Las protestas detienen la construcción de una fábrica de aleación de cobre en China
Internet y una mayor conciencia ciudadana se han convertido en el motor de las cada vez más frecuentes protestas en China para luchar contra la degradación ambiental y las injusticias sociales. El último episodio que refleja esta situación se ha producido en la ciudad de Shifang (provincia suroccidental de Sichuan), donde el Gobierno se ha visto obligado a suspender la construcción de una fábrica de aleación de cobre, después de que miles de vecinos –incluidos colegiales- tomaran las calles para rechazar la planta, preocupados por su impacto contaminante. Lo que el domingo comenzó como una manifestación pacífica, el lunes degeneró en violentos enfrentamientos con la policía.


Las autoridades de Shifang han publicado este martes un anuncio en su página web en el que aseguran que la construcción ha sido detenida temporalmente mientras son enviados equipos a educar a los ciudadanos sobre el proyecto. El aviso afirma que seguir adelante sin haber logrado la comprensión y el apoyo públicos supone una amenaza para la estabilidad social. Pero al mismo tiempo han amenazado con “castigar duramente” a quienes continúen las movilizaciones.


“Cualquiera que haya incitado, planeado u organizado concentraciones ilegales, marchas de protesta o manifestaciones y aquellos que han participado en destrozos o saqueos (…) serán duramente castigados”, ha afirmado la policía. “Cualquiera que utilice Internet, mensajes de telefonía móvil y otros medios para incitar, planear u organizar concentraciones ilegales, marchas de protesta o manifestaciones debe cesar inmediatamente sus actividades ilegales”. Las autoridades aseguran que los cabecillas serán castigados, especialmente aquellos que no se entreguen a la policía en un plazo de tres días.


Las movilizaciones se volvieron violentas el lunes, cuando miles de residentes arremetieron contra la sede del gobierno local, dañaron coches de la policía y se enfrentaron con los antidisturbios, según la prensa de Hong Kong. La ira creció entre los vecinos cuando comenzaron a circular en Internet fotos y vídeos de la policía utilizando gases lacrimógenos y golpeando a la gente con palos. Al menos 13 personas -según ha comunicado el Gobierno local en su cuenta en Weibo, el Twitter chino- resultaron heridas después de que los agentes se emplearan a fondo para dispersar a la muchedumbre. Las autoridades han negado que haya muerto una persona, en contra de lo que afirman algunos internautas.


Las fotos que han circulado ampliamente en foros y mircoblogs muestran las calles con nubes de gases lacrimógenos y personas heridas. En ellas, se ve también a gente caminando con pancartas en las que piden la paralización del proyecto y la protección del medioambiente. En otras, se ve a manifestantes arrojando botellas de agua de plástico a las fuerzas de seguridad. La fábrica procesaría un metal pesado y los vecinos temen que contamine la ciudad. Shifang está situada a unos 50 kilómetros de Chengdu, capital de Sichuan, y tiene 220.000 habitantes.


En un comunicado anterior, el Gobierno de Shifang ha culpado a “gente con motivos ocultos” de estar detrás de la participación de los estudiantes para llevar a cabo la protesta coincidiendo con el aniversario, el 1 de julio, del nacimiento del Partido Comunista Chino. Las autoridades han citado directamente al movimiento de inspiración budista Falun Gong –ilegal en China continental, que lo considera un “culto diabólico”- y a los “separatistas” del Dalai Lama, líder espiritual de los tibetanos, que vive en el exilio en India.


El grupo Hongda, propietario de la fábrica, que cotiza en la Bolsa de Shanghái, es uno de los mayores productores de zinc y plomo de China. Su objetivo inicial era que la instalación, destinada a refinar molibdeno de cobre, estuviera finalizada para 2015.


La contaminación se ha convertido en una de las principales causas de protestas en China. En agosto del año pasado, miles de personas forzaron el cierre de una planta química en la ciudad portuaria de Dalian (noreste de China). En aquel caso, sin embargo, las protestas fueron mayormente pacíficas.


Las disturbios sociales son uno de los principales quebraderos de cabeza del Gobierno chino, que tiene que hacer frente cada año a miles por un amplio abanico de motivos, que van desde la contaminación a las expropiaciones ilegales de suelo, la corrupción, los abusos laborales o las disputas étnicas.


Las autoridades suelen responder vetando la información, pero los ciudadanos acuden a Internet y a microblogs como Weibo para organizarse, y difunden las noticias con tal rapidez que los censores no pueden impedirlo. Shifang es este martes el tema más solicitado en Weibo con más de 10 millones de búsquedas.


Por Jose Reinoso Pekín 3 JUL 2012 - 13:12 CET


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Sábado, 30 Junio 2012 08:13

Primavera silenciosa menos 50

Primavera silenciosa menos 50
Con más de dos años de preparación, se realizó la conferencia Río+20 de Naciones Unidas, titulada Conferencia Mundial por el Desarrollo Sostenible. Los resultados son extraordinariamente magros y apenas en línea con los de la conferencia Río92, que, aunque con muchas contradicciones, reconoció que urgía considerar desarrollo y medio ambiente en conjunto, y dio origen a varias convenciones multilaterales (Diversidad Biológica, Desertificación, Cambio Climático y otras posteriores) y a la institucionalidad ambiental del planeta (tratados internacionales y regionales, ministerios e instituciones de medio ambiente, etcétera).

Ahora en medio de profundas crisis gobales (financiera, ambiental, climática, alimentaria), la conferencia destacó por evitar los temas esenciales y apenas "reafirmar", con trabajo, acuerdos de hace 20 años.

Desde el Grupo ETC señalamos que es más exacto llamar a esta conferencia "Primavera Silenciosa -50", recordando el libro de Rachel Carson que en 1962 conmocionó al mundo al denunciar el efecto mortal de los plaguicidas y químicos sobre los pájaros y el medio ambiente, inspirando el surgimiento de varios movimientos ambientalistas.

En lugar de avanzar drásticamente para desarmar los mitos y falsedades de gobiernos y trasnacionales para seguir llenando impunemente de tóxicos la comida, el agua, el aire, los cuerpos y el ambiente, la conferencia quedó atrapada entre los países que querían volver más atrás de 92 (como Estados Unidos), los que pretendían avanzar en la falacia de la llamada "economía verde" (como Europa y otros) y muchos países del Sur que criticaron esa economía verde (lo cual teóricamente es bueno) pero lo hicieron porque lo ven como una "traba al desarrollo" y potencial fuente de nuevas condicionalidades para financiamiento. En el camino se retrocedió en principios básicos establecidos en Río92, como el de "responsabilidades comunes pero diferenciadas" –que alude a que son principalmente los países más industrializados y sus trasnacionales quienes se beneficiaron y crearon los problemas ambientales y deben asumir mayor responsabilidad por ello–; el derecho a la información y el de "el contaminador paga" (aún siendo un principio perverso, porque significa que los que tienen dinero se compran el derecho a contaminar). Para botón de muestra del tono de las negociaciones, baste decir que el capítulo sobre minería, una de las actividades más contaminantes del planeta, que en la última década ha avanzado vertiginosamente devastando aguas, tierras y territorios indígenas y campesinos, fue "coordinado" por Canadá, patria global de las mafiosas trasnacionales mineras. Como consecuencia, se borró la referencia a obligación de consulta previa a comunidades indígenas y locales (que igual aplica porque está asentada en otros convenios, pero significativamente quisieron eliminar del tema minería).

La única "novedad" de la conferencia fue el empuje a la llamada "economía verde", que pretende aumentar los mercados financieros con la naturaleza y legitimar el uso de nuevas tecnologías para "resolver" los problemas, sin tener que tocar los patrones dominantes de producción y consumo.

No salió como mensaje limpio como pretendían sus principales promotores (gobiernos de Unión Europea, Korea, Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, PNUMA) en parte por la resistencia desde muchos países del Sur, pero también el planteo desconoce las causas de la crisis financiera, cuando se basa en aumentar los mercados financieros (de carbono, biodiversidad, servicios ambientales). Sin embargo, pese a la controversia, el documento de Río+20 llama a crear "ambientes propicios" legal y financieramente, da un concepto ambiguo de economía verde, que sin duda será interpretado por las trasnacionales, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales según les convenga y aumenta las potestades del Pnuma.

Cabe destacar la reserva explícita de Bolivia en la plenaria final, que “rechaza la "economía verde" como modelo y herramienta para la privatización de la naturaleza y la sociedad (… y se reserva ante…) cualquier interpretación derivada como: mercantilización de funciones y ciclos de la naturaleza y pago por servicios ambientales…”

La tecnología como "solución" y una visión estrecha y lineal de la ciencia, quedó omnipresente en todos los temas, lo que convierte en más significativo que desde el Grupo ETC y organizaciones de la sociedad civil, logramos que se reconociera la necesidad de evaluar previamente a nivel nacional, regional e internacional a las nuevas tecnologías, "en vista del rápido desarrollo y despliegue de tecnologías que puedan tener efectos negativos, en particular sobre la biodiversidad y la salud, y otras consecuencias imprevistas". Además, se reforzó el rechazo a la fertilización oceánica, una de las técnicas de geoingeniería más desarrolladas, abriendo camino para la prohibición de la geoingeniería en su conjunto, demanda asumida explícitamente desde la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental.

La Cumbre de los Pueblos logró robar atención mediática con varias movilizaciones y una manifestación unitaria de todos los movimientos sociales con 80 mil personas. Lo más importante sin embargo fue la forma novedosa de participación real de miles de personas en plenarias temáticas –no de aclamación y masividad solamente, sino de reflexión y construcción detallada de diagnóstico y propuestas colectivas– que volvieron al centro del debate los temas de fondo: la crisis múltiples del sistema capitalista y las falacias de las falsas "soluciones", como la economía verde.

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Términos de la discusión ecológica actual
La Río+20 ha provocado una amplia discusión sobre cuestiones ecológicas. Como no todos entienden los términos técnicos de la temática, publicamos aquí un artículo del ecologista más conocido del Estado de Río, Arthur Soffiati, de Campos de Goytacazes, RJ, fundador del Centro Norte Fluminense para la Conservación de la Naturaleza, publicado el 14 de mayo de 2012 en la Folha da Manhã de esa ciudad. Estas son las palabras principales: Ecodesarrollo sostenible, economía verde, huella ecológica, antropoceno.

Hace cerca de 11 mil años, la temperatura de la Tierra comenzó a aumentar de modo natural, ocasionando el derretimiento progresivo de la última gran glaciación. Gran parte del agua, al pasar del estado sólido al líquido, elevó el nivel de los mares, separó tierras de los continentes, formó islas, incentivó la formación de bosques y de otros ambientes. Los científicos dieron a esta nueva fase el nombre de Holoceno.

En estos últimos 11 mil años de los Homínidos solo quedó el Homo sapiens, que se volvió soberano en todo en planeta. Con un cerebro bien desarrollado, fue desafiado por las nuevas condiciones climáticas y domesticó plantas y animales, inventó la actividad agropecuaria, creó tecnología para pulir la piedra, inventó la rueda, el telar y la metalurgia. Después, creó ciudades, imperios, represas, drenajes e irrigación. Varias civilizaciones sobrepasaron los límites de los ecosistemas en los que se levantaron, generando crisis ambientales que contribuyeron a su fin.

Entra, entonces, el concepto de huella ecológica. Se refiere al grado de impacto ecológico producido por un individuo, una actividad, una economía, una sociedad. La huella ecológica de la civilizaciones anteriores a la civilización occidental tuvo siempre un carácter regional, siendo reversible en ocasiones y en otras no. Occidente fue la civilización que calzó las botas más pesadas conocidas hasta el momento. El peso comenzó con el capitalismo, que transformó el mundo.

A partir del siglo XV, la civilización occidental (léase europea) pasó a imprimir marcas profundas con la expansión marítima. Impuso su cultura a otras áreas del planeta. El mundo fue occidentalizado y pasó también a pisar fuerte en el ambiente.

Vino, entonces, otra gran transformación con la revolución industrial, cuyo origen se localiza en la Inglaterra del siglo XVIII, y que se extendió por el mundo dividiéndolo en países industrializados y países exportadores de materias primas. A partir de ella, empieza a crearse otra realidad planetaria, con emisiones de gases causantes del calentamiento, devastación de bosques y selvas, empobrecimiento de la biodiversidad, uso indebido del suelo, fuerte urbanización, alteraciones profundas en los ciclos de nitrógeno y fósforo, contaminación del agua dulce, adelgazamiento de la capa de ozono y extracción excesiva de recursos naturales no renovables, que, a su vez, producen cantidades inauditas de basura.

Los científicos están demostrando que dentro del Holoceno (holos = entero + koinos = nuevo), la acción humana colectiva en el capitalismo y en el socialismo ha provocado una crisis ambiental sin precedentes en la historia de la Tierra porque ha sido generada por una sola especie. Han denominado al periodo pos-revolución industrial del siglo XVIII, Antropoceno, o sea, una fase geológica construida por la acción colectiva del ser humano (antropos = hombre + koinos = nuevo).

En función de esta gran crisis o de esta nueva época la Organización de las Naciones Unidas viene promoviendo grandes conferencias internacionales, como las Conferencias de Estocolmo (1972), Río-92 y ahora la de Río+20. El objetivo es resolver los problemas del Antropoceno, sea conciliando desarrollo económico y protección del ambiente, sea buscando otras formas de desarrollo. La Río-92 adoptó la fórmula de desarrollo sostenible, que ha ido adquiriendo distintos sentidos, inclusive antagónicos al original.

La Conferencia Río+20 pretende colocar en pie de igualdad las dimensiones ambiental, social y económica. La palabra mágica, ahora, es economía verde, cuyo contenido no está claro. Se supone que, como mínimo, signifique la sustitución progresiva de fuentes de energía carbono-intensivas por fuentes renovables de energía, así como la sustitución de recursos no renovables por renovables.

La Río+20 mostró que los países industrializados no quieren abdicar de su posición; los países emergentes quieren alcanzar a los industrializados, y los países pobres quieren ser emergentes. Mientras no exista entendimiento acerca de los límites del planeta, es inútil pensar en justicia social y desarrollo económico. Por consiguiente, el ambiente es más importante que lo social y lo económico, ya que sin él no se puede encontrar solución para los otros dos. Por otro lado, el concepto de ecodesarrollo parece ser el más correcto como táctica y estrategia.


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“El futuro que queremos” desde la perspectiva boliviana
Río de Janeiro, Brasil – Junio 20, 2012 – Las primeras secciones (1 y 2) del documento “El futuro que queremos” se denominan “Nuestro futuro común” y “Renovando nuestros compromisos políticos” y presentan el acercamiento conceptual de la Declaración y los principales aspectos políticos. En este contexto, la Declaración ha finalmente reivindicado los Principios de Río 1992 y de la Agenda 21 que estaban siendo puestos en duda por algunos países desarrollados.

 
Para el Estado Plurinacional de Bolivia es importante que el párrafo 39 reconozca al planeta tierra como nuestro hogar y se haya manifestado que la expresión Madre Tierra sea común para varios países y regiones, notando que algunos países han reconocido los derechos de la naturaleza para la promoción del desarrollo sostenible. A su vez, el párrafo 40 hace un llamado a una visión holística del desarrollo que guíe a la humanidad a la armonía con la naturaleza y a la restauración de la integridad y salud de los ecosistemas de la Tierra.

 
Sin embargo, en el párrafo 7 todavía persiste la lógica antropocéntrica en la que prima el hombre sobre la naturaleza, colocándolo en el centro del desarrollo sostenible. Asimismo, si bien el párrafo 49 enfatiza la importancia de la participación de los pueblos indígenas no convoca la aplicación o suscripción universal a la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.

 
La sección 3, denominada “Economía verde”, sin lugar a dudas se ha constituido en la sección más polémica de la Declaración, en tanto que la sociedad civil y las organizaciones sociales han identificado que a través de este término se está aceptando la incorporación del capitalismo en la naturaleza, promoviéndose la mercantilización de las funciones ambientales y procesos naturales con serias implicaciones sobre el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades indígenas y poblaciones locales.

 
En esta sección el Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado tres importantes aspectos. En primer lugar, se ha promovido el “reconocimiento de diferentes enfoques, visiones, modelos y herramientas” para lograr el desarrollo sostenible (párrafo 56). De este modo, se ha avanzado en el hecho de que los países que no comparten sus postulados no tienen por qué aparecer como prisioneros de la “economía verde” en el futuro. En segundo lugar, se ha logrado degradar a la “economía verde” a una simple herramienta para el desarrollo sostenible (el mismo párrafo 56). En tercer lugar, se ha conseguido diluir el significado y el alcance de la “economía verde” introduciéndose una serie de salvaguardas que incluyen el respeto a la soberanía de los países a sus recursos naturales; la promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible; fortalecimiento de la población indígena y comunidades tradicionales; manejo sustentable de los recursos naturales; preservación y respeto a enfoques de no mercado que contribuyan a la erradicación de la pobreza (párrafo 58).

 
Entonces, se ha conseguido hacer inaplicable un enfoque mercantilista de la economía verde y neutralizarlo en la práctica. Sin embargo, es de esperar que los países desarrollados sigan insistiendo en la puesta en marcha de este enfoque y dirigiendo los recursos financieros y asistencia técnica y tecnológica a los países en desarrollo que escojan soberanamente avanzar en la implementación de proyectos de economía verde.

 
La sección 5 se denomina “Marco para las acciones a seguir”. El mayor logro del Estado Plurinacional de Bolivia en esta sección ha sido la eliminación de los mecanismos de mercado, pago por servicios ambientales, incorporación de los costos ambientales en la economía y evitar un enfoque muy climatizado y/o ambiental del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Bolivia también ha logrado eliminar cualquier mención en el texto al mecanismo REDD+ que está vinculado a la mercantilización de los bosques.

 
Un problema que todavía persiste en el documento es el rol excesivo que se le ha asignado al sector privado, ya no como un grupo más de la sociedad civil, sino como una entidad de financiamiento del desarrollo sostenible, a través de las alianzas publico-privadas, lo que debilita el concepto de cooperación internacional a favor de las inversiones privadas. Por otra parte, no se ha podido lograr que los países desarrollados trabajen en medios de implementación coherentes para lograr el desarrollo sostenible.

 
Con relación a la seguridad alimentaria, se han reafirmado los compromisos con el derecho humano a la alimentación y el acceso a la nutrición, la seguridad alimentaria y el acceso a alimentos suficientes, nutritivos y seguros para eliminar el hambre. También se reconoce el rol de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los pequeños productores campesinos en la agricultura y de sus prácticas productivas que preservan el medio ambiente, reducen la degradación de la tierra, promueven la seguridad alimentaria y fortalecen la producción nacional.

 
En el tema del agua, Bolivia ha logrado reafirmar los compromisos sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, aunque en un lenguaje más diluido que el de la Resolución promovida por el Estado Plurinacional de Bolivia. También se resalta la importancia crítica del agua para ejercer el derecho al desarrollo, la erradicación del hambre y la pobreza, la salud pública, la agricultura, la seguridad alimentaria, la generación de energía hidroeléctrica, la forestación y el desarrollo rural.

 
Con relación al tema de la biodiversidad, Bolivia ha insistido para que fueran retiradas del documento todas laspropuestas que mercantilizaban la naturaleza, como es el pago por los servicios de los ecosistemas.
 

Con referencia a la sección 6 de “Medios de implementación”, que es también una de las partes más controversiales de la Declaración, ya que se están debilitando de manera sistemática los compromisos y esfuerzos de los países desarrollados para promover e impulsar el desarrollo sostenible en el mundo. En esta sección simplemente se han reafirmado los medios de implementación prometidos en las Cumbres de 1992 y 2002 y otras. También se establece dar inicio a un proceso intergubernamental para determinar necesidades financieras y evaluar necesidades adicionales para proponer opciones para una Estrategia para el Financiamiento del Desarrollo Sostenible. Esta propuesta ha sido desarrollada conjuntamente por el Brasil, Bolivia y la India.

 
Este es uno de los temas donde existe un importante retroceso ya que se han introducido en el lenguaje los cambios que se han venido dando en los últimos años con el impulso a una arquitectura de la ayuda internacional en el marco de la movilización de recursos de la inversión privada, el comercio para la ayuda, y la exigencia para que los propios países en desarrollo contribuyan financieramente a su desarrollo.

 
Por René Orellana y  Diego Pacheco integran el Equipo de Negociación de la Delegación boliviana para el Cambio Climático y Río+20

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Martes, 19 Junio 2012 06:55

Dos cumbres, muchos reclamos

Dos cumbres, muchos reclamos
A seis días del inicio de la cumbre ambiental y cuando faltan dos para la llegada de los jefes de Estado, anoche no estaba definido el documento que deberían firmar los mandatarios. “Hay por lo menos diez cuestiones complejas en el texto”, admitió ayer el embajador André Correa do Lago, jefe de la delegación brasileña. El debate está empantanado en torno del concepto de economía verde que impulsan los países desarrollados y, sobre todo, si esas naciones se van a hacer cargo de su mayor responsabilidad en el deterioro ambiental del planeta, financiando un fondo para iniciativas sustentables. Hasta ahora se resisten, escudados en la crisis económica que los afecta. Se estima que el texto podría ser aprobado esta madrugada. Mientras los diplomáticos debaten contra reloj, los movimientos sociales que participan de la Cumbre de los Pueblos, en esta misma ciudad, avanzan con sus reclamos. Ayer, tres movilizaciones paralizaron el centro de Río: grupos de aborígenes que rechazan las represas hidroeléctricas en el Amazonas, ambientalistas que se oponen a la economía verde y unas sesenta organizaciones de mujeres que pidieron por el derecho al aborto y contra la violencia doméstica.


De la Cumbre de los Pueblos participan numerosas organizaciones de la Argentina, la mayoría de ellas nucleadas en la Red Social que organizó y coordinó la Cancillería. “La delegación representa a unas 567 organizaciones que, si bien no elaboraron un documento en conjunto, lograron establecer un debate y elaborar una postura con coincidencias”, dijo a Página/12 Oscar Laborde, coordinador del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería.


La convocatoria incluyó a organizaciones ambientalistas, sociales, universitarias, sindicales, políticas y de pueblos originarios. Entre ellas participan la CTA, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el INTI, el Instituto Gino Germani de la UBA, organizaciones de pueblos originarios y de migrantes, la Universidad Nacional de San Martín y el área de profesionales del Movimiento Evita, entre otros.


“Todos coincidimos en que no va a haber política ambiental viable si no se contemplan políticas de inclusión”, dijo a este diario Beatriz Anchorena, directora ejecutiva de la Fundación Compromiso, una de las integrantes de la delegación argentina.


La Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental se desarrolla en forma paralela a la Cumbre de Naciones Unidas, en el Aterro do Flamengo, un predio ubicado en pleno centro de Río de Janeiro, lejos del escenario de la cumbre de jefes de Estado. Han llegado delegaciones de diversos países, todos con un denominador común: el rechazo a la mercantilización de la vida y la naturaleza, y en defensa de los bienes comunes.


En ese escenario se desarrollan conferencias y exposiciones simultáneas sobre diferentes temas, como los estragos de la minería a cielo abierto o la amenaza por la deforestación, como consecuencia de la extensión de las fronteras agropecuarias. El tema de género también se incorporó a los debates, en una ampliación del concepto de protección del medio ambiente, en la que las mujeres, como mayoría de la población mundial, tienen un papel decisivo.


Fueron las mujeres, justamente, las que salieron a la calle ayer, y se manifestaron con un corte en las avenidas Presidente Vargas y Antonio Carlos que paralizó el centro de Río. Las convocantes dijeron haber reunido a unas cinco mil participantes, muchas de ellas con los pechos desnudos y los cuerpos pintados con coloridas pinturas. “No queremos estar encerradas en el Aterro do Flamengo, salimos a hacer públicas nuestras reivindicaciones por la igualdad”, dijeron.


No fueron las únicas. Grupos indígenas de Brasil también hicieron su piquete para hacer visibles sus reclamos contra un proyecto del Banco Nacional de Desarrollo para construir centrales hidroeléctricas en el Amazonas. Por último, grupos ambientalistas del Comité de Defensa de los Bosques también se manifestaron en contra del Código Forestal.


Las organizaciones son críticas del concepto de economía verde que impulsan los países desarrollados y Africa. Coinciden grosso modo con la posición que vienen sustentando los países del G-77 (entre ellos la Argentina) más China, que sospechan que puede convertirse en un instrumento de las potencias para imponer nuevas barreras a las importaciones provenientes de países en desarrollo que no cumplan con esos parámetros verdes.


Como contrapartida, los países emergentes reclaman la creación de un fondo con el aporte de los países más ricos –los que más daño hicieron al ambiente en el planeta– para financiar el desarrollo de las naciones periféricas de una manera sustentable.


Ambas posiciones constituyen los ejes de un debate que hasta anoche no había terminado de saldarse. Los esfuerzos de la diplomacia anfitriona procuraban que la cumbre no termine en fracaso y se llegue a un compromiso lo menos lavado posible. Luis Figueiredo Machado usó una metáfora futbolera para describir el cuadro: “Ya terminó el tiempo reglamentario, estamos en el alargue”.
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Río+20: Omisiones y debilidades del texto en negociación
Las negociaciones oficiales en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible han ingresado a su etapa final con la presentación de un documento de negociación presentado por Brasil, el Estado anfitrión, que sigue siendo discutido. Es un texto de 20 páginas y 287 parágrafos que muestra algunos tímidos avances en materia de reconocimiento de derechos, pero insiste en un modelo único de desarrollo sostenible que no incorpora la diversidad cultural y se resiste a reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos.

 
El documento insiste en los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, ambiental y social) acordados hace veinte años y que no han hecho sino profundizar la crisis, al enfatizar el pilar económico para definir las políticas ambientales e ignorar el pilar social. Textualmente, el documento apenas reconoce “la diversidad natural y cultural del mundo” y “que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible”. Los pueblos indígenas planteamos la incorporación expresa del pilar cultural, a fin de garantizar el reconocimiento de todas las visiones y prácticas de desarrollo, en particular las de aquellas culturas que, aunque diversas, nos identificamos en un modelo de diálogo y armonía con la Madre Tierra.

 
Particularmente grave es considerar la minería como una actividad compatible con el desarrollo sostenible, siendo la minería una de las actividades más dañinas para la conservación de la Madre Tierra y que más impactos causa en la vida y la cultura de los pueblos.

 
Derechos y participación

 
El documento propuesto por Brasil señala: “Somos conscientes de que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que la Madre Tierra es una expresión común en varios países y regiones, y tomamos nota de que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que a fin de lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y medio ambiente de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza”.

 
Es decir, los Estados siguen resistiéndose a reconocer a la Madre Tierra como sujeto de derechos y a adoptar, en consecuencia, una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, como venimos planteando los pueblos indígenas en diversos escenarios internacionales y hemos reiterado en Río+20.

 
El “hincapié en la importancia de la participación de los pueblos indígenas en el logro del desarrollo sostenible” y el reconocimiento de “la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto de aplicación a nivel mundial, regional, nacional y subnacional de las estrategias de desarrollo sostenible” solo representarán un avance si este reconocimiento se materializa en salvaguardas de derechos para todos los programas de desarrollo sostenible.

 
En el mismo sentido, el “pleno respeto del derecho internacional y sus principios” debe incluir, en la práctica, el principio de progresividad. Nos referimos concretamente al requisito del consentimiento previo, libre e informado, ya reconocido por el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y que por tanto debe hacerse extensivo a todo aquello que involucre a los pueblos indígenas, en todos los ámbitos.

 
Lo mismo rige para el fomento de la participación de la sociedad civil en el que insiste el texto presentado por Brasil. Esto debe significar que todas las instancias de las Naciones Unidas deben crear espacios de participación para los pueblos indígenas, como existen en el CDB, pero no solo en calidad de observadores sino con poder de decisión. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, adoptó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales hace 23 años y su estructura sigue siendo tripartita, sin que se haya creado un espacio para los pueblos indígenas.

 
Responsabilidades históricas y con el futuro

 
El texto reitera el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Un principio que solo se hará realidad si los países industrializados y las corporaciones multinacionales asumen su deuda histórica con los pueblos y la Madre Tierra, acumulada en siglos de depredación, saqueo, contaminación y colonialismo. Y si se comprometen a cambiar sus patrones de consumo y su matriz energética basada en los combustibles fósiles, fijándose también metas reales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

 
De no ser así, toda declaración acerca de la “diversificación de la matriz energética”, citada en el documento, seguirá siendo un discurso hueco. Peor aun si se insiste en las soluciones de mercado, como los proyectos REDD+ a los que alude el texto propuesto.

 
Glaciares, agua, biodiversidad

 
 El texto propuesto por Brasil reconoce los riesgos que corren los Estados insulares, pero no señala como una de las causas el creciente retroceso de los glaciares, a fin de tomar medidas para su protección. Lo mismo ocurre con el tema de los desastres, porque la desglaciación es una de sus causas. Los pueblos indígenas planteamos expresamente declarar la intangibilidad de los glaciares, las cuencas hídricas, los páramos y las zonas de alta biodiversidad, para que se prohíban en todos ellos las actividades extractivas.

 
Esto nos lleva al tema del agua, a la que el documento que se negocia solo se refiere para garantizar el acceso a los servicios, pero no dice nada respecto a la indispensable protección de las fuentes hídricas, porque se sigue considerando al agua como un recurso o un servicio, no como un ser vivo ni como un derecho universal.
 

El documento reconoce “la importancia de las prácticas tradicionales de agricultura sostenible, incluyendo los sistemas tradicionales de suministro de semillas, incluidas las de muchos pueblos indígenas y comunidades locales”. Y que “los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales hacen una importante contribución a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y su aplicación más amplia, puede apoyar el bienestar social y de medios de vida sostenibles. Además, reconocemos que los pueblos indígenas y las comunidades locales a menudo dependen más directamente de la biodiversidad y los ecosistemas y por lo tanto son a menudo más inmediatamente afectados por su pérdida y degradación”.
 

Sin embargo, no dice nada respecto a la protección de los conocimientos tradicionales de su mercantilización. Solo reconoce los derechos de los Estados nacionales sobre los recursos genéticos, pero no que los pueblos indígenas somos los que más los hemos desarrollado, otorgando alimentos indispensables para el mundo.

 
El documento continúa restringiéndose a hablar de “seguridad alimentaria”, pero una propuesta de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas en particular es garantizar la soberanía alimentaria, a fin de proteger los recursos genéticos y ejercer el derecho a decidir que sembramos y qué comemos.

 
Ciudades y educación

 
Otro tema es el de las “ciudades sostenibles”, en el que el documento no hace referencia alguna a todo aquello que obliga al desplazamiento de los pueblos indígenas hacia las zonas urbanas debido a la invasión y saqueo de sus territorios por la minería y otras actividades extractivas o megaproyectos como represas hidroeléctricas y grandes carreteras que impactan sobre nuestros derechos fundamentales.

 
De manera similar, el tema de la educación es abordado de manera pobrísima, nuevamente como un servicio y no como un derecho. No se pueden discutir mejoras curriculares y oportunidades de acceso sin empezar por plantearnos que la educación debe ser intercultural, desde la producción de contenidos propios, que no se limiten al bilingüismo sino que constituyan un camino para lograr la convivencia armónica y respetuosa entre los pueblos y la reafirmación de la identidad, desde la defensa de la vida y para garantizar un futuro a las próximas generaciones.
 

Río de Janeiro, 18 de junio del 2012


Por Miguel Palacín Quispe, cCordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
www.coordinadoracaoi.org
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Viernes, 15 Junio 2012 06:40

Más diferencias que consensos en Río

Más diferencias que consensos en Río
Tras el segundo día de reuniones preliminares de la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20, sobre Desarrollo Sostenible, no se logró consenso aún sobre el 75 por ciento del documento final. Uno de los puntos centrales de divergencia es de dónde saldrán los recursos financieros y técnicos para solventar la polémica propuesta de impulsar una “economía verde”. Hubo progresos, pero los desacuerdos siguen siendo grandes, y el reloj empezó su cuenta regresiva con vistas a la cumbre de jefes de Estado que se desarrollará entre el miércoles y el viernes de la semana próxima.


Quienes sí manifestaron acuerdos son las counidades indígenas, participantes de la Cumbre de los Pueblos que se desarrolla en forma paralela en Río de Janeiro. “Que nos dejen vivir en paz”, pidió un cacique de la etnia caiapó. Unos 1600 aborígenes llegaron a esa ciudad para participar de la cumbre alternativa.


La serie de tres días de reuniones preparatorias, que finaliza hoy, todavía no logró consenso sobre varios temas. La principal diferencia se expresa en cuáles son los medios financieros y tecnológicos para impulsar el giro del modelo de desarrollo hacia una “economía verde”, sostuvo el coordinador brasileño, Luiz Figueiredo. “Si las negociaciones no terminan hoy, Brasil, como presidente de la conferencia, asumirá la coordinación y buscará encontrar puntos de convergencia entre las posiciones”, afirmó. Es probable que las negociaciones deban continuar el fin de semana o, inclusive, prolongarse hasta el inicio de la conferencia de jefes de Estado y de gobierno, el próximo 20.


Figueredo dijo que mantiene esperanzas de que el documento esté listo hoy, pero advirtió que eso no será posible sin un acuerdo sobre la financiación y la transferencia de tecnología para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que serán fijados para 2015-2030. “Para cualquier recomendación de acción, es necesario que esté en claro qué medios están a la disposición de los países para implementarlas”, opinó.


El embajador admitió que la crisis que afecta a las economías de los países desarrollados redujo su disposición a financiar la transición hacia la “economía verde”. “Pero no podemos ser rehenes de una retracción generada por la crisis: estamos acá para pensar a largo plazo, y no en una crisis que en un año o dos podrá ser superada”, enfatizó.


Las discrepancias que persisten en torno de un 75 por ciento del documento final de la cumbre también preocupan a la ONU, según afirmó el representante de la secretaría general, Nilchil Seth. “Hay que acelerar las cosas; tenemos sólo un día más y no es hora de debatir nuevas ideas, es hora de cerrar un texto”, dijo. Según el diplomático, tampoco se logra un consenso sobre el marco institucional que será encargado de monitorear el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de una “gobernanza” global: persisten divergencias en torno de la propuesta de la Unión Europea, apoyada por países africanos, de convertir el Programa de Naciones Unidas sobre medio Ambiente en una agencia independiente.


También las potencias desarrolladas resisten la propuesta de los países del G-77 más China de crear un fondo de 30.000 millones de dólares anuales por las naciones industrializadas para financiar proyectos de desarrollo sostenible entre 2013 y 2018. Y el principio de “responsabilidad común pero diferenciada” entre países ricos y pobres también genera la resistencia de los industrializados.

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Lunes, 11 Junio 2012 14:02

Río+20, repensando el desarrollo

Río+20, repensando el desarrollo
Hace 20 años, en junio de 1992, se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como Cumbre de la Tierra. En la Cumbre de la Tierra participaron 172 gobiernos con presencia de 108 jefes de Estado y de Gobierno.

Los resultados de la Cumbre de Río fueron la aprobación del Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible, y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que es básicamente un conjunto de principios que definen los derechos y obligaciones de los Estados respecto del medio ambiente y el desarrollo. Asimismo esa cumbre fue el origen de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que en 1997 acordaría el famoso Protocolo de Kioto para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hubo dos grandes protagonistas de la Cumbre de la Tierra, por un lado George Bush padre, presidente de los Estados Unidos, quien vino a anunciar en Río que «el estilo de vida estadounidense no está abierto a negociaciones». Por otro lado, el comandante de la revolución cubana Fidel Castro cuya posición se resume en la siguiente frase extraída de su discurso ante el plenario de la Cumbre: «Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre».

En definitiva Fidel se enfrentaba en nombre de los países en desarrollo a ese Norte que había podido industrializarse, desarrollarse y construir sus Estados del Bienestar a costa de un Sur, los países del Tercer Mundo, colonias hasta hace poco convertidas en ese momento en naciones explotadas y saqueadas por un orden económico mundial injusto. En ese sentido, proponía una vez terminada la Guerra Fría dedicar el gasto militar y armamentístico a promover el desarrollo del Tercer Mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta.

Río+20


20 años después de aquella Cumbre de la Tierra, en medio de una crisis estructural del modelo civilizatorio occidental y con las clarividentes palabras de Fidel aun resonando en los pasillos de Riocentro, el lujoso centro de convenciones en la exclusiva zona de Barra de Tijuca, se celebra la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20.

Los objetivos de esta conferencia de Naciones Unidas son alcanzar un nuevo acuerdo político en torno al desarrollo sostenible, evaluando el progreso hasta la fecha y las lagunas en la aplicación de los acuerdos que se han ido adoptando. La conferencia va a estar centrada en dos temas principales, el de la economía verde o ecológica con vista a la sostenibilidad y la erradicación de la pobreza, y la creación de un marco institucional para el desarrollo sostenible. Todo ello dentro de un ambicioso llamado de las Naciones Unidas a los Estados y la sociedad civil en general a sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad.

Río+20 tendrá lugar oficialmente del 20 al 22 de junio, momento en el que los Jefes de Estado y Gobierno de los diferentes países que conforman las Naciones Unidas llegarán a Río de Janeiro para las sesiones plenarias y la búsqueda de un acuerdo. Sin embargo, los equipos negociadores de cada gobierno, después de tres rondas de negociaciones previas en Nueva York en torno a un borrador de acuerdo, comienzan la última ronda de negociaciones el 13 de junio para preparar el documento que sus respectivos presidentes deberán firmar como parte de un acuerdo final.

Los equipos negociadores de cada país miembro de Naciones Unidas están trabajando en torno a un documento llamado “El futuro que queremos – Borrador Cero del documento de Río+20”. Este documento, que comenzó hace meses siendo una compilación de diferentes propuestas por parte de los Estados de en torno a 300 paginas, cuenta en estos momentos con 82 paginas íntegramente en ingles con una base de párrafos que se van acordando y otra serie de ideas entre corchetes lo cual indica que están siendo sujetos a discusión, esquema habitual de los documentos de negociación en Naciones Unidas.

El Zero Draft o Borrador Cero cuenta con una estructura dividida en 5 puntos principales. Una primera parte que es básicamente un preámbulo y donde se define la visión compartida por los diferentes miembros de Naciones Unidas. Un segundo punto en torno a la renovación del compromiso político, en el que se reafirman los principios de Río, se evalúan los progresos y los déficits en la implementación del desarrollo sostenible y se va haciendo un repaso en torno a los principales grupos implicados, desde los pueblos indígenas a los sindicatos o la comunidad científica. La tercera parte del documento está dedicada a desarrollar el rol de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, el punto principal y más conflictivo de todos pues trata de presentar a la economía verde como el nuevo paradigma del desarrollo sostenible. En cuarto lugar nos encontramos con la definición del marco institucional para el desarrollo sostenible y finalmente la quinta y ultima parte del documento de negociación está dedicada al marco de acción y seguimiento, con propuestas de acuerdo en torno a temas como la seguridad alimentaria, agua, energía, cambio climático, bosques y biodiversidad, educación o igualdad de género.

G77+China


Dentro de la política de bloques inherente a unas negociaciones en el marco de Naciones Unidas podemos observar dos grupos principales, la Unión Europea por un lado, y el G77 junto a China por otro lado. El G77 es un grupo muy heterogéneo de países del Sur, es decir, de los países llamados del Tercer Mundo o en desarrollo, que cuenta con diversos bloques en su interior, como el del ALBA, el Grupo Africano, Grupo de los Estados Insulares o el Grupo Árabe. Asimismo cuenta con potencias emergentes de los BRICS como Brasil o India.

El G77, presidido en 2011 por Cristina Fernández de Kirchner en representación de Argentina, y desde 2012 con Argelia como coordinador, se presenta en Río con un documento propio de consenso como base para la negociación.

El documento del G77+China propone un nuevo orden económico mundial basado en los principios de equidad, soberanía, intereses comunes, interdependencia y cooperación entre los estados. Plantea además una nueva arquitectura financiera internacional mediante la reforma expedita y ambiciosa de las instituciones creadas por los acuerdos de Bretton Woods (es decir, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), cambiando sus estructuras de gobierno y su déficit democrático en el marco de una plena y justa representación de los países en vías de desarrollo, promoviendo la provisión de recursos financieros y transferencia tecnológica a los países en vías de desarrollo sin condicionalidades.

Asimismo, se pide el reconocimiento y respeto a los diferentes modelos de desarrollo afirmando que las estrategias de crecimiento económico basadas en el mercado son insuficientes y no garantizan ni aseguran un crecimiento económico equitativo ni resuelven los problemas de pobreza, salud, educación, empleo pleno, reducción de inequidades y promoción del desarrollo social y la inclusión.

También se propone un cambio en los patrones de producción y consumo, denunciando que los recursos naturales son limitados y que los países desarrollados han hecho un uso excesivo de ellos. A partir de ahí se reconoce la importancia del agua como Derecho Humano o la seguridad alimentaria, y se demanda un desarrollo sostenible con un enfoque holístico y en armonía con la naturaleza, propuesta que parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta demanda además ha sido recogida en el Borrador Cero oficial, cuyo párrafo 33 dice textualmente: «Somos conscientes de que el planeta Tierra y su ecosistema son nuestra casa y que Madre Tierra es una expresión común en una serie de países y regiones. Estamos convencidos de que con el fin de lograr un equilibrio justo entre el económico, las necesidades sociales y el medio ambiente de presentes y futuras generaciones, es necesario promover la armonía con naturaleza».

En la misma línea, uno de los objetivos en Río+20 por parte de Bolivia y del ALBA será el de recoger las propuestas de la Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra realizado en Tiquipaya (Bolivia) y plantear una propuesta de Derechos de la Madre Tierra.

Unión Europea


Frente a estas propuestas, la posición de la Unión Europea es contundente y fiel reflejo del modelo neoliberal en el que está instalada. La UE conceptualiza a la naturaleza como “capital natural”, como “stock de recursos naturales” regulables a través del mercado. Es decir, estaríamos ante una segunda fase del neoliberalismo, una fase más avanzada en la que después de haber hecho retroceder al Estado, cuando no desaparecer totalmente privatizando los sectores estratégicos bajo control estatal, se le ordena al Estado que cree mercados donde hasta ahora no existían. Ya no es suficiente además con generar plusvalía vendiendo la madera de los bosques, sino que además se crea un nuevo mercado en el que lo que se vende es la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques. A partir de ahí se abre la vía para la financiarización de la naturaleza, para especular y crear nuevos mercados inmateriales.

La Unión Europea plantea entonces un paquete de metas e indicadores enfocados en el medio ambiente, y con la excusa de la reducción de emisiones y la eficiencia en el uso de recursos naturales, deja de lado las necesidades sociales y económicas de los países en desarrollo.

Pensando el mañana


Son numerosos los temas a desarrollar en Río+20 y cada uno de ellos exigiría de decenas de páginas para profundizar, pero finalmente el reto de Río+20 será el de cómo construir una visión del desarrollo no basada en el capitalismo, que salga de los parámetros de crecimiento capitalista. Como lograr un desarrollo integral, complementario y solidario basado en la complementariedad de los derechos de los pueblos a su desarrollo, de los derechos de los pueblos a superar la pobreza causada por el capitalismo y el colonialismo, y de los derechos de la Madre Tierra. Además, estos derechos deberían ser realizados de manera integral, interdependiente, complementaria y en apoyo mutuo. Es decir, un derecho no puede realizarse sin los otros y un derecho no puede estar sobre los otros. Se trata de derechos interdependientes, cuya plena consolidación requiere una interacción complementaria entre ellos.

En cualquier caso no hay duda que estamos viviendo (y sufriendo) los limites de un modelo civilizatorio insostenible. Los pueblos del Sur han recuperado su dignidad y el Norte ya no puede seguir creciendo a costa de su explotación. Además Ama Lurra, la Pachamama, ya nos está demostrando que no se la puede seguir explotando indefinida e incontroladamente como se ha hecho hasta ahora. Estamos viendo por tanto los límites planetarios del sistema de acumulación capitalista en toda su crudeza. En ese sentido Río+20 es una ocasión histórica para poner sobre la mesa debates necesarios y tratar de llegar a consensos en la búsqueda de soluciones.

En definitiva, y retomando las palabras finales de Fidel en su discurso en el plenario de la Cumbre de la Tierra de 1992: «Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo».

- Katu Arkonada se encuentra en Río de Janeiro formando parte del equipo negociador del Estado Plurinacional de Bolivia

http://alainet.org/active/55523
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“Quieren trasladar su crisis a nuestros países”
La cumbre ambiental Río+20, que en unos días concentrará en la capital carioca a presidentes y funcionarios de casi doscientos países, será escenario de una nueva disputa entre las naciones centrales y el grupo de países emergentes o en vías de de-sarrollo, nucleados en el G-77 más China. Uno de los ejes de la controversia es el concepto de “economías verdes” que, para el gobierno argentino y sus socios de América latina, es una suerte de trampa tendida por las potencias y sus aliados para poner freno a las exportaciones cuando no cumplen con ciertos parámetros “verdes”. El otro foco de conflicto es la posible creación de una agencia internacional, que tendría el poder de policía para hacer cumplir con indicadores y premisas, inspecciones que los países interpretan como la antesala a restricciones comerciales.


A diez días de la firma del documento, todavía no hay consenso. Los diplomáticos trabajan contra reloj: hace una semana las delegaciones estuvieron reunidas en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, y esta semana volverán a encontrarse en Río de Janeiro. El documento que redactaron dos funcionarios de la ONU designados por Ban Ki-moon tiene ochenta páginas y muchos de sus párrafos son cuestionados por los representantes de los países en desarrollo. Estos diplomáticos están ante una doble presión: no ceder en la defensa de sus intereses estratégicos y, a la vez, no hacer fracasar la cumbre, que pretende avanzar sobre los logros obtenidos hace 20 años en otra cumbre, en esa misma ciudad. El desafío se multiplica para el gobierno de Brasil, también crítico del documento, por su condición de anfitrión.


“En esta negociación, la Argentina ha encontrado aliados importantes, como la India y Egipto, que se sumaron a los socios del Mercosur”, dijo la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, una de las negociadoras argentinas, en una entrevista con Página/12.


–A días de la cumbre, ¿qué consensos y qué diferencias hay entre los países?

–El documento para Río+20 se viene trabajando desde hace muchos meses y, como no se ha avanzado en el consenso entre los países centrales y los del G-77 más China, en estos días se estuvo viendo si se cerraba un acuerdo. El G-77 más China, que son 132 países sobre un total de 193, que tiene a la mayoría de la población mundial e incluye a países emergentes como China, India y Brasil, ha estado trabajando muchos meses en este documento. Hasta ahora, no hay consenso. Evidentemente, el documento que va a salir no será un documento que refleje nuestra posición y si no nos refleja, cada país hará sus reservas.


–¿Cuáles son los grandes ejes de la divergencia?

–La gran divergencia es que los países centrales están planteando el concepto de “economía verde” como el nuevo paradigma ambiental para salvar el planeta. Nosotros planteamos que no hay una definición de economía verde, por lo tanto, no podemos apoyar algo que se desconoce. No estamos de acuerdo en sustituir el concepto de desarrollo sustentable, que es mucho más ambicioso y que implica un cambio en el modelo de producción y consumo que nos ha provocado esta crisis ambiental. Como G-77 planteamos que ese cambio lo deben liderar los países centrales, que son los que han impuesto ese modelo global de consumo y de producción insustentable, que se basa en una falacia: que los recursos naturales son infinitos. Producimos y consumimos como si fuéramos a tener una cantidad infinita de agua, de petróleo, de tierra.


–Los países centrales no aceptan eso.

–Ese es el problema central: los países centrales no asumen su responsabilidad primaria. Lo que plantean es que los costos de la crisis ambiental, por ser planetaria, los tenemos que asumir todos por igual. Países pobres, en desarrollo y ellos. Cuando son ellos los que han causado esta crisis ambiental.


–No admiten que la responsabilidad no es la misma para todos.

–En el plenario, plantearon borrar el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas. No-sotros, como G-77 más China, tenemos premisas que no son negociables. Una es ésa, la otra es nuestra soberanía respecto del manejo de nuestros recursos naturales. No vamos a delegar el control ambiental a ninguna agencia globalizada que nos imponga lo que tenemos que hacer con nuestros recursos naturales ni parámetros de cumplimiento. Porque esto de la economía verde es una trampa.


–¿En qué consiste esa trampa?

–Ellos pretenden poner indicadores y parámetros para la producción de bienes y servicios y aquel que no los cumpla, no va a poder exportar.

Por supuesto que eso nadie lo dice. El planteo de ellos es un planteo naïf: vamos a salvar el planeta.


–¿Cuáles serían las consecuencias?

–Una gran parte de los países centrales está queriendo trasladar su crisis a los países en desarrollo utilizando el tema ambiental. Si exigen el cumplimiento de estos parámetros que quieren imponer con la economía verde, va a haber una transferencia enorme de recursos de los países en desarrollo a los desarrollados, porque los que tienen la tecnología son ellos, y nos van a obligar a comprar la tecnología y a endeudarnos. Nuestro planteo de desarrollo sustentable implica la erradicación de la pobreza nosotros, como países latinoamericanos, tenemos mucho que mostrar en Río: cómo hemos bajado los niveles de pobreza, al contrario de los países desarrollados, donde en este momento va creciendo la pobreza.


–Nuestros países han disminuido los niveles de pobreza, pero ¿se han desarrollado en forma sustentable?

–En este momento, no hay ningún país que pueda plantear que tiene un desarrollo sustentable, es nuestra utopía. Se plantea que otro tipo de desarrollo es posible. Porque el desarrollo sustentable implica que produzcamos en forma eficiente, con un uso muy racional de nuestros recursos, y consumamos en función de nuestras necesidades básicas, no permitiendo el derroche. Lo que vemos es que en nuestros países hay sectores de la población que tienen que aumentar su consumo pero también hay un sector importante que tiene que evitar despilfarrar recursos naturales a través de consumo insustentable. Por ejemplo, cuando se compran productos que tienen una vida útil muy corta o que requieren un uso intensivo de electricidad o de materias primas.


–Si el modelo económico argentino permitió aumentar el consumo, ¿podemos decir entonces que este modelo es sustentable?

–No, nadie dice eso. Lo que tenemos en la Argentina es una réplica del modelo impuesto en el planeta y que nosotros no lo vamos a poder cambiar si no lo cambian ellos, que son los que tienen el gran poder económico. Por eso, el G-77, cuando se habla de economía verde, le plantea a los países centrales que ellos lideren este cambio de modelo de producción y consumo. Nosotros no lo vamos a poder liderar porque no tenemos ni tecnología ni capacidad financiera. Sí tenemos que darle buen nivel de vida a un porcentaje importante de la población, que es una prioridad de este Gobierno.


–¿Qué balance hace de los veinte años transcurridos desde la cumbre de Río ’92?

–Para nosotros, ha habido más falencias que logros. Porque los principios rectores de Río ’92 no han sido cumplidos por los países desarrollados, la transferencia de tecnología y apoyo financiero a los países en desarrollo. Y ahora lo quieren eliminar. Ahora no hablan de transferencia de tecnología, no hablan de apoyo financiero y quieren eliminar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es el leitmotiv de la convención y que planteamos que deben mantenerse.


–¿En qué consiste ese principio?

–En que los que produjeron el fenómeno del calentamiento global de la atmósfera son los países industrializados, desde la época de la industrialización a finales del siglo XVII hasta ahora. Ahora, los países emergentes comenzaron a emitir también gases de efecto invernadero. China e India ya se están pareciendo a los países desarrollados en sus emisiones, pero es un hecho reciente. Por eso la convención dice que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas: el que causó el problema debe asumir el costo. Por eso Río ’92 fue un éxito para los países en vías de desarrollo, fue un reconocimiento de que había una crisis ambiental y que los países centrales debían asumir un compromiso porque eran los que la habían causado. Ahora, veinte años después, sin haber hecho los aportes que tendrían que haber hecho, boicoteando la convención, quieren trasladar su crisis a nuestras espaldas.


–¿Qué otros planteos llevan los países de América latina?

–Por ejemplo, cuando se habla de empleo verde, nosotros lo sustituimos por empleo decente. Porque nosotros acá tenemos empleo verde, el reciclador urbano, el cartonero que separa es empleo verde, pero no es decente. Tenemos que transformarlo en empleo formal y decente.


–¿Qué frutos puede dar este consenso que hay en América latina?

–A mí me interesa la alianza que tenemos los países latinoamericanos, y también con la India y Egipto, con los que lideramos esta posición: estamos de acuerdo con el desarrollo sustentable, queremos definir los temas en forma soberana, y no tenemos que aceptar que nos impongan las prioridades de la globalización, que no están pensadas en función de nuestras necesidades. Vamos a difundir la declaración de Buenos Aires para que la gran prensa conozca nuestra posición. La gran prensa, que está globalizada y manejada por los países centrales, no conoce nuestra posición.


–Otro de los ejes de controversia es la creación de una agencia global de control ambiental.

–Los países centrales quieren crear una gran agencia en base al Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Pnuma), porque para establecer parámetros e indicadores para la producción de bienes y servicios se necesita una agencia que controle. Quieren crear una agencia con poderes para fiscalizar el cumplimiento de la economía verde.


–¿Ustedes qué proponen en cambio?

–Queremos que haya mayor sinergia entre las agencias que existen actualmente y que sea la Asamblea General y el Consejo de De-sarrollo Sustentable de Naciones Unidas un ámbito de definición y debate político. No le damos mandato al secretario general para que arme esto. Queremos el fortalecimeinto del Pnuma aumentando su membresía a todos los países. En este momento tiene solo 46 países, entre ellos la Argentina.


–¿Hay coincidencia con las ONG argentinas que van a participar de la cumbre?

–Las ONG han estado muy activas, sobre todo las que trabajan en salud y educación. Las ambientalistas son las más débiles en esto, porque siguen los lineamientos de los países centrales, porque allí tienen su base de financiamiento, y están bastante condicionadas por eso.


–¿Cuál va a ser la posición argentina respecto de las industrias extractivas, como la minería?

–En la cumbre no se debate qué actividades son sustentables y cuáles no. Todas las actividades generan impacto, la idea es que lo minimicen. Hay una impronta de ir logrando nuestro propio camino, nuestro propio desarrollo sustentable.


–Entonces no van a hablar de minería.

–Sobre la minería, le voy a decir lo que pienso. Lo que nos proponemos desde esta secretaría es fortalecer el rol del Estado en la evaluación del impacto de esta actividad. Los impactos de la minería a cielo abierto, de una hidroeléctrica, son significativos. Hay una serie de actividades que se requieren para el de-sarrollo del país, pero su localización y la tecnología que usan debe ser evaluada por el Estado para aprobarlas o no. Estamos haciendo un proyecto de ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental para que el Estado nacional y los provinciales podamos conjuntamente evaluar, fiscalizar y controlar estos grandes emprendimientos. Hay que aceptarlos sólo si los beneficios son mayores que los costos.

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Sábado, 02 Junio 2012 07:16

Los retos de Río+20

Los retos de Río+20
Brasil acoge en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada también “Rio+20” porque se ­celebra dos décadas después de la primera gran Cumbre de la Tierra de 1992. Asistirán a ella más de 80 jefes de Estado. Las discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: 1) una “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y 2) el marco institucional para el desarrollo sostenible. En paralelo al evento oficial, también se celebra la Cumbre de los Pueblos que congrega a los movimientos sociales y ecologistas del mundo.


Las cuestiones ambientales y los desafíos del cambio climático siguen constituyendo urgencias mayores de la agenda internacional (1). Pero esta ­realidad está siendo ocultada, en España y en Europa, por la gravedad de la crisis económica y financiera. Normal.


La eurozona atraviesa uno de sus momentos más difíciles a causa del ­fracaso manifiesto de las políticas de “austeridad a ultranza”. La recesión se ha instalado en varias economías, con un desempleo en alza y dramáticas tensiones financieras. España, en particular, vive sus momentos más preocupantes desde 2008; peores que cuando ­quebró el banco Lehman Brothers. La economía ha debido someterse a la auditoría de los inspectores de Bruselas. La prima de riesgo se disparó entrando en zona de intervención, y se han vuelto a despertar todas las dudas sobre la solvencia del sistema bancario español, arrastrado por la escandalosa quiebra de Bankia.


Ante el fracaso del Banco de España, y las dudas sobre la credibilidad del sistema financiero, se ha tenido que recurrir a un grupo de firmas “independientes” extranjeras para analizar la morosidad oculta de los bancos españoles (2). Entre los ciudadanos se extiende la idea de que España va a necesitar, de manera más o menos inmediata, el apoyo del Fondo de Rescate Europeo, como ya le ocurrió a Irlanda, Grecia y Portugal. El 62% de los españoles lo teme.


Cunde pues el pesimismo. El premio Nobel de economía Paul Krugman echó leña al fuego cuando, el mes pasado (3), avisó que es “muy posible” que Grecia abandone el euro en el curso de este mes de junio... Una salida de Atenas de la moneda única europea tendría como consecuencia inmediata la fuga de capitales hacia los paí­ses vecinos y la retirada en masa de los depósitos bancarios. Fenómenos que se contagiarían inevitablemente a Portugal e Irlanda y, sin duda, a España e Italia. Krugman vaticinó por cierto que no descartaba que, después, llegara a España y a Italia un corralito bancario (4)...


En esas preocupaciones estamos. Y por eso los ciudadanos europeos siguen con tanta atención la agenda electoral europea: elecciones legislativas francesas el 10 y el 17 de junio; nuevas elecciones griegas ese mismo día 17 de junio. Y la cumbre de Bruselas del 28 y 29 de junio que decidirá por fin si la Unión Europea sigue la senda alemana de la austeridad hasta la muerte, o si adopta la vía francesa del crecimiento y del resurgimiento. Dilema vital.


Pero ello, a pesar de su dramatismo, no debe hacernos olvidar que, a escala del planeta, hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Y el principal de ellos es el desastre climático del que será cuestión, también este mes, en Río de Janeiro. Recordemos que, en 2010, el cambio climático fue la causa del 90% de los desastres naturales que ocasionaron la muerte de unas 300.000 personas, con un quebranto económico estimado en más de 100.000 millones de euros…


Otra contradicción: en Europa, los ciudadanos reclaman, con razón, más crecimiento para salir de la crisis; pero en Río, los ecologistas advertirán que el crecimiento –si no es sostenible– significa siempre mayor deterioro del medio ambiente y mayor peligro de agotamiento de los limitados recursos del planeta...


Los líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, se reúnen pues en Río de Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. El debate central estará entre el concepto de “economía verde” que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de “economía ­solidaria”, promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de “desarrollo predatorio”, basado en la acumulación privada de riqueza, no habrá preservación ambiental.


Los países ricos acuden a Río con esa propuesta principal de la “economía verde”. Un concepto-trampa que se limita a designar, la mayoría de las veces, un simple camuflaje verde de la economía pura y dura de siempre. Un “enverdecimiento”, en suma, del ­capitalismo especulativo. Esos países desean que la Conferencia Rio+20 les otorgue un mandato de las Naciones Unidas para empezar a definir, a ­escala planetaria, una serie de indicadores de medición para evaluar económicamente las diferentes funciones de la naturaleza, y crear de ese modo las bases para un mercado mundial de servicios ambientales.


Esa “economía verde” desea no sólo la mercantilización de la parte material de la naturaleza ­sino la mercantilización de los procesos y funciones de la naturaleza. En otras palabras, la “economía verde”, como afirma el activista boliviano Pablo Solón, busca no sólo mercantilizar la madera de los bosques sino mercantilizar también la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques (5).


El objetivo central de esa “economía verde” es crear, para la inversión privada, un mercado del agua, del medio ambiente, de los océanos, de la biodiversidad, etc. Asignando precio a cada elemento del medio ­ambiente, con el objetivo de garantizar las ganancias de los inversores privados. De tal modo que la “economía verde”, en vez de crear productos reales, organizará un nuevo mercado inmaterial de bonos e instrumentos financieros que se negociarán a través de los bancos. El mismo sistema bancario culpable de la crisis financiera del 2008, que recibió miles de millones de euros de los gobiernos, dispondrá así, a su antojo, de la Madre Naturaleza para seguir especulando y realizando de nuevo cuantiosas ganancias.


Frente a estas posiciones, paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río la Cumbre de los Pueblos. En este foro se presentan alternativas en defensa de los “bienes comunes de la humanidad”. Producidos por la naturaleza o por grupos humanos, a nivel local, nacional o global, estos bienes deben ser de propiedad colectiva. Entre ellos están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos –ríos, océanos y ­lagos–, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques ­naturales, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el ­conocimiento, ­Internet, los productos distribuidos con licencia libre, la información genética, etc. El agua dulce empieza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su privatización –en varios Estados– han tenido notable éxito.


Otra idea que preconiza la Cumbre de los Pueblos es la de una transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una “civilización biocéntrica”, centrada en la vida, lo que implica el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y la redefinición del buen vivir y de la prosperidad de modo que no dependan del crecimiento económico infinito. También defiende la soberanía alimentaria. Cada comunidad debe poder controlar los alimentos que produce y consume, acercando consumidores y productores, defendiendo una agricultura campesina y prohibiendo la especulación financiera con los alimentos.


En fin, la Cumbre de los Pueblos reclama un vasto programa de “consumo responsable” que incluya una nueva ética del cuidado y del compartir; una preocupación contra la obsolescencia artificial de los productos; una preferencia por los bienes producidos por la economía social y solidaria basada en el trabajo y no en el capital; y un rechazo del consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo (6).


La Conferencia Rio+20 ofrece así la ocasión a los movimientos sociales, a escala internacional, de reafirmar su lucha por una justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo especulativo. Y su rechazo del intento de “enverdecimiento” del capitalismo. Según esos movimientos, la “economía verde” no constituye una solución a la crisis ­ambiental y alimentaria. Al contrario, se trata de una “falsa solución” que agravará el problema de la mercantilización de la vida (7). En suma, un nuevo disfraz del sistema. Y los ciudadanos están cada vez más hartos de los disfraces. Y del sistema.


Por Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique



(1) Léase Ignacio Ramonet, “Urgencias climáticas”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2012.

(2) El País, Madrid, 21 de mayo de 2012.

(3) The New York Times, Nueva York, 13 de mayo de 2012. http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/05/13/eurodammerung-2/?smid=tw-NytimesKrugman&seid=auto

(4) “Corralito” es una palabra surgida durante la crisis económica argentina de 2001, cuando ante la avalancha de clientes a los bancos para retirar sus ahorros, el ministro Domingo Cavallo decidió que cada titular de cuenta sólo podría retirar un máximo de 250 pesos por semana. El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró, al revuelo causado por la palabras de Krugman, asegurando que un corralito en España es una posibilidad técnicamente imposible.

(5) Pablo Solón, “¿Qué pasa en la negociación para Rio+20?”, 4 de abril de 2012. http://rio20.net/documentos/que-pasa-en-la-negociacion-para-rio20

(6) http://rio20.net/en-camino-a-rio

(7) Léase, “Declaración de la Asamblea de movimientos sociales”, Porto Alegre, 28 de enero de 2012. http://redconvergenciasocial.org/?p=160


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