Miércoles, 29 Marzo 2017 06:47

La militarización global del agua

© Foto: Pixabay

 

La delegación de Iztapalapa tiene casi dos millones de personas y es una de las más pobres de la ciudad de México, con más de 20 millones de habitantes. Diariamente camiones cisterna realizan cerca de mil viajes para abastecer a las 69 colonias de esa delegación que sufren escasez crónica. Según una serie de reportajes publicados por The New York Times, la ciudad se está hundiendo como consecuencia de la escasez ya que las perforaciones han debilitado los lechos de arcilla.

Pero las preocupaciones del redactor diario neoyorkino no van por el lado de la población que sufre escasez de agua, sino por los problemas de orden público que se pueden generar. Cita un estudio que predice que un "10% de los mexicanos de entre 15 y 65 años podrían intentar emigrar al norte, como resultado de altas temperaturas, inundaciones y sequías, que desplazarían a millones de personas y aumentarían aún más las tensiones políticas sobre migración". El periódico agrega que en zonas donde disminuyen las lluvias, "el riesgo de que los conflictos menores crezcan para convertirse en guerras a gran escala se duplica aproximadamente al año siguiente".

La doctrina de "Dominación de Espectro Completo" del Pentágono, coloca en un mismo nivel la competencia global por el petróleo que por el agua, según el analista Pepe Escobar, lo que desafía el sentido común que destaca al petróleo en un lugar excluyente desde el punto de vista de su importancia geopolítica.

Los habitantes de Iztapalapa deben gastar casi el 10% de sus ingresos en el consumo de agua, lo que desestabiliza sus frágiles economías, ante un Estado que no acierta a encarar los problemas de la mayoría pobre de la población.

El analista mexicano Alfredo Jalife-Rahme, autor del libro "Las guerras globales del agua", asegura que el Estado de Israel sostiene un "apartheid acuífero" contra la población palestina de Cisjordania. Cita al editor de The Palestine Chronicle, Ramzi Baroud, quien dice que el control israelí del agua implica un "castigo colectivo" que busca evitar que desarrollen su economía que "depende entre 14 a 20% de la agricultura, por lo que negarle el agua destruye sus cosechas". Israel parece ubicarse a la vanguardia entre los Estados que utilizan el agua como arma de guerra, aunque no es el único.

Con motivo del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, Naciones Unidas alerta que 1.200 millones de personas sufren escasez de agua y que el déficit hídrico en 2030 será del 40%. Pero el uso del agua es profundamente desigual. El Foro de Davos estima que en las tres próximas décadas la demanda de agua por la industria crecerá un 400%. Las multinacionales de la minería, el agrobusiness y la generación de energía desarrollan una carrera por las fuentes de agua, para arrebatársela a las comunidades campesinas.

La lucha por apropiarse del agua, ya sea a través de las privatizaciones o por la sobre-utilización del recurso como sucede con el fracking, viene provocando agudos conflictos en América Latina: desde la "guerra del agua" en Cochabamba (Bolivia) en abril de 2000, hasta el reciente referendo en Cajamarca (Colombia), donde la mayoría de la población se pronunció el domingo 26 contra el megaproyecto de la multinacional Anglo Gold Ashanti de La Colosa. El principal argumento de campesinos y ambientalistas fue la defensa del agua para la agricultura.

Estados como California y ciudades como México y São Paulo, son laboratorios clave a la hora de observar cómo se posicionan los diferentes actores estatales y empresariales ante la escasez de agua. Así como en la capital mexicana predomina la desidia, en la brasileña las fuerzas armadas decidieron militarizar la distribución y las infraestructuras del agua.

São Paulo tiene 22 millones de habitantes y es una de las mayores concentraciones urbanas del mundo. Ante la escasez de agua, el Comando Militar del Sudeste decidió organizar debates y planificar operaciones militares para prevenir el caos social ante un posible corte del servicio. En mayo de 2015, un comando de entre 70 y 100 militares armados con ametralladoras ocupó las dependencias de la compañía SABESP (Saneamento Básico de São Paulo) previendo "una eventual necesidad de ocupación en caso de crisis", según el comunicado del Ejército.

Toda el área del complejo de la empresa "es considerada estratégica y la acción forma parte de las actividades militares preventivas para la preservación del orden público y protección de las personas y del patrimonio". El Comando Militar organizó debates destinados a un público de oficiales, soldados y "profesores universitarios simpatizantes de los militares", para trazar un panorama técnico, político y social sobre la crisis hídrica que vivía la región en ese momento.

El director de SABESP, Paulo Massato, fue muy claro al considerar las consecuencias sociales de un colapso hídrico: "Será el terror. No habrá alimentación ni energía eléctrica. Será un escenario de fin del mundo. Son millones de personas y estallará el caos social. No será sólo un problema de desabastecimiento de agua. Será mucho más serio que eso".

Durante la sequía de 2015, cuando los reservorios de agua de São Paulo estaban apenas al 5% de su capacidad, la policía militar escoltaba los camiones cisterna en algunos puntos de la ciudad, sobre todo en la periferia, porque en los barrios populares los atacaban para saquear el agua.

En plena crisis la empresa estatal de agua difundió una lista de 537 clientes privilegiados que pagan menos cuanto más agua consumen (industrias, shoppings, redes como McDonalds), que en su conjunto consumen el 3% del agua de la ciudad y tienen descuentos del 75% en el precio. Ellos consumen "el equivalente al agua utilizada por 115 mil familias y fueron los mayores responsables por el aumento del 5,4% del consumo anual de agua", asegura la empresa.

Los pueblos parecen estar siendo víctimas de dos pinzas: las empresas multinacionales que se están apropiando de las fuentes de agua, por un lado, y las fuerzas armadas que trabajan codo a codo con esas grandes empresas para asegurar que no les falte el recurso hídrico. Un panorama tan poco alentador como insensato.

 

 

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Coletazo comercial por la carne podrida

El coletazo internacional por la exportación de carne adulterada desde Brasil se hizo fuerte. Montados sobre la crisis causada por el operativo “Carne débil”, una denuncia de la Policía Federal que recayó sobre los hombros de JBS y BRF por vender supuestamente carnes vencidas y reses muertas por enfermedades, Chile, China, Corea del Sur y la Unión Europea (UE) decidieron interponer distintos tipos de barreras a la importación de carne brasileña. Con el escándalo golpeando a las puertas de los frigoríficos brasileños, el presidente Michel Temer intentó minimizar los daños causados a la industria debido a la investigación de la policía por corrupción en la inspección de alimentos.


Fue en vano el intento de generar confianza de Temer, que había invitado a una churrasquería a 40 embajadores el domingo para demostrar que la carne brasileña merecía seguir comercializándose en las grandes ligas mundiales, los principales mercados compradores de Brasil reaccionaron con desconfianza frente a las revelaciones de que 21 frigoríficos están investigados por la presunta adulteración de carnes para permitir el consumo incluso luego de la fecha de vencimiento.


Brasil es líder mundial en carne procesada y es el primero en el mundo en la producción de carne de pollo, con exportaciones que alcanzan a 150 países. Los frigoríficos JBS y BRF, las dos grandes locomotoras de la exportación brasileña de carnes y que están directamente impactados con las investigaciones, niegan los cargos. Temer intentó reducir los daños para la economía durante su presentación en la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos en San Pablo, donde afirmó que existe un número diminuto de frigoríficos involucrados en la supuesta red desbaratada por la PF la semana pasada.


“Para nosotros el agronegocio es importantísimo y no puede ser devaluado por un asunto menor, que debe ser sancionado, claro, pero que no puede comprometer a todo el sistema que creamos en los últimos años, con exportaciones a 150 países de la carne brasileña”, dijo Temer. El mandatario aseguró que Brasil tiene un sistema rigurosísimo de inspección sanitaria y afirmó que en el operativo fueron afectadas 21 unidades de producción de alimentos, ante 4850 plantas de frigoríficos existentes en el país. “Es un número diminuto”, subrayó el mandatario al intentar llevar confianza a la platea de empresarios de la cámara binacional.


“En las denuncias de la policía hay mucha fantasía, muchas idioteces”, dijo el ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Blairo Maggi, ex gobernador de Mato Grosso cuyos negocios agrícolas le hicieron ganar el apodo de rey de la soja la década pasada. El ministro anunció que China, principal socio comercial de Brasil, pidió explicaciones y detuvo los embarques destinados a su país a modo de prevención. Antes se había manifestado Corea del Sur, otro gran importador, a través de un vocero de su Ministerio de Agricultura, en Seúl, que informó sobre la suspensión de la importación de pollo brasileño.


Del pollo que importa Corea del Sur, 80 por ciento proviene de Brasil y la mitad de esta cantidad la produce BRF. Por su parte, el vocero de la UE para asuntos sanitarios, Enrico Brivio, dijo a la agencia local Estado que el bloque le pidió al gobierno de Brasil garantizar que todos los involucrados en el fraude no puedan exportar hacia Europa. “Les recomendamos a los 28 gobiernos europeos que sean extravigilantes con los embarques desde Brasil y que aumenten los controles en las aduanas”, sostuvo, aunque aclaró que no se había encontrado ninguna irregularidad hasta el momento.
El escándalo de la carne en Brasil alcanzó incluso a las negociaciones comerciales que mantienen el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE, con los agricultores europeos urgiendo a garantizar las normas de seguridad de los 28 miembros horas antes del inicio de una nueva ronda que tuvo lugar ayer en Buenos Aires. Los países de Mercosur –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– “no tienen las mismas normas que nosotros, tal como demuestra el caso descubierto en Brasil”, denunció el secretario general del principal sindicato europeo de agricultores Copa-Cogeca, Pekka Pesonen.


Desde el intercambio de ofertas arancelarias en mayo entre ambos bloques, todo como paso previo a la reanudación de las rondas de negociación formal en octubre, ese sindicato europeo expresó su oposición a un acuerdo de libre comercio, por la inclusión de productos agrícolas sensibles.


Los ganaderos europeos tampoco dudaron en lanzarse contra el mercado brasileño. “Es ultrajante darle una segunda chance a Brasil”, dijo Patrick Kent, de la asociación de productores irlandeses, citado por el diario O Estado de S.Paulo. En tanto Chile suspendió las importaciones hasta tener aclarado el origen de la carne que compra.


El presidente de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil, José Augusto de Bastro, dijo que la imagen externa de Brasil será afectada y seguramente habrá pedidos de nuevos certificados en mercados exigentes como Arabia Saudita, China y Japón. La Asociación Brasileña de Industria Exportadora de Carne (Abiec) fustigó la operación policial, en la que se habla de que el ácido absorbico usado en las carnes podría ser cancerígeno.

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Viernes, 03 Febrero 2017 06:15

Un acaparamiento de 10 millones

Un acaparamiento de 10 millones

Desde la revolución verde hasta nuestros días hemos visto la capacidad de expansión y desarrollo de la agricultura industrial y los negocios que mueve. Para alcanzar las cotas actuales se ha trabajado a fondo. A base de tratados de libre comercio se ha conseguido abolir cualquier frontera en favor del comercio agrícola, aunque sean transacciones innecesarias, insostenibles e ilógicas. Con los llamados ajustes estructurales se han desmantelado los sistemas agrarios nacionales aunque ello representara vulnerabilidad alimentaria para muchos territorios y sus correspondientes crisis. A partir de técnicas agrarias –como los transgénicos– y de leyes en favor de la privatización de las semillas, este mercado está concentrado en proporciones impensables, generando una inmensa pérdida de biodiversidad cultivada. De la misma manera se ha ido acaparando en muy pocas manos grandes extensiones de tierra fértil, junto con el agua de riego, que son la base del crecimiento de monocultivos –como la soya o la palma africana– que compiten ventajosamente frente a otros más necesarios. Y como estamos viendo en estos años, otro elemento fundamental para los negocios agrarios es asegurarse el control de la información sobre el clima, como pretenden desde Monsanto a John Deere.

Pero les queda una piedra en el zapato. La agricultura siempre acaba requiriendo mano de obra y trabajo de campo, aunque tecnológicamente pueda minimizarse y, siguiendo los mismos patrones descritos, ya estamos observando una verdadera carrera de las grandes transnacionales por ‘adueñarse’ del mayor número posible de campesinas y campesinos. Vendría a ser una suerte de acaparamiento de personas.

Siglos atrás esta necesidad se resolvía en forma de esclavismo agrario, unas maneras inhumanas que permitieron a las corporaciones de las metrópolis las grandes cosechas de productos de exportación como el azúcar, el caucho o los bananos. Ahora todo es, simplemente, más sutil. En Catalunya, donde yo vivo, conocemos bien la fórmula de la ganadería de integración, donde la implementación de modelos muy intensivos de engorda de cerdos y aves, con niveles de genética muy específicos, comporta que los otrora ganaderos independientes en sus propias fincas ahora son simples operarios de una cadena de montaje. Las compañías para las que trabajan les suministran los lechones o pollitos, les asignan un veterinario para que controle todo el proceso, les hacen comprar su pienso y su medicación y, finalmente, están obligados a vender a los animales engordados a la misma empresa. Súbditos en tiempos modernos.

Esta es una de las modalidades que podemos agrupar bajo el nombre de "agricultura de contrato", que cada vez gana más presencia en todo el mundo y que desde instituciones como la FAO bendicen, pues dicen que evita riesgos para las y los agricultores. Es el caso también del programa Nueva Visión para la Agricultura, impulsado desde 2009 por el Foro Económico Mundial que, como explica el reciente informe de la fundación Grain, es una colaboración entre gobiernos y algunas de las compañías trasnacionales productoras de alimentos más grandes del mundo, como Nestlé, Pepsico, Cargill o Unilever, para implementar proyectos en África, América Latina y Asia que potencian la producción de un número pequeño de cultivos de alto valor comercial. El papel de los gobiernos y sus agencias públicas es convencer a las organizaciones campesinas para sumarse a estos programas e incluso apoyan económicamente la construcción de invernaderos, infraestructura de alta tecnología, semillas híbridas o agrotóxicos de las compañías en cuestión.

Es decir, le llaman Nueva Visión pero es un viejo paradigma. Logrando que las y los agricultores firmen contratos de exclusividad con ellas, las corporaciones ganan un mercado seguro y aseguran un abastecimiento de la materia prima que necesitan para la elaboración de sus alimentos procesados sin hundir, en ningún momento, las manos en la tierra.

Para las corporaciones sí que es un escenario seguro y será cada vez más habitual. De hecho aquí en México el programa Nueva Visión para el Desarrollo Agroalimentario se conoce como Vida y ya está en marcha con la participación de 40 compañías privadas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la parte pública. Según la información actual manifiesta tener 85 mil agricultores y agricultoras participantes en todo México, pero aspira a contar con la participación de 600 mil el próximo 2018. A escala mundial, en los próximos tres a cinco años, se espera que formen parte de esta legión de agricultores esposados a compañías multinacionales un total de casi 10 millones de personas.

Imaginen en las granjas, los prados, los pueblos a todas sus gentes campesinas con el mismo logotipo en su indumentaria. Imaginen.

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Gobierno ecuatoriano contra indígenas y ecologistas

El 20 de diciembre pasado, el gobierno de Ecuador inició el proceso para disolver la organización Acción Ecológica (AE), que tiene 30 años de trayectoria ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Esa medida de extremo autoritarismo e intolerancia a la crítica social, intentando acallar a una organización social independiente, coincide con el escalamiento de la militarización y represión contra el pueblo indígena shuar en la Cordillera del Cóndor y la denuncia por AE sobre las violaciones allí cometidas. ¿A favor de quién tanta violencia armada, institucional, social? Es para abrir paso y defender los intereses de Explorcobres S A (EXSA), empresa minera china, que además de contaminación, desolación y miseria para los pueblos indígenas, dejará apenas migajas al Ecuador.


El pueblo shuar no ha dejado dudas sobre su oposición a la minería y otros megaproyectos en sus territorios. Igual que otros pueblos indígenas han resistido activamente el avance de mineras y petroleras desde hace décadas. Les ha costado represión, criminalización y asesinatos de muchos líderes. Ya en 2006, los shuar expulsaron campamentos de EXSA y una hidroeléctrica que se disponía a abastecerle. Junto a otros pueblos formaron redes de pueblos contra la minería.


Esa fuerte movilización paralizó en 2006 proyectos mineros en varias provincias, motivando que el presidente Correa, entonces en campaña presidencial, asegurara que iba a revisar la política extractiva. Con el proceso de la Asamblea Constituyente se estableció un Mandato Minero, que incluyó terminar las concesiones mineras que no hubieran tenido procesos de consulta ambiental y a pueblos y nacionalidades indígenas, que afectaran las fuentes de agua, las áreas naturales protegidas y bosques y una moratoria a nuevas concesiones. Sin embargo, en la década transcurrida, el gobierno fue promoviendo normativas que vaciaron de contenido el Mandato Minero y en lugar de moratoria a nuevas concesiones, se convirtió en entusiasta promotor de la megaminería, ni siquiera como ejecutor, sino como facilitador de la explotación minera de empresas extranjeras (Acosta y Hurtado http://tinyurl.com/jjce45u).


En este contexto de creciente impunidad, en agosto de 2016, la comunidad shuar Nankintz, parroquia San Carlos Panantza, provincia de Morona Santiago en Ecuador, fue víctima de un desalojo violento por policías y militares, que arrasó sus casas y pertenencias y mató animales domésticos, dejando a los pobladores al descampado para dar paso a Explorcobres. (goo.gl/3mLNR9)


Este desalojo sucedió luego de una sesgada orden judicial que no tomó en cuenta la falta de consulta libre, previa e informada a que tienen derecho los pueblos indígenas, según lo establecido en leyes nacionales y tratados internacionales suscritos por Ecuador.


El pueblo shuar no aceptó el desalojo. El 21 de noviembre y 14 de diciembre, integrantes del pueblo Shuar intentaron recuperar el territorio en Nankintz, lo cual llevó a graves enfrentamientos con policía y militares que resguardan a la minera, con varios militares y policías heridos y un policía muerto. Desde el primer conflicto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, Confeniae, exhortó al gobierno a dialogar para evitar nuevas confrontaciones, pero no hubo acuerdo, al contrario, se escaló el conflicto deteniendo a varios líderes shuar y decretando estado de emergencia en la provincia.


Acción Ecológica es la organización ecologista más conocida y activa del país, con una larga trayectoria de defensa de los derechos de la naturaleza y de los pueblos, trabajando en conjunto con numerosas organizaciones comunitarias, barriales y de pueblos indígenas. El 18 de diciembre, en referencia al conflicto en Morona Santiago, llamó a crear una Comisión de Paz y Verdad. Explicaba los ecuatorianos y ecuatorianas apostamos por la paz en armonía con la naturaleza. Pero para alcanzar la paz, y que sea duradera, requerimos un baño de verdad. Necesitamos conocer ¿qué ha pasado en la Cordillera del Cóndor y en tantos otros territorios dónde se han impuesto proyectos mineros y de otra índole? (www.accionecologica.org)
El 20 de diciembre el gobierno respondió notificando el inicio del proceso de disolución de la organización, por difundir los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista en la Cordillera del Cóndor y por alertar sobre la violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. Acusación absurda, porque eso es justamente la misión de Acción Ecológica, que además nunca promovió actos violentos y por eso llama a establecer una Comisión de Paz y Verdad.


Es la segunda vez que el gobierno intenta cerrar Acción Ecológica –en 2009 decretó su clausura pero tuvo que dar marcha atrás– además de que la organización ha sufrido acoso de medios oficiales, robos y otros abusos, incluso ataque sexual contra una integrante, para disuadirles de sus actividades de denuncia, documentación y solidaridad.


Cientos de organizaciones de todo el mundo se han manifestado contra el cierre de AE y por el respeto de los derechos y territorios indígenas. Cinco relatores de ONU enviaron una carta al gobierno solicitando el cese inmediato de estas acciones, que asfixian a la sociedad civil.


Es absurdo y cínico que un gobierno que se autodenomina revolución ciudadana apele a cerrar a las organizaciones cuyas críticas no quiere oír. Y aún más grave que a más de 524 años de Conquista, siga arrasando a sangre y fuego contra los pueblos originarios del continente. Para expresar solidaridad http://accionesbiodiversidad.org/ archivos/152

 

Por SILVIA RIBEIRO, investigadora del Grupo ETC

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Sábado, 24 Diciembre 2016 07:37

La copa menstrual amenaza la regla de oro

La copa menstrual amenaza la regla de oro

Las multinacionales que hacen negocio con los úteros a través de compresas y tampones, también ocultan alternativas más económicas, saludables y respetuosas con el medio ambiente como la copa menstrual.

Las primeras compresas llegaban a España de la mano de las revistas del corazón allá por los sesenta, mientras que los anuncios de tampones empezaron a aparecer en los noventa. La industria está a día de hoy metida en todos los úteros que pueden pagar sus productos. A una media de 17 unidades sanitarias por menstruación durante 38 años de promedio, resulta que una sola mujer usa 7.752 compresas y tampones en su vida. Este hecho no solo genera toneladas de residuos, también asegura miles de millones de dólares a multinacionales como la estadounidense Procter&Gamble, dueña de Evax, Tampax y Ausonia.


Pero no es cuestión de culpabilizar a las mujeres, sino de poner el foco en este tipo de multinacionales que se dedican a decir a las mujeres a qué huelen las nubes y a ocultar alternativas más respetuosas con el medio ambiente y más saludables. Alternativas como la copa menstrual, de la que ellos no quieren oír hablar porque no son rentables en el mercado.


La ocultación de alternativas


“Recuerdo que hace unos cinco años, en una de las secciones del programa El Hormiguero en la que comentaban objetos ‘raros’ de teletienda sacaron una copa menstrual y empezaron a ridiculizarla entre risas”, explica en una entrevista para esta revista la ginecóloga y profesora de la Universidad de Granada, Enriqueta Barranco, para ilustrar cómo los poderes económicos han mercantilizado la menstruación. Durante el programa, el presentador Pablo Motos espetó: “¡Pero a qué degenerado se le ha ocurrido eso!”; mientras que otro de los conductores, Damián, bromea: “el chupito preferido de Drácula”; la sección colma la indecencia cuando otro de ellos dice: “Con Diva Cup (el nombre del modelo) ya no tendrás que levantarte cada dos horas por la noche para darle la vuelta a la compresa”.


Son cinco hombres en escena mofándose de algo de lo que no tienen ni idea. “Los anuncios de tampones y compresas venían después del programa. ¡Estaban comprados! Desde entonces ya no se ve El Hormiguero en mi casa”, añade Barranco, quien no tiene reparo en señalar que muchas actividades de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) están financiadas por estas multinacionales.


Queda bien claro en artículos como este, publicado en abril de 2001 en el portal especializado DMedicina: “Con el fin de llenar este vacío informativo y eliminar mitos y tabúes relacionados con la higiene femenina, la SEGO y Tampax han creado un programa de formación dirigido a profesionales de la medicina y usuarias de tampones”. Una agresiva estrategia de marketing en la que se imprimieron 800.000 folletos y que se desarrolló por aquel entonces para evitar el pánico ante la aparición del Síndrome del Shock Tóxico (SST).


Sobre esto, la portavoz de SEGO en ese momento decía que “en realidad, [el SST] tiene más relación con la higiene que con el tampón en sí. Por eso insistimos en el cambio frecuente de tampones”. No sólo incitaban a usarlos, sino a usarlos mucho, cuantos más mejor.


La historia: el poder de la rentabilidad


La copa menstrual es un invento del siglo XIX, el Museo de la Menstruación y Salud de la Mujer en Maryland (EE UU.) asegura que ya existían modelos desde 1867. Para conocimiento de Pablo Motos, la primera patente es de los años 30 y el “degenerado” que la inventó fue una mujer, Leona W. Chalmers. Se trataba de un recipiente fabricado con caucho vulcanizado, tal y como explican desde la cooperativa catalana Femmefleur formada por Eva Polio, Laida Memba, Cris Torres y Clara Guasch.


Cuatro mujeres que impulsan la iniciativa “La Copa Menstrual”, primera distribuidora en España. En su web, cuentan que al tiempo que la copa empezó a difundirse, apareció en escena Earle Haas, que patentó una empresa con un nombre muy conocido hoy en día: Tampax. A partir de aquí, “se vivió un largo silencio sobre el tema”, explica Femmefleur, que asegura que en 1963 dejó de fabricarse, sobre todo porque no era rentable. Dos décadas más tarde, en 1987 apareció en el mercado la copa menstrual de látex, reutilizable y en dos tamaños, cuyo éxito marcó el inicio del camino que llevó al año 2000, cuando se fabricó la primera copa de silicona.


Comparativa entre copa, tampones y compresas


Seis residentes de Matrona de los Hospitales Universitarios 12 de Octubre, La Paz, Fuenlabrada y la Fundación Alcorcón han llevado a cabo una revisión bibliográfica en inglés, español, francés y portugués sobre el efecto del uso de la copa menstrual para la higiene menstrual femenina en comparación a otros métodos. El resultado ha sido que la copa menstrual es mejor que los tampones y las compresas frente a la sequedad vaginal, el olor, el confort, la actividad física y la duración; mientras que los mayores temores aparecen por las fugas y por la dificultad de saber cuándo hay que cambiarla, “inconvenientes que desaparecen con el manejo habitual del producto”, indican.


Estas expertas concluyen que la copa menstrual, frente a otros métodos, disminuye las alteraciones de la flora y el PH vaginal; las infecciones vulvo-vaginales; las alergias; las alteraciones dérmicas; el coste económico; el impacto medioambiental y, además, no hay casos descritos del Síndrome del Shock Tóxico, favorece el conocimiento del cuerpo y es compatible con métodos anticonceptivos y práctica de relaciones sexuales.


En este sentido, y gracias a una encuesta vía redes sociales, esta revista cuenta con algunos testimonios de mujeres que explican su experiencia con la copa menstrual. Para conocimiento de los machos de El Hormiguero, todas son positivas, mientras que otras que aún no la usan aseguran que les falta información o, sin probarla aún, no confían en el método:
“Llevo utilizándola desde hace seis años y no la cambio por nada. Ya no sólo porque contribuyo con el medio ambiente, sino porque es saludable para mí”. Laura


“Soy mujer y hago todo el activísimo que puedo a favor de la copa por razones económicas, ecológicas y de la pura experiencia menstrual. Me cambió totalmente la percepción de la menstruación y del ciclo. Lo que más me sorprendió fue la poquísima cantidad de sangre que en realidad expulsamos y que no huela mal en absoluto cuando no está mezclada con químicos”. Anónimo.


“Llevo un tiempo usándola y estoy encantada. Me resulta muy cómoda. Además es ecológica y no usas cosas blanqueadas con lejía. No notas nada y económicamente es un acierto”. Carolina


“Me ha cambiado la vida, no puedo imaginarme el volver a usar tampones y/o compresas. Además de ecológica, barata y bonita (tengo una morada), resistente y cómoda. Ojalá la hubiese descubierto justo cuando me bajó la regla. Incalculable el dinero que me habría ahorrado”. Lau


“Yo no la uso. Me lo he planteado alguna vez, pero no me apetece nada utilizarla. Suelo sangrar mucho y pienso en cómo tendría que hacer para limpiarla cuando esté fuera de casa. Tati. A lo que otra usuaria, contesta, en el mismo hilo del foro:: “¡Qué va! Imposible. Yo sangro muchísimo y nunca me he rebosado la copa”. Lau


“Honestamente, ni había oído hablar de ella hasta que hace unos meses empecé a ver algunos anuncios por internet y me sonó a estafa. Al leeros hoy, me están entrando dudas, parece que sí existe en realidad y que merece la pena probarla”. Amada.


La información es la clave


Hace no mucho, trascendió a los medios que la CUP de Manresa planteó unos talleres públicos sobre la menstruación y las opciones de sangrado. “¡Qué barbaridad!”, “¡qué guarrería!” gritaban los tertulianos –seis hombres y dos mujeres– de La Marimorena, programa del canal 13TV, de la Conferencia Episcopal.


“Por favor, es que estamos en el siglo XXI”, decía una de ellas; “se puede defender el medio ambiente sin usar la copa”, decía la otra; “nos quieren adoctrinar”, seguían los demás hombres; pero, sin duda, la intervención de oro vino de la mano del periodista Jaime González que, entre risas, dijo: “A mí me parece que esto es una auténtica cochinada, producto de una señora que ha perdido en este momento el oremus. Esto viene de la típica pirada a la que estamos dedicando demasiado espacio”.


Una de las que según González está “pirada” es Gemma Tomàs i Vives, concejala de la CUP en Manresa. “Pensamos que estaría bien que fuera la Administración pública y municipal quien los impartiera para facilitar la empatía entre los jóvenes”, explica en una entrevista para esta revista, al tiempo que asegura que nunca pensaron que esto tendría repercusión mediática. “Creemos que es muy importante que las mujeres conozcamos nuestro cuerpo. El contacto con la sangre menstrual nos facilita este conocimiento. Tenemos que romper el tabú. Hablar de la menstruación y de todos los efectos que producen las hormonas sobre nuestros cuerpos. Tendría que ser normal entre mujeres, y también tendría que serlo hablarlo con los hombres. Que sepan cómo nos sentimos, cómo es”, cuenta. Sin embargo, los talleres, que se demuestran más que necesarios después de ver las reacciones al mismo, no se han realizado, de momento.


Entre las “degeneradas” que inventaron la copa, las “típicas piradas” que quieren hablar de la menstruación, la “cochinada” de usar alternativas a los tampones y compresas y la “barbaridad” y “guarrería” de todo este tema, está claro que lo que falta es cultura y que el objetivo de muchos es ridiculizar a las mujeres y hacerlas sentir sucias. Lo que ocurre es que lo que hemos perdido no es el oremus, sino el miedo.


La copa menstrual como fuente de información


“La ’regla’ es un objeto de medida exacta y el ciclo menstrual y la menstruación es la menos regla de la reglas”, explica la ginecóloga y profesora de la Universidad de Granada Enriqueta Barranco, para quien esta palabra debería dejar de utilizarse. “Nos han metido en la cabeza que la menstruación tiene que ser algo certero, cada 28 días; de lo contrario, estamos enfermas”, señala.

Y la enfermedad, conlleva el consumo de fármacos, por lo que todo apunta a que esta construcción de la realidad está velada para sacar beneficio. “La población no tiene ni idea de lo que es la menstruación” y el uso de la copa menstrual “ayuda a su conocimiento”, asegura. Esta ginecóloga y profesora también tiene facetas investigadoras; ha llevado a cabo un estudio junto a otras dos compañeras con la colaboración de 100 mujeres, que gracias a la copa, han podido donar su sagrado menstrual para su análisis. Entre los resultados, han descubierto que la media menstrual de sangrado es de 170 cm cúbicos, “el doble de lo que se cree, que son 80 cm cúbicos”, explica.

Otra de las conclusiones del estudio es que la sangre menstrual contiene niveles considerables de tóxicos procedentes de productos cosméticos, como parabenos (ácido para-hidroxibenzoico), que en la sangre corriente son invisibles y que afectan a la salud de la mujer. Sin embargo, pese a esta información tan relevante, Barranco asegura que están encontrando muchos problemas para sacar la investigación en medios científicos: “Si hubiéramos encontrado tóxicos en la leche materna, estaría ya publicado, pero al ser sangre menstrual, no. Sigue habiendo muchos prejuicios”.

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¡Al fin! intervenida Electricaribe S.A. E.S.P.

Luego de 16 años de quebrantos y pesares de los ciudadanos del Caribe colombiano, el Gobierno decidió intervenir a Electricaribe. La fase preliminar de la toma de posesión de la empresa ha empezado mientras el país mira con expectativas las medidas sobre esta electrificadora que ha generado enormes afectaciones económicas y sociales por la pésima calidad de su servicio. Inconformes los españoles con la medida, envalentonado el gobierno nacional que ahora deberá mostrar que defiende constitucionalmente los intereses de 2.5 millones de ciudadanos caribeños frente a los intereses de acumulación del capital transnacional.

 

Después de infinidad de promesas, concertaciones, la mediación del Presidente de la República, innumerables incumplimientos y grandes afectaciones a los habitantes del Caribe, el martes 15 de noviembre fue anunciada la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Electricaribe S.A. E.S.P., distribuidora de electricidad propiedad de la empresa española Gas Natural Fenosa, con operaciones desde el año 2000 en el territorio de la Costa Atlántica colombiana, donde cubre un total de 2.5 millones de pobladores.

La gota que rebosó la copa fue la iliquidez de la empresa que empezaba a tener grandes dificultades para pagar el suministro de electricidad que administra XM[1], situación de alto riesgo para la región pues podían proliferar los apagones o, incluso, podía quedarse sin suministro de electricidad. El ambiente caldeado, la presión social de la ciudadanía y mandatarios locales, así como la insistencia de la compañía en no capitalizarse ni en llevar los planes adecuados para mejorar el servicio, llevaron al Gobierno, por fin, a escuchar la demanda ciudadana que por años reclamó por la intervención de esta empresa,

Usando vestido negro, de saco y corbata, llegó el superintendente de servicios públicos José Miguel Mendoza Daza, a las instalaciones de Electricaribe en Barranquilla, para anunciar en persona la toma de la empresa por la entidad, la que en adelante se hará con el manejo de la electrificadora para buscar estabilizar el servicio y garantizar el pago a terceros. Con sorpresa fue recibido por altos funcionarios quienes, con actitud renuente, firmaron el acta de intervención ante Mendoza Daza, quien prosiguió a reunirse con los trabajadores para tranquilizarlos y anunciar algunos efectos de la medida.

 

La resolución que reglamenta la intervención

 

Mediante la resolución No. SSPD – 20161000062785 del 14/11/2016 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Esto significa que los bienes muebles e inmuebles, las cuentas bancarias, las deudas, etcétera, quedan bajo el dominio del organismo de control por un lapso no mayor a dos (2) años, tiempo durante el cuál debe procederse a solucionar los problemas que originaron la medida o liquidar la empresa.

Dos motivos fueron los principales causales de esta determinación. Están contenidos en el artículo 59 del capítulo 4 en la Ley 142 de 1994: “59.1. Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros”. Y “59.7. Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles”.

Argumentando las causas de la toma en posesión, la resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios explica: “10. Que de conformidad con las proyecciones de flujo de caja suministradas por ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., el déficit en la caja de la compañía para el mes de noviembre del 2016 (432.550.996.411) equivale al 55% de los egresos proyectados para ese mes; y el déficit proyectado para diciembre de 2016 ($655.313.484.945) es superior al total de egresos  proyectados para ese mes en flujo de caja ($543.324.488.534)”.

En la misma resolución la Superintendencia aclara que en comunicación del día 4 de noviembre, los expertos financieros contratados para analizar la situación de ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P., manifestaron: “la revisión hasta la fecha evidencia una empresa en situación financiera precaria que, con los niveles actuales de deuda neta, capital y generación operacional de caja, tendrá dificultad para poder cumplir tanto con las obligaciones de pago derivadas de su operación corriente, como con sus compromisos a largo plazo con terceros. Al mismo tiempo, dadas las dificultades recientes que la Empresa enfrenta, incluyendo la ejecución de garantías financieras por parte de varios acreedores, la posibilidad de acudir a fuentes de financiación externa se han vuelto más limitadas”.

Además, la Superintendencia agrega: “12. Que con base en lo anterior, el asesor experto financiero concluyó en la comunicación citada que “(…) sin fuentes no operacionales de financiación, tales como aportes o garantías de sus accionistas, existe el riesgo de que Electricaribe incumpla sus obligaciones de pago en el corto plazo””. Motivos suficientes para prever un incumplimiento en sus obligaciones contraídas con XM en el Mercado de Energía Mayorista, situación que puede derivar en interrupciones del servicio y en la subsecuente agudización de las alteraciones del orden público, como ha venido pasando en los últimos meses por cuenta de las constantes fallas en el suministro de electricidad.

 

La voz de Gas Natural Fenosa

 

El mismo 15 de noviembre en la ciudad de Barcelona se pronunció Gas Natural Fenosa, a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en España): “Gas Natural Fenosa ha mostrado su total interés en cooperar y colaborar con las autoridades de la República de Colombia, tanto en el pasado como ahora de cara al futuro. La empresa colombiana padece muy fuertes tensiones de tesorería consecuencia del impago de un elevado número de facturas de clientes en gran parte con suministro obligatorio, que a finales del tercer trimestre de 2016, de acuerdo con los estados financieros auditados de Electrificadora del Caribe, ascendían a un importe de COP 4.052.080 millones (€ 1.260 millones) y está provisionado en aproximadamente un 83%, así como adicionalmente a la existencia de un importante fraude en el consumo”.

Era de esperarse esta reacción. En los últimos años los artilugios empleados por Electricaribe y sus propietarios han apelado a culpar a las deudas del gobierno y la morosidad de los habitantes del Caribe por las deficiencias propias de su servicio, argumento falaz. Pero además, osan reivindicar para sí la propiedad de los bienes, haberes y dividendos de la empresa: “De acuerdo con el procedimiento iniciado, Gas Natural Fenosa mantiene la consolidación de Electrificadora del Caribe por el método de integración global, y espera que dicha administración temporal no tenga impacto sobre la operativa habitual de la sociedad. Asimismo, no se estima que la mencionada medida temporal de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la compañía colombiana tenga impacto sobre el EBITDA ni el resultado neto de Gas Natural Fenosa, así como tampoco sobre el cash-flow, no afectando por tanto a su actual política de dividendos”. Descaro.

Paradoja. En las cifras de Electricaribe y sus propietarios nunca aparecen, por supuesto, el total de los$346.932.1 millones de pesos que fueron girados por el Gobierno que correspondían a la ejecución de Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE, en las vigencias 2008, 2011, 2012 2013 y 2014, destinados normalizar a 102.540 usuarios (Ver Recuadro 1), tampoco las cuentas de los $133.401 millones girados entre el 2011 y 2016 por el Gobierno y del posible detrimento de $65.733 millones sobre estos recursos que expone la Contraloría General de la Nación.

 

La preocupación se difunde en España

 

El “temido” enfado y respaldo del gobierno español, usado con frecuencia por los directivos de Electricaribe para amedrentar al gobierno colombiano cuando intentó apretarle el cinturón a esta empresa (para luego darle indulgentes reprimendas), llegó por cuenta de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español: “El gobierno español manifiesta su preocupación ante la intervención por las autoridades colombianas de la empresa Electrificadora del Caribe (ELECTRICARIBE) controlada por Gas Natural Fenosa. Esta empresa española lleva años trabajando e invirtiendo en Colombia y ha mostrado su interés en cooperar y colaborar con las autoridades colombianas. El gobierno español confía en que esta medida de intervención sea solo temporal y que alcance un arreglo satisfactorio para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de la empresa y de los usuarios”.

Ahora la pelota de la soberanía y de la dignidad nacional (si es que existe), se encuentra en la cancha del gobierno colombiano quien con sus acciones deberá lograr la absolución por dos errores que propiciaron la situación con Electricaribe: “Primero, por ser el responsable de la laxitud de los organismos de control con competencias directas sobre esta empresa. La tolerancia ha sido extrema, incluso cuando actuaciones de esta compañía han derivado en graves alteraciones al orden público en decenas de municipio de la Costa Atlántica […]. Segundo, es el responsable de estructurar políticas para el sector eléctrico donde él, o los usuarios, deben “pagar por la harina y por el molino”. En los últimos veinte años los gobiernos impulsaron leyes o promulgaron decretos que impusieron a los colombianos comprar la electricidad a privados, en un lucrativo negocio, además de pagar por que fuera generada eficientemente y a un bajo costo en épocas de crisis; también para que pudiera conducirse por redes con especificaciones técnicas loables hasta sus hogares”[2]

Como lo reglamenta la Ley 142, la Superintendencia intervendrá a Electricaribe por un plazo no mayor a dos años, tiempo en el que debe decidir liquidar o no a la empresa, si no se superan los problemas que dieron origen a la medida. Considerando los efectos de la intervención (destitución de junta directiva de Electricaribe) y la renuencia de Gas Natural Fenosa para capitalizar la empresa, es de esperarse que sea el Estado quien “raspe la olla” para inyectar recursos y subsanar la situación de la electrificadora, pero si hace esto se verá en el dilema de devolverle la empresa a Gas Natural Fenosa o liquidarla, asumiendo: 1. la operación de la electrificadora (estatizarla) o 2. Entregarla a un operador local total o parcialmente. Interesante diatriba.

En todo caso, lo que resalta esta intervención es la quiebra de un modelo privatizador que regaló los bienes públicos a empresas capitalistas, dándoles manga ancha para sus operaciones, permitiéndoles todo tipo de desafueros, y facilitando la elevación de las tarifas por el servicio prestado, es decir, colocando a la ciudadanía a enriquecer empresas de interés particular.

Lo que coloca a la orden del día esta intervención es, entonces, la necesidad de revertir el proceso vivido, reestatizando este tipo de empresas pero, sobre todo, abriendo un debate y proceso nacional a través del cual esta posible nueva estatización de bienes y servicios estratégicos sea asumida superando los errores del pasado, para lo cual es indispensable que la ciudadanía y los trabajadores intervengan en el diseño, operación y administración de estos bienes públicos, para que además de estatales sean en verdad públicas.

 

[1]  Compañía de expertos de mercados, es la empresa que opera y administra el mercado eléctrico colombiano. XM es una empresa filial de ISA.XM se encarga de operar el Sistema Interconectado Nacional colombiano a través del Centro Nacional de Despacho –CND– y de administrar el Mercado de Energía Mayorista –MEM–. Además, XM administra las Transacciones Internacionales de Electricidad de corto plazo –TIE– con Ecuador y coordina la operación interconectada con el Sistema Eléctrico Venezolano

 


(Recuadro)

 

Las apropiaciones ilegales de Electricaribe

 

Tomado de: “La crisis de Electricaribe fue auspiciada por el Gobierno”. https://desdeabajo.info/ediciones/item/29582-la-crisis-de-electricaribe-fue-auspiciada-por-el-gobierno.htm desdeabajo. Edición Agosto 20–Septiembre 20 de 2010.

Mediante el boletín de prensa #1318 la Contraloría General de la República informa: “Apenas $7.734 millones de pesos del Programa de Normalización Eléctrica (Prone)[3] que debía ejecutar Electricaribe, se encuentran en fiducias, y el resto de recursos, $141.135 millones, fue girado por estas a terceros autorizados por la empresa electrificadora”. Esto quiere decir que recursos girados por el Gobierno a la electrificadora para legalizar usuarios y adecuar las redes de los barrios subnormales pudieron ser transferidos a terceros, cometiéndose una clara extralimitación y un manejo dudoso de los recursos que fueron empleados, en el mejor de los casos, para sufragar costos que se encuentran por fuera de lo contemplado en el programa de apoyo gubernamental.

Precisa el organismo de control en su boletín: “En términos generales, de los $141.135 millones que las fiduciarias recibieron del Ministerio de Minas y Energía se entregaron el 95% ($133.401 millones), desde el 2011 al 30 de abril de 2016. Se trata de recursos PRONE asignados a través de 3 contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía con Electricaribe: GSC-226-2012, por $21.489 millones; GSC 157-2012, por $86.072 millones; y GSA-106-2011, por $46.076 millones”.

Esta tabla muestra los detalles de un posible detrimento patrimonial del orden de $65.733 millones de pesos por cuenta de Electricaribe, quien además de maltratar a los usuarios, incumplir en el servicio, también osó despilfarrar sistemáticamente los fondos que el Estado destinó para que fueran invertidos en el mejoramiento de las condiciones técnicas del servicio. Aunque el plazo máximo de ejecución de estos tres proyectos era el 31 de diciembre del 2015, y fueron desembolsados el 95 por ciento de los recursos, el cumplimiento de los contratos GSC 226, 227 y GSA 106 apenas fue del 44.7 por ciento, 68 por ciento y 27 por ciento respectivamente ¿A dónde fue a parar el resto del dinero?

Pero esta situación no era nueva, en el “Informe de actuación especial a los recursos de los fondos PRONE y FAER, transferidos por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe S.A E.S.P, durante las vigencias 2008 al 2014”, publicado por la Contraloría General de la República en noviembre del 2015 se detalla: “Para el área de influencia de Electricaribe, le asignaron $346.932.1 millones que corresponde a la aprobación de Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE, en las vigencias 2008, 2011, 2012 2013 y 2014, para normalizar a 102.540 usuarios”. Más adelante, en el mencionado informe se precisa: “No obstante haber girado el MME los recursos oportunamente, a la fecha no se han iniciado los proyectos PRONE y FAER 2014 y se observa una baja ejecución de los recursos del FAER vigencia 2013 [...]”. Era vieja la costumbre de la empresa de malversar los recursos girados por el Gobierno, ¿Y las sanciones de los entes de control?

Además de lo anterior, el informe de actuación especial de la Contraloría destaca 20 hallazgos que produjo su actuación de fiscalización, entre los que destacan: pobres avances en las obras, incumplimiento en las contrataciones para ejecutar los proyectos de normalización de redes, cesiones de contratos de normalización sin autorización del Ministerio de Minas y Energía, desembolsos a contratistas y proveedores de Electricaribe por fuera de la reglamentación, diferencia entre lo aprobado y lo ejecutado por sobre-estimación del número de beneficiarios, pésimos manejos de las interventorías en las obras de los contratistas de Electricaribe, y gran laxitud de esta empresa ante sus incumplimientos, entre otros.

 

[3]Según el Artículo 1° del Decreto 1123 del 11 de abril del 2008: “Programa de Normalización de Redes Eléctricas. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006, el Programa de Normalización de Redes Eléctricas tendrá como objetivos la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN. Parágrafo. El Programa de Normalización de Redes Eléctricas, que se denominará PRONE, consiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos elegibles de conformidad con las reglas establecidas en el presente decreto y las normas que lo sustituyan o complementen, cuya vigencia será igual a la establecida para los diferentes fondos que financien el Programa”.


 

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Europa y Canadá dan a luz al hermano pequeño del TTIP


La Unión Europea firma el CETA, el mayor tratado económico bilateral de su historia, y alisa el terreno a la firma del polémico TTIP



Tras ocho años de negociación alejados de los focos y con dos días de retraso, este domingo la Unión Europea y Canadá firman en Bruselas el polémico Acuerdo Económico y Comercial Global, más conocido como CETA (acrónimo de Comprehensive Economic and Trade Agreement), el mayor acuerdo comercial bilateral suscrito hasta ahora por la Unión Europea.


La firma CETA debería haberse celebrado el viernes pasado en Luxemburgo durante el Consejo de ministros de Comercio, pero la negativa de la región belga de Valonia, presidida por el socialista Paul Magnette, puso en riesgo todo el proceso –al ser un Estado federal, Bélgica no podía aceptar el acuerdo sin que todas sus regiones dieran luz verde- y pospuso la firma dos días. En un primer momento los socialistas valones tacharon al CETA de “caballo de Troya” y el propio Magnette recordó que estaba en juego “el mundo en el que queremos vivir” y se negó a aprobar el CETA por los riesgos que entraña para el sector ganadero y agrícola de la región, pero tras dos días de presiones y diálogo, cambió de postura. “El CETA corregido y mejorado ofrece más garantías y por ello lo defenderé”, explicó Magnette. Al mismo tiempo Charles Michel, primer ministro de Bélgica, declaró que “el tratado en sí mismo no ha sido modificado, no se ha tocado ni una coma”.


A pesar de sus 1.600 páginas, el CETA es una versión desconocida y de menor envergadura que el TTIP, no por sus características, muy similares en ambos casos, sino porque Canadá, una de las partes firmantes, tiene una economía doce veces más pequeña que la de Estados Unidos, país con el que la Unión Euopea negocia en secreto la firma del controvertido Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión más conocido como TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, por sus siglas en inglés). Los defensores del CETA e incluso Televisión Española dan por hecho que el acuerdo incrementará en un 20% el comercio de bienes y servicios entre Europa y Canadá, aunque olvidan recordar que se trata de una estimación. Argumentan también que generará empleo y crecimiento económico.


Al igual que el TTIP, el CETA suprime los aranceles y las diferencias normativas en materia alimentaria y sanitaria –la legislación canadiense es más laxa que la europea-, y establece la creación de tribunales supranacionales al servicio de las multinacionales. Además, abre la vereda para que las multinacionales de ambas regiones entren a competir en los sectores más protegidos y regulados de cualquier nación soberana, entre otros el sector financiero, el energético y el de las telecomunicaciones. A ojos de sus detractores, tanto el CETA como el TTIP llevan implícito lo peor de la globalización, dejando en posición de desventaja a los pequeños negocios y productores, y dando más poder a las multinacionales para rebajar los estándares medioambientales, sociales y de salud pública. Más de 3,2 millones de personas ya han firmado la petición de la plataforma Stop TTIP contra el CETA y su par estadounidense.


El acuerdo que rubrican este domingo la Unión Europea y Canadá entrará en vigor de inmediato pero con carácter provisional, puesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de los tribunales de arbitraje, oficialmente conocidos como tribunales de inversiones, que permitirán a las multinacionales denunciar a los Estados sin pasar por el sistema de justicia ordinaria e independiente de cada país. Además, todos los países de la Unión Europea tendrán que ratificarlo, y ya hay países miembro mostrando reticencias, principalmente Rumanía y Bulgaria. No obstante, varios oficiales comunitarios dejaron claro ante los medios que independientemente de lo que decidan los tribunales europeos, el pacto del CETA seguirá siendo el mismo.


Ekaitz Cancela, autor de El TTIP y sus efectos colaterales (Planeta de libros), responde desde Bruselas a La Marea acerca del tratado de libre comercio que firman este domingo la Unión Europea y Canadá:


¿Quién o quienes se van a beneficiar más del CETA?


La falta de estudios de impacto sobre el CETA a nivel nacional pone de relieve el incoherente enfoque para evaluar quién ganará con estos acuerdos, pero es evidente que quienes se beneficiarán serán las grandes empresas, con una base exportadora más amplia, no las PyME (ni siquiera hay un capítulo especifico para ellas en el CETA). Y más cuando los privilegios de estos acuerdos sirven principalmente a los intereses de las primeras.


¿Qué aspectos positivos y negativos destacas de este acuerdo?


El CETA es un pack completo. Si bien es cierto que el comercio y la inversión con un país con intereses similares a los nuestros puede ser positivo, los tribunales de arbitraje que plantea así como las listas negativas que se incluyen, contienen peligros potencialmente devastadores.


¿Influyen de alguna forma los vaivenes en la negociación del CETA en la negociación del TTIP?


– Nadie pensaba que el CETA fuera a generar este bloqueo. A pesar de que al final, los 28 firmarán su aplicación provisional en el Consejo, queda de manifiesto la dificultad para llegar a acuerdos que entren en conflicto con las competencias nacionales en el futuro.


¿Cuándo empezarán los europeos a “sentir” los efectos del CETA?


Los efectos colaterales de acuerdos de comercio de estas características no se sienten a corto plazo. Las políticas sociales y ambientales que se ponen en entredicho se refieren a proyectos de sociedad. El TTIP y el CETA condicionan el modelo de sociedad europea del futuro.


¿Crees que el CETA contribuirá a aumentar los desajustes sociales que provoca el liberalismo económico?


La total apertura de los mercados y la reducción de las barreras arancelarias al comercio en los 80 y 90 generó desigualdades. En lugar de atender a estos problemas, el planteamiento de los nuevos tratados acrecienta las brechas de Occidente porque no corrige las negligencias del pasado. Es más, doblan la apuesta.


¿Cómo funcionará en la práctica la Cooperación Reguladora?


El modelo de la cooperación reguladora en el CETA está sujeto a una base voluntaria. Trata de garantizar un diálogo bilateral entre los reguladores, pero esto no significa que no se puedan bajar los estándares en el largo plazo. Los intereses de Canadá y sus empresas en el marco de una directiva europea de control de combustibles fue uno de los motivos por los que se abrió la entrada en Europa a las arenas bituminosas [arenas de alquitrán o de petróleo]. Es un ejemplo de que darle más capacidad de influencia a las grandes empresas en estos procesos conlleva riesgos.


¿Es factible realizar cambios en el acuerdo después de la firma del mismo? ¿Qué respuestas contempla el CETA en caso de que un gobierno europeo se niegue a respetarlo o decida abandonarlo?


Sólo hay una manera de realizar cambios en el texto: abrirlo a la negociación. Lo contrario es lo que se ha hecho con Valonia: una declaración conjunta para calmar los miedos. Este no es el medio para hacerlo porque puede ser interpretada de forma ambigua y de forma menos estricta. No es posible abandonar un tratado como el CETA o el TTIP, ni marcharse de la UE supondrá dejar de sentir sus efectos porque todos los países europeos comparten un mercado único. Además, es un tratado internacional, sus cláusulas deben de ser respetadas.

 

30 octubre 2016

Publicado enInternacional
Sábado, 29 Octubre 2016 06:32

AT&T, Time Warner y el fin de la privacidad

AT&T, Time Warner y el fin de la privacidad

Han transcurrido 140 años desde que Alexander Graham Bell utilizó por primera vez su teléfono experimental para comunicarse a distancia. En aquella ocasión, utilizó el dispositivo para decirle a su asistente de laboratorio: “Señor Watson, venga, quiero verlo”. Su invención transformaría la comunicación humana y el mundo. La empresa creada por Bell creció hasta transformarse en un inmenso monopolio: AT&T. El Gobierno federal consideró luego que era demasiado poderosa y dispuso la desintegración de la gigante de las telecomunicaciones en 1982. Ahora bien, AT&T ha regresado, y hay quienes dicen que para crecer y ser aún más poderosa que en el pasado, ya que ha anunciado que planea adquirir Time Warner, una de las principales compañías de medios de comunicación a nivel mundial, para conformar así uno de los más grandes conglomerados del entretenimiento y las comunicaciones del planeta. Más allá de representar una amenaza a la competencia, la fusión propuesta, que aún debe ser sometida a estudio por las autoridades, representa una significativa amenaza a la privacidad y a la libertad básica de comunicarse.

Actualmente, AT&T ocupa el puesto número diez en la lista de la revista Forbes de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Si se le permitiera adquirir Time Warner, que ocupa el lugar 99 de esa lista, se crearía una enorme compañía “integrada verticalmente” que controlaría una amplia cantidad de contenidos audiovisuales, así como la forma en que la población accede a esos contenidos.

Free Press, una organización que lucha por políticas nacionales que regulen los medios de comunicación y amparen el derecho al acceso a la información, está movilizando a la población para que manifieste su oposición a la fusión. Candace Clement, de Free Press, escribió: “Esta fusión generaría un imperio mediático nunca antes visto. AT&T controlaría el acceso a Internet móvil y por cableado, canales de televisión por cable, franquicias de películas, un estudio de cine y televisión y otras empresas de la industria. Eso significa que AT&T controlaría el acceso a Internet de cientos de millones de personas, así como el contenido que miran, lo que le permitiría dar prioridad a su propia oferta y hacer uso de recursos engañosos que socavarían la neutralidad de la red”.

La neutralidad de la red es esa cualidad esencial de Internet que la hace tan poderosa. El término “neutralidad de la red” fue acuñado por el docente de derecho de la Universidad de Columbia Tim Wu. El año pasado, luego de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobara una estricta normativa tendiente a regular la neutralidad de la red, Wu dijo en el programa de “Democracy Now!”: “Es necesario que haya normas básicas que regulen el tráfico en Internet. No podemos confiar en que las compañías de cable y telefonía vayan a respetar la libertad de expresión o a los nuevos innovadores, debido a sus malos antecedentes al respecto”.

Millones de ciudadanos hicieron llegar a la FCC comentarios públicos en apoyo a la neutralidad de la red, al igual que lo hicieron organizaciones como Free Press y The Electronic Frontier Foundation. A ellos se unieron gigantes de Internet como Google, Amazon y Microsoft. A esta coalición se enfrentaron las compañías de cable y telecomunicaciones, el oligopolio de proveedores de servicios de Internet que comercializan el acceso a la red a cientos de millones de estadounidenses. Está por verse si, en la práctica, AT&T violará la normativa que regula la neutralidad de la red creando una vía rápida para acceder a sus contenidos y enlenteciendo el acceso al contenido de sus competidores, entre ellos, el sector no comercial.

Otro problema que presenta AT&T, y que se vería exacerbado con la fusión, es la posibilidad de invadir la privacidad de sus millones de clientes. En 2006, el denunciante de AT&T Mark Klein reveló que la compañía compartía en forma secreta los metadatos de todos sus clientes con la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés). Klein, que fue quien instaló el dispositivo de división de fibra óptica que permitió el espionaje en una sala secreta de la planta principal de AT&T ubicada en San Francisco, vio confirmadas sus acusaciones como denunciante varios años después con las filtraciones de Edward Snowden sobre la NSA. Aunque ese programa de vigilancia se cerró supuestamente en 2011, sigue existiendo un programa de vigilancia similar. Se llama “Project Hemisphere” o Proyecto Hemisferio. El mismo fue expuesto por el periódico The New York Times en 2013 y el sitio web de noticias The Daily Beast reveló esta semana documentos que lo prueban.

En el marco del Proyecto Hemisferio, AT&T vende metadatos a organismos policiales usando como escudo la guerra contra las drogas. Un organismo policial envía una solicitud de toda la información relacionada con una persona en particular o un número telefónico y, a cambio de abultados honorarios pero sin necesidad de que medie una orden judicial, AT&T le entrega un sofisticado conjunto de datos, que permite, según The Daily Beast, “determinar la ubicación del objetivo, con quién habla y probablemente sobre qué”.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2016/10/28/at_t_time_warner_y_el

Los lugares a los que vamos, lo que miramos, los mensajes de texto que enviamos y lo que compartimos, con quién hablamos, todas las búsquedas que realizamos por Internet y nuestras preferencias, toda esa información junta e "integrada verticalmente" es vendida a la policía y quizás, en el futuro, a cierta cantidad de clientes empresariales de AT&T. Imposible saber si al inventar el teléfono Alexander Graham Bell vislumbró este “mundo feliz” de la nueva era digital. Sin embargo, así es el futuro que se aproxima rápidamente, a menos que la población se oponga y detenga esta fusión.

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Vinculan analgésicos comunes con el aumento de falla cardiaca

Diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ketorolaco y naproxeno, parte de los fármacos


Analgésicos comunes usados por millones de personas se vinculan a un incremento del riesgo de falla cardiaca, según expertos. Fármacos antinflamatorios no selectivos no esteroideos (conocidos como AINE), como el ibuprofeno, podrían elevar el riesgo de ser hospitalizado con un problema cardiaco, se descubrió en un estudio.


Investigaciones previas habían ligado estos fármacos a un ritmo cardiaco anormal –que pueda causar falla cardiaca– y a un aumento del riesgo de ataque al corazón si se toman con regularidad. Junto con un subgrupo de antinflamatorios conocidos como inhibidores selectivos de la COX-2, estos fármacos se usan para controlar el dolor y la inflamación, y por lo regular los toman personas con artritis.


El nuevo estudio, publicado en el British Medical Journal (BMJ), se basó en datos de casi 10 millones de usuarios de AINE del Reino Unido, Holanda, Italia y Alemania, que emplearon tratamiento con estos medicamentos entre 2000 y 2010. En total se identificaron 92 mil 163 ingresos a hospital por fallas cardiacas entre el grupo.


La investigación descubrió que las personas que habían tomado algún AINE en los 14 días anteriores tenían un riesgo 19 por ciento mayor de ser hospitalizadas por falla cardiaca, en comparación con las que los habían usado en algún punto del pasado.


El riesgo de hospitalización se incrementó en siete AINE tradicionales (diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ketorolaco, naproxeno, nimesulida y piroxicam) y dos inhibidores del COX 2 (etoricoxib y rofecoxib). El aumento de riesgo varió de 16 por ciento en el caso del naproxeno a 83 por ciento en el ketorolaco.


Los investigadores también descubrieron que el riesgo de falla cardiaca se duplicó en el diclofenaco, etoricoxib, indometacina, piroxicam y rofecoxib usados en dosis muy altas, aunque subrayaron que esto debe interpretarse con cautela. Incluso dosis medias de indometacina y etoricoxib se asociaron con un aumento del riesgo, indicó el estudio, pero no había evidencia de que el celecoxib lo incrementara en dosis comunes.


Los expertos comentaron que su estudio ofrece mayor evidencia de que los AINE y los inhibidores selectivos de la COX 2 individuales tradicionales usados con más frecuencia se asocian con un riesgo mayor de hospitalización por falla cardiaca. Además, el peligro parece variar de un fármaco a otro y según la dosis.


En un artículo adjunto, dos investigadores daneses comentan que debido al extendido uso de los AINE, incluso un pequeño incremento en el riesgo cardiovascular es preocupante para la salud pública. Indicaron que el hecho de que puedan comprarse sin receta en supermercados alimenta el error común de que son fármacos inocuos y seguros para todos.


El profesor Peter Weissberg, director médico de la Fundación Británica del Corazón, expresó: “Este gran estudio de observación refuerza investigaciones previas que muestran que algunos AINE, grupo de fármacos que comúnmente toman pacientes con problemas de articulaciones, elevan el riesgo de desarrollar falla cardiaca. Durante algunos años se ha sabido que se necesita cautela al usar esos medicamentos en pacientes de enfermedades cardiacas o en riesgo de padecerlas. Esto se aplica sobre todo a quienes las toman a diario, no ocasionalmente.


Puesto que a menudo los problemas del corazón y de las articulaciones coexisten, en particular en los ancianos, este estudio sirve de recordatorio a los médicos de que consideren con cuidado cómo prescriben los AINE, y a los pacientes, que sólo deben tomar la dosis mínima efectiva por el tiempo más corto posible. Deben comentar su tratamiento con su médico si tienen dudas.


La investigación del BMJ fue dirigida por un equipo de la Universidad de Milán-Bicocca, en Italia.


Traducción: Jorge Anaya

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Qué quieren las cuatro gigantes tecnológicas de Trump y Clinton

Google, Amazon, Facebook y Apple invierten grandes cantidades de dinero en lobbying para presionar en asuntos de impuestos, seguridad nacional, derechos de autor o aviación


Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, se suben al escenario en la Universidad de Hofstra en Long Island (Nueva York). En su primer debate formal cara a cara, sin duda los vigilan con atención altos ejecutivos y lobbistas de las mayores empresas tecnológicas del país.


Ambos candidatos han sido muy expresivos en algunos asuntos que importan mucho a las empresas de la tecnología, como el comercio global. Como señala Dean Garfield, presidente y CEO de la patronal Consejo de la Industria de la Informática (ITIC), radicada en Washington, no es habitual que los tratados comerciales como el Acuerdo Transpacífico (TPP) tengan un papel central en unas elecciones presidenciales.


Garfield indica que el axioma tradicional en los ámbitos políticos es que "no hay lugar para el comercio, nadie habla de eso". Sin embargo, tanto Clinton como Trump han declarado su oposición al TPP, y Trump dijo en un discurso en la Liberty University de Lynchburg (Virginia) en enero que quería que Apple volviera a fabricar sus ordenadores en Estados Unidos.
Tanto el comercio como la tecnología parecen estar en la agenda, pero ¿de qué otras cosas quieren las tecnológicas que hablen Clinton y Trump? El Center for Responsive Politics (CRP), de Washington, y su web Opensecrets.org documentan las declaraciones públicas de ambos candidatos en asuntos clave y los registros de la actividad de lobbying que estos tienen disponible públicamente. Estas herramientas proporcionan un abundante tesoro de datos sobre los temas que preocupan a las principales empresas tecnológicas en el contexto de estas elecciones.


Google: anticompetencia, política laboral y copyright


Según el CRP, la tecnológica que más gasta en lobbying es Alphabet, la matriz de Google. En 2016 (hasta la última actualización del CRP, el 9 de agosto), Alphabet ya ha invertido 8,04 millones de dólares (unos 7 millones de euros) en esa actividad, lo que la pone en camino de gastar algo menos de los 16,66 millones de dólares que desembolsó en 2015.
Los principales asuntos en los que Alphabet ha tratado de influir con ese dinero son los derechos de autor, las cuestiones de patentes y marcas (un elemento común en todas las empresas de la lista), los temas laborales, las políticas antimonopolio y las de los espacios de trabajo, la seguridad de los productos de consumo, la ciencia, la tecnología y la seguridad nacional. Pero algunos de los mayores retos de Google en relación con la política quedan fuera de Estados Unidos, en particular en Europa: la Comisión Europea ha alegado que las prácticas de Google en cuanto a comparación de comercios y publicidad incumplen la normativa comunitaria.


Amazon: impuestos, seguridad y aviación


Las cifras del CRP muestran que Amazon ha puesto en su cesta de la compra de Washington servicios de lobbying por valor de 5,81 millones de dólares (unos 5 millones de euros). La empresa ha usado ese dinero para presionar en ciertos temas que giran en torno a los ordenadores y la tecnología, los impuestos, la seguridad de los productos de consumo, el transporte y el comercio.


No ha sido una sorpresa ver a Amazon presionar en cuestiones relacionadas con la aviación, las aerolíneas y los aeropuertos, dada su implicación en el uso de drones y en el reparto de productos por aire.


Facebook: seguridad nacional, inteligencia y patentes


Facebook es la tercera empresa que más gasta en lobbying, según el CRP 4,97 millones de dólares (unos 4,4 millones de euros) en lo que va de año. Y tiene muchos asuntos gubernamentales de los que preocuparse.


La seguridad nacional, la inteligencia, las tecnologías de la información, los derechos de autor y las cuestiones de patentes y marcas –además de los impuestos– son los cinco principales temas sobre los que ha decidido presionar.


Entre las leyes para las que Facebook ha hecho propuestas está la "Ley de Requerimiento de Información sobre Actividades Terroristas Online", que el Centro para la Democracia y la Tecnología, de Washington, ha criticado porque exige "que todos los proveedores de servicios de comunicaciones en internet informen a las autoridades del gobierno cuando obtengan 'conocimiento real' de alguna 'actividad terrorista' aparente en sus servicios".


El CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, también se ha mostrado muy activo en presionar por una reforma migratoria. Es un defensor entusiasta del colectivo de lobbying por la reforma de la inmigración FWD.US, que también cuenta con el cofundador de Microsoft Bill Gates y el fundador de Napster, Sean Parker, entre los miembros que lo crearon.


Apple: impuestos, telecos y derechos de autor


Apple no es una cara nueva en la política presidencial. David Axelrod, exjefe de estrategia y alto asesor del presidente Barack Obama, cuenta una gran historia en sus memorias de 2015, Believer. En ellas relata una conversación telefónica con el difunto cofundador de Apple Steve Jobs, en la que Jobs parecía muy poco impresionado con los consultores políticos de medios, a pesar de que el magnate pidió la reunión tras una visita personal del entonces senador Barack Obama a las oficinas de Apple en Cupertino.


Según Axelrod, Jobs dijo: "Lo que hace vuestra industria, si se le puede llamar industria, es una estupidez. Vosotros no sabéis nada de comunicación".


Ahora Apple está mucho más implicada en su relación con los gobiernos, desde su enfrentamiento con el FBI por el debate de si "desbloquear" o no un iPhone vinculado a los atentados de San Bernardino hasta la más reciente disputa entre la empresa y la Comisión Europea, cuando esta institución intentó "recuperar ayudas de Estado ilegales" por supuestos impuestos no pagados en Irlanda de hasta 13.000 millones de euros más intereses.


El CRP muestra que Apple ha gastado la cifra relativamente modesta de 2,25 millones de dólares en lobbying en lo que va de año. No es una sorpresa que las cinco principales cuestiones en las que ha presionado son los impuestos, los derechos de autor, las patentes y marcas, las telecomunicaciones y la informática, además del comercio.


Los temas de derechos de autor son comprensibles, dadas las grandes batallas legales en las que ha entrado Apple –sobre todo con Samsung– para preservar los elementos únicos de sus productos: hay un caso sobre eso ante el Tribunal Supremo este mes.


Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo

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