Fallecen siete millones de personas al año a causa de la contaminación del aire

La contaminación del aire causó la muerte de alrededor de siete millones de personas en todo el mundo en 2012, último año del que se tienen datos, por lo que se trata del mayor riesgo ambiental para la salud, denunció hoy en un informe la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se trata del doble de casos de lo que se creía hasta ahora. Una de cada ocho muertes en el mundo se debe al aire contaminado.


Hay nuevos datos sobre el fuerte impacto de la polución en las enfermedades cardiovasculares, así como en el cáncer, señala la organización, y esas informaciones han sido ahora tenidas en cuenta en el informe.


Anteriormente sólo se observaban las enfermedades de las vías respiratorias. "Las causas de muerte más habituales por contaminación del aire son los ataques de apoplejía y enfermedades de los vasos sanguíneos, seguidas de enfermedades pulmonares crónicas", señaló la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, Maria Neira.


"Los riesgos de la contaminación del aire son actualmente mucho más grandes que lo que se creía o entendía hasta ahora, particularmente para las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares", indicó.También la mejora de los métodos de medición ha permitido incluir estos nuevos datos, y se han tenido en cuenta tanto las zonas urbanas como las rurales. Unos 3,7 millones de muertes se atribuyen al smog exterior y 4,3 millones al aire contaminado en los sitios cerrados. Como numerosas personas se ven afectadas por ambos tipos de contaminación, al final la OMS estima la cifra total en unos siete millones.


Las zonas más afectadas están en los países en vías de desarrollo y emergentes en el sur, sudeste y este de Asia, donde 3,3 millones de muertes se vinculan con contaminación del aire en interiores y 2,6 millones en exteriores, indicó la OMS.

En China e India se registraron tres cuartas partes de las muertes debidas al smog.


En los países industrializados en Europa, 279.000 muertes fueron vinculadas a la contaminación del aire.


"La polución en los países industrializados era un gran problema hasta hace pocas décadas y ha sido reducida drásticamente tras tomarse medidas que ahora deberían adoptarse en el resto del mundo", exigió el coordinador de Salud Pública de la OMS, Carlos Dora.


Entre ellas se cuentan tecnologías más eficientes para la producción energética y el transporte, así como la reducción de la demanda de energía.


En el interior de las viviendas la contaminación se debe sobre todo al uso de madera, carbón y estiércol en las cocinas. La mala calidad del aire en el exterior es el resultado de políticas no sustentables en el transporte, energía y tratamiento de los desechos, así como en la industria.
Si se redujera la contaminación del aire bajarían los riesgos, en especial para los niños vulnerables y las personas mayores, indicó la OMS.
En el nuevo análisis se usaron datos de satélite, mediciones en estaciones de tierra, valores de las emisiones de las principales fuentes de polución y modelos sobre la propagación del smog en la atmósfera.
(Con información de Noticias 24)

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Martes, 04 Marzo 2014 06:08

Dos represas brasileñas en la mira

Dos represas brasileñas en la mira

Representantes de los gobiernos de Evo Morales y Dilma Rousseff se reunirán el viernes en esta ciudad para evaluar el impacto de las represas Jirau y Santo Antônio, del lado brasileño, las cuales serían causantes del agravamiento de las inundaciones en la Amazonia boliviana, que en los últimos meses –época de lluvias– causaron más de 60 muertes, principalmente en los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.


"Hay una Comisión Técnica para verificar, para evaluar, para levantar datos (que constaten) si efectivamente estas construcciones pueden afectar la subida de las aguas. El canciller brasileño (Luiz Alberto Figueiredo) está visitando Bolivia el próximo 7 de marzo. Vamos a tener una reunión bilateral, donde vamos a tocar todos los temas con el canciller de Brasil", dijo en conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.


Varias Organizaciones de la Sociedad Civil brasileñas y bolivianas habían advertido ya en 2007, antes de la construcción de las represas, sobre sus posibles efectos negativos en las poblaciones de este sector de la Amazonia. Esos perjuicios son similares a los que se viven en estos días. Informes de entidades como la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), de Bolivia, o de especialistas como Philip Fearnside, del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia en Manaos, Brasil, entre otros, llegaron al gobierno de Morales, que envió una carta a su homólogo brasileño para indagar en la veracidad de lo que se avecinaba. Todo quedó allí, Jirau y Santo Antônio fueron construidas, comenzaron a funcionar y hoy afectan con inundaciones a poblaciones del estado de Rondônia y Beni.


El 18 de febrero, el presidente Morales sobrevoló algunas de las miles de hectáreas afectadas por la inundación. En Beni, departamento ganadero, fallecieron más de 200 mil vacas porque no tienen qué comer ni dónde pararse. Y se perdieron miles de hectáreas de cultivos, entre otros daños que soportan en esta región, donde 300.000 mil personas están afectadas. Al bajar del avión, el jefe de Estado dijo que había instruido nuevos estudios para analizar el rol de las represas brasileñas Jirau, que está a 80 kilómetros de la frontera, y Santo Antônio, a 120 kilómetros.

 


Bolivia tiene la intención de construir su megarrepresa (que generaría 980 megavatios) en la población beniana de Cachuela Esperanza, que ahora también está inundada. Si con las dos represas en cuestión hay este panorama, peor sería si Bolivia concretara su proyecto. El gobierno de Morales no quiere desprenderse de este plan, que permitiría al país exportar electricidad.


"Recientemente hubo una reunión con las autoridades bolivianas y las brasileñas para ver cuáles pueden ser los efectos que generan la construcción de las represas en el lado brasileño. Va a haber una reunión técnica posteriormente para analizar. Tenemos que fundamentar con datos técnicos qué niveles, cómo ha sido. Hay varios temas que tenemos que trabajar", adelantó Choquehuanca.


En 2007, cuando se conocieron los estudios independientes sobre los efectos de las represas, uno que cargaba contra los ambientalistas era Alexander Guzmán, alcalde de Guayaramerín, en la frontera con Brasil, por oponerse al progreso. Ahora reconoció que la pesca en los ríos de esa zona bajó hasta en un 50 por ciento por efecto de las represas. Peces como la yatorana, el surubí y el pacú "ya no se encuentran como antes, debido a que son especies migratorias que recorren los ríos, pero al tener las barreras de las represas no logran cumplir su ciclo vital", comentó.


"Bolivia está aún en posición de exigir una auditoría ambiental a nivel internacional, para la evaluación del impacto actual y de los riesgos y consecuencias futuras de la alteración de la hidrología del río Madeira. También se debería analizar la posibilidad de exigir una indemnización", indicó el investigador de Lidema Octavio Ribera.


Fearnside, citado por un documento del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), explicó que "cuando el agua de un río entra en la laguna que se forma a consecuencia de la represa, la velocidad del agua disminuye bruscamente. Con eso, los sedimentos más pesados, como la arena, caen para el fondo del lago al comienzo del mismo, formando una pila de sedimentos que continúa creciendo y avanzando río arriba. Esta pila funciona como una especie de segunda presa, elevando el nivel del agua en el trecho de río encima del lago propiamente dicho. Ya que el reservorio de Jirau está planeado para extenderse hasta la frontera con Bolivia es lógico que esa elevación del nivel afectará al lado boliviano, tanto en el río Madera como en el río Abuná".

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Lunes, 24 Febrero 2014 19:44

La Drummond: una sanción insuficiente

La Drummond: una sanción insuficiente

La multa aplicada a la Drummond por las autoridades ambientales ha desatado una amplia polémica en uno de cuyos extremos se ubican quienes ven, en la que sin duda es la más cuantiosa sanción pecuniaria aplicada en el país por un daño ambiental, un cambio de actitud del Estado frente a los estragos causados por los desmanes de la empresa que, de manera más cínica y despectiva de los derechos humanos y el ambiente ejerce su actividad en Colombia.

 

La Drummond sería la "oveja negra" pues otras empresas sí realizarían su actividad de manera responsable1 y el Gobierno habría iniciado un viraje hacia el cumplimiento de la Ley. El asunto es realmente mucho más complicado y lo que aparece como una actuación drástica de la Ministra Sarmiento y la Directora de la Anla no necesariamente hará carrera, al tiempo que se ocultan riesgos consustanciales a la actividad minera y debilidades estructurales del Estado Colombiano. Así, analistas como Guillermo Rudas2 y Salomón Kalmanovitz son mucho menos optimistas sobre el supuesto viraje y piden decisiones más radicales ante los atropellos de la empresa norteamericana.

 

Las tropelías de la Drummond

 

Hay que señalar en primer lugar que por la forma de actuar y las reiteradas tropelías de la Drummond es relativamente fácil justificar una sanción como la impuesta. Algunos de sus antecedentes son los siguientes:

 

Cuarenta y tres personas murieron entre 2006 y 2009, atropelladas por el tren que conduce el carbón extraído de la concesión de "La Loma", en el departamento del Cesar, hasta el puerto ubicado en las inmediaciones de Ciénaga.

 

Mediante Tutela T-154 de 2013, la Corte Constitucional ordenó proteger los derechos de un ciudadano residente en inmediaciones de la mina en el Departamento del Cesar, cuya familia estaba siendo gravemente afectada por las emisiones de polvo de carbón y el ruido y conminó a la transnacional para que en el plazo de tres meses instalara maquinaria y equipos de última generación a fin de aminorar los impactos. Este es solo un caso entre los múltiples de afectación a la población, atormentada por el ruido y las enfermedades respiratorias.


Las relaciones de la Drummond con Sintramienergética son tensas lo que llevó a esta última a realizar una huelga de 53 días el año pasado. La intransigencia de la empresa ameritó un fuerte pronunciamiento del Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien además de exigirle el diálogo con los trabajadores, la conminó a rechazar las amenazas del grupo paramilitar los Rastrojos contra miembros de la organización sindical. Por otra parte, tres sindicalistas fueron asesinados en el 2004, sin que hasta el momento se hayan podido esclarecer totalmente los hechos pero se encuentra condenado por los mismos el administrador de las cafeterías de la empresa.

 

El contrato con la Drummond es particularmente leonino. Las regalías no se pagan por la cantidad de carbón extraído, a "boca de mina", sino por la cantidad embarcada, la cual es menor por las pérdidas que ocurren durante la operación de transporte y cargue. Los costos presuntivos son determinados por la empresa; el costo del transporte lo asume el Estado colombiano a precios que la Contraloría General de la República ha encontrado excesivamente costosos y que son fijados unilateralmente por Drummond; las regalías se pagan en amplios plazos que no rigen para otras caboneras, estos entre otros privilegios que le han sido otorgados.

 

No obstante lo anterior, la empresa ha presentado más de 30 demandas contra el país y logró que la Cámara de Comercio Internacional de Paris condenara a Colombia a pagarle 60.000 millones de pesos por incumplimientos de Ferrovías, los cuales fueron cancelados el 28 de Diciembre de 2012, unos quince días antes del derrame de carbón que destapó su larga cadena de abusos3. La cifra es casi diez veces mayor que la multa que ahora se le impone!!!

 

Puedo pagar, luego contamino

 

La aplicación de la multa no implica la reparación del daño causado que incluye restaurar las condiciones del medio ambiente afectado, en este caso los "fondos blandos" de enorme importancia en la dinámica de la fauna marina. En este aspecto la Resolución 1309 de 18 de Diciembre de 2013, que impuso la sanción, se limita a ordenar a la Drummond el retiro del carbón derramado siguiendo las pautas que establecerá la ANLA en los respectivos términos de referencia. Salta a la vista que debería exigirse la contratación de una entidad experta en este tipo de labores y exigir al autor del daño que cubra los costos de toda la operación, compleja y riesgosa por cierto, y no dejar el asunto a quien tanto desprecio ha demostrado por el medio ambiente.

 

En cuanto al trabajo comunitario al que también fue condenada la Drummond, no parece ser el mejor aporte para las acciones que en desarrollo del mismo se realizan en la zona, teniendo en cuenta el pésimo desempeño de la transnacional en materia ambiental.


Por otra parte la Superintendencia de Puertos le aplicó una multa de $1.540 millones por el embarque irregular de carbón en barcazas durante cinco días, lo cual según el economista Guillermo Rudas puede conllevar otra sanción de la ANLA por diez veces ese valor pero esta no se ha pronunciado4.

 

El régimen sancionatorio ambiental, actualmente establecido en la Ley 1333 de 2009, se queda corto frente a daños como el ocasionado. De hecho, el Registro Único de Infractores Ambientales, ordenado por la Ley dejó de actualizarse en el 2012 y no todas las autoridades ambientales han aportado sus datos. Llama la atención que de 2.859 sanciones registradas solo 82 se refieran a minería, teniendo en cuenta el cúmulo de conflictos que genera esta actividad.

 

Con sanciones tan exiguas frente a daños ambientales como el causado por la Drummond y en relación con las enormes ganancias que deja el negocio5, el principio "el que contamina paga" se transforma en su contrario: "puedo pagar, luego contamino".

 

¿Es posible una minería sin impacto ambiental?

 

La forma como se viene presentando el caso Drummond sugiere que habría una minería responsable, capaz de mitigar y compensar el daño ambiental, y que estamos ante la excepción, es decir ante una empresa minera particularmente dañina.

 

Lo cierto es que la minería y especialmente la que se ejerce en gran escala y a cielo abierto conlleva daños ambientales y sociales inevitables. El Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina –OCMAL– reporta 198 conflictos con 297 comunidades afectadas. Colombia con 12 conflictos reportados ocupa el sexto lugar luego de Perú, Argentina, México, Chile y Brasil, en su orden.

 

En cuanto a las tecnologías utilizadas, el Geólogo Julio Fierro, coautor del documento "Implicaciones ambientales y sociales de la minería en Colombia" no deja dudas cuando afirma: "Los gremios mineros niegan que sean ciertas e inevitables la irreversibilidad o la perpetuidad de los impactos mineros en lo relacionado con la acidificación de rocas con altos contenidos de sulfuros y la consiguiente liberación al ambiente de metales pesados y de otras especies químicas tóxicas. Esta tesis contradice leyes químicas que por supuesto se cumplen en la práctica. Para aludir únicamente a revistas indexadas de las más altas calificaciones científicas, me remito a Science, en su edición de enero de 2010; a Elements, en su edición Mine Wastes de diciembre de 2011, y a Anales de la Academia de Ciencia de Nueva York de febrero de 2011, entre otros"7.

 

En cuanto a los impactos sociales tampoco dejan dudas las experiencias en diferentes partes del mundo y en particular de América Latina, donde los emprendimientos mineros han conducido a cambios abruptos en los usos del suelo, desplazamiento de comunidades, violencia y muerte, empobrecimiento, prostitución y otras secuelas. Baste mirar al Departamento del Cesar, donde opera la Drummond: el otrora emporio agrícola y ganadero ha sido reemplazado por eriales.

 

Abandonar el sendero extractivista

 

Los dos gobiernos de Uribe y el de su ex –ministro de Defensa, Juan M. Santos, apostaron por la minería en un sendero que había comenzado a abrir Pastrana, en cuyo mandato se expidió el primer Código Minero de la nueva era extractista. Esta decisión no fue consultada con el pueblo colombiano, al cual ahora se le niega el derecho a prohibir la minería aduciendo que el subsuelo es de la nación y de esta manera se pretenden desconocer las consultas populares de Piedras y Tauramena. La adecuación de la legislación a los intereses de las transnacionales mineras ha ido tan lejos que su actividad fue declarada de interés público y social, rango que ni siquiera tiene la producción de alimentos. De ahí en adelante todo se les ha facilitado. Por ello el caso de la Drummond, a pesar del cinismo que la caracteriza, no puede considerarse una excepción. Forma parte de la destrucción que deja a su paso la locomotora minera, que si no paramos nos dejará sin territorio y sin ecosistemas con base en los cuales pudiéramos construir una nueva sociedad basada en un nuevo sistema de producción ambientalmente adecuado.

 

Ahora bien, el caso de la Drummond puede servir para profundizar la oposición a la mencionada locomotora que ya comienza a ser averiada con la resistencia a La Colosa, la defensa de Santurbán, la oposición a la cementera en Villa de Leyva y Gachantivá, la derrota del proyecto de desviación del río Ranchería, en la Guajira, o la alerta contra la explotación de carbón y gas en Tinjacá.

 

Siendo los desmanes de la Drummond tan rampantes la sanción debería haber sido la cancelación de la licencia ambiental y el cierre de sus actividades. Esto todavía podría hacerse si se avanza en la investigación sobre los daños causados. De revertir al Estado la concesión podría iniciarse una transición hacia el abandono del modelo extractivista, constituyendo una empresa pública colombiana que continuara sacando el carbón en forma segura, y limitada8. Las ganancias de tal actividad se podrían dedicar a la recuperación de la vocación agrícola y pecuaria del Departamento del Cesar y en general de la región costera al oriente del río Magdalena, con nuevos sistemas productivos agroecológicos y la redistribución democrática de la tierra. En un segundo momento se abandonaría para siempre la minería del carbón aún antes del agotamiento de los yacimientos. Para ello necesitaríamos una transformación política profunda y, desde luego, un cambio en la orientación del modelo económico, pues hoy en día los ingresos del Estado colombiano dependen en una cuarta parte de la gran minería y la explotación de hidrocarburos.

 

Finalmente el caso pone de presente una vez más la urgencia de llevar adelante la Iniciativa de Moratoria Minera uno de cuyos doce puntos pide precisamente que: "Se excluyan de cualquier actividad minera los ecosistemas estratégicos, terrestres y marinos, especialmente los esenciales para el ciclo del agua, la soberanía alimentaria, los territorios de comunidades étnicas, las áreas protegidas, los perímetros urbanos y los suelos de protección y expansión urbana"9.

 

* Miembro de Unión Libre Ambiental.


1 Véase al respecto el artículo de María Elvira Samper, "Drummond, la oveja negra", en El Espectador, 11-01-2014
2 Véase "Inversión extranjera, minería y desarrollo local en Colombia" en www.razonpublica.com, 20 de Enero de 2014.
3 Véase, "Drummond: un desastre ambiental, económico y social" por Alvaro Pardo en www.razonpublica.com, 18 de Febrero de 2013.
4 Véase, "Inversión extranjera, minería y desarrollo local en Colombia", por Guillermo Rudas en www.razonpublica.com, 20-01-2014.
5 Las exportaciones diarias de la Drummond tienen un valor de once mil millones de pesos.
6 Este documento forma parte del libro de la Contraloría General de la República denominado: "Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista", Bogotá, 2013.
7 Véase, "Megaminería y daños ambientales: deuda a perpetuidad" en www.razonpublica.com, 7 de Julio de 2013.
8 La reversión de la concesión, que vence en 2019 y la constitución de una empresa mixta es propuesta por Salomón Kalmanovitz en el artículo antes citada. Guillermo Rudas propone una empresa pública.
9 Ver www.moratoriaminera.org

Publicado enEdición N°199
Noventa por ciento de bogotanos sufre contaminación por plomo

Nueve de cada 10 bogotanos presenta algún grado de contaminación por plomo en sus tejidos, según un estudio realizado por la Universidad Nacional mediante biomarcadores para metales pesados.

De acuerdo con los resultados de la investigación, más del 90 por ciento de los 400 citadinos sometidos a análisis, en un rango poblacional de tres a 91 años, es víctima de esa contaminación. Con un doctorado en Salud Pública de ese centro docente, el profesor Luis Hernández reveló que la presencia de mercurio detectada en el cabello fue del 98,7 por ciento, 80,8 en la sangre y 40,6 por ciento en la orina, mientras el comportamiento del plomo en sangre fue del 93,9 por ciento.


Tres de las personas objeto de estudio presentaron concentraciones de mercurio superiores a los valores referenciales del Instituto Nacional de Salud (12,6 por ciento) en comparación con los de la Organización Mundial de la Salud, precisó.


A su juicio, el nivel de contaminación detectado es preocupante, si se tiene en cuenta que la concentración de metales pesados en el organismo puede afectar el sistema nervioso y originar trastornos psicológicos, parálisis y temblores.


En los niños, detalló, puede provocar problemas en el peso y la talla y afectar el proceso de aprendizaje. Además de su toxicidad, esa concentración tiene efectos acumulativos en el organismo.


El estudio fue realizado conjuntamente con las autoridades sanitarias de la capital colombiana.


(Con información de Prensa Latina)

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Miércoles, 12 Febrero 2014 05:47

Sigue el engaño de la minería responsable

Sigue el engaño de la minería responsable

Saben cuánto va a utilizar el proyecto, el agua del río (en Quinsacocha)?
Uno por ciento, porque se saca el agua y se la recicla, esa es la minería moderna. Presidente Rafael Correa [2].

Cuando se trata de vender la idea de que la minería a gran escala no causará mayores impactos ambientales y sociales, los empresarios mineros y el Gobierno recurren a los mitos de la "minería responsable". Este discurso ha sido diseñado por las grandes transnacionales mineras, en el marco de la Iniciativa Minera Global (Global Mining Initiative), hace más de 10 años. Es un paquete publicitario que incluye la noción de que todos los problemas que la gran minería genera son estrictamente técnicos, y que se pueden resolver con "tecnología de punta". Asimismo, se quiere vender la idea de que la gran minería moderna -con sus pretendidos altos estándares- rompe con las taras de la minería de "antaño" (y las de la pequeña minería) en cuanto a sus impactos sociales y ambientales.


Tanto las empresas como nuestros gobiernos invierten millones de dólares en vídeos, spots televisivos, publicidad impresa, foros, entre otros, para promover esta visión de la "minería responsable". A esta se asocian los imperativos del "progreso" y del "desarrollo", cuyas aplicaciones han hecho tanto daño a los pueblos del Sur global, particularmente en América Latina. Con esta narrativa, se quiere convencer al público de que la gran minería no impactará a las comunidades ni al medio ambiente de forma significativa.


En el Ecuador, estamos bombardeados por estos discursos. El Gobierno del presidente Rafael Correa, mucho más que en los gobiernos neoliberales, ha sido de los más dedicados a difundir los mitos de la "minería responsable". El mismo presidente, afirmó por ejemplo que "con la minería responsable se puede recuperar el 95% de los impactos". [3] La empresa minera transnacional ECSA y altos funcionarios del Ministerio de Recursos No Renovables, llegaron incluso a afirmar que el agua usada para extraer el cobre de la mina a cielo abierto del proyecto Mirador será devuelta al medio ambiente "en mejores o iguales condiciones que fue captada" [4] . Desde su portal de internet, la empresa minera estatal, la ENAMI, irónicamente se compromete por su lado a promover "la minería para el buen vivir", caminando "juntos por una minería responsable" [5] .


El mito de la minería "responsable" se basa -entre otras características- sobre la premisa que la técnica moderna y la ciencia actual son capaces de diagnosticar, prever y controlar todos los impactos que la minería a gran escala puede provocar. La creencia ciega en la capacidad de la ciencia y la tecnología están muy arraigadas en el imaginario moderno.


A esta creencia ingenua, basta oponer la historia reciente de la megaminería en el mundo, que demuestra hasta la saciedad cuáles son sus enormes y nocivas huellas. Una amplia documentación que circula a nivel internacional evidencia los múltiples impactos sociales, ambientales, económicos y políticos que provocan las grandes empresas mineras: contaminaciones crónicas y accidentales de las aguas, del suelo y aire; destrucción irreversible del paisaje; afectaciones graves a la salud pública; pérdida de soberanía alimentaria; destrucción de economías basadas en actividades productivas sustentables; despojos y militarización de territorios; violencias físicas y simbólicas; tráficos ilícitos y explotación de seres humanos; asesinatos; evasión fiscal y violaciones de leyes, derechos humanos y constitucionales; debilitamiento de la democracia; ataques a la soberanía nacional, entre otros.


La minería a cielo abierto, como la que se quiere implantar en Ecuador en la zona de Íntag o en la Cordillera del Cóndor, supone la excavación de un tajo de cientos de metros de profundidad y varios kilómetros de diámetro. Esta intervención destruye de forma permanente la capa vegetal, no solamente del área de la mina en sí, sino también de miles de hectáreas alrededor, las cuales muchas veces son utilizadas como botaderos de desechos sólidos, piscinas de relave y para otras instalaciones sin las cuales las minas no pudieran funcionar. El simple hecho de traer rocas sulfurosas que contienen metales pesados desde el subsuelo hasta la superficie donde están expuestas al aire y las aguas de lluvia, desencadena procesos de contaminación ambiental que perduran siglos. Hay evidencias, por ejemplo, de minas operadas en el tiempo del imperio romano que siguen contaminando fuentes de agua.


¿Una minería social y ambientalmente "responsable"?


Si es que algún día existiera una verdadera responsabilidad, esta debería partir por respetar ciertos principios fundamentales, como el derecho de las comunidades y gobiernos locales a decidir sobre la instrumentación de cualquier actividad que represente un riesgo para su bienestar presente o futuro. Sin el respeto de este derecho, simplemente no hay minería responsable. La "consulta" tal como la suelen manejar los gobiernos dedicados a la promoción de la megaminería, no tiene mucho sentido. Las decisiones de las comunidades nunca son vinculantes. Es, lastimosamente, en estas condiciones que se realizaron las consultas en los territorios afectados por los proyectos mineros en el Ecuador. Vale recordar la parodia que fueron las recientes consultas realizadas en la Amazonía Sur del Ecuador en el marco de la Décimo Primera Ronda Petrolera. [6] En lugar de estas mascaradas, y como lo exige el convenio 169 de la OIT (ratificado por Ecuador en el 1998), se debería exigir el consentimiento previo libre e informado de las comunidades.


Por otra parte, una minería realmente responsable debería reconocer, en ciertas situaciones y áreas, que la extracción no puede representar el mejor uso del suelo o de emprendimiento económico. Sobre todo en territorios sensibles como son:


- el bosque nublado y páramos que protegen las cuencas hidrográficas y almacenan agua;
- las lagunas y ríos, así como manglares y humedales;
- donde exista un excepcional potencial turístico, agropecuario, o riqueza arqueológica;
- que albergan especies en peligro de extinción;
- donde exista grandes riesgos sísmicos;
- de alta pluviosidad (lo que exacerba los riesgos de contaminación del agua);
- donde la roca tiene altas concentraciones en compuestos sulfurosos (que generan contaminación por drenaje ácido de mina), entre otras.

Preguntamos: ¿qué sentido tiene destruir el patrimonio cultural milenario, impactar a las actividades económicas auténticamente sustentables, contaminar de manera irreversible el agua, el aire y la tierra, así como transformar el clima que le da vida a miles de campesinos, pueblos ancestrales, pescadores y recolectores de mariscos, para sustentar una actividad minera altamente destructiva y cuya duración es de apenas un par de décadas?


Además, una minería "responsable" con el ambiente reconocería que antes de iniciar actividades con tan fuerte impacto ambiental, es absolutamente indispensable contar con largas series de datos históricos (al menos décadas) confiables sobre la hidrometeorología y la sismicidad del área a ser intervenida. En Ecuador, con muy pocas excepciones, estos datos no existen.


Por último, la minería "responsable" es imposible si no existen instituciones públicas sólidas e independientes del sector minero, capaces de evaluar y monitorear la actividad. Por ejemplo, no se puede hablar de minería responsable si la gestión minera está a cargo de instituciones que aprueban Estudios de Impacto Ambiental que carecen de rigor científico, como muchos de los que se han elaborado y aprobado en el Ecuador. No se puede hablar de minería responsable cuando una mayoría de las empresas transnacionales presentes en el país usan paraísos fiscales y bancarios como Las Islas Vírgenes, Bermuda, Barbados, Panamá, entre otros, lo que presumiblemente les permite evadir sus obligaciones en términos fiscales en el Ecuador.


La minería que se está desarrollando en la actualidad en el país no cumple con todas las características que acabamos de mencionar cuando de responsabilidad se habla, más bien da paso a la peor actividad productiva posible, en los lugares lo menos apropiados, como son las Cordilleras del Toisán y del Cóndor, e incluso en los páramos como en la zona de las lagunas de Quimsacocha.

Es así como podemos anticipar que en Ecuador, dadas las condiciones políticas, ambientales y geológicas del país, la minería "responsable" y la recuperación del medio ambiente en las proporciones anunciadas en los discursos oficiales nunca se llevarán a cabo. Menos aún en un país donde no se cumple con la Constitución y tampoco con el Mandato Minero, aprobado en abril de 2008 en la Asamblea Constituyente de Montecristi, con el que se pretendía al menos normar la situación de caos en la minería a gran escala, heredada del modelo neoliberal. [7]

En síntesis, ¿es posible creer en una minería bien hecha y responsable, que no ocasione severos impactos ambientales y sociales y que, además, se constituya en la senda para el Buen Vivir?


Por supuesto que no. La realidad contradice esta afirmación, que no pasa de ser una burda manipulación.


La explotación minera industrial moderna implica la extracción masiva -y en un tiempo muy corto-, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; recursos que se han formado en procesos de muy larga duración, a escalas tectónicas. En la actualidad, los sitios de alta concentración mineral se van agotando, sin embargo, los elevados precios del mercado mundial permiten que la explotación minera sea rentable aún en los yacimientos en donde el mineral es escaso. Para hacer producir estos yacimientos, es necesario aplicar una minería industrial de gran escala, con uso masivo de químicos a veces sumamente tóxicos, el consumo abundante de agua y la acumulación de grandes cantidades de desechos. El examen de la minería industrial alrededor del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la Naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades y riquezas culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Los países de América Latina, África y Asia, cuyas economías dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros, nunca saldrán de la pobreza.


El capital global, en contubernio con gobiernos liberales y "progresistas", una vez más está ganando la partida, y la única forma de parar es con el fortalecimiento de la resistencia pacífica a nivel local y generando alianzas para que cada vez más gente sea conciente de la realidad de la minería y de sus terribles consecuencias.-


________________________________________
Carlos Zorrilla: Activista. Cofundador de la DECOIN, de la Asociación de Caficultores de Íntag y de la Red Nacional de Bosques Privados. Residente de la zona de Íntag desde 1978. Autodidacta en impactos de la minería a gran escala.
William Sacher: PhD en ciencias atmosféricas y oceánicas. Candidato a doctor en economía en la FLACSO-Ecuador.
Alberto Acosta: Profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador. Exministro de Energía y Minas. Expresidente de la Asamblea Constituyente. Excandidato a la Presidencia de la República.

NOTAS:
[2] Sabatina, 29.10.2011.
[3] El Ciudadano , 9.12.2011.
[4] Declaración de Federico Auquilla, viceministro de Recursos Naturales No Renovables en el Enlace Ciudadano número 249, 10.12.2011.
[5] http://www.enamiep.gob.ec/
[6] Véase, por ejemplo el documental "La consulta inconsulta" de Tania Laurini y Julián Larrea Arias, 2013.

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Cobra relevancia que la agencia de noticias energéticas y metalúrgicas Platts (6/2/14) –que forma parte de la calificadora S&P– difunda que "más de la mitad (¡súper-sic!) de los pozos del fracking en EU se encuentra en zonas secas", basado en un estudio de Ceres: grupo no lucrativo de inversionistas con sede en Boston que aboga por la protección de la biosfera ( http://es.scribd.com/doc/205503436/Ceres-FrackWater). Ceres, en la mitología romana, representaba a la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad, y lo menos que puede hacer el grupo homónimo es cesar de invertir en el dañino fracking: fracturación hidraúlica de perforación horizontal que usa inmensas cantidades de agua con un centenar de productos químicos desconocidos y a la que se le atribuyen una serie de calamidades ( v.gr sismos y contaminación del agua potable).

 

De los casi 40 mil pozos de gas natural y petróleo del fracking en EU, más de la mitad se encuentra en zonas que experimentan sequía y donde, en casi dos años y medio, se usaron 366 mil 660 millones (¡súper-sic) de litros de agua, casi la mitad (¡súper-sic!) en el semiárido Texas.
La autora del estudio, Monika Freyman, comentó que la competencia por el agua crecerá en varias de estas zonas conforme crezcan las poblaciones y los niveles de desarrollo del gas y el petróleo.


Con este simple dato, toda la cantaleta de la "revolución ( sic) energética del siglo XXI en Norteamérica ( sic)" se derrumba al crear mayores daños que beneficios, no se diga en la región desértica del noreste de México, pletórica en shale gas (tercera reserva mundial), pero una de las mayores zonas desérticas del planeta.


Freyman minimiza la cantidad que se requiere en EU para el polémico fracking –"típicamente entre 1 y 2 por ciento del total de consumo–, pero advierte sobre los impactos locales (léase: la furia ciudadana) de las operaciones de gas y petróleo donde el agua es extraída de los mantos freáticos.
World Resources Institute (WRI) evaluó los mapas que señalan indicadores del estrés del agua en ocho regiones de EU y Canadá ( Why not Mexico?): más de 36 por ciento de los pozos se traslapan con zonas que experimentan agotamiento de los mantos freáticos.


¿A las petroleras anglosajonas no les importa mantener sedientas a sus poblaciones?


Después de Texas –segundo estado más poblado, con 26.5 millones de habitantes, de los cuales 15 millones se encuentran en racionamiento de agua– los Estados que usan más agua por el vilipendiado fracking son Pensilvania, Oklahoma, Arkansas, Colorado y Dakota del Norte ( http://es.scribd.com/doc/205520460/Fracking).


Entre las 250 empresas de energía, la polémica Chesapeake es la que más (ab)usa del agua: casi 45 mil 480 millones de litros, seguida por EOG Resources, XTO Energy (subsidiaria de Exxon Mobil) y Anadarko Petroleum. ¡Las próximas invasoras del noreste mexicano!
En otra ominosa clasificación, entre las empresas de servicios, aparece en primer lugar la macabra Halliburton con 94 mil 750 millones de litros (¡más de la cuarta parte del total de EU!), seguida por la lúgubre Schlumberger (uno de cuyos dueños es un ex director de Pemex): ¡Las depredadoras del mayor daño ambiental en la historia de la humanidad en el Golfo de México y que se despachan con la cuchara grande en su colusión con la agónica Pemex!


WRI clasifica una zona bajo extremadamente alto estrés acuífero, en la que más de 80 por ciento del agua en la superficie y en los mantos freáticos asequibles es ya asignada para uso agrícola, municipal e industrial.


Así que "casi la mitad de los pozos explotados por fracking desde 2011 se encuentra en regiones con elevado y/o extremadamente alto estrés acuífero".


Texas, en su frontera con México, es ya prácticamente una zona de desastre para el shale gas (lutita/esquisto/grisú), lo cual empeorará con la duplicación del (ab)uso del agua para fracking en la próxima década. ¿Por eso avientan la pelota del shale gas del lado transfronterizo de México, para usarlo como cobayo de experimentación ecocida de laboratorio?


Más aún: más de dos tercios de Texas continuan experimentando condiciones de sequias, mientras los acuíferos de los mantos freáticos principales se encuentran bajo estrés y la población del Estado crece. Al rato, las racistas depredadoras anglosajonas le echarán la culpa a la natalidad de los ultrajados migrantes mexicanos.


El tristemente célebre yacimiento Eagle Ford Shale, en el sur de Texas, extrae 90 por ciento de su demanda acuífera de los mantos freáticos que están a punto de agotarse, y es el que (ab)usa más del agua para fracking: 72 mil 200 millones de litros.


En el Permian Basin (Texas occidental), el (ab)uso del agua para fracking ha colocado a 70 por ciento de los pozos en estrés acuífero extremo.
El rotativo The Independent (5/2/14), de Gran Bretaña (GB), reporta el perturbador estudio del grupo Ceres, en medio de las protestas en todo el mundo por los efectos dañinos del shale gas a la salud pública y al medio ambiente.


En GB han llegado a la insensatez de pretender cambiar las leyes para permitir el fracking debajo (sic) de las casas y sin el permiso de los propietarios ( The Independent, 26/1/14), lo cual refleja la grave crisis energética a los dos lados del Atlán¬tico Norte anglosajón, donde predominan los intereses deletéreos de su bancocracia plutocrática por encima del bien común.


La defensa de Exxon Mobil es pueril cuando compara que el "carbón necesitaba 10 veces más agua que el shale gas, mientras el etanol del maíz necesita mil veces más agua". Exxon selecciona así su pretendido menor daño entre tres mayúsculos cataclismos.


The Financial Times (6/2/14) –controlado por el banco israelí-estadunidense Black¬Rock, el mayor beneficiario de la privatización de los hidrocarburos en México– ya no puede ocultar que el shale gas en EU ha sido puesto bajo la picota debido a la sequía y la sed por el agua.


El problema del agua en EU es mayúsculo y California, su Estado más poblado, padece su peor sequía en un siglo.


¿Inicia la gran fuga de los inversionistas de la burbuja del shale gas, que puede explotar del lado de la escasez del agua en una época de intensa sequía?


The Financial Times reseña que la escasez de agua y las tensiones con las comunidades locales ha obligado a las petroleras a soluciones costosas, como el transporte de agua en camiones (sic).


Los accionistas de los poderosos fondos de pensiones de Nueva York exijen ya explicaciones sobre el impacto ambiental del fracking a ExxonMobil, Chevron, EOG y Pioneer. ¿Rebelión en la granja bursátil?


A mi juicio, el retiro de las inversiones de los fondos de pensiones de las petroleras del shale gas constituiría el golpe de gracia a las pretensiones de EU para ser el emperador energético global y sustituir a Arabia Saudita.


No venía en el radar la revuelta de las comunidades y los ciudadanos ante el saqueo hidráulico y su sequía por la vía del fracking de las depredadoras petroleras anglosajonas.


La suicida reforma Peña/Videgaray/Aspe –en particular, su explotación ecocida del shale gas– se tambalea en su lugar de origen: EU. ¡Increíble!


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Geoingeniería: peor el remedio que la enfermedad

Si los que promueven la geoingeniería –la manipulación intencional del clima planetario–, realizaran sus proyectos de crear nubes volcánicas artificiales sobre el Ártico, desequilibrarían gravemente el ciclo hidrológico en los trópicos y subtrópicos, con importante disminución de lluvias. Tendría efectos catastróficos en los bosques tropicales, principalmente en Asia y Amazonía, con incremento de sequías en África.

 

Esto es parte de las conclusiones de un nuevo estudio científico (A. Ferraro et al, Environmental Research Letters, 2014) sobre los efectos que tendría inyectar aerosoles azufrados en la estratosfera, para crear una gigantesca nube volcánica que tapara los rayos del sol sobre el Ártico, lo que según los geoingenieros podría bajar la temperatura.

 

Varios otros estudios científicos publicados en 2013 (por ejemplo los del proyecto de colaboración GeoMIP, con decenas de científicos y países participantes), basados en investigación con modelos matemáticos, señalan impactos graves de diferentes propuestas de geoingeniería. Desde 2008, el reconocido meteorólogo Alan Robock indicó que la propuesta de construcción de nubes volcánicas artificiales (ahora rebautizada por los geoingenieros Manejo de la Radiación Solar), tendría efectos colaterales graves sobre los regímenes de precipitación, colocando en riesgo las fuentes de agua y alimentación de 2 mil millones de personas en Asia y África. En julio 2013, estudios del proyecto GeoMIP señalaron que el desequilibrio tendría impactos globales, también en el hemisferio Norte. Ahora se suman las evidencias sobre la Amazonía.

 

Otro estudio reciente (Jones et al, Journal of Geophysical Research, 2013) agrega que la terminación de este tipo de proyecto de geoingeniería llevaría a un aumento abrupto de la temperatura, acompañado del aumento del promedio de precipitación y mayor derretimiento del hielo polar. Lo cual significa que si se instalaran esas nubes volcánicas, la terminación significaría colocarnos en una situación peor a la anterior.

 

La geoingeniería marina comercial, cuya propuesta más conocida es la fertilización oceánica (alterar la química marina para absorber carbono atmosférico), fue prohibida en octubre de 2013 en la trigesimaquinta Sesión del Protocolo de Londres de Naciones Unidas, que previene los vertidos en el océano. No es algo definitivo, porque los geoingenieros, representados en el discurso de algunos delegados gubernamentales, lograron una ventana para experimentos, aunque éstos sólo pueden ser para investigación y cumplir una lista de requisitos previos, por sus impactos ambientales y sobre las cadenas tróficas marinas.

 

Pese a estos nuevos estudios, a que desde 2010 existe en Naciones Unidas una moratoria contra la geoingeniería y a que la vasta mayoría de la gente piensa que manipular el clima es una idea absurda y peligrosa, hay un pequeño, pero influyente grupo de científicos que insiste en ello, como David Keith, de la Universidad de Harvard, o Ken Caldeira, de la Universidad de Stanford, entre otros. Este grupúsculo o geo-clique, como lo llama el investigador australiano Clive Hamilton, pese a lo insano de sus propuestas, está ganando lugar en espacios que son referencia global en cambio climático, como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). Este organismo, en su nuevo informe global sobre el estado del cambio climático, incluye de forma sorprendente, la mención a estas propuestas como algo a considerar. Aclaremos que el IPCC no las apoya y expresa que tienen altos riesgos e impactos globales negativos de largo plazo, pero de todas maneras las nombra como punto en discusión, justamente debido al pesado cabildeo de los que la promueven.

 

Hay una confluencia de intereses económicos, geopolíticos y militares que impulsan la geoingeniería. Para los países con alto grado de emisiones de carbono y sus transnacionales contaminantes, la geoingeniería aparece como una solución tecnológica que les permitiría seguir emitiendo gases de efecto invernadero y encima hacer nuevos negocios, vendiendo tecnología para bajar la temperatura.

 

Para los intereses militares, la manipulación climática ha estado en su agenda desde hace décadas, se conoce que fue aplicada por Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Si las mismas tecnologías se pueden legitimar ahora como combate al cambio climático, pueden seguir desarrollándolas sin aparecer como estrategia bélica. De cualquier modo, se podrían usar contra países que no sabrán que les sucedió, porque parecerá un desastre natural o parte del caos climático. Que este tipo de propuestas y tecnologías se desarrollen con un nombre u otro (para cambio climático o como arma de guerra), no cambia el hecho de que son las mismas y que los países que las detenten tendrán control sobre el termostato global.

 

Por ello, el discurso de los científicos que piden y justifican la geoingeniería es como mínimo irresponsable, si no directamente parte del mismo juego geopolítico y militar. Claro que su argumento es otro: dicen que como los políticos no se pondrán de acuerdo, ellos deben salvar el planeta, cueste lo que cueste. Así construyen también la imagen de que no se puede hacer nada y que es inútil cuestionar las causas profundas del caos climático –el modelo industrial de producción y consumo dominante.

 

Pero eso es justamente lo que hace falta para enfrentar realmente la crisis climática, además de favorecer las verdaderas soluciones que se tejen desde abajo y no generan nuevas dependencias. Además, por las graves amenazas al ambiente, el sustento y la soberanía que representa, urge prohibir la geoingeniería.

 

Silvia Ribeiro*

*Investigadora del Grupo ETC

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Los errores de las tesis del decrecimiento económico

Una característica de los movimientos ecologistas en Europa es su enorme diversidad ideológica, lo cual se considera como una de sus fortalezas, cuando, a mi entender, podría ser una de sus debilidades. Un número considerable de ellos muestra una sensibilidad maltusiana, que asume que los recursos naturales, como por ejemplo, los recursos energéticos, son fijos, constantes y limitados, concluyendo con ello que el crecimiento económico es intrínsecamente negativo, pues consume unos recursos limitados que se irán agotando con el tiempo, creando una crisis global (ver mi artículo "El movimiento ecologista y la defensa del decrecimiento", Público, 29.08.13). Estos movimientos han sido muy influenciados por Paul Ehrlich, el fundador del ecologismo conservador.


En Europa, sin embargo, parece desconocerse el movimiento ecologista de claras raíces socialistas (que lideró Barry Commoner, al que considero uno de los personajes más lúcidos que ha tenido el movimiento ecologista a nivel mundial). Barry Commoner alertó de las consecuencias reaccionarias que el maltusianismo puede tener. Y una de ellas es el movimiento a favor del decrecimiento, aun cuando, incluso ahí, depende de lo que se utilice para definir decrecimiento. El decrecimiento no es un concepto que pueda definirse sin conocer qué es lo que está creciendo o decreciendo. No es lo mismo, por ejemplo, crecer a base del consumo de energía no renovable, que crecer a base del consumo de energía renovable. Y no es lo mismo crecer produciendo armas que crecer produciendo los fármacos que curan el cáncer. El hecho de que haya una u otra forma de crecimiento es una variable política, es decir, depende de las relaciones de poder existentes en un país y de qué clases y grupos sociales controlan la producción y distribución de, por ejemplo, la energía. Barry Commoner solía mostrar cómo en Estados de EEUU en los que había habido gran consumo de energía contaminante no renovable, este consumo había variado a consumo de energía renovable, creando con ello incluso más crecimiento económico. El punto de debate no es, pues, crecimiento o no crecimiento, sino qué tipo de crecimiento, lo que es consecuencia de quién controla tal crecimiento. Este es el punto clave. Como señaló Commoner, las fuentes de energía han ido variando históricamente y ello no ha sido resultado de cambios tecnológicos (como por regla general se explica), sino de cambios políticos. Utilizar una forma u otra de energía es un proceso determinado políticamente.

El desconocimiento de la historia del socialismo


Esta es la realidad ignorada por los maltusianos, que desconocen también el enorme debate que ha tenido lugar sobre este tema en la historia del socialismo. En los primeros albores de las revoluciones socialistas, se creyó que el socialismo era la lucha por la distribución de la riqueza creada por los medios de producción, a los cuales se los suponía intrínsecamente positivos, meros instrumentos del progreso. Fue más tarde que se cuestionó este supuesto (que alcanzó su máximo exponente en la Unión Soviética), pues estos medios de producción reflejaban también los valores de los que los habían diseñado. Una fábrica de automóviles, por ejemplo, refleja unos valores que determinan cómo, cuándo y dónde se realiza la producción de bienes y servicios en esa empresa. Y estos valores eran los dominantes en la sociedad capitalista que había creado dichos medios. La protesta frente a esta interpretación del socialismo quedó expresada en el famoso eslogan de que "el socialismo no es capitalismo mejor distribuido". Mi libro (conocido en el mundo anglosajón) crítico del productivismo en la Unión Soviética, Social Security in the USSR, Lexington Books, 1977, criticó este productivismo, prediciendo, por cierto, el colapso del sistema soviético. El libro fue prohibido en la Unión Soviética, considerándoseme como persona non grata.


Uno de los puntos que subrayé en aquel libro era que el socialismo tenía que cambiar no solo la distribución de los recursos, sino la forma y tipo de producción. Y para que ello ocurriera era fundamental cambiar las relaciones de poder en el mundo de la producción (con la democratización de la producción, que es distinto a su estatalización) y cambiar el motor del sistema, de manera que el afán de lucro se sustituyera por el afán de servicio a las necesidades humanas, definidos democráticamente. Este fue uno de los debates más vivos que ha habido dentro de la sensibilidad transformadora socialista. Los debates sobre el significado de la revolución cultural china, por ejemplo, con la victoria en aquel país de los sectores capitalistas dentro del Estado chino, condujeron a la China actual, en donde el afán de lucro y el tipo de producción que condiciona han dominado aquel proceso, creando unas enormes desigualdades a la vez que crisis ecológicas.

Es obvio que un gran número de proponentes de las teorías del decrecimiento desconocen esta historia. Así, cuando Florent Marcellesi ("La crisis económica es también una crisis ecológica", Público, 09.10.13) señala que el socialismo y el capitalismo son igual de insensibles a la necesidad de cambiar el tipo de producción y consumo, está ignorando estas discusiones dentro del socialismo. Es más, me pone a mí una etiqueta errónea, estereotipando lo que según él un socialista es y/o piensa. Me critica por pertenecer a la visión productivista del socialismo, visión que precisamente he criticado mucho antes y más intensamente que él. Marcellesi escribe "Vicenç Navarro afirma por ejemplo que 'si los salarios fueran más altos, si la carga impositiva fuera más progresiva, si los recursos públicos fueran más extensos y si el capital estuviera en manos más públicas (de tipo cooperativo) en lugar de privadas con afán de lucro, tales crisis social y ecológica (y económica y financiera) no existirían'". Esta frase está extraída de un artículo mío que señalaba cómo salir de la crisis. Florent Marcellesi indica que ello no es suficiente para prevenir el supuesto agotamiento energético, y por lo tanto las crisis económicas y ecológicas, pues añade que "incluso si redistribuyéramos de forma equitativa las rentas entre capital y trabajo, y todos los medios de producción estuviesen en manos de los trabajadores, la humanidad seguiría necesitando los 1,5 planetas que consume hoy en día".


Para llegar a esta conclusión (de que el cambio del proyecto capitalista a uno socialista no resuelve el problema, pues los dos, el capitalismo y el socialismo, creen en el crecimiento económico que agotará los recursos), Marcellesi asume erróneamente que yo estoy reduciendo el proyecto transformador (mi propuesta de cómo salir de la crisis) a una mera redistribución de los recursos, sin cambiar ni el tipo ni la forma de los medios de producción, ignorando no solo mis escritos, sino también la extensa bibliografía científica sobre la transformación del capitalismo al socialismo, cosa que ocurre con gran frecuencia entre ecologistas conservadores que, como he dicho antes, desconocen los intensos debates sobre los temas tratados derivados de otras sensibilidades políticas y de otros tiempos. Es obvio que Florent Marcellesi desconoce la historia del socialismo, y me pone en la casilla errónea (en la casilla productivista, a fin de poder llegar a sus conclusiones). Como he indicado, he sido una de las voces más insistentes en cambiar el tipo de producción en el proyecto de transformación socialista, y no se da cuenta de que la frase a la cual él hace referencia, sintetizando mi postura, tiene los dos elementos –democracia y cambio del motor del sistema- que rompen con el determinismo productivista que erróneamente me atribuye. No es mi objetivo polemizar con tal autor y ahora figura política, sino responder a críticas al socialismo basadas en un desconocimiento de su historia.


El determinismo energético no puede sustituir al determinismo político


Otro punto que considero importante esclarecer es que los cambios de producción pueden ya ocurrir dentro del capitalismo. El socialismo no es un sistema económico-político que toma lugar el año A, día D, con la toma del Palacio de Invierno, sino que se hace y deshace diariamente ya en el capitalismo. Y es ahí donde todo el movimiento a favor del decrecimiento parece ignorar un hecho bastante elemental, y es, como he indicado anteriormente, que el problema no es el crecimiento, sino el tipo de crecimiento. De nuevo, Barry Commoner mostró cómo la utilización de nuevas tecnologías (cuya producción también determina el crecimiento económico) ha permitido poder utilizar ríos en EEUU que eran antes totalmente inhabitables. Y, una vez más, Barry Commoner muestra también como han aparecido muchas formas de energía, que son renovables, que sustituyen a las más tradicionales no renovables, y que también determinan el crecimiento. El problema no es que no haya formas de energía alternativa, sino que estas están controladas por los mismos propietarios que las no renovables. En un momento de enormes crisis, con crecimiento casi cero, que está creando un gran drama humano, las voces a favor del decrecimiento parecen anunciar que ello es bueno, pues así salvamos el planeta. No se dan cuenta de que están haciendo el juego al mundo del capital responsable de las crisis económica y ecológica.
Por último, varias aclaraciones a bastantes afirmaciones sorprendentes que se están haciendo por portavoces maltusianos sin ninguna evidencia que las avale. No es cierto que el encarecimiento del petróleo y de las materias primas se deba a su escasez. Y tampoco es cierto que la crisis hipotecaria se debiera al crecimiento del precio del petróleo. La crisis financiera ha sido muy estudiada y no puede atribuírsela al crecimiento del precio del petróleo y a la inflación que creó. Y tampoco es cierto que la crisis profunda de los países del sur de Europa se deba a la falta de energía. Este determinismo energético (que la energía es la que condiciona todo lo demás) ignora que son las relaciones de poder, derivadas de la propiedad de la producción y distribución de bienes y servicios, las que configuran la crisis actual (ver mi artículo "El conflicto capital-trabajo en las crisis actuales", El Viejo Topo, octubre 2013). El hecho de que dichos países estén en crisis se debe al enorme poder que el capital tiene en ellos a costa del mundo del trabajo, poder que se manifiesta en el tipo de producción (incluida la de la energía que se utiliza y consume). La solución pasa por un cambio en estas relaciones de poder, con la democratización del Estado, que originaría no solo una nueva redistribución, sino una nueva producción. Y es en esta estrategia, donde el socialismo y el movimiento ecologista progresista pueden aliarse e incluso converger. Es una lástima que los escritos de Paul Ehrlich, que reflejan la visión conservadora maltusiana del ecologismo (y que paradójicamente recibió un premio de la Generalitat de Catalunya durante la época del tripartito), sean conocidos, mientras que los de Barry Commoner, el fundador del movimiento ecologista progresista en EEUU, apenas sean conocidos en nuestro país. Es un indicador más del conservadurismo que existe en la vida intelectual y política del país.

 

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Miércoles, 05 Febrero 2014 06:43

La vida bajo cero se torna blanca en NY

La vida bajo cero se torna blanca en NY

El clima se vuelve protagonista, tema principal de todos los noticieros y centro de la conversación cotidiana en los más de 200 idiomas que se hablan en esta ciudad, por ahora disfrazada toda de blanco. El frío extremo y la nieve no sólo son un fenómeno climático o de salud, sino también un asunto político.


Una de las escenas más hermosas es una nevada que poco a poco va cubriendo esta metrópoli, decorando sus árboles con cristales, escondiendo la basura bajo una cobija blanca, ofreciendo a niños un nuevo panorama para gozar con trineos, o para escenificar batallas con bolas de nieve, todo en medio de un sorprendente silencio en el incesante ruido de Nueva York.


Pero a veces el viento no perdona y los copos de nieve se convierten en municiones de un ataque contra todo lo que no se puede defender y, en alianza con el frío, pueden provocar derrotas masivas, al congelar la vida cotidiana y convertir actos normales, como caminar, en algo sumamente peligroso.


El lunes nevó con una acumulación de 20 centímetros en Central Park, y esta noche se pronostican hasta 20 más; además, advierten, puede llegar más el fin de semana. Esto, en combinación con ya demasiados días con temperaturas de cero para abajo, interrumpe cualquier rutina.
Nueva York está acostumbrada al frío y la nieve, y casi siempre la ciudad que nunca duerme rehúsa detenerse por el clima, mientras los suburbios y otras ciudades suspenden días escolares y jornadas laborales.


Pero a veces es difícil aguantar cuando son demasiados días seguidos de frío y nieve. Esto es peor que años pasados, ¿verdad?, es la pregunta casi retórica repetida en cada café y cantina, en cada conversación con desconocidos en un elevador. Está brutal, opina uno. Me encanta, revira otra. Estás loca, responde otro y lamenta: ¿Por qué vivimos aquí

?
Hay escenas tragicómicas. Peatones resbalan de pronto y al caer intentan poner cara seria como si nada hubiera ocurrido, aunque, por supuesto, hay un incremento de visitas a las salas de emergencia por fracturas de tobillos, brazos, codos y más. Uno nunca sabe dónde puede pisar firme y dónde no, donde la nieve o la calle ocultan un charco de hielo, y se necesita talento (y buenas botas) para navegar.


Muy poco después de una nevada se empiezan a escuchar ruidos de metal contra pavimento. Una vez que se acumulan más de cinco centímetros, el gobierno municipal empieza a desplegar hasta poco más de mil 300 camiones de basura (según cuánto crezca) y otros equipados con un quitanieve al frente, y cadenas sobre sus llantas traseras para la tracción, para empezar a limpiar calles y avenidas.A veces sacan aparatos enormes que pueden derretir hasta 60 toneladas de nieve por hora. También salen camiones para rociar sal de los 34 depósitos que tiene la ciudad para derretir nieve y hielo.


El otro ruido es de palas para abrir paso en las banquetas enfrente de casas, edificios y tiendas, y para desenterrar autos atrapados entre montecitos de nieve. El nuevo alcalde, Robert de Blasio, ha sido fotografiado con su pala, abriendo paso frente a su casa en Brooklyn durante las primeras dos nevadas con que comenzó su gestión (algo para distinguirlo de su multimillonario antecesor).


El metro se vuelve refugio extraoficial para los sin techo, cuyo número ha llegado a niveles récord en esta ciudad, que duermen con todas sus pertenencias en vagones o estaciones, hasta que las autoridades les piden buscar refugio en los albergues.


Mientras tanto, los perros son paseados con equipo invernal, a veces con abrigos o suéteres y zapatos para evitar que la sal que se arroja en las calles les lastime las patas.


De pronto brota el vapor debajo de las calles cubiertas de nieve. Son rupturas en un antiguo sistema de vapor (se instaló a fines del siglo XIX) generado por siete plantas y distribuido por un sistema de tubos de más de 160 kilómetros de extensión que se usa para calefacción y agua caliente en Manhattan, en lugares como la sede de la Organización de Naciones Unidas, el Empire State Building, el Museo Metropolitan, complejos de edificios de vivienda y algunos hospitales.


La presencia del vapor explica en parte el misterio de por qué desaparece la nieve más rápido de las calles de Manhattan que en otras partes de la ciudad, como Brooklyn o Queens: las calles de la isla son mucho más calientes porque existe toda una infraestructura subterránea no sólo de vapor, sino un laberinto de túneles del metro y tubos de electricidad, teléfono y gas.


A la vez, el invierno aquí es a veces incómodo no solo por el frío, sino por el calor. Los espacios interiores, sean en el metro, en oficinas, restaurantes o tiendas, tienden a ser muy calurosos y, por lo tanto, uno pasa constantemente de un congelador a un horno, donde el gran ejercicio diario es ponerse varias capas de ropa para aguantar el frío y luego quitárselas al ingresar en cualquier lugar.


La nieve, al inicio, es alfombra de pureza sobre una ciudad no muy inocente. Pero si se queda demasiado tiempo, empieza el deterioro, no solo al derretirse con sus charcos de agua helada en cada esquina, esperando a ver quién cae en la trampa, sino porque los colores se transforman al combinarse con la basura, la tierra, los orines de los perros, y el blanco se vuelve gris y amarillo, hasta que reaparece todo lo no muy bonito que quedó debajo. Algunos desean en secreto una nevada más, para volver a fingir que todo es puro y bello, aunque sea sólo por un rato más.


La nieve también es asunto político. Los alcaldes y gobernadores se ven afectados si sus respuestas a las tormentas son insatisfactorias: casi siempre convocan ruedas de prensa para informar sobre preparativos y prometer agilidad y eficiencia para enfrentar las tormentas. Pero este año más de 100 millones de estadunidenses han sido afectados por las tormentas invernales y sus consecuencias, y la gran pregunta es: ¿cuánta nieve más se requiere para que la cúpula política nacional se dé cuenta de que algo llamado cambio climático es una prioridad urgente?

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Néstor García - Secretario de Ambiente

desdeabajo. (da). El Plan de Desarrollo de la administración Petro definió como uno de sus ejes ordenar el territorio alrededor del agua y combatir el cambio climático, ¿la Secretaría de Ambiente, como ente rector de la política ambiental distrital, qué estrategia ha trazado para hacer realidad este programa?
Néstor García (NG). La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) tiene diez políticas públicas que pueden enmarcarse dentro de este eje de enfrentar el cambio climático y ordenar el territorio alrededor del agua. Para enfrentar el cambio climático tenemos la política pública de seguimiento a la calidad del aire, con la que proponemos mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Aquí encontramos que son las fuentes móviles las que más emiten este tipo de gases en la ciudad, sobre todo el transporte público masivo, de ahí que nos propongamos depender cada vez menos de los combustibles fósiles y aplicar una política pública de ascenso tecnológico: que el transporte público masivo dependiente de la alcaldía se surta de combustible como gas natural híbrido, incluso combustible eléctrico, que para nuestro caso, ya que la energía en la ciudad proviene de hidroeléctricas, casi que es una manera de decir que en Bogotá el transporte público masivo se mueve con un combustible que es el agua.

 

da. A dos años de esta administración, ¿cuál es el diagnóstico que en materia de ambiente caracteriza a la capital?
NG. Hace unos siete años teníamos unos indicadores de contaminación del aire de 70 partículas UG por metro cúbico, gracias a otra política pública que viene de la administración pasada, que hizo un convenio con Ecopetrol para que el diesel que se le suministre a Bogotá sea de mejor calidad, en estos momentos los indicadores del material particulado en la atmósfera es de 48, o sea 2 puntos por debajo del estándar internacional, y con el ascenso tecnológico, a unos 7 u 8 años, la meta es bajar a 10.

 

El otro problema ambiental es el de los cuerpos de agua, han desaparecido quebradas y humedales; en el siglo XIX teníamos 50 mil hectáreas de humedales, hoy sólo setecientas; han desaparecido aproximadamente 85 ó 90 quebradas.

 

La ciudad también es vertidora de muchos contaminantes, sobre todo hogares e industrias, lo cual es un problema crucial para la ciudad. Esto nos obliga a recuperar las fuentes de agua, las quebradas, los humedales, los vallados y también el paisaje urbano, que está muy denso, hay mucho cemento y poco verde. El indicador de arbolado en la ciudad es es de 1 árbol por cada 7 habitantes, por eso hay que recuperar el verde, la calidad del aire, hay que reforestar sobretodo con especies nativas. Desde esta Secretaría es política erradicar el retamo espinoso y reforestar con especies nativas y sacar del paisaje especies extrañas como el pino y el eucalipto.

 

da. ¿Y en cuanto a minería?
NG. La minería cero es una meta del Plan Distrital de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). En la parte rural no podemos hacer nada, ya que por ley la competencia es de la CAR, pero sí en el sector urbano; a las canteras de explotación de arenas, arcillas, gravas hasta minerales, les proponemos acogerse a un plan de restauración geomorfológica de esos suelos. Mucha gente cree que la explotación sigue pero no es así, allí estén adecuando terrenos para devolverlos reconstruidos a la ciudad, para que se conviertan en más paisaje o en más espacio público.

 

da. En cuanto a contaminación y polución, ¿cuáles son los indicadores que agravan en la ciudad?
NG. Indiscutiblemente la movilidad, el transporte, el automóvil. Tenemos una ciudad donde el gran problema es la movilidad, su bloqueo, hay demasiados vehículos por habitante y este es el factor que más contribuye a contaminar su calidad del aire. El transporte público masivo es responsable de un 70% u 80% de la polución que tiene la ciudad, y ahí como administración pública tenemos injerencia, pero no podemos limitar la compra particular de un auto, por eso se piensa, hacia el futuro, en los peajes dentro de la urbe.


Por ahora, el transporte público masivo sí es un escenario donde la administración pública pueda incidir y en ello estamos, que cada día dependamos menos del acpm y del diesel. Pero también hemos dicho que para una ciudad tan congestionada como Bogotá lo más ecológico, lo más revolucionario, la tecnología de punta no es ni siquiera que sean vehículos eléctricos, lo mejor es el uso de la bicicleta. Y hacia allí apunta el ideario futuro de Bogotá: que la mayor parte de la población use la bicicleta.

 

da. ¿Cuál es la situación en materia de ruido en la ciudad?
NG. Muy delicada. Tenemos estaciones móviles para monitorear las 24 horas el grado de decibeles con que afectan la ciudad las fuentes fijas (discotecas, amanecederos, etc). Hay un problema: como autoridad ambiental solo llegamos a metro y medio del establecimiento porque como son propiedad privada no podemos entrar, entonces se deben instalar afuera los equipos y monitorear; el indicador internacional es de 50 decibles, tenemos zonas con menos de esto y otras que en ciertas horas pico superan este rango, cuando determinamos que alguien supera el rango abrimos el expediente ambiental y una vez encontramos que hay infracción damos curso y trámite a la alcaldía local, que con la policía determinan si visitan, entran, allanan, cierran, lo que sea ya que es su función. Es muy preocupante el problema del ruido que en mucho tiene que ver con cultura ciudadana.
da. ¿Qué aspecto negativo nos dejaron un siglo largo de administración de la ciudad?
NG. Permitir que el territorio se ordenara bajo la lógica del mercado, del capital, de los constructores. Tenemos una ciudad muy densa, necesitamos suelos más permeables, edificaciones más ambientales, con techos verdes, jardines verticales, etc..

 

da. ¿Cómo miran la aplicación y el resultado del mínimo vital?
NG. Es donde más avances hemos logrado en cultura ciudadana. Por tener el mínimo vital en el hogar racionalizan mucho el consumo y casi quisieran pasar el mes sin pasar del mínimo vital, de manera que tienen muy buenas prácticas de economía del agua, porque saben que si se pasa del mínimo, entonces empiezan a facturarse.

 

da. Hay una meta a cumplir: recuperar 57 kilómetros de quebradas, ¿cómo se negocia al interior de la administración el logro de esa meta?, ¿qué avances tienen?
NG. Por normas heredadas, a la empresa de acueducto le corresponde recuperar 25 kilómetros de quebradas, que son muy costosos por estar dentro de los problemas de la ciudad, de las urbanizaciones ilegales, de la expansión urbana irregular, tienen que entrar a recuperar rondas, comprar predios, reasentar todas estas familias; en cambio los otros 32 kilómetros que se le asignan a la SDA son más como de mantenimiento, de conservación ambiental. Esto quedó dilucidado con la iniciativa, de las más revolucionarias de la alcaldía de Petro: la transformación del Fopae, que era un Instituto de atención de emergencias en el nuevo Instituto de gestión integral de riesgo y cambio climático.

 

da. En administraciones anteriores plantearon la recuperación del río Tunjuelito a través de un proyecto de canalización, ¿se mantiene esta propuesta? Y qué pasa con Holcim y Cemex que son mineras, ¿están dentro del área rural o urbana?
NG. Lo que pasa es que por ley, aunque la SDA es autoridad ambiental en Bogotá, pero en lo urbano, y la CAR regula lo rural; la nación, a través de la agencia de ambiente otorga las licencias a la gran minería. Holcim, Cemex y la Fundación San Antonio son grandes mineras, pero aún así, en nuestra función como autoridad ambiental las tenemos suspendidas porque encontramos impactos ambientales. Y esto sí nos corresponde: Controlamos y decimos cuando contaminan la carga, sobre todo los acuíferos de las aguas subterráneas, y esto forma parte de esta política pública de recuperar la cuenca del Tunjuelo, pero también la del Fucha, el Salitre y Guaymaral-Torca.

 

da. Al respecto de las 400 hectáreas sustraídas por el ministerio del Medio Ambiente a la reserva forestal de los Cerros Orientales, ¿qué medida han planteado ustedes?
NG. Nosotros demandamos ese decreto porque nos imponen desde el ministerio de Minas y del Medio Ambiente unas medidas que contradicen nuestro Plan de Desarrollo y el POT, y el propósito Minería Cero, precisamente porque necesitamos garantizar la descontaminación del río Bogotá, y son las explotaciones mineras ilegales y legales en general las que más afectan la calidad del agua de nuestras quebradas, lo que redunda en la mala calidad del agua del río Bogotá.
Demandamos esas medidas porque en Colombia, según la Constitución y las leyes prevalece la legislación ambiental sobre la legislación civil. Todos los permisos mineros, los registros, las licencias forman parte de la legislación civil y por otro lado está la legislación ambiental; estamos haciendo que prevalezca la legislación ambiental sobre la legislación civil.

 

da. El Foro nacional ambiental definió estrategias de gestión de una estructura ecológica principal, ¿qué esperan de esto ustedes?
NG. Requerimos mucho de la ciencia, del conocimiento científico, de la participación de la academia, pero también del conocimiento ancestral, de la sabiduría popular; si los páramos todavía existen es porque muchos años atrás las comunidades ancestrales preservaban y cuidaban esos páramos, esas fuentes de agua, estas quebradas, cuidaban los humedales.

 

Retomando ambos saberes, partiendo de la gente, pues "el desarrollo es con la gente, o no lo es", como dijo Amartya Sen, tenemos que garantizar que la estructura ecológica principal de Bogotá tenga que ver con la conectividad ecológica entre los páramos y los cerros orientales como un ecosistema con el río Bogotá, y ahí es donde encontramos todo el quehacer: entre los páramos y el río Bogotá está arbolado, minería, quebradas, humedales, vallados, está la ciudad, la gente; entonces la estructura ecológica principal es un asunto demasiado importante para la SDA, de pronto con una diferencia más conceptual o de concepción, porque para nosotros la gente forma parte de la estructura ecológica principal, el ser humano es naturaleza, no somos robots, entonces nada sacamos tampoco con unos páramos muy lindos si tenemos que excluir a los campesinos de ahí.

 

da. ¿Cómo han avanzado con la participación ciudadana? ¿Ha existido suficiente concertación con la comunidad en esta problemática?
NG. Acá es un lugar común que cualquier proyecto, una urbanización industrial o empresarial se queje porque ambiente se atraviesa. En el mundo siempre que hay una autoridad ambiental es normal que siempre esté en permanente colisión con la oficina de planeación, con la de salud, con la de desarrollo económico; el día que ambiente no esté confrontándose con estas otras entidades, es porque no está cumpliendo su función. Recalco mucho en esto, y sé que los determinantes ambientales de los proyectos se deciden a través de la participación de la comunidad. Cuando hablo del conocimiento ancestral es porque la participación es fundamental.

 

da. Puede decir que tiene alguna satisfacción particular de un proyecto de participación en que haya sido notorio ese papel que pudieron tenerse como parámetro?
NG. Bueno, el fallo reciente con los Cerros Orientales que implicaba sacar a las 120 mil familias que habitan allí porque los ocupan de manera ilegal, desordenada, alrededor de todas estas familias también se colaron las organizaciones de estratos '10', '12', '15'; pero gracias a la mesa de Cerros Orientales, con la participación de la comunidad, se logró este fallo. Y con las áreas que no están construidos, zona verde, organizar un gran parque, en convivencia con los cerros
Donde tengo frustración es en la zona del CAN; allí hay una participación muy fuerte de la comunidad pero se va a imponer la voluntad del gobierno nacional a través de la empresa de renovación urbana; es posible que vaya a quedar muy bonito lo que construyan, pero ese sector forma parte de esa estructura ecológica principal, es de lo poco que nos puede garantizar conectividad de los cerros y el río Bogotá, y parece que la lógica del mercado va a terminar imponiéndose a pesar de la resistencia fuerte de la comunidad que está muy organizada. En Bogotá es muy fuerte la red de organizaciones sociales ambientales.

 

da. ¿En la creación del Instituto de gestión de riesgo y cambio climático, el trámite fue exclusivamente administrativo o hubo participación del conglomerado de organizaciones?
NG. Hay dos instrumentos de planeación producto de la participación: el Plan Distrital de Desarrollo –con los 20 planes locales de desarrollo– y el POT. Con base en ese mandato lo más consecuente era tener un Instituto ambiental, que no existía, que el Fopae dejara de estar para la atención de emergencias porque más que apagar incendios hay que evitarlos. Por eso es muy importante el Instituto, por ser producto del proceso de participación, correspondía a la administración la parte técnica, cómo se instrumentaliza ese mandato de un territorio que se ordena alrededor del agua y el POT –como lo orienta el Plan Distrital de Desarrollo–, que son los espacios públicos más otros espacios como los paisaje, las reservas de todo tipo, de nutrición, de conservación de los cuerpos de agua y del verde y de la naturaleza en Bogotá.

 

da. En relación con la realidad política del país y con la gestión ambiental, ¿qué efecto y qué papel frente a la situación del alcalde Petro?
NG. El fallo de la Procuraduría es absurdo porque a Bogotá se le reconoce en todo el mundo precisamente por la gestión ambiental. Hay premios internacionales y el Alcalde va a los grandes foros del mundo porque solo en Bogotá se aborda de lleno el cambio climático, que aún en otras partes es debate académico, aquí es político y concreto. La prensa oficial involucró a la SDA como una de las que "hundieron" al Alcalde. Recuérdese que según la Procuraduría en Bogotá se había presentado un daño ambiental en los 3 días del problema de las basuras, y resulta que lo que había dicho esta Secretaría, es que monitoreó 25 puntos críticos y concluyó que no hubo ningún daño ambiental, para nada, pero el expediente de la Procuraduría interpreta lo que dijo el doctor Pulido como ahí hay una amenaza potencial, parece que el Procurador entendió eso como una potente amenaza. Un fallo sin mucho sustento, por lo cual ya la misma Fiscalía ha dicho: si encuentra argumentos subjetivos se puede suspender, no puede fallar, pero sí puede suspender, así lo estipula una sentencia de la Corte Constitucional de 2008.
El gran valor de esta administración, además de luchar contra la corrupción y contra la segregación, es precisamente luchar contra la depredación que es el segundo eje del Plan Distrital de Desarrollo, que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua.

 


 

Recuadro

 

da. En el POT se mantiene el esquema de ciudad región, lo que alimenta problemas, como el del agua con sus vecinos, ¿cómo es este problema?
NG. La Constitución del 91 consagró hace 23 años que Colombia es una república descentralizada. Descentralizar es generar unos territorios como los municipios, los departamentos, los distritos especiales, la capital, los territorios indígenas y hay otras figuras como las regiones administrativas de planificación. Entonces, en la reciente ley de ordenamiento territorial, que fue la última de la Constitución Política –se demoraron 21 años para sacarla– se habla de la Región Administrativa y de Planeación Especial (Rape), para el caso de Bogotá hay que fortalecerla, porque dice la Constitución en sus art. 306 y 307 'cuando dos o más departamentos' en este caso dos o más departamentos y el Distrito Capital se constituyan en región administrativa de planificación, es la antesala de una nueva región, y lo discutíamos en el Foro nacional ambiental, precisamente eso, ese es el llamado que hacía esta autoridad ambiental allí: señores, piensen que vamos a ser una región ecosistémica que incluye Cundinamarca y Meta con Bogotá. ¿Cuál es el territorio que nos imponen al tener estos cuatro páramos, estos cerros orientales y este río Bogotá, que región ecosistémica sale de ahí?, eso evitaría ese problema que tenemos con Cundinamarca, que genera el agua de Bogotá, y no hay una compensación en nada. Miremos ecosistémicamente de dónde viene el agua que consume Bogotá, les garantizo que viene de la cuenca del Magdalena y de la cuenca de la Orinoquia, pero como los constructores también volvieron eso un negocio al sacar las aguas de los acuíferos subterráneos de manera indiscriminada, por eso la medida del Alcalde de no dejar que se venda el agua en bloque.

 

 

Publicado enEdición Nº198