridad nacional. Porque de la misma manera que se señala la responsabilidad institucional de la Iglesia Católica con aquellas dictaduras, es preciso poner en evidencia a laicos, laicas, sacerdotes, religiosas y obispos que fueron asesinados y desaparecidos por su compromiso con la justicia. Murieron luchando desde sus convicciones de fe cristiana por una sociedad igualitaria para todos y todas.


No hay que pensar, sin embargo, que estos testimonios ejemplares serán rápidamente incorporadas ni a la vida de la Iglesia Católica ni, mucho menos, al conjunto de la sociedad. En primer lugar porque la propia institución eclesiástica está plagada de contradicciones y signos discordantes. Pero aún más allá de ello porque el ejemplo de vida de estos mártires contemporáneos contradice la mirada dominante en el mundo político y económico actual.


Pero además porque para muchos (algunos católicos y otros que sin serlo lo ven desde el costado político) resulta paradójico –o directamente inaceptable– que las muertes de estos obispos haya ocurrido como consecuencia de su lucha por la justicia, por los derechos sociales y populares, en abierta rebelión política contra regímenes totalitarios. Unos y otros conciben que ese no es el lugar que le cabe a los dirigentes religiosos. Un estigma que hoy también castiga a sacerdotes y laicos comprometidos que luchan por la justicia social y la integralidad de derechos motivados por su fe religiosa.


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Trump pierde la guerra sexual y gana la judicial

La confirmación del juez Brett Kavanaugh en la Suprema Corte alteró la correlación de fuerzas cuando el Poder Judicial se encuentra en manos de una mayoría de cinco jueces conservadores, del total de nueve –con salarios de 260 mil dólares al año–, lo que explica la feroz batalla que se libró con todo tipo de "armas sexuales" que epitomizan la pornocracia de EU (http://bit.ly/2A6O6xv).

El hipotético caso de un impeachment por el Congreso puede ser rechazado por la Suprema Corte, donde Trump cuenta ya con mayoría, de acuerdo con las reglas de la caníbal democracia de EU.

The Wall Street Journal, asociado a Fox News –que apoya a Trump– reveló que las manifestaciones en el Capitolio en contra del nombramiento del mancillado juez Kavanaugh fueron financiadas por el mega-especulador George Soros (https://on.wsj.com/2A7Vf0O).

Sólo Dios sabe si el imputado acosó sexualmente a Christine Blasey Ford hace 36 años, en su época preparatoriana.

Lo que sí sabemos los humanos es que el clan de los Clinton se cobró 20 años después la vendetta de la factura contra Kavanaugh, quien había redactado el caso del "vestido azul" de la "becaria" Lewinsky.

Se trata(ba) de desprestigiar aún más a Trump y al Partido Republicano como una caterva de degenerados, a unos días de las elecciones intermedias del 6 de noviembre: susceptibles de trastocar los órdenes doméstico/regional/global.

Mucho dependerá qué tanto daño causó la demolición sexual del juez Kavanaugh y del mismo disoluto Trump, quien con tantos escándalos sicalípticos hasta parece estar blindado, como sucedió con Mitrídates, rey del Ponto en 160 AC, quien de tanto ingerir veneno en pequeñas dosis consiguió su inmunidad tóxica.

Estamos a 22 días de saber si la votación favorable para el juez Kavanaugh en el Congreso, con bendición expedita de la FBI, tendrá un efecto desfavorable para el Partido Republicano o, al contrario, repercutirá con un sonoro bumerán.

El Partido Demócrata centró sus ataques en los presuntos acosos sexuales de Kavanaugh –impugnados por el movimiento #Metoo, relevante en el caso del cineasta Harvey Weinstein (http://bit.ly/2A6ZfhM), íntimo de la cábala de los Clinton–, mientras el Partido Republicano se confinó como defensor de la "presunción de la inocencia": inalienable derecho democrático.

Aquí el Partido Demócrata cometió un el error jurídico al pretender que una acusación, sea cierta o falsa, equivale a una condena inapelable, omitiendo la legítima defensa del impugnado.

The Economist, de los banqueros esclavistas Rothschild, dio vuelo al movimiento #MeToo “Sexo y Poder (https://econ.st/2A6Yrte)”, que tiene todos los derechos democráticos para denunciar, pero sin perder de vista los sacrosantos elementos de defensa y de presunción de la inocencia: cuando se puede caer en la ultrajante injusticia de que se es culpable hasta no demostrar que se es inocente.

El 6 de noviembre se reconfigurará la cartografía. Trump, más que su etéreo impeachment, se juega su relección: un verdadero referéndum.

Hoy la sociedad de EU parece dividirse más en una "guerra de sexos" que en su verdadera disparidad económica, profundizada dramáticamente.

NYT expone los fuertes lazos de los bancos y las corredurías con los candidatos del Partido Demócrata, según cifras de Center for Responsive Politics, y que han superado a los supuestamente pudientes del Partido Republicano (https://nyti.ms/2QK3NAn).

Los omnipotentes financieros del Partido Demócrata son George Soros, de 88 años, y el "judío-episcopalista" Tom Steyer, de 61 años, entrenado en Morgan Stanley y Goldman Sachs, y dueño de Farallon Capital con 20 mil millones de dólares.

Wall Street también juega con sus "supercomputadoras" de High Frequency Trade que pueden redireccionar el voto, como avisó con su abrupta caída de 800 puntos que luego rebotó.

¿Los Demócratas apuestan a las finanzas de Wall Street, mientras los republicanos lo hacen con el petróleo?

Vienen 22 días escalofriantes.

http://alfredojalife.com

@AlfredoJalifeR_

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Por fin un sindicato gana una huelga ante la justicia: Tribunal Superior de Buga dice que fue legal la de SNTT en Buenaventura

Varios e importantes fueron los triunfos que SNTT, Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia se anotó en torno a la huelga que entre el 5 y el 20 de septiembre pasado adelantaron los trabajadores del puerto TCBUEN de Buenaventura.


Su primer triunfo consistió en que, siendo sindicato minoritario, logró que por votación de todos los trabajadores de TCBUEN el 82% aprobara la huelga. El segundo fue el triunfo de la huelga misma, al lograr  que la empresa cediera en los puntos que se negaba a negociar. Su tercer triunfo fue lograr que los trabajadores de los demás puertos del país prepararan y estuvieran dispuestos a declarar una huelga de solidaridad con sus compañeros de Buenaventura, que si no la hicieron fue porque no necesitaron hacerla.


Y su cuarto triunfo tuvo lugar  esta semana, y fue el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que dictaminó que la huelga fue legal, en respuesta a la demanda que TCBUEN –siguiendo los pasos de Avianca y con sus mismos argumentos– interpuso para lograr que fuera declarada ilegal.


La huelga fue votada el 27 de agosto después de agotadas todas las instancias de ley, y luego de que los directivos de TCBUEN se negaran a negociar puntos sustanciales del pliego que le presentó el Sindicato.


“La empresa nos  menospreció.. En vez de negociar nuestro pliego fortaleció el plan de beneficios que tiene montado para debilitar al sindicato. Creyó que por éste ser minoritario no sería capaz de sacar adelante la huelga”, dijo Esteban Barboza, presidente Nacional de SNTT.


Esa condición de sindicato  minoritario (de los 380 trabajadores de la empresa solo 87 estaban afiliados) lo obligó a convocar a la totalidad de los trabajadores a votar la huelga, o en su defecto por Tribunal de Arbitramento. La votación se realizó el 27 de agosto y 228 votaron a favor de la huelga, 46 por Tribunal y 3 votos nulos.


El fallo del Tribunal


En su demanda TCBUEN alegó, como primer argumento, que el servicio que presta es de carácter público esencial, por tanto una huelga allí es improcedente. Y el segundo argumento fue que la votación estuvo viciada de nulidad.


Pero en su fallo el Tribunal Superior de Buga determinó que todo el proceso de la votación de la huelga se ajustó a los requerimientos del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo sobre declaratoria de huelga, y concluyó que la votación se realizó en la debida forma.


Y en cuanto al argumento de que TCBUEN es una empresa que presta un servicio público esencial, el Tribunal también lo desestimó. Subrayó que, tras hacer un estudio de la normatividad, la jurisprudencia y la doctrina internacional, constató que el servicio que presta: el de cargue y descargue de barcos portacontenedores, no es de carácter público esencial y por tanto la huelga es procedente.


Esteban Barboza destacó el hecho de que el Tribunal Superior de Buga haya resuelto el caso en tan poco tiempo, menos de 15 días, pues la demanda la entabló TCBUEN el 28 de septiembre.


También calificó como “hipócrita” la actitud  de los directivos de TCBUEN, quienes, una vez se levantó la huelga, gracias en buena parte a la mediación del Ministerio de Trabajo, expresaron satisfacción por el arreglo y su disposición para mejorar el clima laboral y las condiciones de los trabajadores. “Pero a los ocho días le clavan la demanda al sindicato por la supuesta ilegalidad de la huelga. Eso no lo entendemos”, anotó Barboza.


TCBUEN apeló el fallo adverso del Tribunal Superior de Buga, entonces por competencia el conflicto tendrá que ser finalmente dirimido en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

La huelga por solidaridad

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que autorizan la huelga por solidaridad en Colombia. Lo que pasa es que ésta no está reglamentada, pero eso no quiere decir que legalmente no se pueda hacer, y más en el caso de un sindicato como el nuestro, que es de industria”, explicó el presidente de SNTT.

Y, en efecto, el sindicato tanteó la posibilidad de hacerla en el caso de que la huelga de los trabajadores de TCBUEN en Buenaventura se hubiera prolongado y agudizado. De hecho estuvieron a punto de someterla a votación, con lo cual el conflicto laboral se hubiera extendido a los demás puertos del país.

La sola posibilidad de la realización de la huelga por solidaridad fue, si se quiere, el hecho más relevante de la huelga de los trabajadores de TCBUEN, ya que hubiese marcado un precedente importante para el conjunto de la lucha sindical en Colombia.

“La huelga por solidaridad  no fue un cañazo. Comenzamos a orientarla desde antes de que terminara la etapa de prórroga en la negociación, en vista de que TCBUEN seguía cerrada en bloquear unos puntos importantes del pliego que le presentamos”, señaló Esteban Barboza.

Recordó que el día 13 de septiembre SNTT le envió una carta a la Sociedad Portuaria de Buenaventura para informarle sobre la realización de la huelga por solidaridad,  la cual se iría a someter a votación de los todos los trabajadores sindicalizados en los puertos. Esa carta provocó que la Sociedad Portuaria convocara al sindicato para tratar el tema, y también alertó a las sociedades portuarias de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

De haberse realizado, la huelga de solidaridad hubiera paralizado el comercio internacional del país, sostiene Barboza, no solo porque SNTT cuenta en estos puertos con un buen número de afiliados: 392 en la Sociedad Portuaria de Buenaventura, 142 en la de Barranquilla y 92 en la de Santa Marta, sino porque esos afiliados son los más calificados de la cadena portuaria, los que manejan las grúas y la gran maquinaria.

“Por eso cundió la preocupación entre los empresarios portuarios, y fue la principal razón para que la huelga en TCBUEN terminara en buenos términos para los trabajadores”, agregó el presidente nacional de SNTT.

Finalmente resaltó, como efecto del éxito de la huelga, el aumento de la membresía del sindicato en TCBUEN, donde antes tenía 87 afiliados y hoy ya tiene 107. “Es porque los trabajadores se han dado cuenta de que estamos haciendo bien el trabajo, que somos una organización seria y de lucha, no un sindicato amarillo, de esos que hay muchos en Buenaventura”, anotó.

Otro hecho que destacó fue la composición de la comisión que por el sindicato negoció la convención colectiva con los directivos de TCBUEN. De los 6 negociadores, 4 fueron jóvenes menores de 30 años, gente nueva, todos formados en negociación colectiva en la Escuela Nacional Sindical.

“Lo cual manda un mensaje al sindicalismo. Tiene que apostarle al relevo generacional. Esos sindicatos con dirigentes atornillados por años no ayudan a que el sindicalismo se oxigene”, puntualizó Esteban Barboza.

 

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El Congreso de Perú garantiza que Alberto Fujimori no vaya a la cárcel

El autócrata, que vio anulado su indulto hace una semana, se ve beneficiado por una norma aprobada por los suyos en tiempo récord y que también podría favorecer a Vladimiro Montesinos



 

La mayoría fujimorista de Fuerza Popular en el Congreso peruano, de oposición al Gobierno de Martín Vizcarra, ha aprobado este jueves una ley de "ejecución humanitaria de la pena" para que los presos mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su condena puedan continuarla "a través de vigilancia electrónica" desde su domicilio. La norma ha sido preparada explícitamente para favorecer al autócrata Alberto Fujimori, que vio anulado su indulto la semana pasada. Y podría favorecer también a Vladimiro Montesinos, ex asesor de Fujimori de 73 años y jefe de facto de las fuerzas armadas en el régimen, que en un lustro podría beneficiarse de esa misma libertad vigilada.


Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000, fue sentenciado hace nueve años a un cuarto de siglo de prisión como autor mediato de varios delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado -considerados crímenes de lesa humanidad- cometidos principios de la década de los noventa. Los hechos fueron perpetrados por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército creado durante su régimen y al que el propio Fujimori felicitó y amnistió.


En la nochebuena del año pasado, el entonces jefe de Estado y de Gobierno peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que evitaba su reingreso en prisión para cumplir la parte restante de la condena a cambio de un último y desesperado balón de oxígeno político. Pero la semana pasada, el caso volvió a dar un giro de 180 grados con la anulación judicial de la medida de gracia atendiendo a una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Desde entonces, los suyos han tratado de buscar el ángulo legal para evitar el cumplimiento de la orden del magistrado supremo Hugo Núñez Sulca. El martes, la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma -expulsada de Fuerza Popular en 2016, pero que vota en el mismo sentido que el resto de la bancada opositora-, presentó un proyecto de ley de "ejecución humanitaria de la pena" para presos de la tercera edad. Y este jueves la junta de portavoces decidió someter el proyecto de ley a la votación del pleno, exonerándolo de la discusión en las comisiones parlamentarias.


Al inicio del debate parlamentario de la ley, el diputado de Acción Popular Yohny Lescano (centroderecha) advirtió de que, de aprobarse, el texto llevaría al Estado peruano a incumplir sus obligaciones internacionales y pidió que la iniciativa legislativa fuera remitida a la comisión correspondiente para su debate preliminar. Pero el fujimorismo, arrasando como suele hacer con su holgada mayoría, rechazó la moción y aprobó en menos de media hora la norma con 55 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones.


La norma indica que el ámbito en que el condenado puede desplazarse queda circunscrito “a la provincia donde se encuentra el domicilio del penado”. Si quisiera salir de ella, deberá comunicarlo 48 horas antes al Instituto Nacional Penitenciario y acreditar a una persona que garantice su retorno, asumiendo responsabilidad penal en caso de no cumplir este precepto.
Horas después de que el juez Núñez Sulca ordenase el regreso de Fujimori a la cárcel, el autócrata fue ingresado en una clínica de la comunidad peruano-japonesa en la que permanece desde entonces. Con esta maniobra política, la enésima del fujimorismo, evitará -al menos de momento, siempre al albur de cualquier cambio futuro en la composición del Legislativo- regresar a prisión.

Lima 12 OCT 2018 - 00:10 COT

 

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Lunes, 08 Octubre 2018 06:24

Bofetada

Bofetada

La derecha acaba de tomar el poder de las tres ramas del gobierno federal.

Un hombre acusado de hostigamiento y hasta de violación por 19 mujeres logró colocar a otro hombre elitista acusado por tres mujeres de abuso sexual en uno de los puestos más poderosos del país mientras miles, tal vez millones, de mujeres coreaban: "vergüenza, vergüenza".

Por 50 a 48 votos en el Senado, el margen más pequeño en más de un siglo, el juez Brett Kavanaugh fue ratificado como uno de los nueve jueces en la Suprema Corte; nombramiento vitalicio que tendrá severas consecuencias por mucho más tiempo que esta presidencia.

Con ello hubo doble bofetada a este país: una a todas las mujeres conscientes, especialmente a cualquiera que haya sido víctima de violencia sexual, y otra a la integridad del sistema judicial.

A pesar de que miles de mujeres se manifestaron y realizaron actos de desobediencia civil en los últimos días –cientos de ellas arrestadas en el Capitolio y en edificios de las oficinas del Senado–, de que más de mil 200 profesores de leyes, varias escuelas de leyes (incluidas Harvard y Yale, alma mater del nuevo juez de la Suprema), la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA) y hasta un juez supremo retirado (algo sin precedente) expresaron su oposición a Kavanaugh tanto por las acusaciones contra él como por su comportamiento partidista que anuló la cualidad profesional de imparcialidad necesaria para cualquier juez, éste fue ratificado el sábado.

Con ello se logró el sueño de Trump y los líderes legislativos republicanos de consolidar una mayoría conservadora en la Suprema Corte, y por ahora conquistar el control de las tres ramas del gobierno.

Todo esto poco después de una audiencia ante el Comité Judicial del Senado donde la profesora universitaria Christine Blasey Ford tuvo la valentía de recontar públicamente un día traumático hace 36 años: el intento de violacion sexual por un Kavanaugh borracho. En una masiva expresión de solidaridad, miles de mujeres compartieron por redes sociales y medios sus propias historias como víctimas de ataques sexuales y promovieron la consigna "yo sí te creo" ante una ola derechista cuestionando la credibilidad de Ford (quien recibió tantas amenazas que ella y su familia tuvieron que mudarse y vivir en una especie de clandestinidad en estas semanas).

Trump y sus cómplices fueron cautelosos al inicio al cuestionar la credibilidad de la víctima, pero no se aguantaron mucho y empezaron a burlarse de Ford y sus defensores y con ello, ilustrando las razones por las cuales las mujeres evitan reportar casos de violencia sexual a las autoridades o políticos. Los republicanos, incluido el juez, acusaron que las protestas, las expresiones de repudio y los políticos opositores eran parte de un complot de la "izquierda" para descarrilar la ratificación de Kavanaugh. Trump de inmediato buscó usar este triunfo con fines electorales y tuiteó: "no le das poder a una chusma enojada de izquierda. Los demócratas se han vuelto demasiado extremistas y peligrosos para gobernar. Republicanos creen en el imperio de la ley; no en el imperio de la chusma. Voten republicano".

En todo esto hay indicios claros de algo más peligroso que una pugna política sobre la aprobación de un juez. Algunos expertos siguen advirtiendo sobre los paralelos históricos de regímenes fascistas, y lo dicen tanto conservadores tradicionales como liberales. El cineasta y activista Michael Moore alerta que todo está en juego en esta próxima elección intermedia, y que si la oposición a Trump no logra el triunfo esta podría ser la última elección libre en este país.

Después de la histórica Marcha de Mujeres que enfrentó a Trump el primer día de su presidencia, el estallamiento de movimiento #MeToo que está tumbando a hombres poderosos en todos los ámbitos, en esta elección hay un número sin precedente de mujeres candidatas al Congreso y otros puestos de elección.

Tal vez las mujeres podrán rescatar al país de este precipicio el 6 de noviembre en las elecciones intermedias donde toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y varias gubernaturas están en juego.

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Sábado, 06 Octubre 2018 05:44

Fujimori resiste su arresto

Fujimori resiste su arresto

El caso Fujimori, la campaña sucia en Lima, las reformas de Vizcarra y la agresiva oposición fujimorista con el gobierno, más los escándalos de corrupción, se entrecruzan en el crispado escenario peruano.


El ex dictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, indultado irregularmente y que ahora debe volver a prisión al haberse anulado ese perdón, vuelve a ser protagonista político y tensa más el cargado e inestable escenario peruano. El caso Fujimori, la posibilidad que un acusado de violaciones a los derechos humanos se convierta este domingo en alcalde de Lima, el enfrentamiento de una agresiva mayoría parlamentaria fujimorista con el gobierno, escándalos de corrupción que se suman uno tras otro, un profundo descrédito de la clase política y las instituciones y una creciente indignación ciudadana, se entrecruzan en el convulsionado escenario peruano, que se ha crispado aún más esta semana.


Fujimori sigue en la clínica en la que se internó el miércoles cuando un tribunal revocó el indulto que en diciembre pasado le diera el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski –que tres meses después debió renunciar– argumentando razones humanitarias, pero que en realidad fue parte de un pacto político. El autócrata de 80 años, que gobernó entre 1990 y 2000, aduce supuestos males cardiacos para seguir en la clínica y evitar su regreso a prisión.


Desde su cama del centro médico, Fujimori ha enviado un video en el que suplica que no lo regresen a la cárcel. “Quiero pedirle al presidente, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa: por favor, no me maten. Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más”, dijo, dramático, en su breve mensaje. Todo parecía calculado para buscar respaldo a partir de generar lástima. Voceros fujimoristas siguieron el mismo guión. El presidente Vizcarra ha respondido diciendo que se debe respetar la decisión judicial que revocó el indulto. La Corte Suprema verá la apelación presentada por la defensa del ex dictador.


Fujimori ha jugado tantas veces con la supuesta gravedad de su salud para buscar impunidad –con ese argumento, que se demostró era falso, obtuvo el indulto–, que resulta difícil creer en la veracidad de su dramático alegato. No hay un informe médico imparcial que lo avale.


El fujimorismo presiona con su mayoría parlamentaria –y con el apoyo de sectores de la derecha más conservadora y autoritaria– en defensa de su fundador. Y maniobra para salvarlo de un regreso a la cárcel. Ahora pretende sacar en el Congreso una ley para que a las personas mayores de 80 años, la edad que tiene Fujimori, se les conmute las condenas que tengan. Tiene el poder de los votos para aprobarla, pero no el del respaldo popular, con su lideresa Keiko Fujimori generando un 80 por ciento de rechazo. Sería además una decisión que abonaría a la indignación ciudadana y al descrédito del Congreso, que tiene menos de diez por ciento de aceptación.


Si se da marcha atrás en la derogatoria del indulto o se anula la condena de Fujimori con una ley con nombre propio, eso gatillaría protestas en las calles y un amplio rechazo de diversos sectores, desde la izquierda hasta la derecha liberal, como ya ocurrió cuando se dio el indulto trucho hoy anulado.
Si la anulación del indulto a Fujimori fue recibida como una victoria de la justicia y los derechos humanos, al día siguiente otro tribunal apuntó en el sentido opuesto: en un cuestionado fallo absolvió del cargo de asesinar a un periodista al general retirado Daniel Urresti, actual candidato a la alcaldía de Lima en las elecciones de este domingo. El crimen ocurrió en 1988 en Ayacucho, zona que era epicentro de las acciones del grupo armado Sendero Luminoso, donde Urresti estaba destacado como capitán del ejército.


Urresti fue ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala y frustrado candidato presidencial por el humalismo en 2016, y ahora se postula a la alcaldía de Lima con un discurso de mano dura contra la delincuencia. La última encuesta, publicada el domingo pasado, lo pone en el primer lugar entre los veinte candidatos, con 17,3 por ciento de la intención de voto. El ex congresista fujimorista Renzo Reggiardo, que ha formado su propia agrupación, se ubica muy cerca, con 16,9 por ciento, pero está en caída. En tercer lugar está el centrista Jorge Muñoz, con 14,2 por ciento y con una tendencia al alza. La candidatura del favorito Urresti se fortaleció con la sentencia.


El periodista Bustíos fue asesinado cuando cubría información en un paraje rural andino. Fue acribillado y rematado con explosivos. En 2007, dos oficiales del ejército fueron condenados por el crimen. Después de esa sentencia, dos militares acusaron a Urresti, quien fue jefe de inteligencia en esa zona, de haber participado en el asesinato, pero sospechosamente durante el juicio se retractaron. Una campesina, testigo de lo ocurrido, lo identificó ante los jueces como autor del asesinato, pero su testimonio no fue considerado por el tribunal. A su salida del juzgado, Urresti celebró con sus seguidores y aprovechó para hacer campaña.


La aprobación esta semana en el Congreso, después de un largo y áspero debate, de las cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente Vizcarra –la no reelección inmediata de los congresistas, volver a un Congreso bicameral, el control de los aportes privados a las campañas electorales y la reforma del organismo encargado de nombrar y destituir a jueces y fiscales, que serán sometidas a referéndum en diciembre, no ha descomprimido las tensiones políticas como algunos esperaban.

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Se cayó el indulto otorgado al dictador Fujimori

Un juzgado anuló el indulto señalando que este perdón violaba las normas internacionales por tratarse de un condenado por crímenes de lesa humanidad. Tras conocer la noticia, Fujimori fue trasladado a una clínica.

El ex dictador Alberto Fujimori tendrá que volver a prisión, para cumplir su condena a 25 años, dictada en 2009 por cargos de secuestro y asesinato, y por varios casos de corrupción. Esto luego que se cayó el indulto que en diciembre pasado le diera el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Un juzgado lo anuló señalando que no se cumplieron los requisitos para un indulto humanitario por razones médicas como el que se otorgó, y que este perdón violaba las normas internacionales por tratarse de un condenado por crímenes de lesa humanidad. Esta medida se tomó luego que en junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que este indulto sea revisado por las autoridades judiciales peruanas. Conocida la noticia de la anulación del indulto, hasta la mansión de Fujimori, en uno de los barrios más exclusivos de la capital peruana, llegaron sus hijos y su abogado. También algunas decenas de sus seguidores. Luego de varias horas, el autócrata que gobernó entre 1990 y 2000 abandonó su residencia. Pero no fue a prisión, sino a una clínica. 

Fujimori, de 80 años, fue sacado de su casa en una ambulancia. En el trayecto a la clínica lo acompañó su hijo menor Kenji, quien había negociado con Kuczynski el indulto hoy anulado. Sus allegados señalaron que el ex dictador había quedado muy afectado al enterarse que deberá volver a prisión. Fujimori deberá ser internado en el cuartel policial de las afueras de Lima donde cumplía su sentencia, en una prisión VIP en la que era el único detenido, hasta que fue indultado en diciembre, para completar lo que le resta de su condena, de la que ha cumplido poco más de diez años.


Keiko, la hija del ex dictador que ahora encabeza el partido fujimorista, lloró ante cámaras al momento de ingresar a la casa de su padre poco después de conocida la noticia de la anulación del indulto, dijo que era el día más triste de su vida y habló de “odio y venganza” por la anulación del indulto. “Basta ya de persecución”, señaló, sollozando, repitiendo el conocido discurso que trata de desacreditar las demandas de justicia por las violaciones a los derechos humanos quejándose de una supuesta persecución. Los principales dirigentes del fujimorismo repitieron lo de “odio y venganza” y hablaron de “abuso judicial”. “Victimas hay muchas”, dijo la congresista fujimorista Luz Salgado, minimizando los crímenes del gobierno del cual ella formó parte. “No nos vamos a quedar tranquilos”, amenazó Salgado.


Desde otros sectores políticos y desde el lado de los familiares de las víctimas del régimen fujimorista elogiaron la anulación del indulto, recordaron los sustentados cuestionamientos a su carácter humanitario y las evidencias de su motivación política. Le respondieron al fujimorismo diciendo que la anulación del indulto no tenía nada que ver con la venganza o el odio, sino con la justicia y los derechos de las víctimas. En el Congreso legisladores fujimoristas mostraron carteles en los que se leía “No más odio” y mensajes similares, y las otras bancadas levantaron inscripciones como “No más impunidad”.


“Esta decisión de la Justicia de anular el indulto nos devuelve la tranquilidad y nos hace sentir respetados. Se necesita garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y que se cumpla la condena de unos de los principales culpables de violaciones a los derechos humanos. El indulto humanitario no fue tal sino un negociado. Con esa decisión hemos recuperado la justicia que nos fue arrebatada con el indulto”, señaló Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas del fujimorismo.


Fujimori fue indultado en la noche de Navidad del año pasado por el entonces presidente Kuczynski, quien argumentó un supuesto mal estado de salud del ex mandatario para darle un perdón humanitario. Pero desde un comienzo quedó claro que lo de humanitario era una farsa para encubrir una negociación política entre Kuczynski y Kenji para canjear el indulto por una decena de votos de la bancada fujimorista controlados por el hijo del patriarca del clan Fujimori para salvar al entonces presidente de un pedido de destitución por corrupción por sus vínculos con la cuestionada constructora brasileña Odebrecht. Los votos de Kenji salvaron a Kuczynski. Tres días después llegó el indulto, que se dio en tiempo récord festinando trámites y con muchas irregularidades. Era el pago de Kuczynski por esos votos que evitaron su caída. Quedaba claro el pacto de impunidad para cambiar votos por el indulto. Pero el indulto ahondó la crisis del gobierno y tres meses después Kuczynski debió renunciar.


Ahora Keiko llora en público la anulación del indulto a su padre, pero cuando éste se dio se distanció de una medida que en ese momento no parecía querer, preocupada por su propio futuro política y el riesgo de que su hermano se fortalezca con la liberación del padre, que lo apoyaba abiertamente, y la desplace del liderazgo del fujimorismo. En ese momento, Keiko criticó duramente a Kenji por haber negociado con Kuczynski y poco después lo expulsó del partido fujimorista.


“El indulto fue perjudicial para el fujimorismo porque lo llevó a la división entre Keiko, que veía el indulto como un obstáculo para sus aspiraciones políticas, y Kenji, que quería el indulto como una prioridad. Ahora la anulación del indulto va a ahondar la división y desarticulación del fujimorismo. Esto va a perjudicar a Keiko, que ya está en una muy mala situación, con un rechazo que pasa el 80 por ciento”, le señaló a PáginaI12 el historiador y analista político Nelson Manrique.


Alberto Fujimori fue condenado por el asesinato de 15 personas, entre ellas un niño, durante una fiesta para recaudar fondos en una humilde vivienda de Barrios Altos en el centro de Lima en noviembre de 1991, y por el secuestro y ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, ubicada en las afueras de la capital peruana, en julio de 1992. Ambos crímenes fueron cometidos por el llamado Grupo Colina, un destacamento del ejército que actuaba como un escuadrón de la muerte bajo las órdenes y protección del gobierno de Fujimori, quien fue condenado como autor mediato de estos crímenes. También fue sentenciado por varios cargos de corrupción.


Algunas decenas de personas fueron a la casa de Fujimori y a la clínica a darle su respaldo, mientras familiares de las víctimas del fujimorismo hicieron un plantón frente al Palacio de Justicia para respaldar la anulación del indulto.

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