Las secuelas de la Operación Gedeón: El impacto en Colombia de una incursión fracasada

Aunque otros escándalos han generado estupor en la opinión pública colombiana sin mayores consecuencias, en esta oportunidad parece que el ámbito militar puede hacer peso para sentar varios precedentes.

 

El 26 de marzo se descubrió un plan de incursión militar sobre Venezuela desde Colombia, donde participaban militares venezolanos y asesores norteamericanos, y se supo de la existencia de un contrato firmado entre esas partes, el diputado opositor Juan Guaidó y funcionarios de su interinato, como Juan José Rendón y Sergio Vergara.

Toda esta información fue presentada por el mayor general retirado venezolano Clíver Alcalá desde su casa en Barranquilla, Colombia, como reacción a su incorporación en la lista de funcionarios buscados por el departamento de justicia de EE.UU. El diálogo con el periodista de W. Radio fue así:

C.A.: Yo estoy hablando con el gobierno colombiano, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia y me hice responsable ante ellos de esas armas.

Periodista: ¿Eso quiere decir que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas?

C.A.: por supuesto.

 

Una operación huérfana

 

El militar retirado se refiere en la entrevista a un lote de armas incautadas dos días antes en el noreste colombiano, específicamente en la vía Ciénega-Barranquilla, entre los que se contaban 26 fusiles de asalto AR-15 y diversos accesorios militares, como visores nocturnos y silenciadores de fusiles.

También mencionó que las armas iban dirigidas a alias 'Pantera', un oficial que operaba bajo su mando.

Cuando en la madrugada del 3 de mayo se conoció la incursión marítima a Venezuela de un grupo armado por Macuto y Chuao, en el centro norte costero, por medio de dos lanchas rápidas, enseguida se interpretó que se trataba de aquella operación develada en marzo,  especialmente porque entre la lista de los ocho muertos figuraba 'Pantera'. Durante varios días siguieron las capturas de personas que participaban en la operación y entre los detenidos se sumó un sobrino de Clíver Alcalá.

Digamos que políticamente fue una operación huérfana. Ningún actor importante la asumió y desde el presidente de EE.UU., Donald Trump, hasta Guaidó, pasando por el mandatario colombiano, Iván Duque, todos negaron alguna participación en la acción.

Sin embargo, todos fueron interpelados por el hecho y la mediática internacional tuvo una actitud de condena y de duda sobre si estos actores habían o no participado realmente. De hecho, Guaidó tuvo que aceptar la renuncia de dos funcionarios de su interinato, entre ellos su director de estrategia, J.J. Rendón, firmante del contrato al que hacía mención Clíver Alcalá, y que el día de la incursión sería publicado por el propio Jordan Goudreau, líder de la contratista militar Silvercorp, quien se responsabilizaba del hecho. Ahora se entendía quiénes eran los asesores norteamericanos de los que hablaba el mayor general retirado.

En Venezuela, Guaidó acusó el golpe aceptando las renuncias de los "funcionarios" de su entorno que firmaron el contrato con Goudreau. En EE.UU. tres senadores del comité de relaciones exteriores del senado pidieron explicaciones a su gobierno y Trump ha tenido que responder a cuestionamientos sobre su posible participación en el hecho. ¿Y en Colombia, dónde se preparó la acción, tendrá su fracaso algún impacto o será apenas un escándalo más?

 

¿Habrá reacciones en Colombia?

 

La operación Gedeón fue ejecutada desde Colombia, según las evidencias arriba expuestas, los testimonios de los estadounidenses capturados y las innumerables denuncias del gobierno venezolano. Su fracaso puede parecer para el gobierno de Duque lo que en lenguaje popular se resume como "una raya más pa'l tigre".

Duque ha ido de escándalo en escándalo desde el comienzo de su gobierno. El mismo Trump lo ha responsabilizado del aumento del narcotráfico. En marzo pasado reventó un escándalo sobre compra de votos por  parte de alias 'el Ñeñe', un narcotraficante con vinculación pública con el presidente colombiano, que le colaboró durante su campaña electoral.

Cuando todavía no terminan de aflorar las informaciones y consecuencias de la operación Gedeón, uno de los capturados delató que alias 'Doble Rueda', un jefe narcotraficante cuyo pedido de extradición por EE.UU. ocurrió en diciembre, opera desde su finca sin clandestinidad alguna.

El pasado martes, en rueda de prensa, el ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, divulgó varios videos de las delaciones de los militares capturados, que hablan de la relación de la operación con narcotraficantes. También se hicieron públicas las supuestas coordenadas donde opera este jefe de la droga, con lo que se lanza una interpelación para su captura.

Todo ello en un momento en el que la prensa internacional se ha mostrado muy crítica con el tipo de operación y la participación de Guaidó.

Así como estos escándalos, otros casos han generado estupor en la opinión pública colombiana, pero rápidamente ha sido pasada la página sin que se establezca ningún tipo de responsabilidad legal o política. Por lo tanto, no parece que alguno de estos hechos, incluida la operación Gedeón, vaya a tener un impacto en la política formal.

Pero en el ámbito militar sí puede tener alguna consecuencia.

Las fuerzas armadas colombianas se han cuidado sobremanera de no relacionarse con los ataques hacia Venezuela. Desde el incidente del puente de Tienditas en febrero de 2019, cuando Guaidó intentó ingresar desde Colombia "ayuda humanitaria", quedó en evidencia que si bien el ejército no pondría freno a las actividades contra el gobierno de Maduro desde territorio colombiano, tampoco participaría directamente en los hechos.

Puede creerse que en medios militares se ha impuesto la idea de que una campaña violenta, que intente cambiar el gobierno venezolano usando ejércitos de otros países, puede generar un conflicto armado que se extienda geográficamente sin tiempos estipulados. La presencia de una confrontación armada con Venezuela va a afectar a Colombia que, a pesar de la alianza con EE.UU., no cuenta con superioridad militar como para incursionar en territorio venezolano sin que ello implique un alto costo en vidas y finanzas.

El fin del conflicto armado colombiano, a partir de la firma de la paz entre las FARC y el Gobierno, no ha desembocado de manera expresa en la estabilidad del territorio colombiano, que aún está plagado de narcotráfico, bandas criminales, paramiliatres, disidentes guerrilleros y otros grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actúa en la frontera venezolana.

Abrir un frente con Venezuela llevaría al descuido de ese vasto territorio de difícil control que es Colombia. Y en medio de la pandemia, una escalada parece más preocupante.

Ante el alto nivel de riesgo que implica para Colombia intentar desde su territorio un cambio de gobierno en Venezuela por la fuerza, el antimadurismo colombiano seguramente prefiere una operación quirúrgica donde participen venezolanos o el propio gobierno de EE.UU.

El fracaso de la operación Gedeón viene a corroborar que las cosas no serán así de fáciles. Por el contrario, evidencia que el gobierno de Maduro tiene la capacidad militar para neutralizar este tipo de operaciones y que las fuerzas armadas venezolanas se solidifican en torno a su mandato cuando ocurren este tipo de hechos. En conclusión, que este tipo de aventuras puede provocar la desestabilización de la región y si algún país podría salir perdiendo, aparte de Venezuela, es Colombia.

 

La situación actual de Duque

 

Además, el gobierno colombiano se ha venido debilitando los últimos meses. Si los escándalos parecen no hacer mella en el gobierno, la conflictividad política y social sí ha removido sus cimientos.

Luego de perder en las elecciones regionales de octubre del año pasado, el gobierno de Duque sufrió las protestas más fuertes que recuerde el país las últimas décadas. Manifestaciones violentas de calle, paros generales y cacerolazos se convirtieron en parte de la cotidianidad colombiana durante las últimas semanas de 2019. La alta conflictividad social obligó al gobierno a ocuparse mucho más de su crisis interna y bajar la preponderancia que le otorgaba a su pelea con Maduro.

Para mayor presión, el sábado 9, las fuerzas armadas venezolanas denunciaron el hallazgo de tres lanchas militares con armamento y municiones, pertenecientes a las fuerzas armadas colombianas en aguas venezolanas, específicamente en las riberas del Orinoco, en la parte sur de la frontera colombo-venezolana.

El hecho fue reconocido por las fuerzas armadas colombianas, que explicaron que debido a "fuertes corrientes" las embarcaciones fueron arrastradas desde el río Meta, donde estaban amarradas. Y con un lenguaje entre oficioso y cordial, han intentado abrir un diálogo con la contraparte militar venezolana.

La justificación graciosa es solo el comienzo de un 'affaire' que, por lo peligroso, no deja de ser divertido. Maduro ha exigido que sea Duque quien le pida oficialmente las lanchas militares y que, de ser así, serán devueltas. Pero el gobierno de Duque no reconoce a Maduro, así que tendría que pedírselas a Guaidó, para seguir el orden discursivo.

Para todos es sabido que Guaidó no tiene poder para devolverlas, así que la tensión puede moverse hacia la relación entre las fuerzas armadas, que quieren de vuelta sus lanchas y han desplegado un discurso más bien conciliatorio, y Duque, que resulta muy orgulloso para pedirlas a Maduro. De hacerlo, lo reconocería como presidente real y se acabaría el simulacro del interinato del diputado opositor, que solo sobrevive en el relato presidencial colombiano y cada cierto tiempo en el de Trump.

Algo muy similar a lo de las lanchas ocurrió hace pocas semanas, cuando las fuerzas policiales venezolanas capturaron a la protagonista de otro escándalo colombiano, la diputada Aída Merlano, quien se había fugado de la cárcel de Bogotá donde pagaba condena por compra de votos, entre otros delitos. Lo insólito fue que el gobierno de Duque pidió a Guaidó la extradición de la legisladora, lo que acarreó cantidades de memes y chistes sobre el cómico pedimento a un actor que obviamente no tiene capacidad de hacerlo.

Merlano aún está presa en Venezuela y, con el evento de las lanchas, parece que se va a repetir el acto humorístico, a menos que las fuerzas armadas colombianas reclamen seriedad a su Cancillería y se produzca un pedimento oficial al gobierno de Maduro.

También puede tener impacto en los militares colombianos la manera en que el gobierno de EE.UU. se desentiende de la acción, lo que hace pensar que no hay una política clara y definitiva que indique que este último finalmente va a actuar contra Maduro. Y eso tiene efecto sobre todo en Colombia, principal aliado de los norteamericanos en la región, pero también los principales afectados de lo que ocurra en Venezuela.

Para escalar el conflicto con Venezuela, los factores locales tendrían que esperar una acción más decisiva y masiva de EE.UU., y esa opción, después de Gedeón, puede resultar más lejana. Es posible que en un tiempo plausible las fuerzas armadas colombianas estén obligadas a reconocer al gobierno venezolano, así sea para cuestiones vecinales, independientemente de lo que se dictamine desde el palacio de Nariño.

Nadie espera que Duque rectifique su posición intervencionista sobre Venezuela, pero sí puede pasar que algunos factores de poder, incluidos sectores militares,  vayan perdiendo la confianza en la política de confrontación del mandatario colombiano y en su apoyo a aventuras violentas que pueden generar desestabilización en la región.

Bajar los niveles de pugnacidad entre Colombia y Venezuela implicaría para el gobierno venezolano concentrar su diatriba con los EE.UU., pues tanto el grupo de Lima como el gobierno brasileño han preferido privilegiar su política interna y olvidarse un poco de Caracas. La situación colombiana puede obligar a Duque a hacer lo mismo.

Publicado: 14 may 2020 00:13 GMT

Por Ociel Alí López, es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América latina.

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En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro anunció la captura de otros tres terroristas implicados en la Operación Gedeón.Foto Ap

La Operación Gedeón incluía uso de "bombas de precisión"

 

Caracas. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodriguez, aseguró ayer que el contrato de la Operación Gedeón, el intento de invasión golpista contra Caracas frustrado el pasado fin de semana, incluía un "bono de éxito" de 10 millones de dólares.

"Los Asesores de Proveedores de Servicios asesorarán y asistirán al Grupo Asociado en la planificación y ejecución de una operación para capturar/detener/eliminar a Nicolás Maduro, eliminar el actual régimen e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó", señala el texto del documento, en referencia al líder opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Para ello, según el contrato, Silvercorp proporcionaría un grupo de reacción inmediata destinado a la realización de operaciones en varios lugares del país a las órdenes de Guaidó. Si la eliminación del presidente Maduro se concretaba, el gobierno entrante se comprometía a pagar un "bono de éxito" de 10 millones de dólares, aunque no se especifica si es a cada participante o en total.

De las 47 páginas del contrato, cuya autenticidad niega Guaidó, solo se han publicado siete.

Según lo revelado por Rodríguez, en sus primeros artículos el documento define tres grupos: Asociado (ex militares venezolanos), Asesores (personal del proveedor de servicios, es decir, Silvercorp) y el de Tareas (socios). La cadena de mando para la operación estaba encabezada por Juan Guaidó (comandante en jefe), Sergio Vergara (supervisor general del proyecto), Juan José Rendón (estratega jefe) y un comandante en el sitio "por determinar".

La información procede de los anexos del contrato firmado por Juan José Rendón, Sergio Vergara y Guaidó –representantes de la oposición venezolana– con la empresa estadunidense Silvercorp.

Las primeras siete páginas fueron exhibidas por el dueño de Silvercorp, el ex boina verde estadunidense Jordan Goudreao, el pasado 3 de mayo, día en que fue desarticulada una primera avanzada que intentó entrar en Venezuela por las playas de Macuto, cerca de la frontera con Colombia.

La fuerza de choque de Silvercorp igualmente estaba autorizada a detener cualquier persona (civil o militar) "que interfiera" con la misión y a emplear "fuerza mortal" en el control de disturbios y el taser (paralizador eléctrico a distancia) en centros de detención.

Además se autorizó al personal de Silvercorp "a aprobar ataques contra los siguientes objetivos en áreas de alto daño colateral: liderazgo militar del antiguo régimen, elementos no militares del mando y control del régimen anterior (...). El uso de todos los tipos de armas convencionales está permitido". En ese punto incluyen las bombas guiadas de precisión y minas M18A1, entre otras.

El contrato identifica como "fuerzas hostiles ilegítimas" a las "fuerzas de seguridad del antiguo régimen, fuerzas aéreas, terrestres y navales convencionales y/o no convencionales".

Se prometió que los contratistas recibirían atención médica si resultaban heridos durante el ataque y una compensación de 450 mil dólares a sus familias de miembros del Grupo de Tarea, en caso de muerte, así como indemnización por 250 mil dólares por pérdida de algún miembro o de la vista durante la misión.

Todos los artículos "recuperados" durante la operación –oro, efectivo, arte, objetos de valor, activos, vehículos, bienes raíces, dinero en cuentas bancarias– serían inventariados por Silvercorp, que conservaría por comisión un 14 por ciento del valor real o de tasación de estos artículos.

Hasta ocho ex militares venezolanos y mercenarios murieron en el intento de invasión; todos fueron entrenados en Colombia con el apoyo de Estados Unidos.

Además de los 21 detenidos, incluidos dos estadunienses imputados por los cargos de “terrorismo, conspiración y tráfico de armas, ayer se informó del arresto de un supuesto integrante del grupo en La Guaira, Rafael Enrique Castro Sandoval, alias El Miche.

Goudreau ha confirmado que firmó un contrato con Guaidó por 212 millones de dólares para la Operación Gedeón el pasado 16 de octubre, pero sólo recibió 50 mil dólares a través del consultor político Juan José Rendón, quien también ha reconocido su firma.

La oposición habría prometido pagar el resto más adelante, aunque no lo ha hecho, de acuerdo con Goudreau, quien aseguró que "tienen dinero en Estados Unidos en una cuenta de Citgo", la filial estadunidense de la petrolera venezolana, PDVSA, que la Casa Blanca ha puesto bajo control de Guaidó. "Tenían el dinero para pagarme pero no me pagaron”, se quejó.

Anuncian la captura de otros tres implicados

El presidente Nicolás Maduro anunció ayer la captura de otros tres terroristas implicados en la incursión marítima del pasado domingo en el estado La Guaira.

"Tengo que informar que hemos capturado tres mercenarios más el día de hoy, fueron atrapados por el grupo de comando de mar número 82", informó el jefe de Estado en cadena de radio y televisión.

Por otra parte, las autoridades militares de Venezuela hallaron ayer tres lanchas con material de guerra y emblemas de la Armada de Colombia en un río al sur del país que, según confirmaron las autoridades de ambos países, llegaron al país arrastradas por la corriente.

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Sábado, 09 Mayo 2020 05:54

Una invasión de utilería

Policías de las fuerzas oficiales de Venezuela vigilan la zona donde ocurrió el enfrentamiento con un grupo armado que incursionó con lanchas en la costa de la localidad de Macuto / Foto: Xinhua, Marcos Salgado

La Operación Gedeón contra Venezuela.

 

La reciente invasión a la costa próxima a Caracas por pequeños comandos fue reducida por las fuerzas leales a Nicolás Maduro con sorprendente facilidad. Lo difícil, en cambio, se presenta con el cierre de las vías para los acuerdos políticos, bajo el peso de una grave crisis social y económica.

 

Rebeldes venezolanos, con el apoyo de mercenarios estadounidenses, intentaron un golpe de mano, el 3 de mayo, para atacar y quizá capturar al presidente Nicolás Maduro: a bordo de pequeñas lanchas buscaron infiltrarse por las playas cercanas a la capital, pero fueron descubiertos. Ocho resultaron abatidos y 18 fueron detenidos, según la información oficial.

El primer episodio se registró en Macuto, una población a orillas del mar Caribe y 32 quilómetros al noreste de Caracas, donde diez individuos, que arribaron de madrugada en una pequeña lancha de turismo, alcanzaron una casa en la que, se supone, tenían vehículos con armas. Los descubrió un comando policial, que los enfrentó con apoyo militar. Allí se dieron las ocho muertes y dos de los arrestos. Del lado oficial no hubo bajas.

Sólo se informó la identidad de uno de los fallecidos, el capitán de la Guardia Nacional Robert Colina (36), alias Pantera, autoexiliado en Colombia desde el año pasado. Horas después, en Chuao, pequeño pueblo costanero al noroeste de Caracas, ocho individuos a bordo de un bote fueron interceptados por pescadores, que los capturaron con ayuda de policías, sin disparar un tiro. Otros individuos fueron aprehendidos en otros puntos de la costa y en Maracaibo, la capital petrolera del Occidente, hasta completar 18 detenidos. Las autoridades aún buscan más.

Entre los cautivos de Chuao están dos capitanes retirados de la Guardia Nacional, el hijo de un excomandante general del Ejército y dos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, que sirvieron en fuerzas especiales de su país y al parecer ayudaron durante semanas a entrenar a los atacantes en una casa en el norte de Colombia. Desde allí habrían partido las lanchas para la incursión en el centro-norte de Venezuela, un recorrido de cientos de millas por aguas del Caribe.

BOINAS, MENTIRAS Y VIDEO.

En un video del interrogatorio a Denman, mostrado por Maduro en una conferencia de prensa virtual el 6 de mayo, el estadounidense declaró que actuaba contratado por la firma de seguridad Silvercorp, registrada en el estado de Florida y propiedad de Jordan Goudreau, un ex boina verde que actuó como médico militar en Afganistán e Irak.

Denman dijo que su misión era asegurar y controlar un aeropuerto para cuando llegase un avión a trasladar a Maduro. Es decir, el comando contemplaba la captura del presidente y su posterior traslado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al sucesor de Hugo Chávez de narcotráfico y otros delitos, y ha ofrecido 15 millones de dólares de recompensa por su captura, así como cantidades algo menores por una docena de sus colaboradores civiles y militares.

La madeja de la invasión, destejida parcialmente mediante revelaciones de prensa desde antes de los hechos, muestra que Goudreau pactó, con asesores de la oposición radicados en el exterior, entrenar a los expedicionarios e infiltrarlos en Venezuela para atacar instalaciones militares, propiciar levantamientos y desmembrar el gobierno. Se discute si Juan Guaidó, titular del Parlamento y reconocido como “presidente legítimo” por Washington y otro medio centenar de gobiernos, firmó o no un contrato millonario con Goudreau para financiar la fallida Operación Gedeón.

Mientras la operación fracasaba en las costas de Venezuela –obviamente el gobierno la había infiltrado y la esperaba–, Goudreau declaraba en Miami, junto con otro militar desertor de Venezuela, que Guaidó había incumplido con los pagos previstos en el contrato, los que, según el ex boina verde, sumarían 200 millones de dólares. A su vez, Guaidó negó que hubiese firmado un contrato, rechazó cualquier imbricación con el contratista estadounidense y la fallida invasión, reclamó respeto a los derechos humanos de los capturados y reiteró su demanda de que Maduro se aparte del poder para conformar un gobierno de transición que atienda la crisis y organice nuevas elecciones.

Por su parte, Maduro acusó de complicidad a Guaidó y a la oposición radical, recordó que está en marcha un proceso para renovar el poder electoral –pero no para elegir un nuevo presidente, sino un nuevo Parlamento– e insistió en la tesis oficial de que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia son cómplices de la Operación Gedeón. Bogotá rechazó la acusación, y el presidente estadounidense Donald Trump dijo que su administración nada tiene que ver con lo ocurrido. “Si hubiéramos participado, el resultado habría sido distinto”, comentó a la prensa su secretario de Estado, Mike Pompeo.

 

MIENTRAS, SIGUE LA CRISIS.

 

La Operación Gedeón sorprende a los venezolanos en su tercer año de hiperinflación (130.160 por ciento en 2018 y 9.589 por ciento en 2019, según cifras oficiales), con más del 80 por ciento de la población en la pobreza (el salario mínimo equivale a 3 dólares mensuales) y nueve de sus 28 millones de habitantes en inseguridad alimentaria, según agencias de las Naciones Unidas. Y con los servicios esenciales –agua, luz, gas, transporte y acceso a la salud– desplomados, al punto de causar decenas de protestas diarias en todo el país aun con la cuarentena implantada por la covid-19 en marcha, y de provocar, en algunos pueblos deprimidos de provincia, saqueos a tiendas de alimentos (véase “Maduro camina en un campo minado”, Brecha, 30-IV-20). El deterioro de la calidad de vida empujó a emigrar, desde 2015, a casi cinco millones de venezolanos.

Capítulo aparte merece la escasez de gasolina, en un país que durante un siglo fue un importante exportador de petróleo crudo y derivados. Las refinerías no funcionan y las sanciones impuestas por Estados Unidos dificultan la importación de combustible y, sobre todo, la obtención de divisas para poder comprarlo. Por añadidura, el desplome del mercado petrolero al caer la economía global con el avance de la covid-19 puede dejar a Venezuela con ingresos por exportaciones de crudo de apenas unos 3.000 millones de dólares, cuando hace una década rozaba los 100.000 millones anuales.

En las pocas estaciones de servicio que despachan combustible, todas de la estatal Petróleos de Venezuela, se forman durante horas o días colas de cientos de vehículos para adquirir unos pocos litros de gasolina si el propietario demuestra que trabaja en un servicio esencial en medio de la cuarentena. Venezuela tiene oficialmente la gasolina más barata del mundo, unos diezmilésimos de dólar por litro, pero en el omnipresente mercado negro tiene la más cara, hasta cuatro dólares por un litro de carburante.

Sobre esta crisis social y económica está la política, con los herederos de Hugo Chávez –fallecido en 2013– abroquelados en el poder y una oposición que no acierta a reunir fuerza y estrategia para desalojarlos. No hay acuerdos para dirimir electoralmente esas diferencias y convenir una mínima convivencia. Y ahora, al asomar la nariz mediante la Operación Gedeón la lucha política armada –aun si se trata de un grupo marginal que no expresa a la mayoría opositora–, se cierran más los caminos del diálogo, del entendimiento y los acuerdos propios de la lucha política pacífica y democrática. No es un buen presagio.

Por Humberto Márquez

8 mayo, 2020

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Washington podría privatizar la guerra en Afganistán, según John Bolton

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que está “abierto” a privatizar las operaciones militares de EE.UU. en Afganistán, en una entrevista emitida este domingo por la cadena de televisora estadounidense ABC.


“Siempre estoy abierto a nuevas ideas, pero no voy a comentar sobre lo que se piensa. Esa será finalmente una decisión del presidente”, dijo Bolton en respuesta a una pregunta sobre si la Administración está considerando emplear a contratistas privados en Afganistán en lugar del Ejército.


Bolton agregó que “siempre hay muchas discusiones” sobre las operaciones en el país asiático, que vive una guerra desde hace 17 años.


El canal NBC informó el viernes que el presidente de EE.UU., Donald Trump, había mostrado interés por una propuesta del fundador de la compañía militar Blackwater, Erik Prince, de privatizar las operaciones castrenses estadounidenses en Afganistán.


Según NBC, que citó a antiguos altos cargos de la Administración, la iniciativa de Prince consistiría en reemplazar las tropas allí desplegadas por contratistas militares, lo que ha suscitado inquietud entre oficiales castrenses, congresistas y miembros del equipo de Seguridad Nacional de Trump.


Por otro lado, durante la entrevista con el programa “This Week”, de la cadena ABC, Bolton aseguró hoy que, aparte de Rusia, existe preocupación sobre otras posibles injerencias extranjeras en las próximas elecciones legislativas en EE.UU., previstas para noviembre.


“Definitivamente puedo decir que hay una preocupación suficiente de seguridad nacional sobre una injerencia china, una injerencia iraní y una injerencia de Corea del Norte, y estamos adoptado pasos para prevenirla”, indicó.


(Con información de EFE)

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