Una casa en la localidad de Ittoqqortoormiit, en la costa este de Groenlandia. Rob O

El nuevo Gobierno es una coalición de izquierdas liderada por un primer ministro de 34 años ecologista que se opone al proyecto para explotar los mayores yacimientos de uranio y tierras raras en el mundo

 

Durante la mayor parte del año la nieve y el hielo cubren las escarpadas montañas del sur de Groenlandia, peinadas por un viento feroz y constante que sopla desde el mar. No es hasta finales de primavera cuando el deshielo desvela el paisaje que impresionó al explorador en tiempos de los vikingos, Erik el Rojo, cuando descubrió una zona de fiordos con prados verdes, fuentes termales, y la mayor biodiversidad de vegetación que se puede encontrar en la isla. 

Hoy el sur de Groenlandia es conocido como "el granero" ártico por ser la única zona en la isla donde el deshielo permite la agricultura y la cría de renos y ovejas en granjas. Un paisaje que también ha ayudado a desarrollar un incipiente sector turístico atraído por los vestigios milenarios vikingos e inuit de Kujataa, protegidos como patrimonio Mundial de la Unesco. 

Es en el subsuelo de este remoto y frágil ecosistema donde se han descubierto los yacimientos sin explotar de tierras raras más grandes en el mundo: un conjunto de 18 elementos minerales claves para la fabricación de teléfonos móviles, coches eléctricos, turbinas eólicas y armas. Actualmente en Groenlandia hay activas 90 licencias de explotación minera, pero en el último año la atención internacional y la controversia se ha levantado con el yacimiento de Kuannersuit, la segunda mina de tierras raras conocida más grande en el mundo, situada a unos pocos kilómetros de la localidad de Narsaq, en el sur de la isla. 

Los expertos y grupos ecologistas locales advierten del grave impacto ecológico de este proyecto, ya que con la extracción de minerales también se extraería una cantidad importante de uranio. "El polvo radioactivo y los residuos afectarían a la pesca, la agricultura y la ganadería en la zona", advierte Niels Henrik Hooge, miembro de NOAH en Dinamarca. Según los informes de impacto ambiental, el proyecto de Kuannersuit implicaría un aumento del 45% de las emisiones de Co2 en Groenlandia, un factor que se suma al retroceso año tras año de la capa permanente de hielo en la isla. 

Desde Narsaq la activista Gretha Nielsen, miembro de la organización Urani? Naamik ("no al uranio"), dice: "La empresa explotadora nos dice que el proyecto traerá riqueza y puestos de trabajo para la comunidad, pero sabemos del impacto negativo de las minas de uranio en otros sitios del mundo y tenemos miedo que esto también pase aquí".  

Unas elecciones claves para la extracción de minerales

En los últimos meses se ha intensificado mucho el debate sobre el papel de la minería en la economía de Groenlandia, hasta convertirse en una de las principales razones del adelanto en las elecciones principios de abril. 

A pesar de que Groenlandia tiene un gobierno autónomo, continúa formando parte de Dinamarca, país que colonizó la isla ártica hace 300 años. En 2009, el Parlamento danés aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía, en el que se reconoce el derecho a la autodeterminación y otorga al Gobierno de Nuuk las plenas competencias en la gestión de áreas estratégicas como la explotación de los recursos naturales y mineros, mientras que desde Copenhague se siguen dirigiendo las políticas de defensa y política exterior. 

Sin embargo, los anhelos de independencia de la mayoría de partidos políticos y de los groenlandeses chocan frontalmente con la realidad económica de la isla, que hace que su autosuficiencia sea hoy un objetivo aún muy lejos de alcanzar: Groenlandia depende casi exclusivamente de dos fuentes de ingresos: la pesca (que representa el 90% de las exportaciones) y la aportación anual de 500 millones de euros por parte de Dinamarca, lo que supone casi la mitad del presupuesto público. 

"En los últimos años el debate ha girado en torno a la explotación más intensa de los recursos naturales", explica el politólogo e investigador de la Universidad de Copenhague, Kristian Søby: "Hasta ahora, el partido socialdemócrata Siumut, que había estado al frente del Ejecutivo durante 40 años, mantenía una posición favorable a la explotación minera, con el objetivo de diversificar la economía y alcanzar un mayor grado de independencia de Dinamarca". 

Pero las elecciones del 6 de abril, que se plantearon como un plebiscito sobre la minería en Kuannersuit, dejaron un claro mensaje en las urnas hacia las empresas internacionales interesadas en los recursos del subsuelo ártico. El partido de izquierdas, ecologista e independentista inuit Ataqatigiit (IA), con un 36,6% de los votos, alcanzó un resultado histórico con una posición clara y firme en contra del proyecto: "Tenemos algo que el dinero no puede comprar, haremos todo lo posible para parar la minería en Kuannersuit", aseguró el nuevo primer ministro, Mute Egede, de 34 años, después de formar un Gobierno de coalición con otras fuerzas progresistas. "Por el momento, todo apunta a que el proyecto minero quedará parado, probablemente durante bastante tiempo", vaticina Kristian Søby. 

El ártico, centro de interés geoestratégico 

La importancia de los minerales de Groenlandia está en el punto de mira geoestratégico, especialmente desde que China controla y procesa más del 70% de los minerales de tierras raras en el mundo. En un principio, la licencia para explotar el yacimiento de Kuannersuit se otorgó en 2007 al conglomerado australiano Greenland Minerals, cuyo principal accionista es la empresa china Shenghe Resources.

"El proyecto minero de Kuannersuit supone una inversión a medio plazo mucho mayor que el conjunto del PIB de Groenlandia", explica Jesper Zeuthen, profesor en la Universidad de Aalborg y experto en la presencia de China en la región ártica. "La dependencia política y económica de Groenlandia con China preocupa en Dinamarca, pero también en Estados Unidos", asegura el profesor, que explica así el intento fallido en 2019 por parte del expresidente Donald Trump de "comprar" el territorio prometiendo inversiones millonarias.

Si el proyecto Kuannersuit se llevara a cabo, supondría que en Groenlandia se extraerían el 10% de minerales raros en el mundo, el mayor yacimiento fuera de China. Además, las consecuencias del calentamiento global han abierto la veda a las potencias mundiales para explorar nuevas rutas de transporte marítimo que hace décadas eran imposible por el hielo, y a facilitar el acceso a los recursos naturales como el gas y el petróleo que atesora el ártico. 

Una vía verde hacia la independencia

"El debate en Groenlandia no está en si debe ser un país independiente, si no en como conseguirlo", señala Kristian Søby. "El incremento del interés internacional, no solo en los recursos minerales, sino también en la construcción de nuevas infraestructuras o en el desarrollo del turismo, es una buena señal para las aspiraciones de los groenlandeses".

Para la activista Gretha Nielsen, el futuro de su país pasa por un camino más verde hacia la independencia: "Tenemos que mejorar la economía, pero también las condiciones de vida de los groenlandeses". Según Nielsen, la prioridad debería ser buscar alternativas económicas como la agricultura, la inversión en productos pesqueros o el turismo responsable, sin perder de vista el equilibrio con el cuidado del medioambiente: "No podemos basar toda nuestra economía en un proyecto minero. En los próximos años Groenlandia debería ser el territorio clave para la protección del ártico". 

Por Òscar Gelis Pons

Copenhague — 30 de abril de 2021 22:27h

@Oscargls

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Viernes, 30 Abril 2021 05:45

Inversión china, por otras vías

Inversión china, por otras vías

El gigante asiático cambió la estrategia para la región

En lugar de préstamos de "Estado-Estado", China ahora invierte en la región con compra de empresas, créditos de bancos y licitaciones.

 

El modo de invertir de China en América latina viene cambiando en los últimos años, desde el protagonismo de préstamos directos “Estado-Estado” hacia un mayor despliegue de bancos chinos en la región, participación en licitaciones públicas y compra de empresas locales. Esta es una de las principales conclusiones de un reciente estudio elaborado por la Universidad de Boston y el think-tank Inter-American Dialogue.

El cuadro descrito no implica un retroceso en el protagonismo inversor chino, aunque manifiesta un tipo de vinculación que intenta despegarse de la afinidad política y se concentra en las oportunidades de negocios. Esto se verifica particularmente en el cierre del grifo de fondos a Venezuela.

Canales de ingreso

Por cuarto año consecutivo, en 2019 el Banco de Desarrollo de China (CDB) y el China EximBank, instituciones oficiales chinas encargadas de manejar la inversión en el exterior, retrajeron sus préstamos hacia América latina. Se trata de operaciones que los expertos califican como “inversiones soberanas” ya que es el Estado chino el que directamente presta a otro Estado a través de las citadas agencias. El año previo a la pandemia se verificaron créditos de este tipo a la región por 1,1 mil millones de dólares, el valor más reducido de la última década. La distancia es enorme en relación al pico de 2010, con más de 35 mil millones de dólares en préstamos, de los cuales 21,4 mil millones corresponden a Venezuela.

Desde 2005, el financiamiento soberano de China a la región acumula 137 mil millones de dólares. Pero mientras el préstamo promedio del último año fue de 275 millones, la media del período 2016-2019 fue de 864 millones y de 1,7 mil millones de 2005-2015.

“Una de las principales razones del declino en ese tipo de inversiones es que China ya no actúa como un prestamista de última instancia de las economías más frágiles de la región, como Venezuela. Por otro lado, Brasil y Ecuador han recibido cuantiosos ‘préstamos por petróleo’, que se redujeron desde 2014”, explica el informe “El desarrollo de la inversión China en América Latina”, publicado por The Inter-American Dialogue y la Universidad de Boston.

Consultada por este diario, Margaret Myers, directora del programa “Asia y América latina” de The Inter-American Dialogue y co-autora del artículo, explicó que “si bien el financiamiento soberano de China a América latina disminuyó considerablemente desde 2015, esto es sólo una parte de la historia. Los bancos comerciales chinos, como el ICBC y el Bank of China son cada vez más activos en la región y vienen apoyando la participación de las empresas chinas en un amplio abanico de sectores. Muchos esperan una suerte de boom de la inversión china en la región en los próximos años a través de la compra de empresas en problemas financieros”.

Los “préstamos soberanos” se suelen realizar a través de grandes acuerdos políticos entre países y en donde muchas veces la letra chica es reservada, a diferencia de lo que sucede en las licitaciones públicas, que obligan a exponer los detalles de la contratación.

En lugar de los bancos oficiales CDB y EximBank, el principal fondeo ahora viene de bancos comerciales chinos que incluso se instalan en la región, como el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, Agricultural Bank of China y el China Construction Bank, asociados a las grandes empresas de energía, minería y construcción. Así, en 2019 hubo un máximo de inversión china en activos físicos en la región, con 12 mil millones de dólares.

Casos en la región

Mega-licitaciones proyectos de infraestructura. En Argentina, tiene especial relevancia la construcción de las dos represas sobre el río Santa Cruz por 4730 millones de dólares a cargo del consorcio que lidera la empresa Gezhouba. En el terreno de la energía renovable, Power China se quedó con la licitación del parque solar Cauchari, en Jujuy, de 300 megavatios, el mayor de Sudamérica, además de otros parques solares en Salta y Córdoba y proyectos en Chubut y La Rioja.

En este capítulo están las cuantiosas inversiones de China en el sector de minería en toda la región a través de concesiones otorgadas por los Estados nacionales o provinciales.

En Colombia, el consorcio Autopistas Urabá, liderado por China Harbour Engineering Company, desarrolla una inversión de 652 millones de dólares. China también financió parcialmente la construcción de la hidroeléctrica Ituango, en la región de Antioquia, que sufrió un accidente que retrasa su puesta en marcha. En Brasil, Three Gorges Corporation tiene 17 hidroeléctricas y 11 parques eólicos y es la séptima generadora eléctrica más grande del país.

En Perú, Sinohydro participa del proyecto de la “Hidrovía Amazónica”, cuestionado por comunidades indígenas. Por otro lado, una firma china ganó el contrato para la construcción de la central hidroeléctrica San Gabán III, en Puno, con una inversión de 438 millones de dólares.

Compra de empresas y desembarco. En la Argentina, se destaca la adquisición de Bridas por parte de China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) por 3100 millones de dólares, y la de Occidental Petroleum por parte de Sinopec por 2450 millones de dólares, ambas en 2010. Así, China participa de la explotación de Vaca Muerta, por ejemplo. También se destaca el impacto local de la compra global de Noble y de Nidera por parte de COFCO. En la banca, en 2016 el ICBC compró al Standard Bank en 600 millones de dólares.

En Brasil, la china Three Gorges Corporation compró en 2017 la empresa local Duke Energy por 1,2 mil millones de dólares. En enero de 2020, China Merchants Port adquirió por 935 millones de dólares el 90 por ciento de TCP Participaciones, que administra la terminal de Paranaguá, el segundo mayor puerto de Brasil.

En Chile, Southern Power Grid compró el 28 por ciento de las acciones de la compañía de electricidad Transelec, mientras que en Colombia Sinochen opera en hidrocarburos a través de la compra de Emerald Energy. En Perú, Cosco Shipping Ports compró el 60 por ciento de Terminales Portuario Chancay y va a invertir 3 mil millones de dólares junto con la minera local Volcan para el desarrollo de un polo portuario de exportación.

Créditos soberanos. A pesar del cuadro de retracción frente a las licitaciones y compra de empresas, Argentina tiene grandes proyectos en este capítulo. Firmó un acuerdo para continuar con la renovación ferroviaria con financiamiento chino, por un total de 4695 millones de dólares, que se suma a las inversiones existentes del país asiático en esta materia. También sobresale el proyecto de construcción de la cuarta central nuclear Atucha III por parte de la China National Nuclear Corporation, que viene desde el segundo gobierno de Cristina Fernández. Otro punto fuerte de la relación inversora “Estado-Estado” es el swap de divisas por 18 mil millones de dólares, renovado en agosto del 2020.

29 de abril de 2021

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La mayoría de los países latinoamericanos no ratifican el acuerdo de Escazú para proteger a defensoras ambientales

En el Día de la Tierra

 

El acuerdo solo ha sido ratificado por 12 de los 46 países y territorios de la región. Algunos de los que más agresiones registran contra personas que lideran luchas ambientales, como Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras o Venezuela, no lo han firmado.

Con motivo del Día de la Tierra, que se celebra este 22 de Abril, Alianza por la Solidaridad-ActionAid denuncia la falta de compromiso de los países de América Latina  y el Caribe con el acuerdo internacional Escazú, auspiciado por la ONU, con el objetivo de garantizar un entorno seguro a personas y grupos defensores de derechos humanos y ambientales. El acuerdo, en principio adoptado en 2018, solo ha sido ratificado por 12 de los 46 países y territorios de la región. De hecho, faltan algunos de los que más agresiones y persecuciones registran contra personas que lideran luchas ambientales, como Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras o Venezuela.

Aunque este jueves, 22 de abril, entrará en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, a día de hoy, el acuerdo solo ha sido firmado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México y Argentina. 

Alianza por la Solidaridad-ActionAid recuerda que en 2020 fueron asesinadas 331 personas defensoras de derechos en el mundo. El 69% estaban implicadas en la defensa de la tierra y los recursos naturales, de ellas 44 fueron mujeres, según el informe de FrontLine Defenders. La organización destaca que, en el listado de países firmantes del Acuerdo, faltan casi todos los países más peligrosos para las defensoras –solo en Colombia, en 2020, fueron asesinados 177- y denuncia las presiones que están teniendo lugar en los países con más conflictos ambientales para que no se ratifique este acuerdo, aludiendo a una supuesta pérdida de soberanía nacional o perjuicios para el desarrollo económico. 

La ONG, que trabaja en América Latina y Caribe desde hace más de 35 años, ha lanzado la campaña #GuardianasDelAguaylaTierra para visibilizar el trabajo de las mujeres defensoras y denunciar su persecución. Desde que se comenzó a negociar el Acuerdo han sido asesinadas más de 2.500 personas en todo el mundo, la mayoría en una región, cada vez más codiciada por empresas extranjeras y, a la vez, muy afectada por los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La mercatilización de los recursos naturales cuesta vidas de muchas personas, las asesinadas y las que son encarceladas durante años, como el guatemalteco Bernardo Caal Xol, a las que hay que recordar en días como éste. Son quienes están en primera línea defendiendo derechos que se vulneran con la connivencia de sus gobiernos, algo que vemos que va en aumento y hace muy necesario este tipo de regulaciones”, ha señalado Almudena Moreno, responsable de Desarrollo Sostenible de la organización.

Asimismo, una reciente investigación en la revista Nature ha concluido que, sólo a causa del cambio climático, la producción agrícola en América Latina y Caribe ha disminuido casi un 26%. Esto implica que, a menor producción, hay más dificultades para las comunidades campesinas, que deben, además, afrontar el expolio de sus territorios a manos de compañías extranjeras.

Por ello, Alianza por la Solidaridad reclama a todos los países de la región –y especialmente a Colombia, Guatemala, Honduras o Brasil- que ratifiquen el Acuerdo de Escazú. Asimismo, pide a la Unión Europea y al Gobierno de España que se involucren en la puesta en marcha de instrumentos como éste, exigiendo su cumplimiento en los acuerdos comerciales firmados con países no comunitarios; así como favoreciendo las inversiones privadas en países que lo hayan ratificado. En este sentido, también se insta al Gobierno de España a poner en marcha una ley que regule la debida diligencia de las empresas respecto a los derechos humanos y ambientales, dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Por | 22/04/2021

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La militarización, fase superior del extractivismo

La militarización creciente de nuestras sociedades es claro signo otoñal del sistema capitalista patriarcal. El sistema renunció a integrar a las clases populares, ya no aspira siquiera a dialogar con ellas, sino que se limita a vigilarlas y controlarlas. Antes de este periodo militarista, se encerraba a los “descarriados” para corregirlos. Ahora se trata de vigilar a cielo abierto a camadas enteras y mayoritarias de la población.

Cuando un sistema necesita militarizar la vida cotidiana para controlar a las mayorías, se puede decir que tiene los días contados. Aunque en realidad esos días habría que medirlos en años o décadas.

Un buen ejemplo es la herencia del régimen de Pinochet en Chile, respecto del papel central de los militares y de la policía militarizada, Carabineros, en el control social. Una de esas herencias es el control de las fuerzas armadas de los excedentes de la empresa estatal de cobre, principal exportación de Chile.

La Ley Reservada del Cobre fue aprobada en la década de 1950, cuando arreciaban las movilizaciones de trabajadores y pobres de la ciudad y del campo. Durante la dictadura militar, esa ley secreta, como su nombre lo indica, fue modificada en siete oportunidades. Recién en 2016, gracias a una filtración del diario digital El Mostrador, se supo que 10 por ciento de las utilidades de la empresa estatal de cobre se traspasan directamente a las fuerzas armadas (https://bit.ly/3tNDa0S).

Recién en 2019 la ley secreta fue derogada (https://bit.ly/2OUAiAJ), cuando las calles de Chile empezaban a arder con una seguidilla de protestas y levantamientos que arrancaron en 2011, con las resistencias estudiantil y del pueblo mapuche, y luego por las feministas.

El daño que el régimen militar infligió a la sociedad puede verse en que más de la mitad de los chilenos no votan, cuando antes votaba la inmensa mayoría; en la tremenda deslegitimación de los partidos políticos y de las instituciones estatales.

No es el único caso, por supuesto. Los militares brasileños jugaron un papel destacado en la prisión de Lula, la destitución de Dilma Rousseff y la elección de Bolsonaro.

En todos los casos, la militarización vulnera el llamado “estado de derecho”, las normas legales que la sociedad ha adoptado, muchas veces sin ser debidamente consultada.

En todos los casos, la militarización contribuye a destruir naciones y sociedades, porque supone entregarle porciones significativas del poder y la gestión a una institución no democrática que, de este modo, queda fuera de cualquier control.

La militarización viene de la mano de la imposición de un modelo de sociedad que hemos llamado extractivismo, un modo de acumulación de capital por el 1% con base en el robo y el despojo de los pueblos, que implica una verdadera dictadura militar en las áreas y regiones donde opera.

El militarismo se subordina a esta lógica de acumulación mediante la violencia, por la sencilla razón de que no se le pueden robar los bienes a los pueblos sin apuntarles con armas.

Militarismo se conjuga con violencia, desapariciones forzadas, feminicidios y violaciones. Por lo demás, siempre propicia el nacimiento de grupos paramilitares, que siempre acompañan las grandes obras extractivas y que si bien se los considera ilegales, como lo demuestran Colombia y México, son entrenados y armados por las fuerzas armadas.

Ahora sabemos que el gran beneficiario del Tren Maya serán las fuerzas armadas, a las que el gobierno de López Obrador le ha concedido todos los tramos, añadiendo que se trata de “un premio” a esa institución (https://bit.ly/39aURjh).

Hay más de una similitud con el caso del cobre en Chile.

La primera es la entrega directa de los beneficios, con lo que cualquier gobierno consigue fidelidad de los uniformados a los que, en realidad, se subordina.

La segunda es el argumento de la “seguridad nacional” que esgrimen los gobiernos. En Chile era la lucha contra el comunismo. En México la frontera sur, con el argumento de la migración y el tráfico.

La tercera es que la militarización es tanto un proyecto como un modo de gobernar. Le siguen los aeropuertos, el orden interno y los más variados aspectos de la vida. Por la fuerza, consiguen trastocar la legalidad a su antojo, como las normativas presupuestales.

Observamos procesos de militarización desde Estados Unidos, Rusia y China, hasta en el conjunto de los países latinoamericanos. Consiste en el control de geografías rurales y urbanas por hombres armados al servicio del capital, para controlar a los pueblos que resisten el despojo.

No se trata de la maldad de un presidente o de un gobierno. Ese extremo no lo pongo en duda, pero no es lo central. Estamos ante un sistema que para estirar su agonía necesita implementar figuras nacidas en el siglo XX, que son los temas de Giorgio Agamben: el estado de excepción como forma de gobierno, la guerra civil legal contra los “no integrables”y el campo de concentración a cielo abierto vigilado por paramilitares.

Por Raúl Zibechi

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Un país en remate: transnacionales y empresarios locales festejan las políticas de Maduro

Se hacen concesiones, se privatizan o directamente se rematan. Maduro sigue en carrera en su curso privatizador y entreguista. Bajo el secretismo que le da la Ley “antibloqueo” el Gobierno opera aceleradamente y hasta los medios económicos internacionales lo remarcan como “positivo”. "La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!", expresa Maduro.

Avanzan con toda una cadena de privatizaciones de empresas con total discrecionalidad en el marco de todo el secretismo de la Ley “Antibloqueo”. Un país a remate llevado a cabo por el Gobierno de Maduro. Todos lo festejan, aunque algunos le cuestionan que no se realiza como en los años 90, observando la cuestión de la discrecionalidad, pero no el entreguismo, como si la relativa “transparencia” del remate de entonces (por ser un régimen de varios partidos y sin el nivel de autoritarismo actual) no hubiese implicado negociaciones a espaldas de los intereses de los trabajadores y el pueblo, y los más variados secretos para beneficiar tanto a compradores transnacionales y locales como agentes del Estado.

En medio de una flexibilización de los controles de cambio y de precios y de la bendición por parte del Ejecutivo al uso de divisas en el país, el gobierno de Maduro ha entregado a inversionistas privados extranjeros y nacionales el manejo de importantes compañías de sectores estratégicos. “En un sentido, la revelación del impulso privatizador de Venezuela es un claro avance positivo” se jacta en decirlo la agencia especializada en noticias económicas Bloomberg.

Hace menos de seis días, el viernes 19 de febrero Maduro anunció que el país tomará "medidas audaces" para la "recuperación integral y definitiva" de la industria petrolera. Recalcando que toda la industria de hidrocarburos del país está abierta a la inversión extranjera. "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela", sostuvo. Un país llevado a la quiebra se pone en venta.

Al mismo tiempo indicó que ya están en marcha las negociaciones de contratos para inversionistas internacionales, especialmente con empresas de Turquía, India, China, Rusia y algunos países de Europa, por lo que también extendió la invitación a empresarios estadounidenses para sumarse a estas propuestas de “negocio”. "Quiero decirles a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar", manifestó.

Se trata de todo el curso entreguista y privatizador de Maduro, como lo hemos venido denunciando desde este diario, e incluso impulsando campañas unitarias contra todo este curso de remate del país en medio de la catástrofe económica que se vive durante ya más de siete años.

Además de las transnacionales todos los grupos económicos del país lo celebran. A nivel local van desde los tradicionales sectores económicos como los que emergieron con el chavismo y los propios burócratas del Estado que con el concurso de testaferros participan del festín.

Mientras hay un mundo abajo, todo el pueblo, el de las grandes mayorías, que en un curso dolarizador de la economía, ven hundirse cada vez más en sus condiciones de vida. La Venezuela profunda, la de los trabajadores y las mayorías populares, queda condenada a la pobreza extrema, mientras se remata el país, mientras un puñado de capitalistas locales y extranjeros, y las clases altas, se hacen cada vez más ricos adueñándose de activos y del erario público, así como aprovechando toda la rienda suelta -exceptuándolos de todo tipo de impuestos- que el Gobierno les ha dado para sus negocios, llevando la buena vida.

Y lo constatan los propios empresarios. El pasado miércoles 27 de enero también hubo otro festejo, esta vez en la sede de la principal cámara empresarial del país. La llamada Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz de la nueva Asamblea Nacional (AN) encabezada por Jorge Rodríguez, y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) se reunieron en la propia sede de Fedecámaras. El mismo presidente de Fedecámaras lo decía, “jamás una comisión de tan alto nivel se ha reunido con nosotros, y menos en nuestra casa”.

Es claro, y así lo han hecho resaltar, que el encuentro entre los jerarcas del chavismo y dirigentes empresariales es para darle continuidad a nuevas reprivatizaciones -como las que han ocurrido sobre todo desde el año pasado con compañías que estaban en manos del Estado. Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles, entre otras empresas, han sido transferidas a operadores privados en las así llamadas alianzas estratégicas.

En el sector agroindustrial, supermercado y hotelería muchas empresas han pasado a manos de privados. Entre las que han tomado relevancia noticiosa se encuentran los supermercados Éxito y Agropatria (una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010) donde ahora más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas son administradas por el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes (una gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008) la estaría manejando un grupo iraní anónimo; Fama de América (productora de café) está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y el Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A.

Empresarios destacan el giro gubernamental. “El Gobierno de Maduro dio un giro en U a multas de 2019 al promover un capitalismo salvaje”, se da el lujo de decir el jefe de la Red de Alimentos de Venezuela, Rodrigo Agudo. Este empresario resalta que el Ejecutivo “dejó de recaudar impuestos sobre determinadas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y a otros actores comerciales a invertir de origen desconocidos en empresas locales”.

Asimismo, puntualiza que “Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la Ley antibloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación”.

Pero no todas las empresas seleccionadas por el gobierno para asociarse están generando interés, tampoco lo fue en los ‘90. Ni tontos que son los capitalistas para hacerse de empresas en las que consideran que no es un negocio rentable.

El gran negocio petrolero [1]

Pero hasta aquí hemos mencionado toda una serie de empresas que no tienen la envergadura de la industria petrolera, del sector hidroeléctrico, telefonía o industrias básicas como las de Guayana. Justamente es en el sector petrolero donde el camino de las privatizaciones se ha venido en un avance constante desde hace ya varios años.

El Gobierno ha otorgado a las empresas locales y extranjeras más control sobre los activos administrados en campos petroleros y plantas de compresión de gas. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas como PetroSinovensa y Petrozamora, para solo mencionar algunas.

Sobre la privatización en la industria petrolera hemos escrito por extensión un artículo titulado “Petróleo, geopolítica y el saqueo en curso en Venezuela” en el cual hacemos un recorrido de los últimos seis años a todo este proceso de “apertura”, donde además del sector petrolero abordamos el gasífero y petroquímico.

En el mismo indicamos cómo en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en medio de todo el proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera. Incluso señalamos que, con sus importantes diferencias, tanto el Gobierno de Maduro como la oposición de derecha se muestran garantes de este retroceso.

Pero se trata de un curso que sigue dando pasos agigantados, ahora amparados por la Ley “antibloqueo” en el mayor secretismo de Estado, que no permite seguirle el paso minucioso con detalle a todo este proceso entreguista. Peor aún, se puede penar con años de cárcel si alguien se atreve a publicar todos estos entramados y negociatas que se llevan a cabo.

Y Maduro vuelve a recalcar en este mes de febrero “que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense”. "La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!", expresa Maduro. Se trata de un gran pillaje que implica un nuevo gran saqueo a la nación, dividiéndose zonas de explotación, tal como vienen operando los más diversos países desde Estados Unidos, históricamente el país que más ha saqueado el petróleo venezolano, hasta Rusia, China, Turquía y diversos pulpos petroleros europeos.

Como concluíamos en el artículo antes señalado, enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo en curso, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como también la que propone la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

 

[1] Para una mayor comprensión de la importancia del petróleo en los últimos 100 años del país recomendamos la serie de trabajos escritos por Ángel Arias titulados “El cuento de nunca acabar (o ¿quién puede sacarnos del atraso y la dependencia?)” que pueden leerse aquíaquí y aquí.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Miércoles 24 de febrero | 20:00

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Protocolos indígenas en América Latina: un camino para la autonomía

El derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de los sectores extractivos sobre sus territorios. Frente a ello, algunas comunidades indígenas tratan de crear sus propias normas

Rocío Westendorf

IWGIA — 24 de noviembre de 2020 22:41h

Cuando la COVID-19 llegó a Perú, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis cerró de inmediato su territorio para que la pandemia no los alcanzara sin estar preparados. "Es una demostración de que los pueblos indígenas conservan su capacidad de gestión de sus territorios", señala Frederica Barclay, antropóloga e integrante del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad.

Al territorio de los wampis solo se puede acceder navegando por los dos ríos principales de la región Amazonas, el Santiago y el Morona. La minería ilegal, la actividad petrolera, los megaproyectos de hidroeléctricas en Manseriche, y el oleoducto con permanentes derrames de crudo en Santiago de Morona son las principales amenazas a su territorio. Sin embargo, los wampis nunca han sido partícipes de procesos de consulta bajo la legislación que reconoce este derecho en el país. La experiencia más cercana es su demanda contra el lote petrolero 116, que los asesores legales calificaron como "omisión de consulta".

En 2015, más de cien comunidades se reunieron en la comunidad nativa Soledad para anunciar la formación del gobierno territorial autónomo de la nación Wampis. "En el Perú, la nación Wampis es un ejemplo de experiencia de elaboración de formatos de consulta desde la aplicación del principio de autodeterminación", explica Frederica Barclay. "Esto se expresa en su  Estatuto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), el cual deja en claro que, al proclamarse nación, exige que se la trate como un sujeto político con derechos. Además, define claramente su territorio como indivisible, lo cual anticipa y delimita las condiciones para que una consulta pueda ser válida".

Según el Secretario Técnico del GTANW, Shapiom Noningo, "la propuesta de la nación Wampis busca enseñarle al Estado a que piense de distinta manera". Por ello, no sorprende que los wampis planteen excluir del proceso de consulta y del uso de su protocolo a todo proyecto o plan que implique un impacto significativo del territorio. "El gobierno va a tocar las puertas de la Nación Wampís porque hay petróleo y minería en nuestros territorios y por ello, estamos construyendo nuestro propio pensamiento para decirle al Estado que su ley no es aplicable en nuestra tierra. La consulta previa no nos sirve si impacta en la naturaleza; porque si lo hace, afecta a los derechos humanos", afirma Noningo. La nación Wampis entiende que nada que pueda afectar a la integridad y vida de su territorio puede ser sometido a consulta.

Treinta años después de su consagración en el Convenio 169 de la OIT, el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de las industrias extractivas sobre sus territorios. Salvador Millaleo, abogado mapuche consejero del INDH, la institución más importante de derechos humanos de Chile, señala que "existe un desfase entre esa consagración y la práctica, pues los poderes que formulan medidas que van a impactar en los pueblos indígenas han hecho todo lo posible por reducir el impacto de la consulta".

Según explica, "el Estado la reduce a su expresión mínima, ya que la convierte en un listado de control, un procedimiento burocrático tanto para aprobar proyectos de inversión como para sacar sus propios proyectos de ley".

En los últimos veinte años, varias constituciones latinoamericanas, al amparo de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han ido han introduciendo un mayor desarrollo de los derechos de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, que no excluyen la consulta sino que la complementan. Las constituciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua y México,  así como la constitución colombiana -en la que figuran los regímenes autonómicos de los territorios especiales- reconocen en grados diversos el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios.

Qué son los protocolos autónomos de consulta

El Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA) apoya desde 2015 diferentes procesos de construcción de autonomías indígenas en América Latina. "Nuestro trabajo es apoyar la consolidación de las autonomías, promover el intercambio de experiencias entre gobiernos indígenas y posibilitar el diálogo con organismos internacionales de derechos humanos", señala Alejandro Parellada, asesor para América Latina en IWGIA. "Y una de las facultades de las autonomías es que con ellas los indígenas pueden desarrollar mecanismos que regulen sus derechos en el ámbito interno así como su relación con el Estado y otros actores. Son los protocolos autónomos de consulta".

Su denominación, contenido y alcance varía según los pueblos. Surgen a raíz de un conflicto con el Estado y actores privados que amenazan sus territorios o formas de vida y, en algunos casos, son reconocidos por los Estados como una guía aplicable a los procesos de consulta. En Brasil, por ejemplo, la justicia obligó al Estado a utilizar el protocolo del pueblo Juruna para realizar una consulta sobre la exploración de oro por parte de la empresa canadiense Belo Sun. En Chile, el protocolo del pueblo Yaghán se origina a partir del creciente impacto del turismo científico en su territorio.

Sin embargo, persiste una resistencia de los Estados a reconocer dichos protocolos y garantizar que coexistan con la normativa legal. "El nivel de conflictividad entre el protocolo y el derecho nacional depende en primer lugar del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de Chile, donde no existe un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, los protocolos, si quieren tener eficacia, van a generar un conflicto normativo", señala Millaleo, actualmente inmerso en la cuestión de la representatividad indígena en el proceso constituyente de su país. "En segundo lugar, si estas normativas internas inciden en cuestiones de sectores productivos muy importantes, donde las empresas en juego tienen mucho poder sobre el aparato estatal, es probable que se resistan a sujetarse a los protocolos y acudan al Estado".

Según Salvador Millaleo, la eficacia del protocolo frente al extractivismo es indirecta. "Como las empresas están interesadas en generar procesos donde no haya conflictos, que tienen un elevado coste social y jurídico, muchas de ellas prefieren entenderse con las comunidades cumpliendo estos protocolos porque ello les garantiza evitar esos conflictos más que la acción del Estado".

"La tendencia en un futuro", agrega Millaleo, "va a ser que los Estados vayan reconociendo estos protocolos. No tanto porque estén convencidos de su justicia, sino porque cuando hay una fuerza social importante detrás de ellos se pueden transformar en métodos eficaces de resolución alternativa de conflictos. Si el Estado apoya a la empresa, perjudica a los pueblos indígenas y va perder en legitimidad. Para evitar conflictos, el Estado va a preferir dar un mayor reconocimiento a los pueblos indígenas, en la medida en que éstos tengan la voluntad de sacar adelante estos protocolos".

El caso del territorio Arhuaco

Según estableció la Corte Constitucional de Colombia en 2009, el pueblo Arhuaco, uno de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, al noroeste de Colombia, fue durante el conflicto armado víctima de "homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por actores armados ilegales y por la fuerza pública". En la actualidad, se enfrenta a la amenaza derivada de la presencia del narcotráfico, de misioneros evangelizadores y de empresas mineras.

"La minería era uno de los objetivos claros del conflicto armado" afirma Leonor Zalabata, líder de pueblo Arhuaco. "Hubo una militarización de nuestros territorios en la Sierra Nevada durante el conflicto armado y vinieron batallones de ingenieros militares. Ahora entendemos por qué están autorizados numerosos títulos mineros, licencias ambientales y hay seis bloques de hidrocarburos en ejecución".

Ante la falta de respuesta del Estado y ante la inutilidad de su participación en cientos de escenarios institucionales y procesos de consulta previa que no han garantizado su autonomía, ni la protección de sus territorios, en 2017 se crea el protocolo del pueblo Arhuaco.

Está basado en lo que ellos consideran la "Ley de Origen", Seyn Zare que establece "un ordenamiento preexistente a toda norma creada por el hombre". De esta manera, el protocolo define de antemano aquellos asuntos que, conforme a la Ley de Origen, no podrán obtener consentimiento y, por tanto, no tienen por qué ser consultados. "Es una posición arraigada en sus usos y costumbres, pero que también se enmarca perfectamente en el derecho internacional" afirma Alejandro Parellada, de IWGIA.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, ejemplos como éstos brindan ejemplo para los Estados y, esperanza para otros pueblos de la región cuyo nivel de autogobierno deja mucho que desear. En palabras de Frederica Barclay: "Está por verse en qué medida el Estado es capaz de transformar un pedido de renovación de la relación entre pueblos indígenas y gobierno, en una oportunidad para concretar el pluralismo y la justicia".

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Diversas organizaciones convocan a firmar en rechazo a la Ley Antibloqueo y exigiendo un referendo popular

Caracas, 12 de octubre de 2020.- Las organizaciones políticas, sociales de trabajadores y sectores populares Marea Socialista (MS), Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), Unidad Socialista de Trabajadores (UST), Partido Socialismo y Libertad (PSL), Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Sirtrasalud Distrito Capital, Colectivo Cultural Toromaima emitieron un petitorio de firmas en rechazo a la Ley Antibloqueo y exigiendo un referendo abrogatorio de la ley.

La organizaciones e individualidades pueden firmar el petitorio a través del link https://forms.gle/YNFqQKXXJnckvvvh6

Petitorio de firmas en rechazo a la Ley Antibloqueo y exigiendo un referendo popular

Recientemente, la autodenominada Asamblea Nacional Constituyente aprobó un proyecto de "Ley Antibloqueo", presentado por el gobierno nacional el pasado 29 de septiembre, en el que se le otorgan poderes extraordinarios al Ejecutivo para dejar sin efecto toda una serie de derechos del pueblo venezolano y de interés nacional establecidos en la Constitución Nacional. Entre otras cosas, le permitiría manejar a discreción y en secreto los activos del Estado nacional.

Los abajo firmantes, rechazamos categóricamente esta ley leonina y antidemocrática que lesiona los derechos de los trabajadores, trabajadoras y el conjunto del pueblo venezolano. Es un proyecto para dar paso a privatizaciones en masa y a gran escala, con las previsibles consecuencias de una mayor explotación de la mano de obra y desconocimiento de las contrataciones colectivas. En los hechos se entrega la soberanía y se vulneran los territorios.

Para peor, la aprobación se hizo "express", sin ninguna discusión de la misma por el pueblo venezolano, y ni siquiera por el propio organismo en cuestión. A los miembros de la ANC no les fue facilitado el proyecto a votar; se les negó acceso al mismo a quienes hicieron reiteradas solicitudes para conocerlo previo a la votación; teniendo así sólo acceso a escuchar una lectura del mismo en el propio momento de la votación, e incluso, a varios de estos se les colocaron obstáculos para poder asistir a la sesión, llegando al hecho insólito de impedir la entrada al recinto de votación a varios miembros de ese organismo.

Este instrumento no sólo pasa por encima de los procedimientos establecidos en la propia Constitución, sino que además, con el pretexto de enfrentar las sanciones impuestas arbitrariamente por el gobierno estadounidense, le confiere todo género de facilidades a la inversión privada nacional y extranjera (Art. 27); modificando el marco legal vigente para promover una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco y en el Arco Minero del Orinoco, así como legalizar y expandir la comercialización de gasolina al sector privado (Art.27 y 28).

Mediante esta ley el gobierno tendría facultades discrecionales para suspender la vigencia de leyes (Art. 17 y 18), teniendo las manos libres para celebrar tratados internacionales, manejar, ceder o entregar activos públicos, y crear fondos separados del Tesoro Nacional, manejados con independencia del Presupuesto Público (Art.16).

Con esta ley el Estado venezolano renuncia al derecho a someter los litigios a la jurisdicción nacional, remitiendo tales disputas a tribunales extranjeros, es decir, a los controlados por lo general por los países de donde son oriundos los capitales transnacionales. Se podrían revertir nacionalizaciones, devolviendo bienes que hayan sido objeto de alguna medida ejecutiva, legislativa o judicial o de suspensión de concesiones (Art. 27), además establece la confidencialidad de procedimientos realizados por el Estado, eliminando el acceso público a la información (Art. 14, 34 y 35). Incluso, propone penalizar a quienes insistan en el acceso a estas informaciones de interés nacional y público (Art. 36).

El argumento del Ejecutivo para esta ley son las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Quienes suscribimos este llamado estamos absolutamente en contra de esas sanciones y agresiones de claro corte imperialista, las cuales profundizan las penurias del pueblo venezolano. Rechazamos tajantemente toda la serie de confiscaciones de bienes nacionales, congelación de activos, embargos y sanciones diversas que los Estados Unidos y diversas potencias europeas le han impuesto a Venezuela. No le otorgamos el más mínimo derecho a estas naciones a imponer sanciones a nuestro país ni arrebatarle bienes. Exigimos el cese inmediato de todas esas agresiones y medidas "coercitivas".

Precisamente por esta posición de firme defensa de los intereses nacionales y del pueblo venezolano, rechazamos la ley en cuestión y la manera en que ha sido "aprobada". Los abajo firmantes, en base a los artículos 62, 71, 74 y 236 de la Constitución Nacional, exigimos que, tratándose de un tema de suma trascendencia nacional, sea sometido a la más amplia discusión nacional y consulta popular, concluyendo este proceso en un referendo abrogatorio, para que el pueblo venezolano, el sujeto real afectado directamente en múltiples aspectos por esta ley, tenga la ocasión de dar su veredicto sobre la misma. Un referéndum que debe ser convocado y garantizado con plena libertad de organización y control de las organizaciones políticas y sindicales, espacios en la televisión y radio, y sin ninguna persecución.

Consideramos de primer orden la organización y movilización obrera, campesina y popular para exigir este derecho fundamental e inalienable del pueblo venezolano. Que el pueblo decida. Llamamos a las diversas organizaciones sindicales, populares, campesinas, corrientes políticas e intelectuales comprometidos con la defensa de los intereses del país y de sus mayorías populares, a que juntos pongamos en pie un movimiento nacional que promueva una amplia y unitaria movilización democrática y popular con estos objetivos, para frenar la aplicación de esta ley, profundamente lesiva a los intereses del pueblo, las trabajadoras y trabajadores venezolanos.

Para firmar el petitorio como individualidad u organización, se puede entrar al siguiente formulario en Google:

https://forms.gle/YNFqQKXXJnckvvvh6

Marea Socialista (MS)

Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

Unidad Socialista de Trabajadores (UST)

Partido Socialismo y Libertad (PSL)

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Sirtrasalud Distrito Capital

Colectivo Cultural Toromaima

Por: Aporrea | Lunes, 12/10/2020 02:24 PM

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Sábado, 06 Junio 2020 06:38

La maldición del teflón

La maldición del teflón

El renombrado cineasta Todd Haynes se ha salido un poco de sus intereses habituales, para describir en El precio de la verdad, una preocupación marcada del cine hollywoodense: la lucha del individuo contra un sistema corrupto . Con un guion escrito por otros, basado en un artículo del New York Times, Haynes se apega a los hechos para realizar otra versión del mito de David vs. Goliat.

Parecida en cierta manera a Erin Brockovich: una mujer audaz (Steven Soderbergh, 2000), El precio de la verdad narra el largo proceso por el cual el abogado citadino Rob Billot (Mark Ruffalo) atiende la petición del furioso granjero Wilbur Tennant (Bill Camp), cuyo ganado sufre de trastornos debido al agua contaminada del río cercano en West Virginia. Tras una exhaustiva investigación, Billot descubre que, en efecto, la poderosa compañía DuPont ha envenenado a incontables seres humanos y animales con los desechos tóxicos resultantes de la fabricación de algo tan aparentemente inocuo como el teflón.

Entonces el abogado entablará una demanda colectiva contra DuPont –que, oh ironía, es uno de los clientes de la firma legal a la que pertenece. El camino será arduo y fatigoso, porque la compañía se valdrá de todo tipo de tretas para ocultar su culpabilidad y, sobre todo, negarse a pagar la millonaria indemnización. Habrán transcurrido 17 años entre la visita del granjero y la final resolución.

Digo que El precio de la verdad se aleja de lo habitual en Haynes porque el director nos había acostumbrado a un cine más íntimo y propio, que igual había cuestionado y deconstruido el melodrama de los años 50 ( Lejos del cielo, 2002, y Carol, 2015) o la biografía ficticia de diversas figuras del rock ( Velvet Goldmine, 1998, y Mi historia sin mí, 2007). Podría pensarse que su nueva realización es meramente una chamba; sin embargo, es evidente que Haynes se ha puesto al servicio de su historia con un indudable compromiso personal.

Con las referencias acostumbradas del director al cine del pasado, El precio de la verdad evoca también a esos paranoicos thrillers de los años 70 sobre conspiraciones siniestras de diferentes formas de poder. La atmósfera de la película es oscura y ominosa, aun cuando la vida del protagonista nunca es puesta en peligro.

Es mérito de Haynes y su fotógrafo Edward Lachman el comunicarnos una especie de pesimismo subyacente en dicha atmósfera. Si bien Billot resulta triunfal, hay en todo el proceso de la película una sensación de que los grandes corporativos se saldrán casi siempre con la suya en cuanto se refiere a crímenes contra el medio ambiente.

Una gran virtud de la película es la forma interesante como Haynes ha resuelto las farragosas partes expositivas de la investigación de Billot. Un ejemplo de ello es la secuencia en la que el protagonista le explica a su sufrida esposa (Anne Hathaway), conversando sobre la mesa del comedor, cómo DuPont ha contaminado al pueblo estadunidense desde los años 50 con una sustancia llamada PFOA (o C8), fundamental en la fabricación del teflón. A ello contribuye la urgente actuación de Ruffalo, quien expresa su cansancio con el caso, al mismo tiempo que su tenacidad para nunca darse por vencido.

El precio de la verdad (un título por demás olvidable) iba a estrenarse en cartelera justo cuando sobrevino la pandemia. Por ello, se ha decidido estrenarla en servicios de streaming. La película está, pues, a la renta en Apple TV y en Cinépolis Klic.

El precio de la verdad

( Dark Waters)

D: Todd Haynes/ G: Mario Correa, Matthew Michael Carnahan, basado en el artículo publicado en el New York Times, “ The lawyer who became DuPont’s worst nightmare”, de Nathaniel Rich/ F. en C: Edward Lachman/ M: Marcelo Zarvos/ Ed: Affonso Goncalves/ Con: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Bill Camp/ P: Willi Hill, Killer Content, Amblin Partners. EU, 2019.

Twitter: //twitter.com/@walyder">@walyder

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Minería, patrón de crecimiento y finanzas públicas en Colombia

Antecedentes

 

En el mundo la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 ha llevado a una crisis económica y social que no se sufría desde la Gran Depresión de 1929, y Colombia no ha sido ni va a ser la excepción.

Luego de ser implementadas por el Gobierno nacional varias de las políticas impulsadas por el Banco Mundial, como reducción de la tarifa impositiva media a las empresas, aumento de las exenciones fiscales empresariales, ampliación de la base gravable para las personas naturales con ingresos menores a los del límite inferior obligatorio para declarar impuesto a la renta, eliminación del impuesto al patrimonio para las personas jurídicas, entre otras, el Banco Mundial proyectaba un crecimiento económico para los años 2020 y 2021 de 3.6% y de 3.8%, respectivamente. Sin embargo, “con la pandemia de COVID-19 se espera que se afecte significativamente el consumo privado y la inversión”, a tal punto que, según el mismo Banco, en Colombia habría una contracción del 2.0 % en 2020, para luego lograr una recuperación en el 2021 de un 3.4% en 2021.

La proyección prevista inicialmente por el Gobierno nacional era del 4.0% y 4.2% para 2020 y 2021 (MFMP 2019), pero con la irrupción de la pandemia y la necesidad de implantar el confinamiento, ahora espera una contracción entre el 1.5% y 2.0% para el año 2020, llegando a señalar que “este será el peor año en la historia económica del país”.

En este contexto, el Gobierno nacional y grupos de presión empresariales y gremiales han expresado en los últimos días la conveniencia de adoptar medidas excepcionales para promover ciertas acciones de política públicas con el propósito de promover proyectos en determinados sectores y actividades, en particular el sector minero-energético con la 2 propuesta gubernamental (Mininterior) de adelantar las consultas previas en calidad de derecho fundamental de los pueblos indígenas vía plataformas digitales (online) para realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios ancestrales –muchas de ellas sin tener acceso a servicios de internet– o con el planteamiento empresarial de imponer la modalidad de licencias ambientales express para aligerar la aprobación de proyectos y obras.

Ello con el propósito de lograr una pronta decisión gubernamental para sacar adelante sus planes y proyectos de inversión a la mayor brevedad posible, aún y a costa de la institucionalidad jurídica vigente y de la plena observancia de derechos, políticos sociales y ambientales. Dicho procedimiento podría conducir aparte de una determinada ruptura institucional democrática, a un agravamiento de tensiones sociales y de carácter étnico y campesino que se han ido acumulando en ciertos territorios alrededor de la cuestión social y ambiental, ahora acentuadas de por sí por los rigores de los impactos sociales y sanitarios de la pandemia.

Una argumentación al menos implícita de estas posturas sobre política pública se basan en la convicción de que proyectos como los relacionados con el sector minero-energético han de traer indiscutibles beneficios tanto a las regiones en las que se habrían de desarrollar los mismos como a la economía nacional en su conjunto, para no decir al país en general, al contribuir a generar empleo, ingresos fiscales a nivel local y nacional –con el pago de regalías e impuestos–, divisas internacionales –con la inversión extranjera y la exportación de minerales–, ingresos y consecuentemente crecimiento económico. Es decir, se trataría de un círculo virtuoso inversión-crecimiento-riqueza.

Por supuesto, este círculo virtuoso no se compadecería con la conocida sentencia sobre “la maldición de los recursos naturales” –utilizada incluso por algunas organizaciones internacionales– para representar aquellas situaciones especiales en las que el desarrollo de actividades minero-energéticas no solamente no genera desarrollo económico local, ni mejora de manera apreciable la calidad de vida y el acceso a servicios públicos integrales – con la reducción de pobreza, la desigualdad y la exclusión social– de las poblaciones en los territorios intervenidos, sino que además tiende a generar una “aperezamiento fiscal” y, entre otros, un decisivo desplazamiento de actividades sectoriales más trabajo intensivas/menos capital intensivas como algunos sectores manufactureros o desarrollados acorde con la aptitud del suelo como el caso de ciertas actividades agropecuarias, por ejemplo.

Y sin que necesariamente la actividad minero-energética se logre constituir en una verdadera fuente dinámica de crecimiento económico, de generación de empleo, de encadenamientos productivos a nivel doméstico, de redistribución de ingreso y de fortalecimiento significativo y perdurable de las finanzas públicas a nivel macro, y por el contrario, sí pueda reproducir fenómenos nocivos como una excesiva y no estructural/temporal revaluación de la moneda nacional y una alteración sustancial en precios relativos de bienes y servicios básicos con sus impactos perversos en la asignación de recursos productivos en la economía en una perspectiva duradera.

Más aún, una situación de ese tipo podría resultar aún más grave en la medida en que se llegaran a generar perversos y perdurables impactos socio-ecológicos en fuentes de agua, acuíferos, ecosistemas de especial interés, contaminación y ambiente, que por supuesto han de tomarse con la más prioritaria atención y valoración.

Infortunadamente el modelo neoextractivista que se ha venido desarrollando en Colombia, entre otros países, no ha logrado demostrar la estricta validez de dicha argumentación política y programática tan esgrimida en ciertos círculos. Y ello todavía más en la medida en que se tomen en debida consideración y valoren los impactos ambientales y socioecológicos generados por muchos de ese tipo de proyectos minero-energéticos en una perspectiva duradera.

El cuestionamiento anterior se torna aún más grave y decisivo de cara a la nueva etapa de neoextractivismo que se abriría en el país con macroproyectos mineros y de fracking líderes con tecnologías más complejas e intensivas en capital no suficientemente probadas en ecosistemas de relativa fragilidad –como zonas de cordilleras y hasta de páramos–, con consecuencias ecosistémicas novedosas todavía no dilucidadas técnicamente en el territorio –en acuíferos, biodiversidad, contaminación por la masiva acumulación de desechos y escombros, entre otros– y con afectaciones serias sobre el modelo de desarrollo económico y social en el territorio. Con el agravante de que en variadas regiones se podría abrir paso al aprovechamiento mediante varios proyectos en usufructo de múltiples títulos mineros ya otorgados, que podrían tener impactos de carácter sistémico y perdurable/irreversible sobre la configuración socio-económica y ecológica de los territorios afectados (1).

Ante tal panorama, este quinto documento pretende: (i) presentar unas breves reflexiones conceptuales sobre la tipología de los impactos económicos de proyectos mineros de una nueva etapa de neo-extractivistivismo de tipo enclave, especializados en la exportación de minerales no procesados domésticamente y con tecnologías complejas no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, entre otros rasgos característicos, y (ii) analizar únicamente los impactos en el tipo de modelo de desarrollo, la generación de empleo y los impactos fiscales a nivel local y nacional, sin adentrarse en problemáticas adicionales de particular relevancia local como los severos impactos en la salud de los habitantes, la agudización de inseguridad, la presión inflacionista de precios de bienes y servicios básicos, etc.

1. Acerca de la caracterización de impactos socio-económicos de proyectos mineroenergéticos en la nueva etapa del neo-extractivismo

La actividad minera en Colombia pareciera entrar a una nueva etapa del neo-extractivismo de tipo enclave, especializada en la exportación del mineral sin mayor procesamiento – manufacturado, diferente a labores de depuración, selección y preparación para ser enviado al exterior, en donde se procede a procesar industrialmente–, con muy escaso valor agregado doméstico, y en el caso de macro-proyectos líderes, con tecnologías complejas y de nueva generación no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, altamente intensivos en capital y tecnología, y de baja intensidad en empleo.


Por supuesto con cambios en el patrón de crecimiento a nivel regional mediante el frecuente desplazamiento de sectores tradicionales como el agropecuario y de ramas manufactureras relativamente intensivos en mano de obra y valor agregado, y con algunos impactos sobre la actividad económica a nivel local en los territorios intervenidos –en el pequeño comercio, transporte, por ejemplo– pero que no son los más determinantes bajo esa modalidad de actividad.

Al menos teóricamente, sería de esperar que en esta nueva etapa buena parte de los eventuales impactos económicos de la actividad minera de enclave tenderían a concentrarse tanto en la generación de empleo y de ingreso y en la reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel local y territorial, como en el campo fiscal a nivel nacional y local –con el pago de regalías e impuestos a la renta y complementarios– y en la generación de divisas al país a través de la exportación de casi la totalidad de lo producido y de la inversión extranjera requerida. La magnitud de dichos impactos en el último campo habrán de depender de las tasas efectivas aplicadas por concepto de impuestos y regalías, y de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas extranjeras involucradas.

Aunque en este último campo sería claramente postitivo en términos de ingreso neto divisas al país durante los primeros años de la inversión y producción, y evidentemente negativo en la etapas ulteriores, ya que de otra manera no le resultaría rentable financieramente a una empresa transnacional inversora con una perspectiva intertemporal y a escala global.

El impacto fiscal neto sería el valor presente de las cuantías (en $ corrientes, por ejemplo) de los impuestos y regalías pagados por la empresa inversora a lo largo de la duración del proyecto, en tanto que el impacto cambiario neto sería el valor presente de los flujos de ingreso y egreso de divisas por concepto de inversión, exportación, remisión de utilidades, dividendos al exterior y reinversión en el país.

Infortunadamente, aún en la etapa extractivista previa que se ha desarrollado hasta ahora en el país, no se han constatado buen número de los eventuales impactos benéficos ni tampoco su intensidad, al menos como inicialmente se esperaba.

Sobra reiterar que hasta ahora no se han mencionado sino los impactos estrictamente económicos, lo que no es óbice para recalcar la importancia determinante para el análisis de la “bondad” de proyectos de inversión como los minero-energéticos, del costo de oportunidad societal e intertemporal de recursos escasos no renovables, de los impactos socio-ecológicos sobre la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, las fuentes de agua y el ambiente, y de la resiliencia del sistema en una perspectiva perdurable.

Hecha esta salvedad fundamental, es de resaltar que algunos de los macro-proyectos que han estado avanzando en etapas de exploración, algunos ya en trámite de licencia ambiental y otros en preparación, corresponden a unos típicos de enclave exportador, de firmas transnacionales, de gran escala a nivel internacional, altamente capital intensivos –de baja generación relativa de empleo–, con tecnologías complejas insuficientemente probadas en ecosistemas frágiles, con diversidad de impactos ecológicos duraderos –sobre fuentes de agua, acuíferos subterráneos, biodiversidad, entre otros– y con volúmenes de desechos y residuos sin precedentes en el país para la clase de ecosistemas a ser intervenidos masivamente.

Y todavía más en cuanto que criterios como el de resiliencia socio-ecológica y el de la reproducibilidad de las fuentes de agua, de la biodiversidad y de los ecosistemas adquieren aún mayor preponderancia de cara a la crisis climática y ecológica que se ha venido reproduciendo en el mundo, y que hoy en día ha sido visibilizada al menos parcialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 (2) y de los efectos del confinamiento obligatorio en la mayoría de los países.

Por ello, es que los impactos socio-ecológicos esperables podrían ser aún más trascendentales, sistémicos y duraderos que algunos proyectos ya desarrollados en el país con determinadas consecuencias irreparables en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, es claro que no tiene ningún sustento teórico, ni pragmático de política pública acelerar los procesos de estudio de impactos de los proyectos por venir ante su complejidad, magnitud y muy probable irreversibilidad en diversos ámbitos socioecológicos en el país.

Retornando entonces a los otros impactos importantes, en específico en el campo fiscal y de balanza de pagos, que son recurridos interesadamente sin debido análisis conceptual ni empírico por parte de empresarios y gremios involucrados y no pocos funcionarios públicos responsables, aquí se ilustra la experiencia acontecida la anterior etapa neoextractivista observada en el país desde los 90s hasta finales de la década anterior 2010s, con respecto a los impactos en la composición y dinámica sectorial del PIB, la fiscalidad a nivel nacional y local, y la situación social de las poblaciones de los territorios intervenidos.

2. Modelo de crecimiento: Desplazamiento de actividades productivas generadoras de empleo y redistribuidoras del ingreso

Desde 1990, año de la apertura económica, la estructura de la economía colombiana comenzó a cambiar en varios aspectos, entre ellos: el decaimiento de la actividad agropecuaria e industrial –al punto de que se fueron agudizando procesos de desagriculturización y desindustrialización (Garay et al., 1998) (3), la ampliación del sistema financiero, así como el avance de la actividad minera y de ciertas ocupaciones intensivas en mano de obra desarrolladas mediante actividades informales con elevada precariedad laboral como construcción no empresarizada, comercio al por menor y por cuenta propia, y turismo informalizado, entre otras.

Dicha precariedad laboral implica que los trabajadores carezcan de varios de los componentes de lo que la OIT ha llamado un “ingreso social” digno, en tanto que no perciben los beneficios de la seguridad laboral al primar la informalidad, la contratación laboral precaria: al día día, al destajo, con ingresos inferiores a los de mínimo vital, violando toda la normatividad internacional vigente. El caso de sistemas de contratación de médicos, enfermeras, odontólogos y demás personal de la salud en el país es un hecho que hoy ha salido a la luz pública a raíz de la pandemia.

En efecto, bajo el modelo de apertura económica se han venido observando cambios determinantes en la estuctura económica nacional en la medida en que el sector agropecuario ha pasado de representar del 17% del Valor Agregado Nacional (VA) en 1990 al 7% en 2019, la minería del 5% del VA en 1990 al 13% en 2012 y al 7% en 2019, la industria manufacturera del 19% del VA en los 90s a tan sólo el 13% en 2019. No sobra señalar que el sector agropecuario como la industria manufacturera son actividades que contribuyen a redistribuir el ingreso.

Entre tanto, la participación de la remuneración a los trabajadores en el Producto Interno Bruto ha disminuido sustancialmente en dicho periodo. Es así como a finales de los noventa alcanzó un nivel cercano al 37%, para luego caer de manera sostenida durante toda la primera década del 2000 al 31% en 2010 y luego ascender hasta cerca del 34% en 2018 (Gráfico 1). Por supuesto, mientras que la remuneración a los trabajadores desciende, el excedente bruto de explotación aumenta.

 

 

Esta tendencia se ve claramente reflejada en el caso del sector de minería al caer la remuneración laboral de un 16.2% del valor agregado (VA) en 1990 a un 13.3% en 2005 y 16.0% en 2018, por ejemplo, con una intensidad superior a la promedio nacional. En el caso del sector petrolero la remuneración de los trabjadores representaba el 16.4% del VA en 1990 y alcanzó un valor de 14.7% en 2018. En este sentido, tendría un relativamente menor impacto directo en la redistribución del ingreso, aunque sí potencialmente indirecto correlativo con la generación de valor agregado doméstico y con el pago de regalías e impuestos a nivel nacional y local.

Los cambios de las remuneraciones han estado asociados a variaciones en la composición del empleo. De acuerdo con el DANE, de los 15 millones 800 mil trabajadores ocupados en 2001, el 0.49% se encontraba laborando en el sector agropecuario, el 13.04% en la industria manufacturera, el 25.88% en el Comercio, el 4.03% en la construcción y el 1.03% en la minería. En 2019, esta misma composición fue: 0.53%, 12.35%, 27.45%, 27.45%, 7.11% y 0.67%, respectivamente.

Guardadas proporciones, estos cambios de composición a nivel nacional también se tienden a observar en el nivel territorial, con la característica de que el desplazamiento de las actividades agropecuarias e industriales se ha dado hacia sectores como el comercio, la 10 hotelería y la construcción, contribuyendo a profundizar tanto la informalidad como la pobreza.

 

 

En efecto, resulta de gran utilidad resaltar que entre la población clasificada como pobre según el índice de IPM, la informalidad en el trabajo supera el 50% y llega incluso hasta el 90%, como se muestra en el Gráfico 2. Y con la peculiaridad de que la mayoría de los departamentos con municipios eminentemente minero-energéticos muestran, en el caso de la población pobre, unos niveles de informalidad cercanos al 90% en 2018.

El potencial desplazamiento de actividades económicas productivas como la agropecuaria debido principalmente a la profundización de la actividad minero-energética (hidrocarburos, carbón, níquel, entre otros) muestra cómo en departamentos como Casanare, Meta, Cesar, Córdoba y La Guajira, en los que en 1990 el sector agropecuario representaba el 65%, 34%, 46% y 35%, respectivamente, presentaron una reducción porcentual promedio cercana al 34% entre 1990 y 2018, sobresaliendo Casanare con - 54.4%, Cesar con -38.0% y Córdoba con -23.5% (Cuadro 1).

 

 

A esta situación se agrega el hecho que las tasas de crecimiento promedio entre 1990-2018 no difieren sustancialmente entre los departamentos mineros en comparación con la economía local líder de Colombia como la de Bogotá D.C., a excepción del caso del Meta como departamento petrolero que alcanzó una mayor tasa de crecimiento promedio hasta del 6.8% y de La Guajira como departamento carbonífero con una tasa muy inferior de apenas el 2.9%, en comparación con una del 4.8% en el caso de Bogotá. Ello implicaría que, al menos en principio, las actividades de hidrocarburos y, en menor medida y no de manera general, las mineras sí habrían impulsado significativamente el PIB de los departamentos en los que se desarrollaron durante el periodo en referencia.

Pero con el ingrediente de que una vez se ha producido el decaimiento de dichas actividades, ha tendido a decaer correlativamente el crecimiento del PIB en los respectivos departamentos especializados. Es así como cabe destacar que en el caso del departamento de Arauca donde la producción minera representaba el 81% en 1990 pero que en 2018 apenas llegó a ser del 40%, el crecimiento promedio del PIB fue significativamente negativo entre 1990 y 2018 (-1.5% promedio anual), como el único caso excepcional en el país con el departamento de Guaviare (Gráfico 3).

 

 

En términos per cápita se observa cómo la actividad minero-energética debió haber contribuido a que los departamentos especializados se ubicaran entre los departamentos con 13 mayor PIB per cápita en el país en 2018 –en $ constantes de 2015–, en particular los especializados en hidrocarburos: Casanare y Meta, incluso con mayor PIB per cápita que Bogotá D. C., y en menor medida Cesar y Córdoba –con un PIB per cápita cercano al promedio nacional en 2018–, como departamentos eminentemente mineros (Gráfico 4). Se constata nuevamente la muy notable caída del PIB per cápita del departamento de Arauca.

 

 

Paralelamente resalta la fuerte caída del PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015– entre 1990 y 2018 en departamentos como Córdoba, Cesar y Sucre, incluso claramente superior a la promedio nacional. En contraste, los departamentos caracterizados por tener importantes economías campesinas no sufrieron caídas como Boyacá y Santander o las tuvieron mucho menores que el promedio nacional, como Cundinamarca y Nariño (Gráfico 5)

 

 

En consecuencia, es posible apreciar, como una primera aproximación, que departamentos eminentemente mineros en el periodo 1990-2018 no solamente aumentaron su PIB per cápita –en $ constantes de 2015–, sino que al mismo tiempo vieron reducir su PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015–, incluso de manera más acentuada que el promedio nacional, lo que insinuaría la presencia de una clara dinámica económica 14 impulsada por actividades mineras y acompañada de un desplazamiento relativo de actividades agropecuarias por parte de actividades mineras (legales) en tales departamentos.

3. Pobreza y condiciones de vida de las poblaciones de municipios minero-energéticos

Complementariamente, resulta necesario indagar el impacto en pobreza y condiciones de vida de las poblaciones de los territorios en que se desarrollan las actividades mineroenergéticas. Una primera aproximación se puede adelantar con base en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) como un indicador del bienestar de la población. El último Censo poblacional de 2018 realizado en Colombia muestra que el IPM de los principales municipios minero-energéticos en Colombia alcanza un valor promedio superior no sólo al de la gran mayoría de departamentos del país, sino que además supera comúnmente a los de municipios de muy variadas regiones (Cuadro 2).

 

 

Es así como el IPM promedio de municipios eminentemente mineros llega a ser cerca de 1.72 veces mayor que el de municipios eminentemente petroleros, y 2.48 veces mayor que el de regiones no minero-energéticas y hasta 12,4 veces el de Bogotá D.C. en 2018. En otras palabras, al menos hasta 2018 los municipios mineros hayan podido acercarse suficientemente a los petroleros, y menos aún a la mayoría de regiones no mineras –en especial Bogotá D.C.–, en términos de no haber logrado todavía unos niveles de pobreza multidimensional claramente inferiores a los observados en 2018.

Esta conclusión coincide con los hallazgos analizados por Rudas y Espitia (2014, pp. 71- 72) (4), en el sentido de que “mientras que los municipios petroleros tienden a acercarse a los municipios con mayor desarrollo de actividades no extractivas en términos de la calidad de servicios para su población, en marcado contraste los municipios mineros a gran escala se asemejan más, por las precarias condiciones de vida de su población, a los principales municipios cocaleros del país. … (Se constata así) una situación generalizada de confluencia de esta actividad minera, con elevados niveles de pobreza y bajos niveles en la calidad de vida (en términos de calidad de servicios en salud y educación y de vivienda) de la mayor parte de la población residente en las zonas de extracción, significativos déficits en la capacidad de las instituciones públicas para brindar atención a los grupos más vulnerables de la población …” (Lo entre paréntesis es propio).

A lo que habría que agregar que los fenómenos de corrupción, captura y cooptación institucional reproducidos en los niveles regionales y locales han conducido al malgasto, desvío y apropiación ilícita de importantes recursos públicos, entre ellos regalías, por lo que se podría haber afectado perversamente tanto la prestación de servicios públicos como otras políticas a favor de la población vulnerable, impidiéndose un mejoramiento de sus condiciones de vida y una reducción de la desigualdad y la pobreza.

4. El impacto del sector de la minería y de hidrocarburos en las finanzas públicas a nivel local y nacional

Uno de los principales impactos potenciales de las actividades minero-energéticas hace relación especialmente a su contribución al reforzamiento de las finanzas públicas en los niveles local y nacional, mediante el pago de los impuestos a la renta y complementarios, de las regalías y otros.

Si bien Colombia tiene unas de las tasas nominales del impuesto a la renta y de regalías más elevadas en Latinoamerica, las tarifas efectivas realmente pagadas no solo son ostensiblemente inferiores a las nominales, sino que llegan a ser unas de las menores aplicadas en países de la región.

Ello al punto de que, como lo señalan Rudas y Espitia (2013, p. 144), “Colombia comparte con Chile y Perú los niveles más bajos de participación del Estado en las rentas de este sector. En las últimas dos décadas, por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado percibe ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos (en el mejor de los casos, durante los últimos años de bonanza de precios en los mercados mundiales)” (5).

4.1 Impuesto a la renta y complementarios a nivel nacional

Detallando el caso del impuesto a la renta y complementarios vale la pena destacar que mientras que la tarifa nominal promedio para el sector minería e hidrocarburos era de 35.49% en 2017, la tarifa efectiva pagada apenas llegaba a un 4.28% –estimada como la proporción del valor de recaudo en el valor del ingreso bruto– en razón a la multiplicidad de tratos diferenciales, exenciones, deducciones y descuentos a favor de personas jurídicas que caracteriza al estatuto tributario del país, al punto que el gasto tributario total por concepto del impuesto a la renta de personas jurídicas –medido por el recaudo dejado de percibir por el Estado debido a esos tratos preferenciales– llegó a ser de $12.8 y $ 16.8 billones en 2017 y 2018, y de estas cuantías, respectivamente, el 4.3% y 7.3% resultó favoreciendo al sector minero-energético –y hasta un 34% a favor del sector financiero– (Garay y Espitia, 2019 y 2020).

Lo anterior se ve reflejado en que mientras que el sector minero-energético participó con un 5.4% del Valor Agregado nacional en 2017, su participación en el valor del impuesto a la renta y complementarios de personas jurídicas a nivel nacional llegó a ser del 21.0% (Garay y Espitia, 2020). Sin embargo, el sector de hidrocarburos representó un 4.0% en el VA nacional y cerca de un 15.0-16.0% en el valor total del impuesto sobre la renta y complementarios de personas jurídicas, por lo que el sector propiamente minero llegó a participar apenas con un 1.4% y un 5.0-6.0%, respectivamente.

En otras palabras, el sector propiamente minero –sin incluir hidrocarburos– habría aportado efectivamente apenas el 0.25-0.30% del PIB por concepto de impuesto a la renta y complementario en el bienio 2017-2018, por ejemplo.

Este tipo de comportamiento se reprodujo relativamente en las últimas décadas en la medida en que “… por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado (colombiano) percibe ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos (en el mejor de los casos, durante los últimos años de bonanza de precios en los mercados mundiales)” (Rudas y Espitia, 2013, p. 144).

4.2 Regalías

 

El nuevo Sistema General de Regalías implementado desde el año 2012 ha distribuido recursos a todos los municipios a través de diferentes mecanismos, dispersándose en miles de proyectos a nivel territorial, como se muestra en el Esquema 1.

 

 

El monto de regalías totales distribuido en el año 2012 correspondió a $10.5 billones (1.58% del PIB). Luego en 2013-2014 se presupuestaron $17.7 billones (1.20% del PIB de 2013 y 2014), en 2015-2016 $13.1 billones (0.79% del PIB) y en 2017-2018 $18.2 billones (0.95% del PIB). Es decir, el valor total de las regalías ha participado entre el 1.6% del PIB en 2012 y el 0.79% del PIB en 2015-2016, con un promedio cercano al 1.1% del PIB durante la década de 2010s.

De otra parte, es de mencionar que las regalías directas han representado desde el 31.87% en 2012, al 20.7% en 2013-2014 hasta llegar a menos del 12% en los dos bienios siguientes. Así, entonces, la suma del valor total del impuesto a la renta y de las regalías pagados por el sector propiamente minero –sin hidrocarburos– habría alcanzado, en promedio, entre un 0.50-0.60% del PIB al año en dicho periodo de referencia.

 

4.2.1 A nivel departamental

 

De acuerdo con la información publicada por el DNP sobre las finanzas públicas de las entidades territoriales, acorde con lo registrado por los departamentos y municipios sobre su ejecución de ingresos y de gastos, se observa que para el periodo 2000-2018:

 

(i) Los departamentos declararon regalías por $74 billones de pesos de 2019. Cerca del 50% de ese monto se concentró en los departamentos de Meta (18%), Casanare (15%), Cesar (7%), La Guajira (8%) y Santander (5%).

 

Y, entre otros, (ii) Los ingresos corrientes departamentales, tributarios y no tributarios (diferentes a regalías), sumaron un total de $155.1 millones de 2019, con una participación de apenas el 12% de los departamentos eminentemente minero-energéticos.

 

En el caso del departamento del Meta, por ejemplo, el valor acumulado de los ingresos tributarios alcanzó un valor cercano a los $531 mil millones en 2018, un 435% más del valor inicial en el año 2000 ($99 mil millones). Entre tanto, las regalías registraron un valor $13.3 billones, con un crecimiento de 5519%, respecto al valor inicial en el año 2000.

Con la peculiaridad de que una situación similar ha acontecido en otros departamentos minero-energéticos, muy diferente a lo sucedido en diversos departamentos y por supuesto a nivel nacional (Gráfico 6).

 

 

Como se muestra a continuación, una situación similar acontece con el caso de municipios eminentemente minero-energéticos con respecto a muchos otros en el país.

Ello es una expresión de lo que en la literatura especializada se ha denominado como la “pereza fiscal”, consistente en que la recepción de regalías tiende a sustituir el compromiso por interponer esfuerzos para la consecución de ingresos fiscales adicionales provenientes de otras fuentes, consecuentes para alcanzar una mayor presión fiscal a nivel local, regional y/o nacional –definida como la proporción de ingresos fiscales en el PIB correspondiente según el nivel de análisis–.

 

4.2.2 Regalías a nivel municipal

 

En el Gráfico 7 se observa que en muchos municipios minero-energéticos el valor las regalías directas ha crecido a un ritmo mucho mayor que el de los ingresos tributarios en el periodo 2000-2018, en sentido opuesto al caso de la totalidad de municipios en el país.

Así, por ejemplo, en el municipio de Puerto Gaitán el valor de las regalías llegaron a representar hasta 2.67 veces el valor de los ingresos tributarios locales en 2018, después de 23 que eran relativamente similares en 2000. Evolución más acentuada ha ocurrido, por ejemplo, en los municipios de Arauca y La Jagua de Ibirico, al ascender tal proporción en el periodo a 3.01 y 3.16, respectivamente.

Este patrón es radicalmente opuesto al de municipios no minero-energéticos en el país al punto en que dicho proporción –valor regalías/valor ingresos tributarios– llegaba a apenas 0.17 en 2018.

Ahora bien, para analizar estadísticamente la relación entre regalías y pereza fiscal, Garay y Espitia (2019) incluyen el valor de las regalías directas como una de las variables exógenas en un modelo econométrico básico para determinar el grado de influencia tanto en el Valor Agregado per cápita (VapC) –variable proxi del Ingreso per Cápita– como en el Índice de Pobreza multidimensional a nivel municipal en el país, y encuentran que la intensidad de la actividad minero-energética (medida por el valor de regalías directas) en el municipio sí afecta estadísticamente –a un nivel de significancia del 0.01%– de manera directa el VapC municipal pero sin lograr contribuir estadísticamente a la reducción de la Pobreza Multidimensional Rural (Cuadro 3).

 

 

“Ello ratificaría lo analizado en estudios previos sobre el tema como el de Rudas y Espitia (2013) en el que se muestra que, en promedio, los municipios predominantemente mineros tienen menores niveles de calidad de vida que los predominantemente petroleros, y ambos, a su vez, menores que los demás municipios del país (con mayor desarrollo relativo de actividades no extractivas)”. Y con el agravante de que “cuanto mayor sea la importancia relativa de las regalías directas en los ingresos del municipio, ceteris paribus, menor la Tributación per Cápita promedio en el municipio … reproduciéndose así el conocido fenómeno denominado como pereza fiscal … Esto es, que las regalías directas tenderían a desincentivar los esfuerzos locales para aumentar la tributación municipal para el financiamiento de políticas públicas de interés local y territorial” (Garay y Espitia, 2019, p. 249) (Lo entre paréntesis es propio). Un mayor detalle se ilustra en el siguiente Cuadro 4.

 

 

5. A manera de reflexión

 

1. La actividad minera en Colombia pareciera estar avanzando hacia una nueva etapa del neo-extractivismo de tipo enclave, especializada en la exportación del mineral sin mayor procesamiento –manufacturado, diferente a labores de depuración, selección y preparación para ser enviado al exterior, en donde se procede a procesar industrialmente–, con muy escaso valor agregado doméstico, y en el caso de macro-proyectos líderes, con tecnologías 25 complejas y de nueva generación no suficientemente probadas en ecosistemas frágiles, altamente intensivos en capital y tecnología, y de baja intensidad en empleo.

Por supuesto con cambios en el patrón de crecimiento a nivel regional mediante el frecuente desplazamiento de sectores tradicionales como el agropecuario y de ramas manufactureras relativamente intensivos en mano de obra y valor agregado, y con algunos impactos sobre la actividad económica a nivel local en los territorios intervenidos –en el pequeño comercio, transporte, por ejemplo– pero que no son los más determinantes bajo esa modalidad de actividad.

Al menos teóricamente, sería de esperar que en esta etapa buena parte de los eventuales impactos económicos de la actividad minera de enclave tenderían a concentrarse tanto en la generación de empleo y de ingreso y en la reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel local y territorial, como en el campo fiscal a nivel nacional y local –con el pago de regalías e impuestos a la renta y complementarios– y en la generación de divisas al país a través de la exportación de casi la totalidad de lo producido y de la inversión extranjera requerida. La magnitud de dichos impactos en el último campo habrá de depender de las tasas efectivas aplicadas por concepto de impuestos y regalías, y de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas extranjeras involucradas.

Infortunadamente, aún en la etapa extractivista previa que se ha desarrollado hasta ahora en el país, no se han constatado buen número de los eventuales impactos benéficos ni tampoco su intensidad como al menos inicialmente se esperaba.

Y con el agravante de que en presencia de una acendrado rentismo en relaciones societales básicas –consecuente con el usufructo del poder para el favorecimiento de intereses poderosos sin corresponsabilidad social– y de una institucionalidad extractiva –con la trasnferencia de rentas entre sectores y grupos de interés–, en medio de un avanzado estadio 26 de ilegalidad en calidad de práctica social7, como en el caso de un país como Colombia, se malgastan, desvían y apropian ilícitamente importantes y escasos recursos públicos –como los de regalías, por ejemplo– que habrían podido tener una indiscutible rentabilidad social y económica.

2. Ahora bien, bajo el modelo extractivista desarrollado en el país desde los 90s se puede constatar, como una primera aproximación, que departamentos eminentemente mineros en el periodo 1990-2018 no solamente aumentaron su PIB per cápita –en $ constantes de 2015–, sino que al mismo tiempo vieron reducir su PIB agropecuario por habitante –en $ constantes de 2015–, incluso de manera más acentuada que el promedio nacional, lo que insinuaría la presencia de una clara dinámica económica impulsada por actividades mineras y acompañada de un desplazamiento relativo de actividades agropecuarias por parte de actividades mineras (legales) en tales departamentos.

3. De acuerdo con el último Censo poblacional de 2018, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de los principales municipios minero-energéticos en Colombia alcanza un valor promedio no sólo superior al de la gran mayoría de departamentos del país, sino que supera comúnmente al de los municipios de muy variadas regiones en el país.

Es así como el IPM promedio de municipios eminentemente mineros llega a ser cerca de 1.72 veces mayor que el de municipios eminentemente petroleros, y 2.48 veces mayor que el de regiones no minero-energéticas y hasta 12,4 veces el de Bogotá D.C. en 2018. 4. Si bien Colombia tiene unas de las tasas nominales del impuesto a la renta y de regalías más elevadas en Latinoamerica, las tarifas efectivas realmente pagadas no solo son ostensiblemente inferiores a las nominales, sino que llegan a ser unas de las menores aplicadas en países de la región.

En efecto, mientras que la tarifa nominal promedio para el sector minería e hidrocarburos fue de 35.49% en 2017, la tarifa efectiva pagada apenas llegaba a un 4.28% –estimada como la proporción del valor de recaudo en el valor del ingreso bruto– en razón a la multiplicidad de tratos diferenciales, exenciones, deducciones y descuentos a favor de personas jurídicas que caracteriza al estatuto tributario del país, al punto que el gasto tributario total por concepto del impuesto a la renta de personas jurídicas –medido por el recaudo dejado de percibir por el Estado debido a esos tratos preferenciales– llegó a ser de $12.8 y $ 16.8 billones en 2017 y 2018, y de estas cuantías, respectivamente, el 4.3% y 7.3% resultó favoreciendo al sector minero-energético.

Lo anterior se ve reflejado en que mientras que el sector minero-energético participó con un 5.4% del Valor Agregado nacional en 2017, su participación en el valor del impuesto a la renta y complementarios de personas jurídicas a nivel nacional llegó a ser del 21.0%. Sin embargo, el sector de hidrocarburos representó un 4.0% en el VA nacional y cerca de un 15.0-16.0% en el valor total del impuesto sobre la renta y complementarios de personas jurídicas, por lo que el sector propiamente minero llegó a participar apenas con un 1.6% y un 5.0-6.0%, respectivamente. Ello conduce a que el sector propiamente minero –sin incluir hidrocarburos– hubiera aportado efectivamente con cerca de un 0.25-0.30% del PIB por concepto de impuesto a la renta y complementario en el bienio 2017-2018, por ejemplo.

5. El valor total de las regalías por concepto de la explotación de recursos mineroenergéticos en el país ha participado entre el 1.6% del PIB en 2012 y el 0.79% del PIB en 2015-2016, con un promedio cercano al 1.1% del PIB durante la década de 2010s.

Razón por la cual la suma del valor total del impuesto a la renta y de las regalías pagados por el sector propiamente minero –sin hidrocarburos– habría alcanzado, en promedio, entre un 0.50%-0.60% del PIB al año en 2017-2018.

A lo que habría que agregar como agravante de que tanto a nivel de departamentos como de municipios eminentemente minero-energéticos la recepción de regalías ha dado lugar al fenómeno de “pereza fiscal” en la medida en que, por ejemplo, para el municipio de Puerto 28 Gaitán el valor de las regalías llegaron a representar hasta 2.67 veces el valor de los ingresos tributarios locales en 2018, después de que eran relativamente similares en 2000. Evolución más acentuada ha ocurrido, por ejemplo, en los municipios de Arauca y La Jagua de Ibirico, al ascender tal proporción en el periodo a 3.01 y 3.16, respectivamente.

Este patrón es radicalmente opuesto al de municipios no minero-energéticos en el país al punto en que dicha proporción –valor regalías/valor ingresos tributarios– llegaba a apenas 0.17 en 2018.

6. Ante la baja generación de empleo y valor agregado, dada la modesta reducción de los índices de pobreza –con mayor razón en cuanto que el IPM de las cabeceras municipales es menor que el de sus correspondientes áreas rurales (Garay y Espitia, 2019)– y de la desigualdad a los niveles municipal y territorial, y en presencia de una modesta contribución a las finanzas públicas por concepto del impuesto a la renta y de regalías, resulta claro que la actividad propiamente minera no se ha erigido como fuente importante de crecimiento económico, de bienestar social y de riqueza en el país en una base perdurable.

Ha de destacarse que por esa razón no puede considerarse como una fuente de apalancamiento de cuantiosos recursos fiscales para el reforzamiento de las finanzas públicas nacionales, opuesto a lo que pareciera ser esgrimido por algunos grupos de presión empresarial y aún gubernamental a propósito de la crisis socio-económica y sanitaria producida por la pandemia del COVID-19.

7. En el campo de la balanza de pagos, es de mencionar que la magnitud de los impactos de actividades mineras en la nueva etapa neo-extractivista ha de depender de la magnitud y temporalidad entre los flujos de inversión extranjera y de exportación de minerales explotados y los de remisión de utilidades, dividendos y afines y de reinversión de utilidades de las empresas transnacionales involucradas.

Sería de esperar que el impacto neto sería claramente positivo en términos de ingreso neto de divisas al país durante los primeros años de la inversión y producción/exportación, y evidentemente negativo en la etapas ulteriores, ya que de otra manera no le resultaría rentable financieramente a una empresa transnacional inversora con una perspectiva intertemporal y a escala global. Si bien la magnitud del impacto neto –en divisas internacionales– dependerá del proyecto específico, no habría razones suficientes para prever que esta sea elevada como proporción a la suma del valor de la inversión y de las exportaciones, como requisito para garantizar la rentabilidad financiera del proyecto.

8. Como agravante de lo anterior ha de recalcarse la importancia determinante para el análisis de la “bondad” de proyectos de inversión como los minero-energéticos, del costo de oportunidad societal e intertemporal de recursos escasos no renovables, de los impactos socio-ecológicos sobre la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, las fuentes de agua y el ambiente, y de la resiliencia del sistema en una perspectiva perdurable.

Y todavía más en cuanto que criterios como el de resiliencia socio-ecológica y el de la reproducibilidad de la naturaleza adquieren aún mayor preponderancia de cara a la crisis climática y ecológica que se ha venido reproduciendo en el mundo, y que hoy en día ha sido visibilizada al menos parcialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 y de los efectos del confinamiento obligatorio en la mayoría de los países.

Por ello, es que los impactos socio-ecológicos esperables podrían ser aún más trascendentales, sistémicos y duraderos que algunos proyectos ya desarrollados en el país con determinadas consecuencias irreparables en el mediano y largo plazo.

En consecuencia, resulta claro que tampoco tiene ningún sustento teórico, ni pragmático de política pública acelerar los procesos de estudio de impactos de los proyectos por venir ante su complejidad, magnitud y muy probable irreversibilidad en diversos ámbitos socioecológicos en el país.

 

Notas

1 A manera de ilustración, uno de esos territorios podría ser el sur-oeste antioquño una vez se llegara a adelantar el macroproyecto de oro y cobre en Jericó por Anglogold Ashanti.

2 No debe dejar de mencionarse que cerca de dos tercios de las enfermedades y patologías que sufre la humanidad, según la Organización Mundial de la Salud, se relacionan con el cambio climático.

3 Ver, entre otros, a: Garay, L. J. et al (1998). Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967- 1996. DNP-Colciencias-Minhacienda-Mincomex-Proexport Colombia. Bogotá, Colombia.

4 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2014). “La paradoja de la minería y el desarrollo. Análisis departamental y municipal para el caso de Colombia”. En: Garay, L. J. (dir.) et al. Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Vol. 2. Contraloría General de la República de Colombia. Bogotá. Enero. 

5 Rudas, G. y Espitia, J. E. (2013). “Participación del Estado y la sociedad en la renta minera”. En Garay, L. J. (dir.) et al. Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza. Vol. 1. Contraloría General de la República de Colombia. Bogotá. Mayo.

6 Esta sub-sección se basa fundamentalmente en: Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2019). Dinámica de las desigualdades en Colombia. Vol. 1. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. Octubre. Capítulo 2; y Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2020). Dinámica de las desigualdades en Colombia. Vol. 2. Ediciones Desde Abajo. Bogotá. Nota de investigación 8. (en publicación). 

7 El lector interesado puede consultar, entre otros, a: Garay, L. J. (2018). “Una génesis de la ilegalidad: Corrupción, Captura del Estado, Cooptación institucional y Macro-corrupción“. En: Garay, L. J. y Salcedo- Albarán. , E. El gran libro de la corrupción en Colombia. Editorial Planeta. Bogotá, Noviembre.

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 Un indígena guaraní fuma una pipa junto a un árbol talado por desarrolladores en Sao Paulo. Andre Penner AP

La norma propuesta debe ser aprobada por el Congreso y enfrenta el rechazo de los pueblos originarios y los ambientalistas, quienes la consideran "genocida"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció esta semana que presentará un proyecto de ley en el Parlamento que permitiría la explotación de recursos en tierras indígenas protegidas. La iniciativa —que incluye la minería, la extracción de petróleo y gas, la construcción de hidroeléctricas y la exploración de tierras para agricultura, ganadería y el extractivismo forestal— será enviada al Congreso para su tramitación, donde se enfrentará al rechazo de la comunidad indígena y de los ambientalistas, que califican la propuesta de “genocida”. La Constitución de Brasil prevé la minería en estas reservas, pero hasta el momento no se ejecuta porque prescinde de un desarrollo normativo que la regule y además debe contar con la aprobación de la población indígena. Por estas causas, no hay declarada ninguna mina oficial en las 619 áreas indígenas localizadas en el país, aunque esté probada la existencia ilegal de decenas de ellas, principalmente en la región amazónica, donde mineros que practican la actividad de forma ilícita han asesinado a indígenas de la región.

El proyecto de Bolsonaro también prevé que se permita la exploración de tierras de los pueblos originales para el turismo, la agricultura, la ganadería o el extractivismo forestal. Y sugiere que el Parlamento consulte a los indígenas sobre su propuesta, pero que se les impida ejercer su derecho a veto, una solicitud que iría en contra de la Constitución del país.

El presidente, que anunció la incitativa durante la celebración de sus 400 días en el poder, presionó al Legislativo para que apruebe su propuesta y declaró que, si pudiera, encerraría a los ambientalistas en la Amazonia. “Este gran paso depende del Parlamento, que sufrirá la presión de los ambientalistas. Esos del medio ambiente”, dijo con su habitual estilo de desprecio a los defensores de la naturaleza. “Si un día pudiera, los encierro en la Amazonia, ya que les gusta tanto el medio ambiente, así dejan de molestar a los amazónicos aquí desde dentro de las áreas urbanas”, señaló.

En su discurso alegó que los indígenas son “seres humanos”. “Exactamente iguales que nosotros. Tienen corazón, sentimientos, tienen alma, deseos, y son tan brasileños como nosotros”, añadió. La frase refuerza la idea del actual Gobierno —que evoca al pasado de la dictadura militar— de que los indígenas deben “integrarse” a la sociedad no indígena.

Según el comunicado emitido por el Ministerio de la Casa Civil, las comunidades indígenas afectadas por la industria minera percibirían indemnizaciones de las empresas que exploten las áreas y se contaría con consejos de vigilantes que estarían compuestos únicamente por indígenas. El texto prevé también que los indígenas puedan explorar las áreas en las que residen. El pasado enero, el Ministerio de Minas y Energía brasileño ya había realizado una reunión para presentar el proyecto a todos los embajadores europeos en Brasilia y dejar claro que Bolsonaro va a insistir en su objetivo.

Entidades vinculadas a las comunidades indígenas protestaron contra la medida y recordaron que Bolsonaro está obligado a respetar los derechos constitucionales de los indígenas, incluido el de mantener las particularidades de sus modos de vida. La ONG Observatorio do Clima advirtió a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia; y del Senado, David Alcolumbre, de que rechazarían este tipo de propuestas. “Esperamos que cumplan sus palabras y no acepten este proyecto genocida. Ambos se habían comprometido a no someter a votación aquellas propuestas que amenazasen a los bosques ni a los pueblos tradicionales. Es hora de poner a prueba esa determinación”, escribió la asociación en una nota.

Desigualdad

Para estas poblaciones, la explotación económica traerá como consecuencia la desigualdad en las comunidades, la devastación forestal acelerada y la desaparición de especies nativas del planeta. El último informe de la ONU, de 2019, sobre la velocidad con la que las especies se están extinguiendo —una de cada ocho está amenazada—, subraya que esta destrucción de la naturaleza es más lenta en las tierras donde viven los pueblos indígenas.

El proyecto de exploración de áreas indígenas no es el único punto del Gobierno de Bolsonaro que preocupa a los indigenistas. Las últimas semanas, su gestión fue objeto de varias críticas por haber designado al exmisionero evangélico Ricardo Lopes Dias como nuevo coordinador de indígenas aislados. En un comunicado, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) afirmó que el presidente ha dejado de respetar la existencia libre de los pueblos indígenas y que fomenta el genocidio de dicha población.

Por Afonso Benites

Brasilia 6 FEB 2020 - 22:36 COT

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