Sábado, 24 Octubre 2020 06:09

La derrota del racismo

Luis Arce y David Choquehuanca, elegidos presidente y vicepresidente de Bolivia, durante la campaña electoral. AFP, MAS

El nacimiento de un nuevo ciclo político en Bolivia

 

Tras el abrumador triunfo del MAS y con el fin del régimen de Áñez, se abre un nuevo escenario que va más allá de un simple retorno de los partidarios de Evo Morales al Palacio Quemado: ahora la derecha es más fuerte que en 2005 y las bases masistas se encuentran empoderadas y movilizadas luego de su tenaz resistencia al despotismo.

 

En sus primeras declaraciones, el presidente electo, Luis Arce Catacora, esbozó modos y maneras diferentes a las practicadas por Evo Morales en sus 14 años de mandato: «Vamos a construir un gobierno de unidad nacional, vamos a trabajar y vamos a reconducir el proceso de cambio sin odios y aprendiendo y superando los errores como Movimiento al Socialismo [MAS]».

Esas declaraciones encarnan lo que siente una parte del 52 por ciento del electorado que el domingo 18 votó por la candidatura Arce-Choquehuanca. De primar ese sentimiento, es posible que Bolivia se encamine ahora en una dirección distinta a la que predominó durante los gobiernos de Morales-García Linera y, en especial, durante el año en que gobernó Jeanine Áñez.

Es que algo importante parece haber cambiado en el seno del MAS, en particular entre las dirigencias que permanecieron en el país durante un año plagado de incertidumbres y haciendo frente al odio racista desplegado por el gobierno golpista. Un cambio que se refleja en las palabras dichas el lunes 19 por la presidenta del Senado, la masista Eva Copa, sobre el anunciado retorno de Morales: «Nosotros no creemos que sea el momento adecuado, él tiene temas que solucionar todavía. Pero nosotros a la cabeza de Luis Arce y como Asamblea [Parlamento] tenemos tareas que culminar».

UN RESULTADO TRANSPARENTE

Explicar por qué el MAS, sin Morales como candidato, recogió siete puntos más que lo hecho hace un año atrás requiere una doble mirada. Por un lado, a la hora de desmenuzar los resultados, casi todos los analistas colocan en un lugar destacado la gestión del gobierno de Áñez y en particular la del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

«Áñez fue la gran jefa de campaña del MAS», dijo el lunes a la emisora Erbol el politólogo y docente de la Universidad Mayor de San Andrés Roger Cortez, quien agregó que habría que dar «medallas especiales a los ministros de Gobierno y Defensa». El caso de Murillo enseña los peores rasgos de un gobierno de transición que deseaba quedarse el mayor tiempo posible. El rechazo a Murillo provino no sólo de una parte importante de la población, sino también de varios ministros que renunciaron a sus cargos por disconformidad con sus declaraciones, ya que acostumbraba a lanzar amenazas e investigaciones contra oponentes, periodistas y compañeros de gabinete que osaran cuestionarlo. El racismo y las posiciones ultraderechistas enajenaron del oficialismo incluso a parte de las clases medias que se pronunciaron contra Morales en octubre de 2019.

Lo cierto es que el MAS ganó en los cinco departamentos de mayoría indígena: en La Paz superó el 68 por ciento y en Oruro, el 62 por ciento; en Cochabamba votó por encima del 65 por ciento; en Potosí alcanzó el 57 por ciento y en Chuquisaca, el 49. Ganó también en Pando, con el 45 por ciento. Carlos Mesa, sin fibra y muy escorado a la derecha, ganó en Tarija con casi diez puntos de ventaja, pero en Beni con un margen más ajustado.

La polarización territorial es evidente, tanto como el crecimiento de una nueva derecha radical. Recordemos que en las elecciones de 2014 el MAS había obtenido el 49 por ciento de los votos en Santa Cruz y que ahora quedó estancado allí en el 35 por ciento, a contracorriente de su ascenso en el resto del país con respecto a 2019. En ese departamento ganó con holgura el domingo el ultraderechista Luis Fernando Camacho, con el 45 por ciento de los votos.

Para Cortez, la victoria del MAS se explica por el predominio de un electorado conservador, pero no en el sentido ideológico de la palabra, sino en su adhesión al pragmatismo. Una buena parte de los votantes, afirma, se inclinó por Arce «por la situación que vive el país, porque, aunque conoce las fechorías del gobierno del MAS, también sabe y recuerda los resultados que este obtuvo en materia de pobreza e igualdad». En suma, votó por lo conocido, ya que «Arce tiene mejores posibilidades que sus contrincantes de hacerlo bien».

Sin embargo, el analista no se muestra nada optimista de cara al futuro inmediato. Sostiene que el MAS va a tener en contra enemigos más poderosos que los que tuvo en las elecciones: el coronavirus y la inminencia de una segunda ola, y una economía con ingresos decadentes por exportaciones de gas e inversiones en petróleo que, en vistas del actual contexto internacional, difícilmente llegarán.

EL FACTOR CHOQUEHUANCA

El vicepresidente electo tiene una extensa trayectoria política. Durante el gobierno de Morales fue canciller (2006-2017), hasta que el jesuita Xavier Albó tuvo la ocurrencia de mencionarlo como eventual candidato a la presidencia del MAS, ya que el referendo de 2016 había denegado a Evo esa posibilidad. Mantiene un largo diferendo con el exvicepresidente Álvaro García Linera (quien lo tildó de «pachamámico» por su apoyo a la espiritualidad ancestral) y Evo lo aceptó como vice para estas elecciones a regañadientes, presionado por las bases y los movimientos sociales, que se empeñaron en defender su candidatura (véase «La última palabra», Brecha, 24-I-20).

Para algunos, su presencia en la boleta fue clave para el triunfo holgado del domingo. Pablo Solón, exembajador ante la ONU por el gobierno de Morales (2009-2011), lo escribió sin matices al día siguiente de las elecciones: «El MAS no ganó por Evo, sino a pesar de Evo. Evo quería marginar a David Choquehuanca, que es el candidato elegido por las organizaciones sociales, principalmente indígenas de las tierras altas y los valles. El triunfo del MAS fue aplastante en las áreas rurales de estas regiones en gran medida debido a la candidatura de David».

En esas regiones es donde el MAS recuperó los niveles de votación más altos que tuvo en su historia y que habían caído hasta mínimos en octubre de 2019. Este domingo, en Oruro, Potosí y La Paz el voto masista creció entre 15 y 18 puntos en sólo un año. El desastroso gobierno de Áñez y Murillo parece no bastar para explicar este repunte.

Solón recuerda en su blog que en el congreso del MAS de este año «las organizaciones sociales indígenas del altiplano y los valles asumieron una determinación democrática desde las bases que hicieron prevalecer a medias frente a Evo, porque su posición original era “David presidente”». La conclusión del exdiplomático es lapidaria: los resultados de estas últimas elecciones demuestran que en 2019 el MAS se habría evitado contratiempos si hubiera dejado de insistir en la reelección de Morales, forzada a contrapelo de un plebiscito y de la propia Constitución.

Lo cierto es que el factor Choquehuanca no es un asunto de afinidades personales, sino un emergente de las relaciones entre la cúpula del MAS (Morales y García Linera) y las organizaciones sociales. Es probable que en los primeros meses no se repitan escenas de intimidación y cooptación de los movimientos como las vistas durante los gobiernos pasados del MAS, sino que la pelea interna se focalice en arrinconar al nuevo vice, contando con la neutralidad del nuevo mandatario.

«Arce está decidido a mostrar otra cara», explicó Cortez, «pero la situación interna del MAS es complicada». El analista vaticinó, incluso, que el actual presidente podría no cumplir los cinco años de su mandato, ya que a los problemas internos del partido de gobierno se debe sumar una crisis económica que no dará tregua.

MOVIMIENTOS Y PROCESO DE CAMBIO

El director del periódico Pukara, de orientación indianista, Pedro Portugal, señaló este martes que «cuando Evo Morales renunció al poder, tras las elecciones fallidas de 2019, se vislumbró que sectores populares e indígenas eran contrarios al expresidente o estaban indiferentes a su suerte» (Página Siete, 20-X-20).

Pukara reúne a buena parte de la intelectualidad aymara en evidente pugna con García Linera por el relato histórico-político del proceso político boliviano (el exvicepresidente lidera a su vez lo que los indianistas denigran como «el entorno blancoide» de Morales). Según su director, Choquehuanca se movió a sus anchas en el mundo andino durante la campaña electoral. Entre otras cosas, relata, además, que como canciller fue discriminado y excluido de un gobierno en el que se lo consideraba un mero «representante indígena». El conflicto que tuvo con Linera, e indirectamente con el mismo Evo Morales, le habría servido para congeniar con sectores indígenas que empezaban a tener una actitud crítica al MAS, sostiene Portugal.

Prueba de ello son las charlas que Choquehuanca mantuvo durante la campaña con Felipe Quispe, el Mallku, histórico dirigente aymara del altiplano que asumió el liderazgo de varios bloqueos con los que, en agosto, protestaron contra la constante postergación de las elecciones ejercida por el régimen (véase «En suspenso» , Brecha, 28-VIII-20). Días antes de los comicios, Quispe dijo que iba votar por el MAS para respaldar a Choquehuanca: «En estas elecciones tenemos que votar para nuestros propios hermanos que están como candidatos, [como es] el caso de nuestro hermano David Choquehuanca» (Eju.tv, 15-X-20).

Quispe mantuvo tensos enfrentamientos con Morales durante el ciclo de protestas del período 2000-2005, que se saldó con la llegada del MAS al gobierno. Cuando su hijo Ayar fue asesinado en mayo de 2015 en una plaza de El Alto, llegó incluso a acusar indirectamente a su excompañero de guerrilla, el entonces vicepresidente, García Linera, de haber sido el inspirador del crimen (Correo del Sur, 3-VI-15).

Lo cierto es que los vientos no corren a favor de los cuadros que encabezaron el gobierno de Evo. Las juventudes del MAS se han pronunciado en contra del retorno inmediato del expresidente, apelando a la figura andina de la rotación: «Las 20 provincias hemos propuesto que el hermano presidente Evo Morales no tenía que volver porque él ya ha trabajado» (Radio Fides, 19-X-20).

Las bases de los movimientos sociales parecen tener claro que no debe repetirse el libreto anterior, en particular en las relaciones con el gobierno. El exdirigente fabril Oscar Olivera, referente principal de la guerra del agua –que en abril del año 2000 dio inicio al ciclo de protestas antineoliberales–, dijo a Brecha que «la gente confía en reconducir el proceso de cambio» y se mostró favorable a Choquehuanca.

Solón coincide con esta apreciación: «La clave para un relanzamiento del proceso de cambio no está tanto en el futuro gobierno, sino en la capacidad de autogestión y autonomía de las organizaciones sociales y su capacidad de retomar un curso de propuestas alternativas a todos los niveles». Además, piensa que las demandas de 2003, articuladas en torno a la Agenda de Octubre que inspiró al primer gobierno de Evo, están agotadas y que es necesaria una nueva estrategia.

Un dato mayor a tener en cuenta en el nuevo período será la casi inevitable repetición del proceso de entrega de prebendas a dirigentes, una historia que se arrastra desde la revolución de 1952, en reiteración de un vínculo corrupto que ya es cultura política y práctica asentada. Esto viene agravado por el surgimiento durante los gobiernos del MAS de lo que Solón denomina «nueva burguesía», un clase social «asociada a la burocracia estatal, los contratos con el Estado, el comercio, el contrabando, las cooperativas mineras y la producción de la hoja de coca ligada al narcotráfico».

Piensa que estas nuevas elites seguirán incidiendo en el gobierno y en el partido. «El futuro gobierno del MAS es ya un espacio en disputa». Pero ahora la palabra la tendrán, una vez más, las bases sociales rurales y urbanas, esas que llevaron a Morales al gobierno, que lo dejaron caer al no movilizarse en su defensa y luego pelearon y se sacrificaron contra la derecha racista hasta doblegarla. Acumulan una larga experiencia y sabiduría y las pondrán en juego en los próximos meses.

 

Por Raúl Zibechi
23 octubre, 2020

Publicado enInternacional
Minga indígena, negra y campesina en Colombia: romper el cerco, tejiendo con las iguales

Más de 8.000 indígenas, campesinos y afrodescendientes llegan a Bogotá para denunciar las masacres que se están produciendo en toda Colombia con la complicidad del Gobierno de Iván Duque.

 

“Guardia, guardia. Fuerza, fuerza”, corean miles de jóvenes levantando sus chontas (bastones de madera), mostrando la decisión de los pueblos originarios, negros y campesinos de defender la vida y el territorio, durante la Minga que ha llegado el domingo 18 de octubre por la noche a Bogotá. Son 8.000 voluntades que recorrieron 450 kilómetros desde Cali, en el sur del país, hasta la capital, movilizando 500 vehículos, muchísimas chivas (autobuses abiertos de las regiones rurales) y caminando en forma ordenada, flanqueados por la Guardia Indígena.

Es la única movilización organizada con objetivos precisos, capaz de poner en movimiento a la sociedad colombiana. Prueba de ello es que todos los medios, aún los más derechistas, están cubriendo la Minga, y que la ultraderecha del Centro Democrático, el uribismo —partidarios del ex presidente Álvaro Uribe—, interpuso una denuncia porque, dicen, “la movilización está violando los protocolos de bioseguridad y poniendo en riesgo a la ciudadanía”.

Lo cierto es que la llegada de miles de indígenas, afros y campesinos a Bogotá movilizó a buena parte de la capital, donde fue recibida por los jóvenes que ganaron las calles en noviembre pasado, durante el paro nacional, y las ocuparon nuevamente el 9 y 10 de setiembre en respuesta al asesinato de un abogado por la policía. Las chivas multicolores circulaban rebosantes al son de pitos y tambores.

La alcaldía de Bogotá, de centro-izquierda y opuesta al uribismo, encabezada por Claudia López, acondicionó el Palacio de los Deportes para que miles de marchistas pudieran alojarse en condiciones, algo que negaron alcaldes de la derecha por donde paso la Minga. En tanto, el presidente Iván Duque mantiene su negativa a dialogar directamente.

¿Buscar al presidente o a los pueblos?

El nombre completo de la movilización es “Minga Social y Comunitaria por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz”, y se desarrolla cada vez que los pueblos se sienten profundamente agredidos. Hubo muchas mingas desde la Constitución de 1991 que incorporó los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Porque a pesar del reconocimiento de sus territorios y de un enfoque diferencial en términos de salud, de educación o de justicia propias, los pueblos originarios necesitan garantías, precisan de cierto nivel de equilibrio y armonía territorial para poder desarrollar esos derechos.

Estas grandes marchas salen casi siempre del suroccidente del país, sobre todo de los 84 resguardos de los ocho pueblos indígenas del departamento del Cauca, motor rebelde e histórico escenario de procesos de transformación social en Colombia. El epicentro de la diversidad de comunidades suele encontrarse en Santander de Quilichao (Cauca) o Cali (Valle del Cauca), como sucedió esta vez.

La legitimidad social y política de las mingas, conformadas en torno al sujeto colectivo indígena, con destacada participación del pueblo nasa y del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), es tan amplia, que ningún gobierno las rechaza frontalmente. Durante el recorrido de cuatro días, miles de personas la rodearon con cariño y solidaridad. Hasta un grupo de Hare Krishna les entregó alimentos y agua en su llegada a Bogotá, mientras familias y vendedores ambulantes les acercaban agua y gaseosas de manera espontánea.

Las mingas suelen presentar demandas al Estado colombiano, que desde las reformas constitucionales de 1991 aporta ingentes recursos a los cabildos indígenas. Sin embargo, la principal demanda en esta ocasión es por la vida, contra la represión y las permanentes masacres que desangran Colombia. “Hacemos el llamado para que nos levantemos pacíficamente, para que dejemos de ser pisoteados, ¡ya no más desconocimiento al pueblo!”, gritaba el vocero de la Consejo Regional Indígena del Departamento de Caldas a su llegada a la Plaza Bolívar de la capital.

En lo que va de año, en el Cauca hubo nueve masacres con 36 víctimas, cifra que se eleva a 67 en todo el país. “El Gobierno colombiano está atentando contra la pervivencia de los pueblos indígenas del Putumayo con la implementación de políticas extractivistas”, aseguraba el vocero de los pueblos indígenas del Putumayo. “Tenemos un Gobierno que no gobierna, tenemos un Gobierno que nos masacra, nos desaparece”, aseguraba la vocera de la organización de Ciudad en Movimiento.

Los territorios indígenas, negros y campesinos son codiciados por las grandes multinacionales mineras y por el narcotráfico, que buscan despejar poblaciones para hacerse con tierras para explotar recursos. Esa es la causa última de la violencia, la misma que provocó una guerra de cinco décadas que no consiguieron frenar los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC.

La respuesta indígena ha sido negociar para que el Estado aumente los recursos que traspasa, que en esta ocasión el Gobierno de Duque —heredero de Uribe—, promete serán hasta 2.600 millones de dólares solo para los indígenas. Ante tamaña legitimidad social de la Minga, el Gobierno una vez más dice estar dispuesto al diálogo, pero todos los gobiernos dicen lo mismo y luego incumplen lo firmado.

En este punto, la movilización indígena oscila entre dos variables: exigir un debate político con el Gobierno que posicione el derecho a la vida y a un territorio en paz o establecer dialogo con pueblos y sectores sociales, en particular urbanos, para tejer una red de alianzas contra el modelo neoliberal extractivo. No son contradictorias, pueden incluso ser complementarias, pero el debate se centra en las prioridades.

Pero en esta ocasión es diferente, la única demanda es por la vida. La mayora Blanca Andrade del programa Mujer del CRIC, resume el debate a su modo: “Vamos a salir porque hay mucha violencia, mucha indignidad, la gente ya no puede transitar tranquila por la comunidad. Los pueblos tenemos dignidad y no pueden pasar por encima nuestro. Uno ve cómo matan campesinos, sectores urbanos y no pasa nada. No hay justicia que haga respetar los derechos de los pueblos y los sectores sociales y tenemos que salir a decirlo”.

Denuncia el terrorismo del Estado y asegura que “este Gobierno ha sido el más terrorista y está violando el pacto de paz, pero nos dice terroristas a los pueblos”. Y aquí viene el punto: “Nosotros queremos verlo para decirle esto. No para lo económico, porque para resolverlo trabajamos. No vivimos de plata que nos den sino de la tranquilidad de la vida. Para mí no es importante ir a Bogotá, es una pantalla y allá no sirve ir. Acompañar a los otros sectores y reunirnos con ellos es más importante que ver al presidente. Cuando queremos hablar con el gobierno ahí se embolata (entrevera) la autonomía”.

Una autoridad masculina del resguardo de Corinto, agrega: “La Minga sale a Bogotá porque el Gobierno no quiere dialogar. Pero lo fundamental no es encontrarnos con el Gobierno sino con los sectores sociales, es una ruta política porque nos están matando”.

La potencia de las comunidades

Movilizar entre 8.000 y 10.000 personas durante 15 días, entre la espera inicial a Iván Duque en Cali, el recorrido hasta la capital y luego el acampe de cara a la huelga general del miércoles 21 de octubre, donde se espera una masiva y maciza movilización, requiere una fuerza de base que ningún otro sector de la sociedad es capaz de enseñar. La fuerza indígena se concentra en las estribaciones andinas del Cauca, en sus fabulosos valles donde las comunidades mantienen la diferencia de sus culturas y cosmovisiones con increíble tenacidad.

Sería injusto decir que los indígenas caucanos reproducen su cultura, sin más. También la van modificando, en un ejercicio espiritual y colectivo de actualización. El papel de las mujeres, por ejemplo, ya no es el mismo de cinco décadas atrás, cuando se fundó el CRIC. Ellas tienen cargos en comunidades y resguardos, en medios de comunicación, en la Guardia Indígena y en todos los espacios, aunque con menor intensidad en las cúpulas que, cero novedad, tienden a ser masculinas.

La forma de elegir autoridades, también va mutando. Del modo “electoral”, en sintonía con la cultura política hegemónica, van pasando a modos más comunitarios de elección, anclados en sus cosmovisiones, que implica elegir por la calidad de los valores y las conductas, más que por la facilidad de palabra de la persona.

La fuerza de las comunidades puede medirse en dos direcciones. La primera, más directa, como sostén de la vida material, de la cotidianeidad, en la que la diversidad de cultivos, las ferias de trueque, los rituales de armonización, la medicina y la justicia propias, son algunas de sus manifestaciones más potentes. Durante la pandemia multiplicaron las formas tradicionales de intercambio, como el trueque sin dinero pero también sin equivalencias (un quilo por un quilo), sino en base a las necesidades de cada familia.

Esas prácticas no capitalistas sustentan una autonomía real, potente en las bases territoriales y más difuminada a medida que se “sube” en la estructura. La Guardia Indígena es la clave de bóveda de la autonomía del movimiento, en general, y expresa la potencia de sus comunidades, en particular.

Pero hay una segunda dimensión de esta fuerza colectiva. Se relaciona con la capacidad de influenciar a otros y otras que no son indígenas, como sucede ahora en la Minga. La cultura de la resistencia, ya no es la misma de 1971, año de fundación del CRIC. Cinco décadas es un tiempo suficiente para evaluar la influencia de los pueblos originarios en la cultura política de abajo. Sus experiencias se expanden horizontalmente, como manchas de aceite.

Entre los 102 pueblos originarios de Colombia, agrupados en la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), ya son 70.000 guardias organizados. Además se han creado las Guardias Cimarronas entre los pueblos negros, la primera en 2009 en Palenque, y las Guardias Campesinas están dando sus primeros pasos desde 2014, recuperando las “guardias cívicas” de la lucha por la reforma agraria de 1974.

Desde 2018, se realizan encuentros interétnicos e interculturales entre las guardias indígena, campesina y cimarrona. Entre los desafíos que se plantean estos encuentros, figuran la articulación zonal, regional y nacional de las guardias, la formación política y operativa, con el objetivo de fortalecer el control territorial para defender la autonomía.

En el Cauca, cuna y núcleo del movimiento resistente, el Proceso de la Liberación de la Madre Tierra es probablemente la punta de lanza de la acción directa colectiva. En los últimos cinco años recuperaron 12 fincas del agronegocio de caña, alrededor de 4.000 hectáreas, cuya “liberación” ha costado vidas y cárcel, pero marca a fuego los objetivos del movimiento.

Por ahora, pese a todas las dificultades externas y tensiones internas, los pueblos indígenas, negros y campesinos de Colombia pueden celebrar: Bogotá los recibió con los brazos abiertos, dialogan con la población y confluyen con las centrales sindicales en una enorme jornada de lucha. Rompieron el cerco militar, paramilitar y mediático, que no es poco en tiempos de guerra contra los pueblos.

Por Raúl Zibechi

Berta Camprubí

22 oct 2020 05:30

Publicado enColombia
Viernes, 09 Octubre 2020 06:00

Sun Tzu debajo de la almohada

Sun Tzu debajo de la almohada

En periodos de tormenta sistémica es necesario contar con una estrategia clara y definida. De lo contrario, el naufragio es casi inevitable. Tal vez por eso muchos hemos retornado a los saberes como los que encarna Sun Tzu, militar, estratega y filósofo de la antigua China, que resume sus enseñanzas en el libro El arte de la guerra, que ha inspirado a varias generaciones de revolucionarios.

Retornar a Sun Tzu en estos tiempos es doblemente importante para quienes pretendemos derrotar al capitalismo sin involucrarnos en los horrores de las guerras, que caracterizaron el ascenso de los imperios y del sistema-mundo actual. Y que pueden ser la seña de identidad de su caída.

Uno de sus conceptos más notables dice: "un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después; un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después".

Desde el punto de vista de las comunidades en movimiento, y de los pueblos originarios mayas y nasa en particular, esto quiere decir, según creo: somos victoriosos porque aquí estamos, hemos sobrevivido a los intentos por desaparecernos como pueblos. ¿No era ése el objetivo de las clases dominantes desde la Conquista? ¿No es ése el objetivo de la guerra contra las drogas y de los emprendimientos como el Tren Maya?

Para los pueblos oprimidos, el concepto de victoria no es de carácter militar, no se relaciona con la muerte, sino con la vida. Seguir siendo pueblos, continuar construyendo mundos nuevos porque, como señala el comunicado "Una montaña en alta mar", del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), no se trata de retornar a un pasado supuestamente maravilloso, como el imperio azteca, construido "a costa de la sangre de sus semejantes" (https://bit.ly/2GBG5XB).

Seguir siendo es continuar resistiendo, no para volver atrás, sino para construir lo nuevo. Ésa es la victoria de los zapatistas, de los nasa/misak, de los mapuche, de los wampis y de tantos otros pueblos.

Todo hay que decirlo: pensaba que lo que no consiguieron por las malas los Peña Nieto y los Pinochet podrían conseguirlo a través del "desarrollo" y las políticas sociales los Mujica y los Correa (sumen los nombres que crean convenientes, en cada geografía). Error. Los pueblos están siendo capaces de superar los diversos modos de gestionar el modelo neoliberal extractivo en curso, o "cuarta guerra mundial", como la nombra el EZLN.

La notable frase de Sun Tzu cobra mayor relieve cuando comprobamos que algunos pueblos han sido capaces de atravesar, pese al dolor y la sangre, tanto las administraciones conservadoras como progresistas del modelo. Lo que nos indica que las batallas que entablan ahora son los frutos de su victoria estratégica.

Sobre la relación entre estrategia y táctica, a Sun Tzu se le atribuye una frase, que según especialistas no se halla en su libro, que reza: "la estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria. La táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota".

A mi modo de ver, las grandes obras de infraestructura, como la brutal represa Belo Monte, en Brasil, que destruye las fuentes de vida de pueblos enteros; la mega minería en todo el continente; el mismo Tren Maya o el Corredor Transístmico, por poner un puñado de ejemplos, son apenas fuegos de artificio para encubrir el vacío estratégico de un modelo que no tiene para ofrecer a los pueblos más que muerte y destrucción.

Los pueblos en movimiento que no se han dejado cooptar ni por unos ni por otros, que mantienen su autonomía (lo que no quiere decir que nunca se equivoquen), que no se pliegan ni ante el imperio malo ni ante el bueno, ni ante ningún gobierno, son los que están en condiciones de seguir su andadura de largo aliento.

Son los que pueden embarcarse en proyectos de nuevo tipo, audaces y hasta peligrosos, porque ya ganaron al seguir existiendo. Lo que no quiere decir que no puedan atacarlos y hasta promover genocidios. De eso nos llegan noticias todos los días desde el Cauca colombiano, de Wallmapu, de Chiapas y de todas la geografías que resisten.

En medio de esta tremenda tormenta, las estrategias de las izquierdas y de los viejos movimientos han mostrado sus limitaciones y estrecheces. Concentrarse en la toma o en la ocupación del Estado es, como hace décadas señaló Immanuel Wallerstein, el camino del fracaso porque relegitima el orden que se pretende combatir.

Necesitamos estrategias que no sean copias invertidas de las agendas y los modos de arriba, ya sean de derecha o izquierda. Resistir sin reproducir la misma cultura política. Cuando el Consejo Regional Indígena del Cauca proclama "cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra", apunta hacia una política de nuevo tipo. Resisten construyendo otros mundos.

Cuando el EZLN construye salud, educación, justicia y poder autónomos, está enseñando el camino de vida que recorren los pueblos de raíz maya y las bases de apoyo, que poco a poco empiezan a transitar muchos otros, en todos los continentes, en particular en América Latina.

Publicado enSociedad
Viernes, 14 Agosto 2020 05:50

De espacio abierto a espacio de acción

De espacio abierto a espacio de acción

¿El Foro Social Mundial, que celebra su vigésimo aniversario en 2021, es sólo un espacio abierto o puede, debería ser, también un espacio de acción? Esta cuestión ha sido discutida durante años en su Consejo Internacional y hasta ahora no hubo posibilidad de llegar a una conclusión.

Hemos firmado la carta, Frei Betto, Atilio Borón, Bernard Cassen, Adolfo Perez Esquivel, Federico Mayor, Riccardo Petrella, Ignacio Ramonet, Emir Sader, Boaventura Santos, Roberto Savio,  Aminata Traoré, todos firmantes de la declaración de Porto Alegre. Hemos perdido, desde 2005, brillantes compañeros (Eduardo Galeano, José Saramago, Francois Houtart, Samir Amin, Samuel Ruiz Garcia, Immanuel Wallerstein).  Pero hemos compartido mucho con ellos y creemos saber lo que pensarían. Los que estamos vivo hemos querido enviar este mensaje al FSM, para que tenga un elemento más de estímulo y de reflexión. El espíritu de nuestra iniciativa queda representado en el mensaje de adhesión del Premio Nobel para la Paz, Adolfo Perez Esquivel: “gracias por la iniciativa de revivir la fuerza y esperanza del FSM, hace tiempo estabamos pensando en algo semejante de volver a encontrar caminos que nos identifiquen en la diversidad del pensamiento y de las acciones para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Desde ya queridos hermanos sumo mi firma y les abrazo”.

En el FSM de Porto Alegre del 2005 algunos de nosotros lanzamos el ”Manifiesto de Porto Alegre”, preocupados por la creciente marginalización del FSM en la escena global. Sabíamos que rompíamos la regla de que el Foro no puede hacer declaraciones pero nos pareció una manera de contribuir con los ricos debates de Porto Alegre a la política internacional.  Al año siguiente se difundió el “Llamado de Bamako”, en el mismo sentido. Ninguno de ellos tuvo respuesta.

Después de 15 años, nuestra preocupación se ha revelado sumamente real. El Foro nació en el 2001 por el esfuerzo generoso y visionario del grupo brasileño y el apoyo que encontraron en la época de Lula. La progresiva internacionalización llevó al FSM a todos los continentes. La idea de abrir un espacio a los movimientos sociales y a intelectuales críticos para intercambio de experiencias y de ideas, en pos de combatir al pensamiento único del neoliberalismo, era una idea revolucionaria y de gran impacto en el mundo. Ante la amenaza del inicio de la guerra de EEUU contra Irak el FSM mostró su inmenso potencial convocando a multitudinarias marchas de rechazo coordinadas globalmente. Sin embargo, ese tipo de iniciativas no prosperó.   

Desgraciadamente, el FSM no ha aceptado ningún cambio de sus reglas y prácticas, aunque estamos en la víspera de dos décadas de su creación. La idea de un espacio abierto, sin posibilidad de interactuar con el mundo exterior como un sujeto político global, ha hecho del Foro un actor marginal, que ya no es punto de referencia. En estos últimos años por lo menos tres grandes movimientos populares han movilizado millones de personas en el mundo: el de la lucha en contra del cambio climático, por la igualdad de género, y el antirracismo. Allí el FSM ha estado totalmente ausente como actor colectivo global. Pero la idea creativa del FSM, de luchar en contra del neoliberalismo con una visión holística y no sectorial, mantiene toda su fuerza y vigencia, junto a las luchas anticoloniales, antipatriarcales y por el respeto a la naturaleza y los bienes comunes que hoy nos convocan.

Se necesita acción. El mundo ha cambiado, y no para mejor. Hoy, no sólo nos enfrentamos a las devastadoras consecuencias de cuarenta años de capitalismo neoliberal, estamos dominados por los mercados financieros y amenazados por el rápido cambio climático que podría hacer imposible la vida humana en la tierra. La pobreza masiva y las desigualdades crecientes dividen nuestras sociedades, junto con el racismo y la discriminación.

La resistencia también está creciendo. 2019 ha visto un flujo abrumador de movimientos principalmente de jóvenes, en una gran cantidad de ciudades importantes de todo el mundo. Ellos saben que el viejo mundo está muriendo, y con impaciencia quieren construir un mundo nuevo, de justicia y paz, donde todos los hombres y mujeres sean iguales, donde se conserve la naturaleza y la economía esté al servicio de la sociedad. Se están preparando muchas alternativas, pero no hay un espacio que pueda reunirlas y construir nuevas narrativas comunes y globales, basadas en experiencias de base y capaces de guiar acciones futuras. Los activistas y académicos progresistas están tan fragmentados que corren el riesgo de perder no solo la batalla sino también la guerra.

COVID-19 es sólo otra crisis, que por primera vez afecta a todas las personas al mismo tiempo, a pesar de que no con la misma intensidad. El mundo se ha convertido en una aldea en la que somos interdependientes. Nunca antes había sido tan claro que, de hecho, tenemos que actuar y hacerlo juntos. El Foro Social Mundial todavía tiene un gran potencial para darle voz y ayudar a los movimientos a poner sus alternativas en un contexto global donde los nuevos discursos y prácticas puedan converger. Es por eso que, los que participamos en el FSM desde su inicio y firmamos las declaraciones de Porto Alegre y Bamakò, pedimos un “renovado foro social mundial,». Nos enfrentamos a una crisis global multidimensional; se necesita acción a nivel local, nacional y global, con una articulación adecuada entre ellos. El FSM es el marco ideal para promover esta acción. De eso se trata esta iniciativa.

Por [email protected] [email protected] | 14/08/2020

Publicado enPolítica
La lucha por la comida en tiempos de pandemia

Si se pudiera cuantificar la cantidad de alimentos producidos, donados e intercambiados vía trueque por los movimientos campesinos, indígenas y populares en América Latina, nos llevaríamos una grata sorpresa. Aunque sólo conocemos datos parciales, podemos asegurar que los pueblos organizados están caminando hacia nuevos niveles de autonomía, incluso alimentaria.

Hasta comienzos de julio, campesinos del Movimiento Sin Tierra, junto a pequeños agricultores, habían donado 2.3 mil toneladas de alimentos desde el comienzo de la pandemia, incluyendo lácteos, arroz, verduras y frutas (https://bit.ly/3gWw8R1). De ello se beneficiaron pobladores de las periferias urbanas, indígenas y quilombolas (espacios del pueblo negro).

En el sur de Colombia, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha realizado Mingas de la Comida llevando alimentos de clima frío, templado y cálido a las ciudades, promoviendo ferias de trueque entre comunidades y migrantes urbanos, que les dan a cambio productos sanitarios y de limpieza en reciprocidad (https://bit.ly/2WAkV0X). Prácticas que forman parte de la Minga Hacia Adentro decidida por el CRIC para afrontar la pandemia.

Por su parte, el Proceso de Liberación de la Madre Tierra, en la misma región, además de continuar liberando fincas para la vida, ha realizado varias marchas de la comida en apoyo a comunidades rurales y barrios urbanos (https://bit.ly/2DyJSmv). La Guardia Indígena se encarga de los cuidados comunitarios, ejemplo que vienen siguiendo otros pueblos con la creación de Guardias Cimarronas y Guardias Campesinas (https://bit.ly/2OmpRlt).

En las ciudades, se multiplican los espacios de cultivo de alimentos y plantas medicinales. En Popayán, Cauca, vecinos de las periferias abrieron huertas para abastecer las ollas comunes y en barrios de Córdoba, Argentina, las familias organizadas comenzaron a cultivar huertas en sus casas y compartir los alimentos.

La agricultura urbana y periurbana se instaló hace décadas, pero durante la pandemia conoció una notable expansión. El movimiento más potente en este sentido es la Unión de Trabajadores de la Tierra en Argentina, hijo "cimarrón" del movimiento piquetero y del campesino, que ahora reúne 10 mil familias que producen alimentos venden en almacenes propios, ferias informales y redes de comercialización alternativa.

Crearon, además, una innovadora forma de protesta con los "verdurazos" para visibilizar las demandas del sector campesino (https://bit.ly/2ZqJa3f).

En tanto, debe destacarse el papel de las Redes de Abastecimiento de las asambleas territoriales de Santiago y Valparaíso, en Chile. Las redes compran directamente a los productores y campesinos, eludiendo intermediarios con el fin no sólo de asegurar la alimentación, sino de "fortalecer la capacidad organizativa en el propio territorio" (https://bit.ly/2CF5soT).

En Uruguay miles de personas compramos en el Mercado Popular de Subsistencia, una red de más de50 nodos territoriales urbanos que adquiere sus productos a fábricas recuperadas, cooperativas y agricultores familiares (https://bit.ly/3h2opkk). Las familias elijen sus alimentos de una canasta de más de 300 productos, que recogen, transportan y fraccionan en forma de ayuda mutua.

Así como los pueblos no esperan que los gobiernos decreten la reforma agraria, recuperan tierras, resisten y producen en ellas, tampoco esperaron que los gobiernos se hicieran cargo de la alimentación, ante la incapacidad de éstos para responder a la emergencia.

La Vía Campesina, en 1996, acuñó la propuesta de "soberanía alimentaria", para enfrentar la "seguridad alimentaria" de los organismos internacionales, que apuestan al mercado, las multinacionales y las tecnologías para alimentar a los pueblos. En un principio, la definió como "el derecho de cada nación" para producir alimentos, "respetando la diversidad productiva y cultural".

Eran años de ascenso de las luchas por la tierra, con epicentro en Brasil y en los pueblos originarios. Con el tiempo, Vía Campesina fue"profundizando" el concepto de so-beranía alimentaria al calor de nuevas luchas, enfatizando en las "nuevas relaciones sociales", en la gestión de los productores y movimientos para "conservar la autonomía y recuperar nuestro poder", como señala la Declaración de Nyéléni de 2007 (https://bit.ly/30heCA8).

En 2018, la Coordinación Europea de Vía Campesina fue más allá, definiendo la soberanía alimentaria como un "proceso de construcción de movimientos sociales", con base en la solidaridad que se construye "de abajo hacia arriba" (https://bit.ly/3h10SQN).

Si es cierto que la pandemia desnuda la nueva realidad neoliberal, el crecimiento de nuevas derechas y el secuestro de democracias por el capital financiero, también enseña avances notables de los pueblos en movimiento, capaces de construir su autonomía resistiendo y creando nuevas formas de producir, distribuir y consumir alimentos

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Fuentes: Observatorio Internacional de la Crisis

El movimiento francés demostró un potencial revolucionario que veremos surgir en la postpandemia

 

La revuelta de los Chalecos Amarillos ha sido interpretada y analizada muchas veces y de muchas maneras. La derecha y la mayoría de los medios de comunicación, han definido al movimiento como casi fascista, como una forma de delincuencia colectiva, en una palabra, como una amenaza a la democracia y sus instituciones.

También entre gente que simpatiza con los movimientos sociales – incluidos muchos activistas de izquierda – ha existido una fuerte reserva sobre esta nueva forma de acción política. Muchos en la izquierda tradicional desconfían de la lucha de los Chalecos Amarillos por «confusa» o «poco clara”.

Que los Chalecos Amarillos inspiren tales reacciones muestra hasta qué punto el movimiento ha sorprendido, avergonzado, desorientado e incluso preocupado al sistema político . Los Chalecos Amarillos, en otras palabras, son un movimiento que ha sacudido los patrones y criterios establecidos por la «sociología política institucional”.

El factor principal que desencadenó las protestas – el «impuesto sobre el combustible”- ha llevado a algunos a pensar que los Chalecos Amarillos son anti-ambientalistas y que defienden el derecho de los automovilistas a contaminar el cuanto quieran.

Pero a pesar de estos ataques, una cosa es cierta: este levantamiento popular es un evento político muy significativo. No debemos olvidar cuánto duró, cuánto provocó y por qué obtuvo el apoyo mayoritario de la población. Pero, sobre todo, las características de esta revuelta son las que marcan un punto de inflexión en la historia social y política de Francia.  

Primero: una explosión espontánea en las redes sociales avanzó hacia una dinámica de auto-organización. Segundo: tienen una composición sociológicamente (son asalariados, jubilados, desempleados, propietarios de pequeñas empresas y mujeres que no tenían experiencia previa en movilización colectiva). Y tercero, han inventado formas originales de acción ( ya no son las manifestaciones sindicales en los «grandes bulevares», ahora son  ocupaciones de las «rotondas» en todas partes y, demostraciones, todos los sábados, a veces violentas en el centro de París).

Las discusiones se han focalizado en cómo definir el movimiento: ¿revuelta, insurrección, jacquerie ? No han faltado todo tipo de interpretaciones léxicas.

Lo que se ha olvidado es que la revuelta es básicamente la irrupción de “voces desde abajo”. Voces que han sido silenciadas  y excluidas de cualquier tipo de representación, Voces de ciudadanos que han sido víctimas en las decisiones de las elites políticas y financieras.

Pero, la característica más importante de este levantamiento popular es que inventó con éxito nuevas formas para enfrentar directa e intransigentemente la lógica neoliberal.

Lo que realmente llama la atención es la lúcida conciencia de estos actores que no han olvidado nada del pasado y que supieron reconocer la continuidad de las políticas neoliberales de Sarkozy, Hollande y Macron. De hecho, lo que desató la revuelta fue precisamente la aceleración del programa neoliberal de Macron.

Desde el principio, los Chalecos Amarillos entendieron perfectamente que esta lógica aumenta las desigualdades sociales y territoriales,  que se trata de una política que reduce los impuestos a los ricos y que disminuye los servicios públicos de los que dependen los más pobres para sobrevivir.

El principal resultado de esta revuelta es el establecimiento de una nueva entidad colectiva que se niega a disociar la lucha por la justicia social con la lucha por el medio ambiente y con la búsqueda de nuevas formas prácticas de ejercer la democracia.

Al respecto, debemos observar las características de la revuelta. Primero: aunque la revuelta sólo fuera con un «síntoma» de la crisis de la democracia representativa, los Chalecos Amarillos han sido los protagonistas de una crítica activa, aguda y radical de las instituciones políticas y de su profesionalización oligárquica.

Segundo: estamos ante un proceso de formación de nuevas subjetividades radicales que hasta hace poco habían sido «invisibilizadas» por su situación geográfica, su variedad de condiciones socioeconómicas y su distancia del sistema político, mediático y económico tradicional. Estas nuevas subjetividades son inseparables de las prácticas que caracterizan al movimiento de los Chalecos Amarillos.

La revuelta desafió, de manera práctica, los métodos de organización y discursos clásicos de contestación social. Según la hipótesis de Laurent Jean-Pierre estamos ante la invención de nuevas formas de acción y organización y la revuelta marca el comienzo de un nuevo ciclo de contestación social.

 Las tres negaciones

La revuelta de los Chalecos Amarillos cuestionó directamente la política de representación establecida y lo hizo con tres negativas concomitantes.

Primero: el movimiento se negó a someterse a los movimientos sociales tradicionales que se desarrollaron a partir del siglo XIX, el movimiento despegó su acción de manera independiente de sindicatos y de partidos políticos . Por cierto, esta es la razón por la cual los Chalecos Amarillos han desconcertado a muchos líderes políticos y sindicales que no han sabido qué hacer con este tipo de revuelta atípica.

Un aspecto del movimiento que es particularmente llamativo se deriva del hecho que el tema de las relaciones capital-trabajo no se presentó de manera directa en sus demandas. Al contrario de otros movimientos el desempleo y las condiciones laborales no fueron una tema central.

El objetivo de la revuelta era más bien la injusticia fiscal y social, percibida como la principal responsable de los bajos ingresos. Las demandas, no estaban dirigidos contra los «empleadores» sino contra Macron, el Estado y la Oligarquía, todos mezclados sin distinción.

Segundo: La revuelta se negó desde el principio a operar en el marco de la «democracia representativa». No sólo no se invitó a los partidos políticos a participar del movimiento, sino que se denunció a quienes «intentaban cooptar» el movimiento.

En consecuencia, quisieran o no, los partidos políticos de izquierda y derecha mantuvieron distancia del levantamiento y fueron relegados al papel de espectadores de un enfrentamiento entre el Estado y los Chalecos Amarillos (Por tanto, los activistas de extrema izquierda o de extrema derecha que se involucraron en el movimiento lo hicieron usando un chaleco amarillo, nunca reclamando abiertamente una organización o ideología).

Tercero: el movimiento negó la representación establecida por los discursos dominantes. De hecho, no sólo rechazaron partidos políticos, sindicatos e instituciones representativas, sino también fueron impugnados los discursos políticos y mediáticos que supuestamente «representan» a la sociedad.

El discurso político, en particular, se juzgó demasiado distante y abstracto, es decir, demasiado lejano de la «vida real» y, por lo tanto, incapaz de significar las condiciones concretas y vividas de la «gente de abajo».

Esta negativa a la alienación política de las personas se relacionan con el «bla bla bla» deshonesto de los políticos. Esta objeción a «palabras que no significan nada» no fueron meramente negativas. Los Chalecos Amarillos buscaron formas de articular una voz colectiva que pudiera hablar con franqueza sobre por qué es difícil ganarse la vida, sobre el sufrimiento social y sobre los callejones sin salida de millones de personas.

La memoria histórica de la Revolución Francesa, los símbolos como la bandera nacional y la Marsellesa y expresiones como «somos el pueblo» ayudó enormemente a las personas a articular sus demandas. De esta manera la voz colectiva de los Chalecos Amarillos conectó las experiencias diarias con el recuerdo de un evento histórico fundador de Francia.

Prácticas fundadoras o instituyentes de los Chalecos Amarillos

La revuelta fue una oportunidad para construir un nuevo discurso político y fue desconcertante para quienes se consideran «representantes legítimos» de la sociedad: políticos, periodistas, activistas sindicalista, etc.

Al contrario de lo que se ha dicho, los Chalecos Amarillos no son «apolíticos». El movimiento es  «transversal» o “anti-partido”, y eligió construir un nuevo discurso político a partir de experiencias diarias, personales y locales.

El tema colectivo de este discurso no era una clase o un cuerpo profesional o un grupo ya establecido, sino una masa de individuos identificados como un grupo reconocible por el hecho  que usan un chaleco amarillos y también por haber formado una comunidad de experiencias y similitudes en sus vidas.

El principio de rechazar la representación establecida, que puede expresarse como «nadie tiene derecho a hablar por nosotros», es una voz claramente política que rechaza la mediación tradicional . Es una reivindicación para hablar con claridad sobre la vida cotidiana de millones de personas pobres o modestas .

Y este discurso directo va acompañada de valores no negociables. Es una voz colectiva que reclama mayor justicia social y mayor igualdad, sin mediación, sin portavoces, sin objetivos específicos.

Esto, entre otras cosas, es lo que hace que esta revuelta sea diferente de los movimientos sociales «clásicos», organizados contra una decisión que afecta a una categoría profesional particular, contra una ley que ataca un aspecto de la vida o contra una medida política específica y que, en el mejor de los casos, lleva a una «negociación».

Los Chalecos Amarillos no están simplemente pidiendo el «fin de la austeridad» o defendiendo “esto o aquello” o luchando contra la reforma de las pensiones. El hecho más notable es que a partir del alza del precio del combustible, todo el sistema de desigualdades de la sociedad fue cuestionado y luego, muy rápidamente, se cuestionó también un sistema político que legitima, mantiene y empeora las desigualdades.

La demanda política de igualdad y justicia social es doble: universal y local. Se manifiesta en dos tipos de práctica. El primer tipo son las manifestaciones todos los sábados en el corazón de los centros de poder y justo en el medio de los barrios elegantes de París . Allí se proclama la igualdad para todos y se denuncia la injusticia social que afecta a todos.

La segunda práctica es la ocupación de las rotondas, que son campamentos que sirven a la organización territorial. En las carpas las personas discuten diferentes formas de continuar la lucha, las demandas y sus prioridades. Se establece una nueva lógica de las asambleas locales, lo que Laurent Jean-Pierre llama la «re-politización del lugar”.

La ocupación de las rotondas se extendió por todo el territorio interconectada mediante las redes sociales. Sobre esta base se creó una programa nacional de demandas y se planificó la movilización en las ciudades de acuerdo con el principio de «rotación centralizada «.

Aunque la utilización de Facebook ayudó a superar la represión, lo más sorprendente – y quizás más prometedor-  es la organización federativa que condujo a la creación de «asambleas de asambleas» en Commercy , Saint-Nazaire , Montceau-les-Mines.

Un desafío y un comienzo

Los Chalecos Amarillos han sido una revuelta completamente nueva que ha roto todas las reglas habituales de los conflictos sociales. El movimiento ha demostrado la existencia de un enorme potencial revolucionario contra las desigualdades del sistema neoliberal. Este potencial es explosivo, a pesar de los intentos de cooptación por la extrema derecha.

Dos aspectos de este potencial revolucionario merecen atención extra.

Si bien somos testigos, al menos aparentemente, del crepúsculo de las organizaciones tradicionales que surgieron del socialismo y el sindicalismo histórico ( y que hasta ahora parecen incapaces de reinventarse) estamos viendo la aparición de nuevas poderosas formas de lucha por la igualdad y justicia social.

Los actores de estas nuevas formas de organización se niegan a ser embargados por organizaciones burocráticas o por líderes carismáticos muy al contrario de la «razón populista» teorizada de manera imprudente por Ernesto Laclau, para apoyar la lógica antidemocrática de la representación política.

El nuevo hecho es que un movimiento auto-organizado ya no es prerrogativa de los jóvenes precarios ( a menudo altamente educados) o de los trabajadores de la industria del entretenimiento francés o de los activistas de la Nuit Debout. Más bien el nuevo movimiento pertenece a personas de categorías sociales muy diferentes, muchas de las cuales se presumía no tenían competencias políticas.

La originalidad de la revuelta de los Chalecos Amarillos  fue su creación de un «nosotros» a través de un signo común visible ( el chaleco) y por medio de colectivos virtuales creados en las redes sociales.

Por supuesto, que hay más de una pregunta importante que deberá resolver el movimiento: ¿ será políticamente efectiva y duradera una forma original de democracia radical sin renunciar a sus principios cardinales? ¿será capaz de desarrollarse más allá de la pandemia y crear un movimiento nacional que preserve sus características locales, descentralizadas y democráticas?

La respuesta práctica apareció durante las «asambleas de asamblea» del movimiento. La declaración de los Chalecos Amarillos de la localidad de Commercy (una ciudad en el norte de Francia) llamó a «crear una Asamblea de Asambleas y la Comuna en  los Municipios».

En la reunión los delegados de varios cientos de asambleas populares locales reflexionaron colectivamente sobre el tema para facilitar un movimiento descentralizado y elaborar un bosquejo de una Federación de Comités Populares que se identifiquen con la democracia directa, la ecología y las demandas de igualdad. ¿Qué surgirá de esta dinámica federativa?  No lo sabemos.

El segundo aspecto a tener en cuenta es la forma en que este movimiento ha enfrentado e incluso desbaratado las propuestas de la ecología neoliberal, que hoy uno de los ejes centrales del neoliberalismo para los próximos años y décadas. Por «ecología neoliberal» nos referimos los discursos y las políticas que consisten en atribuir la responsabilidad de la crisis climática al comportamiento individual y en particular de los miembros de las clases populares, estableciendo de manera simultánea incentivos fiscales al capital cuyo efecto es el aumento de las desigualdades.

La gestión neoliberal de la crisis climática culpa a cada individuo, sea cual sea su clase social o su nivel real de responsabilidad. Esto hace posible descargar la carga de una engañosa “transición ecológica” sobre la mayoría de la población,  en especial sobre los más débiles.

En este sentido, la revuelta de los Chalecos Amarillos es una de las primeras movilizaciones que articulan el tema de la igualdad y el clima, la justicia social y la justicia climática. Es, sin duda, también su principal lección para la izquierda global.

Por Pierre Dardot, Christian Laval | 13/07/2020

Pierre Dardot es filósofo y especialista de Hegel y Marx. Sus libros más recientes, escritos junto con Christian Laval, incluyen Common: On Revolution in the 21st Century (Bloomsbury, 2014), The New Way Of The World: On Neoliberal Society (Verso Books, 2017) y Never-Ending Nightmare: The Asalto neoliberal a la democracia (Verso Books, 2019).

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Viernes, 03 Abril 2020 06:38

Los movimientos en la pandemia

Los movimientos en la pandemia

“Hay tiempos de luchar, hay tiempos de paz y de guerra, hay tiempos de epidemias”, explica Dilei en una comunicación por wasap. La militante del Movimiento Sin Tierra (MST) del estado de Paraíba, nordeste de Brasil, explica cómo están enfrentado la situación. En los campamentos y asentamientos decidieron que las personas no salgan ni entren, que no vayan a las ciudades y que se concentren en la salud y en la producción de alimentos.

“La población va a necesitar mucha comida en los próximos tiempos”, asegura Dilei, por lo que el MST propondrá a los gobiernos que compren parte de su producción para abastecer hospitales y otras urgencias. En Pernambuco y en Maranhão, el MST reparte alimentos a la población que vive en la calle y en varios estados ofrece sus espacios como hospitales de campaña.

Los movimientos de carácter rural, indígenas y campesinos, optaron por bloquear el ingreso de personas, ya que necesitan aislamiento para frenar los contagios.

Las organizaciones que forman parte de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) decidieron el cierre de las comunidades y la activación de las guardias indígenas, la suspensión de las ferias y la elaboración de protocolos para enfrentar la pandemia. El autoaislamiento es un derecho de las 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas del Ecuador, como se reconoce en la Constitución y como están haciendo las comunidades.

En el sur de Colombia, los cabildos que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) tomaron medidas similares. El 27 de marzo del 2020, el cabildo indígena del pueblo Totoroez emitió una resolución por la que se restringe el paso a la población civil que venga de otros sectores, para “mantener la armonía física, mental y espiritual, previniendo la llegada y propagación de la pandemia covid -19”.

En general, los pueblos originarios no necesitan de la policía para mantener el orden, ya que cuentan con sus guardias comunitarias.

Se trata de un camino similar al que anunció el EZLN al cerrar los caracoles el 16 de marzo. En un comunicado que declara la “alerta roja”, llama a los cuidados sanitarios colectivos y pide “no perder el contacto humano” sino cambiar sus formas.

En la zonas rurales de nuestra América Latina, campesinos y pueblos originarios y negros que tienen control territorial, pueden tomar la opción de cerrar sus espacios, sabiendo que tienen las condiciones para vivir durante cierto tiempo de la producción propia de alimentos, en algunos casos orgánicos, como están haciendo los zapatistas.

El gran desafío para los movimientos, es la ciudad, donde se conjugan las diferencias de clase y el Estado está muy presente. No es lo mismo el encierro para las clases medias, en viviendas cómodas y acondicionadas para las cuatro estaciones, que en las casas precarias de los barrios populares, donde las familias viven hacinadas, con frío o calor extremos, sin saneamiento y con pocos alimentos. Las clases medias tienen un computador por persona; entre los más pobres, puede haber uno o ninguno.

En Montevideo se han formado decenas de ollas populares en los barrios, entre 70 y cien, con aportes de los sindicatos y los vecinos. Algunos sindicatos llevan bandejas con comida y bolsas a los barrios, mientras otros buscan la instalación de ollas autogestionadas, de las cuales existen un puñado.

Pablo Elizalde, del sindicato de judiciales, ensaya una reflexión lúcida, fruto de su vivencia estos días en los barrios más pobres: “Las políticas sociales provocaron la pérdida de los referentes barriales y ahora el único referente es la institución”. Pero la institución es fría, distante, sólo entiende de números, no es capaz de cuidar, no puede fraternizar.

Desde la favela Maré, en Rio de Janeiro, Timo explica las dificultades para lavarse las manos en zonas donde no hay agua; donde no hay costumbre de consumir productos agroecológicos, que su pequeño grupo (Roça, que procesa cerveza artesanal y entrega canasta de productos orgánicos) se empeña en repartir a unas cuantas familias.

“Las dinámicas de la favela para enfrentar una ocupación militar violenta o un virus, no son tan diferentes”, dice Timo del otro lado del teléfono. Ahora se suspendieron las ferias agroecológicas de los campesinos, con lo que todo se complica. Acordamos que una de las grandes dificultades son los varones, que se creen inmunes. Concluimos que cada varón es un pequeño Bolsonaro, autoritario, violento, que mira al resto desde arriba.

En la Paz, la casa de Mujeres de Creando, “Virgen de los Deseos”, decidió abrir su espacio para 12 mujeres, niños y niñas bolivianas varados en la frontera para que hagan su cuarentena, señala la carta de María Galindo.

En las ciudades argentinas los comedores (decenas de miles creados desde las parroquias hasta los movimientos populares) están desbordados. Uno siempre se fija en lo autónomo, que suele ser pequeño. En el barrio 12 de Julio, en la periferia de Córdoba, Yaya instaló un comedor “donde comen 33 niños con la colaboración del cura del barrio y los trasumantes (miembros del colectivo de educación popular Universidad Trashumante), para dar dos veces por semana unas 50 porciones”.

Se sumaron carreros, que recogen cartón con sus carros, además de los que sacan escombro para revender, y el inmenso mundo del “cirujeo” (hurgadores que viven de los desperdicios). ¿Quién puede decirles que se queden en sus casas ante la pandemia?

En las periferias urbanas de América Latina, la palabra “teletrabajo” no existe en su vocabulario. El Estado sólo contempla a los de abajo como un problema de orden público. La solidaridad entre los pobres es lo único. Por eso los “curas villeros” abrieron sus parroquias para convertirles en almacenes de alimentos y en comedores populares. El colectivo Pelota de Trapo, que vive con niños y niñas de la calle, entrega raciones para 200 chicos cada dos días, con recursos propios.

Termino esta brevísima recorrida con la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente, de la Ciudad de México. Son nueve barrios/asentamientos, el mayor en Iztapalapa, La Polvorilla o Comunidad Acapatzingo, con 600 familias, y ocho más en varios distritos de la ciudad, con no menos de 50 familias cada uno.

Cerraron los barrios, trabajan por comisiones y brigadas, elaboran cubre-bocas y desinfectantes, utilizan la radio y los periódicos para comunicarse y dar instrucciones sobre sanidad y autocuidados. Lo más importante, es que decidieron “seguir organizados”, sabiendo que sin organización los de abajo no somos nada.

Están haciendo acopio de medicamentos y alimentos, montaron comedores comunitarios y atienden sobre todo a las personas más vulnerables. Mantienen sus huertos de cultivos (en plena ciudad), crearon espacios de aislamiento, promocionan comisiones infantiles y se proponen “trabajar nuestras emociones”. Saben que el agua es un problema básico, aunque en Acapatzingo tienen pozo propio y recogen agua de lluvia.

Nada de esto lo leí en la web. Es fruto de intercambios y escuchas que seguirán en próximas entregas. Si tuviera que sintetizar, diría: las y los de abajo nos necesitamos para mantener nuestras comunidades en pie, que es el modo de sostener la vida. Comunidad y fraternidad son las caricias de los de abajos.

2 abril 2020

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Marco Rivadeneira, líder social asesinado en Colombia en medio de la pandemia.Onu Derechos Humanos

Dos líderes indígenas fueron asesinados en sus casas, donde se encontraban confinados cumpliendo el aislamiento obligatorio. La Fiscalía dice que homicidios redujeron el fin de semana

 

La violencia y el conflicto con grupos armados en Colombia no se ha detenido por el coronavirus y mientras la cuarentena reviste incomodidades para millones de personas, en algunas regiones del país significa más miedo y muerte. Miles de campesinos enfrentan una doble preocupación: la pandemia y las organizaciones armadas. Este lunes se evidenció ese riesgo cuando dos líderes indígenas del pueblo embera chamí en el Valle del Cauca fueron asesinados mientras cumplían el aislamiento obligatorio que se decretó en ese departamento del occidente del país. “A las 9:20 de la noche, Omar y Ernesto Guasiruma estaban en su vivienda en el corregimiento de Naranjal cuando llegaron dos sujetos y los sacaron de sus casas”, contó Luis Fernando Arias, de la Organización Nacional Indígena (ONIC). Otros dos defensores indígenas atacados de la misma forma se encuentran gravemente heridos.

Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos en América Latina y, con la atención puesta en la emergencia humanitaria generada por el Covid-19, el peligro se incrementa en las comunidades rurales. Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 565 activistas sociales. En plena pandemia fue asesinado Marco Rivadeneira, líder reconocido de Putumayo, suroccidente del país. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó la pérdida y recordó que era un hombre con quien trabajaban en llave para proteger a otros líderes. “Nos estremece el homicidio”, aseguró el ente. La Unidad Nacional de Protección dijo en un comunicado que “es obligatorio que los escoltados y sus esquemas de seguridad respeten la restricción de aislamiento”, pero eso en la práctica, según denuncia Arias, ha significado que los líderes amenazados permanezcan en sus viviendas sin alguien que los cuide.

El confinamiento, que es novedad para millones de colombianos, es parte de la vida cotidiana de miles de campesinos. En 2019, de hecho, aumentó el confinamiento como práctica de los grupos armados. “Según cifras oficiales, más de 25.000 personas se desplazaron masivamente y cerca de 27.600 permanecieron confinadas”, indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja en su balance de la crisis humanitaria.

El Gobierno ha declarado la cuarentena hasta el 13 de abril, pero en algunas zonas ya circulan panfletos que obligan a los campesinos a permanecer en sus casas so pena de ser asesinados. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó que declaraba un “toque de queda” con excepción de las personas enfermas y un “castigo revolucionario” a quienes teniendo Covid-19 no se autoaislaran. Lo mismo hicieron grupos de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, que declaran objetivo militar a quienes estén fuera de sus casas; y grupos paramilitares que aterrorizan a los civiles de las regiones más apartadas de las ciudades. La Fiscalía, sin embargo, reporta una disminución de la actividad delictiva del fin de semana del 21 al 23 de marzo. De acuerdo con sus cifras, hubo 49 homicidios en todo el país, es decir 100 menos que en el mismo periodo del 2019 y también se redujeron los hurtos.

Mientras los artefactos explosivos y minas antipersona siguen afectando a la población civil. Uno de los últimos casos conocidos es el de un adolescente de 16 años que resultó herido al pisar uno de esos explosivos en norte de Santander, en la frontera con Venezuela. En Colombia cada día hay una nueva víctima por estos artefactos, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que “las operaciones militares no han parado ni han mermado” y que las fuerzas de seguridad están desplegadas para hacer cumplir la cuarentena. “Hay 39.000 policías en tareas de vigilancia, 1.000 puestos de control en supermercados. Más control fronterizo y caravanas de seguridad para garantizar el transporte de alimentos y productos básicos”, dijo.

Bogotá - 26 mar 2020 - 16:24 COT

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El presidente colombiano Iván Duque, durante una conferencia de prensa.Raúl Arboleda / AF

El Congreso pospone sus sesiones y las protestas contra el Gobierno quedan en suspenso

Bogotá - 19 mar 2020 - 19:04COT

l presidente de Colombia, Iván Duque, acabó el año pasado asediado por las protestas en las calles, su baja aceptación en las encuestas y una oposición al alza. La segunda quincena de marzo se anticipaba como un momento decisivo para un Gobierno sediento de gobernabilidad, que ha remodelado su Gabinete en busca de aplacar el descontento popular y alcanzar las mayorías que le han sido esquivas en el Congreso. Pero la crisis del coronavirus ha puesto en cuarentena a los manifestantes, trastocado la agenda política y eclipsado el más reciente escándalo de supuesta corrupción electoral.

Todas las fechas juiciosamente marcadas por los analistas políticos en el calendario se han ido cayendo. O más bien, las ha ido tumbando el avance de la pandemia, con 108 casos confirmados de Covid-19 en Colombia hasta este jueves. Esta semana, por ejemplo, estaba programado el regreso del Congreso. Las expectativas sobre el reinicio de la legislatura, con una agenda que debería incluir reformas de calado, eran considerables. Sin embargo, el presidente del Senado, Lidio García, anunció el aplazamiento de las sesiones legislativas hasta el próximo 13 de abril, “con posibles prórrogas supeditadas a las medidas que se sigan tomando frente a la emergencia sanitaria en que se encuentra nuestro país”.

La decisión no dejó a todos satisfechos. “Trabajar de forma virtual si es posible”, reclamaba sin negar la crisis sanitaria el senador Juan Luis Castro, un médico cirujano de la opositora Alianza Verde. Le pedía a los presidentes de ambas cámaras “que se implementen de la forma más rápida posible los debates online o las sesiones virtuales. Más que nunca Colombia necesita un Congreso trabajando”. El Legislativo, con su ejercicio de control político, quedó en suspenso.

Las implicaciones son notorias en ambas orillas. La respuesta de Duque a la inédita oleada de protestas desatadas desde las marchas del 21 de noviembre fue lanzar lo que llamó una gran “conversación nacional”, que concluyó el domingo. Para el Gobierno se trataba de construir políticas de largo plazo, aunque diversos sectores lo veían como una estrategia para diluir el malestar social que no atendía la amalgama de reclamos de los manifestantes –que incluían implementar el acuerdo de paz o mayores recursos para la educación pública, entre muchos otros–. En cualquier caso, la crisis del coronavirus opacó el interés en las conclusiones de ese diálogo que el Gobierno se proponía traducir en proyectos legislativos sobre empleo, medio ambiente o lucha contra la corrupción. Sin sesiones legislativas, cualquiera de esas iniciativas se vería ahora mismo represada.

La estrategia de la Presidencia, con una aprobación que según la última medición de Gallup apenas alcanza el 23%, no aplacó el descontento. El llamado Comité Nacional del Paro había convocado una gran jornada de manifestaciones para hacerse sentir el 25 de marzo en todo el país. Sin embargo, los esfuerzos por evitar la propagación, que incluyen medidas como prohibir congregaciones de más de 50 personas, obligaron a replantear esa convocatoria. Ya no habrá marchas ni movilizaciones sino un cacerolazo desde los hogares acompañado de múltiples mensajes en redes sociales, según anunció el comité que agrupa a centrales obreras y organizaciones estudiantiles.

Duque ha aprovechado que las movilizaciones amainaron este año para concretar, a cuentagotas, la largamente esperada remodelación de su Gabinete. Mantuvo los principales ministerios en la órbita del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, su mentor político, pero remató los cambios con un gesto de apertura a otros partidos. Al Gabinete llegaron los conservadores, el Partido de la U y especialmente Cambio Radical, que se quedó con la cartera de Salud, en cabeza del médico Fernando Ruiz Gómez, quien ha debido afrontar la crisis.

En esa naciente coalición, Cambio Radical –el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, otrora férreo crítico de Duque– se antojaba como el fiel de la balanza para garantizarle al Gobierno las mayorías necesarias en el Congreso para echar andar las reformas política, a la salud y la justicia que ha prometido. Además de las sensibles reformas sobre asuntos laborales y pensionales, que en alguna medida fueron detonantes de las manifestaciones. A Duque, que ya cumplió año y medio en el poder, se le agota el tiempo para dejar la impronta de su Gobierno. El pulso legislativo con la oposición, en cualquier caso, quedó postergado.

Como en otros países de la región, el Ejecutivo ha ordenado en estas semanas de vértigo el cierre de sus fronteras terrestres, fluviales y marítimas; restringido el ingreso de extranjeros al país; cancelado los eventos y reuniones de más de 50 personas; suspendido clases en colegios y universidades; ordenado el aislamiento de los mayores de 70 años. Por momentos, la oposición pareció conceder a Duque una tregua para lidiar con la emergencia sanitaria. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, llegó a mostrarse solidaria con el mandatario en tiempos de crisis.

Pero la presión para cerrar también la frontera aérea, y el aeropuerto El Dorado de Bogotá en particular, volvió a elevar la tensión. A los llamados de la alcaldesa por redoblar controles en la terminal se sumó una carta de 71 congresistas que pedían restringir los vuelos. “¿Si tenemos unos colombianos que están tirados en un aeropuerto los dejamos allá?”, se preguntó Duque el martes en una entrevista con la emisora Blu Radio al reiterar que no pensaba cerrar el espacio aéreo. Sin embargo, este jueves anunció que suspendía durante 30 días la llegada de vuelos internacionales de pasajeros.

El presidente terminó además agriamente enfrentado con los alcaldes por un confuso decreto que cuestionaba los toques de queda que habían decretado algunos y el simulacro de aislamiento previsto para el fin de semana en Bogotá, que al final sigue en pie. “Permitan que las autoridades en cada región tomen sus propias medidas”, opinó el exvicepresidente Vargas Lleras, en teoría nuevo aliado del Gobierno. El tono del debate ilustra el cambio de prioridades de la agenda política.

Otro efecto inesperado del coronavirus ha sido eclipsar escándalos que en otras condiciones concentrarían la atención pública, como ocurre con la investigación por presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. El caso implica al narcotraficante José Guillermo Ñene Hernández, asesinado en un atraco en Brasil y vínculado al uribismo. La Corte Suprema incluso abrió una investigación formal contra el expresidente Uribe. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Al final de la entrevista de este martes con Blu Radio, el mandatario declinó amablemente referirse de nuevo al escándalo: “Yo no dejo de contestar preguntas, [pero] dejemos por hoy en el coronavirus que es el tema inmediato”.

Publicado enColombia
Viernes, 31 Enero 2020 06:45

Territorio y poder

Territorio y poder

Los movimientos antisistémicos y las relaciones sociales no capitalistas, cobran fuerza y se potencian cuando echan raíces en territorios recuperados y bajo control de sujetos colectivos. Una de las claves de esta potenciación de los movimientos consiste en que los territorios nos brindan la posibilidad de construir poderes propios, fuera del control de las instituciones estatales.

Si las mujeres zapatistas pueden decir que en el año pasado no hubo feminicidios en sus tierras, es porque se han hecho fuertes ("empoderadas", diría la academia), capaces de defenderse, activando las nuevas relaciones sociales que están construyendo. Algo similar puede decirse de otros pueblos en movimiento, en particular en América Latina.

De algún modo, podemos calibrar la fuerza de un movimiento por su grado de territorialización; ya que los otros modos de evaluar las potencias colectivas, como la cantidad de personas que se movilizan, siendo barómetro, no resulta suficiente para construir algo nuevo, diferente y duradero. El territorio puede ser la casa común donde nacen y crecen otros mundos.

Las asambleas territoriales que se han creado en Chile al calor de la rebelión popular que estalló el 18 de octubre, son la creación más importante del pueblo chileno, porque encarnan la autoorganización colectiva para resistir y crear nuevas relaciones, por fuera del mercado y el Estado. En noviembre pasado, en Santiago había 120 asambleas territoriales enlazadas en dos coordinadoras, según la zona de la ciudad, con fuerte arraigo entre los vecinos movilizados (https://bit.ly/2RwOzSu).

El 18 de enero en el encuentro de la Coordinadora de Asambleas Territoriales eran casi 200 (se registraron 164, siendo 24 asambleas de fuera de Santiago). Al encuentro asistieron más de mil delegados, que se organizaron en 20 grupos de trabajo para debatir sobre cuatro temas: la coyuntura constituyente, el pliego de demandas (salud, educación, seguridad social, vivienda, etcétera), derechos humanos y construcción de poder territorial.

El colectivo de educación popular Caracol fue el encargado de promover dinámicas para que circulara la palabra y no quedara monopolizada por los varones militantes. En su análisis, las asambleas territoriales son el aspecto organizativo "más relevante" de la revuelta en curso, que generó "un clima de ingobernabilidad nunca visto en la posdictadura", sólo comparable con las jornadas de protesta contra Pinochet entre 1983 y 1986 (https://bit.ly/37OfIGp).

Define a las asambleas como "poder popular local" en las ciudades, ya que resuelven sus problemas más urgentes "por mano propia y colectiva", sin perder el horizonte nacional. El colectivo Caracol nos recuerda que la asamblea y la educación popular son las formas organizativas legitimadas por el Chile de abajo, formas de democracia directa que están en la base de los movimientos estudiantil, feminista, medioambiental y en las protestas territoriales. Por eso actualizan las viejas consignas de "todo el poder a las asambleas" y “levantar dos, tres… mil asambleas territoriales”.

En la apertura del encuentro, realizado en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad de Santiago, se leyó un comunicado de la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT) que rechaza la convocatoria desde arriba de la asamblea constituyente, mientras defiende un proceso para una nueva Constitución desde las asambleas, los cabildos y los movimientos populares (https://bit.ly/315VNAb).

Apuesta a fortalecer el sujeto popular con base en el trabajo solidario y colectivo en los barrios, la autoeducación y autoformación popular, y defiende "una democracia directa sin jerarquías". Llama a destituir a la clase política, al poder y a las militancias tradicionales, mientras defiende la idea de vivir en comunidad y tejer lazos de confianza en los territorios.

Este es el núcleo de la rebelión y la herencia político-cultural más importante para las próximas generaciones de rebeldes. Así como el levantamiento ecuatoriano parió un Parlamento Indígena y Popular donde se coordinan ya 200 movimientos, el estallido chileno se condensa y adquiere densidad política en la red de asambleas territoriales.

La experiencia nos enseña que la acción multitudinaria intensa, que suele denominarse "ciclo de protesta", se desgrana con el paso del tiempo. Para que las prácticas colectivas no se diluyan, para que "la dignidad se haga costumbre", como señala la Coordinadora, lo vivido por miles de personas debe cristalizarse en estas organizaciones territoriales, que seguirán horadando el sistema, en silencio, cuando los focos mediáticos se apaguen.

Hay mucho para debatir y para seguir aprendiendo. Como crear nuestra propia agenda y no depender de la agenda de arriba; como rehuir la lógica de llevar a las instituciones o al escenario macro, lo que vamos construyendo abajo y a la izquierda. Estas asambleas son el mundo nuevo posible, que debemos cuidar para que otros y otras lo multipliquen, cuando puedan y quieran.

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