Martes, 11 Septiembre 2018 07:57

Las autonomías después del progresismo

Las autonomías después del progresismo

Luego de una larga década de gobiernos progresistas, los debates sobre la autonomía y las prácticas autonómicas parecen haber mutado; abandonaron el escenario y se han refugiado en los pliegues menos visibles de los movimientos anti-sistémicos.


En este cambio han confluido varios procesos. Por un lado, los gobiernos progresistas han apoyado con abundantes fondos muchas iniciativas de los movimientos, produciendo un efecto de cooptación o de neutralización de los rasgos anti-capitalistas de las organizaciones. Por otro, ha ganado terreno la propuesta de “jugar en la cancha grande”, como denominan algunos a competir en el terreno electoral, ya que consideran que las “islas de autonomía” no logran conmover al sistema.


Una tercera cuestión se relaciona con las enormes dificultades que tienen los colectivos que trabajan de forma autónoma, para sostenerse en el tiempo en base a sus propios esfuerzos y tender puentes hacia otros grupos similares para emprender acciones más potentes y desafiantes. En resumen, no pasamos por buenos momentos quienes apostamos a la construcción de espacios de autonomía, con estilos de trabajo que se apoyan en la auto-construcción de mundos nuevos.

Una recorrida por diversos espacios realizada este año con movimientos argentinos en Córdoba, tanto en la capital como en Traslasierra, así como con colectivos de las provincias de Santa Fe y Paraná, me permitió auscultar otros debates y modos de trabajo. Uno de ellos es la diversificación de lo que se entiende por autonomía, al punto que muchos colectivos se consideran realmente autónomos aunque reciben fondos de los Estados. Separan la autogestión del espacio propio, de los aportes financieros que perciben.


Aunque en principio resulta una posición algo incómoda y difícil de aceptar, lo cierto es que las prácticas autónomas no sólo no han desaparecido sino que se sostienen en numerosos colectivos, más allá de las definiciones de cada quien. Intuyo que la autonomía como propuesta política goza de mayor simpatía que la capacidad de ser realmente autónomos; que las prácticas autónomas son bastantes más que los colectivos que sólo dependen de sus esfuerzos.


En suma, que la realidad se ha vuelto mucho más compleja y no admite simplificaciones. Sin embargo, existen decenas de organizaciones autónomas, por lo menos en las provincias mencionadas. Tienen algunas características comunes que quiero desglosar.


La primera es que esas prácticas anidan en grupos muy variados, no dedicados a lo que se entiende por “política”, en el sentido de disputar el poder en la sociedad, sino volcados hacia actividades culturales (música, danza, radios libres, editoriales y revistas independientes), sociales (educación popular, comercio justo, alimentación sana) y productivas (elaboración de pan y otros alimentos orgánicos, artesanías y reciclajes).


La segunda es que estos grupos suelen compartir ideas y prácticas ambientalistas o ecologistas, se niegan a plegarse al consumismo, conforman redes de resistencia a la minería y a los monocultivos como la soja, pero también a la especulación inmobiliaria urbana.


No todos son totalmente autónomos, en el sentido de que se apoyan en sus propios recursos, pero cuestionan la participación en las elecciones y gestionan sus espacio y sus tiempos según sus propios criterios. La mayoría han construido espacios de auto-formación, lo que contribuye a potenciar las prácticas autónomas.


En tercer lugar, se trata de un sector muy amplio aunque no suele estar vinculado por una estructura organizativa estable. La tendencia es que los colectivos se agrupen para una actividad concreta o para campañas acotadas en el tiempo, y luego cada organización sigue su propio rumbo. En realidad, existen vínculos estables entre muchas de ellas, pero no están sujetas a un aparato orgánico que las supera.
Existen coordinaciones nacionales, regionales y sectoriales. Pero cada grupo que las integra es, en este caso se aplica perfectamente, autónomo a la hora de tomar sus decisiones sin tener que someterse a la coordinación a la que pertenece. Por eso creo que la autonomía abarca muchos más espacios que aquellos que se definen como autónomos.


La autonomía se ha transformado profundamente desde que emergió en la década de 1990, influida por el zapatismo, la debacle de los partidos de la vieja izquierda, el neoliberalismo que destruyó los estados del bienestar y un sindicalismo funcional al sistema. La mayoría tienen claro que las políticas sociales de los Estados buscan domesticar a los movimientos y parecen haber aprendido a neutralizarlas.


En uno de los varios encuentros en los que participé, uno delos grupos de trabajo destacó la importancia de trabajar en “cómo nos abrazamos desde abajo”. Mientras avanzan en reconocer las dependencias que mantienen, no sólo del Estado sino también del mercado, también crecen en dilucidar los modos de relacionarse, para ampliar resistencias y luchas, mientras tejen lo nuevo. No es poco para tiempos tan difíciles.

Publicado enSociedad

En el marco de los asesinatos y montajes judiciales contra los líderes y lideresas sociales por parte del Estado colombiano, tomó forma la campaña Ser líder social no es delito para denunciar estos hechos y, al mismo tiempo, ser pretexto para la unidad entre las comunidades organizadas y todo el pueblo colombiano, víctima potencial de esta estrategia estatal.

 

La campaña Ser líder social no es delito, nace a partir de la necesidad de promover la no judicialización de sus líderes y lideresas, como un elemento de represión estatal. Una estrategia de viejo cuño. El Estado colombiano utiliza la intimidación y las medidas privativas de la libertad para desarticular al movimiento social. Asimismo, otra condición de este abuso arbitrario del sistema judicial es despertar zozobra entre las comunidades y sus familias para desestimular la movilización y la organización social.

 

En los primeros seis meses de este año, han judicializado a 67 personas integrantes del Congreso de los Pueblos (CDP) en procesos efectivos. Es decir, los han llevados ante una instancia judicial para privarlos de la libertad. En el tema de asesinatos, 362 son los líderes asesinados en todo el país, situación que se concentra en el Pacífico y en el suroccidente colombiano.

 

Ante este panorama, procede preguntar: ¿por qué el Estado colombiano prefiere perseguir a los liderazgos sociales en vez de encargarse de solucionar las múltiples problemáticas que aquejan los territorios, entre ellas las altas cifras de homicidios? ¿Por qué el Estado no atiende las problemáticas que generan estos hechos? ¿cuáles son las prioridades del Estado? ¿Por qué el Estado no protege a estas comunidades?

 

Un ejemplo concreto puede verse en la región Pacífico, donde convergen varias situaciones, entre ellas las disputas por las zonas dejadas por las Farc, la cuales están siendo copadas por otros actores armados. Por otro lado, hay un proceso de exigibilidad de derechos en Buenaventura y Tumaco, escenarios de fuertes movilizaciones en los últimos años. Sin embargo, vemos que la respuesta estatal a estos procesos de articulación emergentes son la judicialización y el no cumplimiento de los acuerdos pactados con las comunidades.

 

Una campaña en defensa de la vida y la dignidad

 

La campaña Ser líder social no es delito está abierta a todas las comunidades, es una invitación a todas las organizaciones sociales y políticas que en estos momentos pueden ser víctimas de las acciones arbitrarias del Estado y de los actores paraestatales, quienes estigmatizan y criminalizan toda actividad social.

 

A nivel internacional se han impulsado acciones políticas en rechazo a estas capturas arbitrarias, ejemplo de lo cual son las cartas enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la carta de los 37 eurodiputados en rechazo al asesinato de los líderes y lideresas sociales y la vinculación de varios medios de información a esta campaña; el apoyo de muchas voces en el mundo alrededor de Julián Gil, el secretario técnico del CDP quien es uno de los últimos casos de montajes judiciales.

 

De igual manera, se desarrollan acciones espontáneas y organizadas de tipo político, social, jurídico, y comunicativo; pintas, piezas publicitarias; plantones frente a la Fiscalía, reuniones con la sociedad; encuentros de alto nivel con el gobierno nacional, para llevar a cabo una campaña integral en pos de proteger la vida de los activistas de los ataques jurídicos.

 

Las recomendaciones para blindar a las comunidades y al movimiento social, son: 1. Atender la autoprotección, protegiendo la información de terceros. 2. Las organizaciones están llamadas a protegerse bajo la unidad. 3. Hacer realidad la solidaridad: marchar, informar y denunciar en todos los medios y de todas las maneras posibles. Acciones y procederes indispensables para protegernos de manera colectiva de la estrategia represiva, violenta y destructiva del Estado en contra de los liderazgos sociales, y del crecimiento de la sociedad en la comprensión de sus derechos, así como en la exigencia de los mismos.

Publicado enEdición Nº249
“El movimiento de mujeres en Argentina y América Latina es heredero del 68”

Hace 50 años el mundo era un volcán en ebullición. Por lo general, 1968 es recordado por las revueltas estudiantiles en ciudades como París, Praga y Berlín, aunque fue un momento bisagra también en nuestro continente, tanto en ámbitos urbanos como rurales. Raúl Zibechi acaba de publicar 1968 en América Latina, un libro en el que recupera precisamente aquellos desbordes desde abajo vividos en diversos territorios de la región, y que resultan fundamentales para entender el presente. Las raíces del feminismo y los movimientos campesinos e indígenas en el ‘68, los sentidos de esa verdadera revolución global y la vigencia de las luchas emancipatorias en las periferias de las grandes ciudades. La necesidad de mirar la historia en perspectiva, para celebrar lo sembrado y profundizar el trabajo militante.

¿Por qué este libro ahora, siendo que hay tantos libros del ‘68 más centrados en Europa? ¿Qué te decidió a escribirlo?


Lo que me motivó a escribir este libro fueron dos ideas básicas. Por un lado, el eurocentrismo, ya que cuando se piensa en el 68, se piensa en mayo y en París. Y el 68 fue una revuelta que a nivel global cambió el mundo, como plantea Wallerstein, pero que además tuvo su epicentro en Vietnam, en lo que fue la ofensiva del Têt, que derrota por primera vez en la historia a las fuerzas armadas imperiales, las más poderosas del mundo. Eso me parecía importante colocarlo fuera de París y fuera de Europa, a nivel mundial, concretamente en América Latina y desde los movimientos de abajo. Y la segunda cuestión, que en la historia cada tanto tiempo se produce una institucionalización de la memoria, en la cual los grandes eventos, los grandes patriarcas ocupan un lugar central, y lo que queda al costado no se visualiza como importante. Por ejemplo, en Argentina, los movimientos populares indígenas aparentemente no existieron en esa época, o los campesinos de las Ligas Agrarias, si bien sabemos que existieron, a nivel de la memoria militante no aparecen en un lugar destacado. En ese mismo sentido, yo tengo un enorme respeto por el Cordobazo y por la figura de Agustín Tosco, pero el Cordobazo fue mucho más que Tosco y Elpidio Torres. Fue un proceso nacional de unas 15 puebladas en los años siguientes y en todo el país, pero además fue de un protagonismo muy de base, de los obreros de taller, de las mujeres en la fábrica y también fuera de la fábrica. El libro un poco busca poner en un lugar destacado los procesos que normalmente no tienen ese grado de visualización y, por lo tanto, no se congelan en la memoria como los protagonistas principales.


En la primera parte analizas un conjunto de experiencias latinoamericanas de desborde desde abajo , que tienen su génesis en un ciclo que no se ciñe al año 68, sino que es parte de un proceso más prolongado e invisible. Más allá de los contextos específicos, ¿qué las emparenta entre sí y por qué resultan actuales?


Las emparenta una cuestión básica y es que son experiencias de abajo, que surgen en la cotidianidad de la resistencia y la convivencia de lo popular indígena afro. Me dediqué a buscar información, entre otras, sobre la experiencia del campamento Nueva La Habana, en Santiago de Chile, protagonizado por el MIR. Encontré que el campamento de Nueva La Habana no era muy distinto de lo que hoy podían estar haciendo los zapatistas o los mejores grupos territoriales ex piqueteros en Argentina. Fue una experiencia alucinante de salud, educación y producción de poder popular y fue en los primeros años de la década del 70. Quiero recalcar algo: a veces pensamos que lo que pasó en el ciclo piquetero en Argentina es la novedad. Sí, sí, por supuesto que hay novedad, pero hay también historia. Tanto en este caso como en los restantes, quería recapitular alguna de esas historias que me parecen importantísimas como antecedente y como ejemplo de lo que empezó a pasar en una época. En los ´60 y ´70 se comienzan a construir otros mundos, en la misma tónica que hoy hacen los sin tierra, los sin techo, los zapatistas, y muchos movimientos más, como las fabricas recuperadas y los bachis, que no esperan que se haga la revolución para empezar a construir relaciones sociales de otro tipo. Entonces me parece que aquí hay un punto de inflexión importante, y es que los procesos históricos son procesos largos. Creo que esta idea de crear mundos nuevos, o mundos otros, ya empieza en germen en los ‘60 de forma muy clara, y eso es lo que quería destacar en esas experiencias.


¿En qué sentido las luchas del movimiento feminista y las resistencias indígenas contemporáneas tienen una de sus raíces en el ‘68 como proceso?


Jorge Zabalza plantea que en el MLN Tupamaros había una presencia importante de mujeres, como en todos los grupos armados, más que en otras instancias de partidos de izquierda o movimiento sindical, y él marca un matiz que me parece muy importante: esas mujeres eran valoradas en la medida que tenían un comportamiento masculino, que eran valientes, que agarraban los fierros y que daban órdenes. Ese fue quizás el precio para tener un protagonismo, pero a partir de ahí el peso de las mujeres fue creciendo. Creo que hoy el movimiento de mujeres en Argentina y en América Latina es heredero del ‘68, las raíces profundas están ahí, en ese cambio en el papel de las mujeres, y creo que también en esos años, un poco después, pero influido por esos años, empieza el camino de un feminismo popular, plebeyo, indígena y negro en América Latina. En el libro destaco el caso de Villa El Salvador en Perú, donde la lideresa del lugar era María Elena Moyano, quien creó la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES), un barrio ocupado que hoy tiene medio millón de habitantes y es realmente una ciudad. María Elena Moyano era una mujer pobre y negra, de la periferia de Lima, una mujer extraordinaria que terminó siendo asesinada por Sendero Luminoso en 1992. Me parecía importante destacar esta experiencia como un feminismo nuestro, latinoamericano, distinto al primer feminismo que aterrizo en América Latina a principios de los ‘80, muy eurocéntrico y académico, de mujeres blancas profesionales. A partir de aquí hay muchas inflexiones: las Bartolinas y todas las corrientes populares, ANAMURI en Chile, CONAMURI en Paraguay… y así multiplicaríamos los feminismos populares, hasta el gran encuentro de Morelia del 8 de marzo de este año, convocado por las mujeres zapatistas. Ahí hay un arranque de estos múltiples feminismos comunitarios, negros, plebeyos, populares e indígenas, que tenemos hoy en América Latina y que, a mi modo de ver, enriquecen este movimiento.


Mencionaste a estos feminismos plebeyos y se nos hicieron presentes Marielle Franco y Berta Cáceres. ¿Te parece que el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado implican hoy una guerra contra las mujeres?


Totalmente. Creo que hay una guerra contra las mujeres y contra los jóvenes pobres, porque son los sujetos anticapitalistas por excelencia. Marx planteaba que el proletariado no tiene nada que perder salvo sus cadenas, a mí me parece que definir desde ese lugar al proletariado, a las y los anticapitalistas, es mucho más útil que una versión muy abstracta, muy teórica, que es lo que solemos hacer los militantes cuando decimos “clase obrera es quien vende su fuerza de trabajo”. ¿Quiénes son hoy los que no tienen nada que perder salvo sus cadenas? Las mujeres de clase media para abajo y los jóvenes de las periferias urbanas. Y ambos son víctimas de un fenómeno que es el narco. Al hablar del complejo del narco refiero a la alianza de lo que llamamos narcotráfico con partes del Estado, como la policía, sectores del poder judicial y bandas que giran en torno a ellos, que tienen como objetivo principal a las mujeres y los jóvenes pobres. Este complejo del narco -que Rita Segato lo ha trabajado bastante, si bien desde otra perspectiva, pero convergemos- implica una refuncionalización del patriarcado, porque son bandas muy patriarcales, muy machistas, muy caudillistas y sumamente violentas. Yo me hago una preguntan: ¿dónde estarían esos chicos si no existiera el narco? Porque son los que no tienen lugar en esta sociedad, son los que el modelo extractivo margina y no les da futuro. En la época de Agustín Tosco, los jóvenes y las mujeres de los sectores populares emigraban del campo o de las pequeñas ciudades a la gran ciudad y, al cabo de una generación de trabajo industrial o comenzando en la construcción, o en el empleo doméstico, tenían una cierta perspectiva de vida ascendente. Hoy en día estos chicos tienen, respecto a sus padres, una performance de vida descendente. Y esto me parece importante tener en cuenta para explicar por qué el narco arraiga en esos lugares. En Uruguay, que hoy tenemos niveles de violencia superiores a Argentina, más de la mitad de los feminicidios son provocados por policías, soldados y guardias de seguridad privada. Quiere decir que hay ahí un núcleo duro de la violencia contra las mujeres que esta intimidante ligada a la institución para-militar o militar policial del Estado.


Hay otro proceso que mencionas y recuperas en el libro, que es el de las comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación, que tienen en nuestro presente una presencia importante en muchas de las organizaciones y movimientos populares. Veíamos una tensión en el imaginario de cierta izquierda, que intenta equiparar esa experiencia con el planteo de la Iglesia como institución y del Papa como referencia global. ¿Cómo lees ese vínculo y en qué medida difieren los procesos?


Las comunidades eclesiales de base surgen a contrapelo de la institución eclesial, surgen como una experiencia de iglesia popular y de sectores populares involucrados en procesos de transformación. Tuvieron una masividad descomunal: 80.000 comunidades en Brasil, decenas de miles en toda América Latina, millones de personas que tomaron la experiencia en sus manos y transformaron la práctica eclesial. En Argentina se dio a partir de los sacerdotes del tercer mundo, con los curas villeros, de los cuales Carlos Mugica es una expresión, no es la única. Eso permitió que después viniera una reflexión teológica que es la teología de la liberación, pero no es que la Iglesia impulsó la teología de la liberación, y la teología de la liberación impulsó las comunidades, es al revés. Las comunidades eclesiales de base empezaron por una necesidad popular que había, y por personas concretas o militantes vestidos con sotana, da lo mismo. Como Camilo Torres en Colombia, como Juan Carlos Scannone en Argentina, como los curas villeros que mencioné, en una experiencia que sectores de la institución no tienen más que bendecir porque eran millones de personas que se les escapaban. Yo miro las cosas de abajo para arriba, creo que el arriba tiene una influencia, pero el arriba no tuvo más remedio que aceptar lo que estaba pasando. Como sucede en tantas situaciones en la historia, este fue un cambio importante. Recordemos que el grueso de los movimientos populares tuvo alguna influencia de las comunidades eclesiales de base. En Brasil, por ejemplo, la CUT, el PT y el MST surgen muy vinculados a la experiencia de las comunidades, y además recordemos que el imperio, en el Documento de Santa Fe II, menciona que la teología de la liberación es uno de sus enemigos prioritarios, más que el comunismo, más que la guerrilla que ya estaban derrotados en ese entonces. Por lo tanto, hay un cambio importante, una experiencia relevante que en algún momento se cruza con la educación popular, porque los participantes de las comunidades eclesiales de base y los que practicaron educación popular en los ‘70 eran más o menos los mismos. Ahí tenes una riqueza de experiencias maravillosa.


Te preguntamos porque acá entre los movimientos populares es una discusión abierta el papel de Bergoglio a nivel global. ¿Cuál es la lectura que haces de la intervención del papa Francisco en los diferentes conflictos de América Latina?


El papel de Bergoglio, si lo comparamos con los papas anteriores, es un papel positivo, y punto. Aunque algunos como Leonardo Boff hoy sean francisquitas, yo creo que la experiencia de vida y personal de Francisco no tiene nada que ver con las comunidades eclesiales de base ni con los curas villeros, si bien algunos de ellos me han dicho que el Papa los apoya. Me parece muy bien, pero es otra experiencia. Bergoglio no viene de la matriz de Scannone, de Dussel, del Padre Mujica, de los curas del Tercer Mundo. Bergoglio viene del núcleo duro de la institución iglesia con una vertiente distinta, por que Francisco se forma intelectualmente en un sector de la iglesia que no es fascista, que dentro de la institución tienen un guiño favorable a los movimientos en un momento en el cual la iglesia necesita limpiar su imagen. Mi análisis de Francisco no es negativo, es más bien positivo, pero creo que hay que ser muy cuidadoso, en el sentido en que no viene de esa corriente, esa corriente es ajena a Francisco. Otra cosa es que esa corriente hoy simpatice con Francisco porque estuvo en el congelador, o si prefieren, en el Purgatorio, durante mucho tiempo y fue perseguida, pero eso no quiere decir que sean lo mismo. Puede haber ciertas confluencias, pero yo no comparto las opiniones de Evo Morales, ni de los sin tierra, ni de otros movimientos con respecto a Francisco, en Argentina saben a qué me refiero. Creo que está muy bien, podemos hacer alianzas puntuales con Francisco, pero sin confundir los puntos. No me sirve decir que Francisco es heredero o que tuvo algo que ver con las comunidades eclesiales de base porque no tuvo nada que ver.


En estos días está habiendo un debate muy fuerte en torno a la necesidad de que se apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. La Iglesia como institución, y algunos representantes de ella en los barrios populares como los curas villeros, salieron a posicionarse en contra. ¿Cómo ves esta tensión entre la Iglesia y la irrupción de los feminismos que plantean la soberanía sobre los cuerpos?


Aquí se mezclan varias cosas que me gustaría brevemente explicar. Por un lado, la lucha de las mujeres por la interrupción del embarazo es muy importante y muy justa. Segundo, después que se aprueba la ley aparecen otros problemas, que miden la relación de fuerza en la sociedad. En Uruguay tenemos una ley aprobada, pero hay muchos médicos y hay departamentos enteros en los que no se puede abortar porque hay objeción de conciencia. Por otro lado, aquí la iglesia y sus operadores están haciendo lo posible, no solo porque no se apruebe, sino por dividir al campo popular que apoya esta iniciativa. No podemos olvidarnos que durante los gobiernos de Cristina no se aprobó esta ley ni se discutió. Acá hay intereses muy profundos en que la ley se discuta, en que aparezca este debate, y ahí evidentemente la iglesia juega a dividir.


En el libro afirmas en clave vivencial y autocrítica “fuimos una generación rebelde pero eurocéntrica”, y rescatas a Fausto Reinaga y Abdias do Nascimento, dos figuras poco conocidos por una izquierda que, muchas veces ha sido racista y eurocéntrica ¿Qué tienen para enseñarnos en la construcción de un pensamiento y un mundo otro?


Fausto Reinaga es más conocido que Abdías do Nascimento. En Bolivia es muy conocido, al punto que la vicepresidencia que dirige Álvaro García Linera ha publicado recientemente sus obras completas. Fausto tiene la gran virtud de hacer en los ‘60 un viraje hacia el pensamiento indígena, y luego hacia el pensamiento amautico, que es el pensamiento cósmico aymara quechua. Si hablabas de Reinaga en el ’70, cuando empecé con 19 años la militancia, te decían “me estás hablando en chino”, ya que nosotros apoyábamos al Che, al ELN, al gobierno de Torres, sabíamos de Tupac Amarú, pero no de la existencia de Tupac Katari y todo lo que era ese pensamiento tan rico. Para nosotros el sujeto era la clase obrera y no existía el mundo indígena. Creo que es importante rescatar a Fausto y todo el indigenismo, y me parece que el Manifiesto de Tiwanaku, del año 1973, es una pieza político-ideológica importante, escrita por indígenas aymaras, primera generación de indígenas alfabetizados, y urbanizados, profesores, maestros y estudiantes que lo redactan. A mí siempre me gusta hacer el juego con las Tesis de Pulacayo, de 1946, de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, un manifiesto muy importante, pero eurocéntrico, en la onda de la Internacional, que valora a los aymaras y a los campesinos quechuas como pequeñoburgueses, cosas que yo hubiera compartido en esos años, y que es muy eurocéntrico en su análisis. El Manifiesto Tiwanaku es una pieza fundamental, en el libro lo pongo entero porque creo que las y los militantes deben conocer estas cosas. Y con Abdías do Nascimento mi encuentro pasó en una situación que no podía haber sido de otra manera. Hace unos años estuve en Timbau, una de las 17 favelas del complejo de la Maré, de los más grandes de Río de Janeiro. Allí una amiga tiene un teatro negro. Posteriormente estuve en otra favela de Brasilia, en esta ocasión pequeñita, pero también de población negra, y un amigo me empieza a hablar de Abdías Do Nascimento, que creó en los años ‘40 el teatro experimental negro, el TEM. Esta experiencia negra y marginal había ocurrido 20 años antes de la educación popular de Paulo Freire. Abdías empieza a hacer el teatro negro porque vio que cuando en los años ‘40 iba al teatro y aparecía un negro en escena, era un blanco pintado haciendo de negro. Frente a esto, Abdías empieza a hacer teatro con negros, y el teatro experimental negro es un espacio de formación, de educación, de desalienación colectiva, como diría Silvia Rivera. Era necesario también recuperar esa experiencia. Y más recientemente después de escribir el libro, me llega la historia de Carolina María del Jesús, una escritora negra, favelada, cartonera y muy pobre. En los ‘60 Carolina vendió muchos más libros que Jorge Amado o Clarice Lispector, a quienes yo he leído mucho, pero no sabía que había una mujer que vendió un millón de ejemplares de su primer libro, que es una cifra alucinante. Me parece que esas experiencias que están en el sótano, en el subsuelo, son las que es importante recuperar. Cuando tenés una olla con leche y queda la nata arriba, es lo único que ves. Es necesario revolverla y sacar a la superficie las cosas que han quedado abajo, subordinadas o invisibles. Fausto, Abdías, el feminismo plebeyo… era importante remover estas experiencias y volver a ponerlas en circulación.


Por último, subyace en el libro un diálogo con las periferias urbanas, con esos territorios signados por la violencia pero que a la vez cobijan saberes, haceres y sentires plebeyos, que tienen que ver con los ámbitos rurales y con esa migración que se mixtura en las grandes ciudades para construir y ensayar formas comunitarias de producir y reproducir la vida. ¿Consideras que en estas realidades se tejen otros mundos?


Creo que esos otros mundos están pululando en todas las periferias. Tenemos 100 bachilleratos populares, 400 fábricas recuperadas, casi 200 revistas comunitarias de estas que censa AReCia, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, con millones de lectores, eso es la periferia del sistema de comunicación. Eso es fundamental y eso es el futuro, con un cambio con respecto a los ‘60, ya que en los ‘60 estas experiencias eran marginales, mientras que hoy son minoritarias, pero ya no marginales. Cuando te digo 100 bachis, o 400 fábricas o 200 revistas autogestivas, estoy hablando de un mundo que no es mayoría, pero que ya no es un mundo marginal. En estos 50 años hay que ver ese proceso y ver que se ha avanzado enormemente. Alguien me puede decir: “bueno, de los 100 bachis, de las 400 fábricas, algunos funcionan más o menos bien, otros no”. Sí, sí, pero están. Son la posibilidad de que creemos algo nuevo y ahí es donde está el futuro de una sociedad diferente a la actual. Por eso mi optimismo no es un optimismo ciego, sino un optimismo que viene de una reflexión sobre la experiencia y de observar de que en esos otros mundos están surgiendo lo nuevo. Cuando Darío Aranda plantea que los mapuches de Argentina recuperaron en 30 años 100.000 hectáreas, uno podría decir, “en la Patagonia 100.000 hectáreas no son nada”, pero son 100.000 y eso va creciendo. El gran temor de las clases dominantes es que esto que es minoritario, mañana en una situación de crisis -una crisis que es inevitable-, se multiplique. De hecho, ya se está multiplicando, aunque todavía muy lentamente. Este es el punto en el que estamos: pasamos de lo marginal a lo minoritario y ya somos una masa crítica. Cuando uno mira la historia en perspectiva, no hay motivos para la tristeza ni la depresión, sino para celebrar, para la alegría y para profundizar el trabajo.

Publicado enSociedad
Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enColombia
Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enEdición Nº248
Una triada para avanzar: sindicato, comunidad y medio ambiente

Una organización sindical con inquietudes e iniciativas en campos como la organización social territorial, el medio ambiente y la defensa del patrimonio público, clara evidencia de la renovación sindical en proceso, está representada en la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE), sindicato filial de la federación Únete*. Acá un diálogo con su dirigencia.

 

En un foro realizado el pasado 18 de mayo, la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE) presentó ante diversos procesos y organizaciones sociales de “la sucursal del cielo” su larga experiencia de re-configuración y su apremiante preocupación de trascender más allá de sí mismos. Experiencia y proceso social digno de ser conocido a nivel nacional. Luego de lo escuchado acordamos con Roosevelt Lugo, presidente del sindicato y el equipo de trabajo comprometido en tal labor, una entrevista, para indagar más acerca del proyecto que lideran y poder llevar a otras organizaciones sindicales y otros sectores obreros del país los aportes de esta experiencia, ejemplar para toda la lucha popular.

 

desdeabajo (da). José Roosevelt ¿Qué nos puede contar de USE?
José Roosevelt (JR). Podemos hablar de la transformación que hemos inspirado para los trabajadores desde la organización sindical. Una transformación que no olvida los principios sindicales, la defensa del trabajo, la dignidad y, por supuesto, de las empresas, especialmente porque somos un sindicato del patrimonio público de todos los colombianos y siempre hemos tenido presente defenderlo. En concreto, la transformación para nosotros se refiere a un asunto que es mucho mayor: poner en blanco y negro aquellos proyectos de los que hablamos muchas veces como sociedad pero que no logramos realizar, quizás por falta de recursos, o de avanzar, desde las organizaciones sindicales, con posiciones firmes frente al gobierno.

 

USE, desde el derecho de negociación colectiva puso un artículo, el 61 de nuestra convención, que nos permite discutir no solo de derechos laborales sino también de derechos de orden social, en este caso de orden ambiental, comprometiendo unos recursos específicos para poder trabajar temas relacionados con el medio ambiente y el agua en nuestra ciudad.

 

Entonces, el sindicato propugna hoy por una política clara frente a temas de orden colectivo –en los que todos debemos coincidir como sociedad: la defensa del agua como patrimonio de todos, la defensa del medio ambiente y el derecho que tenemos de gozar dignamente de la naturaleza de manera igualitaria y responsable. Para que así sea, concretamos una articulación a través de proyectos, y a través de una vinculación de organizaciones sociales –tanto fundaciones como alianzas con otros sindicatos–, que son ricos en planes de transformación, pero que el gobierno nacional no pone recursos a su favor.

 

da. ¿Qué logros han tenido en lo que lleva de largo esta perspectiva en la organización sindical?
JR. Quiero destacar uno, que a su vez integra otros: es el acuerdo ambiental con una organización llamada Acuacali, una especie de Ong que trabaja por el río Cali y los otros 6 ríos que atraviesan la ciudad. Ahí hay una lucha contra la minería, legal e ilegal que contaminan las fuentes hídricas, haciendo un llamado de atención frente a la provisión de agua para la ciudad de Cali y todos los corregimientos atravesados por estos ríos.

 

Para este propósito y como primer aporte, USE contribuyó para pagos por compensación ambiental en aquellos sectores donde hay que hacer encerramientos o fincas privadas, concientizando a las personas en temas de compensación ambiental, en pro de que cambien un poco sus prácticas y puedan hacer reforestación, porque esas fincas tuvieron bosques y hoy ya no los hay. Ese proyecto lo trabajamos directamente en las veredas de Pichindé, en la Leonera y en Felidia.

 

La organización sindical invirtió cerca de 70 mil dólares en esto, cosa que ninguna organización sindical en el mundo ha aportado, y a partir de ello construimos el plan denominado maestros del agua, el cual ya tuvo la fase 1 y 2, y que lo volvimos diplomado con la intervención de la Universidad del Valle –sede Tuluá–, el cual fue dictado a los campesinos de la región, así como a trabajadores afiliados a USE y otros sindicatos, quienes obtuvieron el título de maestros del agua.

 

da. Todo suena muy interesante, ¿cómo han traducido estos espacios de formación en procesos sobre el territorio?
JR. Pues el otro aspecto, después del segundo diplomado, tiene que ver con el diseño de los planes estratégicos de los acueductos comunitarios, para lo cual el sindicato contribuyó para una organización que trabaja este tema en la parte alta de los farallones de Cali, en las veredas La Reforma, La Sirena y otros sitios cercanos a la ciudad.

 

Además, con Fecoser, que es la federación que agrupa 1.800 acueductos comunitarios en el Valle del Cauca, acompañamos la elaboración de una nueva normatividad jurídica, la ley de los acueductos comunitarios que ellos han impulsado. Es una labor que nos ha parecido importante, porque hay sitios donde las empresas de acueducto no llegan, el Estado no llega y le corresponde a la misma comunidad organizarse y utilizar el río u otras fuentes de agua con que cuente su territorio, con unas prácticas distintas, que a pesar de estar reguladas todavía no tienen en Colombia una ley propia, cosa que deja a las comunidades indefensas ante agentes externos.

 

Adicional a esto, en discusiones sobre el efecto de la minería que desvía ríos y que los contamina, también tuvimos una discusión. Hace 2 años fue firmado el Pacto social por el agua, con un llamado de atención sobre la parte alta de los farallones de Cali donde habían desviado la quebrada El Socorro en función de la minería. Debo destacar el trabajo de Sintracuavalle, Sintrambiente y demás organizaciones, logrando que el Batallón de Alta Montaña se pusiera las pilas pues les hicieron presión para que tuviera un poco más de control frente al tema de la minería.

Igualmente, la USE participó en lo que se llamó el Ecofestival Rio Cali, realizando a lo largo de varios kilómetros del río actividades de limpieza, además de promoción de temas de emprendimiento comunitario y temas de desarrollo cultural.


da. Bueno, entendemos que todo esto han querido convertirlo en una política ambiental de carácter más general, que es uno de los propósitos centrales de la organización sindical, ¿de qué trata esta política?
JR. Bueno, el 18 de mayo hicimos una convocatoria con distintas comunidades para crear un comité grande, un comité técnico para volver a tomar una iniciativa que se va a llamar: El foro por el agua y que tiene un subtema que es el agua como derecho fundamental, con el cual, en lo fundamental tratamos de incidir en la política pública del agua, construir una política del agua para ser vinculada en los planes de desarrollo, bien sea municipal, departamental o, incluso, en los planes nacionales, si lo logramos.

 

Pero este proceso no solo nos llevará al Foro por el agua, sino también a un simposio internacional por sesionar el año que viene, con organizaciones internacionales, como la internacional de servicios públicos, la organización de Waterlab y Contaguas, que es una organización en la que existen 45 mil mujeres, argentinas y uruguayas, que trabajan por el tema de la protección del agua y que luchan contra el fracking. Pero hay otra intencionalidad posible, que es llamar la atención poderosamente sobre lo que está pasando para poder que haya una economía más sostenible con el medio ambiente. Estos foros tratan de concienciar y USE lo está impulsando como filial de Únete.

 

da. Algo que ustedes mencionaron al principio es la importancia de la gestión que ha hecho USE para financiar todos estos proyectos, ¿qué tal ha sido el proceso de financiación y cómo funciona?
JR. Bueno, USE realiza una inversión de 270 mil dólares –casi 800 millones de pesos–, por invertir a lo largo de los años 2018–2022; para ello motivamos la construcción de un banco de proyectos desde las comunidades, buscando en todo momento tejer una articulación a través de la financiación que podamos brindar como organización sindical, como ya expuse, a través del artículo 61 que ganamos en la negociación colectiva.

 

Por eso hablamos que este es un sindicalismo también transformador, un sindicalismo que llega no solo con el convencimiento de la gente de que aquí hay una lucha de clases y de intereses comunes, sino también con un asunto que es lógico: la necesidad de recursos para poder avanzar, recursos que la organización logró pactar a través de la negociación colectiva. Esto nos permite estar en lo que estamos; podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, pero hoy estamos al nivel de lo que espera la gente: que el dinero que es de todos sea visible en los proyectos comunitarios, en los proyectos urbanos y rurales que necesita específicamente la ciudad.

 

da. ¿Cómo influye esta perspectiva de transformación organizativa al interior del trabajo sindical de la empresa?
JR. Todo es parte de la política pública que estamos iniciando, pero también es parte del trabajo sindical como actuación conjunta y organizada de los trabajadores, pues en el plano sindical seguimos en la defensa del patrimonio público en las empresas municipales de Cali, empresa que como todos sabemos es prestadora de servicios públicos, de energía, acueducto y telecomunicaciones.

 

Consecuentes con ello, organizamos entre los afiliados dispuestos una mesa técnica, una mesa digamos de profesionales de alto nivel, en la que estamos trabajando por un plan estratégico y una transformación integral de la empresa, para hablar de lo público con eficacia y eficiencia, pero también para superar graves problemas que tenemos al interior. Uno de los más grandes radica en la malformación política que permite que, efectivamente, a veces la gente incorporada a la empresa no cuente con grandes calidades, sino con amigos, incorporados por favoritismos políticos, por burocracia, lo cual no contribuye a una buena gestión en las empresas públicas.

 

Y en el plano sindical, pues seguimos construyendo, no solo presentando los informes como debe ser, una rendición de cuenta a todos los afiliados, sino también un plan estratégico que nos está llevando tanto a la transformación de la misma sede sindical, la cual queremos que funcione con energías renovables, sino también en distintas comisiones, desde los trabajadores afiliados, empoderándoles para poder presentar proyectos a la empresa, hecho que es una gran transformación, pues nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sino que pasamos a la propuesta.

 

Con esto, consideramos, vamos ganando recorrido en el debate de lo que hay que hacer más allá de la empresa, en los barrios, veredas, en la ciudad, que es lo que hay que hacer con lo púbico; es así como, finalmente, le respondemos de manera eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, pues son trabajadores/as como nosotros, no solo en materia de la prestación de los servicios públicos, sino también como le respondemos en la satisfacción de sus necesidades, ojo sin asistencialismo, sino generando niveles de conciencia ambiental y de clase, a través de proyectos que permitan que tengamos una matriz un poco más lógica y, sobre todo, más respetuosa frente a lo que esperan también las comunidades de nosotros.

 

da. En pos de lo que están impulsando, más o menos, ¿cuántos procesos comunitarios u organizaciones inscritas tienen en este momento en su convocatoria?
JR. Hoy hay 18 organizaciones inscritas, esto seguramente se va a ampliar con la convocatoria a los presidentes de junta de acción comunal y a los comuneros, pero la idea es que podamos avanzar en un comité ampliado donde cada uno de ellos tenga participación en el diseño de los proyectos, pues son ellos los que finalmente los van a presentar y ejecutar.

 

Aquí estamos como lo dice su periódico “desde abajo”, para poder en esa línea, más allá de un banco de proyectos en la organización sindical, satisfacer efectivamente las necesidades sociales y posibilitar a mucha gente que no tiene oportunidades, que presenten los proyectos y poner esos proyectos también no solo en el medio de comunicación adecuado para articularlos, sino poder seguirlos impulsando y avanzando con ellos, proyectos de sostenibilidad con innovación. Sabemos que hay mucha gente, en la mayoría de barrios de la ciudad, que no tiene posibilidades económicas para hacerlo, pero tiene la idea y tienen el conocimiento, les falta el tema del recurso, podemos hacerlo a través de un recurso limitado, pero que definitivamente algo les aportará, y sin arrodillarse a ningún partido político. Como ya está expresado, no solo para satisfacer necesidades, también para generar una matriz de concientización colectiva.

 

Para que así sea, estamos pensando con las universidades poder articular algo que nos parece fundamental: la cátedra del agua, en la cual debemos retomar la historia, que anteriormente la sacaron del pensum, y poner esta cátedra del agua en los colegios públicos y privados para tener una incidencia en el tema de la educación, respecto a lo que representa la naturaleza y el agua en la vida de todos; lo que busca USE es la armonía en todos los niveles.

 

* Federación Unión nacional de los trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

 

Publicado enColombia
Una triada para avanzar: sindicato, comunidad y medio ambiente

Una organización sindical con inquietudes e iniciativas en campos como la organización social territorial, el medio ambiente y la defensa del patrimonio público, clara evidencia de la renovación sindical en proceso, está representada en la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE), sindicato filial de la federación Únete*. Acá un diálogo con su dirigencia.

 

En un foro realizado el pasado 18 de mayo, la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE) presentó ante diversos procesos y organizaciones sociales de “la sucursal del cielo” su larga experiencia de re-configuración y su apremiante preocupación de trascender más allá de sí mismos. Experiencia y proceso social digno de ser conocido a nivel nacional. Luego de lo escuchado acordamos con Roosevelt Lugo, presidente del sindicato y el equipo de trabajo comprometido en tal labor, una entrevista, para indagar más acerca del proyecto que lideran y poder llevar a otras organizaciones sindicales y otros sectores obreros del país los aportes de esta experiencia, ejemplar para toda la lucha popular.

 

desdeabajo (da). José Roosevelt ¿Qué nos puede contar de USE?
José Roosevelt (JR). Podemos hablar de la transformación que hemos inspirado para los trabajadores desde la organización sindical. Una transformación que no olvida los principios sindicales, la defensa del trabajo, la dignidad y, por supuesto, de las empresas, especialmente porque somos un sindicato del patrimonio público de todos los colombianos y siempre hemos tenido presente defenderlo. En concreto, la transformación para nosotros se refiere a un asunto que es mucho mayor: poner en blanco y negro aquellos proyectos de los que hablamos muchas veces como sociedad pero que no logramos realizar, quizás por falta de recursos, o de avanzar, desde las organizaciones sindicales, con posiciones firmes frente al gobierno.

 

USE, desde el derecho de negociación colectiva puso un artículo, el 61 de nuestra convención, que nos permite discutir no solo de derechos laborales sino también de derechos de orden social, en este caso de orden ambiental, comprometiendo unos recursos específicos para poder trabajar temas relacionados con el medio ambiente y el agua en nuestra ciudad.

 

Entonces, el sindicato propugna hoy por una política clara frente a temas de orden colectivo –en los que todos debemos coincidir como sociedad: la defensa del agua como patrimonio de todos, la defensa del medio ambiente y el derecho que tenemos de gozar dignamente de la naturaleza de manera igualitaria y responsable. Para que así sea, concretamos una articulación a través de proyectos, y a través de una vinculación de organizaciones sociales –tanto fundaciones como alianzas con otros sindicatos–, que son ricos en planes de transformación, pero que el gobierno nacional no pone recursos a su favor.

 

da. ¿Qué logros han tenido en lo que lleva de largo esta perspectiva en la organización sindical?
JR. Quiero destacar uno, que a su vez integra otros: es el acuerdo ambiental con una organización llamada Acuacali, una especie de Ong que trabaja por el río Cali y los otros 6 ríos que atraviesan la ciudad. Ahí hay una lucha contra la minería, legal e ilegal que contaminan las fuentes hídricas, haciendo un llamado de atención frente a la provisión de agua para la ciudad de Cali y todos los corregimientos atravesados por estos ríos.

 

Para este propósito y como primer aporte, USE contribuyó para pagos por compensación ambiental en aquellos sectores donde hay que hacer encerramientos o fincas privadas, concientizando a las personas en temas de compensación ambiental, en pro de que cambien un poco sus prácticas y puedan hacer reforestación, porque esas fincas tuvieron bosques y hoy ya no los hay. Ese proyecto lo trabajamos directamente en las veredas de Pichindé, en la Leonera y en Felidia.

 

La organización sindical invirtió cerca de 70 mil dólares en esto, cosa que ninguna organización sindical en el mundo ha aportado, y a partir de ello construimos el plan denominado maestros del agua, el cual ya tuvo la fase 1 y 2, y que lo volvimos diplomado con la intervención de la Universidad del Valle –sede Tuluá–, el cual fue dictado a los campesinos de la región, así como a trabajadores afiliados a USE y otros sindicatos, quienes obtuvieron el título de maestros del agua.

 

da. Todo suena muy interesante, ¿cómo han traducido estos espacios de formación en procesos sobre el territorio?
JR. Pues el otro aspecto, después del segundo diplomado, tiene que ver con el diseño de los planes estratégicos de los acueductos comunitarios, para lo cual el sindicato contribuyó para una organización que trabaja este tema en la parte alta de los farallones de Cali, en las veredas La Reforma, La Sirena y otros sitios cercanos a la ciudad.

 

Además, con Fecoser, que es la federación que agrupa 1.800 acueductos comunitarios en el Valle del Cauca, acompañamos la elaboración de una nueva normatividad jurídica, la ley de los acueductos comunitarios que ellos han impulsado. Es una labor que nos ha parecido importante, porque hay sitios donde las empresas de acueducto no llegan, el Estado no llega y le corresponde a la misma comunidad organizarse y utilizar el río u otras fuentes de agua con que cuente su territorio, con unas prácticas distintas, que a pesar de estar reguladas todavía no tienen en Colombia una ley propia, cosa que deja a las comunidades indefensas ante agentes externos.

 

Adicional a esto, en discusiones sobre el efecto de la minería que desvía ríos y que los contamina, también tuvimos una discusión. Hace 2 años fue firmado el Pacto social por el agua, con un llamado de atención sobre la parte alta de los farallones de Cali donde habían desviado la quebrada El Socorro en función de la minería. Debo destacar el trabajo de Sintracuavalle, Sintrambiente y demás organizaciones, logrando que el Batallón de Alta Montaña se pusiera las pilas pues les hicieron presión para que tuviera un poco más de control frente al tema de la minería.

Igualmente, la USE participó en lo que se llamó el Ecofestival Rio Cali, realizando a lo largo de varios kilómetros del río actividades de limpieza, además de promoción de temas de emprendimiento comunitario y temas de desarrollo cultural.


da. Bueno, entendemos que todo esto han querido convertirlo en una política ambiental de carácter más general, que es uno de los propósitos centrales de la organización sindical, ¿de qué trata esta política?
JR. Bueno, el 18 de mayo hicimos una convocatoria con distintas comunidades para crear un comité grande, un comité técnico para volver a tomar una iniciativa que se va a llamar: El foro por el agua y que tiene un subtema que es el agua como derecho fundamental, con el cual, en lo fundamental tratamos de incidir en la política pública del agua, construir una política del agua para ser vinculada en los planes de desarrollo, bien sea municipal, departamental o, incluso, en los planes nacionales, si lo logramos.

 

Pero este proceso no solo nos llevará al Foro por el agua, sino también a un simposio internacional por sesionar el año que viene, con organizaciones internacionales, como la internacional de servicios públicos, la organización de Waterlab y Contaguas, que es una organización en la que existen 45 mil mujeres, argentinas y uruguayas, que trabajan por el tema de la protección del agua y que luchan contra el fracking. Pero hay otra intencionalidad posible, que es llamar la atención poderosamente sobre lo que está pasando para poder que haya una economía más sostenible con el medio ambiente. Estos foros tratan de concienciar y USE lo está impulsando como filial de Únete.

 

da. Algo que ustedes mencionaron al principio es la importancia de la gestión que ha hecho USE para financiar todos estos proyectos, ¿qué tal ha sido el proceso de financiación y cómo funciona?
JR. Bueno, USE realiza una inversión de 270 mil dólares –casi 800 millones de pesos–, por invertir a lo largo de los años 2018–2022; para ello motivamos la construcción de un banco de proyectos desde las comunidades, buscando en todo momento tejer una articulación a través de la financiación que podamos brindar como organización sindical, como ya expuse, a través del artículo 61 que ganamos en la negociación colectiva.

 

Por eso hablamos que este es un sindicalismo también transformador, un sindicalismo que llega no solo con el convencimiento de la gente de que aquí hay una lucha de clases y de intereses comunes, sino también con un asunto que es lógico: la necesidad de recursos para poder avanzar, recursos que la organización logró pactar a través de la negociación colectiva. Esto nos permite estar en lo que estamos; podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, pero hoy estamos al nivel de lo que espera la gente: que el dinero que es de todos sea visible en los proyectos comunitarios, en los proyectos urbanos y rurales que necesita específicamente la ciudad.

 

da. ¿Cómo influye esta perspectiva de transformación organizativa al interior del trabajo sindical de la empresa?
JR. Todo es parte de la política pública que estamos iniciando, pero también es parte del trabajo sindical como actuación conjunta y organizada de los trabajadores, pues en el plano sindical seguimos en la defensa del patrimonio público en las empresas municipales de Cali, empresa que como todos sabemos es prestadora de servicios públicos, de energía, acueducto y telecomunicaciones.

 

Consecuentes con ello, organizamos entre los afiliados dispuestos una mesa técnica, una mesa digamos de profesionales de alto nivel, en la que estamos trabajando por un plan estratégico y una transformación integral de la empresa, para hablar de lo público con eficacia y eficiencia, pero también para superar graves problemas que tenemos al interior. Uno de los más grandes radica en la malformación política que permite que, efectivamente, a veces la gente incorporada a la empresa no cuente con grandes calidades, sino con amigos, incorporados por favoritismos políticos, por burocracia, lo cual no contribuye a una buena gestión en las empresas públicas.

 

Y en el plano sindical, pues seguimos construyendo, no solo presentando los informes como debe ser, una rendición de cuenta a todos los afiliados, sino también un plan estratégico que nos está llevando tanto a la transformación de la misma sede sindical, la cual queremos que funcione con energías renovables, sino también en distintas comisiones, desde los trabajadores afiliados, empoderándoles para poder presentar proyectos a la empresa, hecho que es una gran transformación, pues nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sino que pasamos a la propuesta.

 

Con esto, consideramos, vamos ganando recorrido en el debate de lo que hay que hacer más allá de la empresa, en los barrios, veredas, en la ciudad, que es lo que hay que hacer con lo púbico; es así como, finalmente, le respondemos de manera eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, pues son trabajadores/as como nosotros, no solo en materia de la prestación de los servicios públicos, sino también como le respondemos en la satisfacción de sus necesidades, ojo sin asistencialismo, sino generando niveles de conciencia ambiental y de clase, a través de proyectos que permitan que tengamos una matriz un poco más lógica y, sobre todo, más respetuosa frente a lo que esperan también las comunidades de nosotros.

 

da. En pos de lo que están impulsando, más o menos, ¿cuántos procesos comunitarios u organizaciones inscritas tienen en este momento en su convocatoria?
JR. Hoy hay 18 organizaciones inscritas, esto seguramente se va a ampliar con la convocatoria a los presidentes de junta de acción comunal y a los comuneros, pero la idea es que podamos avanzar en un comité ampliado donde cada uno de ellos tenga participación en el diseño de los proyectos, pues son ellos los que finalmente los van a presentar y ejecutar.

 

Aquí estamos como lo dice su periódico “desde abajo”, para poder en esa línea, más allá de un banco de proyectos en la organización sindical, satisfacer efectivamente las necesidades sociales y posibilitar a mucha gente que no tiene oportunidades, que presenten los proyectos y poner esos proyectos también no solo en el medio de comunicación adecuado para articularlos, sino poder seguirlos impulsando y avanzando con ellos, proyectos de sostenibilidad con innovación. Sabemos que hay mucha gente, en la mayoría de barrios de la ciudad, que no tiene posibilidades económicas para hacerlo, pero tiene la idea y tienen el conocimiento, les falta el tema del recurso, podemos hacerlo a través de un recurso limitado, pero que definitivamente algo les aportará, y sin arrodillarse a ningún partido político. Como ya está expresado, no solo para satisfacer necesidades, también para generar una matriz de concientización colectiva.

 

Para que así sea, estamos pensando con las universidades poder articular algo que nos parece fundamental: la cátedra del agua, en la cual debemos retomar la historia, que anteriormente la sacaron del pensum, y poner esta cátedra del agua en los colegios públicos y privados para tener una incidencia en el tema de la educación, respecto a lo que representa la naturaleza y el agua en la vida de todos; lo que busca USE es la armonía en todos los niveles.

 

* Federación Unión nacional de los trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

 

Publicado enEdición Nº247
En 2018-2022… uribismo recargado y nuevo contenido del compromiso popular*

Culminó sin sorpresas la coyuntura electoral que compuso la elección de Presidente para los cuatro años próximos. El resultado a favor de Iván Duque Márquez cierra con un broche que no es de oro para el uribismo.

Con el nuevo gobierno, nos adentramos en la arena de una ofensiva neoliberal de nuevo nivel, donde los sectores dominantes, aliados del capital internacional, se aprestan a exprimir hasta el máximo posible los pocos ahorros y posibilidades de quienes no tienen más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, a la par que adecuan el aparato estatal para las exigentes demandas del capital global, ahondando con ello sus formas de dominio y control social.

El país vivió una extensa campaña que empezó el 2 de octubre de 2016, cuando el No se impuso en el referendo por los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc, campaña que continúo el 11 de marzo de este año con las elecciones al Congreso, en las cuales los sectores que por siglos han dominado el poder en Colombia refrendaron su dominio, incluido por supuesto el Centro Democrático (CD). La puja electoral prosiguió el 27 de mayo con la primera vuelta, en la que una vez más el uribismo reafirmó con creces su mayoría, sin la cifra suficiente para evitar una segunda votación, que el país vio y vivió este 17 de junio con números definitivos: CD 10.351.552 votos (54%), Gustavo Petro 8.023.000 (41%), una cantidad que resultó inferior al deseo, las declaraciones y el algodonoso auto-‘convencimiento’ de su activismo.

El triunfo de la Coalición Conservadora pone de presente, ante propios y extraños, que en Colombia la iniciativa política y su margen frente a la opinión tiene ventaja del status quo –con marginalidad del conjunto tradicional de izquierda–, sobre una amplia franja poblacional. Circunstancia tal, en un trasfondo de contradicción con descuido en su análisis y superación, que es cada vez más larvada entre las zonas semiurbanas y rurales y las cabeceras de varias de las principales ciudades del país. Trasfondo que disuelve, sin respuestas certeras, el abismo de desigualdad e injusticia entre la minoritaria capa de quienes más tienen y el amplio segmento de la marginación que padecen quienes viven en la miseria, la pobreza, y la exclusión social.

Particularidad, trasfondo extendido y que toca en la reciente coyuntura al proyecto, vía y contenido de un Acuerdo para alcanzar la paz necesaria. Objetivo y paz inscritos en el futuro y el camino por seguir para lograr la felicidad del conjunto social. Contradicción que el resultado electoral del pasado domingo ni resuelve ni disminuye, y tampoco le da vehículo. Intensificación del marco de la situación política que vendrá y ya se avizora, con quienes pretenden un Estado confesional y de retrocesos constitucionales.

Con anticipación, y ante una segunda vuelta y su polarización, el CD manejó una estrategia que puso a Gustavo Petro al sitial de principal contendor. Con base en profundos elementos relacionados con las acciones insurgentes del conflicto armado y de la repercusión de la situación en Venezuela, que tienen lugar en el imaginario de la ciudadanía de a pie, difundió y posicionó una variedad de miedos que cerraban y afectaban al ‘aliado’ de las Farc, al ‘símil’ de Chávez, a la ‘irresponsabilidad’ en el manejo de la cosa pública, al ascenso de los “exterroristas” en el manejo del país. Y tras esta argumentación, sensibilizaban y difundían acerca del camino hacia la pobreza generalizada de quienes habitan Colombia. Desde la contraparte también se buscaba una polarización. Fue puesto en el discurso el miedo por el regreso del uribismo al control del gobierno, y, por obvia extensión, de todas las injusticias que conlleva.

El triunfo del CD denota que el espacio y el peso de las ideas conservadoras son más potentes. Una realidad que desprende retos para todos los sectores que quieren un cambio en el país. Un desafío que exige explicarnos por qué amplios sectores de la población le temen al cambio, por qué repudian a la izquierda, en particular a la guerrilla, a las expresiones ‘progresistas’ del continente, y a todo lo que estos asuntos implican.

De este modo, alcanzar a posicionar un contrario como Petro resultó para el CD la mejor y más directa vía para extender el miedo en la campaña electoral. Así, la gente votaba no sólo en favor de Duque sino en contra de Petro, de la izquierda y del imaginario construido por ésta, en años de gobierno y poder en distintas coordenadas globales. Pero sobre todo, del imaginario construido sobre la izquierda y la revolución, en un proyecto articulado y con conexiones sociales para arrebatarle la bandera de la igualdad social, la libertad y la justicia. Democracia plena, que está pendiente para el conjunto histórico y global. Un discurso del CD que, como paradoja, no logró de manera plena su cometido en centros urbanos como Bogotá.

Por el contrario, sí permitió visibilizar la existencia de amplios sectores sociales que desean el cambio del modelo social, económico y político que ha imperado siempre en el país, sectores que, es de suponer, están dispuestos con energía y dedicación a movilizarse por tan anhelado giro. Preocupa, en todo caso, que estos nuevos sectores –que ahora se acercan tal vez por primera vez a una agenda pública que debe ser colectiva, abierta y deliberante– queden subsumidos en el imaginario de la política, las formas de lucha, el gobierno, y el poder difundidos desde la campaña liderada por Gustavo Petro y multiplicada de manera desenfrenada por diversas vías.

Se trata de un ideario político con aspectos insuficientes de rectificación a las repeticiones tradicionales de la izquierda, que de manera inexplicable centra toda la acción social y política en una campaña y en el yo de una persona. Sin la raíz y la construcción necesarias, un alto rango de unilateralidad que descuenta todos los factores de poder, con su tensión y su interrelación, que se concentran en el Estado y el gobierno, creando por esa vía la falsa expectativa de que es posible lograr un efectivo cambio social por el simple hecho de ganar unas elecciones. Si el lector desprevenido lee los whatsapps y otros mensajes que por varios días llegaron sobre el posible gobierno Petro, con la certeza de una ventaja, quedará convencido de la falsa idea de que, una vez fuera ungido como Presidente, todo cambiaría. ¿Es correcto difundir tal tipo de mensajes? ¿Es realizable tal propósito?

Entonces, ante esta realidad sin configurar un sujeto cotidiano y activo, en que el más crudo reformismo sienta base y deforma los procesos políticos, y ante el futuro inmediato por afrontar, estamos frente a una realidad inocultable que motiva y obliga a formular varias preguntas, fundamentales dentro del qué hacer, para elevarlas ante los sectores sociales inclinados por el cambio: ¿Cómo no perder la disposición y la energía de los millones que votaron por el cambio? ¿Cómo hacer para discutir y definir con tal conjunto humano el proyecto político por constituir, como base orgánica, colectiva, para proseguir en la disputa por el cambio? ¿Cómo darle paso a un proyecto nacional, incluyente, colectivo, plural, de proyección verdadera de las “ciudadanías libres”, que supere lo individual de un liderazgo y logre asiento en la diversidad regional, que, sin centrarse en forma alguna de lucha en particular asuma el reto de ser gobierno y poder desde ahora y en los territorios? ¡No es un debate de menor monto ni de pronta resolución!

Una postura de captación de la realidad y su correlación política, de rectificación y de autocrítica, de definición de los métodos de profundización en barrios y municipios, de la resonancia de los referentes sociales y políticos de convocatoria, de los instrumentos necesarios para la disputa continua y diaria de la opinión, que debe permitir la circulación de la palabra y de proyectos político-sociales de variado color, en que la relación con el Estado sea un referente pero no el condicionante institucional, y en que las experiencias de vida y comunidad levantadas a lo largo y ancho del país sean puntos de mira y de partida para el diseño definitivo del proyecto político por construir, en su contenido, sus formas y sus propósitos de Otra Democracia que es posible.

Son éstos un llamado y una discusión que se deben hacer desde este preciso momento. A la par de concitar la concentración de fuerzas desde el 7 de agosto mismo contra el nuevo gobierno y sus propósitos, pues, como dijo el propio Duque, el gobierno que él presida impulsará un paquete que incluye las reformas “[…] fiscal, a la educación, la salud, el agro, la justicia y las pensiones, como elementos iniciales”. Es decir, vendrán más reformas con intención de servir y potenciar al capital global y nacional. No será fácil ni de pocos meses el reto por afrontar. No es la espera hasta la próxima elección en 2022.

La configuración territorial de las reivindicaciones y sus resistencias es el camino que les queda a las mayorías del país, entre ellas quienes apoyaron la opción de Petro, de quienes votaron en blanco y quienes lo hicieron en contra de este gobierno, y sectores engañados que lo apoyaron con el sufragio, considerando que así le cerraban el camino al ‘comunismo’. Error mayúsculo que ahora podrán ayudar a subsanar con su vinculación a la resistencia social.

Será una confrontación que en el campo también abrirá espacio para la defensa de la tierra y de los Acuerdos de La Habana en ese aspecto, recuperando la consigna por una reforma agraria efectiva y que beneficie a todo el campesinado sin tierra o con poca tierra, además de confrontar las fumigaciones aéreas y la obligada sustitución de cultivos ilícitos que tratarán de llevar a cabo, como demostración de complacencia ante los Estados Unidos que descarga en Colombia la culpa por el consumo de sustancias como la cocaína entre amplias capas de su población.

Lucha social que también se ampliará al campo de la defensa de la Vida y de los Derechos Humanos, toda vez que el nuevo gobierno promete regresar y retomar, seguro bajo otro nombre pero con iguales pretensiones, las banderas y las prácticas de la mal llamada “seguridad democrática”, incluyendo el pago por “positivos”. Todo un terror con vínculos oficiales a la vista.

Los retos abiertos por el nuevo gobierno son inmensos, pero también las posibilidades para el cambio. El año 2019 será una nueva escala para tal disputa, antecedida de la resistencia ya enunciada. ¿Se podrán encarar tales retos desde un proyecto de cambio profundo, sin subsumirlo en las apetencias tradicionales del camino electoral?

Publicado enColombia
La guerra sigue para las defensoras de la naturaleza en Colombia

Colombia está en los noticiarios internacionales por las elecciones. Cambios en la presidencia, instituciones, buenas palabras. En Europa, la gente de la calle casi no conoce los nombres del saliente Santos, o del nuevo presidente uribista, Iván Duque y su opositor en la segunda vuelta, Petro. Y eso que estos días, al calor electoral, algo sale en la prensa.

 

Pero hay muchos otros nombres en Colombia que merecen ser recordados. Hace dos meses, se otorgaba el premio Goldman a la defensora de derechos humanos Francia Elena Márquez. Estos premios, conocidos como “Los Nobel del medio ambiente”, se otorgan cada año, coincidiendo con el Día de la Tierra, a personas que destacan por su labor de defensa de la naturaleza. La afrocolombiana Francia E. Márquez se lo ha ganado por la labor que ha venido desempeñando a lo largo de varios años, por poner su vida en juego para preservar el territorio y frenar la desmedida actividad minera. Denuncia que la minería se caracteriza por el uso de mercurio y cianuro, que contaminan los ríos y sus afluentes, afectando gravemente el ecosistema de la región colombiana de Cauca, al suroeste del país. Es este uno de los departamentos y municipios más afectados por el conflicto armado, a pesar de haber firmado los acuerdos de negociación para la construcción de paz estable y duradera, entre el Estado Colombiano y las Farc.

Las transnacionales mineras amenazan la vida


En casi todos los departamentos de Colombia, cientos, quizás miles de familias viven en zonas rurales y su único medio de supervivencia es la pesca artesanal y el cultivo de alimentos de pan coger (de subsistencia:maíz, plátano y yuca). Sin embargo, esta actividad que se ha realizado de generación en generación, se ha visto afectada por los intereses y la disputa histórica por el territorio. La llegada de las transnacionales, especialmente de las extractivistas de recursos mineros y energéticos, ha incrementado los riesgos no solo para las familias, si no para los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Francia Elena Márquez, por ejemplo, tuvo que abandonar su pueblo de origen en el año 2014, debido a su denuncia de la minería. ¿Cómo va a enfrentar el nuevo gobierno el poder de las transnacionales?


La llegada de las transnacionales se vincula, en los últimos dos años, a un aumento sustancial de los homicidios selectivos y sistemáticos de las lideresas y los líderes sociales y de defensores de los derechos humanos en Colombia. Estos líderes y defensores han venido realizando procesos de resistencia por permanecer en el territorio en que nacieron o en el que han cimentado sus historias de vida en torno a sus familias y la comunidad.


Los violentos le apuestan a condenar al país a la guerra, y sumen Colombia en el miedo, en el odio y la falta de oportunidades. Son quienes han cometido una serie de actos atroces, con el único objetivo de sabotear la respectiva implementación y los pertinentes avances de los acuerdos de paz. A la fecha no se tiene precisión del número de homicidios ocurridos en este primer semestre del 2018. Algunos informes hablan de más de cincuenta y siete; otros, de sesenta y tres. ¿Cuál es la cifra exacta de homicidios perpetrados? No se tiene la respuesta concreta, pero son demasiados. Lo cierto es que sus nombres, Hector Janen Latin, María Magdalena Cruz, Belisario Benavides Ortiz, María del Carmen Moreno, Luis Alberto Torres Montoya, Hugo Albeiro George, Iber Angulo Zamora, que sigue “desaparecido” … casi nadie los conoce, y mucho menos fuera de Colombia. Se caracterizaron por ser personas que trabajaban por preservar el medio ambiente en sus comunidades, oponiéndose a los macroproyectos. Sus rostros valientes y su incansable labor en pro de la defensa de los derechos humanos, nos han sido arrebatados. Los rostros que deberían conocerse también en Europa.

Un Estado cómplice: la impunidad


Las autoridades competentes, especialmente la Fiscalía, no realizan de manera eficaz y ágil las investigaciones que conlleven a la captura de los responsables de estos deplorables hechos, con lo cual se puede afirmar que más de un ochenta por ciento de los casos actualmente se encuentran en total impunidad. Mientras se escriben estas líneas, mientras se leen, un líder o lideresa, un defensor o defensora de derechos humanos está siendo asesinado o está en alto riesgo en Colombia. El Estado se mantiene incapaz de efectuar una política pública contundente y eficaz, que permita preservar la vida e integridad física de esta vulnerable franja de la población. La reforma judicial, para acabar con la impunidad, es una tarea pendiente para la nueva presidencia.


Se necesitan con urgencia verdaderas garantías estatales de que no volverán a ocurrir amenazas, asesinatos. Para no privar a la sociedad en general de compartir, reír y aprender de las personas que dan verdadero ejemplo: Erlendy Cuero Bravo, defensora que por culpa de las balas ha perdido a tres seres queridos (su padres y dos hermanos) en los últimos dos años y, sin embargo, actualmente ella lidera el trabajo que segó la vida de sus familiares, y quien ha sido revictimizada en diferentes oportunidades y por diferentes sectores armados.


Se busca realmente la capacidad de tejer los lazos de una verdadera convivencia y reconciliación. Queremos caminar por calles y senderos donde se pueda respirar un aire limpio, cálido y liviano, que inunde de manera tan profunda la esencia del ser, que no permita lastimar al otro o la otra. Pretendemos tener la capacidad de reconocer en los ojos y en la sonrisa del similar la belleza de la vida, que la tibieza de la piel no tenga que soportar los horrores de la guerra. Que se permita disfrutar el susurro de los ríos y la montaña.


Se necesitan con urgencia más reconocimientos y menos señalamientos, Por ello, la gran sonrisa de Francia al recibir tan honorable reconocimiento a tan sublime labor nos reconfortaba, y es esa misma sonrisa la que se capta frente a los gigantes defensores y defensoras de derechos humanos que han hecho aportes , contagiando de alegría y esperanza de pensarse en un país y en un mundo diferente. Aportaciones mucho más grandes que ganar una presidencia. Esto son los retos para el próximo gobierno de Iván Duque: una paz basada en la justicia y la defensa de la vida y el territorio. Reconocer la defensa de los derechos humanos. Ponerse a la altura de estos hombres y mujeres de corazones gigantes.

 

Por Erika Gómez Ardila
Defensora de DDHH del CPDH
2018-06-18 07:00:00

 

Dedicado a los más de trescientos cinco líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos vilmente silenciados, asesinados, pero no olvidados, a los gigantes que nos han sido arrebatados. De igual manera, a aquellos hombres y mujeres que decidieron dejar las armas por construir un nuevo país y quienes también les cegaron su existencia en pleno proceso de reincorporación a nuevos caminos.

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Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica

Compartimos el libro “Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica”, publicado por Oilwatch en 2018

El término energías extremas se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales. La era de los hidrocarburos fáciles de extraer está llegando a su fin, si no lo ha hecho ya. Los objetivos de empresas y gobiernos para sostener la matriz fósil son las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extrapesados, las arenas bituminosas e incluso la recuperación mejorada de hidrocarburos mediante la aplicación de desarrollos biotecnológicos en pozos agotados.


Como una segunda edición, este libro reúne 13 artículos de autores latinoamericanos, quienes analizan el carácter extremo no sólo de los proyectos energéticos sino también de las infraestructuras y finanzas que demanda la reproducción del capitalismo globalizado


Extracto:


Las fronteras extremas de América Latina


Si bien desde principios de la década y hasta entrado 2014 la mayoría de los países de la región, con más o menos intensidad y convicción, tenían a los hidrocarburos de lutitas y al fracking en sus agendas, esto no se ha plasmado en grandes avances en territorio. A nivel regional el fenómeno delshale sólo ha tenido impacto masivo, o relativamente masivo, en Argentina con Vaca Muerta, mientras que en México, el otro país estrella, ha sido menor, y en Colombia hay un firme interés de las autoridades en avanzar en esa dirección.


Sin embargo, tampoco significa que haya desaparecido el interés por las formaciones compactas, el desarrollo de camposde tight sands ha cobrado impulso tanto en Argentina, como en México y el extremo sur de Chile. Los costos de producción en arenas compactas son considerablemente menores que los del shale, lo que las vuelve particularmente atractivas para las empresas.


Por otra parte, una frontera que no cesa de ampliarse en la región es la off shore. Brasil desde el descubrimiento del presal (una formación geológica en la plataforma continental que está debajo de la capa de sal en el lecho marino), hace una década, apuesta fuertemente a su explotación, incluso las autoridades no le han dado mayor importancia a los bloques con potencial en crudo y gas de lutitas. Éstos tampoco despertaron el interés de las empresas en las últimas rondas de concesiones petroleras.


La impetuosa convicción de avanzar hacia el mar emerge también en el conflicto que se suscitó en 2015, cuando el gobierno federal de Brasil intentó flexibilizar los sistemas de licenciamiento ambiental para las explotaciones costa afuera, una reforma que fue resistida por los trabajadores de las agencias de control ambiental. Hay que tener en cuenta que en el caso del presal los hidrocarburos se alojan a una profundidad cercana a los 7.000 metros; allí se concentraría el 90 % de las reservas petrolíferas probadas y el 77 % de las gasíferas.


En el mismo sentido, la francesa Total perforó en 2016 un pozo en la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa. Si bien no se conoce la profundidad final, proyectaba atravesar 3400 metros de “columna de agua” y otros 3000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos. Un proyecto extremo que marca un hito en la región, en un país que carece de antecedentes de explotación de hidrocarburos. También Colombia avanza sobre yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua y Honduras. Chile, por su parte, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de tight gas en la isla de Tierra del Fuego.


En tanto los crudos pesados y extra pesados son centrales en países de la región como Venezuela, con la Faja del Orinoco, y Colombia, en la región de los llanos. Por otra parte, más allá de las características de los hidrocarburos y de las formaciones que los contienen, tanto la Amazonía como el Chaco Sudamericano constituyen la nueva frontera por excelencia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, avances que se concretan, en muchos casos, sobre territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y áreas naturales protegidas.

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