Propone Correa en Ecuador terminar con diarios de papel

El presidente ecuatoriano Rafael Correa se pronunció hoy porque ya no haya diarios en papel en el país y que sean todos digitales, para, dijo, evitar la tala indiscriminada de bosques. Planteó que la iniciativa sea incluida en una eventual consulta popular en la que los ecuatorianos también decidirán si permiten la explotación de petróleo en un parque nacional en la Amazonia.

 

El gobernante formuló la propuesta en su cuenta de Twitter, en la que se refirió con tono irónico a las críticas y los análisis aparecidos en los periódicos ecuatorianos sobre la decisión de permitir la explotación petrolera en la reserva amazónica Yasuní.

 

“Ahora los mayores ecologistas son los diarios mercantilistas. Bueno si vamos a consulta popular propondremos también diarios...”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, que de inmediato completó: “solamente digitales para ahorrar papel y evitar tanta tala indiscriminada de árboles. Veremos quién es quién. No se dejen engañar”.

 

En la misma red social, Correa añadió que “hay grupos que están politizando el Yasuní-ITT para derrotar al gobierno y manipulan sobre todo a los jóvenes”, en referencia a un ambicioso proyecto de explotación petrolera en el parque nacional Yasuní.

 

Correa decidió el jueves pasado poner fin a ese proyecto ecológico que consistía en no explotar y mantener bajo tierra, en una prístina región de la Amazonia, 846 millones de barriles de petróleo pesado a cambio de recibir 3 mil 600 millones de dólares por parte de la comunidad internacional. Pero el proyecto fracasó y luego de seis años apenas logró obtener fondos por 13.3 millones de dólares.

 

“Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de mi gobierno. He firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní-ITT y, con ello, poner fin a la iniciativa”, expresó Correa el viernes pasado.

 


Para llevar a consulta popular la explotación de crudo en el parque nacional los ecologistas y organizaciones sociales deben recoger cerca de 600 mil firmas de apoyo.

 

El domingo, voces dentro del propio gobierno se pronunciaron en favor de la consulta popular, informó el diario El Universo.

 

La gobernadora del estado de Guayas, confirmó que la explotación de parte del Yasuní siempre estuvo dentro del plan B del gobierno: “Es importante aclarar que la decisión explotar 0.1% #Yasuní estaba contemplado dentro del Plan B. Es decir, siempre existió un plan alternativo”, indicó en Twitter.

 

La ministra de Ambiente, Lorena Tapia, dijo al diario oficial El Ciudadano: “que la ciudadanía no dude ni un sólo momento que este es un proyecto responsable (explotar el Yasuní) y como ministra del Ambiente asumiré con total responsabilidad, para probar que la autoridad ambiental está comprometida. Tenemos un criterio de control y fiscalización estricto”.

 

La iniciativa comenzó en 2007 impulsada por el presidente ecuatoriano con el propósito de proteger el parque nacional Yasuní, declarado en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) como reserva mundial de la biósfera por su gigantesca diversidad animal y vegetal. Allí también habitan dos grupos indígenas en aislamiento voluntario: los tagaeri y los taromenane.

 

Frente a la decisión, se generó en Ecuador una corriente liderada por grupos ecologistas y amazónicos, que pide consultar a los ciudadanos sobre iniciar o no con la explotación del petróleo en esta zona.

 

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Movilizaciones contra la extracción de petróleo en la mayor reserva de biodiversidad del mundo

l Yasuní ITT, la mayor reserva de biodiversidad del mundo, está en peligro. El gobierno de Ecuador ha anunciado que explotará su mayor yacimiento petrolero ubicado en esta área de 9820 kilómetros cuadrados y alberga a varias especies de flora y fauna en peligro de extinción. Se han registrado unas 567 especies de aves, 150 especies de anfibios y otras 121 de reptiles, entre otros, y ha sido declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera.

 

El área de Yasuní, ubicado en la provincia ecuatoriana de Orellana, fue declarado área protegida el 26 de julio 1979 y es la zona en la que habita la comunidad indígena huaorani o waorani que cuenta con una población aborigen de más de 2.000 personas en aislamiento voluntario.

 


Tras no haber conseguido respuesta de "las naciones ricas" que aporten un fondo económico para evitar el desarrollo de la exploración petrolífera, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, informó el pasado jueves que la extracción "con adecuadas técnicas" se llevará a cabo.

 

El país socio más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) presentó en el año 2007 una propuesta inédita a la comunidad internacional que pretendía proteger su reserva en la Amazonia a través de la recaudación de fondos. Sin embargo, la idea tuvo poca acogida ya que únicamente lograron reunir un 0,37 por ciento de los esperado por lo que decidieron comenzar con la explotación del Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT).

 


Después de que Correa informara de que su propuesta para reunir fondos había fracasado y que, por tanto, la actividad en los campos petroleros ITT seguiría adelante, diversos sectores han planteado a la posibilidad de someter a consulta popular esta iniciativa del Gobierno de Ecuador. Incluso la comunidad huaorani ha pedido este plebiscito para poder decidir si los ecuatorianos quieren o no la explotación del crudo.

 

Las explotaciones de petróleo en Yasuní suponen un gran impacto en los indígenas de la zona ya que la entrada de empresas petroleras han obligado a cambiar sus costumbres ancestrales. Como recoge el portal ecuatoriano Ecuavisa,  entre 10 y 15 personas de una misma familia que vivían en chozas de armazón de madera con techo de hojas de palmera tuvieron que cambiarlas por casas de madera y cemento, luz eléctrica y electrodomésticos, aunque siguen sin tener agua potable. Incluso ahora para moverse por el río utilizan canoas a motor.

 


Pese a que se acostumbraron al ruido de la explotación actual, con estas nuevas extracciones temen que el impacto sea aún mayor de lo que el Gobierno dice. En este sentido, Rafael Correa hacía una "promesa" a través de su cuenta de Twitter que rezaba que la actividad "solo afectará a un UNO POR MIL" -no 1% como había dicho anteriormente- del Yasuní.

 

Por otro lado, el portavoz presidencial del Gobierno, Fernando Alvarado, publicaba también a través de su perfil en la red social lo siguiente: "6 años de gobierno, tomando las mejores decisiones para combatir la pobreza y trabajando por los más olvidados, ¿a alguien le queda duda de que sobre el tema Yasuní ITT el Presidente de todos los ecuatorianos no tomará la mejor decisión para su pueblo? Seguro hablan con la pancita llena, buenos vehículos y más los que quieren solamente que no se toque el Yasuní ¡Si se puede intervenir con responsabilidad ambiental!"

 


El ITT, declarada "zona intangible", alberga unos 920 millones de barriles de crudo, equivalentes al 20 por ciento del total de reservas comprobadas del país, según Correa. El campo Tiputini, cuyo 80 por ciento de su área se encuentra fuera del parque, comenzará a explotarse en los próximos días por la petrolera estatal Petroamazonas al haber conseguido los permisos ambientales.

 

Resulta paradójico que Rafael Correa exponga como motivos de la explotación la necesidad de aumentar sus reservas para obtener recursos que atiendan a los sectores más desfavorecidos, cuando éstos se encuentran en las zonas aledañas a la extracción.

 


La campaña "Amazonia por la vida", fundada con la participación de diversas organizaciones ambientalistas en 1989, enviaba el pasado jueves una carta a los asambleístas de Ecuador. En dicho documento, la organización expresa su disconformidad con la decisión del presidente ecuatoriano. Explotar el Yasuní significa "renunciar a la que ha sido considerada como la gestión más importante del gobierno", si la iniciativa no recibió el dinero esperado "es por exclusiva responsabilidad de la propia acción gubernamental", recoge la carta.

 

Amazonia por la vida también piden la convocatoria de una consulta popular y que los ecuatorianos no se conformen con las "clásicas falacias" de la industria petrolera. Estas "falacias" son, para la organización, aquellas que dicen que "se explotará de manera responsable", "se utilizará tecnología punta" y "se hará extracción con perforaciones horizontales".

 

Asimismo, las redes sociales se han volcado con el Yasuní, creando perfiles en Facebook -No toquen el Yasuní - y en Twitter [email protected]_ - en contra de la extracción de crudo en el parque. Tras conocer las declaraciones de Rafael Correa, surgieron hashtags como #Yasuni #ElMundoNosHaFallado o #NoToquenElYasuni.

 

ARANTZA DE CASTRO Madrid18/08/2013 12:49 Actualizado: 19/08/2013 08:40

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Rafael Correa pone fin a la iniciativa Yasuní ITT

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció este jueves la eliminación de la iniciativa Yasuní-ITT, porque, dijo, el mundo “ha fallado” al no contribuir con el proyecto que pretendía proteger un sector de la selva amazónica y dejar bajo tierra un importante yacimiento petrolífero a cambio de una compensación económica.

 

“Con profunda tristeza, pero con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de mi gobierno… he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní-ITT y con ello poner fin a la iniciativa”, dijo el mandatario.

 

En cadena de radio y TV, dijo que “la iniciativa se adelantó a los tiempos, y no pudo o no quiso ser comprendida” por la comunidad internacional.

 

“El factor fundamental del fracaso (del proyecto) es que el mundo es una global hipocresía”, aseguró el mandatario en un mensaje a la nación.

 

Añadió que también solicitó a la Asamblea “la declaración de interés nacional el aprovechamiento del petróleo en el Yasuní, utilización que afectará … menos del 1% del parque Yasuní, que tiene más de un millón de hectáreas”.

 

Posteriormente en Twitter, el mandatario indicó que sería el uno por mil y no el 1%. “Cometí un error: debí decir que se afectará menos del UNO POR MIL (no 1%) de nuestro Yasuní”, tuiteó.

 

Correa explicó que el aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría un valor presente neto de $18.292 millones que se destinarán “a vencer la misería, especialmente de la Amazonía”.

 

De estos recursos, especificó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de la Amazonía recibiría casi $258 millones por la ley 010, y $1.882 millones por la repartición del 12% de los excedentes petroleros alrededor.

 

El mandatario anunció que en los próximos días se lanzará una campaña comunicacional para explicar las técnicas de extracción de última generación que se emplearán.

 

Correa propuso en 2007, durante una asamblea de la ONU, dejar ese crudo bajo tierra y evitar con ello la emisión de 400 millones de toneladas de CO2, responsable del calentamiento global.

 

A cambio pidió a los países una compensación de 3.600 millones de dólares en 12 años por la contribución a la lucha contra el calentamiento global.

 

Apoyada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la propuesta, sin embargo, no obtuvo la respuesta deseada, admitieron las autoridades.

 

Las siglas ITT corresponden al bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini con reservas estimadas de 846 millones de barriles de petróleo, que representan el 20% de los depósitos de Ecuador, el socio más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/15/nota/1294861/rafael-correa-pone-fin-iniciativa-yasuni-itt


El sueño terminó
En el libro “Yasuní. El tortuoso camino de Kioto a Quito”, la ambientalista Esperanza Martínez de Acción Ecológica narra el largo camino que tuvo un hito en 2007 con la iniciativa oficial de Yasuní ITT (un bloque en el oriente del Parque Nacional Yasuní, donde se encuentran los campos petroleros Ishpingo-Tiputini-Tambococha). Si bien existe un apoyo al proyecto promovido por el gobierno, en base a la iniciativa de la sociedad civil, ya se alertaba en la publicación de 2009 que “es necesario superar la visión que arbitrariamente pretenden reducir la propuesta de No explotación del crudo a un modelo de compensación”.

 

El 17 de abril de 2010, ComAmbiental registró una visita de Acosta a la Argentina, quien ya se había alejado del gobierno de Correa por diferencias en sus políticas extractivistas. Entre las contradicciones, se encontraba la actitud soberana en el juicio contra Texaco-Chevron por la contaminación de la Amazonía. Sin embargo, ya en ese entonces también había otros proyectos petroleros que se ubican en zonas aledañas a Yasuní y que aguardan su aprobación oficial.

 

Respecto a Yasuní ITT, Acosta informó que representa el 20 por ciento de sus reservas de hidrocarburos, en una región de gran biodiversidad que alberga a comunidades indígenas en aislamiento voluntario. Como contrapartida, el gobierno ecuatoriano impulsaba la creación de un fondo de 3.500 millones de dólares provisto por los países ricos en concepto de co-responsabilidad por la biodiversidad preservada y las emisiones de carbono mitigadas.

 

En junio de 2012, ComAmbiental entrevistó a Acosta en Quito, y lo interrogó sobre Yasuní ITT:

 

-En esta estrategia del gobierno, de transformar los principios constitucionales, un caso emblemático es el Yasuní ITT...
-Sin ninguna duda ese un proyecto emblemático, fundamental, fundacional. Y ese es un punto donde se va a poner a prueba cuánto el gobierno se juega por la Constitución, por el Buen Vivir, por los Derechos colectivos y los Derechos de la Naturaleza.

 

-Lo que observo también es que se transforma en una “espada de Damocles”. En tanto en que se difunden las razones por las que es muy importante conservar el Yasuní, por la diversidad biológica y cultural que alberga, y por otra parte si no se consigue el objetivo monetario se procederá a realizar la extracción.
-Yo creo que la figura es adecuada. Para el gobierno se ha transformado en una “espada de Damocles”. O pongámoslo en términos más andinos, en una papa caliente. Porque el gobierno no sabe cómo desembarazarse del compromiso que adquirió. Yo creo que hay suficientes fuerzas del gobierno que impulsarían la explotación del petróleo. Pero como paulatinamente se ha ido consolidando en la sociedad ecuatoriana, y a nivel mundial, la importancia del Yasuní, le resulta muy complejo dar marcha atrás.

 

Además, no nos olvidemos, estamos en pleno proceso electoral [que luego ganó Correa], y como la Iniciativa Yasuní ITT tiene una altísima aceptación popular, el Presidente no quiere correr el riesgo de iniciar una actividad de explotación. Por eso es muy importante que la sociedad civil, de dentro y fuera de Ecuador, se apropie del proyecto, y le mantenga permanentemente caliente la papa. Que sea difícil para el Presidente tomar una decisión contraria a los intereses de los pueblos originarios, de la naturaleza y del equilibrio ambiental. Además, que no eche abajo un proyecto que puede cambiar el mundo en muchos aspectos. Es, sin lugar a dudas, vuelvo a la idea, una “espada de Damocles”.

 

Esta espada de Damocles es la que ahora cae sobre Correa, puesto que todo aquello que se dijo sobre las bondades de conservar el Yasuní, le juega en contra con el gran paso atrás dado. ”Durante seis años hicimos lo que pudimos. Necesitamos nuestros recursos naturales para superar la pobreza y la miseria. Cerca de 18 mil millones de dólares otorgaría la explotación del 1 por mil del parque Yasuní ITT”, expresó Correa y se publicó en la cuenta oficial de la Presidencia. Frente “al hacer lo que se puede”, es cierto que la responsabilidad primaria del cambio climático es de los países desarrollados. Sin embargo, seguir apostando al mismo modelo para “superar la pobreza” no da esperanzas de que surjan nuevos vientos del sur. En este sentido, la injusticia internacional no puede justificar que se avance sobre territorio de pueblos originarios que se mantienen en aislamiento voluntario, fuera del mundo auto-destructivo.
En ese sentido, este sueño terminó por convertirse en una pesadilla.

 

No obstante ello, Acosta mantiene el espíritu, en declaraciones recientes por las redes sociales, aseguró: “La Iniciativa Yasuní no ha muerto, simplemente retorna a sus orígenes, a la sociedad civil. Seguimos en la lucha”.

 

El Universo (Ecuador) / Comambiental

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El deshielo permite a China probar la Ruta Ártica como alternativa al Canal de Suez

ANTONIO BROTO (EFE)Pekín13/08/2013 20:27 Actualizado: 14/08/2013 10:27 El barco, de 19.000 toneladas y perteneciente a la naviera COSCO (sexta mayor mundial), espera llegar al puerto holandés en unos 35 días, en lugar de los 48 que requiere la ruta habitual, que enlaza Oriente y Occidente a través del océano Índico y el mar Mediterráneo con paso obligado por el canal de Suez.

 

Los expertos ven cada vez más inminente el momento en el que el calentamiento global permita que la ruta ártica esté totalmente abierta en verano sin ayuda de los rompehielos nucleares rusos, por lo que China, país que tiene seis de los diez puertos con mayor tráfico del mundo, es uno de los más interesados en explorarla. La segunda economía mundial espera ahorrar con ella, en un futuro, costes de combustible, escalas y las tasas de paso del canal de Suez, así como obtener mayor seguridad que la de una ruta que en los últimos años ha visto el resurgir de la piratería (concretamente la somalí, en el golfo de Adén).

 

Las rutas del norte (tanto por el Ártico europeo como por el americano), ya muy habituales en aviación por sus menores distancias, han sido buscadas por marinos de Occidente desde hace siglos, comenzando por Francis Drake en el siglo XVII o James Cook en la siguiente centuria. Exploradores españoles como Dionisio Alcalá Galiano, Francisco de Eliza o Juan Francisco de la Bodega y Quadra buscaron rutas árticas a través del estrecho de Bering a finales del XVIII, aunque el primero en llegar desde Europa hasta Extremo Oriente por aguas polares fue el sueco Adolf Erik Nordenskiold, en 1879.

 

"En la vanguardia de la exploración polar"

 

China es uno de los países que se han mostrado más interesados en los últimos años en el paso del Ártico, por el que Rusia también ha apostado fuerte en los últimos años, ya que Moscú planea la construcción de varios puertos en su larga costa septentrional. El primer ministro chino, Li Keqiang, ya aseguró en 2011 -cuando ocupaba el cargo de viceprimer ministro- que China debe "ir en la vanguardia de la exploración polar y oceánica", y el país presionó para lograr ser este año observador permanente del Consejo Ártico.

 

La organización fue fundada en 1996 para fomentar la cooperación en una zona con creciente potencial económico, no sólo por la nueva ruta marítima, sino por los recursos energéticos sin explorar que hay bajo sus aguas (se calcula que allí se almacena el 25 por ciento de las reservas mundiales de gas y petróleo). Pese a las reticencias en años pasados para que China y otras naciones emergentes entraran como observadoras en el Consejo (formado por EEUU, Canadá, Rusia, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia), el país asiático logró en mayo un estatus que tiene también España, y que no ha logrado todavía la UE como bloque.

 

"Hay una evidente concienciación de políticos e investigadores chinos sobre las consideraciones estratégicas, políticas y económicas del deshielo del Ártico", señalaba la científica del Instituto de Investigación por la Paz de Estocolmo, Linda Jakobson, quien elaboró en 2011 un estudio sobre las consecuencias del efecto invernadero en el Polo Norte.

 

Vía abierta para 2030

 


En los últimos años, China no ha ocultado un acercamiento a los países nórdicos, especialmente Islandia, con la que firmó este año el primer tratado de libre comercio del gigante asiático con un país europeo. O a Dinamarca y Finlandia, países que han recibido frecuentes visitas de los máximos dirigentes chinos, interesados, por ejemplo, en invertir en los ricos e inexplorados recursos mineros de Groenlandia (su eventual independencia podría beneficiar a Pekín, ya que el Gobierno danés limita esa entrada de inversiones).

 

Un tanto en el "olvido" ha quedado Noruega, cuyas relaciones con China siguen todavía enrarecidas por el Premio Nobel concedido en 2010 al disidente encarcelado chino Liu Xiaobo, algo que Pekín consideró responsabilidad del Gobierno de Oslo, pese a que la Fundación Nobel sea no gubernamental. Con el deshielo de la ruta ártica, trayectos habituales como el Shanghái-Hamburgo podrían reducirse en 6.000 kilómetros frente a los habituales, y los costes se abaratarían un 15%, según datos de la compañía gasística rusa Novotek.

 

Pese al actual viaje del carguero Yongsheng, los observadores piensan que la ruta ártica todavía no será una fuerte competencia a la que pasa por Suez (usada cada año por 17.000 buques), aunque los expertos cada año van adelantando la fecha en la que creen que lo será. Hace tres temporadas decían que por 2060, y ahora algunos lo adelantan incluso a 2030.

 

ANTONIO BROTO (EFE)Pekín13/08/2013 20:27 Actualizado: 14/08/2013 10:27

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Miércoles, 14 Agosto 2013 06:23

Cambio climático: 2020 será demasiado tarde

Cambio climático: 2020 será demasiado tarde

 
ALAI AMLATINA, 13/08/2013.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó un reporte especial sobre el futuro del clima y las negociaciones internacionales con un llamado de atención urgido a los gobiernos: el año 2020 será demasiado tarde para tomar decisiones(1). A juicio de la agencia algunas medidas deben ser adoptadas antes de esa fecha si se quiere “mantener vivo el objetivo de 2° C” y el sector energía debe reducir sus emisiones a partir de ahora a una tasa de 5% anual.


 
Evitar el cambio climático peligroso implica mantener un nivel de concentración de gases de efecto invernadero por debajo de las 450 ppm que asegure un aumento de la temperatura media del planeta no superior a los 2° C. Esta es la meta que se trazó la Convención de Cambio climático en 2009.


 
La última ronda de negociaciones de la Convención de Cambio Climático (Doha, diciembre de 2012) estableció una nueva hoja de ruta –Doha Climate Gateway- estableciendo el año 2015 como fecha límite para alcanzar una serie de acuerdos que entrarán en vigor en el año 2020. Pero lo que viene a alertar este informe es que esa es una fecha demasiado retrasada para asegurar el mantenimiento de la estabilidad climática en virtud de las emisiones que se habrán acumulado hasta entonces.


 
El sector energía es responsable por el 80% de las emisiones globales y se espera que para el año 2020 estas alcancen un nivel de 4 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e) por encima de la trayectoria consistente con el objetivo de los 2° C. Para lograr esta meta es necesario que las emisiones alcancen su “pico” en 2020 y luego comiencen a declinar vigorosamente. Con las emisiones creciendo constantemente y un acuerdo que recién comience a implementarse en esa fecha, esto resultará imposible.


 
Las medidas


 
En virtud de ello la agencia propone 4 medidas urgentes a ser aplicadas con el fin de “comprar un tiempo precioso mientras las negociaciones continúan”. La primera de ellas es la adopción de medidas específicas de eficiencia energética, lo cual podría aportar la mitad de las reducciones necesarias. Una segunda propuesta es limitar la construcción y uso de las plantas de generación de electricidad a carbón (21% de las reducciones). La tercera medida es minimizar la fuga de metano proveniente de las actividades de explotación gasífera y petrolera (18% de las reducciones). Y finalmente, acelerar el desmantelamiento de los subsidios al consumo de combustibles fósiles que en 2011 alcanzaron 523 mil millones de dólares.


 
El documento recuerda que para tener un 50% de posibilidades de no sobrepasar el objetivo de los 2° C, el total de emisiones posible hasta durante la primera mitad de este siglo es de 1440 GtCO2e. De este “presupuesto de carbono” 420 Gt ya han sido emitidas entre 2000 y 2011 y otras 136 Gt serán emitidas de sectores no energéticos (agricultura, deforestación, etc.) hasta 2050. Esto deja un máximo posible de emisiones de 884 Gt del sector energía para esa fecha, para lo cual es necesaria una reducción de las emisiones del sector a una tasa de 5% anual.


 
El gas natural en cuestión


 
El gas natural ha aparecido en los últimos años como un sustituto menos contaminante del carbón lo que ha llevado a un desarrollo importante de su exploración y explotación, particularmente en el llamado gas “no convencional” (“shale” y “tight” gas).


 
El gas natural es alentado por presentar menores emisiones de carbono por unidad de energía consumida. Sin embargo esta misma condición hace que en términos absolutos las emisiones aumenten (una especie de “paradoja de Jevons” climática). En 2012 las emisiones globales del CO2 del sector energía aumentaron en 400 Mt respecto al año 2011 (1,4%). Este aumento responde al incremento del uso del gas natural (2,7%), petróleo (1,1%) y carbón (0,6%). Si se analiza la responsabilidad de cada uno de estos fósiles en el aumento global de emisiones energéticas vemos que un 44% corresponde al gas natural, 44% al carbón y 12% al petróleo.


 
Las termoeléctricas de ciclo combinado a gas, producen la mitad de las emisiones por kWh que aquellas a base de carbón. Pero parte de esta ganancia se pierde por las emisiones furtivas de metano derivados de la producción y distribución de gas natural. Solo un tercio de las reducciones necesarias pueden lograrse por el cambio de carbón a gas en el sector eléctrico lo que está indicando que el cambio del combustible no es la opción más apropiada.


 
El sentido de la urgencia


 
Estas medidas que la AIE propone son las que encuentra económicamente viables en el contexto actual. No significa ninguna amenaza para el crecimiento económico ni alentará una recesión planetaria. No son medidas de fondo, son paliativas. Pero más allá de que sus propuestas sean las más apropiadas o no, lo que debe llamar la atención es su mensaje central: no se puede esperar por las negociaciones de la Convención de Cambio Climático. Estas llegarán muy tarde.


 
Los gobiernos de cada uno de los países del mundo, pero sobre todo aquellos que presentan matrices energéticas más contaminantes, deberían tomarse un poco en serio la advertencia y no posponer decisiones a la espera del 2020. Para ese entonces, las medidas a tomar serán mucho más costosas y quizá el cambio climático ya sea una realidad irreversible.


 
1) Redrawing the energy-climate map. World Energy Outlook Special Report. OECD/IEA, 2013
 

Por Gerardo Honty, analista en energía y cambio climático del CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

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Amnistía denuncia el asesinato de 20 ecologistas entre 2011 y 2012 en Brasil


Amnistía Internacional (AI) ha advertido este viernes de que la reciente muerte del biólogo español Gonzalo Alonso Hernández es un ejemplo más de los hostigamientos y ataques que sufren los activistas en Brasil a manos de las fuerzas de seguridad, los paramilitares y las bandas criminales y ha denunciado, al respecto, que al menos 20 personas han sido asesinadas en el país entre 2011 y 2012 por su defensa del medioambiente.


 
Gonzalo Alonso Hernandez, de 49 años y conocido por su activismo en defensa del medioambiente frente a los cazadores clandestinos y los ganaderos, apareció muerto la semana pasada con varios disparos en la cabeza en el Estado brasileño de Río de Janeiro.


 
"Tras la muerte en Río de Janeiro del activista ambiental español, Gonzalo Alonso Hernández, cuyo caso todavía se está investigando, Amnistía Internacional reitera su preocupación por la situación que viven los defensores y defensoras de Derechos Humanos en Brasil, quienes continúan sufriendo intimidación, hostigamiento y ataques a manos de las fuerzas de seguridad, los grupos paramilitares y las bandas criminales", ha declarado la organización en un comunicado.

 


"Como consecuencia de la lucha contra la tala ilegal y a favor de los derechos medioambientales, ya han sido asesinadas al menos 20 personas entre 2011 y 2012", ha proseguido AI.
 


Como ejemplo de los hostigamientos, Amnistía cita el caso de Laísa Santos, miembro del grupo de Trabajadoras Artesanales Extractivistas, que trabaja por la defensa de la Amazonia, y que ha sufrido varios ataques y amenazas de muerte. "Su hermana y su cuñado fueron asesinados en represalia por el propio activismo de Laísa", ha denunciado.


 
Otro de los casos documentados por Amnistía Internacional es el del defensor de derechos humanos Alexandre Anderson de Souza, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres del Mar (AHOMAR), que denuncia los proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo en la Bahía de Guanabara y que al parecer causan daños medioambientales graves y duraderos. "Tanto Alexandre como su esposa, Daiza Meneses, han sido amenazados y cuatro miembros de la organización han sido asesinados", según AI.


 
Estos y otros cerca de 300 casos de amenazas, intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos en todo el continente americano han sido documentados por Amnistía Internacional en su informe Transformar el dolor en esperanza: defensores de Derechos humanos en América, publicado a finales de 2012.

 

EP Madrid 9 AGO 2013 - 16:35 CET

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El mítico shale gas de “Norteamérica” (EU/México/Canadá): ¿burbuja a punto de estallar?

La xeno-privatización” anglosajona (ver Bajo la Lupa, 24/7/13) propalada por el Centro Woodrow Wilson (WWC)/ITAM/Imco, bajo la batuta del estadunidense Duncan Wood, finca todos sus endebles argumentos tanto en la etérea “competencia” como en la burbuja del shale gas (gas esquisto/lutitas) a punto de estallar, si hacemos caso al connotado geopolitólogo alemán-estadunidense F. William Engdahl (Global Research, 13/3/13).

 

¿Cuál “competencia”? Más bien “incompetencia”: Pemex, sin bancos de apoyo y castrado fiscal y financieramente, claudicaría ipso facto frente a sus “competidores” foráneos asociados a la banca de Wall Street/la City, cuando el “México neoliberal” desmanteló deliberadamente 92 por ciento de su banca nacional, en términos de “capitalización de mercado”: la máxima, insensata, entrega global.

 

Ya había expuesto en forma dialéctica tanto la tesis de los turiferarios a ultranza de la revolución energética del siglo XXI, así como la antítesis de sus feroces detractores (ver Bajo la Lupa, 29/4/12, y colaboraciones posteriores).

 

En su libro Mitos, mentiras y guerras del petróleo, F. William Engdahl maneja al petróleo como una joya estratégica del máximo nivel jerárquico, lo cual reconoció el mismo Henry Kissinger, a quien cita: “Si controlas el petróleo, controlas a países enteros”.

 

Pero también lo contrario es cierto, según Engdahl: “Si el petróleo no puede ser controlado, los poderes controladores pierden su dominio sobre los otros países y entonces organizan las guerras”. ¡Irrefutable!

 

La tesis nodal de Engdahl radica en que las cuatro grandes trasnacionales anglosajonas (ExxonMobil/Chevron/BP/Shell) con un puñado de bancos de Wall Street controlan “la mayor materia prima esencial global”: el petróleo.

 

Este relevante aspecto no es abordado por el núcleo que encabeza Duncan Wood y que constituye la quintaesencia de la “reforma Peña/Videgaray/Aspe” (ver Bajo la Lupa, 10/7/13) y su excrecencia panista.

 

En su clásico libro Un siglo de guerra: la política petrolera anglosajona y el nuevo orden mundial, Engdahl se ha consagrado de lleno a la manipulación geopolítica de los hidrocarburos por Estados Unidos y Gran Bretaña.

 

Engdahl desmonta el espejismo de la “nueva Arabia Saudita” que sería Estados Unidos gracias a su próxima “autosuficiencia energética” y pone en tela de juicio el aserto de Obama de que Estados Unidos detenta “un abasto de gas natural que puede durar casi 100 años”.

 

Una cosa es que la producción petrolera de Estados Unidos se haya incrementado dramáticamente 38 por ciento desde 2008 (el equivalente a toda la producción de Nigeria, la séptima productora de la OPEP) y otra es que perdure su bonanza artificial más de 12 años.

 

La crítica del geopolitólogo es feroz: la revolución del shale gas “se basa en una burbuja (¡supersic!)”. Se trata de “una exageración de los brujos de Wall Street” y “cada vez es más claro que es un flash (sic) de corto plazo en la criba energética, un nuevo fraude (¡supersic!) Ponzi, construido cuidadosamente con la ayuda de los mismos bancos de Wall Street y sus amigos analistas del mercado, muchos de los cuales aportaron la burbuja dot.com de 2000 y, más espectacularmente, la burbuja inmobiliaria del 2000 al 2007 en Estados Unidos”. ¡Uf!

 

Atribuye el silencio sobre “las fortunas declinantes del shale gas y el petróleo” a las “rendijas legales de Halliburton” (“Halliburton loopholes”), que con los intereses trasnacionales de Wall Street y de la industria petrolera tratan de mantener vivo “el mito de la revolución del shale gas”.

 

Lo alarmante es que son “los profesionales de la industria petrolera” quienes están desmontando el mito.

 

Un asunto muy grave es que el contenido del líquido que se inyecta para el fracking constituya “un secreto (¡supersic!) de las empresas”, más allá de que un pozo promedio requiera hasta 13 millones de litros de agua, que se triplican con la “re-fracturación”.

 


Lo peor es que gracias a las influencias del entonces vicepresidente Dick Cheney, el gran patrón de Halliburton tras bambalinas (como lo es Condoleezza Rice con Chevron; ver su foto con el consejo consultivo “mexicano” del WWC http://es.scribd.com/doc/156213455/Rice-y-WWC), contó con la complicidad del Congreso en 2005 que exentó a la industria del fracking de la supervisión regulatoria de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) bajo la “Enmienda del Agua Potable Segura”, lo cual representa una amenaza a la salud pública (http://www.alternet.org/fracking/us-sues-exxon-fracker-pennsylvania-over-polluted-drinking-water).

 

No se puede ser muy estricto con Duncan Wood ni con el presidente del Imco, Valentín Diez Morodo, quienes cumplen misiones asignadas de desinformación para “xeno-privatizar” Pemex con el fin de favorecer unilateralmente a las trasnacionales anglosajonas en detrimento de la independencia/libertad/seguridad energética de México.

 

El empleado de Diez Morodo, el castastrofista Juan Pardinas Carpizo, es muy dado a eyectar demenciales cifras alegres y acaba de salir con que se necesitan 800 mil millones de dólares (¡supersic!): 16 veces más de las de por sí exageradas cifras de su aliado filopanista Héctor Moreira, “consejero profesional de Pemex” colocado por Calderón (ver Bajo la Lupa, 24/7/13).

 

Las cotizaciones de los hidrocarburos son controladas por la omnipotente banca de Wall Street/LaCity, como demostró Philip Verleger (ver The International Economy, invierno de 2007).

 

La burbuja financierista del shale gas ya empezó a estallar y sus efectos reverberantes pronto se notarán en los mercados.

 

¿La segunda productora de gas de Estados Unidos, Chesapeake Energy, tendrá la misma suerte que la quebrada gasera texana Enron (muy cercana a los Bush)?

 

Chesapeake Energy, amén de los desfalcos de su polémico director Aubrey McClendon –defenestrado por los furiosos accionistas defraudados–, ostenta una deuda de 20 mil 500 millones de dólares con sus acreedores, tasada como “deuda chatarra”.

 

F. William Engdahl cita a Bill Powers, analista financiero de Powers Energy Investors, quien anuncia que lo sucedido con Chesapeake Energy “es una gran indicación de que la burbuja del precio del gas natural se encuentra a punto de estallar”.

 

Extraña empresa, Chesapeake Energy, que no hace dinero perforando los pozos de shale gas.

 

Los críticos, citados por Engdahl, apuntan que “los métodos complejos (¡supersic!) de contabilidad de Chesapeake Energy hacen casi imposible para los analistas y los accionistas determinar cuáles son los riesgos”.

 

Engdahl es inmisericorde: “La muy cantada revolución del shale gas en Estados Unidos se está colapsando junto a las acciones de Chesapeake Energy”.

 

Duncan Wood representa la quintaesencia de la “reforma Peña/Videgaray/Aspe”, ¿apostaron insensatamente a la burbuja del shale gas a punto de estallar?

 

Lo trágico consistiría en que la burbuja del shale gas en México estalle y que la polémica “reforma Peña/Videgaray/Aspe” sirva, por la vía del artilugio financierista, para propalar el espejismo de la “revolución energética del siglo XXI”.

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Domingo, 28 Julio 2013 05:47

China doma sus ríos

China doma sus ríos

Los dirigentes chinos han soñado históricamente con dominar la naturaleza, invertir el curso de los ríos y domar las aguas para ponerlas al servicio de la economía y el poder. Algunas secciones del Gran Canal -el río artificial más largo del mundo, casi 1.800 kilómetros, que une Pekín y Hangzhou (capital de la provincia de Zhejiang)- fueron construidas hace más de 2.400 años. Y Mao Zedong, el fundador de la China comunista, no fue ajeno a esta visión. En 1952, preocupado por la escasez de agua en el norte del país, dijo tras una visita al río Amarillo: "El sur tiene cantidad de agua y al norte le falta. Si es posible, ¿por qué no tomar prestada alguna?".


 
El Gran Timonel murió en 1976 sin llegar a ver realizado su sueño. En 2002, medio siglo después de aquella frase premonitoria y tras innumerables debates y rediseños, el Gobierno aprobó el llamado Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte. Contempla la construcción, en un plazo de otros 50 años, de las infraestructuras necesarias para desviar 44.800 millones de metros cúbicos anuales de agua desde diversos puntos del río Yangtsé y su cuenca, hacia el norte y el noroeste del país, con un coste inicial estimado en 500.000 millones de yuanes (61.400 millones de euros).


 
El caudal que será transferido es similar al del río Amarillo y pretende paliar las tradicionales sequías y falta de agua en China septentrional, agravadas en las últimas décadas debido al rápido desarrollo del país y el incremento de habitantes en ciudades como Pekín y Tianjin, con la consiguiente sobreexplotación de los acuíferos. El norte tiene alrededor de la mitad de la población de China, el 19% de los recursos de agua dulce, y recibe la cuarta parte de precipitaciones de lluvia que el sur.


 
El proyecto -formado por canales, presas y túneles- consta de tres rutas independientes, con una longitud conjunta de unos 5.600 kilómetros. La primera de ellas, la oriental, será inaugurada este otoño después de 11 años de obras. Esta vía, de 1.156 kilómetros, lleva el agua hacia el norte por las provincias costeras, con 13 estaciones de bombeo. Comienza en Jiangdu (provincia de Jiangsu), en el delta del Yangtsé, y concluye en la provincia de Shandong. Un tramo de 7,8 kilómetros cruza el río Amarillo por medio de dos canalizaciones de 9,3 metros de diámetro a 70 metros bajo el lecho de río. Proporcionará agua a zonas rurales e industrias. En mayo y junio pasados, han sido realizadas las pruebas de esta ruta, y, según ha asegurado en la prensa china Zhang Jinsong, subdirector de la oficina en Jiangsu del trasvase, la calidad del agua cumple ya los niveles de seguridad. Zhang afirma que ahora se vierte al Yangtsé un 85% menos de contaminantes que en 2000.

 


Los trabajos de la ruta oriental, que alcanzará Tianjin en una segunda fase, se han visto afectados por retrasos debido al efecto sobre el agua de la polución generada por fábricas y granjas, pero será la primera sección en ser inaugurada porque aprovecha las infraestructuras del Gran Canal, una vía utilizada a lo largo de las dinastías imperiales para transporte -en particular de grano-, comercio e irrigación, pero también como arma devastadora, capaz de anegar regiones y frenar el avance de ejércitos enemigos. Cuando esté finalizado, el trasvase oriental canalizará 14.800 millones de metros cúbicos anuales a las provincias de Jiangsu, Anhui, Shandong, Hebei, y Tianjin.


 
La segunda ruta, la central, será la que sacie la sed de Pekín y las zonas rurales en su camino. Nace en la presa Danjiangkou, situada en el río Han -afluente del Yangtsé-, en la provincia central de Hubei. La presa ha tenido que ser elevada 14,6 metros para subir el nivel del embalse de 162 metros a 176,6 metros, para generar la altura que permita al agua viajar por gravedad hacia el norte. Esto sumergirá 300 kilómetros cuadrados de terreno. Las obras han obligado a desplazar a unas 350.000 personas. La vía central tiene un caudal de 13.000 a 14.000 millones de metros cúbicos anuales, una longitud de 1.274 kilómetros -más otros 141 kilómetros de una derivación de la provincia de Hebei a Tianjin- y dos túneles de 7,2 kilómetros bajo el río Amarillo. Debió ser inaugurada a tiempo para los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008. Fue retrasada, primero a 2010 y luego a 2014. El proyecto, que comenzó en 2003, se ha visto afectado por la grave contaminación que sufren partes del embalse; un problema que han empeorado la implementación laxa de las leyes medioambientales y la falta de fondos del Gobierno central para ayudar a las administraciones locales a hacer frente al tratamiento de las aguas que son vertidas al embalse, según un informe hecho público el mes pasado por la Conferencia Consultiva Política China, un órgano anexo al Parlamento sin capacidad de decisión. Se prevé que el agua del Yangtsé llegue a Pekín en otoño del año que viene.


 
La ruta occidental tomará agua en el curso alto del Yangtsé y ríos de las zonas montañosas de las regiones de Qinghai y Tíbet y la canalizará a una altitud de 3.000 a 5.000 metros hasta el Amarillo. Los ingenieros han efectuado los estudios correspondientes, pero muchos expertos aseguran que el proyecto será extremadamente caro y difícil. De momento, el trazado occidental es solo un proyecto.


 
Los críticos aseguran que generará más problemas que beneficios. Afirman que supone un malgasto ingente de recursos y provocará escasez de agua en el origen. El río Han, por ejemplo, tendrá que ceder entre el 25% y el 30% de su caudal, y para compensar esta pérdida se derivará agua del Yangtsé a su propio afluente. Además, afirman que el plan es terreno para la corrupción, inducirá graves efectos medioambientales y tiene un alto coste social, debido a los cientos de miles de personas que ha obligado a desplazar. Muchas de ellas se quejan de haber sido mudadas a viviendas de baja calidad y haber perdido sus medios de vida. Algunos campesinos tenían frutales en zonas montañosas y ahora no saben cómo cultivar arroz en las llanuras. El cierre de muchas fábricas contaminantes ha generado, en paralelo, desempleo.


 
"Aunque el trasvase de agua enriquecerá el suministro de agua en el norte, su impacto en el ecosistema es irreversible", ha asegurado Ma Jun, director del Instituto de Asuntos Públicos y Medioambientales y uno de los expertos medioambientales más renombrados de China, al diario China Daily.


 
Para los dirigentes de este país acostumbrado a las proezas de ingeniería civil, como la Gran Muralla o la presa de las Tres Gargantas, el precio pagado para llevar a cabo esta obra de titanes es menor que los beneficios que, según dice, aportará a cientos de millones de personas. Pero algunos expertos insisten en que sin medidas adicionales como fomentar el ahorro de agua y mejorar las prácticas agrícolas, algunas de las cuales están siendo implementadas por el Gobierno, el trasvase Sur-Norte no hará más que retrasar algunos años el problema de la sequía y la escasez de recursos hídricos en el norte de China.

 

Jose Reinoso Pekín 27 JUL 2013 - 22:50 CET

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Sábado, 27 Julio 2013 07:02

La CIA y el control del clima

La CIA y el control del clima

La CIA estadunidense está financiando un estudio sobre geoingeniería (manipulación climática) que durará 21 meses, con un costo inicial de 630 mil dólares. Lo ejecuta la Academia Nacional de Ciencias, con participación de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de ese país. (revista Mother Jones 17/7/2013).

 

El interés de la CIA por el clima no es nuevo, pero esta participación es significativa, debido a las implicaciones bélicas que tiene la posibilidad de manipular el clima y a la presión que están ejerciendo los proponentes de la geoingeniería en ese país para avanzar en experimentación de esas técnicas, pese a existir una moratoria en Naciones Unidas contra su aplicación.

 

El proyecto analizará diferentes propuestas de geoingeniería, como manejo de la radiación solar y remoción de dióxido de carbono de la atmósfera; también estudiarán los efectos de la “siembra de nubes” y otras formas de manipular el tiempo atmosférico para provocar lluvia, sequías o controlar huracanes. Según descripción oficial harán una evaluación técnica de los impactos de esas tecnologías, desde el punto de vista ambiental, económico y de seguridad nacional.

 

Estos últimos son los aspectos que preocupan a la CIA, que en documentos anteriores ha calificado el cambio climático y el control del clima como factores de importancia geopolítica estratégica y de seguridad nacional. Pese a ello, los republicanos votaron por desaparecer el departamento de cambio climático de la CIA, lo que según la agencia la motivó a financiar esta iniciativa. Las razones podrían ir mucho más allá, ya que el control del clima es un proyecto militar de larga data en ese país, que realizó experimentos ya durante la guerra de Vietnam, provocando lluvia por meses seguidos para anegar los cultivos y caminos de los vietnamitas. En el mismo sentido, la Fuerza Área estadunidense publicó en 1996 un documento titulado Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 (El tiempo como multiplicador de la Fuerza: poseyendo el tiempo en 2025), cuyo título refleja claramente sus intenciones.

 

Estos intereses convergen con los de un grupo pequeño pero influyente, de climatólogos y otros científicos de países del Norte, que alegan que la geoingeniería es necesaria porque no se puede reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero (como si sus países no fueran quienes tienen que tomar las medidas principales para ello). O, como declaró David Keith, un conocido promotor de la geoingeniería, porque es un plan “barato y fácil”. (MIT Technology Review, 8/2/2013).

 

Sí, barato y fácil para los que han causado el cambio climático con su sobreconsumo de recursos e industrialización basada en petróleo, porque en lugar de reducir realmente sus emisiones, podrían seguir calentando el planeta y además hacer un jugoso negocio con nuevas tecnologías que manipulen el clima de todos, para bajar o subir la temperatura según convenga a los intereses económicos y bélicos de quienes las controlen.

 


Bajo el término “manejo de la radiación solar”, la meta es disminuir la cantidad de rayos solares que llegan a la Tierra. Por ejemplo, a través de construir enormes nubes volcánica artificiales, inyectándolas con partículas azufradas. Otras propuestas incluyen blanquear las nubes, colocar trillones de espejos en el espacio para reflejar la luz del sol o la más reciente, del mismo David Keith, dispersar ácido sulfúrico desde aviones en la línea ecuatorial para que se mezcle con las nubes. En “remoción de dióxido de carbono” se incluyen otras técnicas, como máquinas o árboles artificiales que absorban carbono de la atmósfera (que por cierto no saben dónde depositarán luego para que permanezca por siempre). La más conocida es la fertilización oceánica: verter nanopartículas de hierro o urea en el mar para provocar florecimientos de plancton, que absorban dióxido de carbono y lo lleven al fondo.

 

Las técnicas de geoingeniería son solamente teóricas salvo alguna, como la fertilización oceánica, de la cual se conocen experimentos legales e ilegales, que mostraron que además de no servir para su propósito –el carbono no permanece en el fondo de mar– los impactos pueden ser enormes, con disrupción de la cadena alimentaria marina, anoxia (falta de oxígeno) en capas marinas, crear algas tóxicas, etcétera.

 

La geoingeniería, para tener impacto en el clima global, tendría que aplicarse a mega escala, disrumpiendo un ecosistema global poco conocido, altamente dinámico y en interacción con toda la vida en el planeta. No existe por tanto una etapa experimental. Lo que se haga en pequeña escala no mostrará la acción sobre el clima global, aunque podría tener impactos negativos graves en la zona o en la región. Y si se hace a gran escala, no es experimental, es despliegue y es irreversible.

 

Por ejemplo, las nubes volcánicas artificiales no se pueden retirar, hasta que las partículas caigan a la tierra, lo cual es tóxico. Esta técnica empeoraría además el agujero en la capa de ozono y la acidificación de los mares, dos problemas globales muy graves. Si realmente lograran disminuir la cantidad de luz solar que llega al Norte, producirían sequía extrema en África y disrupción de los monzones en Asia, colocando en peligro las fuentes alimentarias de 2 mil millones de personas.

 

Imaginen si la CIA pudiera decidir sobre el termostato global. La geoingeniería es tan riesgosa, tanto por sus efectos climáticos como por su potencial uso hostil contra otros países, que lo único sensato es prohibir internacionalmente su uso.

 


Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Los pequeños mineros, otro sector que desnuda al Gobierno

Como lo habían anunciado sus promotores, el miércoles 17 de julio tomó forma en Colombia el paro de los pequeños y medianos mineros.

 

De acuerdo a los reportes de sus voceros, la protesta se sintió con fuerza a la altura del corregimiento de Córdoba, a unos 20 kilómetros de Buenaventura, donde se concentraron unos dos mil mineros, y donde fueron incineradas dos tractomulas y un camión, con enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón móvil Antidisturbios (Esmad), por lo cual la vía que comunica con el principal puerto del Pacífico colombiano permaneció cerrada durante todo el día.

 

Por su parte, en el corregimiento de Irra, municipio de Quinchía-Risaralda, otros 2.000 mineros se dieron cita cerrando la vía que comunica hacia Medellín entre las 2 p.m. y las 8 p.m.

 

En Caucasia, Antioquia, protestaron 5.000 mineros. Todo el comercio local cerró en solidaridad con estos. La vía que conduce hacia la Costa Atlántica fue bloqueada en el sector conocido como Caserí.

 

En Quibdó, capital del Chocó, cerca de 9.000 pequeños y medianos mineros chocoanos se movilizaron para pedirle al Gobierno presencia en el departamento y soluciones viables para la formalización de su actividad.

 

Otros puntos álgidos, donde están concentrados los activistas del paro minero, son Zaragoza y Amagá en Antioquia, e Istmina en el Chocó.

 

Los razones para llegar al paro

 

Este paro se veía venir desde cuando fue declarada inexequible la Ley 1382 de 2010 –la única que planteaba medidas para formalizar la minería– apoyada en los decretos 2715 y 1970 de 2012.

 

Para suplir esta realidad el Gobierno expidió en mayo de este año el Decreto 933, pero la norma lo que hace en realidad es colocar una infinidad de requisitos que impiden que los miles de mineros informales que existen en el país (el 86 por ciento de quienes están dedicados a este oficio) regularicen su actividad. De hecho, producto de esta norma, no hay áreas donde se permita ejercer la actividad minera, pues el 95% de las solicitudes de legalización presentadas en los últimos meses han sido rechazadas.

 

Es por esto que los mineros demandan la derogatoria del decreto 2235 de 2012, el mismo que explicita que toda persona que no tenga título minero y pretenda explotar minerales se le incautará o destruirá la maquinaria y no podrá seguir ejerciendo esta actividad.

 

Además de esta exigencia, el pliego de quienes protestan, de 15 puntos (ver recuadro) reclama unas áreas de minería especial como lo contempla el Código de Minas y que se autorice a las corporaciones autónomas para recibir los planes de cumplimiento ambiental, los cuales están perfeccionando para que sea una minería responsable.

 

Esta es una parte de sus motivos. Pero los pequeños y medianos mineros del país también se quejan por el trato que como "delincuentes" les da el gobierno nacional, señalándolos como asociados a narcotraficantes y guerrilla, pero además, inculpándolos del desastre ambiental que padece el país; se quejan, además, por lo que consideran una política de exterminio a la pequeña minería para entregar títulos a las multinacionales, y porque el Gobierno no dio herramientas ni estableció mecanismos para ayudar a los mineros a formalizarse.

 

Producto de la nueva normatividad, y de las negativas presentadas por la Agencia Nacional de Minería, en el departamento de Caldas 60 mineros han sido judicializados en los últimos dos meses, a pesar de ser personas dedicadas durante toda su vida, y vivir, de este oficio. Hay que recordar que en este departamento el 52 por ciento de su territorio tiene actividad minera informal, y el 51 por ciento está pedido en concesión por multinacionales.

 

Por su parte, según lo denuncian los líderes del sector, en la jurisdicción de Buenaventura han destruido más de siete retroexcavadoras, mientras que en todo el país la cifra asciende a 25.

 

No es extraño, por tanto, que estos trabajadores del campo, muchos de ellos con vinculación vía hereditaria con la minería, se sientan a disgusto con las políticas que para este sector de la economía tiene el actual gobierno, eso sí, volcado a los acuerdos mineros con multinacionales las cuales han licitado gran parte del territorio nacional, desde la Guajira hasta la amazonia.

 

De parte de líderes mineros del departamento del Chocó, reunidos en la Asociación de barequeros y minidragueros de Quidó y Beté (medio Atrato), este paro se sustenta en los incumplimientos del gobierno nacional con los acuerdos logrados en el 2013. Acuerdos que aludían la formalización de pequeños y medianos mineros; la creación de herramientas especiales para que comunidades afros e indígenas puedan acceder a títulos mineros; tratamiento especial para mineros artesanales; capacitación y acompañamiento para acceder a proyectos de extracción minera; la instalación de una oficina de la Agencia Nacional Minera en el departamento, y la suspensión de los decretos que autorizaban la destrucción de maquinaria para la actividad minera.

 

Dilaciones e incumplimientos

 

Nada de esto se ha cumplido. Como tampoco ha cumplido los acuerdos firmados con mineros de otros departamentos, tanto en el año 2011 como en el 2012. Conscientes de esta manipulación y del efecto que todo esto tiene sobre sus ingresos, tanto los mineros del Chocó como los del resto del país, demandan que todos los títulos que fueron entregados sin contar con el aval de las comunidades, violando el derecho que tienen las minorías a la consulta previa, sean derogados.

 

La realidad de la minería a gran escala, la que corre a cargo de las multinacionales, es la que, como reconoce un grupo de intelectuales y políticos que han circulado una carta de apoyo a la protesta, afecta, el tejido social y la biodiversidad del país, llevando el país "[....] a la condición de exportador neto de materias primas, condenándonos a la miseria, el hambre y la destrucción ambiental".

 

Reconocen los firmantes de la carta que "Aun cuando es cierto que este tipo de minería, como cualquiera otra, genera un impacto ambiental, también lo es –como es apenas obvio– que por su tamaño el nivel de contaminación es menor que el de la gran minería a cielo abierto".

 

Segundo día de paro

 

Para el jueves 18, segundo día de paro, con un ambiente tenso en varias regiones rurales del país, así como en algunas de sus carreteras centrales, el paro gana participación. Es así como al mismo se vincularon mineros de Turbo en Antioquia, como también en el departamento de Nariño.

 

Un bloqueo vial se presentó por varias horas a la altura del municipio de Buriticá, Antioquia, vía a Turbo,

 

En las carreteras bloqueadas el día anterior se han registrado enfrentamientos con la fuerzas pública, la cual logró desalojar a los manifestantes de las vías de Caldas, pero en la que conduce al puerto de Buenaventura la situación permanece estática. La vía a Puerto Berrio también fue bloqueada por varias horas.

 

De esta manera, y con un paro que todo indica que apenas está iniciando pues no hay voluntad central para negociarlo, la coyuntura social del país se tensiona hasta niveles no vistos desde hace varios años. La situación se traduce de azul a gris para un Gobierno que se ufana de su disposición para el diálogo pero que en la práctica no cede en nada. Así lo evidencian los campesinos levantados desde hace cerca de 40 días en el Catatumbo, así como los cafeteros, paneleros y otros que anuncian una nueva jornada de protesta para la segunda quincena de agosto.

De esta manera, con amenazas de parte del gobierno central de que despejará todas las vías a como de lugar, y aunque los mineros en paro no lo sepan o no lo asuman como eje central de su levantamiento, con esta protesta se desnuda la prioridad que el gobierno nacional le da a su locomotora minero – energética, centro del modelo económico en Colombia, a través de la cual la dependencia internacional se profundiza y el tema de la tierra evidencia –una vez más– la urgencia de resolución que tiene para aclimatar la paz en el país.

 



Recuadro


Pliego de peticiones


El siguiente es el pliego de peticiones que los trabajadores mineros le enviaron al Gobierno Nacional.

 

Propuesta pliego de peticiones de los mineros colombianos

 

1. Se incorpore al ordenamiento jurídico de manera inmediata una norma que diferencie entre la minería informal y la minería ilegal. A partir de esta conceptualización se implemente inmediatamente un procedimiento para que quienes reúnen la condición de minero informal sean reconocidos como tal y puedan seguir haciendo la actividad hasta tanto se incorpore al ordenamiento jurídico una nueva oportunidad de legalización de la actividad minera informal.

 

2. Se incorpore al ordenamiento jurídico de manera inmediata normas que caractericen y definan las diferentes tipos de minería que se desarrollan en el país, atendiendo diferentes variables como medios de producción (si es de manera artesanal o mecanizada) y la capacidad de producción.

 

3. Que se derogue de manera inmediata el Decreto 2235 del 30 de octubre de 2012 y se incorpore en el ordenamiento jurídico de manera inmediata, un procedimiento para la reparación e indemnización de las personas que han sido sujeto y/o víctimas de las acciones derivadas del Decreto 2235 de 2012.

 

4. Que se incorpore al ordenamiento jurídico una norma que exceptúe a las personas naturales y/o jurídicas reconocidas como mineros informales de la aplicación de normas y medidas establecidas contra las personas que desarrollan la actividad minera careciendo de títulos, esto incluye las medidas del Decreto 2235, las acciones policivas, ambientales y/o penales.

 

5. Que se incorpore al ordenamiento jurídico un proceso de legalización cuyos requisitos atiendan a la realidad de la actividad minera en Colombia, especialmente los diferentes tipos de minería y la escala en la que se desarrollan. Que la implementación de este procedimiento cuente con la participación de los mineros informales.

 

6. Que el Gobierno de aplicación inmediata y vinculante a los acuerdos de la OIT en relación con las comunidades Afro e Indígenas, con respecto al territorio, consulta con consentimiento previo, libre e informado y prelación para las comunidades en el territorio. Que a las comunidades negras e indígenas no se les cobre canon superficiario y se les reconozca el tratamiento diferencial consagrado en la Constitución y en la ley.

 

7. Subsidio y respaldo con crédito oportuno y accesible para la legalización y asistencia técnica y seguridad social y salud para la pequeña y mediana minería. Reconocimientos legales de la minería de cúbicos, clavados o apiques.

 

8. Que se ordene la suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros y se mantenga la suspensión del otorgamiento de contratos de concesión a las empresas multinacionales mineras y se proceda a la revocatoria inmediata los contratos concedidos sobre territorios de comunidades étnicas negras e indígenas sin el cumplimiento de la obligación de Consulta Previa y derechos de prelación.

 

9. Otorgamiento de áreas libres a los mineros tradicionales e informales y se agilice la depuración en el catastro minero de las áreas entregadas mediante licencias, permisos mineros, registro mineros de cartera, contratos en virtud de aporte y/o registro de propiedad privada que actualmente se encuentren en causal de vencimiento, caducidad, cancelación, renuncia y/o terminación y que hayan sido otorgadas con anterioridad a la ley 685 de 2001.

 

10. El gobierno Nacional presentará en la próxima legislatura un proyecto de ley para la reforma del actual Código Minero, previa concertación con la Confederación Nacional de Mineros de Colombia. Esta reforma debe contener un capítulo especial sobre los diferentes tipos de minería, caracterizando cada una de las formas de explotación minera y diferenciándolas en sus aspectos técnicos, ambientales, tributarios, sociales, étnicos y económicos.

 

11. Que el Gobierno reconozca un bono pensional con cargo a las regalías para familias barequeras del país.

 

12. Que se protejan los procesos de legalizaciones que se radicaron hasta el 10 de mayo de 2013 y que no sean objeto de rechazo por el no cumplimiento de los requisitos técnicos y comerciales.

 

13. Se creen en los epicentros mineros del país oficinas de atención, asesoría, acompañamiento, capacitaciones en los temas técnicos, ambientales y sociales para el pequeño y mediano minero.

 

14. Que se regule y se garantice la entrega oportuna del certificado de carencia para el combustible de uso en la minería y que el costo del mismo sea subsidiado por el Gobierno.

 

15. Que todos los acuerdos a que se lleguen, sean acogidos a través de decretos y resoluciones según sea el caso.

 

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