Miércoles, 19 Julio 2017 18:31

Política de papel... de papel moneda.

Política de papel... de papel moneda.

Dice el conocido refrán que a caballo regalado no se le mira el colmillo. Eso mismo debieron pensar el presidente Santos y su opositor Oscar Iván Zuluaga en la campaña electoral del 2014 cuando los funcionarios de la constructora Odebrecht, a través de su “Departamento de Operaciones Estructurales”, les propusieron financiar parte de sus campañas presidenciales.


El dinero no aparece de la nada, es la respuesta, seguramente, ante las gestiones de ambas campañas para asegurarse los recursos necesarios para vencer en las justas –¡en igualdad de condiciones!, como reza la norma.


Cuatro años han trascurrido desde aquellas intrigas político-financieras, donde quedaba amarrado el gobierno –bajo la administración que fuera– a otorgarle ventajas en las licitaciones de diversidad de obras para mejorar o crear infraestructura a la empresa brasileña. Y solamente ahora, por filtraciones provenientes desde el gobierno de los Estados Unidos, en su disputa por contener el crecimiento económico y político de Brasil, es que nuestra sociedad se entera de algo que todo el mundo sospecha o da por echo: las campañas electorales contaron con financiación espuria.


Así lo confirmó el pasado 13 de julio la Fiscalía General de la Nación, al dirigirle al Consejo Nacional Electoral, en vísperas del vencimiento de términos para esta investigación, un conjunto de pruebas que confirman este hecho: ambas campañas violaron las normas que prometieron respetar y defender, ambas campañas, con sus candidatos a la cabeza, son la expresión meridiana de la podredumbre que carcome a la democracia realmente existente en las sociedades capitalistas, ambas campañas –con sus candidatos a la cabeza– son la expresión de un poder que funciona de espaldas a la sociedad, en procura de sus intereses y los de su clase y, por tanto, en contra de las mayorías nacionales.


La tajada para la campaña del hoy Presidente fue de un millón de dólares, ingresados a través de la sociedad panameña Paddington y la empresa colombiana Sancho BBDO, quienes realizarían una encuesta de opinión pública en las principales ciudades del país. Por su lado Zuluaga legaliza la entrada de su rebanada de 1,6 millones de dólares por medio de un contrato de publicidad a cargo del publicista brasileño Duda Mendonça.
Las dos campañas violaron normas y códigos y una de ellas ganó, recibiendo el legado de administrar el país, ¿lo ha hecho con los mismos criterios y ética que rigieron su campaña a la presidencia? De ello no hay duda: por siglos las clases dominantes se han valido de todo tipo de artimañas, componendas, intrigas, armas, etcétera, para acceder y controlar el poder, el cual termina siendo el instrumento para concretar todos sus intereses y los de su clase, por lo cual siempre han gobernado de espaldas y en contra de los intereses de las mayorías de cada país.


¿Tiene solución esto? ¿Es posible que la democracia realmente esté al servicio del pueblo? Experiencias como la Comuna de París en el siglo XIX y el funcionamiento de los Soviets en los orígenes de la revolución rusa indican que la única manera de que así sea es que el ejercicio del gobierno sea un asunto cada vez más colectivo, abierto a la supervisión de toda la sociedad, en cuya acción el funcionario que hace las veces de Presidente asuma que es un objeto temporal de un proceso público, no indispensable ni eterno, por lo tanto, que tales funciones administrativas deben ser rotatorias, en un ejercicio de funciones donde la política termina siendo un instrumento colectivo para que la sociedad toda asuma en sus manos la discusión, diseño y definición última de todos aquellos asuntos que le competen. Es decir, una política para politizar, para movilizar, para comprometer, para integrar el cuerpo social en tanto todos sus integrantes entienden que su opinión y voto es decisivo para el bienestar de todos y no de unos pocos. Y no como sucede ahora, una política para aislar, desmotivar, desmovilizar, sembrar escepticismo, ocultar, engañar.


Mientras la democracia realmente existente vive este giro, presenciamos y estamos atentos a las maniobras de las agencias de espionaje estadounidenses para destruir el proyecto brasileño de potencia regional. Maniobras, que como en el caso del brujo que al conjurar sus hechizos y desatar todo tipo de energías pierde el control sobre los mismos, que van descabezando, además de todos aquellos a quienes están dirigidas sus energías, también a los aliados temporales y/o ocasionales: en Argentina Macri está en la mira, en México diversos funcionarios de primer orden también, en Perú dos expresidentes andan a las escondidas y uno más pasó a prisión. Y en Colombia Santos también está enfocado, mientras el principal candidato del Centro Democrático teme que su carrera presidencial está descarrilada.


Así, con intrigas y filtraciones, el gobierno del Norte vuelve y recompone las piezas de su geopolítica regional, situando en su justo nivel a cada una de sus “aliados”, “amigos”, recordándole a todos y cada uno de ellos que están bajo su dominio, y que no está dispuesto a perder el control de su territorio regional –su patio trasero–. Muchos golpes de Estado, duros o suaves, está dispuesto a propiciar o concretar para que tal doctrina no pase al olvido.


En ese juego, ¿qué pasará con Santos y con el Centro Democrático?

Publicado enColombia
Coca Cola, Pepsi, Danone y Nestlé, las empresas que más contaminan al planeta

El cambio climático contribuye a alterar los patrones meteorológicos, así como al incremento de las tormentas, las inundaciones y las sequías. Esto afecta negativamente a las reservas de alimentos, provocando un aumento de sus precios y generando más hambre y pobreza.


Los diez grandes gigantes de la industria alimentaria emiten juntos una cantidad de gases de efecto invernadero mayor que la mayoría de países del mundo, según denunció la organización Oxfam en un informe en el que pide a estas empresas un mayor compromiso para reducir su impacto ambiental.


La organización asegura que las emisiones combinadas de Associated British Foods, Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International, Nestlé, PespiCo y Unilever totalizan 263,7 millones anuales de toneladas de gases causantes del efecto invernadero, cifra equivalente a las del vigésimo quinto Estado más contaminante del mundo y superan a las de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega juntos.


Negligencia ante las emisiones agrícolas


Juntas, las “10 Grandes” emiten 263,7 millones de toneladas de gases de efecto invernadero; más que Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega juntos. Las emisiones derivadas de sus actividades ascienden a 29,8 millones de toneladas. Del total de las emisiones, aproximadamente la mitad proceden de la producción de materiales agrícolas en sus cadenas de suministro. No obstante, los objetivos de reducción fijados por las empresas no incluyen estas emisiones. Así, Oxfam considera que las empresas están siendo especialmente negligentes en relación a las emisiones agrícolas.


El cambio climático contribuye a alterar los patrones meteorológicos, así como al incremento de las tormentas, las inundaciones y las sequías. Esto afecta negativamente a las reservas de alimentos, provocando un aumento de sus precios y generando más hambre y pobreza. Especialistas en la materia predicen que para el año 2050, 50 millones de personas más padecerán hambre a causa del cambio climático.


El cambio climático y su relación con el aumento del precio de los alimentos


Algunas de las “10 Grandes” ya han admitido que el cambio climático les está perjudicando económicamente. Unilever ha señalado que pierde 415 millones de dólares anualmente, mientras General Mills ha afirmado que, sólo durante el primer trimestre de este año fiscal 2014, ha perdido 62 días de producción debido al empeoramiento de las condiciones climáticas extremas como consecuencia del cambio climático. Oxfam prevé que el precio de algunos de los principales productos de estas empresas, como Corn Flakes de Kellogg’s o Kix de General Mills, podrían dispararse hasta un 44% en los próximos 15 años debido a este fenómeno.


Oxfam señala que el sistema alimentario es responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales y que éstas aumentan a medida que la demanda de alimentos incrementa. Especialistas apuntan a que si el mundo pretende evitar superar el umbral de calentamiento “de seguridad” de 2ºC, para el año 2050 las emisiones derivadas de las actividades agrícola y forestal deben reducirse a 0 y, de hecho, convertirse en un “sumidero de carbono” para así eliminar los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Sin embargo, la tendencia general es la contraria.


“Muchos de los gigantes del sector de la alimentación y las bebidas simplemente cruzan los dedos esperando que el cambio climático no afecte al sistema alimentario y a que otros lo arreglen. Las ’10 Grandes’ generan más de mil millones de dólares cada día y tienen un gran poder para influenciar las cadenas agroalimentarias globales. La industria debe hacer mucho más para conseguir erradicar el hambre en el mundo a la vez que transforman sus métodos de producción”, subraya la directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Byanyima.


Oxfam señala a Kellogg’s y General Mills como las dos peores empresas en materia de cambio climático y emplaza a que lideren al sector hacia unas políticas y prácticas más responsables. Oxfam sugiere que podrían hacer públicos los datos acerca de sus emisiones agrícolas y los nombres de sus proveedores más contaminantes, establecer objetivos de reducción de emisiones para sus cadenas de suministro y hacer un llamamiento a empresas y Gobiernos a hacer frente a la crisis climática.


La investigación de Oxfam concluye que:


– Todas las “10 Grandes” reconocen la necesidad de reducir las emisiones agrícolas indirectas en sus cadenas de suministro y siete de ellas miden y publican sus emisiones anualmente a través del proyecto Carbon Disclosure Project (excepto Kellogg’s, General Mills y Associated British Foods);


– Sólo Unilever y Coca-Cola han fijado objetivos de reducción de emisiones para sus cadenas de suministro, pero ninguna de las diez se ha comprometido claramente a reducir sus emisiones agrícolas conforme a objetivos específicos.


– Ninguna de las “10 Grandes” obliga a sus proveedores a establecer objetivos de reducción de emisiones.


– Las diez principales empresas de alimentación y bebidas han establecido objetivos para reducir las emisiones derivadas de sus actividades, pero a menudo estos objetivos carecen de base científica y no reflejan la contribución real de estas empresas al problema.


– Varias de estas diez empresas se han comprometido a acabar con la deforestación en sus cadenas de suministro de aceite de palma en un plazo de tiempo muy ambicioso, pero sólo Mars y Nestlé han ampliado estas medidas a otras materias primas que también provocan deforestación y el cambio del uso del suelo.


– Una empresa indonesia que vende aceite de palma a Cargill, proveedor de Kellogg’s, General Mills y otros gigantes de la industria agroalimentaria, está presuntamente involucrada en una quema de terrenos forestales para producir aceite de palma que originó un importante incendio que, por sí sólo, provocó la emisión de tantos gases de efecto invernadero como los que emiten 10,3 millones de coches en un año.


“La industria agroalimentaria tiene el imperativo moral y la responsabilidad empresarial de incrementar de manera significativa sus esfuerzos para luchar contra el cambio climático”, afirma Byanyima. “Las ’10 Grandes’ no están utilizando todo su poder de forma responsable y sufrirán las consecuencias. Kellogg’s y General Mills, en especial, no están asumiendo sus responsabilidades. Estas empresas debería liderar la lucha para evitar que, como consecuencia del cambio climático, más personas sean víctimas del hambre. Es hora de que dejen de estar de brazos cruzados.


Información complementaria


PepsiCo Reino Unido se ha comprometido a reducir las emisiones procedentes de sus cadenas de suministro agrícolas en un 50% en cinco años. Si las “10 Grandes” replicasen esta medida, para el año 2020 emitirían, aproximadamente, 80 millones de toneladas menos de las que emitirán si no modifican sus políticas.

 

Publicado enMedio Ambiente
¡Que brille el oro!, pero bajo las montañas

“Cuando los labios sonríen, 

la pelea empieza a ganarse”.

Manuel Mejía Vallejo

 

La alegría fue la protagonista el pasado 26 de marzo cuando los habitantes del municipio de Cajamarca, Tolima, sentaron un precedente a través de una consulta popular, al decirle no a la explotación minera en su territorio. En este caso la multinacional derrotada, la mismísima Anglo Gold Ashanti (AGA), multinacional surafricana con presencia en diversidad de países donde su estela es de destrucción de la naturaleza, obligando al desplazamiento de sus pobladores al ver cambiado el uso del suelo de donde lograban lo básico para subsistir.

 

Como es sabido, el resultado fue contundente: 5.565 (97,84%) cajamarc unos votaron en contra y solo 68 (1,2%) a favor. Pese a las disputas jurídicas y políticas que determinarán la expulsión definitiva de estas prácticas extractivas en esta región, la frase de Manuel Mejía parece palpar lo que se avecina en todo el país: Una pelea que ya empezó a ganarse.

 

Primera vuelta: suroeste antioqueño

 

Parte del suroeste antioqueño está asentada sobre una zona denominada el Cinturón de Oro de Colombia (COC), una de las más grandes betas de oro descubiertas recientemente en el país.

 

Su extensión asombra a unos y abre el voraz apetito de los negociantes de la vida. Como una serpiente pitón, su cuerpo se extiende desde Marmato (Caldas), siguiendo un flanco de la cordillera occidental hasta terminar en Antioquia en la desembocadura del río San Juan en el Cauca, recorrido que comprende los municipios de Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Andes y Jardín (ver mapa 1).

 

 

mapa 1 p2

 

 

El brillo de El Dorado sigue encegueciendo luego de cinco siglos. Es así como en la actualidad el 90 por ciento del suroeste antioqueño está solicitado y titulado para exploración minera por parte de empresas transnacionales (ver mapa 2), “entre las que se encuentran la Anglo Gold Ashanti AGA (Sudáfrica), Solvista Gold (Canadá), Continental Gold (Canadá), Tolima Gold (Canadá), Colombian Mines Corporation (Canadá), B2Gold (Canadá), entre otras más”1. Una vez destruido el campo, ¿comeremos metales? ¿Y el paisaje? ¿Y el medio ambiente?

 

mapa 1 p3

 

 

La empresa con mayor número de títulos mineros en la región es la Anglo Gold Ashanti AGA, entre los cuales cuenta con el proyecto Quebradona, que comprende un total de 12.699 ha2, a través de cinco títulos mineros.

 

Este proyecto, legalizado bajo la razón social de Minera Quebradona Colombia S.A, filial de AGA, está ubicado en mayor proporción en jurisdicción del municipio antioqueño de Jericó, extendido en su área rural a lo largo de 19.180 hectáreas, de las cuales 7.600 fueron adjudicadas con licencia de exploración minera (ver mapa 3).

 

 

mapa 2 p3

 

 

 

La empresa tiene su campamento de operaciones en la vereda Quebradona (corregimiento de Pablocabildo) desde donde avanza, año 2010, con perforaciones exploratorias, las mismas que en la actualidad se encuentran en fase de estudio avanzado3. El proyecto se concentra en un importante yacimiento de oro en el que se encuentran además minerales asociados como cobre, plata, molibdeno, zinc y otros metales.

 

La comunidad en alerta

 

No pocos han sido los reclamos de quienes habitan este municipio ante la llegada a sus territorios de esta gigante de la minería, y sobre todo si tenemos en cuenta el pasado sombrío/poco fiable de esta empresa4. El pasado 11 de abril AGA “nuevamente de manera inconsulta e ilegítima intentó instalar en este mismo municipio, corregimiento de Palocabildo, nuevas plataformas de perforación minera. Frente a este hecho, miembros de la comunidad, en su mayoría campesinos y vecinos del lugar, reaccionaron de manera pacífica pero firme en defensa de sus derechos [...] impidiendo que se realizaran dichas actividades”.

 

Según pobladores del municipio, donde pretenden explorar es la zona donde nacen el 80 por ciento de las fuentes hídricas que abastecen a Jericó. Siendo éste, junto con Támesis, una de las mayores potencias hídricas a nivel departamental. “Se nos metieron como pedro por su casa, no nos consultaron, no nos tuvieron en cuenta para nada”, manifiesta Hernando García, campesino de Palocabildo. Desde que llegó AGA al suroeste antioqueño, “amparado en varios títulos mineros otorgados en Bogotá, han desconocido a las comunidades presentes en el territorio, pasando por encima de los instrumentos constitucionales de planificación y ordenamiento municipal”. Desconocimiento que ha generado un rechazo unánime por parte de movimientos y organizaciones ambientales y sociales, campesinos, finqueros, políticos y académicos.

 

Mil y más razones

 

“El regalo más grande que me vas a dar en la vida, mi Señor, no es plata; la lotería que yo te pido es que cuando esté vieja, me vaya a morir a Jericó!”5. Este anhelo de una de las protagonistas del documental: Jericó, el infinito vuelo de los días, parece empañarse con los pronósticos que se avecinan en la región, por lo menos así lo manifiestan sus pobladores. El temor se extiende.

 

La multinacional maniobra con palabras. Enfatiza, una y otra vez, en que las formas de hacer minería han cambiado: “Hemos aprendido a gestionar, reducir y mitigar los impactos de nuestra actividad [...] La buena minería genera riqueza y bienestar bien distribuidos y acelera el difícil camino del desarrollo sin tener que dañar la cultura ni el ambiente”. Probablemente sea verdad que sus prácticas hayan mejorado luego de los daños generados en diferentes partes del mundo, ciertamente, pero lo que no parecen entender (o no quieren entender) el gobierno, en alianza con multinacionales, es que nadie los ha invitado, y que no es grata su presencia en esta región; así lo manifiesta un líder campesino del corregimiento de Palocabildo. “No los queremos aquí perturbando nuestras tierras, nuestra tranquilidad, nuestras familias y nuestra unidad”.

 

La riqueza efímera

 

Para nadie es un secreto que el oro es un “activo refugio”, es decir “en tiempos de incertidumbre, inversionistas suelen colocar capital en este metal en lugar de arriesgarlo en acciones y bonos volátiles”. Es un bien de oferta y demanda que juega en los mercados internacionales, su precio fluctúa de acuerdo a las estrategias de bancos y organismos internacionales “que al usarlo como refugio financiero seguirán generando una demanda y por ende precios atractivos entre tanta inestabilidad macroeconómica internacional”.

 

Si bien es un metal precioso, en todo el sentido de la palabra6, su uso es bastante limitado: “Según el Consejo Mundial del oro solo 7% de la demanda se usa para producir materiales electrónicos y prótesis dentales. Además, menos de una décima parte tiene valor industrial”. El resto es destinado a joyería y a engrosar los anaqueles subterráneos, donde no brillará ante los ojos de nadie. Y como si fuera poco, con las reservas existentes de oro podría abastecerse la demanda industrial de este metal por 186 años7.

 

Según afirma Jorge Giraldo, decano de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit de Medellín, la minería a gran escala no es una importante fuente generadora de empleo, “la única manera de generar empleo es generando encadenamientos industriales; si nosotros sacamos el oro y lo mandamos para el exterior, sin generar una industria alrededor de la producción del oro, pues eso finalmente no deja nada, no deja capacidades, no deja un sector industrial nuevo instalado, no deja empleo”.

 

Sin embargo, hay familias jericoanas que le han brindado la bienvenida a la multinacional. La situación económica así lo propicia. El campo en Colombia es un modelo prospero para muy pocos, la mayoría de la población campesina en el país es pobre. AGA llegó generando empleo, más de 200 puestos directos y con salarios superiores a lo que gana un jornalero. Razón por la cual los finqueros entran en preocupación, como lo expresa Edgar Correa, caficultor jericoano, “el campo se está quedando sin trabajadores, muchos quieren irse para las minas”.

 

Todo lo cual no deja de ser una bonanza efímera. En palabras de Alfonso Cardona, investigador de la Ong Conciudadanía: “dedicarse a estas actividades (mineras) es muy transitorio, porque cuando pasa la fase exploración y viene la explotación minera, generalmente no es la gente de los pueblos la que puede ser empleada, sino que vienen técnicos de otras partes”.

 

¿De la cultura del campo, a la cultura minera?

 

En suma, hasta ahora la llegada de la multinacional AGA a la región ha generado, además de afectaciones ambientales, conflictos entre las comunidades. Las estrategias que emplean, según cuenta Sergio Steven Ruiz, es convencer a las comunidades de los beneficios de la minería a través de la compra de insumos a los campesinos, materiales para las escuelas, bonificaciones, etcétera. lo que es aceptado en algunas veredas y rechazado en otras, lo que propicia una ruptura entre la comunidad, y por ende en el tejido social.

 

Manipulaciones, tensiones y rupturas comunitarias que es solo el comienzo de lo que podría venir de imponerse la pretensión de la multinacional en el municipio pues, como es conocido, los cambios culturales trascienden en la medida que se fortalezca la posición minera. Según cuenta el sociólogo Luis Fernando Moncada, puede entenderse un cambio cultural a partir de las nuevas actividades económicas: “Las relaciones que se establecen con las formas de producción, establecen también las formas de vida de las comunidades. La identidad, que es la relación de la comunidad con su ambiente, se ve inmediatamente afectada”, de lo que podemos deducir que estamos ante el riesgo de un inevitable cambio cultural en la región. Y enfatiza Fernando Moncada, “Si se permite que entre la minería, nosotros nos quedaríamos sin pueblo, abría que cambiarle de nombre”.

 

“Es que nosotros queremos vivir como siempre hemos vivido”, dice Sandra Gómez, campesina de la vereda Alacena, quien ve una contradicción en el gobierno al afirmar que el subsuelo le pertenece, mientras que los campesinos no pueden hacer uso de la primera capa vegetal, la que les da vida y tienen por derecho. “Es lo que uno no entiende, al campesino nuestro le decimos que no puede tocar un árbol porque está violando el Distrito de manejo especial e integrado8, pero a unos mineros sí le entregan los títulos para que revuelquen la tierra”, dice Juan Martín Vélez, ex alcalde de Támesis.

 

Contradicción entre minería y agricultura que también resalta cuando se recuerda que desde administraciones pasadas, el Plan Desarrollo de los pueblos de la provincia de Cartama9, entre otros municipios del suroeste antioqueño, han coincidido en prevalecer su vocación “agroambientalmente sostenible y ecoturística”. En un comunicado publicado a raíz de lo ocurrido el 11 de abril ya mencionado, cuando AGA intentó poner en marcha nuevas plataformas de perforación, la comunidad de Jericó y Támesis, dejaron en claro, una vez más, su rechazo a la actividad “minero invasora”, resaltando el valor del agua y la vida por encima del cobre y el oro. “No somos únicamente maximizadores de poder y de dinero, primordialmente deseamos la felicidad”; Tal es el caso de Yolanda, campesina vinculada a un proyecto agroecológico de Semillas de Agua, quien expresa: “Esto no genera mucha plata, porque ser productor agroecológico no es para hacer plata, es para ser feliz, pero eso usted no lo refleja en la economía del país”.

 

“¿Podrá un gobierno crear agua por ley?”

 

Desde que llegó la “locomotora minera” a esta región, tomó cuerpo un sentir mayoritario que proclama la vida por encima del oro. Sentir palpable en cualquier calle o parque de los municipios afectados; la consigna que prevalece es clara: ¡nuestra riqueza es verde, nuestro oro es el agua! Sin embargo, el tren gubernamental, aliado del gran capital internacional, continúa su curso, y el malestar de las comunidades va en aumento.

 

Como quedó constatado en Cajamarca, la sociedad no está quieta, se da mañas, resiste, como una prueba más de “que la conciencia del buen vivir puede derrotar el afán de enriquecerse”.

 

El Gobierno tampoco deja de maniobrar, buscando que sus negocios de riqueza inmediata y pobreza futura pululen. Así lo dejó claro Germán Arce, actual ministro de Minas y Energía, quien ante el resultado arrojado por la consulta popular en Cajamarca sentenció: “El Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para evitar los choques entre autoridades nacionales y locales por proyectos petroleros y mineros e impedir que las consultas populares los prohíban”. Lo más grave de todo, según lo expresado por Robinson Mejía, líder de la triunfante consulta popular es que “el Ministro de Minas esté insinuando pasar el proyecto por ‘Fast Track’ para evitar el debate y esto iría contra lo formulado por la Corte Constitución en el acto legislativo para la paz”.

 

Según expertos en derecho constitucional, cada vez son más claras y estrictas las leyes a favor de los derechos de las comunidades y autoridades municipales: “De acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional los municipios deben ser consultados frente al desarrollo de este tipo de proyectos que generan alto impacto en el territorio”. Por su parte, la Constitución Política de 1991, contempla la consulta popular como un mecanismo de participación legal de las comunidades.

 

Concientes de los riesgos que esto implica, las comunidades del suroeste antioqueño tejen hilos de resistencia. Ambientalistas, campesinos, indígenas, finqueros, movimientos sociales, estudiantes, académicos, autoridades municipales, entre otros, se articulan a lo largo de la región. “Se está pensando en hacer consultas populares simultáneas en varios municipios, también se está pensando en una revisión de los planes de ordenamiento territorial para que se hagan en los municipios con orientaciones comunes para la protección de las aguas y el medioambiente; y también se está pensando en presentar proyectos de acuerdo municipales que prohíban la megaminería”, dice José Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, sin dejar de advertir que esto es sólo un camino de los muchos que es necesario explorar y poner en práctica.

 

Fortalezas por fortalecer

 

¿Minería sí? ¿Minería no? Para despejar la duda hay que hacer la aclaración de que hay minería de minería, así como hay territorios de territorios: historia, composición del suelo, tradición comunitaria, entorno, ecosistema, etcétera, esto y mucho más hay que valorar a la hora de enfrentar tal posibilidad.

 

Retomando algunos de estos aspectos, relacionados en el curso de esta nota, es claro que la minería prevista para esta región no es ni necesaria ni ambientalmente viable, son más los perjuicios que los beneficios que traería a la región.

 

Aquí hay un potencial ecosistémico inmenso, con bellos paisajes, abundante agua, producción agropecuaria, integración comunitaria. Si el interés de los gobernantes es por potenciar la región, ¿por qué no proceden desde estas cualidades del territorio?

 

La experiencia reciente de la humanidad, que padece el cambio climático sin comprenderlo en toda su dimensión, nos lo está mostrando: mejorar la condición de vida de los campesinos, indígenas y demás pobladores del campo, como preservar el medio ambiente de los intereses del mercado, resulta prioritario en la actualidad. Así asumimos y así aportamos a la humanidad como un todo. Mientras tanto, mientras se logra una sintonía entre gobierno y comunidades es indispensable seguir luchando, esbozando esa sonrisa que viene creciendo, por la pelea que ya empezó a ganarse!

 

1 Cinturón Occidental Ambiental (COA).
2 Representaciones sociales del agua en un conexto de conflicto socioambiental por exploración minera-corregimiento de Palocabildo Jericó-Antioquia http://www.bdigital.unal.edu.co/56230/1/8026236.2016.pdf
3 Durante esta fase el objetivo y alcances es evaluar el valor potencial, establecer un plan para la fase de perfectibilidad, realizar estudios geotécnicos, hidrogeológicos y metalúrgicos, además de definir y considerar aspectos tales como volúmenes a remover, producción del yacimiento, la viabilidad socio ambiental, infraestructura y especificaciones de los equipos a utilizar (AGA, 2015).
4 En enero del 2011 le otorgaron a AGA el premio a la empresa más irresponsable del mundo, debido a la contaminación de pozos y ríos, y el envenenamiento de personas en Ghana, África (Greenpeace).
5 Documental: Jericó, El infinito vuelo de los días. https://www.youtube.com/watch?v=tpWN9L0LFGI
6 “El oro, en latín aurum, se refiere al resplandor, a la luz, a dorar, dorado, áureo” Museo del Oro, Banco de la República.
7 El alto precio del oro, un metal inútil. http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/oro-un-metal-inutil-que-tiene-un-alto-precio/37424
8 Cuchilla Támesis–Jardín (más de 9.000 ha protegidas).
9 Támesis, Jericó, Caramanta, Fredonia, La Pintada, Pueblorrico, Santa Bárbara, Montebello, Tarso, Valparaíso, Venecia.

 


 

Recuadro 

 

Riesgos ambientales y humanos*

 

Es dentro de esta dinámica que el pasado 29 de abril sesionó en el corregimiento de Palermo, municipio de Támesis, el foro: “Impactos de la megaminería en Jericó y Támesis”. El evento, organizado por el colectivo Mesa Técnica Suroeste de Antioquia, tuvo como objetivo informar acerca de la afectación del proyecto minero Quebradona en el territorio de ambos municipios. Acá parte de lo dicho por algunos de los participantes:

 

Jorge Eduardo Cock Londoño, exministro de Mina y Energías, advirtió sobre el riesgo de llevar a cabo una explotación minera a cielo abierto en esta región, pues no hay antecedentes que corroboren las buenas prácticas de la minería moderna, “no es lo mismo hacer minería en territorios desérticos, en tierra pelada, que pelar tierras como las del suroeste antioqueño para hacer minería”. Tierras que por demás son fértiles, con tradición e historia, vocación y potencial agrícola y turístico.

 

El exministro también advirtió sobre los riesgos generados por las sustancias tóxicas utilizadas en la minería de metales y la gravedad de los accidentes que se producen por fugas en las lagunas de lixiviación, algunos de los cuales han llegado a contaminar cientos de hectáreas adyacentes.

 

Por su parte Julio Fierro, docente e investigador de la Universidad Nacional, adviertió sobre los riesgos de extinción de los acuíferos y contaminación por arsénico: “En la minería subterránea todos los socavones se constituyen como en unos atractores del agua de toda la montaña, por lo que esta tendería a secarse (ver imagen de cuencas en riesgo)”. Tal es el caso de proyectos viales como el de La Línea, Boquerón del Sumapaz y La Miel en Colombia, entre otros.

 

También mencionó que el proyecto Quebradona, en 15 años de producción, podría generar cerca de 150 millones de toneladas de desechos durante, cifra equivalente a la cantidad de desechos urbanos que generaría la ciudad de Medellín durante 200 años, a la tasa del 2016.

 

Para ejemplificar el riesgo de liberación de arsénico en un proyecto como este, explicó los resultados de un estudio que muestra que la presencia de arsénico en el suelo es cinco veces más alta en distritos arroceros cercanos a una explotación minera de Anglo Gold Ashanti en Ghana, África, que en otros distritos arroceros de ese país, por fuera de la zona de influencia de la actividad minera.

 

*   Resumen presentado por Mesa Técnica Suroeste de Antioquia. Morro de Agua.

Publicado enEdición Nº235
La expresidenta surcoreana, arrestada por corrupción



Park Geun-hye, destituida por orden judicial hace tres semanas, está acusada de delitos de soborno y abuso de autoridad

Tres semanas. Es el escaso tiempo que ha transcurrido para completar la caída en desgracia de la expresidenta surcoreana Park Geun-hye. Exactamente 21 días después de que el Tribunal Constitucional aprobara su destitución por abuso de poder y corrupción, otra corte, la del Distrito Central de Seúl, ha ordenado este viernes su encarcelamiento. Con la mirada fija en un punto en el horizonte y un gesto amargo en el rostro, esta madrugada la exjefa de Estado quedaba ingresada en prisión.


Tras una audiencia el jueves en la que Park había declarado durante cinco horas para defender su inocencia, el juez Kang Bu-yeong dio la razón a los fiscales que reclamaban la prisión preventiva para la expresidenta, acusada de soborno, abuso de autoridad, coerción y filtración de secretos de Estado. “Está justificado y es necesario detenerla, pues los cargos principales están justificados y existe el riesgo de que se destruyan pruebas” si permaneciese en libertad, indica la sentencia emitida a primeras horas de la mañana.


El encarcelamiento de Park marca un nuevo hito en un escándalo de corrupción que ha monopolizado la política surcoreana en los últimos cinco meses. Park, de 65 años, es sospechosa de haber ayudado a su amiga Choi Soon-sil, apodada la “Rasputina surcoreana”, a presionar a las principales empresas del país para que entregaran fuertes sumas de dinero a cambio de favores políticos. Entre estas cantidades se encuentran 38 millones de dólares en donaciones y contratos procedentes de Samsung, el principal conglomerado surcoreano.


Choi ya ha sido arrestada y se encuentra en el mismo centro de detención en el que ha quedado ingresada Park. También ha quedado encarcelado allí uno de los hombres más poderosos del país, el heredero y vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae-Yong.


Park es la tercera de los jefes de Estado surcoreanos que han ido a prisión, tras los dictadores militares Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo, declarados culpables de corrupción en 1995. Si los tribunales confirman su culpa, la expresidenta afronta hasta diez años de prisión.


Tras la destitución de Park han quedado convocadas elecciones para el 9 de mayo en la cuarta economía asiática. El favorito en esos comicios es Moon Jae-In, del Partido Democrático y al que la expresidenta derrotara en la convocatoria de 2012 por un amplio margen.


Desde aquellas elecciones mucho han cambiado las tornas. La opinión popular comenzó a volverse en contra de la hija del antiguo dictador militar Park Chung-hee en abril de 2014, cuando el transbordador “Sewol” se hundió costando la vida a 304 personas, la mayoría de ellos niños en una excursión escolar. La entonces presidenta tardó horas en ponerse al frente de las operaciones, sin que nunca haya quedado claro qué la mantuvo ocupada durante ese lapso.


Pero fue el descubrimiento de un miniordenador propiedad de Choi el pasado octubre lo que colmó la paciencia del público. Las fotos y documentos que contenía ponían de relieve el control que esta empresaria tenía sobre la presidenta. A partir de entonces y durante semanas manifestaciones masivas de ciudadanos reclamaron cada semana la destitución y encarcelamiento de la jefa de Estado.


Su sustituto tendrá ante sí una delicada tarea. En el norte, el régimen de Kim Jong-un ha lanzado varios misiles de medio alcance en lo que va de año y los expertos creen que prepara una nueva prueba nuclear. En el terreno interno, la población se encuentra dividida por la instalación en su territorio de un escudo antimisiles de fabricación estadounidense, el THAAD, que el gobierno actual y Washington sostienen que busca impedir un posible ataque desde Corea del Norte. Pero China y Rusia se oponen al despliegue, al considerar que ese sistema puede utilizarse contra su propio territorio. China lleva a cabo un boicot no declarado contra productos surcoreanos y viajes turísticos a ese país.

 

Pekín 30 MAR 2017 - 23:55 COT

Publicado enInternacional
Miércoles, 29 Marzo 2017 06:47

La militarización global del agua

© Foto: Pixabay

 

La delegación de Iztapalapa tiene casi dos millones de personas y es una de las más pobres de la ciudad de México, con más de 20 millones de habitantes. Diariamente camiones cisterna realizan cerca de mil viajes para abastecer a las 69 colonias de esa delegación que sufren escasez crónica. Según una serie de reportajes publicados por The New York Times, la ciudad se está hundiendo como consecuencia de la escasez ya que las perforaciones han debilitado los lechos de arcilla.

Pero las preocupaciones del redactor diario neoyorkino no van por el lado de la población que sufre escasez de agua, sino por los problemas de orden público que se pueden generar. Cita un estudio que predice que un "10% de los mexicanos de entre 15 y 65 años podrían intentar emigrar al norte, como resultado de altas temperaturas, inundaciones y sequías, que desplazarían a millones de personas y aumentarían aún más las tensiones políticas sobre migración". El periódico agrega que en zonas donde disminuyen las lluvias, "el riesgo de que los conflictos menores crezcan para convertirse en guerras a gran escala se duplica aproximadamente al año siguiente".

La doctrina de "Dominación de Espectro Completo" del Pentágono, coloca en un mismo nivel la competencia global por el petróleo que por el agua, según el analista Pepe Escobar, lo que desafía el sentido común que destaca al petróleo en un lugar excluyente desde el punto de vista de su importancia geopolítica.

Los habitantes de Iztapalapa deben gastar casi el 10% de sus ingresos en el consumo de agua, lo que desestabiliza sus frágiles economías, ante un Estado que no acierta a encarar los problemas de la mayoría pobre de la población.

El analista mexicano Alfredo Jalife-Rahme, autor del libro "Las guerras globales del agua", asegura que el Estado de Israel sostiene un "apartheid acuífero" contra la población palestina de Cisjordania. Cita al editor de The Palestine Chronicle, Ramzi Baroud, quien dice que el control israelí del agua implica un "castigo colectivo" que busca evitar que desarrollen su economía que "depende entre 14 a 20% de la agricultura, por lo que negarle el agua destruye sus cosechas". Israel parece ubicarse a la vanguardia entre los Estados que utilizan el agua como arma de guerra, aunque no es el único.

Con motivo del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, Naciones Unidas alerta que 1.200 millones de personas sufren escasez de agua y que el déficit hídrico en 2030 será del 40%. Pero el uso del agua es profundamente desigual. El Foro de Davos estima que en las tres próximas décadas la demanda de agua por la industria crecerá un 400%. Las multinacionales de la minería, el agrobusiness y la generación de energía desarrollan una carrera por las fuentes de agua, para arrebatársela a las comunidades campesinas.

La lucha por apropiarse del agua, ya sea a través de las privatizaciones o por la sobre-utilización del recurso como sucede con el fracking, viene provocando agudos conflictos en América Latina: desde la "guerra del agua" en Cochabamba (Bolivia) en abril de 2000, hasta el reciente referendo en Cajamarca (Colombia), donde la mayoría de la población se pronunció el domingo 26 contra el megaproyecto de la multinacional Anglo Gold Ashanti de La Colosa. El principal argumento de campesinos y ambientalistas fue la defensa del agua para la agricultura.

Estados como California y ciudades como México y São Paulo, son laboratorios clave a la hora de observar cómo se posicionan los diferentes actores estatales y empresariales ante la escasez de agua. Así como en la capital mexicana predomina la desidia, en la brasileña las fuerzas armadas decidieron militarizar la distribución y las infraestructuras del agua.

São Paulo tiene 22 millones de habitantes y es una de las mayores concentraciones urbanas del mundo. Ante la escasez de agua, el Comando Militar del Sudeste decidió organizar debates y planificar operaciones militares para prevenir el caos social ante un posible corte del servicio. En mayo de 2015, un comando de entre 70 y 100 militares armados con ametralladoras ocupó las dependencias de la compañía SABESP (Saneamento Básico de São Paulo) previendo "una eventual necesidad de ocupación en caso de crisis", según el comunicado del Ejército.

Toda el área del complejo de la empresa "es considerada estratégica y la acción forma parte de las actividades militares preventivas para la preservación del orden público y protección de las personas y del patrimonio". El Comando Militar organizó debates destinados a un público de oficiales, soldados y "profesores universitarios simpatizantes de los militares", para trazar un panorama técnico, político y social sobre la crisis hídrica que vivía la región en ese momento.

El director de SABESP, Paulo Massato, fue muy claro al considerar las consecuencias sociales de un colapso hídrico: "Será el terror. No habrá alimentación ni energía eléctrica. Será un escenario de fin del mundo. Son millones de personas y estallará el caos social. No será sólo un problema de desabastecimiento de agua. Será mucho más serio que eso".

Durante la sequía de 2015, cuando los reservorios de agua de São Paulo estaban apenas al 5% de su capacidad, la policía militar escoltaba los camiones cisterna en algunos puntos de la ciudad, sobre todo en la periferia, porque en los barrios populares los atacaban para saquear el agua.

En plena crisis la empresa estatal de agua difundió una lista de 537 clientes privilegiados que pagan menos cuanto más agua consumen (industrias, shoppings, redes como McDonalds), que en su conjunto consumen el 3% del agua de la ciudad y tienen descuentos del 75% en el precio. Ellos consumen "el equivalente al agua utilizada por 115 mil familias y fueron los mayores responsables por el aumento del 5,4% del consumo anual de agua", asegura la empresa.

Los pueblos parecen estar siendo víctimas de dos pinzas: las empresas multinacionales que se están apropiando de las fuentes de agua, por un lado, y las fuerzas armadas que trabajan codo a codo con esas grandes empresas para asegurar que no les falte el recurso hídrico. Un panorama tan poco alentador como insensato.

 

 

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Coletazo comercial por la carne podrida

El coletazo internacional por la exportación de carne adulterada desde Brasil se hizo fuerte. Montados sobre la crisis causada por el operativo “Carne débil”, una denuncia de la Policía Federal que recayó sobre los hombros de JBS y BRF por vender supuestamente carnes vencidas y reses muertas por enfermedades, Chile, China, Corea del Sur y la Unión Europea (UE) decidieron interponer distintos tipos de barreras a la importación de carne brasileña. Con el escándalo golpeando a las puertas de los frigoríficos brasileños, el presidente Michel Temer intentó minimizar los daños causados a la industria debido a la investigación de la policía por corrupción en la inspección de alimentos.


Fue en vano el intento de generar confianza de Temer, que había invitado a una churrasquería a 40 embajadores el domingo para demostrar que la carne brasileña merecía seguir comercializándose en las grandes ligas mundiales, los principales mercados compradores de Brasil reaccionaron con desconfianza frente a las revelaciones de que 21 frigoríficos están investigados por la presunta adulteración de carnes para permitir el consumo incluso luego de la fecha de vencimiento.


Brasil es líder mundial en carne procesada y es el primero en el mundo en la producción de carne de pollo, con exportaciones que alcanzan a 150 países. Los frigoríficos JBS y BRF, las dos grandes locomotoras de la exportación brasileña de carnes y que están directamente impactados con las investigaciones, niegan los cargos. Temer intentó reducir los daños para la economía durante su presentación en la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos en San Pablo, donde afirmó que existe un número diminuto de frigoríficos involucrados en la supuesta red desbaratada por la PF la semana pasada.


“Para nosotros el agronegocio es importantísimo y no puede ser devaluado por un asunto menor, que debe ser sancionado, claro, pero que no puede comprometer a todo el sistema que creamos en los últimos años, con exportaciones a 150 países de la carne brasileña”, dijo Temer. El mandatario aseguró que Brasil tiene un sistema rigurosísimo de inspección sanitaria y afirmó que en el operativo fueron afectadas 21 unidades de producción de alimentos, ante 4850 plantas de frigoríficos existentes en el país. “Es un número diminuto”, subrayó el mandatario al intentar llevar confianza a la platea de empresarios de la cámara binacional.


“En las denuncias de la policía hay mucha fantasía, muchas idioteces”, dijo el ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Blairo Maggi, ex gobernador de Mato Grosso cuyos negocios agrícolas le hicieron ganar el apodo de rey de la soja la década pasada. El ministro anunció que China, principal socio comercial de Brasil, pidió explicaciones y detuvo los embarques destinados a su país a modo de prevención. Antes se había manifestado Corea del Sur, otro gran importador, a través de un vocero de su Ministerio de Agricultura, en Seúl, que informó sobre la suspensión de la importación de pollo brasileño.


Del pollo que importa Corea del Sur, 80 por ciento proviene de Brasil y la mitad de esta cantidad la produce BRF. Por su parte, el vocero de la UE para asuntos sanitarios, Enrico Brivio, dijo a la agencia local Estado que el bloque le pidió al gobierno de Brasil garantizar que todos los involucrados en el fraude no puedan exportar hacia Europa. “Les recomendamos a los 28 gobiernos europeos que sean extravigilantes con los embarques desde Brasil y que aumenten los controles en las aduanas”, sostuvo, aunque aclaró que no se había encontrado ninguna irregularidad hasta el momento.
El escándalo de la carne en Brasil alcanzó incluso a las negociaciones comerciales que mantienen el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE, con los agricultores europeos urgiendo a garantizar las normas de seguridad de los 28 miembros horas antes del inicio de una nueva ronda que tuvo lugar ayer en Buenos Aires. Los países de Mercosur –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– “no tienen las mismas normas que nosotros, tal como demuestra el caso descubierto en Brasil”, denunció el secretario general del principal sindicato europeo de agricultores Copa-Cogeca, Pekka Pesonen.


Desde el intercambio de ofertas arancelarias en mayo entre ambos bloques, todo como paso previo a la reanudación de las rondas de negociación formal en octubre, ese sindicato europeo expresó su oposición a un acuerdo de libre comercio, por la inclusión de productos agrícolas sensibles.


Los ganaderos europeos tampoco dudaron en lanzarse contra el mercado brasileño. “Es ultrajante darle una segunda chance a Brasil”, dijo Patrick Kent, de la asociación de productores irlandeses, citado por el diario O Estado de S.Paulo. En tanto Chile suspendió las importaciones hasta tener aclarado el origen de la carne que compra.


El presidente de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil, José Augusto de Bastro, dijo que la imagen externa de Brasil será afectada y seguramente habrá pedidos de nuevos certificados en mercados exigentes como Arabia Saudita, China y Japón. La Asociación Brasileña de Industria Exportadora de Carne (Abiec) fustigó la operación policial, en la que se habla de que el ácido absorbico usado en las carnes podría ser cancerígeno.

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Viernes, 03 Febrero 2017 06:15

Un acaparamiento de 10 millones

Un acaparamiento de 10 millones

Desde la revolución verde hasta nuestros días hemos visto la capacidad de expansión y desarrollo de la agricultura industrial y los negocios que mueve. Para alcanzar las cotas actuales se ha trabajado a fondo. A base de tratados de libre comercio se ha conseguido abolir cualquier frontera en favor del comercio agrícola, aunque sean transacciones innecesarias, insostenibles e ilógicas. Con los llamados ajustes estructurales se han desmantelado los sistemas agrarios nacionales aunque ello representara vulnerabilidad alimentaria para muchos territorios y sus correspondientes crisis. A partir de técnicas agrarias –como los transgénicos– y de leyes en favor de la privatización de las semillas, este mercado está concentrado en proporciones impensables, generando una inmensa pérdida de biodiversidad cultivada. De la misma manera se ha ido acaparando en muy pocas manos grandes extensiones de tierra fértil, junto con el agua de riego, que son la base del crecimiento de monocultivos –como la soya o la palma africana– que compiten ventajosamente frente a otros más necesarios. Y como estamos viendo en estos años, otro elemento fundamental para los negocios agrarios es asegurarse el control de la información sobre el clima, como pretenden desde Monsanto a John Deere.

Pero les queda una piedra en el zapato. La agricultura siempre acaba requiriendo mano de obra y trabajo de campo, aunque tecnológicamente pueda minimizarse y, siguiendo los mismos patrones descritos, ya estamos observando una verdadera carrera de las grandes transnacionales por ‘adueñarse’ del mayor número posible de campesinas y campesinos. Vendría a ser una suerte de acaparamiento de personas.

Siglos atrás esta necesidad se resolvía en forma de esclavismo agrario, unas maneras inhumanas que permitieron a las corporaciones de las metrópolis las grandes cosechas de productos de exportación como el azúcar, el caucho o los bananos. Ahora todo es, simplemente, más sutil. En Catalunya, donde yo vivo, conocemos bien la fórmula de la ganadería de integración, donde la implementación de modelos muy intensivos de engorda de cerdos y aves, con niveles de genética muy específicos, comporta que los otrora ganaderos independientes en sus propias fincas ahora son simples operarios de una cadena de montaje. Las compañías para las que trabajan les suministran los lechones o pollitos, les asignan un veterinario para que controle todo el proceso, les hacen comprar su pienso y su medicación y, finalmente, están obligados a vender a los animales engordados a la misma empresa. Súbditos en tiempos modernos.

Esta es una de las modalidades que podemos agrupar bajo el nombre de "agricultura de contrato", que cada vez gana más presencia en todo el mundo y que desde instituciones como la FAO bendicen, pues dicen que evita riesgos para las y los agricultores. Es el caso también del programa Nueva Visión para la Agricultura, impulsado desde 2009 por el Foro Económico Mundial que, como explica el reciente informe de la fundación Grain, es una colaboración entre gobiernos y algunas de las compañías trasnacionales productoras de alimentos más grandes del mundo, como Nestlé, Pepsico, Cargill o Unilever, para implementar proyectos en África, América Latina y Asia que potencian la producción de un número pequeño de cultivos de alto valor comercial. El papel de los gobiernos y sus agencias públicas es convencer a las organizaciones campesinas para sumarse a estos programas e incluso apoyan económicamente la construcción de invernaderos, infraestructura de alta tecnología, semillas híbridas o agrotóxicos de las compañías en cuestión.

Es decir, le llaman Nueva Visión pero es un viejo paradigma. Logrando que las y los agricultores firmen contratos de exclusividad con ellas, las corporaciones ganan un mercado seguro y aseguran un abastecimiento de la materia prima que necesitan para la elaboración de sus alimentos procesados sin hundir, en ningún momento, las manos en la tierra.

Para las corporaciones sí que es un escenario seguro y será cada vez más habitual. De hecho aquí en México el programa Nueva Visión para el Desarrollo Agroalimentario se conoce como Vida y ya está en marcha con la participación de 40 compañías privadas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la parte pública. Según la información actual manifiesta tener 85 mil agricultores y agricultoras participantes en todo México, pero aspira a contar con la participación de 600 mil el próximo 2018. A escala mundial, en los próximos tres a cinco años, se espera que formen parte de esta legión de agricultores esposados a compañías multinacionales un total de casi 10 millones de personas.

Imaginen en las granjas, los prados, los pueblos a todas sus gentes campesinas con el mismo logotipo en su indumentaria. Imaginen.

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Gobierno ecuatoriano contra indígenas y ecologistas

El 20 de diciembre pasado, el gobierno de Ecuador inició el proceso para disolver la organización Acción Ecológica (AE), que tiene 30 años de trayectoria ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Esa medida de extremo autoritarismo e intolerancia a la crítica social, intentando acallar a una organización social independiente, coincide con el escalamiento de la militarización y represión contra el pueblo indígena shuar en la Cordillera del Cóndor y la denuncia por AE sobre las violaciones allí cometidas. ¿A favor de quién tanta violencia armada, institucional, social? Es para abrir paso y defender los intereses de Explorcobres S A (EXSA), empresa minera china, que además de contaminación, desolación y miseria para los pueblos indígenas, dejará apenas migajas al Ecuador.


El pueblo shuar no ha dejado dudas sobre su oposición a la minería y otros megaproyectos en sus territorios. Igual que otros pueblos indígenas han resistido activamente el avance de mineras y petroleras desde hace décadas. Les ha costado represión, criminalización y asesinatos de muchos líderes. Ya en 2006, los shuar expulsaron campamentos de EXSA y una hidroeléctrica que se disponía a abastecerle. Junto a otros pueblos formaron redes de pueblos contra la minería.


Esa fuerte movilización paralizó en 2006 proyectos mineros en varias provincias, motivando que el presidente Correa, entonces en campaña presidencial, asegurara que iba a revisar la política extractiva. Con el proceso de la Asamblea Constituyente se estableció un Mandato Minero, que incluyó terminar las concesiones mineras que no hubieran tenido procesos de consulta ambiental y a pueblos y nacionalidades indígenas, que afectaran las fuentes de agua, las áreas naturales protegidas y bosques y una moratoria a nuevas concesiones. Sin embargo, en la década transcurrida, el gobierno fue promoviendo normativas que vaciaron de contenido el Mandato Minero y en lugar de moratoria a nuevas concesiones, se convirtió en entusiasta promotor de la megaminería, ni siquiera como ejecutor, sino como facilitador de la explotación minera de empresas extranjeras (Acosta y Hurtado http://tinyurl.com/jjce45u).


En este contexto de creciente impunidad, en agosto de 2016, la comunidad shuar Nankintz, parroquia San Carlos Panantza, provincia de Morona Santiago en Ecuador, fue víctima de un desalojo violento por policías y militares, que arrasó sus casas y pertenencias y mató animales domésticos, dejando a los pobladores al descampado para dar paso a Explorcobres. (goo.gl/3mLNR9)


Este desalojo sucedió luego de una sesgada orden judicial que no tomó en cuenta la falta de consulta libre, previa e informada a que tienen derecho los pueblos indígenas, según lo establecido en leyes nacionales y tratados internacionales suscritos por Ecuador.


El pueblo shuar no aceptó el desalojo. El 21 de noviembre y 14 de diciembre, integrantes del pueblo Shuar intentaron recuperar el territorio en Nankintz, lo cual llevó a graves enfrentamientos con policía y militares que resguardan a la minera, con varios militares y policías heridos y un policía muerto. Desde el primer conflicto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, Confeniae, exhortó al gobierno a dialogar para evitar nuevas confrontaciones, pero no hubo acuerdo, al contrario, se escaló el conflicto deteniendo a varios líderes shuar y decretando estado de emergencia en la provincia.


Acción Ecológica es la organización ecologista más conocida y activa del país, con una larga trayectoria de defensa de los derechos de la naturaleza y de los pueblos, trabajando en conjunto con numerosas organizaciones comunitarias, barriales y de pueblos indígenas. El 18 de diciembre, en referencia al conflicto en Morona Santiago, llamó a crear una Comisión de Paz y Verdad. Explicaba los ecuatorianos y ecuatorianas apostamos por la paz en armonía con la naturaleza. Pero para alcanzar la paz, y que sea duradera, requerimos un baño de verdad. Necesitamos conocer ¿qué ha pasado en la Cordillera del Cóndor y en tantos otros territorios dónde se han impuesto proyectos mineros y de otra índole? (www.accionecologica.org)
El 20 de diciembre el gobierno respondió notificando el inicio del proceso de disolución de la organización, por difundir los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista en la Cordillera del Cóndor y por alertar sobre la violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. Acusación absurda, porque eso es justamente la misión de Acción Ecológica, que además nunca promovió actos violentos y por eso llama a establecer una Comisión de Paz y Verdad.


Es la segunda vez que el gobierno intenta cerrar Acción Ecológica –en 2009 decretó su clausura pero tuvo que dar marcha atrás– además de que la organización ha sufrido acoso de medios oficiales, robos y otros abusos, incluso ataque sexual contra una integrante, para disuadirles de sus actividades de denuncia, documentación y solidaridad.


Cientos de organizaciones de todo el mundo se han manifestado contra el cierre de AE y por el respeto de los derechos y territorios indígenas. Cinco relatores de ONU enviaron una carta al gobierno solicitando el cese inmediato de estas acciones, que asfixian a la sociedad civil.


Es absurdo y cínico que un gobierno que se autodenomina revolución ciudadana apele a cerrar a las organizaciones cuyas críticas no quiere oír. Y aún más grave que a más de 524 años de Conquista, siga arrasando a sangre y fuego contra los pueblos originarios del continente. Para expresar solidaridad http://accionesbiodiversidad.org/ archivos/152

 

Por SILVIA RIBEIRO, investigadora del Grupo ETC

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Sábado, 24 Diciembre 2016 07:37

La copa menstrual amenaza la regla de oro

La copa menstrual amenaza la regla de oro

Las multinacionales que hacen negocio con los úteros a través de compresas y tampones, también ocultan alternativas más económicas, saludables y respetuosas con el medio ambiente como la copa menstrual.

Las primeras compresas llegaban a España de la mano de las revistas del corazón allá por los sesenta, mientras que los anuncios de tampones empezaron a aparecer en los noventa. La industria está a día de hoy metida en todos los úteros que pueden pagar sus productos. A una media de 17 unidades sanitarias por menstruación durante 38 años de promedio, resulta que una sola mujer usa 7.752 compresas y tampones en su vida. Este hecho no solo genera toneladas de residuos, también asegura miles de millones de dólares a multinacionales como la estadounidense Procter&Gamble, dueña de Evax, Tampax y Ausonia.


Pero no es cuestión de culpabilizar a las mujeres, sino de poner el foco en este tipo de multinacionales que se dedican a decir a las mujeres a qué huelen las nubes y a ocultar alternativas más respetuosas con el medio ambiente y más saludables. Alternativas como la copa menstrual, de la que ellos no quieren oír hablar porque no son rentables en el mercado.


La ocultación de alternativas


“Recuerdo que hace unos cinco años, en una de las secciones del programa El Hormiguero en la que comentaban objetos ‘raros’ de teletienda sacaron una copa menstrual y empezaron a ridiculizarla entre risas”, explica en una entrevista para esta revista la ginecóloga y profesora de la Universidad de Granada, Enriqueta Barranco, para ilustrar cómo los poderes económicos han mercantilizado la menstruación. Durante el programa, el presentador Pablo Motos espetó: “¡Pero a qué degenerado se le ha ocurrido eso!”; mientras que otro de los conductores, Damián, bromea: “el chupito preferido de Drácula”; la sección colma la indecencia cuando otro de ellos dice: “Con Diva Cup (el nombre del modelo) ya no tendrás que levantarte cada dos horas por la noche para darle la vuelta a la compresa”.


Son cinco hombres en escena mofándose de algo de lo que no tienen ni idea. “Los anuncios de tampones y compresas venían después del programa. ¡Estaban comprados! Desde entonces ya no se ve El Hormiguero en mi casa”, añade Barranco, quien no tiene reparo en señalar que muchas actividades de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) están financiadas por estas multinacionales.


Queda bien claro en artículos como este, publicado en abril de 2001 en el portal especializado DMedicina: “Con el fin de llenar este vacío informativo y eliminar mitos y tabúes relacionados con la higiene femenina, la SEGO y Tampax han creado un programa de formación dirigido a profesionales de la medicina y usuarias de tampones”. Una agresiva estrategia de marketing en la que se imprimieron 800.000 folletos y que se desarrolló por aquel entonces para evitar el pánico ante la aparición del Síndrome del Shock Tóxico (SST).


Sobre esto, la portavoz de SEGO en ese momento decía que “en realidad, [el SST] tiene más relación con la higiene que con el tampón en sí. Por eso insistimos en el cambio frecuente de tampones”. No sólo incitaban a usarlos, sino a usarlos mucho, cuantos más mejor.


La historia: el poder de la rentabilidad


La copa menstrual es un invento del siglo XIX, el Museo de la Menstruación y Salud de la Mujer en Maryland (EE UU.) asegura que ya existían modelos desde 1867. Para conocimiento de Pablo Motos, la primera patente es de los años 30 y el “degenerado” que la inventó fue una mujer, Leona W. Chalmers. Se trataba de un recipiente fabricado con caucho vulcanizado, tal y como explican desde la cooperativa catalana Femmefleur formada por Eva Polio, Laida Memba, Cris Torres y Clara Guasch.


Cuatro mujeres que impulsan la iniciativa “La Copa Menstrual”, primera distribuidora en España. En su web, cuentan que al tiempo que la copa empezó a difundirse, apareció en escena Earle Haas, que patentó una empresa con un nombre muy conocido hoy en día: Tampax. A partir de aquí, “se vivió un largo silencio sobre el tema”, explica Femmefleur, que asegura que en 1963 dejó de fabricarse, sobre todo porque no era rentable. Dos décadas más tarde, en 1987 apareció en el mercado la copa menstrual de látex, reutilizable y en dos tamaños, cuyo éxito marcó el inicio del camino que llevó al año 2000, cuando se fabricó la primera copa de silicona.


Comparativa entre copa, tampones y compresas


Seis residentes de Matrona de los Hospitales Universitarios 12 de Octubre, La Paz, Fuenlabrada y la Fundación Alcorcón han llevado a cabo una revisión bibliográfica en inglés, español, francés y portugués sobre el efecto del uso de la copa menstrual para la higiene menstrual femenina en comparación a otros métodos. El resultado ha sido que la copa menstrual es mejor que los tampones y las compresas frente a la sequedad vaginal, el olor, el confort, la actividad física y la duración; mientras que los mayores temores aparecen por las fugas y por la dificultad de saber cuándo hay que cambiarla, “inconvenientes que desaparecen con el manejo habitual del producto”, indican.


Estas expertas concluyen que la copa menstrual, frente a otros métodos, disminuye las alteraciones de la flora y el PH vaginal; las infecciones vulvo-vaginales; las alergias; las alteraciones dérmicas; el coste económico; el impacto medioambiental y, además, no hay casos descritos del Síndrome del Shock Tóxico, favorece el conocimiento del cuerpo y es compatible con métodos anticonceptivos y práctica de relaciones sexuales.


En este sentido, y gracias a una encuesta vía redes sociales, esta revista cuenta con algunos testimonios de mujeres que explican su experiencia con la copa menstrual. Para conocimiento de los machos de El Hormiguero, todas son positivas, mientras que otras que aún no la usan aseguran que les falta información o, sin probarla aún, no confían en el método:
“Llevo utilizándola desde hace seis años y no la cambio por nada. Ya no sólo porque contribuyo con el medio ambiente, sino porque es saludable para mí”. Laura


“Soy mujer y hago todo el activísimo que puedo a favor de la copa por razones económicas, ecológicas y de la pura experiencia menstrual. Me cambió totalmente la percepción de la menstruación y del ciclo. Lo que más me sorprendió fue la poquísima cantidad de sangre que en realidad expulsamos y que no huela mal en absoluto cuando no está mezclada con químicos”. Anónimo.


“Llevo un tiempo usándola y estoy encantada. Me resulta muy cómoda. Además es ecológica y no usas cosas blanqueadas con lejía. No notas nada y económicamente es un acierto”. Carolina


“Me ha cambiado la vida, no puedo imaginarme el volver a usar tampones y/o compresas. Además de ecológica, barata y bonita (tengo una morada), resistente y cómoda. Ojalá la hubiese descubierto justo cuando me bajó la regla. Incalculable el dinero que me habría ahorrado”. Lau


“Yo no la uso. Me lo he planteado alguna vez, pero no me apetece nada utilizarla. Suelo sangrar mucho y pienso en cómo tendría que hacer para limpiarla cuando esté fuera de casa. Tati. A lo que otra usuaria, contesta, en el mismo hilo del foro:: “¡Qué va! Imposible. Yo sangro muchísimo y nunca me he rebosado la copa”. Lau


“Honestamente, ni había oído hablar de ella hasta que hace unos meses empecé a ver algunos anuncios por internet y me sonó a estafa. Al leeros hoy, me están entrando dudas, parece que sí existe en realidad y que merece la pena probarla”. Amada.


La información es la clave


Hace no mucho, trascendió a los medios que la CUP de Manresa planteó unos talleres públicos sobre la menstruación y las opciones de sangrado. “¡Qué barbaridad!”, “¡qué guarrería!” gritaban los tertulianos –seis hombres y dos mujeres– de La Marimorena, programa del canal 13TV, de la Conferencia Episcopal.


“Por favor, es que estamos en el siglo XXI”, decía una de ellas; “se puede defender el medio ambiente sin usar la copa”, decía la otra; “nos quieren adoctrinar”, seguían los demás hombres; pero, sin duda, la intervención de oro vino de la mano del periodista Jaime González que, entre risas, dijo: “A mí me parece que esto es una auténtica cochinada, producto de una señora que ha perdido en este momento el oremus. Esto viene de la típica pirada a la que estamos dedicando demasiado espacio”.


Una de las que según González está “pirada” es Gemma Tomàs i Vives, concejala de la CUP en Manresa. “Pensamos que estaría bien que fuera la Administración pública y municipal quien los impartiera para facilitar la empatía entre los jóvenes”, explica en una entrevista para esta revista, al tiempo que asegura que nunca pensaron que esto tendría repercusión mediática. “Creemos que es muy importante que las mujeres conozcamos nuestro cuerpo. El contacto con la sangre menstrual nos facilita este conocimiento. Tenemos que romper el tabú. Hablar de la menstruación y de todos los efectos que producen las hormonas sobre nuestros cuerpos. Tendría que ser normal entre mujeres, y también tendría que serlo hablarlo con los hombres. Que sepan cómo nos sentimos, cómo es”, cuenta. Sin embargo, los talleres, que se demuestran más que necesarios después de ver las reacciones al mismo, no se han realizado, de momento.


Entre las “degeneradas” que inventaron la copa, las “típicas piradas” que quieren hablar de la menstruación, la “cochinada” de usar alternativas a los tampones y compresas y la “barbaridad” y “guarrería” de todo este tema, está claro que lo que falta es cultura y que el objetivo de muchos es ridiculizar a las mujeres y hacerlas sentir sucias. Lo que ocurre es que lo que hemos perdido no es el oremus, sino el miedo.


La copa menstrual como fuente de información


“La ’regla’ es un objeto de medida exacta y el ciclo menstrual y la menstruación es la menos regla de la reglas”, explica la ginecóloga y profesora de la Universidad de Granada Enriqueta Barranco, para quien esta palabra debería dejar de utilizarse. “Nos han metido en la cabeza que la menstruación tiene que ser algo certero, cada 28 días; de lo contrario, estamos enfermas”, señala.

Y la enfermedad, conlleva el consumo de fármacos, por lo que todo apunta a que esta construcción de la realidad está velada para sacar beneficio. “La población no tiene ni idea de lo que es la menstruación” y el uso de la copa menstrual “ayuda a su conocimiento”, asegura. Esta ginecóloga y profesora también tiene facetas investigadoras; ha llevado a cabo un estudio junto a otras dos compañeras con la colaboración de 100 mujeres, que gracias a la copa, han podido donar su sagrado menstrual para su análisis. Entre los resultados, han descubierto que la media menstrual de sangrado es de 170 cm cúbicos, “el doble de lo que se cree, que son 80 cm cúbicos”, explica.

Otra de las conclusiones del estudio es que la sangre menstrual contiene niveles considerables de tóxicos procedentes de productos cosméticos, como parabenos (ácido para-hidroxibenzoico), que en la sangre corriente son invisibles y que afectan a la salud de la mujer. Sin embargo, pese a esta información tan relevante, Barranco asegura que están encontrando muchos problemas para sacar la investigación en medios científicos: “Si hubiéramos encontrado tóxicos en la leche materna, estaría ya publicado, pero al ser sangre menstrual, no. Sigue habiendo muchos prejuicios”.

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¡Al fin! intervenida Electricaribe S.A. E.S.P.

Luego de 16 años de quebrantos y pesares de los ciudadanos del Caribe colombiano, el Gobierno decidió intervenir a Electricaribe. La fase preliminar de la toma de posesión de la empresa ha empezado mientras el país mira con expectativas las medidas sobre esta electrificadora que ha generado enormes afectaciones económicas y sociales por la pésima calidad de su servicio. Inconformes los españoles con la medida, envalentonado el gobierno nacional que ahora deberá mostrar que defiende constitucionalmente los intereses de 2.5 millones de ciudadanos caribeños frente a los intereses de acumulación del capital transnacional.

 

Después de infinidad de promesas, concertaciones, la mediación del Presidente de la República, innumerables incumplimientos y grandes afectaciones a los habitantes del Caribe, el martes 15 de noviembre fue anunciada la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Electricaribe S.A. E.S.P., distribuidora de electricidad propiedad de la empresa española Gas Natural Fenosa, con operaciones desde el año 2000 en el territorio de la Costa Atlántica colombiana, donde cubre un total de 2.5 millones de pobladores.

La gota que rebosó la copa fue la iliquidez de la empresa que empezaba a tener grandes dificultades para pagar el suministro de electricidad que administra XM[1], situación de alto riesgo para la región pues podían proliferar los apagones o, incluso, podía quedarse sin suministro de electricidad. El ambiente caldeado, la presión social de la ciudadanía y mandatarios locales, así como la insistencia de la compañía en no capitalizarse ni en llevar los planes adecuados para mejorar el servicio, llevaron al Gobierno, por fin, a escuchar la demanda ciudadana que por años reclamó por la intervención de esta empresa,

Usando vestido negro, de saco y corbata, llegó el superintendente de servicios públicos José Miguel Mendoza Daza, a las instalaciones de Electricaribe en Barranquilla, para anunciar en persona la toma de la empresa por la entidad, la que en adelante se hará con el manejo de la electrificadora para buscar estabilizar el servicio y garantizar el pago a terceros. Con sorpresa fue recibido por altos funcionarios quienes, con actitud renuente, firmaron el acta de intervención ante Mendoza Daza, quien prosiguió a reunirse con los trabajadores para tranquilizarlos y anunciar algunos efectos de la medida.

 

La resolución que reglamenta la intervención

 

Mediante la resolución No. SSPD – 20161000062785 del 14/11/2016 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Esto significa que los bienes muebles e inmuebles, las cuentas bancarias, las deudas, etcétera, quedan bajo el dominio del organismo de control por un lapso no mayor a dos (2) años, tiempo durante el cuál debe procederse a solucionar los problemas que originaron la medida o liquidar la empresa.

Dos motivos fueron los principales causales de esta determinación. Están contenidos en el artículo 59 del capítulo 4 en la Ley 142 de 1994: “59.1. Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros”. Y “59.7. Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles”.

Argumentando las causas de la toma en posesión, la resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios explica: “10. Que de conformidad con las proyecciones de flujo de caja suministradas por ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., el déficit en la caja de la compañía para el mes de noviembre del 2016 (432.550.996.411) equivale al 55% de los egresos proyectados para ese mes; y el déficit proyectado para diciembre de 2016 ($655.313.484.945) es superior al total de egresos  proyectados para ese mes en flujo de caja ($543.324.488.534)”.

En la misma resolución la Superintendencia aclara que en comunicación del día 4 de noviembre, los expertos financieros contratados para analizar la situación de ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P., manifestaron: “la revisión hasta la fecha evidencia una empresa en situación financiera precaria que, con los niveles actuales de deuda neta, capital y generación operacional de caja, tendrá dificultad para poder cumplir tanto con las obligaciones de pago derivadas de su operación corriente, como con sus compromisos a largo plazo con terceros. Al mismo tiempo, dadas las dificultades recientes que la Empresa enfrenta, incluyendo la ejecución de garantías financieras por parte de varios acreedores, la posibilidad de acudir a fuentes de financiación externa se han vuelto más limitadas”.

Además, la Superintendencia agrega: “12. Que con base en lo anterior, el asesor experto financiero concluyó en la comunicación citada que “(…) sin fuentes no operacionales de financiación, tales como aportes o garantías de sus accionistas, existe el riesgo de que Electricaribe incumpla sus obligaciones de pago en el corto plazo””. Motivos suficientes para prever un incumplimiento en sus obligaciones contraídas con XM en el Mercado de Energía Mayorista, situación que puede derivar en interrupciones del servicio y en la subsecuente agudización de las alteraciones del orden público, como ha venido pasando en los últimos meses por cuenta de las constantes fallas en el suministro de electricidad.

 

La voz de Gas Natural Fenosa

 

El mismo 15 de noviembre en la ciudad de Barcelona se pronunció Gas Natural Fenosa, a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en España): “Gas Natural Fenosa ha mostrado su total interés en cooperar y colaborar con las autoridades de la República de Colombia, tanto en el pasado como ahora de cara al futuro. La empresa colombiana padece muy fuertes tensiones de tesorería consecuencia del impago de un elevado número de facturas de clientes en gran parte con suministro obligatorio, que a finales del tercer trimestre de 2016, de acuerdo con los estados financieros auditados de Electrificadora del Caribe, ascendían a un importe de COP 4.052.080 millones (€ 1.260 millones) y está provisionado en aproximadamente un 83%, así como adicionalmente a la existencia de un importante fraude en el consumo”.

Era de esperarse esta reacción. En los últimos años los artilugios empleados por Electricaribe y sus propietarios han apelado a culpar a las deudas del gobierno y la morosidad de los habitantes del Caribe por las deficiencias propias de su servicio, argumento falaz. Pero además, osan reivindicar para sí la propiedad de los bienes, haberes y dividendos de la empresa: “De acuerdo con el procedimiento iniciado, Gas Natural Fenosa mantiene la consolidación de Electrificadora del Caribe por el método de integración global, y espera que dicha administración temporal no tenga impacto sobre la operativa habitual de la sociedad. Asimismo, no se estima que la mencionada medida temporal de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la compañía colombiana tenga impacto sobre el EBITDA ni el resultado neto de Gas Natural Fenosa, así como tampoco sobre el cash-flow, no afectando por tanto a su actual política de dividendos”. Descaro.

Paradoja. En las cifras de Electricaribe y sus propietarios nunca aparecen, por supuesto, el total de los$346.932.1 millones de pesos que fueron girados por el Gobierno que correspondían a la ejecución de Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE, en las vigencias 2008, 2011, 2012 2013 y 2014, destinados normalizar a 102.540 usuarios (Ver Recuadro 1), tampoco las cuentas de los $133.401 millones girados entre el 2011 y 2016 por el Gobierno y del posible detrimento de $65.733 millones sobre estos recursos que expone la Contraloría General de la Nación.

 

La preocupación se difunde en España

 

El “temido” enfado y respaldo del gobierno español, usado con frecuencia por los directivos de Electricaribe para amedrentar al gobierno colombiano cuando intentó apretarle el cinturón a esta empresa (para luego darle indulgentes reprimendas), llegó por cuenta de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español: “El gobierno español manifiesta su preocupación ante la intervención por las autoridades colombianas de la empresa Electrificadora del Caribe (ELECTRICARIBE) controlada por Gas Natural Fenosa. Esta empresa española lleva años trabajando e invirtiendo en Colombia y ha mostrado su interés en cooperar y colaborar con las autoridades colombianas. El gobierno español confía en que esta medida de intervención sea solo temporal y que alcance un arreglo satisfactorio para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de la empresa y de los usuarios”.

Ahora la pelota de la soberanía y de la dignidad nacional (si es que existe), se encuentra en la cancha del gobierno colombiano quien con sus acciones deberá lograr la absolución por dos errores que propiciaron la situación con Electricaribe: “Primero, por ser el responsable de la laxitud de los organismos de control con competencias directas sobre esta empresa. La tolerancia ha sido extrema, incluso cuando actuaciones de esta compañía han derivado en graves alteraciones al orden público en decenas de municipio de la Costa Atlántica […]. Segundo, es el responsable de estructurar políticas para el sector eléctrico donde él, o los usuarios, deben “pagar por la harina y por el molino”. En los últimos veinte años los gobiernos impulsaron leyes o promulgaron decretos que impusieron a los colombianos comprar la electricidad a privados, en un lucrativo negocio, además de pagar por que fuera generada eficientemente y a un bajo costo en épocas de crisis; también para que pudiera conducirse por redes con especificaciones técnicas loables hasta sus hogares”[2]

Como lo reglamenta la Ley 142, la Superintendencia intervendrá a Electricaribe por un plazo no mayor a dos años, tiempo en el que debe decidir liquidar o no a la empresa, si no se superan los problemas que dieron origen a la medida. Considerando los efectos de la intervención (destitución de junta directiva de Electricaribe) y la renuencia de Gas Natural Fenosa para capitalizar la empresa, es de esperarse que sea el Estado quien “raspe la olla” para inyectar recursos y subsanar la situación de la electrificadora, pero si hace esto se verá en el dilema de devolverle la empresa a Gas Natural Fenosa o liquidarla, asumiendo: 1. la operación de la electrificadora (estatizarla) o 2. Entregarla a un operador local total o parcialmente. Interesante diatriba.

En todo caso, lo que resalta esta intervención es la quiebra de un modelo privatizador que regaló los bienes públicos a empresas capitalistas, dándoles manga ancha para sus operaciones, permitiéndoles todo tipo de desafueros, y facilitando la elevación de las tarifas por el servicio prestado, es decir, colocando a la ciudadanía a enriquecer empresas de interés particular.

Lo que coloca a la orden del día esta intervención es, entonces, la necesidad de revertir el proceso vivido, reestatizando este tipo de empresas pero, sobre todo, abriendo un debate y proceso nacional a través del cual esta posible nueva estatización de bienes y servicios estratégicos sea asumida superando los errores del pasado, para lo cual es indispensable que la ciudadanía y los trabajadores intervengan en el diseño, operación y administración de estos bienes públicos, para que además de estatales sean en verdad públicas.

 

[1]  Compañía de expertos de mercados, es la empresa que opera y administra el mercado eléctrico colombiano. XM es una empresa filial de ISA.XM se encarga de operar el Sistema Interconectado Nacional colombiano a través del Centro Nacional de Despacho –CND– y de administrar el Mercado de Energía Mayorista –MEM–. Además, XM administra las Transacciones Internacionales de Electricidad de corto plazo –TIE– con Ecuador y coordina la operación interconectada con el Sistema Eléctrico Venezolano

 


(Recuadro)

 

Las apropiaciones ilegales de Electricaribe

 

Tomado de: “La crisis de Electricaribe fue auspiciada por el Gobierno”. https://desdeabajo.info/ediciones/item/29582-la-crisis-de-electricaribe-fue-auspiciada-por-el-gobierno.htm desdeabajo. Edición Agosto 20–Septiembre 20 de 2010.

Mediante el boletín de prensa #1318 la Contraloría General de la República informa: “Apenas $7.734 millones de pesos del Programa de Normalización Eléctrica (Prone)[3] que debía ejecutar Electricaribe, se encuentran en fiducias, y el resto de recursos, $141.135 millones, fue girado por estas a terceros autorizados por la empresa electrificadora”. Esto quiere decir que recursos girados por el Gobierno a la electrificadora para legalizar usuarios y adecuar las redes de los barrios subnormales pudieron ser transferidos a terceros, cometiéndose una clara extralimitación y un manejo dudoso de los recursos que fueron empleados, en el mejor de los casos, para sufragar costos que se encuentran por fuera de lo contemplado en el programa de apoyo gubernamental.

Precisa el organismo de control en su boletín: “En términos generales, de los $141.135 millones que las fiduciarias recibieron del Ministerio de Minas y Energía se entregaron el 95% ($133.401 millones), desde el 2011 al 30 de abril de 2016. Se trata de recursos PRONE asignados a través de 3 contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía con Electricaribe: GSC-226-2012, por $21.489 millones; GSC 157-2012, por $86.072 millones; y GSA-106-2011, por $46.076 millones”.

Esta tabla muestra los detalles de un posible detrimento patrimonial del orden de $65.733 millones de pesos por cuenta de Electricaribe, quien además de maltratar a los usuarios, incumplir en el servicio, también osó despilfarrar sistemáticamente los fondos que el Estado destinó para que fueran invertidos en el mejoramiento de las condiciones técnicas del servicio. Aunque el plazo máximo de ejecución de estos tres proyectos era el 31 de diciembre del 2015, y fueron desembolsados el 95 por ciento de los recursos, el cumplimiento de los contratos GSC 226, 227 y GSA 106 apenas fue del 44.7 por ciento, 68 por ciento y 27 por ciento respectivamente ¿A dónde fue a parar el resto del dinero?

Pero esta situación no era nueva, en el “Informe de actuación especial a los recursos de los fondos PRONE y FAER, transferidos por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe S.A E.S.P, durante las vigencias 2008 al 2014”, publicado por la Contraloría General de la República en noviembre del 2015 se detalla: “Para el área de influencia de Electricaribe, le asignaron $346.932.1 millones que corresponde a la aprobación de Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE, en las vigencias 2008, 2011, 2012 2013 y 2014, para normalizar a 102.540 usuarios”. Más adelante, en el mencionado informe se precisa: “No obstante haber girado el MME los recursos oportunamente, a la fecha no se han iniciado los proyectos PRONE y FAER 2014 y se observa una baja ejecución de los recursos del FAER vigencia 2013 [...]”. Era vieja la costumbre de la empresa de malversar los recursos girados por el Gobierno, ¿Y las sanciones de los entes de control?

Además de lo anterior, el informe de actuación especial de la Contraloría destaca 20 hallazgos que produjo su actuación de fiscalización, entre los que destacan: pobres avances en las obras, incumplimiento en las contrataciones para ejecutar los proyectos de normalización de redes, cesiones de contratos de normalización sin autorización del Ministerio de Minas y Energía, desembolsos a contratistas y proveedores de Electricaribe por fuera de la reglamentación, diferencia entre lo aprobado y lo ejecutado por sobre-estimación del número de beneficiarios, pésimos manejos de las interventorías en las obras de los contratistas de Electricaribe, y gran laxitud de esta empresa ante sus incumplimientos, entre otros.

 

[3]Según el Artículo 1° del Decreto 1123 del 11 de abril del 2008: “Programa de Normalización de Redes Eléctricas. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006, el Programa de Normalización de Redes Eléctricas tendrá como objetivos la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN. Parágrafo. El Programa de Normalización de Redes Eléctricas, que se denominará PRONE, consiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos elegibles de conformidad con las reglas establecidas en el presente decreto y las normas que lo sustituyan o complementen, cuya vigencia será igual a la establecida para los diferentes fondos que financien el Programa”.


 

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