La violenta paz de Colombia: "Cada día matan a uno o dos líderes sociales"

Las amenazas y la violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes comunales se ha recrudecido en el país desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, mientras el Gobierno de Iván Duque trata de restarle importancia. Los desplazamientos forzosos continúan y los colombianos ya son la segunda nacionalidad que más asilo pido en España.

"Abandonar tu territorio y a tu familia por amenazas es lo más triste que le puede pasar a uno en la vida", relata por teléfono a Público la lideresa afrocolombiana Julisa Mosquera, nacida en Quibdó, capital del Chocó. En Colombia, cada día aumenta más la lista de líderes sociales y de defensores de derechos humanos que son asesinados, la inmensa mayoría con total impunidad.

El país está viviendo una oleada de violencia que, paradójicamente, se ha recrudecido desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP en 2016. Los datos varían en función de la fuente pero todos son igualmente alarmantes. Entre 2016 y 2019 se registraron 366 homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos, según el último informe de Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. La Defensoría del Pueblo eleva la cifra 555 en el mismo periodo y alerta del "aumento exponencial", en el caso de las mujeres.

Sólo el año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 108 asesinatos de líderes sociales, casi un 50% más que en 2018. En los dos primeros meses de 2020, la oficina de Michelle Bachelet ha confirmado otros cuatro homicidios y verifica otra treintena.

La lista aumenta si se cuenta a exguerrilleros desmovilizados. En tan solo los dos meses de 2020, más de 60 activistas y excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados por oponerse públicamente a proyectos de grandes multinacionales, denunciar corrupción política o enfrentarse a los grupos armados que buscan ocupar los territorios, según las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Desde la firma de la teórica paz colombiana, este organismo cuenta más de 700 líderes sociales asesinadosy 135 excombatientes de las FARC. Fuera quedan los ataques y las amenazas, y numerosos colectivos denuncian el maquillaje de cifras por parte de los diferentes Gobiernos.

"Son homicidios sistemáticos que buscan crear miedo en las regiones rurales para que nadie pueda denunciar", recalca la activista Mosquera, víctima de secuestro, torturas y desplazamiento. "Llevo once años corriendo de un sitio a otro, no puedo quedarme en ningún lugar ni tener un espacio propio. Toda mi familia vive pendiente de cuándo me van a matar", lamenta esta desplazada interna.

Refugio en España

El suyo no es un caso aislado. Colombia es el país con más desplazados internos del mundo, según la ONU. Los 60 años de guerra han provocado casi ocho millones de desplazados forzosos, y el fenómeno continúa en tiempos paz hasta el punto que cada vez son más los afectados que buscan asilo político en Europa. Ya son la segunda nacionalidad que más protección internacional pide en España, sólo por detrás de los venezolanos. En 2019, más de 29.000 colombianos pidieron asilo en España, el 25% de las más de 118.000 solicitudes registradas. El el triple que las registrada en 2018, pero el aumento es exponencial si se mira al año 2016, cuando apenas eran 600 los colombianos que buscaban refugios en España. 

La persecución de estas personas se da principalmente en las llamadas regiones, zonas rurales de las periferia del país, donde el Estado apenas llega y donde la guerrilla, ahora fuera de la ecuación, imponía su particular orden.

Entre las víctimas hay una enorme casuística:  reclamantes de tierras, políticos —especialmente opositores a la extrema derecha que ahora ocupa el Gobierno—, defensores del medio ambiente que se enfrentan a la extracción de los recursos naturales y excombatientes de las FARC-EP, líderes campesinos o portavoces de colectivos de víctimas del largo conflicto, según explica el sociólogo colombiano Mateo Giraldo.

Las alarmantes cifras pasan desapercibidas para la comunidad internacional, que habla de Colombia como ejemplo de transición. "Esta situación es invisibilizada porque la gente cree que como ya se firmó el Acuerdo, ya hay paz", resalta Marcos Ávila, vicepresidente de Ciudadanías por la Paz, una de las asociaciones que promovió las marchas de colombianos hacia a la Corte Penal Internacional para denunciar los crímenes contra los líderes sociales en 2019.

"Todos son asesinatos selectivos, no se dan por accidente o error. Esto es fácil detectarlo porque todos ellos han pasado por asociaciones, sindicatos, cooperativas y otras organizaciones que buscan construir territorio", hacer valer los puntos de los acuerdos de paz que tanto rechazó el presidente Duque, aclara Ávila.

Un Estado ausente 

"A la gente la están matando por enfrentarse a empresas multinacionales, petroleras, mineras y agroindustriales", sentencia Francia Márquez, activista ganadora del premio Medioambiental Goldman en 2018. Esta defensora de derechos humanos explica que el Gobierno colombiano, de corte neoliberal, ha favorecido la acumulación de capital de las grandes empresas que persiguen sus intereses económicos a costa de las comunidades. 

"He recibido 15 amenazas desde 2019 y hace un año sufrí un atentado con granadas en la región del Cauca. Las agresiones son constantes, cada día matan a uno o dos líderes comunales", comenta. Por su recorrido como activista, Márquez tuvo que abandonar su tierra, el territorio ancestral de la Toma, en octubre de 2014. "La impunidad en este país sigue siendo un premio para los victimarios, hay mucha complicidad", reclama.

También denuncia que lo poco que se había avanzado con el proceso de paz se está perdiendo durante el Gobierno de Iván Duque, delfín del expresidente Álvaro Uribe Vélez, principal opositor a los acuerdos de paz. "Hablan de desarrollo económico pero aquí no hay salud, acceso al agua ni una buena educación", comenta la activista.

Para el sociólogo Mateo Giraldo, el principal obstáculo a la hora de afrontar estos crímenes es que el Gobierno no los reconoce como un fenómeno sistemático y opina que sólo busca "solucionar el problema militarmente". Sin embargo, lo que reclaman las comunidades que sufren la violencia es que el Estado se haga presente en forma de derechos sociales, que garantice el acceso a la educación, al trabajo, a la sanidad y a la participación política. 

La escalada de ataques contra activistas y excombatientes revive los fantasmas del exterminio de los militantes de la Unión Patriótica (UP), un partido político de izquierdas que nación en 1985, después de un acuerdo de paz entre el Gobierno con las FARC que no cuajó.

Más de 3.000 militantes de esta formación, entre ellos dos candidatos presidenciales, fueron víctimas de ataques selectivos atribuidos a grupos paramilitares de de idiología ultraderechista, en connivencia con sectores de las las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, tanto el anterior Gobierno como el actual niegan que haya un plan sistemático de eliminación de los líderes sociales que velan por la aplicación de los acuerdos de paz y por el desarrollo del rural colombiano.

madrid

10/03/2020 22:28

Por maría duarte / jairo vargas

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El relator de la ONU para defensores de derechos humanos, Michel Forst

El relator especial concluye que Colombia sigue siendo el país con más defensores asesinados en América Latina

Colombia sigue siendo el país de América Latina donde se asesinan a más defensores de derechos humanos, “y las amenazas se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”, asegura el relator especial de la ONU Michel Forst. El riesgo, además, ha aumentado en los tres años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Esas crudas conclusiones, que presentó este miércoles en su informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, han aumentado la ya elevada tensión entre el Gobierno de Iván Duque y Naciones Unidas.

Las personas en mayor riesgo son los líderes sociales “que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medioambiente, frente a los intereses de actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”, señala el informe. También apunta que carecen de un reconocimiento público positivo, y a pesar de las declaraciones en las que Duque valora su papel, “otros actores estatales y no estatales” los deslegitiman y criminalizan. Según el documento, los dirigentes políticos y funcionarios públicos, entre otros, estigmatizan a los activistas al tratarlos como “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollos” o “informantes”.

En un nuevo episodio de la encendida polémica que lo enfrenta a distintas oficinas de Naciones Unidas, el Gobierno rechazó “tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones”, pues asegura que Forst “no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas” y “desconoce información proporcionada por el Estado durante su visita”, de manera que sus observaciones “no reflejan fidedignamente la situación actual del país”.

Las conclusiones de Forst, formalmente el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, se conocen apenas un día después de que la ministra del Interior, Alicia Arango, representante de los sectores más afines al expresidente Álvaro Uribe en el Gabinete, desató una nueva polémica al afirmar que en Colombia “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”. Una declaración que fue ampliamente interpretada como una manera de minimizar el problema del persistente asesinato de líderes sociales. Un total de 323 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, a finales de 2016, de acuerdo con el informe.

La escalada de violencia contra los defensores de derechos humanos no ha tenido tregua. Al menos una treintena fueron asesinados entre enero y febrero y, en lo que va de este año, la Alta Comisionada de la ONU ha recibido 40 denuncias por asesinatos contra líderes sociales. En la tarde de este miércoles, por ejemplo, se conoció que fue asesinado en Cali un escolta de Leyner Palacios, un reconocido líder social. Amenazado de muerte por sus denuncias, Palacios ya se había tenido que desplazar a comienzos de año de su natal Bojayá.

La desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, hoy desarmada y convertida en un partido político, no trajo una presencia integral del Estado en las zonas que antes estaban bajo su control. En muchas regiones, los grupos armados ilegales –que incluyen a la guerrilla del ELN, disidencias que se apartaron del proceso de paz o bandas narcotraficantes– han copado el vacío. “Las personas defensoras que se oponen al control de estos grupos o a sus intereses defendiendo los derechos humanos y los acuerdos de paz, y en particular la sustitución de cultivos de coca, se han convertido en el blanco de los ataques”, advierte el relator. En esos entornos difíciles carecen de la protección efectiva del Estado. “El retraso y falta de determinación política y de designación de fondos suficientes” para implementar el acuerdo de paz “es sin duda una de las causas estructurales clave que mantienen la situación de riesgo de los defensores”, apunta.

“En vez de enfrentarse con el relator, el Gobierno debería fijar sus recomendaciones, como la de reafirmar su compromiso con el acuerdo de paz, priorizar su implementación, dotarlo de los recursos necesarios para ello y fortalecer los mecanismos de protección para personas defensoras”, ha manifestado Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, durante el espacio de comentarios en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

El relator visitó Colombia a finales de 2018, tres meses después de la posesión de Duque. Su documento se presenta una semana después de que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, retratara la deteriorada situación de violencia en en el país. Ante esas observaciones, los sectores más radicales del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Uribe, redoblaron sus ataques a la ONU e incluso pidieron expulsar la oficina de Bachelet. El propio Duque, que suele cultivar un perfil más moderado con respecto a su partido, consideró “una intromisión a la soberanía de Colombia” la sugerencia que contenía de acercar la policía a la órbita del Ministerio del Interior.

El informe de este miércoles ya venía precedido de controversia, pues Forst insinuó en declaraciones a medios colombianos que no pudo concretar una segunda visita, prevista para mediados del año pasado, por distintas trabas a su labor. Su enlace era el entonces consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, un abogado cercano a Duque que fue elegido fiscal general de la nación. Ahora es, precisamente, el encargado de investigar los incesantes asesinatos de líderes sociales que han despertado el hastío de una sociedad ansiosa por pasar la página de la violencia.

La Cruz Roja confirma deterioro de la situación humanitaria

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lo advirtió durante el 2019 y ahora, en el balance anual de la organización, lo confirma: “la situación humanitaria en Colombia se ha deteriorado”. Así lo subrayó Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, quien explicó que en 2019 hubo un aumento de víctimas de artefactos explosivos y minas antipersona, persistió el desplazamiento forzado y se incrementó la práctica del confinamiento de poblaciones y los ataques a las misiones médicas, entre otros fenómenos que dificultan la vida de los campesinos en algunas regiones de Colombia.

“Nuestros equipos documentaron el año pasado 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. La mayoría fueron graves hechos como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores. La población civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y la violencia armada y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las víctimas guardan silencio por temor a represalias. Vivir sin miedo es una deuda pendiente para Colombia”, dijo Harnisch.

Una de las mayores preocupaciones es que el uso de artefactos explosivos y minas antipersona causó una víctima diaria durante el año pasado. De acuerdo con sus cifras, se registraron 352 víctimas, de las cuales 159 corresponde a civiles. En 2018 fueron 220 las víctimas. El agravante es que los grupos armados que se han instalado en los lugares a los que no ha llegado el Estado tras el acuerdo de paz recurren al uso de explosivos improvisados de detonación controlada y no advierten a las comunidades.

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, durante el 2019 estos ataques produjeron el desplazamiento de 25.000 personas y el confinamiento de otras 27.600. Esta última es una práctica que se observó en regiones como Chocó, en el occidente de Colombia. “Hubo una ligera disminución del desplazamiento pero un aumento del confinamiento, lo que evidencia una profundización del conflicto armado”.

El CICR afirma que en Colombia existen al menos cinco conflictos armados no internacionales. “Uno entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en El Catatumbo (frontera colombo-venezolana); el segundo entre el Gobierno y el ELN; otro entre el Gobierno y EPL; el cuarto, entre el Gobierno contra el grupo paramilitar Clan del Golfo; y el quinto, entre el Gobierno y las tres exestructuras del bloque oriental de las FARC que no se sumaron al proceso de paz”, explicó el delegado.

La fragmentación y existencia de tantos grupos hace que la situación humanitaria sea más compleja que en 2018. En ese contexto el CICR documentó 93 nuevos casos de desaparición. “Lamentablemente la desaparición no es un fenómeno de la historia pasada sino del presente”, agregó Harnisch sobre uno de los fenómenos que arrastra el país. Las estimaciones de Medicina Legal hablan de hasta 200.000 desaparecidos.

Bogotá - 04 Mar 2020 - 18:24COT

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El asesinato de María del Pilar Hurtado, reflejo de una crisis de país

Dos sicarios en motocicleta recorrieron las calles de Tierralta (Córdoba) buscando a María del Pilar Hurtado. Quizás estos dos fueron quienes llevaron los panfletos que amenazaban la vida de varias personas que se reusaban a abandonar sus techos, pues como miles en el país no tienen otra opción que armar sus casas y ranchos en tierras vacías que terminan siendo de “propiedad privada”, como los que ostenta Fabio Otero Paternina, padre de Fabio Otero, actual alcalde de Tierralta, quien meses atrás prometió titular tierras a las familias que habitan los lotes de su padre, pero que al final prefirió engañarlos y en vez de dialogar decidió enviar al Esmad para desalojar a las familias.

Quizás los dos sicarios no pensaron en las historias que hay detrás de aquellas personas que viven día a día las condiciones de la pobreza, de la falta de oportunidades para alcanzar vida en dignidad, quizás tampoco les interesa entenderlas. Quizás los sicarios conocen esas realidades en carne propia, pues a lo mejor las tuvieron que padecer en la niñez. Quizás decidieron alquilarse como “gatilleros” para dejar atrás ese pasado de angustias de hambre. El problema es que ahora son bestias que acatan órdenes sin pensar, y solventan su hambre con unos pocos pesos, estimulando su irreal sensación de poder con el miedo y el terror que producen con sus armas a todas las personas que intimidan.

La mujer, su nuevo objetivo, caminaba por la calle con uno de sus hijos cuando la encontraron. Los sicarios aumentaron la velocidad y en una esquina le propiciaron varios disparos. María del Pilar quedó tendida en el suelo, inmóvil, y la luz de sus ojos se nubló abandonando la vida, mientras que su pequeño hijo comenzaba a gritar desesperado al no entender lo que sucedía, desequilibrado al ver el cuerpo de su madre inerte. Sin duda, su hijo, marcado por tan brutal suceso, ya nunca será un niño feliz, tampoco de joven podrá gozar con espontaneidad los gozosos de la vida, pues la imagen de su madre, allí tendida, no lo abandonará. A él también le arrebataron la vida.

Historia de un conflicto errante

María del Pilar Hurtado cargaba consigo la historia del conflicto armado y social que vive nuestra sociedad. Según uno de los congresistas de la Comisión de Paz que visitó la zona, al tiempo que asistía al velorio de esta nueva víctima del poder, uno de sus hermanos de 15 años fue asesinado por los paramilitares y el otro murió prestando servicio militar. Algunos medios sostienen que al momento de su asesinato María trabajaba como recicladora y tiempo atrás participaba en la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor), en donde denunció torturas, asesinatos y desapariciones en las denominadas “casas de pique” que existían en Puerto Tejada, Cauca, de donde fue desplazada al sur de Córdoba con sus cuatro hijos y su esposo.

Asentada en Tierralta, María del Pilar se fue a vivir con otras familias a un barrio de invasión, en donde comenzó a liderar la lucha por el derecho a la vivienda, pero lo que parecía una simple lucha por justicia trascendió a la violencia y la intimidación. En los primeros días del mes de junio apareció en el asentamiento un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con amenazas que en particular declaraban como objetivo militar a varias personas entre ellas a María; dos semanas después, el 21 del mismo mes, a sus 34 años, fue asesinada María del Pilar. Vale la pena recordar que el 25 de noviembre del 2018 la Defensoría del Pueblo había advertido a través de una alerta temprana, que la población que habita este municipio y otros como Montelíbano y Puerto Libertador, estaban en grave peligro, pues estaban a merced del grupo paramilitar.

El desangre de liderazgos sociales

El asesinato de María del Pilar se suma a la oleada de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales que se riega a lo largo y ancho del país, el cual se presenta como goteo diario de sangre que se va convirtiendo en río.

Una situación aterradora. Aunque para múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia los asesinatos suman más de 600 líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de paz en 2016 hasta lo corrido del año 2019, la Defensoría del Pueblo apenas tiene un registro de 479. La situación es crítica y va en ascenso, pues según Carlos Negret –Defensor del Pueblo– entre abril de 2018 y el mismo mes de 2019, se han registrado 982 amenazas a líderes y lideresas sociales en todo el país. A esto debe sumarse que en lo corrido del año han sido asesinados más de 80 liderazgos sociales. Es necesario decir que desde la firma del Acuerdo con las Farc han sido asesinados 134 excombatientes, 34 de sus familiares y 11 están desaparecidos.

En el mes de junio del presente año los asesinatos no se detuvieron y siguieron los patrones de los meses anteriores (ver artículo: “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”), son muestra de ello el asesinato de Dagoberto Álvarez, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Miraflores y quien había denunciado amenazas en su contra ante las autoridades y sería encontrado muerto el 2 de junio en Playa Belén, Norte de Santander, de igual manera Manuel Gregorio González Segura, campesino del programa de sustitución de cultivos ilícitos y miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), fue hallado muerto el 27 de junio con signos de tortura. Así mismo, el asesinato de población indígena continua presente, como lo demuestra el caso de Rocío García Pai, Leidy Jacqueline Burgos Pai y Robert Dionisio García Bisbicús, indígenas Awa asesinados el 7 de junio en el departamento de Nariño. En tal record también registran los asesinatos del indígena Nasa Carlos Biscue, acaecido en Caloto, Cauca el 23 de junio, y Uriel Piranga Valencia, indígena Coreguaje y autoridad en su comunidad, quien sería encontrado sin vida en el municipio de Pital, departamento del Huila.

De igual manera serían asesinados 4 excombatientes de las Farc en tan solo una semana, como lo registra la muerte de Anderson Pérez Osorio, quien se desempeñaba como líder juvenil y comunicador, asesinado en el departamento del Cauca, así mismo están Daniel Esterilla Grueso y Servio Delio Cuasaluzan, encontrados muertos en el departamento de Nariño.  

La situación crítica en Colombia no avizora una alternativa

Las denuncias a nivel nacional e internacional, los comunicados denunciando la grave situación de derechos humanos, parecen totalmente insuficientes, ¿Cómo se podría solucionar de raíz el problema? ¿Cómo confiar en una institucionalidad estatal que no actúa de inmediato, y cada vez es más claro que lo que está sucediendo hace parte de un mismo plan de carácter político militar? ¿Es posible que el conjunto de organizaciones y movimientos sociales construya otros mecanismos para detener esta masacre?

Con el caso de María del Pilar Hurtado o el de Dimar Torres hace unos meses, queda claro que estamos entrando de nuevo al encuentro con la degradación que caracterizó a los grupos paramilitares, quienes no temían en desmembrar, jugar fútbol con cabezas o masacrar a las comunidades para generar terror en el país y así lograr el control económico y político de las regiones. Esta nueva ofensiva, así puede deducirse, tiene dos propósitos: 1. Arrasar lo poco que queda de los Acuerdos de Paz firmados con las Farc y así reactivar un escenario de guerra; 2. Cubrir de miedo e inactividad colectiva en amplios territorios de la geografía nacional, garantizando con ello su control en las elecciones de octubre próximo.

Sin duda, debemos aprender de lo que está sucediendo. Ante el ataque dirigido y sistemático, ¿podría ser una opción pasar de liderazgos y vocerías individuales a liderazgos y vocerías colectivas? ¿acaso no daría más seguridad estar juntos que disgregados? ¿esto que estamos viviendo puede entenderse como un llamado a la urgente tarea de construir una ruta y agenda propia del conjunto de organizaciones y sectores alternativos, que se piensen más allá de la coyuntura electoral y busque por fin el encuentro con el país nacional? ¿no sería el tiempo de problematizar la democracia existente y su formalismo para así proponer otra democracia que realmente represente los intereses de la sociedad toda?

La oleada de muerte que recorre el país arroja victimas por doquier. De no encontrar, proponer y construir entre el conjunto social una alternativa de país que despierte el sentir de las mayorías, donde reine la justicia y la equidad para todos los connacionales, esta crisis “histórica” que padece Colombia, que se ve “tan natural” seguirá viendo nacer generaciones y generaciones de “Desquites”, como en la elegía del poeta Gonzalo Arango. Generaciones que vivirán una vida que no merecían, que vivirán muriendo, errantes, ya que no valorarán la existencia misma pues lo despreciarán todo.

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https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36976-rios-de-sangre-inundan-el-pais.html

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Notas consultadas

https://pacifista.tv/notas/maria-del-pilar-hurtado-si-era-lider-el-contundente-mensaje-tras-su-sepelio/?fbclid=IwAR1pDb-gfFoNMMaMJXRhTbJL8wpjv2FVRpp03MGYwy-oMfPnHlk6kGGKeis

https://www.semana.com/nacion/articulo/asesinato-de-maria-del-pilar-hurtado-eln-desmiente-version-de-mindefensa/620834

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-ultimo-adios-para-la-lideresa-maria-del-pilar-hurtado-articulo-867632

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/defensor-de-dd-hh-en-tierralta-denuncia-amenazas-y-deja-el-municipio-articulo-867519

https://prensarural.org/spip/spip.php?article24426

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3063-criomc-denuncia-asesinato-del-ex-cacique-uriel-piranga-valencia

https://canal1.com.co/noticias/la-lider-maria-del-pilar-hurtado-si-habria-recibido-un-panfleto-de-las-autodefensas-gaitanistas/

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3041-asesinatos-amenazas-a-lideres-y-lideresas-en-medio-de-la-asamblea-general-y-conmemoracion-de-los-29-anos-de-la-unipa-incrementa-la-crisis-humanitaria-que-vive-el-pueblo-awa

 

 

 

 

 

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La carta informe que encabeza un premio Nobel de la Paz ante crímenes de lesa humanidad en Colombia

 

Entre quienes encabezan una Carta / Comunicación con diversos antecedentes que ha sido dirigida a diferentes instancias internacionales de Derechos Humnos, está el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Madres de la Plaza de Mayo de la línea fundadora en Argentina, quienes junto a cerca de unas setenta organizaciones y personalidades de una quincena de países, hacen un ferviente llamado a la comunidad internacional democrática y de derechos humanos, para que se intensifiquen todas las diligencias necesarias para el cumplimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas de derechos humanos y humanitarias en Colombia.

A continuación la carta.

https://drive.google.com/file/d/1fEhJWy8un6KegAeH48urEgyXjQAQqlRF/view?usp=sharing

 

Repudio internacional ante crímenes de lesa humanidad en Colombia / Solidaridad con víctimas y llamado internacional

 

Quienes suscriben la presente carta / declaración, emplazan al Estado Colombiano y sus gobernantes, encabezado por el Presidente de la República, Iván Duque, A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS; y a TODA la comunidad internacional democrática a que se intensifiquen todas las GESTIONES Y MEDIDAS necesarias para para la prevención y sanción de estos crímenes tal como lo establecen las LEYES EN DICHO PAÍS, así como los acuerdos internacionales suscritos por el mismo.

EXHORTAMOS IGUALMENTE A QUE SE RESPETE O RESTABLEZCA EL ESTADO DE DERECHO Y SE CUMPLA con las obligaciones en materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ante los sistemáticos crímenes de lesa humanidad en contra de líderes sociales, que implican además de asesinatos selectivos, amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, abusos y violaciones, desplazamiento forzado de poblaciones, en su mayoría, en el marco de conflictos territoriales donde priman intereses de transnacionales extractivistas y a su vez, operan grupos ARMADOS mercenarios, sicarios, como también, descontroladas fuerzas de seguridad responsables de diversas acciones de violencia en contra de la población civil desarmada, principalmente rural indígena, campesina y afrodescendiente.

Dichos grupos bélicos paramilitares, son asociaciones ilícitas como Aguilas Negras, entre otras bandas criminales, que actúan bajo impunidad y políticas permisivas del estado colombiano, donde el poder judicial ha sido débil y las fuerzas de seguridad mantienen en sus filas a agentes estatales que han violado derechos humanos.

Frente a esta realidad, existe una desatención por parte del Presidente Iván Duque a las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos., tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos.

 

Alerta Humanitaria en Colombia

 

Se estima en más de 500 líderes sociales asesinados en los más de dos años que van desde la firma de los supuestos acuerdos de paz entre la exguerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), con un alto número de asesinatos selectivos durante el periodo del actual Presidente Duque.

Como referencia, según informe al 20 de mayo del 2019 difundido por INDEPAZ (que se señala al final), se tiene un total de 837 personas asesinadas (702 líderes sociales y personas defensoras de Derechos humanos y 135 ex guerrilleros de las FARC – EP en proceso de reincorporación) entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019. De las 702 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos que han sido asesinadas en Colombia 132 de los casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 hasta el 20 de mayo del 2019.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha recibido 76 denuncias (hasta principios de junio) de asesinatos de defensores de los Derechos Humanos, según nota informativa e informe difundido el 11 de junio y que en su mayoría, involucra a líderes indígenas y afrodescendientes que encabezan la lista de víctimas de violencia en este País., número que se ha incrementado considerablemente.

Los diversos antecedentes difundidos por organizaciones de la sociedad civil se contraponen categóricamente a los anuncios presidenciales de fines de mayo al señalar el propio Presidente Duque a agencias de prensa “Que que en lo corrido de su mandato el asesinato de líderes sociales ha disminuido en el país, debido a las distintas herramientas que se han implementado para atacar este fenómeno”, existiendo múltiples indicadores que dan cuenta del absoluto fracaso en la implementación del “Plan de atención oportuna” del gobierno, así como otros programas inter gubernamentales como el de “Inclusión para la Paz en Colombia”, Programa de “Justicia para una Paz Sostenible”, Programa de “Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva” o el Programa de “fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena”, implementados por La Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), los que no tan solo han sido infructuosos para garantizar la paz y el estado de derecho, más bien en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados de estos programas, los crímenes y violaciones a los DDHH han aumentado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.

 

Algunos de los últimos asesinatos:

 

En horas de la tarde de este 15 de junio se conoció el asesinato de Luis Carlos Valencia, líder social de 52 años del departamento del Valle del Cauca, información preliminar apunta a que su cuerpo fue hallado con cinco heridas ocasionadas por arma de fuego en la vía Restrepo, zona rural de Agua Mona, se desconocen los autores y los móviles del crimen.

El martes 11 de junio, fue asesinado a balazos el comunicador Libardo Montenegro, quien era locutor de la emisora Samaniego Estéreo, en el municpio de samaniego de Nariño. Dirigía un programa informativo matinal y por 20 años ejerció como comunicador.

En el marco de una Asamblea de la organización indígena UNIPA en el Predio El Verde de Nariño, realizada durante los días 4 y 6 de junio 2019, fueron asesinadas tres personas del Pueblo Awa: Rocío García Pai, madre de dos hijos, integrante del resguardo Hojal la Turbia de Tumaco; Leidy Jacqueline Burgos Pai, de 18 años, integraba la guardia indígena del Resguardo Honda Río Güiza, jurisdicción del municipio de Barbacoas; Robert Dionisio García Bisbicús, de 21 años de edad, con esposa y una hija, quien pertenecía al resguardo indígena de Gran Rosario ubicado en el municipio de Tumaco. La organización indígena UNIPA señaló: “Ya son más de 73 los líderes y lideresas que han sido amenazados y presentan un extremo riesgo contra sus vidas, sumando los 29 asesinatos entre agosto de 2016 a la fecha”.

El pasado jueves 6 de junio fue asesinado Julián Quiñones Uñate, líder comunal de Coveñas, Sucre, perpetuado por hombres en moto que le propinaron varios disparos que le causaron la muerte.

La comunidad campesina de Caloto, Cauca, denunció el 6 de junio que la Fuerza Pública asesinó a Jefferson Trochez, menor de 16 años de edad en la zona del Carmelo, en el marco de un procedimiento de desalojo en la vereda Vista Hermosa. El joven era campesino e integrante del movimiento de liberación de la madre tierra.

El pasado 5 de junio, en la vereda La piña en Puerto Asís, Putumayo fue asesinado el campesino Alneiro Guarín a manos de hombres armados que dispararon en cuatro ocasiones contra su cabeza. En mayo, fue asesinado Mauricio Lezama, cineasta, gestor cultural y consejero departamental de Cine de Arauca, hecho ocurrido en la vereda La Esmeralda, mientras trabajaba en un proyecto sobre las víctimas del conflicto armado.

Los asesinatos en junio también han involucrado a desmovilizados de la guerrilla. El jueves 13 de junio fue asesinado Rafael Polindara, quien se había desmovilizado de las Farc el Acuerdo de Paz. Los hechos se registraron en la vereda La Laguna, zona rural del municipio de El Tambo, Cauca. El hombre se encontraba limpiando la cuneta de una vivienda cuando desconocidos a bordo de una motocicleta se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones. El 12 de junio en Tumaco, Nariño Alexander Saya Palacios, también desmovilizado de la guerrilla, quien fue ultimado por desconocidos, sumándose al asesinato el pasado 7 de junio de Jorge Enrique Sepulveda, también exintegrante FARC quien aguardaba a que iniciara su proyecto productivo de la mano de la ARN en Tierralta, Córdoba.

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) dio a conocer el informe del monitor de Violencia Política en Colombia de mayo del 2019, reflejando un aumento significativo en el número de muertes asociadas a la violencia política.

 

Esta es la lista que dio a conocer Cerac en el informe sobre mayo del 2019 con respecto a asesinatos:

 

-Paula Rosero Ordóñez, personera de Samaniego, Nariño, fue asesinada con arma de fuego En el hecho murieron dos personas más que se encontraban en el lugar.

-Daniel Rojas fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Caloto, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal del resguardo López Adentro de ese municipio.

-Guillermo León Rengifo fue asesinado con arma de fuegoen Balboa, Cauca. La víctima era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Capitanes de ese municipio.

-Benedicto Valencia fue asesinado en Puerto Rico, Caquetá. La víctima presidia la Junta de Acción Comunal de la vereda Miraflores de ese municipio.

-Marco Antonio Adrada, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Sauce en Leiva, Nariño, fue asesinado.

-Concepción Corredor fue asesinada en zona rural de Nunchía, Casanare. La víctima era integrante de la Comisión de Mujeres del municipio y del partido Alianza Verde. Fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pradera de ese municipio.

-Joaquín Trujillo fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Santa Marta, Magdalena. La víctima era defensor de derechos humanos de las comunidades indígenas de la comunidad Kogui y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Linderos de esa ciudad.

-María del Carmen Flores fue asesinada con arma de fuego en zona rural de Ocaña, Norte de Santander. La víctima era integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio Colinas de ese municipio.

-Belisario Arciniegas García Fue asesinado con arma de fuego, era candidato al concejo de Morales, Bolívar por el Partido de la U.

-Jorge Enrique Corredor conocido como ‘Wilson Saavedra’, excombatiente de las FARC en proceso de reincorporación y militante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común también fue asesinado con arma de fuego

-Fue activado un artefacto explosivo al paso de una caravana del Juzgado Municipal de Tibú, Norte de Santander, en zona rural de ese municipio.

-Wilmar José Carvajalino, dirigente de la Cooperativa de Transportadores del corregimiento Micoahumado de Morales, Bolívar fue asesinado con arma de fuego.

-Carlos Enrique Serrano, docente de la Universidad del Cauca, fue asesinado con arma de fuego en Popayán.

La realidad sobre cientos de asesinatos en diversos territorios de Colombia se concentran mayoritariamente en el Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño, gran parte serían perpetuadas por grupos sicarios y mercenarios paramilitares.

Amenazas de muerte y desplazamientos forzados

Cientos de dirigentes sociales han sido asesinados de manera selectiva en los últimos años en Colombia, miles han sido amenazados de muerte y decenas de desaparecidos y millones de desplazados, según han revelado diversos informes de derechos humanos en este último tiempo.

En los últimos años a causa de la violencia, millones de personas se han trasladado a otros territorios del país, siendo Colombia uno de los países con mayores desplazados en el mundo. La Defensoria del Pueblo de Colombia denunció el incremento de los desplazamientos masivos en el sur del departamento de Córdoba (norte), donde en los últimos días de mayo, más de 3.000 campesinos e indígenas resultaron afectados, de los cuales, 181 son niños y adolescentes.

La institución indicó que el desplazamiento masivo al sur de Córdoba ocurrió en el municipio Puerto Libertador, así como en Ituango, municipio de Antioquia. Según el organismo, entre el 1 de enero y el 21 de abril de este año, se han registrado en esta región al menos doce eventos de desplazamientos forzados. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que los desplazamientos masivos de familias campesinas se han producido por amenazas de grupos criminales en la región.

Uno de los últimos registros sobre esta situación, es la que están viviendo habitantes del sur de Chocó quienes han padecido décadas de guerra y ahora se está activando una nueva. El domingo 2 de junio del 2019, la comunidad indígena de Pichimá Quebrada quedó atrapada en medio de un combate a causa de un enfrentamiento de grupos bélicos, generando un desplazamiento de 417 personas indígenas.

Los registros del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, según las cuales 145000 personas abandonaron sus hogares huyendo el año el 2018.

Territorios sin Paz, empobrecidos y asediados por transnacionales

En Colombia hay estimaciones que calculan que ha aumentado en más de un millón los pobres, siendo el caso más extremo la Guajira, siendo macabro la cantidad de niños wayúu que han muerto de hambre.

El 6 de junio de este año, a través de un fallo histórico (la sentencia T-302 de 2017), la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, dada la afectación masiva y generalizada de los derechos de las niñas y niños del pueblo wayúu.

En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Uno de los graves conflictos territoriales que viven comunidades Wayúu en la Guajira, se relaciona con las faenas de la empresa Carbones del Cerrejón. La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de más de 30 comunidades wayuu en la Guajira, por la vulneración de sus derechos ocasionada por la desviación del Arroyo Bruno. El desvío de este importante afluente, el arroyo más caudaloso del río Ranchería, se inició con el taponamiento hidráulico del cauce natural y la construcción de un cauce artificial de 3.6 kilómetros. No obstante, la Corte Constitucional suspendió dichas obras, debido a que se comprobó que existen graves incertidumbres en la licencia ambiental respecto de los impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto. La sentencia ordenó que estas incertidumbres deben ser resueltas por la Mesa Interinstitucional para determinar la viabilidad ambiental y social del proyecto y su continuidad.

Por otro lado, el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO) que ha venido implementando el Gobierno ha sido un fracaso para garantizar el derecho a la vida e integridad de cientos y miles de Defensores de Derechos Humanos, defensores de territorios, líderes sociales, comunales y periodistas, existiendo un gravísimo aumento de asesinatos selectivos, amenazas y diversas violaciones de derechos humanos en mayo y lo que va de junio de este año.

En el estado colombiano se destaca un fuerte intervencionismo de grupos de poder económico que involucra un violento asedio por parte de transnacionales extractivistas petroleras, mineras MADERERAS y de desarrollo energético, cuyos conflictos y masacres son de larga data.

En Colombia, es preocupante evidenciar el nivel de intervencionismo de la Agencia Internacional para el Desarrollo, más conocida como USAID y la encubierta acción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) inyectando recursos en numerosas instituciones públicas y privadas, como fundaciones, Ongs, Corporaciones, sociedades, asociaciones, organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, con el objetivo de obtener información estratégica e identificar a personas claves. Dicha información contempla ubicar o señalar zonas de intereses para industrias extractivas y energéticas, liderazgos sociales; zonas de conflictos o resistencia social, cartografías varias, medios de comunicación, memoriales históricos, “acompañamientos” a comunidades en temas de conservación, comunicación, derechos humanos, investigación, receptando numerosos informes, registros y monitoreos sobre las realidades territoriales , intervencionismo que en nada ha contribuido a la paz ni a la protección e integridad de líderes sociales, tal cual ha ocurrido por ejemplo a integrantes de comunidades indígenas en Nariño o guardias indígenas de diversos territorios.

El 13 de mayo del 2019, USAID anunció en Bogotá la entrega de 160 millones de dólares a Colombia, recursos que serán destinados a la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la exguerrilla Farc, en concordancia con el plan estratégico establecido por la Agencia el 2013 para sus planes de intervención del 2014 al 2018, que condicionó su implementación a acuerdos de paz y desmovilización de la guerrilla para la implementación de programas sobre procesos “democráticos y gobernabilidad”, “Justicia y DDHH”, programa de reintegración a la sociedad de ex combatientes” y procesos de “verdad”.

Otros programas de esta agencia sobre estas temáticas se denominan: “Inclusión para la Paz en Colombia”, Programa de “Justicia para una Paz Sostenible”, Programa de “Fortalecimiento de las comunidades étnicas para la paz inclusiva” o el Programa de “fortalecimiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Guardia Indígena”, los que no tan solo han sido infructuosos para garantizar la paz y el estado de derecho, más bien en las zonas de incidencias territoriales por medio de diversos organismos públicos y privados de estos programas en el último tiempo, los crímenes y violaciones a los DDHH han aumentado, principalmente en zonas de conflictos territoriales que involucran intereses de transnacionales extractivistas.

Otra situación grave en Colombia, vinculado a crímenes estatales y la responsabilidad de agentes de fuerzas públicas con funciones activas en el estado, según lo denunciado por organizaciones internacionales de DDHH a través de FIDH quienes presentaron en mayo de este año a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación donde le solicitan pronunciarse sobre la importancia de que el Presidente colombiano sancione la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se abstenga de ascender a oficiales vinculados con hechos que están bajo examen preliminar. Obstaculizar el juzgamiento de integrantes de la fuerza pública en estas condiciones debería activar la competencia de la CPI, en particular, las referidas a ejecuciones extrajudiciales documentadas en la comunicación cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez entre diciembre de 2007 y junio de 2009, quien fue ascendidopor el Presidente Duque a Brigadier General al mando del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.

La comunicación documenta 23 casos de ejecuciones extrajudiciales en los que fueron asesinadas 39 víctimas presentadas falsamente como “dadas de baja en combate”. A estas ejecuciones extrajudiciales se les denomina “falsos positivos”, une práctica extendida a mediados de los años 2000 que ocasionó la muerte de unos 5 000 civiles a manos del ejército.

Fin a las masacres y crímenes de lesa humanidad en Colombia

Como organizaciones y personas defensoras de derechos de diferentes países, exigimos la implementación de un estado de derecho en Colombia, el que debe asumir las normas de derechos humanos en los procesos jurídicos, las instituciones y las normas sustantivas . Señalamos que No puede existir ESTADO DE DERECHO si no se protegen los derechos humanos.

Exigimos la moratoria de concesiones para exploración y explotación extractivista de transnacionales en zonas de asesinatos de líderes sociales defensores de los territorios, con el fin que se resguarden y reparen los derechos humanos de las víctimas y se investigue la relación de los intereses de industrias mineras, petroleras e hidroeléctricas en crímenes y violaciones de derechos humanos de opositores a esos proyectos. Asimismo, invitamos a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas a atender urgente la grave situación que enfrenta el territorio de la Guajira ante la crisis humanitaria que se vive y la masiva muerte de niños y niñas indígenas Wayuu a causa del hambre, salud y falta de agua.

Exigimos al Estado Colombiano y sus instituciones responsables, desmantelar y poner fin a toda asociación ilícita de bandas criminales, castigo y sanción a las redes de corrupción público y privado, en especial aquellas ligadas al narcoparamilitarimo e intereses transnacionales que buscan acaparar territorios y explotar recursos naturales atentando contra los derechos humanos de amplias poblaciones, particularmente indígena, campesina y afrodescendiente.

Denunciamos la desatención por parte del Presidente Iván Duque de las distintas recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos., tales como las efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 15 de enero del presente año, con llamados urgentes para la implementación de una serie de medidas tendiente a prevención, reparación y garantías para líderes sociales. Asimismo, las efectuadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, realizadas a fines del 2018 luego de una misión, con especial atención al rol de las empresas públicas y privadas en materias de derechos humanos.

Solicitamos a las representaciones de las diferentes organizaciones sociales y comunidades de Colombia vinculadas a la defensa de derechos humanos y territorios a asumir una mayor responsabilidad en términos de seguridad organizacional, considerado factores individuales de derechos humanos como también de tipo colectivo. Se hace el llamado a establecer y/o revisar medidas de seguridad, atendiendo el tipo de información compartida, velando por la integridad de sus integrantes, en especial aquella frente a cooperantes económicos ligados a intereses de transnacionales. e infiltraciones de agentes públicos y privados.

Denunciamos categóricamente, que en Colombia no existe Paz social, que hay crímenes contra la humanidad, con directa responsabilidad del estado y que engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de derechos humanos y de territorios.

Estos crímenes de lesa humanidad involucra asesinatos selectivos, desplazamientos forzados de poblaciones, torturas, violaciones y violencia sexual de mujeres, , persecución por motivos políticos y raciales, desaparición forzada de personas. Es urgente que la comunidad internacional defensora de derechos humanos y democrática, reaccione con urgencia ante estos hechos.

Al final, se comparten una serie de fuentes informativas relacionadas con la presente Carta / Comunicación.

Suscriben la presente:

Organizaciones Internacionales

- Word Rainforest Movement (WRM)

- Coordinadora LatinoAmericana de Cine y Comunicación Indígena (CLACPI)

- Observatorio Petrolero Sur (OPSur)

- Servicio Paz y Justicia América Latina / Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

- III Misión Internacional de la Vía Campesina en Colombia

- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)

Por Países:

Argentina

- Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Premio Nobel de la Paz

- Nora Cortiñas, (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Mirta Baravalle (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Elia Espen (Argentina), Madres Plaza de Mayo – Línea Fundadora

- Luciano Andrés Valencia, escritor e historiador (Argentina)

- Movimiento de Mujeres indígenas por el buen vivir

- Corriente Social y Política Marabunta (Argentina)

- Observatorio Petrolero Sur – OPSUR, sede Argentina

- Colectivo Desde El Pie (Argentina)

- Tomas Astelarra, periodista, Argentina

- María Vanda Ianowski, Docente Universidad Nacional del Comahue, Patagonia Argentina

- Poder Popular (Argentina)

- Proyecto CRECER CON ESPERANZA, Gral. Roca, RIO NEGRO, ARGENTINA

- Hermanas de la Misericordia de las Américas, Comunidad de Argentina

- Brasil

- Conselho de Gestão Ka'apor

- Centro de formação saberes Ka'apor

- Guarda de Autodefesa Ka'apor

- Bolivia

- Angela Fabiola Cossio Zambrana, Comunicadora Social e Investigadora en áreas multidisciplinarias.

Catalunya

- AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

- SETEM Catalunya

Chile

- Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)

- Movimiento por el Agua y Los Territorios, (MAT)

- Red por la Defensa de la Infancia Mapuche

- Coordinadora Nacional Indianista – CONACIN

- Juana Aguilera, Presidenta Comisión Ética contra la Tortura

- Andrés Figueroa Cornejo, periodista, Congreso de los Pueblos-Chile

- Alfredo Seguel, Comunicador Social / WallMapu

- Radio Placeres de Valparaíso

- Cooperativa Semilla Austral.

- Comité Socioambiental Coordinadora Feminista 8M

- Somos Cerro Blanco

- Convergencia Colombia Internacional- Nodo Chile

- La Paz se Teje en Colombia / Raíces de Resistencia / Chile

- Colombia Humana-Chile

- AGRUPACIÓN AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL ANTUKULEF., Región de Aysén, Patagonia

- Equipo de Comunicación Mapuche

- México

- Nodo de Derechos Humanos (México)

- Frente del Pueblo, organización Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,

- LA REALIDAD. ★ Comunicación social.Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,

- Mariano Estrada, Coordinador General – CLACPI, Palenque, Chiapas, México

- Malely Linares Sánchez, Doctorante del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

- COLPAZ - México

Voceras y voceros del Colectivo por la Paz en Colombia desde México, COLPAZ:

-Luz Angélica Dueñas Checa

-Diana Patricia Caro Naranjo

-Lady Johanne Rondón Arévalo

-Ana Ximena Quigua Ruiz

-Eliana Cárdenas Méndez

-Luisa Ximena Zárate Cifuentes

-Javier Eduardo Bello Bravo

-Eduardo Correa Senior

-María Isabel Mazo

-Daniel Roberto Leones Reyes

-Leonor Cortés Bolívar

Nicaragua

- Jessica Martínez Cruz feminista autoconvocada

Paraguay

- Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas de Paraguay (FAPI)

- Hipolito Acevei, Dirigente Indígena FAPI (Paraguay)

- Perú

- Hugo Blanco, Revista Lucha Indígena

- Juan Carlos Giles Macedo– SEMBRAR

- Danilo Quijano, periodista, Perú

- Thomas Moore, Antropólogo, Puerto Maldonado, Peru

- Suecia

- Jorge Calbucura, Coordinador Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu / Suecia

- Uruguay

- Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, sede Montevideo

- USA / EEUU

- Armando Muyolema, profesor, Universidad de Wisconsin, Madison. USA.

- Friends of the peoples of colombia

Venezuela

- Centro de Promoción y Formación en Derechos Humanos Venezuela / (CEENPROFORDHV).

- Beatriz Bermudez, periodista (Venezuela)

 

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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Misión y recomendaciones de la CIDH a Colombia (Enero 2019) / https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/008.asp

- Misión en Colombia del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos (diciembre 2018) / https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/StatementVisitColombia3Dec2018_SP.pdf

Presentación en Riohacha del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH sobre Colombia (11 de junio) / “Este año, hasta el 7 de junio de 2019, nuestra oficina recibió 76 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos; hemos ya documentado 26 de esos casos y 3 de ellos en la región Caribe”./ https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/pronunciamientos/intervenciones-de-la-direccion/442-ano-2019/9051-presentacion-en-riohacha-del-informe-anual-de-la-alta-comisionada-de-la-onu-para-los-ddhh-sobre-colombia

- SEPARATA DE ACTUALIZACIÓN al 23 de Mayo de 2019 / Situación líderes/sa y defensores/as DDHH en los territorios (Indepaz) / http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/05/SEPARATA-DE-ACTUALIZACIO%CC%81N-mayo-Informe-Todas-las-voces-todos-los-rostros.-23-mayo-de-2019-ok.pdf

- Monitor de Violencia Política en Colombia mayo del 2019 (CERAC) / https://www.blog.cerac.org.co/monitor-de-violencia-politica-en-colombia

- Informe DDHH 2019 (enero - abril): Violencia camuflada: la base social en riesgo / https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/690-informe-ddhh-violencia-camuflada-la-base-social-en-riesgo.html

- Informe anual 2018, Sistema de Información sobre agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia SIADDHH – Programa Somos Defensores / https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2019/04/informe-somos-defensores-2019-espanol-web.pdf

- Informe sobre el abandono estatal de los wayúu de la Alta Guajira (DeJusticia) / https://www.dejusticia.org/entregamos-al-estado-una-radiografia-sobre-el-abandono-estatal-de-los-wayuu-de-la-alta-guajira/

- Entidades del Gobierno y Carbones del Cerrejón desacatan directrices y órdenes de la Corte Constitucional sobre la explotación y desvío del arroyo Bruno, el último gran tributario del río Ranchería en La Guajira / https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cinep.org.co/Home2/images/interculturalidad/0706191ComunicadoMesaArroyoBrunoFinal_.pdf

- III Misión Internacional de la Vía Campesina en Colombia en el marco de los acuerdos de paz de 2016 / https://rmr.fm/informes-especiales/dio-inicio-en-colombia-la-iii-mision-de-solidaridad-de-via-campesina/

https://rmr.fm/noticias/no-tenemos-confianza-de-que-el-gobierno-colombiano-quiera-cumplir-los-acuerdos-de-paz/

https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-no-se-le-puede-negar-al-pueblo-colombiano-el-derecho-a-la-paz/

PRENSA

- “Terror corporativo” está matando en toda Colombia (Real News Network ) / https://youtu.be/e6WKvdnVorw

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas alerta sobre el aumento de líderes indígenas y afrodescendientes en Colombia (12 de junio) / https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-onu-alerta-aumento-lideres-indigenas-afrodescendientes-asesinados-colombia-20190612135618.html

- Persecución e intimidación a autoridad indígena de Huellas Caloto. / https://nasaacin.org/boletin-ddhh-persecucion-e-intimidacion-a-autoridad-indigena-de-huellas-caloto/?fbclid=IwAR0qeqofW53_BYibWK7OfKM_KlJCqcAoDJetazcCxVHMVdHR8I1BkKyAYng

- Según el Presidente Duque, asesinatos de líderes sociales disminuyeron en su gobierno / https://www.vanguardia.com/colombia/segun-el-presidente-duque-asesinatos-de-lideres-sociales-disminuyeron-en-su-gobierno-HX1011999

Colombia: Falta de voluntad del Estado para juzgar crímenes de lesa humanidad debería activar la competencia de la CPI / https://www.fidh.org/es/region/americas/colombia/colombia-falta-de-voluntad-del-estado-para-juzgar-crimenes-de-lesa

- CIDH y las Oficinas de ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por la situación de personas defensoras de derechos humanos en el primer cuatrimestre del año / https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/440-ano-2019/9047-cidh-y-las-oficinas-de-onu-derechos-humanos-expresan-su-preocupacion-por-la-situacion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-el-primer-cuatrimestre-del-ano

- Colombia: Condena internacional por ataques y amenazas contra lideresas y líderes afrocolombianos e indígenas / https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/colombia-comunicado-internacional-de-condena-por-ataques-y-amenazas

- Presidente Duque afirma que adición de US$160 millones, por parte de Usaid, permitirá cerrar las brechas en los territorios / https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190513-Presidente-Duque-afirma-adicion-US160-millones-por-parte-de-Usaid-permitira-cerrar-las-brechas-en-los-territorios.aspx

- EE.UU. entrega 160 millones de dólares para implementar la paz en Colombia / https://www.efe.com/efe/usa/portada/ee-uu-entrega-160-millones-de-dolares-para-implementar-la-paz-en-colombia/50000064-3975496

 

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Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para

Transcurridos 20 días de la álgida jornada de movilización y resistencia de la Minga del Cauca transformada en Minga Nacional –10 de marzo al 5 de abril–, continúa la ola de amenazas, atentados y asesinatos contra líderes y lideresas sociales. Ante esta realidad, ¿qué le espera a los diferentes territorios del país en materia de Derechos Humanos? ¿existe una respuesta del Estado colombiano para enfrentar este modelo de muerte impuesto por el poder realmente existente en el país? ¿cómo responder desde los sectores alternativos a esta realidad?


Culminada la Minga Nacional –5 de abril– y avistándose el 25 de abril, día concertado para realizar un paro nacional, la arremetida guerrerista desata sus fuerzas por diferentes coordenadas nacionales en contra de diversos liderazgos sociales, así como de excombatientes de la otrora guerrilla de las Farc –en proceso de reinserción a la vida civil–, profundizando la grave situación de Derechos Humanos que desde tiempo atrás vive el país.


Ríos de sangre


No transcurrieron más de 8 días de culminada la Minga Nacional para que el poder cobrara con sangre el arrojo indígena y campesino que emplazó al establecimiento a cumplir sus palabras tantas veces comprometida y tantas veces irrespetada: el 11 de abril, con diez disparos que impactaron su cuerpo, acabaron con la vida de Policarpo Guzmán Marge en Argelia Cauca.


Polo, como lo llamaban sus más cercanos, vivió en carne propia, durante varios años, el conflicto que aqueja al país. Antes de asentarse en el departamento del Cauca fue desplazado de otras regiones por Los Rastrojos, sin embargo, persistía en la búsqueda de vida digna. Fue integrante y fundador de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia y se organizó en el Pupsoc y Marcha Patriótica. Había denunciado la presencia de paramilitares en la región y exigido al Estado que lo protegiera, pese a lo cual nunca llegó la protección y el desenlace fue contundente.


Un día después, el 12 de abril, la sombra de la muerte cubrió la casa del indígena Emberá Aquileo Mecheche Baragon en Rio Sucio, Chocó. A las diez de la noche de aquel día sujetos armados entraron a su casa y se lo llevaron, asesinándolo a pocas cuadras de su residencia con tres impactos de bala. Aquileo fue presidente del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato Camizba–Asorewa y desde hace siete años era rector de la Institución Educativa Indígena Jagual. Fue uno de los líderes de la Minga del Chocó, desarrollada en el mes de noviembre del 2018. Había recibido amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).


Al siguiente día, 13 de abril, cuando aún la mañana estaba fresca, varios pistoleros llegaron al caserío Monte Lara, ubicado en Maicao (Guajira) y atacaron a las personas que se encontraban durmiendo en chinchorros, acabando con la vida de Samuel David González Pushaina, un bebé de siete meses, hijo de Carlos Enrique González –excombatiente de las Farc– y de Sandra Pushaina –indígena Wayúu–. En el mismo atentado también murió un familiar del exguerrillero.


En la misma semana –lunes 8 a domingo 14 de abril– también fue asesinado en el municipio de Ricaurte (Nariño) Fabio Roberto Paí Yascuarán, indígena Awá perteneciente a la comunidad Nalbú. La región donde vivía se encuentra en disputa entre diferentes grupos armados. Según fuentes gubernamentales la razón de la disputa es el control de rutas para el narcotráfico, lo que genera múltiples amenazas y controles a la libertad de tránsito en los territorios ancestrales del pueblo Awá. Hasta dos años atrás este territorio estaba bajo control de las otrora Farc.


Las denuncias por estos homicidios resuenan en amplias zonas del país, pero la impunidad no cede, y la violencia con blancos claramente establecidos prosigue con sus detonaciones: el 22 de abril en Norte de Santander cae asesinado Dimar Torres Arévalo –excombatiente fariano–, y la inculpación por autoría material recae sobre miembros del Ejército nacional. Según el comunicado de la Junta de acción comunal Vereda Campo alegre, municipio de Convención, a las 5 de la tarde de aquel día se escucharon algunos disparos que provenían de la base militar ubicada en la vereda Carrizal del corregimiento de Miraflores, hacia el lugar se desplazaron 80 personas de la comunidad y encontraron que los militares estaban abriendo una excavación al interior de la instalación militar, en donde pretendían enterrar el cuerpo de Dimar Torres. Días atrás –20 de abril– fueron hostigados con armas de fuego Ólger Antonio Pérez Quintero, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat–, Nicolás López, del Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca– y Horacio Ramírez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Torcoroma.


¿Derechos Humanos?


La guerra continua en Colombia, en todas sus formas, entre ellas la psicológica. Al mismo tiempo que arrecia la ofensiva militar en contra de líderes sociales y excombatientes de las Farc, los panfletos firmados por las Águilas Negras reaparecen en los territorios de quienes se movilizaron en el mes de marzo. Estos panfletos expresan la relación de los grupos paramilitares con el establecimiento, pues defienden la institucionalidad y el gobierno de turno, criminalizan la organización social, el sindicalismo y a los defensores de Derechos Humanos, tildando a todos estos como guerrilleros. En el Cauca se están ofreciendo recompensas económicas por el asesinato de guardias indígenas y autoridades del Cric.


La situación que vivimos no es poca cosa. Según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores, el año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia, pues se registraron 155 asesinatos, lo que supone un 46,2 por ciento más que en el 2017 en el que se presentaron 106 homicidios. Los departamentos en los que se registraron más muertes fueron Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, de los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti. Entre los responsables se encuentran grupos paramilitares, disidencias de las Farc, Eln y fuerza pública.


Debe recordarse que, según el informe presentado por Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde enero del año 2016 y hasta los primeros días del 2019, se estima que alrededor de 600 líderes sociales han sido asesinados en nuestro país. Así mismo es necesario mencionar que en los primeros 100 días gobierno de Iván Duque se han registrado 120 asesinatos de líderes. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia se estima que durante este gobierno se han presentado 63 asesinatos de líderes indígenas y 153 amenazas. Además, son preocupantes las declaraciones del director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, quien sostuvo que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes.


¿Tiempo de inventar nuevos caminos?


Una disputa política por el control territorial. Este panorama que tenemos en materia de Derechos Humanos en Colombia, corrobora la existencia de un plan de asesinatos sistemáticos y selectivos contra líderes y lideresas sociales que dinamizan las inconformidades que aquejan a millones en el país, así mismo, evidencia una estrategia para generar miedo y terror en los diferentes territorios que están cansados de esta realidad, y que en medio de las dificultades están confrontando al gobierno del Centro Democrático, oponiéndose a los proyectos económicos, políticos y minero energéticos que se pretenden instalar por diferentes coordenadas nacionales.


De la misma manera, el asesinato de los excombatientes de las Farc evidencia el plan de exterminio contra las bases de la otrora insurgencia, los que con su activismo podrían generar en un futuro no lejano organizaciones sociales que confronten al régimen, o que ante los constantes incumplimientos de lo acordado decidan reagruparse en las llamadas “disidencias”.


No sorprende la respuesta del gobierno, pues en realidad los asesinatos y amenazas que se riegan por el país son funcionales a sus intereses. Lo que sí asusta es la falta de solidaridad de la sociedad colombiana, que pasivamente se queda observando, semana tras semana, el asesinato de otros líderes sociales. Esto trae algunos interrogantes: ¿acaso los movimientos sociales estamos desconectados del país nacional? ¿por qué el llamamiento a un paro nacional motiva la participación de los mismos sectores de siempre? ¿será que las metodologías que se están utilizando no son las que el pueblo colombiano está esperando y demandando? ¿cómo lograr discutir estos temas en el conjunto del movimiento social sin que se impongan los vicios de marginar, amañar o imponer las posiciones con la excusa de ser “mayoría”? Todo un reto por encarar.


Seguramente el país nacional va a sentir como propias todas estas luchas que se gestan desde los movimientos sociales, cuando realmente estos movimientos se aboquen al país, lo que implica superar las formas clásicas de la política, la misma que entiende y ve el poder en el Estado nacional, romper con lo cual demanda discutir y cuestionar la democracia liberal, así como las instituciones oficiales, las que están al servicio del poder tradicional y del status quo.

 

Artículos consultados


https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36595-colombia-denuncian-128-asesinatos-de-excombatientes-farc-tras-acuerdo-de-paz.html
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36645-asesinados-en-colombia-155-defensores-de-los-derechos-humanos-en-2018.html
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article24263
https://analisisurbano.org/a-tiros-mataron-a-lider-social-policarpo-guzman-mage-en-argelia-cauca/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2965-tambien-victimas-de-multiples-vulneraciones-de-ddhh-el-pueblo-awa-del-municipio-de-ricaurte-narino
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2957-onic-denuncia-y-repudia-asesinato-de-dirigente-embera-aquileo-mecheche-baragon-de-camizba-asorewa
https://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-columna-de-ariel-avila/597203

 

 

 

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Colombia y México suman el 54% de los asesinatos de defensores de derechos humanos en todo el mundo

Front Line Defenders denuncia un aumento de la violencia contra el activismo en todo el mundo y la doble cara de la Unión Europea, que mira hacia otro lado mientras sus aliados cometen todo tipo de violaciones de los derechos humanos.

Con nueve asesinatos más que en 2017, en el pasado año se alcanzó un nuevo récord en la persecución de defensores de derechos humanos alrededor del mundo, al menos desde que se lleva la cuenta. En 2018, fueron asesinados 321 defensores, según los datos recopilados por Front Line Defenders (FLD) en su último informe.

De los 27 países en los que FLD registró asesinatos de activistas, Colombia se lleva la palma con casi la mitad del total, nada menos que 127 casos. Le siguen a mucha distancia México, Filipinas, Guatemala, Brasil e India. Más de tres cuartas partes de los asesinatos, un 77%, estuvieron motivados por el trabajo de los activistas en la defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y de los pueblos indígenas. La enorme mayoría de estos crímenes se han realizado “en el contexto de industrias extractivas y megaproyectos respaldados por los Estados”, denuncian desde FLD. Solo en Colombia y México se produjeron el 54% del total de asesinatos. Y en esta lista no están todos los casos. Es un informe incompleto: solo recoge las denuncias recibidas por Front Line Defenders.

No se tratan de “casos aislados”, señalan desde esta ONG. Los crímenes fueron precedidos de hostigamiento judicial, amenazas y ataques físicos. Según FLD, al menos el 49% de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte, y en otro 43% de los asesinatos hubo amenazas generalizadas contra personas o grupo de defensores en la misma área. “En la gran mayoría de los casos”, señalan en el informe, “las personas defensoras no recibieron la protección y el apoyo necesarios de las autoridades estatales desde que denunciaron las amenazas hasta el momento en que fueron asesinadas”.


Desde esta organización señalan que existe una tendencia hacia una “legislación restrictiva dirigida a sofocar el poderoso trabajo” de estos activistas. Algunos de los casos más graves se han dado en Bangladesh, donde la Ley de Seguridad Digital incluye penas de hasta 14 años por usar medios digitales para “causar daños al Estado”. En la provincia china de Xinjiang, el Gobierno ha legalizado el uso de campos de “reeducación” para la población minoritaria uigur. En Nicaragua, un cambio en la legislación antiterrorista ha permitido detener y acusar a manifestantes por delitos de terrorismo, denuncian desde FLD. En Hungría, el paquete legislativo que ha lanzado el Gobierno —conocido con el nombre de “Stop Soros”— criminaliza la asistencia humanitaria a las personas migrantes, señalan.


Doble discurso


También merece la censura de esta ONG el Gobierno militar de Egipto, que ha lanzado una ley de regulación de medios. Según esta norma, cualquier persona que tenga una cuenta de una red social con más de 5.000 seguidores será susceptible de ser vigilada y bloqueada si el Consejo Regulador considera que a través de ellas se publican o difunden “noticias falsas” o que “inciten a que se viole la ley”.

La “creciente hostilidad hacia la agenda de derechos humanos a nivel global”, sostiene FLD ha animado a los regímenes autoritarios de Medio Oriente “a intensificar sus medidas drásticas” contra las personas defensoras de derechos humanos. “Mientras tanto, los Gobiernos occidentales han seguido interesados en desarrollar lazos económicos, militares y de seguridad con los Gobiernos responsables de los peores abusos contra personas defensoras, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos”.

Especialmente sangrante es el caso de Egipto, donde la situación para la sociedad civil “es cada vez peor”. Estos abusos no han evitado que este país norteafricano se haya convertido en el tercer destino de las exportaciones mundiales de armamento, después de India y Arabia Saudí.


Ser sindicalista en Egipto también se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Según FLD, el régimen del presidente Abdelfatah el Sisi castigó reclamos laborales con “arrestos, desapariciones, palizas y torturas durante las detenciones, intimidación por parte de agentes de la seguridad del Estado, despidos masivos, retención de salarios y prestaciones, y juicios en tribunales militares”.

Todo esto no parece importarle demasiado a los principales gobiernos occidentales. De hecho, la Comisión Europea está estudiando destrabar el apoyo presupuestario a Egipto bajo la revisada Política Europea de Vecindad, suspendida tras el golpe militar en 2013.

También en Arabia Saudí se evidencia el doble discurso de la Unión Europea y el Gobierno español en lo que se refiere a derechos humanos. Mucho se ha hablado sobre la lucha para que las mujeres pudieran conducir en este país islámico, un derecho que conquistaron en junio del pasado año. Pero poco se sabe de la situación de las defensoras de derechos humanos Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan y Aziza al-Yousef, que continúan detenidas tras desempeñar un papel activo en la campaña.

Tras su detención, los medios estatales acusaron a estas activistas de “traición”, “conspiración contra el Reino y la familia real” y “colaboración con agentes extranjeros”. Fueron víctimas, durante la detención, de acoso sexual, descargas eléctricas, flagelación y ahorcamientos, según denuncia FLD. Una de las defensoras intentó suicidarse varias veces.

Por Redacción El Salto

 2019-03-19 06:00:00

 

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Una violencia reiterada,  metódica y no aleatoria

Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.

 

El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.

 

Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.

 

Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.


Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.

 

Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.

 

 

Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.

 

Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.

 

Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.

 

Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.

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Una violencia reiterada,  metódica y no aleatoria

Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.

 

El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.

 

Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.

 

Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.


Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.

 

Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.

 

Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.

 

 

 

Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.

 

Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.

 

Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.

Publicado enEdición Nº254
Martes, 22 Enero 2019 06:22

Economía del exterminio

Economía del exterminio

Quienes ordenan los asesinatos de líderes sociales en Colombia buscan destruir las ideas, el conocimiento, la experiencia y el futuro de las comunidades

168 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en 2018, según informó la Defensoría del Pueblo. Y en apenasdiez días de 2019 ya han sido asesinados Gilberto Valencia, Wilmer Miranda, Antonio Gutiérrez, Wilson Pérez, Maritza Quiroz y José Solano. Un desesperante goteo de nombres y cifras que se van acumulando y pronto desaparecen en una nebulosa de conjeturas, verdades a medias, silencios burocráticos, chismes y hasta hipótesis grotescas como la del ministro de Defensa, quien declaró hace unos meses que a los líderes sociales los estaban asesinando por “líos de faldas”.


En las calles de las ciudades de Colombia, un país predominantemente urbano, casi nadie sabe con exactitud qué son o qué hacen los líderes sociales en las regiones y mucho menos por qué los están matando. La calculada dispersión narrativa y las dudas que el propio discurso oficial arroja sobre estas personas no son precisamente el mejor estímulo para la solidaridad y la acción colectiva. Y es así como, día tras día, se va normalizando el horror. Mañana matarán a Pedro, pasado mañana a Fermina, el viernes a otro Wilson, el domingo a otro Pedro.


Hay algo tristemente irónico en el hecho de que muchas de las fotografías difundidas tras los asesinatos muestran a estas personas en situaciones de alegría cotidiana. A Maritza Quiroz la vemos alimentando a sus ovejas, aferrada a un ramillete de hierbas medicinales o desgranando una mazorca, siempre con los ojos cansados del que ha visto demasiado y, sin embargo, le sonríe al futuro. ¿Quién querría asesinar a una mujer indefensa de sesenta años, desplazada por la violencia paramilitar, líder de las mujeres afrodescendientes y reclamante de tierras?


¿Qué clase de amenaza representaba Maritza Quiroz para quienes dieron la orden de matarla en su parcela, delante de amigos y vecinos?
Parte de la respuesta se encuentra en la denominación de líder social, o mejor, en lo que ese opaco sintagma no deja ver con claridad y es que los líderes sociales son en realidad creadores o sanadores de los territorios. Esa palabra, territorio, debe entenderse como una construcción intelectual, ecológica, política, cultural, donde las alternativas económicas están ligadas a unos usos responsables de la tierra y los recursos.


El concepto de territorio que, con sus diversas prácticas, han elaborado las comunidades campesinas, afrocolombianas o indígenas a lo largo y ancho de la geografía nacional es la principal amenaza para los intereses de una serie de actores tradicionalmente violentos: disidencias de las Farc, minería ilegal, clanes del narco, paramilitares y el viejo latifundio semiproductivo, que cuenta con una nutrida y poderosa representación en el gobierno actual. Más allá del intrincado relato de complicidades, conflictos, recelos o pugnas que puedan surgir entre estos actores, todos ellos comparten el rechazo a la noción popular y plebeya de territorio, hecha desde abajo por gente como Maritza Quiroz o José Solano, que, según recuerda la ecóloga Úrsula Jaramillo Villa en su cuenta de Facebook, “tenía en la cabeza el registro de todos los proyectos que se han hecho en la región, y recordaba minuciosamente por qué habían tenido éxito o fracaso. Tenía absolutamente claro el efecto catastrófico que la minería ilegal ha tenido sobre su comunidad, devastándola particularmente a través de los jóvenes que son seducidos con dinero fácil y prostitución.”


Quienes ordenan estos asesinatos buscan destruir las ideas, el conocimiento, la experiencia, en definitiva, el futuro de las comunidades, pues consideran que la misma noción de territorio y sus usos plebeyos representan un obstáculo que debe ser eliminado.


Para todos estos actores violentos, las comunidades no son más que un gran banco de cuerpos, asimilable solo como mano de obra barata, brazos armados desechables o a través de la explotación sexual; capital humano forzoso para un contexto económico y político que el antropólogo José Antonio Figueroa ha descrito como un capitalismo lumpen, basado en la administración de la muerte y donde el predominio de la acumulación primitiva y el despojo cancela cualquier horizonte modernizador y sustentable. Eso por no hablar de la catástrofe medioambiental.


Tampoco es casual que muchos de los líderes asesinados hayan participado de una u otra forma en los procesos locales derivados de los Acuerdos de Paz firmados entre el anterior gobierno y la guerrilla de las Farc: las comunidades rurales de todo el país saben que la implementación de esos acuerdos significaría un impulso para la consolidación de sus proyectos territoriales.


Por su parte, el gobierno de Iván Duque no parece tener una idea clara sobre lo que debe hacer con los Acuerdos. Obligado por los compromisos internacionales, ha anunciado que seguirá adelante con la implementación, mientras la presión interna, en especial la que proviene del gran latifundio ganadero y el ala dura del uribismo, que no ha ocultado su deseo de “hacer trizas” los Acuerdos, tiende a paralizar todas las iniciativas institucionales emprendidas por la administración anterior para llevar la paz –es decir, una presencia estatal integral- a todas las regiones.


Por desgracia, tras el atentado a la Escuela de Cadetes y la consecuente ruptura de negociaciones con el ELN, el escenario de la implementación es aún más incierto. Con sus recientes alocuciones, Iván Duque, hasta ahora insustancial y errático en cada amague de hacer creíble su rol presidencial, reactivó en pocas horas la vieja lógica del enemigo interno y la amenaza terrorista, algo que en Colombia suele venir acompañado de una escalada de violencia estatal y paraestatal, como se puede comprobar sin esfuerzo en los informes elaborados por el Centro Nacional de Memoria Histórica.


Todo hace prever que la ambigüedad del discurso oficial seguirá siendo cómplice del capitalismo lumpen y su macabra economía de exterminio.
En definitiva, el peor de los mundos para ser un líder territorial.

 

JUAN CÁRDENAS, escritor colombiano
22 ENE 2019 - 02:24 COT

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ONU pide a Iván Duque que responda a los asesinatos de líderes sociales

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, instó este domingo al presidente de esa nación sudamericana, Iván Duque, a responder con urgencia ante el incremento de asesinatos de líderes sociales.

El politólogo italiano se refirió en esta capital a la escalada de crímenes contra defensores de los derechos humanos y reclamantes de tierra en regiones como el departamento del Cauca, suroeste colombiano.


En los pocos días de 2019 hay muchos muertos y la mayoría en la región del Cauca, subrayó el representante de Naciones Unidas en alusión a los siete líderes asesinados en la primera semana del año.


Brunori aplaudió la reunión del Gobierno el pasado viernes en la que se evaluó el Plan de Acción Oportuna, estrategia lanzada para contrarrestar la violencia social en Colombia.
Sin embargo, consideró que deben acelerarse las medidas para garantizar un sistema de protección efectiva a los líderes sociales.


Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo de Paz hace dos años, han sido asesinados 358 colombianos por su posición política o estar vinculados a tareas de reivindicación social.


Organizaciones de derechos humanos estiman que esa cifra es incluso superior y rebasa las 400 víctimas, cerca de un centenar de ellas excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.


La víspera, además, el fiscal general de la Nación, Néstor Martínez, reconoció por primera vez que hay un patrón de sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales en Colombia.

13 enero 2019 
(Con información de PL)

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