El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dejó en suspenso la entrega de los secuestrados que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron a liberar unilateralmente, ya que, según el Gobierno, la guerrilla dio coordenadas erróneas para hallar a dos de los tres prisioneros que debían ser liberados el domingo. La misión humanitaria, integrada por la ex senadora y mediadora Piedad Córdoba y la Cruz Roja, habían explicado que la interrupción, uno de los tres secuestrados fue liberado, del operativo se debió a las malas condiciones meteorológicas para volar en helicóptero de rescate.
 
El presidente de colombiano dijo que solo se retomará el operativo cuando se den garantías de cumplimento por parte de la guerrilla. "No queremos improvisar y tomaremos una decisión cuando estemos seguros, solo cuando estemos seguros, de que la liberación pueda llevarse a cabo", señaló Santos.
 
Es que pese a los anuncios y a que la operación estaba en marcha, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaron, según el Gobierno, unas coordenadas erróneas que hicieron fallar la liberación del policía Guillermo Solórzano y el cabo del Ejército Salín Sanmiguel el domingo.
 
Tras esas frustradas liberaciones, el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Christophe Beney, informó por la mañana que tenía autorización del Gobierno para seguir con la operación y recoger a los dos rehenes.
 
Pero minutos después, el Gobierno, a través de un comunicado, lo negó: "El Gobierno Nacional se permite informar que no es cierto que haya autorizado la reanudación de algún operativo para la liberación de secuestrados".
 
Para Santos, lo ocurrido el domingo fue grave porque las FARC "incumplieron con las coordenadas, incumplieron con las entregas y propusieron a última hora, cuando ya no era posible, realizar la entrega en un lugar que estaba fuera de las áreas previamente acordadas".
 
Esto es "algo que ni el Gobierno ni el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) podemos aceptar", manifestó el presidente.
 
"En este preciso momento estamos evaluando la situación para la continuación del proceso de liberaciones. Estamos incluso considerando la posibilidad de hacerlo por tierra", adelantó horas después Santos, quien, sin embargo, se expresó en desacuerdo con las "liberaciones a cuentagotas".
 
También se quejó por el uso de los recursos prestados por el Gobierno de Brasil, que ha facilitado los helicópteros para recoger a los secuestrados en la selva, al señalar que son "utilizados para organizar fiestas de varias horas para 'celebrar' con los secuestradores su supuesto acto de generosidad".
 
Recordó, igualmente, que de ahora en adelante la nueva Ley de Orden Público, no permite la creación de zonas de despeje para organizaciones armadas ilegales. Aunque la norma mantiene herramientas como el indulto que ha permitido las desmovilizaciones de grupos al margen de la ley.
 
Las liberaciones anunciadas por las FARC comenzaron el miércoles pasado con la liberación del concejal Marcos Baquero y prosiguieron el viernes con la puesta en libertad del también concejal Armando Acuña y el infante de la Marina Henry López. El domingo entregaron al policía Carlos Alberto Ocampo, pero no hicieron lo mismo con Solórzano y Sanmiguel.
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En medio de una gran expectativa nacional, por lo que puede ser el paso inicial que ambiente acercamientos entre el Gobierno nacional y las farc para futuras negociaciones, se llevó a cabo el domingo primero de febrero la liberación de un grupo de policías y militares que estaban bajo poder insurgente. La Cruz Roja Internacional, la senadora Piedad Córdoba, además de otros integrantes de “Colombianos y colombianas por la paz”, así como una misión de apoyo técnico procedente de Brasil, facilitaron las condiciones que permitieron que la decisión de los insurgentes culminará de manera positiva.

La entrega de media docena de prisioneros de guerra y secuetrados, decisión unilateral de los guerrilleros, oficializada el 21 de diciembre de 2008, se lleva a cabo luego de dos misivas dirigidas a los alzados en armas por parte de “Colombianos y colombianas por la paz”, una confluencia de personas de la sociedad civil por la paz negociada, a cuya cabeza aparece la senadora Piedad Córdoba.

Día tenso

El domingo 1 de febrero despertó en Colombia con grandes expectativas. Ese día, de acuerdo a lo decidido por la guerrilla y aceptado por el Gobierno nacional, cuatro policías y soldados volverían a sus hogares: Juan Fernando Galicia, Walter Lozano Guarnizo, Alexis Torres Zapata y William Giovanni Domínguez.

Con los helicópteros facilitados por Brasil ubicados en territorios aledaños a las zonas de guerra, y con delegaciones de “Colombianos y colombianas por la paz” situados de igual manera en varias cabeceras municipales del sur del país, todo estaba listo para lo que sería una misión humanitaria normal.

Pero como en otras ocasiones, las sorpresas no se hicieron esperar, y lo que se suponía sería una misión breve y directa, se transformó en una operación compleja y llena de rodeos. Con el paso de las horas, y ante la prolongación de la operación, la incertidumbre ganó espacio entre familiares de los detenidos por las farc, la misión humanitaria, políticos de todos los colores y medios de comunicación.

No era para menos. Tras algunas horas de incertidumbre, Jorge Enrique Botero, uno de integrantes de “Colombianos y colombianaspor la paz” que acompañaba a la senadora Piedad Córdoba, dio a conocer a Telesur que la misión humanitaria casi se hecha a perder por el sobrevuelo que durante más de dos horas realizaron naves oficiales sobre el territorio determinado por los insurgentes  para la entrega de los tres policías y el soldado bajo su control. Se evidenciaba, sin duda, la violación de los protocolos internacionales aprobados para este tipo de misiones.

Por su parte, en declaraciones a Telesur, Jairo Martínez, un dirigente local de las farc, precisó que en combates llevados a cabo en medio del operativo de entrega de los militares bajo su poder, perdió la vida uno de los hombres bajo su mando y otro permanecía desaparecido.

De acuerdo a testigos de la misión humanitaria, la persistencia de los insurgentes en cumplir con su promesa fue el hecho determinante para que la operación no se fuera a pique. Es así como en las primeras horas de la noche llegaron los liberados a la capital del país. En horas del noche, contrariando a funcionarios suyos que lo habían negado, Álvaro Uribe reconoció lo denunciado: “Hubo vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana. Esos vuelos respetaron las alturas mínimas en el área autorizada. No hubo operaciones militares ofensivas” (sic).

Al final de la jornada, pese a la tensión que la dominó, todo era alegría en Colombia. Pero lo bueno no dura. Pocas horas después, un carro bomba estallaba en el populoso barrio Don Bosco de la ciudad de Cali, dejando como saldo dos muertos y varias docenas de heridos, atentado atribuido de inmediato, por parte de las fuentes oficiales, a las farc.

El atentado, al igual que las declaraciones de emitidas en directo desde la zona donde fueron dejados en libertad los miembros de la fuerza pública bajo control de las farc, fueron argumentadas por el presidente Uribe como motivos que impedian que la senadora Piedad Córdoba continuara como parte de la misión humanitaria, lo cual hacía presagiar la interrupción abrupta de la misma.

El Presidente aseveró el domingo cerca de la media noche:  “El Gobierno cumplió con lo ofrecido (…). La necesidad humanitaria de liberar a los secuestrados ha sido utilizada, en contra de lo acordado, en incitación y estímulo al grupo secuestrador, narcotraficante y terrorista de las farc.

Esta noche los terroristas de las farc han explotado un carro bomba en Cali, que se suma a los recientes atentados de Neiva y Bogotá.

El Gobierno no puede permitir que el terrorismo siga haciendo fiesta con el dolor de los secuestrados y de sus familias.

En consecuencia, se autoriza exclusivamente al Comité Internacional de la Cruz Roja y a su apoyo logístico, otorgado por la República del Brasil, para continuar en esta operación, lo cual es suficiente para un acto humanitario”.

El lunes 2


Las declaraciones en cuestión tendieron una espesa y pesimista bruma  sobre la sociedad colombiana. Pero las voces de preocupación por lo determinado no se hicieron esperar. Por diferentes emisoras de cobertura nacional los entrevistados se extrañaban por lo determinado en la Casa de Gobierno, llamando a la rectificación. Pero opiniones como las del ex presidente Ernesto Samper iban más lejos, culpaban al gobierno de Uribe por lo sucedido y por el inmenso riesgo que corrieron los miembros de la Misión y su casi aborto. Asegurando, además, que si Piedad Córdoba no era incluida en la Misión, con toda seguridad el regreso a la libertad de los dos políticos secuestrados por las farc, el ex gobernador del departamento del Meta, Alan Jara, y el ex diputado de la asamblea del Valle del Cauca, Sigifredo López, no se llevaría a feliz término.

El efecto de unas y otras no se dejó esperar. En horas de la mañana se conoció una nueva declaración oficial donde se rectificaba la decisión de la noche anterior.

Día de esperanza. Este lunes, por tanto, y el miércoles entrante, de acuerdo al cronograma establecido, prosiguirá la misión humanitaria su labor. Si todo sale bien, otros dos secuestrados volveran al seno de sus familias, y los colombianos y colombianas verán regado el sendero de una negociación de paz posible. Claro, faltará mucho terreno por recorrer, empezando por derrumbar la terca decisión del gobierno que encabeza Álvaro Uribe de reconocer el conflicto nacional y la necesidad del diálogo para llevarlo a su fin.

Todo tiene su principio. Con la crisis económica rondando al país, y con los positivos cambios que vive el Continente y presionan las decisiones que se toman en las altas esferas colombianas y en las montañas del sur del país, hay nuevos factores que ayudan a romper esquematismos.

Es tiempo de negociación. “Colombianos y colombianas por la paz” tiene un amplio espacio para su acción.

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