El vicepresidente boliviano durante la entrevista.Foto La Jornada

El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder

A un tiempo intelectual y político, Álvaro García Linera reflexiona sobre la naturaleza del golpe de Estado que lo obligó a renunciar a la vicepresidencia de Bolivia y acerca del futuro inmediato de su país.

En entrevista exclusiva con La Jornada, señala que se viven horas decisivas en su país. Todo puede suceder: o debilitamiento por temor o quiebre de tolerancias morales de los afectados que desate una ola generalizada de demanda de desagravio, reconocimiento y justicia.

A continuación, una selección de parte de la charla.

–Usted y el presidente Evo Morales presentaron su renuncia al cargo. Sin embargo, ésta no ha sido leída en la Asamblea Legislativa. ¿Significa esto que ustedes conservan su mandato?

–En tanto la renuncia no sea leída por ambas cámaras juntas, llamada Asamblea, la renuncia no ha sido aceptada. Por eso hablamos de una presidenta impostora, una usurpadora –en términos coloquiales bolivianos–, una presidenta trucha, que se sostiene por una coalición entre los mandos policiales, los mandos militares, la OEA y las fuerzas políticas más conservadoras. Literalmente, han pisoteado la Constitución, la han violentado y escupido. Están manteniendo este gobierno de facto con base en la fuerza.

–¿Por qué caracterizar lo que sucedió como golpe del Estado?

–Desconocieron las normas para la sucesión. De acuerdo con la Constitución, primero está el presidente, luego le sigue el vicepresidente. Si él renuncia, está el presidente del Senado, y a continuación el de la Cámara de Diputados. No existe otro procedimiento para la sucesión constitucional. Ellos no han acatado nada de ello. No se ha aceptado la renuncia del presidente en la Asamblea, tampoco la del ­vicepresidente.

“Hay una nueva presidenta del Senado, que debería ser, ante nuestra ausencia, la presidenta del Estado. No están cumpliendo ese precepto constitucional. Se están amparando en la pura violencia física y en la complicidad de sectores políticos que le dan cuerpo a este golpe.

"La policía desconoció el mando constitucional. Se amotinó contra el mando civil desde el viernes anterior. El mando militar también desconoció al civil. Finalmente, este mando policial y el civil se han dedicado a asesinar. Están asesinando a campesinos, a pobladores de mi país. Esta sumatoria de violaciones a la Constitución y uso de la fuerza física, sin ningún respaldo legal, habla de los componentes clásicos de un golpe de Estado."

–Un golpe de Estado sólo puede realizarse con alguien que comande las operaciones y construya una coalición política. ¿Quién es ese mando en este caso?

–Está claro que, muy por encima del mando nacional, hay una fuerza que está conduciendo todo. No habría otra manera de explicar los riesgos que están corriendo los actuales mandos policiales, militares y políticos con su aventura golpista.

“Hubo matanza. Ningún mando policial ni militar actúa así, dispuesto a correr el riesgo de ser enjuiciado por genocidio en los siguientes años, si no tuviera respaldo de una fuerza superior.

“Segundo, por la acción de la OEA de sumarse al golpe e intentar legitimarlo. La OEA no actúa sola, como una voluntad de países soberanos. Actúa como mandato de un país extranjero. Estados Unidos es el que paga los viajes.

“En tercer lugar, por la presión para que no pasara por algunos países o no saliera el avión que recogió a Evo el domingo, de Cochabamba del Trópico. No fue el gobierno nacional o un partido político nacional el que presionó a Perú o a Ecuador para que eso sucediera. Está claro que tuvieron que haber sido fuerzas mucho más poderosas.

–¿Un golpe que tiene las huellas dactilares de Washington?

–Definitivamente. No hay otra manera de explicar todo lo que ha sucedido más que en términos de influencias externas, de presiones externas.

“El dinero que ha circulado para sobornar a los mandos policiales y militares, para financiar un conjunto de protestas al estilo de las clases medias tradicionales que se hacían en Chile contra Allende en los años 70, no ha salido de los empresarios locales, ha venido del exterior.

"Hay suficientes indicios y elementos que permiten deducir de manera clara y contundente la presencia de este país, que, lamentablemente hoy prefiere enterrar la democracia, asesinar indios e imponer su dictado conservador."

–¿Hay una matriz religiosa detrás del conflicto? ¿Se puede hablar de una acción en favor del golpe de las iglesias evangélicas? ¿Hay iglesias protestantes que tienen actitudes progresistas?

–Buena parte del movimiento de clase media tradicional conservador de Santa Cruz no es de sectores evangélicos, sino católicos. En varias ciudades están surgiendo movimientos católicos muy conservadores. No es casual que esto haya llevado a que el líder conservador en Santa Cruz haya hecho sus movilizaciones siempre hablando de la Biblia, tratando a sus seguidores como feligreses y combinando una especie de misa con acto de protesta. Las personas que estaban alrededor de él, y que se sentían reconocidas en él, más que evangélicas eran católicas. En el caso de Bolivia estamos ante una oleada de un catolicismo conservador más que de evangelismo conservador.

"Hay iglesias evangélicas muy conservadoras que le dan a muchas personas un sentido de refugio y de comunidad; pero también dentro de las iglesias evangélicas hay sectores progresistas, que mantienen la preocupación por la justicia, la igualdad y el reconocimiento. Es el caso de la Iglesia metodista en Bolivia. Es una de las iglesias más progresistas que hay, incluso más que la católica. Fueron los primeros en incorporar y fusionar su ritualidad a la simbología indígena."

–¿Está consolidado el golpe? ¿La resistencia popular al golpe está articulada?

–Lo que va a pasar en Bolivia es difícil decir ahora. Es, como dicen en la televisión, una noticia en proceso. En lo formal, tienes un gobierno dividido. El Ejecutivo con los golpistas. El Legislativo, tanto Cámara de Diputados como de senadores, con nosotros; tenemos dos tercios en ambas cámaras. Ninguna ley de convocatoria de elecciones, ninguna ley de nombramiento al nuevo tribunal puede hacerse sin la Asamblea, a no ser que rompan cualquier bipartidismo democrático y se gobierne por decreto, deshaciéndose de la Asamblea.

“Policía y fuerzas armadas están del lado del gobierno trucho. Están haciendo el trabajo para sostener los alfileres de esta presidenta, porque ella misma no es nadie, pertenece a un partido que no obtuvo ni 5 por ciento de la votación. En términos políticos es una aventurera. Quienes están conduciendo, tomando las decisiones, son estructuras policiales y militares.

“Por el lado popular, tienes estas gigantescas movilizaciones, que, en el caso del Altiplano, de El Alto, no son espontáneas. Están siendo promovidas por estructuras locales que se han autoconvocado. Hay microconducciones locales, territoriales. Van creando una línea de acción con base en la sumatoria, más o menos caótica, más o menos organizada, de liderazgos y de autoconvocatorias locales que se vuelven una gran convocatoria general.

“En el caso de las movilizaciones de los campesinos de Cochabamba y del Trópico hay una estructura más organizada. Pero, las organizaciones para salir a marchar una y otra vez sobre Cochabamba están también siendo tomadas por formas de autoconvocatorias local, surgidas de un agravio, que emerge y estalla.

“El gobierno trucho está matando sin ningún reparo. Estas horas son decisivas. Todo puede suceder: o debilitamiento por temor o quiebre de tolerancias morales de los afectados que desate una ola generalizada de demanda de desagravio, de reconocimiento, de justicia.

"Las dos salidas son probables. En medio está una negociación que se quiere iniciar con Naciones Unidas, embajadores, gobierno y nosotros, en la búsqueda de pacificación. Todos los sectores tienen un tipo de fuerza, de temores, de cohesiones, de divisiones. La correlación de fuerzas se mueve con fluidez. No me atrevo a decirte qué sucederá. Pero, quiero, otra vez, mostrar mi admiración por la valentía de esas mujeres, jóvenes, de esos hombres que marchan con pecho descubierto, con petardo, con un palo, para enfrentar fusiles de asalto, Kaláshnikov, tanques que están al frente, helicópteros y francotiradores."

–¿Lo que sucede es responsabilidad de Evo Morales y de Álvaro García Linera?

–Nosotros no hemos ordenando disparar a la gente. Hemos preferido renunciar, antes de ver muertos. No aceptamos sacar a las fuerzas armadas a las calles. Cuando las fuerzas armadas nos dicen: renuncien, sabíamos que eso significaba que iba a haber muertos. Por eso nos fuimos. Esos mandos policiales y militares van a ser enjuiciados. Han matado y las responsabilidades de estas muertes van a recaer hoy, en una semana, en un mes, en un año o en 25 años, en alguien. No van a poder escapar de la justicia.

"Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y el mando policial y militar actual están bañados de sangre. Esa sangre nunca podrá ser borrada. Están dispuestos a matar para mantener el capricho de su voluntad. La historia recordará a Carlos Mesa no como un mediocre o un tibio liberal, sino un consumado golpista."

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Uno de los cocaleros heridos en Cochabamba, lugar de resistencia al golpe.  Imagen: EFE

Con la narrativa de la amenaza de "grupos violentos locales y extrajeros" legitiman la represión

El ministro Murillo dijo que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez no había podido viajar a su departamento natal, Beni, por las amenazas contra ella. “La presidenta es un objetivo militar, nuestras familias son un objetivo militar”.

 

Arturo Murillo, ministro del gobierno de facto de Bolivia, es el encargado de construir una de las narrativas más peligrosas del golpe de Estado: la del enemigo interno. Su discurso ha venido en un proceso de señalamiento que cuenta con dos elementos centrales, por un lado, fabricar un enemigo imaginario y peligroso, y por el otro, victimizarse.

Esa construcción escaló un nuevo paso el día lunes cuando Murillo señaló que la autoproclamada presidenta Jeanine Añez no había podido viajar a su departamento natal, Beni, por las amenazas contra ella. “La presidenta es un objetivo militar, nuestras familias son un objetivo militar”, dijo.

El enemigo que toma forma en el discurso del gobierno de facto estaría conformado por varios elementos: grupos subversivos internos, grupos armados extranjeros, bandas narcotraficantes bolivianas y mexicanas e integrantes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Usarían “armas de grueso calibre”.

El gobierno de facto busca así victimizarse y legitimar la acción represiva, tanto de la Policía Nacional Boliviana como de la Fuerza Armada Bolivia. Esta última tuvo un despliegue en tres pasos. En primer lugar, salió a las calles a militarizar ciudades y carreteras, luego fue exenta de responsabilidad penal en las operaciones, y finalmente este lunes le fue aprobada una partida adicional de 4 mil 800 millones de dólares.

La construcción del enemigo interno busca otro objetivo más: negar la responsabilidad en las muertes. Así Murillo negó que hayan 24 asesinados, a pesar de que ese número haya sido proporcionado por la Defensoría del Pueblo, dijo que solo existían 9 muertos, de los cuales 2 había sido asesinados con tiros de frente con calibre no convencional, es decir que no usa las fuerzas de seguridad del Estado.

Por lo tanto, el gobierno de facto sería objeto de un ataque armado para desestabilizarlo que tendría en su autoría intelectual a las fuerzas del Movimiento Al Socialismo (MAS), es decir del proceso de cambio que tiene a Evo Morales en su dirección.

Morales, quien se encuentra asilado en México, se refirió a la situación represiva del país, y denunció que intentan “culparnos por las 24 muertes causadas por su “presidenta” autonombrada en 5 días”.

También declaró, en una entrevista a la cadena Al Jazeera, que busca volver para terminar su mandato que culmina el 22 de enero del 2020: “Está bien, todo por la vida, por la democracia, retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato (…) estoy buscando una forma legal de volver y estar con la gente que resiste la dictadura, el golpe”, afirmó.

Esa resistencia ha continuado su proceso de crecimiento en lugares de visibilidad, como La Paz, El Alto, Cochabamba, así como en carreteras del país, ciudades intermedias y pueblos. Es un levantamiento encabezado por diferentes movimientos que piden que Añez renuncie a lo que nunca le correspondió por la Constitución.

La respuesta del gobierno de facto, además de la represión y los asesinatos, ha sido la de descalificar las protestas: “Hay bloqueos en varios puntos del país, pero no hay demandas, ¿cuáles son las demandas?, no entiendo”, afirmó Murillo.

Junto con este escenario sigue sobre la mesa una de las cuestiones centrales: el llamado a elecciones. El discurso golpista sostiene que el gobierno de Añez es únicamente transitorio, y que sólo ha venido para “pacificar” y convocar a “elecciones libres”.

La forma de convocatoria a esas elecciones y las condiciones de participación son lo que está siendo objeto de debate. El gobierno de facto cuenta con el problema de la mayoría parlamentaria del MAS, una piedra de tranca para avanzar en la designación de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, la decisión que pareciera tomarse, sería conformar un “órgano electoral interino elegido por consenso”, según apareció en la propuesta presentada por el ex presidente boliviano Tuto Quiroga. En esa propuesta Evo Morales no podría presentarse.

La necesidad electoral ha sido enunciada también por Carlos Mesa, quien pidió públicamente que se hiciera el llamado y que el MAS reconozca al gobierno de facto.

Esa desembocadura electoral es una necesidad por dos razones. En primer lugar, porque el golpe de Estado busca presentarse como institucional y democrático, y, por lo tanto, parte de esa construcción demanda una salida por los votos. En segundo lugar, porque la presión de las movilizaciones conforma un cuadro que el golpismo no logra controlar.

Un ejemplo de esta situación es la ciudad de La Paz, donde se presentan dificultades de abastecimiento de alimentos. La cuestión temporal es uno de los factores determinantes, y el gobierno de facto, los poderes reales del golpe de Estado saben que resultaría difícil mantener esta situación de autoproclamación por un tiempo prolongado. Buscan, antes de convocar a elecciones, haber generado todas las condiciones de persecución y proscripción que necesitan. 

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Domingo, 17 Noviembre 2019 06:16

Licencia para matar y salir impune en Bolivia

En Cochabamba, ciudadanos rodean los féretros de los muertos en la represión de Sacaba. Imagen: AFP

Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal le dio inmunidad a las FF.AA.

El decreto 4078 aprobado por Añez deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

Fueron nueve muertos y ciento quince heridos en la ya denominada masacre de Cochabamba. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, informó el representante de la Defensoría del Pueblo para Sacaba, Cochabamba, Nelson Cox. Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax, añadió.

Son así un total de 24 muertos en Bolivia, según declaró la Defensoría del Pueblo. Esas cifras grafican lo que se ha vivido en el país a partir del golpe de Estado concretado el pasado domingo cuando el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a renunciar.

La escalada represiva y de muerte a escalado forma vertiginosa y el anuncio del sábado anticipa que aumentará. En efecto, fue conocido el decreto 4078, aprobado por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”.

El decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

El conocimiento de la orden dada por el gobierno generó reacciones adversas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera, cinco días después del anuncio de la Fuerza Armada Boliviana (FAB) de salir a las calles, se hizo oficial la autorización para proceder a actuar con impunidad.

“Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.

La presencia de la FAB en las carreteras del país y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto.

A partir de esa noche comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se hicieron presenta a diario en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede de gobierno y el poder legislativo. Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.

Esta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Añez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de “grupos subversivos armados”. De esta manera los tres elementos centrales han sido puestos en marcha: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.

En ese marco tuvo lugar la reunión entre el enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, y Añez. Arnauld explicó en sus declaraciones que se reunirá con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.

La cuestión electoral también fue abordada en una rueda de prensa dada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Allí anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el día martes para tratar la convocatoria a nuevas elecciones.

Una de las respuestas al anuncio vino por parte Oscar Ortiz, actual senador, ex candidato presidencial, quien afirmó que la convocatoria “busca desestabilizar la transición democrática” y, agregó, que “el MAS busca la convulsión”.

El tema electoral es una de las variables centrales de la actual situación. Quienes encabezan el golpe de Estado y actual dictadura anunciaron desde el inicio que existirá una convocatoria a elecciones presidenciales. Para eso es necesario la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito legislativo.

Aún no se sabe si existirá el acuerdo para el TSE o si el gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución. Mientras tanto avanza en uno de sus objetivos centrales: perseguir a dirigentes políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en escenarios como la masacre de Cochabamba.

El plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado las fuerzas del proceso de cambio, de los movimientos sociales que han tomado las calles, del MAS, y ha anunciado, a través del decreto de impunidad, que avanzará en ese plan. Cuenta, para sostenerse, con la FAB, la PNB, la clase política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de la protección político-diplomática norteamericana.

La situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras: sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede.   

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 Madres de falsos positivos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército colombiano, hablaron en tribunal de paz JEP

15 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales comparecieron en el Tribunal de Paz y exigieron investigar a funcionarios del Gobierno

 

“Llevo 15 años en la lucha por la verdad”, "llevo 10, 11…" "Vinimos a decir que nuestros hijos, hermanos, esposos no eran guerrilleros, ni criminales". "Que los militares que los ejecutaron no están diciendo la verdad, y que nosotras estamos recibiendo amenazas". Las voces de los familiares de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, el asesinato sistemático de civiles que eran presentados después como guerrilleros caídos en combate y uno de los hechos más vergonzosos para el Ejército de Colombia, se escucharon en el Tribunal de Paz este jueves. Sus relatos se fueron sumando como un coro de injusticias acumuladas durante muchos años.

Cada vez que narraban sus historias y alguno se quebraba o apretaba el cuerpo para contener el llanto, algunos de los oyentes a esa audiencia inédita bajaban la cabeza. Colombia conoce sus casos pero no lo que soportaron estas familias después del asesinato de sus hijos. Eran las víctimas, pero pedían perdón por llorar.

Tras la firma del acuerdo de paz, 162 militares —desde soldados hasta generales— han acudido a este tribunal a contar voluntariamente su participación en este caso llamado 03 o Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Buscan beneficios jurídicos a cambio de entregar información y reparar. Esta vez les correspondía a las víctimas hacer observaciones al caso que lleva la justicia.

“Vinimos a decirle a la JEP que los militares no están diciendo la verdad. No queremos pañitos de agua tibia, queremos saber quiénes son las cabezas, esclarecer los hechos, limpiar el nombre de nuestros hijos”, dijeron antes de comenzar la audiencia. Después, rezaron tomadas de las manos. Pedían fuerzas para relatar una vez más lo vivido y solicitarle al tribunal que llame también a civiles para que declaren, incluidos los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, presidente y ministro de Defensa, durante la época de las ejecuciones.

“Aquí hay algo mucho más grande. Hay que mirar el papel del Cuerpo Técnico de Investigaciones; escuchar también a Medicina Legal (instituto forense del país). Es muy raro que sea la misma médica forense la que haya firmado los documentos de todos estos muchachos o que el CTI haya hecho levantamientos a muchachos con botas nuevas y al revés”, comenzó con aplomo Jaqueline Castillo, después de contar cómo mataron a su hermano Jaime Castillo y ella viajó a rescatar el cuerpo de una fosa común.

Cada víctima intervino con la imagen de su hijo al costado. Como su fortaleza. “Vengo a contar quién era”, repetían. Aún recuerdan con dolor cuando el expresidente Uribe dijo que estos eran delincuentes y él tuvo que rectificar sus palabras bajo orden judicial. El clamor compartido de las madres es que las investigaciones lleguen a niveles más altos, que se establezcan las responsabilidades en la cadena de mando, no solo a quienes dispararon; y que se investigue también la desaparición forzada de la que fueron víctimas sus familiares.

Un fenómeno nacional

“El caso de los jóvenes de Soacha ilustra un fenómeno nacional. Hoy sabemos que ocurrió en todo el país, menos en la isla de San Andrés. Al menos 2.248 personas fueron ejecutadas de esta forma y creemos que la cifra se queda corta. Todo esto es gracias al coraje de ustedes”, les dijo, empática, la magistrada Catalina Díaz a las madres.

Fueron relatos desoladores y revelaron el espíritu humilde de todas las víctimas. Jóvenes que aceptaban trabajos para ayudar a su familia o incluso, vaya paradoja, soñaban con ser soldados. No es extraño. En los barrios más pobres de Colombia entrar al Ejército o a la policía es la vía más expedita para tener un ingreso económico. Y ante la falta de acceso a la universidad, en un país donde un semestre puede costar 2.000 dólares, esa era la única aspiración. De ese caldo de inequidad se valían los reclutadores que los engañaron.

Las madres revelaron también lo que han padecido buscando justicia durante estos años, cómo fueron ellas las propias investigadoras, cómo excavaron para exhumar a sus hijos y contaron los hechos absurdos de los que han sido víctimas. “Como en Colombia no te dan trabajo si no tienes la libreta militar, mi otro hijo tuvo que entrar a prestar el servicio militar”, contó Rubiela Giraldo, otra de las madres. “Ahora está enfermo. Dice que siente rabia y asco por portar el uniforme de quienes mataron a su hermano”. Por eso pidieron que sus familiares estén exentos del servicio militar, que en Colombia es obligatorio.

También recordaron que ellas siguen pagando deudas millonarias por tener los restos de sus hijos en los cementerios. “Si los militares hicieron vaca (reunieron dinero) para matarlos, entonces que junten plata para pagar las deudas de los cementerios”. Exigieron que el Ejército reanude un proyecto de mausoleo que les había prometido. Hubo también revelaciones macabras, como la de Luz Marina Bernal quien dijo que a su hijo se lo entregaron sin brazos ni piernas; o como la existencia de un falso positivo que está desaparecido, además de las amenazas de muerte que han recibido por denunciar.

La audiencia también sirvió para recordar a sus familiares con ternura. Sus sueños truncados: de ser cantantes, veterinarios, de entrar a la universidad, de comprar una casa. Y sobre todo, lo que han perdido las familias con su muerte: “Jony Duvián era el payaso, el que nos hacía reír. Después de que me lo mataron en mi casa ya no se baila. Todo eso murió”, dijo Zoraida Isabel Muñoz. Y al final, hubo espacio para la ironía a través de redes sociales: “Aquí terminan nuestras intervenciones. Gracias por soportar nuestros relatos. Pero este es su país”.

Lo que sigue

El proceso que sigue se avizora largo. La Jurisdicción Especial para la Paz priorizó 6 regiones de Colombia y aún falta más investigación sobre otros batallones del Ejército. En el caso 03 Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, los magistrados tendrán que contrastar las versiones de los militares; recabar más información y llamar a otros comparecientes. Algunos civiles han solicitado acogerse al Tribunal.

“Nuestra tarea es enorme pero no vamos a ahorrar ningún esfuerzo en la contrastación lo que han dicho, con los reclamos que ustedes tienen, cruzar la información que venga de la justicia ordinaria. Pero aunque nos duela como sociedad, es mejor reconocer lo que pasó para que no se repita”, agregó la magistrada, Catalina Díaz.

Sobre la petición de llamar a Uribe y Santos a declarar, el magistrado Oscar Parra aclaró que la Jep no tiene jurisdicción para juzgar a expresidentes. “Ahora bien- dijo- todo tipo de solicitudes en un proceso judicial tienen que ser analizadas y contestadas. Estas serán valoradas por la Sala de Reconocimiento de la JEP en el momento pertinente”.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 18 OCT 2019 - 11:52 COT

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"Decepción y desaliento" en las FFAA brasileñas

Justo cuando los militares conquistaron el mayor espacio político en un gobierno en democracia, los presupuestos de Defensa se derrumbaron, haciendo que las dos prioridades estratégicas, defensa de la Amazonia y el desarrollo de los yacimientos off-shore (pre-sal), resulten desatendidos por largo tiempo.

"La defensa de Brasil está abandonada", escribe Roberto Mangabeira Unger, en un artículo que lleva ese título, publicado en Folha de Sao Paulo a mediados de setiembre.

Con datos elocuentes, asegura que el presupuesto de Defensa como participación del PIB está cayendo en el último cuarto de siglo, siendo similar al de Argentina (1,3%) y mucho más bajo que el de países de los BRICS como India, que alcanza el 2,4%.

Mangabeira es uno de los intelectuales más destacados de Brasil, profesor en Harvard y quien formuló la Estrategia Nacional de Defensa (END) en 2008, siendo ministro de Asuntos Estratégicos de 2007 a 2009 y en 2015, bajo los gobiernos de Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. De modo que sus opiniones tienen un peso considerable.

En el mencionado artículo, sostiene que en el Gobierno actual la presencia de militares es aún mayor que bajo la dictadura militar (1964-1985). Mangabeira sostiene que "no hay desarrollo sin afirmación rebelde del camino nacional", y agrega que la END defiende la creación de un complejo industrial de defensa capaz de impulsar la economía por su "vanguardismo tecnológico".

Finaliza su artículo acusando al presidente Jair Bolsonaro de "dejar al Brasil indefenso, mientras alardea de sumisión a EEUU y renuncia a cualquier estrategia nacional de desarrollo que no se resuma en agradar a los mercados financieros". "Brasil se hunde en el estancamiento y la mediocridad", concluye.

La reaparición de Mangabeira se produce en un momento en el cual los cuarteles manifiestan "decepción y desaliento", según un artículo publicado el mismo día por O Globo. Para 2020 el presupuesto de Defensa registra una caída del 35% respecto a 2019, que ya era bajo, lo que supone cortes en los proyectos estratégicos de más del 30%.

Los proyectos más afectados incluyen las tres armas.

El Ejército encargó 1.580 unidades del blindado Guaraní, del cual ya fueron entregadas 300 unidades por la empresa Iveco. Se estimaba que el proyecto iniciado en 2012 finalizaría en 2031, pero ahora se adelanta que el último blindado será entregado en 2040. Para esa fecha "el carro no estará obsoleto, pero tal vez lo esté el concepto de defensa que lo involucra", dijo un general a los diputados.

La Marina está viendo su presupuesto recortado en 18%, lo que retrasa el cronograma de entrega de submarinos, cuatro convencionales y uno nuclear. El proyecto comenzó en 2008, con la firma de un acuerdo con Francia que prevé traspaso de tecnología, cuestión que molestó especialmente al Pentágono.

La Fuerza Aérea prevé la construcción de 36 cazas Gripen con la sueca Saab, con transferencia de tecnología y fabricación de una parte del lote en Brasil, por parte de Embraer. Aunque ya le fue entregada la primera unidad, el recorte del presupuesto en un 52% agrava la falta de aparatos adecuados para la defensa del país, en contraste con Venezuela que posee 24 cazas rusos SU-30 y misiles S-300.

Otros proyectos afectados son el carguero militar KC-390, capaz de transportar hasta 21 toneladas, con el que Embraer pretende competir con los Hércules C-130, con la ventaja de sus motores a reacción que le dan mayor velocidad. Este programa estaba dotado con 1000 millones de reales anuales, pero para 2020 sólo le destinarán 548 millones, poco más de la mitad.

El programa de submarinos, denominado PROSUB, obtuvo 2.500 millones de reales en 2014, para caer a 1000 millones en 2020. En tanto, el sistema de monitoreo de fronteras (SISFRON), clave para la defensa de la Amazonia y el control de incendios, tuvo un presupuesto anual de más de 1000 millones de reales entre 2015 a 2017, para caer a sólo 643 millones en 2020.

Con semejante panorama, los militares no pueden estar satisfechos. Enfrentan tres problemas fundamentales, que se están convirtiendo en temores que pueden afectar su legitimidad ante la sociedad.

El primero es la alianza de sectores importantes de la burguesía brasileña, que se manifiesta en esta ofensiva de dos medios tan importantes como O Globo y Folha de Sao Paulo. El primero es un emporio mediático que controla desde televisoras hasta periódicos, que jugó un papel importante en la caída de Dilma Rousseff y en la expansión de la Operación Lava Jato contra Lula.

Folha encarna el pensamiento de una parte sustancial de los políticos y empresarios paulistas, los que toman las decisiones importantes en Brasil. Están diciendo que ya no aguantan a Bolsonaro y le envían un mensaje a los militares, que son los únicos que pueden apartarlo del poder, entregándolo a su vice el general Hamilton Mourao.

El segundo es un llamado de atención a que Brasil no sólo no tiene defensa sino que tampoco cuenta con una estrategia creíble y sólida como la que tuvo bajo los gobiernos de Lula (2003-2010), durante el régimen militar y, sobre todo, bajo los gobiernos de Getúlio Vargas que modernizaron el país (1934-1945 y 1951-1954). 

La estrategia militar los lleva a ocupar cargos de gobierno con el objetivo de enrumbar al país en una dirección determinada. Ocupar esos espacios sólo para obtener remuneraciones elevadas o para evitar que otros, probablemente peores que ellos, lo hagan, los deslegitima ante la sociedad. Sacar a Brasil de la crisis está siendo más difícil de los que pensaban que Lula y el PT representan el mal, sólo por ser de izquierda.

El tercer problema se relaciona con el tiempo. Mangabeira finaliza con un alegato casi subversivo: "Levántese pueblo brasileño para oponerse a este plan contra la patria". El desgaste de Bolsonaro, con intervenciones fuera de lugar en cada sitio al que acude, como su reciente discurso en Naciones Unidas, puede arrastrar a las Fuerzas Armadas a niveles de desprestigio como nunca antes conocieron.

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 El comandante del Ejército colombiano, Nicacio Martínez Espinel. LUISA GONZALEZ REUTERS

El general Nicacio Martínez elaboró un documento que llama a “construir una narrativa” unitaria ante la Comisión de la Verdad y el tribunal de paz

Colombia se juega la verdad de su conflicto armado de más de medio siglo. Y los militares son conscientes de la trascendencia y de las consecuencias políticas y legales de ello. A eso apunta una nueva directriz, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, firmada por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en la que da pautas a los militares para “la construcción de una narrativa marco del conflicto armado colombiano” ante los requerimientos que hace la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este último, el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

El documento, con el nombre de Plan 002811, del 13 de marzo de 2019, va dirigido a los jefes del Estado Mayor de Comando del Ejército. En él, Martínez les ordena tener un plan coordinado para la comparecencia de militares ante las dos instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Y establece las “líneas de contra argumentación” que usará el Ejército ante éstas, en lo que apunta a la construcción de una verdad institucional coordinada.

La narrativa –dice el comandante del Ejército– “busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica” y se hará a través de tres frentes: “Las líneas de contra argumentación, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de afectación de las víctimas militares”.

En los últimos meses, 2.000 militares se sometieron a la JEP y rendirán versiones sobre su participación en los llamados falsos positivos –ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron presentados como guerrilleros a cambio de recompensas– y otros casos emblemáticos. “Las líneas de contra argumentación constituirán una guía para las contribuciones que potencialmente hagan los miembros del Ejército Nacional en el marco del trabajo de la CEV (Comisión de Esclarecimiento de Verdad), y eventualmente a la Justicia Especial para la Paz; deberán ser conocidas; discutidas, ampliadas y comentadas entre los potenciales contribuyentes del Ejército al trabajo de la CEV; así mismo incorporadas como directriz de trabajo la institución en los ámbitos de verdad, memoria y justicia transicional”, agrega el documento.

La Comisión de la Verdad –presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux– comenzó a finales del 2018 sus tres años de mandato. Su propósito es entregar un informe final que dignifique a las víctimas y arroje luces sobre el complejo y extendido conflicto colombiano, que involucró a guerrillas, grupos paramilitares y fuerzas del Estado. Es una entidad de carácter extrajudicial, que no pretende aportar una verdad jurídica, pero trabaja en coordinación con la JEP. Esta última es la encargada de juzgar los crímenes más graves, con beneficios judiciales a cambio de confesiones y reparación a las víctimas, en un periodo de 15 años prorrogables por otros cinco.

La Comisión ha venido enfrentando hasta ahora obstáculos de acceso a la información. En los nueve meses de vigencia que tiene la CEV no han recibido ni un solo documento por parte del Ejército. Aunque el informe final del conflicto se entregará en 2021, los comisionados deben tener la información con tiempo para contrastar los hechos.

EL PAÍS buscó comunicarse con la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército para conocer cómo garantizará que esta directriz no incida en los relatos que los militares cuentan ante la Comisión y la JEP, sin obtener respuesta.

El segundo eje del Plan será destacar los “casos emblemáticos” de violaciones al Derecho Internacional Humanitario en los que participaron grupos como las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –hoy desarmadas y convertidas en partido político en virtud del acuerdo de paz sellado a finales de 2016–. Para esto, Martínez le pide a los oficiales que acopien documentos y estadísticas de cómo las FARC afectaron a cada jurisdicción militar. Finalmente, y en línea con estas dos estrategias, el relato institucional del Ejército buscará mostrar cómo estos han sido víctimas del conflicto armado. “La información de las víctimas del Ejército Nacional será enmarcada dentro de dos circunstancias particulares, cuando han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos o graves infracciones al DIH”. Para eso anexan un formato que debe ser llenado por las unidades operativas. Para completar el relato, Martínez también ordena que se haga un listado de las acciones sociales del Ejército en los territorios y la designación de un sociólogo, un oficial de inteligencia y uno de operaciones para la construcción de la narrativa.

En el último año, el Ejército ha estado en la mira de la opinión pública en Colombia por cuenta de otra orden firmada por el general Nicacio Martínez en la que se pedía aumentar las bajas en combate y alimentaba el temor por el retorno de los incentivos que favorecieron los falsos positivos. Tras la controversia, la orden fue retirada. Por otro lado, la cúpula ha enfrentado denuncias de diversos tipos de corrupción que han provocado la salida de la institución de cinco generales.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 20 AGO 2019 - 20:24 COT

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Un narco en la comitiva de Bolsonaro para el G 20

La Guardia Civil española arrestó al sargento de la Fuerza Aérea Brasileña Manoel Silva Rodrigues con 39 kilos de cocaína guardados en su maleta.

Jair Bolsonaro arriba hoy a Japón para participar en su primera Cumbre del G-20 salpicado por el escándalo de tráfico internacional de cocaína en el que está implicado un militar de su comitiva. La Guardia Civil española arrestó en el aeropuerto de Sevilla al sargento de la Fuerza Aérea Brasileña Manoel Silva Rodrigues con 39 kilos de cocaína guardados en su maleta. El militar integraba la misión de avanzada enviada por el gobierno a Osaka.

Celso de Mello, juez del Supremo Tribunal Federal,  preguntó a sus colegas en el Plenario, si el hallazgo de “drogas en un avión militar al servicio de la Presidencia de la República” no debería ser motivo de una investigación a fondo.   El Partido de los Trabajadores, a través de la diputada Maria do Rosario, requirió informaciones al ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva, sobre “el caso de las drogas encontradas en el avión de la comitiva de Bolsonaro”.  Fuentes parlamentarias consultadas por este diario no descartan convocar al general Augusto Heleno, ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional.

La detención del militar ocurrió el martes pasado al mediodía a poco de aterrizar en España  un avión Embraer-190 de la Aeronáutica. Estaba previsto que el ahora preso sargento Silva Rodrigues, comisario de a bordo, retornara a Brasil la semana que viene en el mismo avión que  Bolsonaro.

Si el asunto reviste en sí mismo una gravedad considerable, ésta se agiganta cuando se repara en que al llegar al Palacio del Planalto Bolsonaro ordenó una “purga” de todos los funcionarios sospechados de izquierdistas o que no fueron de su confianza personal. Ese celo es tanto o más severo respecto de los militares de su entorno y del personal de seguridad, de lo cual se infiere que el sargento de la Aeronáutica que cargaba siete ladrillos de cocaína deber haber superado varios filtros para desarrollar actividades sensibles tan próximas al mandatario.

Ayer el presidente y capitán retirado del Ejército arribó a Lisboa en un Airbus 319 de la Aeronáutica para una escala técnica antes de continuar hacia Japón. En principio su plan de vuelo contemplaba una parada en Sevilla pero a último momento se optó por la aeroestación portuguesa Figo Maduro a raíz del decomiso en Andalucía, donde ayer fue a declarar el imputado. 

“Fui informado por el Ministerio de Defensa de la detención en Sevilla de un militar de la Aeronáutica portando estupefacientes”, tuiteó además de editar imágenes suyas en Lisboa. “Las Fuerzas Armadas tienen cerca de 300 mil hombres y mujeres formados en los más íntegros principios de la ética y la moralidad”, destacó con algo de sobreactuación el jefe de Estado.

Para el general Hamilton Mourao, presidente en ejercicio durante la ausencia de Bolsonaro, el sargento Silva Rodrigues es “una mula calificada”, de las que al parecer hay en buen número dentro de la Aeronáutica. “Las Fuerzas Armadas no están inmunes al flagelo de la droga, no es la primera vez (que detienen a un militar) ya sea de la Marina, el Ejército o la Fuerza Aérea”, sostuvo Mourao, en explícita discrepancia con las palabras de su jefe. “Ahora lo más importante es ver las conexiones que él (preso) puede tener (..) con seguridad existen conexiones” en el exterior, insistió  el mandatario interino.

De acuerdo con Naciones Unidas, desde hace años Brasil se convirtió en el país desde donde parten los más importantes cargamentos de cocaína colombiana, peruana y boliviana hacia Europa. De lo cual dan prueba las frecuentes detenciones de capos de la mafia italiana, especialmente la N´drangueta calabresa, en Brasil desde donde gerencian el negocio.

El caso repercutió en los medios españoles  y de otros países de tal modo que se da por descontado que Bolsonaro se las verá en figurillas cada vez que tenga que ofrecer una conferencia de prensa, tal  como ocurrió en enero durante el Foro de Davos cuando suspendió un encuentro con periodistas para evitar a temas incómodos.

Con sólo seis meses en el poder el ex capitán posiblemente sea uno de los líderes con peor imagen internacional entre los que se reunirán en la cita japonesa. En mayo  se vio obligado que suspender una visita agendada a Nueva York para evitar el escarnio de ser considerado persona no grata por su alcalde, Bill de Blasio , precandidato presidencial  del Partido Demócrata, y evitar las manifestaciones convocadas  por el movimiento GLBT y grupos ambientalistas.

En Francia fue aprobada la construcción de una plazoleta con el nombre de Marielle Franco la activista asesinada en Río de Janeiro por presuntos paramilitares, o “milicianos”, sospechados de vínculos con el “Clan Bolsonaro”. Y el presidente Emmanuel Macron, con quien se reunirá el viernes, lo criticó por su política respecto de la Amazonia y haber amenazado denunciar el Acuerdo de Paris sobre cambios climáticos.

Ayer la  canciller alemana  Angela Merkel consideró “dramática” la situación brasileña bajo la administración bolsonarista.

En la agenda de encuentros del brasileño se destaca el que tendrá con Donald Trump, que será el segundo en cuatro meses, y con el mandatario chino Xi Xinping. Hasta el momento, el brasileño no fue convidado a una reunión de los mandatarios del grupo Brics que se celebrará al margen del G 20.

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¿Estado de opinión o dictadura neo paramilitar?

 

 Duque tiene hoy un 63% de desaprobación ciudadana y el desgaste crece después de un año de haberse posesionado en la Casa de Nariño como Presidente de la Republica, en un modelo hibrido de gobierno compartido con su principal promotor y jefe político, el caudillo asesino del Ubérrimo.

La coyuntura no es precisamente de coincidencias y ascendiente del gobierno y del Centro Democrático uribista sobre la opinión pública debido a la terrible y demencial tragedia que afecta a miles de líderes sociales, de los derechos humanos y de reincorporados de la guerrilla de las Farc, sometidos a una cruel y espantosa cacería por el neoparamilitarismo heredero de los escuadrones de la muerte constituidos en los gobiernos de Uribe Velez y Santos. A lo se debe agregar la explosiva crisis de gobernabilidad por el deplorable modo corporativo de la gobernanza implementada por Duque; el estancamiento económico; el fracaso de la ofensiva contra el gobierno del Presidente Maduro para derrocarlo e imponer una marioneta de la potencia trumpiana en declive geopolítico por la emergencia de otros polos de poder en el escenario global; y la destructiva agenda para hacer trizas, cuando no risas, los acuerdos de paz firmados con las Farc, no obstante ser los mismos una simple replica de los Manuales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para promover una “paz liberal” y “neocolonial”, que en nuestro caso contó con la entusiasta colaboración de un sector de la guerrilla fariana, hastiado y agotado con sus principios y valores históricos antisistemicos (de estirpe marxista y leninista), deslumbrado con la democracia burguesa y sus ejes centrales, tanto políticos como económicos, particularmente con el mecanismo del mercado neoliberal y con las practicas del clientelismo y la corrupción para despojar los dineros públicos y colectivos; tal como lo hace Alape con los dineros para los proyectos productivos de los reincorporados, manejados como dineros de bolsillo y de cocina, en compadrazgo con Archila el de la estabilización del post conflicto; o como lo practica Granda convertido en nuevo rico, empresario y mecenas de imprentas y periódicos en bancarrota, los cuales repiten una conocida leyenda de coincidencias con la burguesía liberal parasita del Estado.

En vísperas de iniciarse a fondo la “guerra contra las drogas” con el uso del glifosato en extensas zonas rurales y urbanas y en la perspectiva de las elecciones locales para escoger alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles en las votaciones del próximo 27 de octubre, la estrella y cerebro del gobierno lanzo la propuesta de constituir un “Estado de opinión” en el que según este genio de la política neofascista occidental, quien prevalece es el pueblo con su opinión, que en realidad es la del caudillo mesiánico, protector de la masa, guía supremo y dueño absoluto de la nación y el Estado, a la manera como lo hacían Hitler y Mussolini.

Ese “Estado de opinión” ya tiene sus instrumentos y objetivos establecidos. Se trata de un referendo impulsado por las redes y fichas del uribismo para acabar con la Justicia Especial de Paz (JEP), revocar a todos los magistrados de las Cortes, reducir el tamaño del Congreso y crear una Corte única de justicia.

En la retórica reaccionaria del neofascismo criollo esa propuesta no es algo nuevo. Desde los años 30 con Silvio Villegas y su Estado racista y anticomunista; desde la Constituyente corporativa de Laureano Gómez en 1953; y desde el Estatuto de Seguridad turbayista en 1980, es una idea que ronda y alimenta el alma podrida del sector más violento de la clase dominante nacional.

Digamos que es la “tentación totalitaria y despótica” de los núcleos mas retardatarios del país, alérgicos a los derechos de los trabajadores, a las libertades democráticas y opositores cerrados del socialismo.

El “Estado de opinión” se propuso en los dos gobiernos de Uribe Velez (2002-2010) y en plena retaliación contra las Cortes, objeto de linchamientos e interceptaciones telefónicas para propiciar los montajes judiciales y la implantación de la parapolítica en el Congreso, el Das, el Ejercito, la Policía, el Ministerio de Hacienda y en múltiples órganos del Estado en todos los niveles. Fue la época del auge de la arbitrariedad, la persecución y los montajes judiciales como el que se me orquesto desde la Secretaria General de la Presidencia en el año 2007, para acusarme de ser parte de las redes financieras de las Farc a cargo de Raúl Reyes.

Todo eso ocurrió en el momento en que se desplego la mayor presión para cambiar la Constitución del 91 y facilitar la reelección perpetua del Caudillo de marras, por fortuna fracasada.

Digamos que hoy el “Estado de opinión” es una especie de significante vacío planteado para articular y acumular todas las perversas pretensiones de las facciones mas violentas de la oligarquía, incluido el asalto en octubre de las 1113 alcaldías y las 34 gobernaciones, mediante la configuración de alianzas con el viejo partidismo liberal (Gaviria) conservador (Pastrana), duramente cuestionado por la indignación ciudadana con el cinismo de los politiqueros que se las arreglaron para hundir uno de los proyectos anti corrupción mas emblemáticos como era el de sus pender el subrogado penal de la casa por cárcel para los atracadores del gobierno.

A partir del Referendo, de la consulta sobre la prohibición al consumo mínimo y de la oferta de una demagógica mesada salarial adicional a los trabajadores, lo que se pretende es dar el salto a una Constituyente aceitada a base de “mermelada”, al amaño del caudillo para remodelar el Estado social de derecho e implantar una dictadura neoparamilitar de excepción en el que se extirpe la verdad sobre los crímenes de quienes mediante masacres y asesinatos desplazaron en las últimas tres décadas, más de 8 millones de colombianos despojándolos de casi 7 millones de hectáreas rurales hoy en manos del gamonalato regional que añora la dictadura y la eliminación de la democracia y las libertades políticas; y en la que se profundice la masacre y el exterminio de los líderes sociales, de los derechos humanos y de los ex combatientes de las Farc dejados a la deriva por la cúpula colaboracionista y gobiernista de Timochenko.

De lo que se trata es de dar impunidad a los autores de la guerra, el exterminio y el desplazamiento mediante privilegios judiciales para los poderosos que monopolizan la maquinaria del Estado y la violencia por el acceso preferente al armamento de que dispone el mismo.

A Duque, en pleno extravió autoritario, la idea la cae de perlas para poder aplastar en su momento la inconformidad popular que ha tenido momentos de auge histórico en los últimos doce meses con la huelga universitaria y la Minga indígena y campesina. Inconformidad que sigue vigente y en disposición de expresarse con mayores bríos multitudinarios.

Acudir a al régimen de conmoción se contempló recientemente para la extradición exprés de Santrich. La idea se descarto por el amplio rechazo que provoco entre los partidos de oposición, los organismos internacionales y la sociedad civil.

Pero el objetivo sigue vivo, pues el recurso del régimen de excepción parece ser la única ruta para destrabar a Duque y a su endeble gobernabilidad, dando vía libre a un devastador régimen dictatorial neoparamilitar que sofistique el uso de la violencia para eliminar la resistencia democrática y popular aupada por el clima creado con los diálogos y acuerdos de paz.

El “Estado de opinión” de Uribe/Duque ciertamente es una grave amenaza para Colombia que debe ser denunciada en el marco de la actual campaña electoral para desenmascarar toda su carga fascistizante.

El “estado de opinión” es la herramienta convenida para aplastar la fractura en el aparato militar que se visibiliza y crece con el ingreso de decenas de oficiales, sub oficiales y soldados profesionales a la JEP para contar la verdad de los “falsos positivos”, las masacres y el auge del paramilitarismo promovido desde los gobiernos de Uribe, Duque y Santos. Para contar como los poderosos de la banca, la tierra, la ganadería, las multinacionales, las empresas petroleras, mineras, bananeras, la Embajada americana, financiaron y financian la violencia contra las organizaciones sindicales, populares, los partidos de oposición, la prensa independiente y los lideres sociales.

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El tribunal de paz de Colombia estudiará un informe sobre más de 150 ejecuciones extrajudiciales

Los casos de casi 300 víctimas presentados por organizaciones de derechos humanos ponen bajo la lupa a la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008

 

 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal colombiano encargado de investigar los crímenes del conflicto armado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, estudiará un nuevo informe sobre el asesinato sistemático de civiles presentados después como bajas en combate. El sistema de justicia nacido de los acuerdos de La Habana recibió el sábado documentación de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales con casi 300 víctimas presuntamente perpetradas por la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008 en la región Caribe.

Estas acciones son atribuidas esencialmente a la Segunda Brigada y a la Décima Brigada Blindada de la fuerza armada terrestre. "Si bien en varios de los casos se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de baja graduación, persiste la impunidad respecto de máximos responsables, por lo que se solicita a la JEP llamar a responder a los integrantes de la plana mayor. Igualmente, se pedirá a la JEP adoptar acciones para garantizar la efectiva reparación de las víctimas", señala el escrito, presentado ante el tribunal por organizaciones colombianas de abogados de derechos humanos.

Tras la petición del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el tribunal de paz deberá decidir ahora si adopta algún tipo de decisión, empezando por la solicitud de una comparecencia voluntaria, respecto del actual comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, y el jefe del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, Adolfo León Hernández Martínez. Martínez Espinel fue, entre finales de 2004 y principios de 2006, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada, aunque ha asegurado en repetidas ocasiones que en esa etapa se limitó a labores administrativas. Hernández Martínez estuvo al frente del Batallón de Artillería Número 2 La Popa entre 2007 y 2009. Esta es una de las unidades más investigadas a lo largo de su historia por señalamientos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes cometidos bajo el paraguas de una guerra.

El trabajo de la JEP consiste, en palabras del magistrado Óscar Parra Vera, que participó en a presentación del estudio, en "analizar patrones". "Analizar contextos y analizar cierto de tipo de violencia y victimización. Por eso son tan importantes los informes que nos presentan, porque reúnen una serie de hechos y eso permite a la JEP tener un punto de referencia, que, es importante aclarar, será contrastado", explicó. "Estamos investigando macroprocesos, patrones. Estamos trabajando en la Costa Caribe, [en los departamentos de] La Guajira y Cesar y particularmente hemos avanzado en el batallón la Popa. También estamos analizando unidades miliares en el Catatumbo, Casanare, Huila y Antioquia". "El informe será analizado, será contrastado", continuó el magistrado, quien recuerda que en el último año la sala de reconocimiento del tribunal, encargada de seleccionar los casos, ya ha recibido 92 versiones voluntarias de militares que fueron mencionados en algunos informes. A partir de los próximos meses, el sistema de justicia espera continuar "con 80 versiones orales y 27 versiones de carácter escrito".

En su primer año de vida, la Jurisdicción Especial para la Paz ha priorizado siete grandes casos. Entre ellos, la investigación del secuestro sistemático cometido por las FARC; el reclutamiento forzoso de niños y niñas; la victimización del partido Unión Patriótica; y las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agente del Estado.

Un nombre que suena a eufemismo

En Colombia, el asesinato sistemático de civiles por parte del Ejército tiene un nombre que para muchos suena a eufemismo: falsos positivos. Así se conoce en el país a este oscuro episodio en el que, a cambio de incentivos como permisos y vacaciones, miles de civiles fueron registrados como guerrilleros muertos en combate con las fuerzas armadas. Y aunque la Fiscalía ha documentado al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales, la dimensión de esos hechos y las tácticas están saliendo a la luz pública con la presentación de militares ante la JEP. La inmensa mayoría de los casos se remontan a los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010).

El informe, que describe los caos de 278 víctimas, se enfoca en la presunta actuación de mandos militares de la Décima Brigada Blindada, llama la atención sobre el uso de unidades especiales del Ejército en la comisión de estas ejecuciones; y señala que del total de las víctimas, seis eran personas con algún tipo de discapacidad; ocho, menores de edad; seis, mujeres; y 35, indígenas de las comunidades Wayú, Kankuamo y Wiwa. La mayoría- agregan- eran personas pobres que recibieron falsas propuestas de empleo.

Una de las particularidades que señala el informe entregado a la JEP es que 131 víctimas habían sido sepultadas como NN, es decir, sin aclarar su identidad. Solamente cuando aparecieron fosas comunes y la Fiscalía cotejó datos de ADN y los publicó en sus medios, familiares de víctimas supieron de la suerte de sus parientes. También esta razón, el tribunal de paz considera muy valiosos este tipo de informes ya que pueden arrojar luz en el trabajo de búsqueda y localización de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Las dudas sobre los procedimientos del Ejército colombiano han desatado una tormenta política principalmente sobre el partido de Gobierno, el Centro Democrático, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Este acaba de salir airoso de una moción de censura porque la mayoría del Congreso sigue interpretando las denuncias sobre falsos positivos como un cuestionamiento a las fuerzas armadas, desvirtuando así el fondo de la cuestión. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó que el documento presentado este fin de semana "incluye evidencias contra el comandante del Ejército, general Martínez Espinel". "¿Hasta cuando seguirá en ese cargo?", se pregunta. El comandante ha rechazado todas las críticas. Pese a eso, la revista Semana acaba de revelar el clima de amenazas que sufren los militares que han denunciado procedimientos corruptos y falsos positivos en el seno del Ejército.

Bogotá 23 JUN 2019 - 20:31 COT

 

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¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!

El salvaje asesinato de Dimar Torres –excombatiente fariano y líder comunitario – abre el debate sobre si exigir o no la renuncia del ministro de defensa Guillermo Botero es lo pertinente, si su caída en realidad garantiza un cambio sustancial en la manera de actuar de las Fuerzas Armadas, o si lo procedente es abrir un debate nacional sobre la doctrina que las guía, soportada sobre la lógica del enemigo interno y el anticomunismo. Si sale Botero, ¿hay garantía que no lo suceda un funcionario igual o peor al frente de tal ministerio?

 

La noticia es aterradora. El 22 de abril en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander, fue asesinado por miembros del Ejército nacional el excombatiente de las Farc y líder comunitario, Dimar Torres. En la instalación militar se llevó a cabo una escena que recuerda lo más sádico de la llamada violencia bipartidista. Sin conocerse aún el informe de medicina legal, las versiones de la comunidad sostienen que a Dimar Torres lo torturaron, violaron, castraron y destrozaron su cráneo con tres impactos de bala, luego de esto querían desaparecer su cuerpo enterrándolo en las instalaciones militares.

Conocidos los videos de los militares abriendo una fosa para enterrar el cuerpo de Torres y creándose un escándalo en redes sociales por el hecho que confirmaba su asesinato, el 24 de abril el ministro de defensa Guillermo Botero sostuvo que el hecho se había producido en un forcejeo con integrantes del Ejército Nacional. Contradiciendo la información del Ministro, en evento público el 28 de abril, el general Luis Villegas Muñoz sostuvo: “no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por tanto el comandante debe poner la cara” (Ver recuadro 1). Estas declaraciones abrieron una discusión al interior de las Fuerzas Militares, pues el ministro Botero diría después: “Él puede decir lo que quiera, pero esa no es una posición institucional, las posiciones institucionales del ejército las fija el Ejército de Colombia y tiene una persona que se llama Nicasio de Jesús Martínez que es la persona que fija la posición institucional”. Para decir, en entrevista posterior: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber una motivación”.

Los hechos llevaron a que la congresista del Partido Verde Angélica Lozano Correa promoviera la renuncia del Ministro de Defensa, propuesta acogida por múltiples sectores que ven en tal posibilidad una victoria sobre el actual gobierno, así como un proceder eficaz para neutralizar el asesinato de liderazgos sociales. Un aspecto fundamental queda por fuera de todo esto: la doctrina militar que guía a las Fuerzas Armadas.

 

El enemigo interno y el anticomunismo


La concepción militarista actual de la seguridad en Colombia implica la historia geopolítica global. Culminada la Segunda Guerra Mundial –1945–, Estados Unidos desarrolló en 1947 la primera Acta de Seguridad Nacional creando el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como la reorganización de sus fuerzas armadas y la política exterior, llevando con esto a plantear la concepción del Estado de seguridad nacional. En este mismo año se firma en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), con el que los países de la región se unifican en la política militar y conforman un bloque bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de Estados Unidos (1).

En medio de la disputa global de la Guerra Fría (URSS–EU), se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual sirvió para orientar la defensa militar a nivel internacional del eje dominado por Estados Unidos. Eje rector de esta doctrina, así como principio básico: la ideología anticomunista, lo que transformaría la lógica del enemigo externo –comunismo internacional representado en la Unión Soviética– por el enemigo interno, entendido como los agentes locales del comunismo representados en guerrillas, pero también en grupos, personas o instituciones, los cuales debían ser controlados por cada gobierno al interior de sus fronteras. En nuestra región la doctrina se impulsa con mayor fuerza luego del triunfo de la revolución cubana –1959–.

Para Edwin Cruz, en nuestro país implementaron la lógica de un complejo contrainsurgente que articula los intereses del Estado, elites políticas y poderes económicos, en torno a salvaguardar el orden, generando así la proliferación de organismos armados legales e ilegales, públicos y privados, con una ideología militarista (2). Este complejo consolida una “sociedad contrainsurgente” que observa la “amenaza comunista” más allá de los actores armados, calificando como parte de un proyecto insurgente –que amenaza el statu quo– a todos los sujetos sociales que se movilicen, protesten o cuestionen el orden social existente, lo que legitima la criminalización, deslegitimación y aceptación del asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país.

Según Cruz “ni el contexto internacional post Guerra Fría, ni los cambios institucionales –constitución 1991–, consiguieron terminar con el arraigo de las políticas y discursos contrainsurgentes” pues el gobierno de César Gaviria (1990-1994) “optó por la intensificación de la confrontación […] expidió medidas tendientes a la financiación de la guerra, como los “bonos de guerra” para el sector privado, y declaró una “guerra integral” a la guerrilla […] lo que vendría después sería un escalamiento sostenido de la violencia procedente del conflicto armado que, entre otras cosas, llevaría a la consolidación del paramilitarismo, primero en el marco de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) en 1994 y, más tarde, con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en 1997” (3).

De la misma manera la implementación del Plan Colombia en 1998 potenció el mayor sometimiento militar del país a los Estados Unidos, tras el propósito de debilitar a la guerrilla de las Farc y así recuperar el control territorial del país. La reorganización del ejército fue parte de tal Plan.

De su mano llegó la llamada Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe (2002-2010), la que implicó una militarización del país así como una ofensiva militar de gran escala contra las guerrillas; política articulada con la estrategia global antiterrorista implementada por los Estados Unidos posterior al atentado de las Torres Gemelas (2001), lo que generó una redefinición del enemigo, que para el caso colombiano implicó desconocer la existencia del conflicto armado interno y la misma categoría política para los insurgentes. La oposición política y los movimientos sociales, fueron vinculados al conflicto como “colaboradores del terrorismo”.

Doctrina Damasco


Una vez llevada las Farc a un repliegue estratégico y a la pérdida de su iniciativa operativa con bajas importantes para su comandancia, las Fuerzas Armadas colombianas consideraron y aprobaron como uno de sus propósitos llevar a la insurgencia a una negociación política del conflicto armado, con perspectivas de sometimiento toda vez que valoraban la perdida de la voluntad de combate de su enemigo.

Es así como desde el año 2011 el Ejército, en cabeza del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (Cre-i), inició la reestructuración de su doctrina, la que trae consigo el rediseño de lo que se entiende como estrategias de combate y la ubicación de las nuevas amenazas internas y externas, lo que implica, de igual manera, la adquisición de tecnologías de punta en proyección estratégica hacia el 2030. Guerra electrónica y ciberinteligencia son incorporadas en esta nueva valoración. Es así como nació el documento denominado Doctrina Damasco.

Un cambio para que no mucho cambie. Esta doctrina deja en evidencia la continuidad del pensamiento ideológico de las fuerzas militares en Colombia, alineadas sin ruptura ni cuestionamiento alguno con los lineamientos de Estados Unidos, entrando a jugar, producto de ello, un papel armado en la subregión así como a nivel global al integrar la Otan.

Aunque sostienen que no se debe apuntar únicamente a la denominada guerra contrainsurgente –por los problemas jurídicos internacionales en cuestión de crímenes de lesa humanidad contra la institución militar–, dejan claro que en este momento las fuerzas militares deben evolucionar para alcanzar “los postulados operacionales de la Batalla Aeroterrestre (1986), Operaciones de Dimensión Total (1993), Operaciones del Espectro Total (2008) y Operaciones Terrestres Unificadas (2012), que emplean en la actualidad los ejércitos alineados con la doctrina OTAN” (4). Adicionalmente el documento dice textualmente: “nuestro principal referente doctrinal: el Ejército de los Estados Unidos” (5).

El coronel John Bonin y el teniente coronel John A. Nagl, son los referentes estadounidenses en los que se basa gran parte de la doctrina Damasco, pues estos personajes participaron en la reforma doctrinal del Ejército de Estados Unidos que culminó en 2015, además escribieron el documento The Tradoc Doctrine Publication Program (Programa de Publicaciones Doctrinarias del Comando de Entrenamiento y Doctrina), donde trazan líneas de acción en torno a jerarquía doctrinal y contenidos del Ejército Sur de los Estados Unidos –estructura militar que coordina operaciones directamente con Suramérica, y en particular con Colombia–. Hay que resaltar, además, que desde 2015 la doctrina colombiana fue asesorada en directo por la Dirección de Doctrina del Ejército de Estados Unidos.

Un mensaje, un reto


El caso de Dimar Torres evidencia que lo que tenemos ante nosotros es la continuación de un proyecto contrainsurgente y anticomunista, que, aunque pretendan encubrir el asesinato como una actuación individual del Cabo Daniel Gómez, no queda duda que este acto es producto de una doctrina que orienta el comportamiento diario de una institución militar. Así mismo, este hecho debe verse y ser entendido como un claro mensaje de miedo y terror contra los liderazgos sociales del país y específicamente contra los excombatientes farianos.

Un reto para el conjunto de la sociedad. Aunque efectivamente es necesario plantear la renuncia del ministro Botero por lo que representa y por sus actitudes frente al asesinato sistemático de los liderazgos sociales en el país (Ver recuadro 2 y artículo “Ríos –de sangre– inundan el país”), los sectores alternativos y movimientos sociales tienen una tarea que va más allá de la renuncia: denunciar la doctrina militar y eliminarla, pues ésta potencia e identifica como enemigo interno a los liderazgos sociales. De igual manera, es necesario plantear una doctrina que sirva para la paz y no siga profundizando la guerra.

 

1 Leal Buitrago, Francisco (junio de 2003). La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en américa del sur. Revista de Estudios Sociales, Nº 15. En: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res15.2003.05
2 Cruz Rodríguez, Edwin, (2016), Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Ediciones Desde Abajo, pp. 24-29.
3 Ídem., pp. 28-29
4 Rojas, P. J. (2017, enero-junio), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Rev. cient. Gen. José María Córdova 15(19), 95-119. DOI: http://dx.doi.org/10.21830/19006586.78, p. 114.
5 Ídem., p. 101

Artículos consultados

https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos
https://caracol.com.co/programa/2019/04/29/6am_hoy_por_hoy/1556538178_237579.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/313412-mocion-censura-congreso-colombia-ministro-defensa
https://www.contagioradio.com/asesinan-a-marco-adrada-lider-campesino-por-mas-de-35-anos-en-narino/?fbclid=IwAR3EQ0gBFaX7Yqgv2UU1uJhQzLOWWjxdDgb-lzKAyF7jTCfUyBy7ZG8f464
https://canal1.com.co/noticias/nacional/asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-antioquia/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2992-onic-denuncia-y-rechaza-feminicidio-contra-embera-chami-remelia-aizama-en-choco
https://canal1.com.co/noticias/asesinan-a-wilson-saavedra-excomandante-desmovilizado-de-las-farc/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-mauricio-lezama-consejero-departamental-de-cine-en-arauca-articulo-859870
https://caracol.com.co/radio/2019/05/13/regional/1557758215_917837.html

 


Recuadro 1

 

Es necesario decir que Luis Villegas Muñoz, aparece como uno de los nueve oficiales ascendidos recientemente por el gobierno de Iván Duque, y que fueron cuestionados por Human Rights Watch al estar investigados por implicaciones en ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos– y otras violaciones de Derechos Humanos entre el periodo 2002 y 2008. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que: “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Los militares ascendidos son:

- Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército. Entre octubre de 2004 y enero de 2006 fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de la Guajira y Cesar. Actualmente está investigado por 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
- Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Entre julio de 2007 y agosto de 2008 fue el segundo comandante de la Octava Brigada. Le iniciaron investigaciones por 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, adicionalmente lo acusan por la presunta cooperación con grupos paramilitares.
- Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante los años 2005 y 2006. Lo investigan por 21 ejecuciones cometidas por soldados del batallón la Popa en 2005 y 13 en 2006.
- Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el entonces General estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008.
- Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano (unidad especial que opera en el Catatumbo, frontera con Venezuela). Lo investigan por la ejecución de Omer Alcides Villada, agricultor que tenía una discapacidad mental y habría sido asesinado y reportado como combatiente de las Farc por los soldados del Batallón Pedro Nel Ospina en marzo de 2008, cuando se desempeñaba como comandante del batallón.
- Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles (unidad especial que opera en el Bajo Cauca). Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, fue comandante del batallón Magdalena de la Novena Brigada. Lo investigan por 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando.
- Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento. Fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante el 2008. Está investigado por al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
- Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por su rol en abusos ocurridos durante los años 2004 y 2005, mientras se desempeñaba como segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, unidad militar que acusan por 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura.
- Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Entre octubre de 2006 y abril de 2007, fue comandante del batallón Anastasio Girardot de la Cuarta Brigada, investigado por 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007.

 


 Recuadro 2


15 liderazgos sociales asesinados en Colombia desde el 5 de abril hasta el 15 de mayo de 2019

 

Solo pasó un mes y diez días de la publicación del artículo “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”*, en el que se mencionaba el asesinato de 6 personas luego de la finalización de la Minga nacional –5 de abril– y ya se suman 9 asesinados nuevos de liderazgos sociales en distintas regiones del país.


En los municipios de Ituango y Maceo (Antioquia) fueron asesinados Andrés Mauricio Rojas, quien se desarrollaba como un líder social de la comunidad y Diofanor Montoya, líder comunal de 64 años de edad, los hechos se presentaron los días 26 y 27 de abril. El 28 de abril fue asesinado en Nariño el líder campesino Marco Antonio Andrada Viana mientras se desplazaba por la vía que conduce del municipio de Leiva hasta el corregimiento Las Delicias, actualmente Marco se desempeñaba en el cargo de fiscal al interior de la Junta de Acción Comunal de El Sauce. El 1 de mayo en la comunidad de Campo Alegre del Resguardo Ingara Copé (Chocó), fue asesinada la indígena Embera Chamí Remedia Aizama y fue herida con impacto de bala una menor de 12 años; los hechos provocaron el desplazamiento inmediato de 40 personas de la comunidad hacia la cabecera de San José del Palmar. El 5 de mayo fue asesinado Efraín Prado Rosero, líder comunal y candidato al Consejo por el partido Mais, los hechos se presentaron en el municipio de Mallama, Nariño. Vale la pena decir que el sábado 4 de mayo en la comunidad de Lomitas, Norte del Cauca, Francia Márquez –líder afrocolombiana ganadora del Nobel de medioambiente– fue víctima de un atentando con arma de fuego y granada, al finalizar una reunión preparatoria la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc) que se reunirá en próximos días con el gobierno de Iván Duque para concretar los acuerdos pactados con la Minga realizada en los meses de marzo-abril; en el hecho resultaron heridos dos escoltas. El 9 de mayo, en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita (Arauca) fue asesinado Mauricio Lezama, quien se desempeñaba como gestor cultural y actualmente realizaba un documental sobre las víctimas del conflicto armado. El sábado 11 de mayo, en la Vereda Vista hermosa (Meta), fue asesinado Giovanni Murillas, excombatiente fariano quien había decidido abandonar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) en San José del Guaviare ante los incumplimientos del Gobierno nacional con los acuerdos de paz. El martes 14 de mayo fue asesinado Daniel Rojas, coordinador del comité de trabajo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda López del municipio de Caloto, Norte del Cauca. Este mismo día fue asesinado Wilson Saavedra –excomandante del frente 21 de las Farc–, en Tuluá (Valle del Cauca).

 

* https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Publicado enColombia
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