El poder de las farmaceúticas y el derecho a los medicamentos

ALAI AMLATINA, 02/09/2016.- Por contradictorio que parezca, las grandes empresas farmacéuticas dan muy poca prioridad al derecho humano a la salud, a pesar de que les corresponde un rol estratégico en este marco. Su meta principal es la ganancia, y como trabajan en una industria cuyos clientes finales son de alta vulnerabilidad –las personas con enfermedades– les da un margen mucho mayor que en otras industrias para fijar precios exagerados. Corresponde, entonces, a los Estados establecer los parámetros de operación de estas empresas en aras del interés público y para garantizar el derecho a la salud.

No obstante, los pequeños países en desarrollo tienen poca capacidad de negociación frente a estas empresas, y si son parte de acuerdos comerciales, se encuentran muchas veces con las manos atadas por medidas como la extensión desproporcionada de los plazos de patentes o las garantías de ganancias que las empresas pueden invocar en tribunales de arbitraje cuando sienten sus intereses afectados por políticas públicas. Fue el caso del litigio que presentó la multinacional tabacalera Phillip Morris contra Uruguay, cuando ese país adoptó legislación para proteger la salud de los fumadores[1].

En este contexto, constituye un antecedente alentador que, en marzo último, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó dos resoluciones significativas para garantizar el derecho humano a la salud. La primera reafirma que el acceso de todas las personas a medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una condición para gozar del derecho a la salud, considerando que ello podría salvar millones de vidas cada año; y la segunda reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de los Estados en materia de salud pública.

Estos acuerdos, adoptados además por consenso –lo que es poco usual en estos temas–, constituyen un respaldo político, particularmente para los países en desarrollo que buscan adoptar políticas para ampliar la protección de su población. En tal sentido, el Consejo de la ONU alienta a los países a utilizar las flexibilidades ya disponibles bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual), para reducir el costo de las medicinas.

El South Centre, en un documento de propuestas presentado a un Panel de Alto Nivel sobre el Acceso a las Medicinas, de la ONU[2], recomienda que: “Una manera efectiva para abordar la incoherencia en políticas entre el derecho a la salud por sobre las reglas comerciales y los reglamentos de propiedad intelectual (PI), consiste, en primer lugar, en afirmar la primacía del derecho a la salud para todos, por encima de las reglas comerciales y de PI. Alcanzar la buena salud y el bienestar es un objetivo, además de ser un derecho humano, mientras que el comercio o la propiedad intelectual son medios. Por lo tanto, la salud debe primar sobre el comercio o la PI”.

La compra pública agregada

Uno de los mecanismos que algunos países ya están implementando para enfrentar el poder económico de las grandes empresas farmacéuticas es a través de la compra pública. Centroamérica, por ejemplo, ya cuenta con un mecanismo común a través de COMISCA[3], mediante el cual compra en conjunto unas 64 medicinas básicas, lo que le da una mayor capacidad de negociación frente a las empresas productoras. Este mecanismo se denomina “compra agregada”.

Ecuador acaba de hacer lo propio, con la compra inicial de 326 medicamentos por subasta inversa (o sea, donde gana la oferta de menor precio), para aprovisionar todo el sistema público de salud del país durante los próximos dos años. Primero, el año pasado, se realizó un análisis regional de los precios de todos los medicamentos más esenciales, aquellos usados para el tratamiento de las principales causas de muerte en la región, que reveló que una misma casa comercial vende el mismo medicamento en diferentes países con variaciones de precios que pueden llegar al 300% o incluso 600%. Santiago Vázquez, Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador –SERCOP–, comentó a ALAI que ello se da porque, cuando las empresas farmacéuticas ven la oportunidad de obtener mayor renta de corto plazo “lo han hecho sin ningún miramiento... lo que vimos en América del Sur y América Latina es una gran estrategia de control de poder del mercado”.

También la ONU y la Comisión Económica Europea han elaborado informes que indican que las farmacéuticas establecen precios exorbitantes, utilizando todo una red de mecanismos: pacientes, ONGs, medios de comunicación, médicos, para direccionar la compra hacia ciertas marcas; por ello la ONU recomiendo establecer mecanismos como procesos agregados de compra, señaló Vázquez.

Cuando se les obliga a las empresas a competir en precios para vender en cantidad, igual les interesa. Más de 160 empresas participaron en la subasta ecuatoriana; entre ellas 27 latinoamericanas de las cuales 7 resultaron adjudicatarias. La compra significó un ahorro para el país de 320 millones de dólares. Lo novedoso de la subasta ecuatoriana es que se realizó de manera totalmente electrónica y automática, y en forma pública, lo que posibilita la veeduría social.[4] “Todos pueden ver los medicamentos que ha comprado el Estado, su registro sanitario, el precio adjudicado”, informó el funcionario.

No obstante, el director de SERCOP lamenta que ciertas empresas se han empeñado en tratar de desvirtuar el proceso, en particular criticando la inclusión de medicamentos genéricos, como si fueran de menor calidad. La calidad no depende de un patente, enfatizó. Más bien el proceso de compra ha previsto un mecanismo de control de calidad de los medicamentos, que, además del registro sanitario como requisito básico, incorpora una red de laboratorios que reciben muestras aleatorias de parte de los organismos de inspección, y cuyos resultados se publican en la Web.

En este sentido, destaca también como tema clave el rol de los medios de comunicación en las compras públicas. Sercop ha expedido un manual de buenas prácticas en contratación pública, con un capítulo específico para los medios, que llama a un pacto social. Vázquez resaltó que Ecuador fue gravemente afectado por un conflicto de intereses de un canal de televisión privado, que hizo campaña durante seis semanas contra la subasta, con desinformación y desequilibrio en la cobertura. “Cuando se hacen los análisis del caso, resulta que hay un claro conflicto de interés entre el canal, la periodista y el mundo farmacéutico, porque su familia tiene relación directa con la venta de medicamentos al Estado”. Cuando SERCOP solicitó un recurso ante la Superintendencia de Comunicación, fue tildado de atentado a la libertad de expresión, versión que tuvo eco en medios internacionales. Por ello Vázquez insiste en que los medios de comunicación clarifiquen si tienen o no conflictos de interés cuando se trata de cubrir noticias sobre las compras públicos.

Entre tanto, Ecuador ha entregado a Unasur y su Consejo de Salud (ISAGS) los resultados de su estudio de los precios de medicamentos en la región, con la esperanza de poder concretar una compra de medicamentos a nivel de América del Sur.

“Las empresas farmacéuticas, conocidos como los ‘big pharma’, se han repartido el mercado mundial, y han indicado en qué continentes van a aplicarse –comentó Santiago Vázquez–. Tanto las ‘big pharma’ como las empresas locales de medicamentos a nivel latinoamericano, ven a las medicinas como un negocio y no como un derecho. Frente a ello, la labor de los Estados es equilibrar las condiciones para que los medicamentos se conviertan en un derecho y no un negocio. Para eso, la compra pública juega un rol fundamental”, concluyó.

Por Sally Burch, periodista, ALAI.

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[1] Uruguay recientemente ganó el caso en el CIADI, lo que crea un antecedente muy importante, ya que estos tribunales suelen fallar lo más a menudo a favor de las empresas.
[2] Improving Access to Medicines: What needs to be done, South Bulletin 91, 18 June 2016, www.alainet.org/en/articulo/178356
[3] COMISCA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana.
[4] Todo el proceso se puede visualizar en el sitio web de la compra: https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/.

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Fueron asesinados 185 ambientalistas el año pasado, reporta Global Witness

Unos 185 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados durante 2015 en el mundo, cifra nunca antes vista, con Brasil, Filipinas y Colombia entre los más mortíferos, y México en décimo lugar con cuatro muertes, de acuerdo con el informe anual de Global Witness difundido este lunes.

"En 2015 más de tres personas a la semana fueron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y ríos frente a industrias destructivas", declara el informe "En terreno peligroso". Agrega que "el medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que vive ahí", afirmó Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness, organización con sede en Londres.

La cifra de casos documentados en 16 países (señala que hay muchos más aún bajo investigación) representa un incremento de 60 por ciento respecto de 2014 y el más alto desde que se iniciaron estos informes anuales, en 2002. La minería fue el sector en el que hubo el mayor número de asesinatos de defensores del ambiente.

Brasil encabeza la lista con 50 ambientalistas asesinados; seguido de Filipinas con 33, y Colombia con 26. Después se ubicaron Perú (12), Nicaragua (12), República Democrática del Congo (11), Guatemala (10), Honduras (ocho, no incluye el caso de Berta Cáceres, quien fue asesinada este año), India (seis) y México (cuatro).

Según el informe, 67 de los defensores de la tierra y el medio ambiente (40 por ciento del total) asesinados en 2015 eran integrantes de comunidades indígenas.

La organización pide la intervención de los gobiernos en lo que considera una espiral de violencia contra ambientalistas, investigar los casos, defender el derecho de los activistas a oponerse a proyectos destructivos del medio ambiente y sus tierras, y "solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y las actividades ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales".

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“Guerras del agua’’ de Israel: “apartheid acuífero” desde Cisjordania hasta Iztapalapa

Israel, cada vez más aislado con uno de los peores regímenes criminales del planeta, se enfoca a que padezcan sed casi 3 millones de habitantes de Cisjordania, aglomerados en 5 mil 860 kilómetros cuadrados y desconectados territorialmente de casi 1.9 millones de sus hermanos de Gaza, hacinados y calcinados en 360 kilómetros cuadrados superlativa cárcel humana terráquea.

Mekorot, siniestra empresa estatal (sic) de agua de Israel –de fuertes vínculos con el fallido "México neoliberal itamita"–, impide el acceso al agua potable de decenas de miles de palestinos en Cisjordania.

No basta que el estado racista/ apartheid de Israel practique su infanticidio contra los palestinos de Gaza, con el fin de expoliar sus pletóricas reservas de gas (http://goo.gl/AYmjCp).

Ya había previsto en mi libro Guerras globales del agua, el apartheid acuífero global de Israel (http://goo.gl/k33BqJ).

El exitoso portal Russia Today –prohibido en Argentina por el neoliberal filosionista Macri, quien teme la crítica a sus ex acciones– entrevistó a Ramzi Baroud (RB), editor de The Palestine Chronicle, sobre la "guerra del agua de Israel contra los palestinos".

RB comenta que el objetivo de Israel y su "castigo colectivo" consiste en que los condenados palestinos no tengan acceso al agua y así "asegurar que no desarrollen su economía" que depende "entre 14 a 20 por ciento de la agricultura", por lo que "negarle el agua" destruye sus cosechas, concomitante a una “crisis humanitaria (http://on.rt.com/7fv8)”. ¡La nueva "guerra agrícola" de Israel!

RB fustiga que "la tragedia de todas las tragedias es que el agua que retienen los israelíes sea de Palestina". Israel "roba el agua de los palestinos de los acuíferos de Cisjordania".

Desde hace 68 años, Israel libra varias "guerras del agua" en todas las fronteras con sus vecinos usurpados: Siria, Líbano, Egipto, Cisjordania/Gaza, habiendo concluido solamente un plausible acuerdo con Jordania por el reparto del río Jordán.

El primer Netanyahu anexó las Alturas del Golán de Siria con el fin de controlar el mar de Galilea (http://goo.gl/fPywwe).

The Times of Israel abordó hace tres años el "complot etíope-israelí para desviar las aguas del Nilo azul (nota: una de sus dos ramas)", cuando los expertos advierten que la construcción de la Gran Presa Renacimiento de Etiopía –la mayor en África que alteraría el trayecto del "Nilo azul"– podría destruir la agricultura egipcia (http://goo.gl/H9uAm9)”. ¡Otra "guerra agrícola" de Israel!

La prensa árabe atribuye a Israel la "instigación" de la presa etíope que afectaría a 5 millones de campesinos egipcios, cuando las "empresas israelíes han firmado contratos para controlar la distribución de su energía".

Avigdor Liberman, quien debería estar en tratamiento siquiátrico en lugar de la cancillería de Israel, había amenazado de "bombardear la presa Aswan e inundar Egipto". ¡Uf!

¿Las dos franjas azules de la bandera israelí simbolizan los ríos Nilo y Éufrates (que baña Turquía, Siria e Irak) cuando sus guerras del agua comportan un carácter paleo-bíblico/mitológico/irredentista que atenta con el vapuleado derecho internacional?

La oficina del primer ministro palestino Rami Hamdallah denunció que Israel "libra una guerra del agua contra los palestinos"; los colonos de asentamientos ilegales israelíes gozan de servicio ininterrumpido del líquido, mientras los palestinos son obligados a gastar enormes cantidades de dinero para comprar lo que es suyo (http://goo.gl/m98DuU)”. ¡No, bueno!

Mekorot, "principal abastecedor (sic) de agua a villorrios y ciudades palestinos, es acusada de manipular el abasto", lo cual deja a decenas de miles de palestinos sin agua potable durante el noveno mes sagrado lunar islámico del ayuno diurno del Ramadán.

Jamal Dajani, subalterno del pemier palestino, condenó las prácticas de Mekorot como "inhumanas y ultrajantes" cuando "Israel no solamente se adueña sistemáticamente de la tierra palestina y usurpa sus recursos naturales, sino que rehúsa conceder a los palestinos el derecho al agua", cuando varias partes de territorios ocupados por Israel "no han recibido el recurso por más de 40 días", donde familias enteras viven con un mínimo de 2 litros y hasta 10 litros por día, lo que obliga a su racionamiento y se agrava con el ardiente verano.

Israel "niega (sic)" haber cortado el abasto a Cisjordania (http://goo.gl/OAmqYK) y Mekorot, que suple 80 por ciento del agua potable de Israel y 70 por ciento de su abasto, tergiversa que es "resultado de la escasez (¡supersic!) del abasto del hídrico en Cisjordania".

¿Por qué no sufren la misma "escasez" los casi 600 mil (¡supersic!) colonos ilegales israelíes, quienes consumen de cinco a 175 veces más que los palestinos en Cisjordania, dependiendo de la zona boicoteada por Mekorot?

Mekorot ha sido denunciada por su apartheid acuífero global (http://goo.gl/93GjSC).

Ciudad de la Plata, provincia de Buenos Aires, suspendió su acuerdo con Mekorot (http://goo.gl/t85aR1) que aplica por doquier el síndrome de la fétida “ley Korenfeld (http://goo.gl/8bk3wN )”.

El sesgado y mendaz DiarioJudio.com publicitó hace dos años que Mekorot tenía a su cargo “rehabilitar (sic) los acuíferos mexicanos (http://goo.gl/C5cMjI)”.

Mekorot y Conagua, todavía teledirigida por el deshonesto Korenfeld –quien compite con su esposa Sandra Kershenobich en saquear a México (http://goo.gl/tDifll)–, establecieron la "segunda fase para solucionar (sic) problemas hídricos en México", en la comarca lagunera y el centro de México, y propondrán una solución para el acuífero Cuautitlán-Pachuca (http://goo.gl/CNXQ9d).

Mekorot también participa(rá) en el estudio del acuífero profundo de Iztapalapa en la Ciudad de México, donde su "gobierno" aceptó 10 mil millones de pesos de "préstamo" del tóxico Banco Mundial para la subrepticia privatización del agua (http://goo.gl/C7RZfY).

Suena esquizofrénico que Mekorot se posicione para evitar la "carestía" del agua a escala global, incluyendo el colonizado "México neoliberal itamita", mientras en Cisjordania matan de sed a los palestinos.

¿A poco Mekorot y su pestilente socio Korenfeld tratarán mejor a los mexicanos de Iztapalapa/Cuautitlán/Pachuca que a los palestinos de Gaza/Cisjordania?

Mekorot tiene como objetivo “controlar el mercado global del agua (http://goo.gl/ucfbxq)” y ya colocó sus codiciosos ojos en los 800 mil millones de dólares que costarán los "daños" por el monetizado "cambio climático" y el abasto de "agua fresca" en las próximas décadas, cuando la demanda global se incrementará 55 por ciento, según la OCDE, "dirigida" por el tamaulipeco Ángel Gurría, sempiterno títere de la banca israelí.

Más allá de sus suculentos negocios de venta masiva de armas, software, "seguridad", y su control de inmobiliarias burbujeantes y de la mayor parte de la banca (Reserva Federal, Wall Street, la City, etcétera), al unísono de la formación/exportación/adoctrinamiento de banqueros neoliberales centralbanquistas (Brasil, Argentina, Perú y México), su verdadero meganegocio será el ominoso control del agua desde Cisjordania hasta Iztapalapa: espeluznante dictadura global del implacable apartheid acuífero de Israel.

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Temor del 1% a los de abajo, causa del impeachment

La pregunta decisiva, ante la crisis brasileña, debería ser: ¿por qué los grandes empresarios que habían apoyado a Lula y a Dilma rompieron con los gobiernos del PT y lanzaron una potente ofensiva hasta conseguir la destitución? La ofensiva de la derecha brasileña contra la presidenta Dilma Rousseff fue producto de un viraje abrupto, a consecuencia de la intensificación de las luchas de clases, en particular de los pobres, negros y habitantes de las favelas.

Para dilucidar esta hipótesis es necesario reconstruir lo sucedido en los años pasados. Los hechos dicen que el punto de inflexión en la tolerancia de la burguesía sucedió en 2013. Con la distancia del tiempo es posible mostrar la confluencia entre diversos sectores de trabajadores y de jóvenes en una coyuntura que permitió dar un enorme salto cualitativo en la capacidad de movilización de los sectores populares. Para ello veremos tres hechos: las movilizaciones de junio de 2013, el alza notable de las huelgas y la creciente organización de los diversos abajos.

Sobre el primer punto hemos hablado bastante: en junio de 2013 millones de jóvenes ganaron las calles contra el aumento al transporte urbano y la represión policial, en acciones que deben comprenderse como una gigantesca denuncia contra la desigualdad que los gobiernos del Partido de los Trabajadores no modificaron, aunque hayan disminuido la pobreza. Hoy sabemos que la desigualdad no sólo no cayó, sino que tiende a aumentar, incluso en los periodos de bonanza económica, cuando el uno por ciento acaparaba 25 por ciento de la riqueza, porcentajes que habrán subido durante la presente crisis.

La segunda se relaciona con las huelgas. Las luchas obreras en Brasil habían alcanzado un pico luego de la salida de la dictadura, en el periodo de aprobación de la nueva Constitución Federal en 1988 y las primeras elecciones presidenciales directas en 1989. En esos años se alcanzó un pico histórico de mil 962 huelgas, en 1989, y algo menos en 1990, para descender abruptamente en la década neoliberal y estabilizarse bajo los dos gobiernos de Lula en torno a 300 huelgas anuales.

En 2013 se produjo un aumento repentino de las huelgas (aunque en 2012 ya habían crecido), batiendo el récord de la serie histórica de los 30 años pasados. Según el informe del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Económicos, Balance de las huelgas en 2013 (http://goo.gl/o35Wi6), ese año hubo 2 mil 50 huelgas. Pero el crecimiento cuantitativo es un dato que no alcanza a mostrar los fuertes cambios registrados en las protestas.

El informe citado destaca que hubo una expansión de las luchas hacia sectores que habitualmente no se movilizan. Sostiene que hubo un desborde de las categorías profesionales más frágiles, tanto desde el punto de vista de las remuneraciones como por las condiciones de trabajo, salud y seguridad. Se refiere, de modo particular, a los trabajadores de la industria de la alimentación y la limpieza urbana.

En la industria frigorífica trabajan 800 mil personas, de las cuales entre 20 y 25 por ciento presentan problemas de salud, ya que realizan entre 70 y 120 movimientos por minuto, cuando se recomienda no superar 35. En 2010, 70 por ciento de los obreros de la multinacional Brasil Foods sufrían dolores por el trabajo, y 14 por ciento pensaron en suicidarse por la presión a que los someten (http://goo.gl/x0Bxfi). Un joven que ingresa a la industria a los 25 años, a los 30 ya tiene lesiones irreversibles.

Los trabajadores de la limpieza urbana de Rio de Janeiro realizaron una huelga memorable durante el carnaval de 2014 y consiguieron aumentos de 37 por ciento en sus salarios. Fue una huelga masiva y combativa que se sostuvo con base en la democracia directa, desconociendo al sindicato burocrático (http://goo.gl/zvl58G). La inmensa mayoría son negros y mestizos que viven en las periferias urbanas y en las favelas.

En 2014 irrumpieron las camadas menos calificadas y peor pagadas de la clase trabajadora, alentadas por las movilizaciones de junio de 2013 e impulsa-das por la crisis que se comenzó a sentir en 2012.

La tercera cuestión consiste en el aumento de la organización y el activismo en las favelas, donde viven los brasileños más pobres. El 24 de junio de 2013, mientras millones se manifestaban en paz en las avenidas, la policía ingresó disparando al Complexo da Maré, en Rio de Janeiro, y asesinó a 10 jóvenes negros. Es lo común. Lo diferente fue la respuesta de los favelados: 5 mil vecinos cortaron la estratégica avenida Brasil durante dos horas. Fue el comienzo. En julio, las acciones se multiplicaron por la desaparición del obrero Amarildo de Souza en la Unidad de Policía Pacificadora (UPP), de la favela Rocinha.

En diciembre y enero sucedieron los rolezinhos de miles de jóvenes pobres que se reúnen en los shoppings y desafían, bailando, a la policía. De ahí hubo decenas de reacciones a la brutalidad policial. Los favelados neutralizaron el control y comenzaron a organizar en muchas favelas grupos culturales, de denuncia, de defensa de los derechos humanos, que se conectan con otros grupos de otras favelas. Han perdido el miedo.

Los de abajo relanzaron su lucha por la dignidad y por la vida. Fue la señal de alarma para los de arriba. En uno de los países más desiguales del mundo, donde las clases coinciden con el color de piel, el clasismo y el racismo se expresan con la brutal violencia que caracteriza a las sociedades coloniales. Porque Brasil debe ser analizada como sociedad colonial, donde la acumulación de capital se apoya en la segregación que supone el no reconocimiento de la humanidad de los de abajo.

La crisis ha develado que la democracia es apenas el taparrabo que usan los de arriba para esconder sus vergüenzas: la primera y básica es que no están dispuestos a compartir el pastel con negros y mestizos. Para ellos, sólo las migajas que sobran. Pero el problema es otro: nos creímos el cuento. Unos por conveniencia. Otros por pereza o miedo.

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Viernes, 06 Mayo 2016 08:13

Hacia un autoritarismo reforzado

Hacia un autoritarismo reforzado

Se piden entre cinco y diez años de cárcel para tres personas –dos que filtraron los papeles conocidos como Lux Leaks y el periodista que difundió la información– por haber revelado que 350 grandes multinacionales tenían acuerdos con el pequeño ducado (y gran plaza financiera) de Luxemburgo para ahorrarse millones en impuestos.

El 25 de abril se abrió un proceso judicial contra tres personas –dos que filtraron los papeles conocidos como Lux Leaks y el periodista que difundió la información– acusadas de robo de documentos, difusión de información confidencial y violación del secreto profesional. Se piden entre cinco y diez años de cárcel por haber revelado que 350 grandes multinacionales tenían acuerdos con el pequeño ducado (y gran plaza financiera) de Luxemburgo para ahorrarse millones en impuestos.


Entre las empresas involucradas figuran Pepsi, Amazon, Aig, McDonald’s, Bnp Paribas y Fiat, que pagan cifras ridículas por impuestos gracias a sus acuerdos secretos. Es el primer juicio que se realiza luego de la aprobación de la directiva Trade Secrets, el pasado 14 de abril, que permite a las multinacionales determinar lo que entienden por secreto comercial, dejando en sus manos el manejo de un área que hasta ahora era de competencia estatal. En Estados Unidos se aprobó una legislación similar que busca otorgar impunidad a las empresas ante quienes realizan filtraciones.


El juicio en curso afecta a dos ex empleados de una de las mayores consultoras del mundo, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Antoine Deltour y Raphaël Halet, y al periodista francés Edouard Perrin, que elaboró un programa de televisión y luego envió los datos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Cipj), la misma institución que acaba de difundir los papeles de Panamá. Deltour ha copiado 28 mil documentos que describen casi 350 arreglos fiscales aprobados por la administración entre 2002 y 2010. Junto a Halet, Deltour entra en la categoría de “lanzadores de alerta”, esos funcionarios de empresas públicas o privadas que sin interés personal alguno o ánimo de lucro filtran documentación secreta o confidencial con un fin ético. El juicio que se lleva a cabo en Luxembugo los pone en la mira, al igual que a los periodistas que difunden las filtraciones.


Los dos ex empleados de PwC proporcionaron documentos que dejan en evidencia que Luxemburgo funciona como un gran paraíso fiscal. Según un estudio del Parlamento Europeo, la evasión fiscal de las grandes empresas tiene un costo anual por ingresos fiscales perdidos que oscila entre 50.000 y 70.000 millones de euros.


“La acusación formulada contra Perrin por hacer su trabajo como periodista es una afrenta a la libertad de prensa, y los cargos contra los filtradores muestran el desprecio de las autoridades de Luxemburgo respecto del papel vital que desempeñan los denunciantes para asegurar la transparencia”, señaló el director del Cipj, Gerard Ryle, al comienzo del juicio.


Más de 50 organizaciones civiles apoyan a los acusados, entre ellas Oxfam, Attac y Transparencia Internacional, que recogieron casi 200 mil firmas de apoyo y solicitan al presidente François Hollande que se pronuncie a favor de los tres encausados por Luxemburgo, todos de nacionalidad francesa.


Las revelaciones golpearon la credibilidad de la Unión Europea y en particular al comisario Jean-Claude Juncker, que durante el período denunciado era primer ministro del ducado de Luxemburgo. La periodista belga Delphine Reuter, integrante del consorcio, sostiene que después de analizar los documentos filtrados se arriba fácilmente a la conclusión de que las multinacionales llegaron a tributar apenas el 1 por ciento de sus ganancias al transitar por Luxemburgo. “Los acuerdos son, pues, un seguro para que las multinacionales no tengan finalmente grandes impuestos que pagar ni en Luxemburgo, ni en ninguno de los países involucrados en la creación de filiales por las que transitan esos capitales”, declaró.


Las trasnacionales en cuestión poseen apenas una filial en el ducado, creadas con los mínimos recursos posibles, que se utilizan para gestionar decisiones financieras tomadas por la “sociedad madre”. “Su capital puede incrementarse para hacer transitar, en papel, varios millones de euros a través de Luxemburgo sin que haya presencia visible ni que se necesite actividad económica alguna”, dice la agencia Reuters.


El juicio contra Deltour y sus colegas pone en evidencia cómo los gobiernos a uno y otro lado del Atlántico buscan proteger a las grandes empresas y a sus gobiernos de futuras filtraciones. De alguna manera es una vuelta de tuerca más en la dirección de blindar a las grandes fortunas, tras algunos fracasos notorios como las denuncias del fundador de Wikileaks Julian Assange y del ex analista de la Cia Edward Snowden.


El hecho de que el primero continúe como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y el otro no pueda salir de Rusia, donde está asilado, es una muestra del empeño de los poderes para acallar las voces que los denuncian. Es una muestra, también, del doble discurso de la Unión Europea, que el 3 de junio de 2015 galardonó a Deltour con el premio Ciudadano Europeo que se concede anualmente a quienes contribuyeron a “promover la ciudadanía y el entendimiento cultural”. Mientras se le entregaba el premio con una mano, con la otra se bloquea la posibilidad de aprobar una legislación que impida la evasión fiscal y persiga a quienes se benefician con ella.


La reciente aprobación de la directiva Trade Secrets ha sido interpretada por Attac y decenas de otras organizaciones como una directiva que “asegura la opacidad absoluta de las empresas. Podrán perpetrar cualquier irregularidad o maquinación sin temor a que puedan ser desveladas”. En ese sentido, sostiene que la directiva fue “elaborada por unos pocos sujetos vinculados a grupos profesionales de presión y bufetes de abogados de lujo a las órdenes de federaciones y asociaciones empresariales europeas y globales”. El grupo considera que este juicio forma parte de un amplio proceso hacia el autoritarismo en el que está envuelta la Unión, y que se ampliará con el acuerdo Ttip con Estados Unidos, “que dejará inválidos e impotentes a parlamentos y gobiernos”.

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Las grandes corporaciones de EEUU esconden 1,4 billones en paraísos fiscales, según Oxfam


Apple, General Electric y Microsoft se encuentran entre los primeros puestos de la lista elaborada por la organización


Un informe de Oxfam denuncia que grandes empresas estadounidenses como Apple, Walmart y General Electric, han desviado 1,4 billones de dólares hacia filiales situadas en paraísos fiscales, a pesar de que reciben billones de dólares del contribuyente.


Oxfam señala que esta cantidad, que supera el rendimiento económico de Rusia, Corea del Sur y España, se oculta a través de una red opaca y hermética de 1.608 sociedades filiales con sede en otros países. La organización benéfica ha publicado el informe sobre la realidad financiera de las 50 mayores corporaciones de Estados Unidos coincidiendo con la filtración de Los papeles de Panamá, que ha generado un intenso debate en torno a los paraísos fiscales.


El informe ilustra que se cometen abusos masivos y sistemáticos del régimen fiscal mundial. El gigante tecnológico Apple, la segunda mayor corporación del mundo, ocupa el primer lugar en la lista que Oxfam ha elaborado de empresas con dinero offshore o "deslocalizado", con unos 181.000 millones de dólares canalizados a través de tres filiales con sede en el extranjero.


Los ricos y poderosos no cumplen con sus obligaciones fiscales y los demás tenemos que pagar la factura, y esto no puede seguir así. Es necesario que los gobiernos lleguen a un consenso para terminar con los paraísos fiscales"
General Electric, con sede en Boston y que según Oxfam recibió 28.000 millones de dólares del contribuyente, ocupa el segundo puesto de la lista, con 119.000 millones de dólares depositados en 118 filiales con sede en paraísos fiscales.


El gigante informático Microsoft se sitúa en tercer lugar, con unos 108.000 millones de dólares. Otras multinacionales que se encuentran entre los diez primeros puestos de la lista son el gigante farmacéutico Pfizer, la sociedad matriz de Google, Alphabet, y Exxon Mobil, la mayor petrolera mundial que no pertenece a un Estado productor de petróleo.


Oxfam compara la suma de 1,4 billones de dólares desviada hacia filiales offshore con los impuestos pagados por las 50 mayores corporaciones de Estados Unidos entre 2008 y 2014, que ascienden a 1 billón de dólares. También señala que en el mismo periodo, estas compañías se beneficiaron, en conjunto, de préstamos federales, rescates y garantías crediticias por valor de 11,2 billones de dólares.


"Abuso masivo y sistemático"


Al ocultar parte de los beneficios a través de filiales en paraísos fiscales, estas empresas estadounidenses no pagaron el tipo impositivo real aplicable a unos beneficios de 4 billones de dólares (35%) sino que la tasa efectiva de impuestos fue del 26,5%.


La organización indica que estas multinacionales se han gastado miles de millones de dólares en presionar al gobierno de Estados Unidos y obtener más préstamos fiscales, rescates y garantías crediticias pagadas con el dinero del contribuyente. Entre 2008 y 2014, las 50 mayores corporaciones de Estados Unidos destinaron 2.600 millones de dólares a esta labor de presión.


"Por cada dólar gastado en cabildeo, estas compañías recibieron en su conjunto exenciones fiscales por un valor de 130 dólares y préstamos federales, rescates y garantías crediticias por un valor de 4.000 dólares", indica Oxfam.


Robbie Silverman, asesor fiscal de Oxfam, señala que "una vez más tenemos constancia del abuso masivo y sistemático del régimen fiscal mundial. Los ricos y poderosos no cumplen con sus obligaciones fiscales y los demás tenemos que pagar la factura, y esto no puede seguir así. Es necesario que los gobiernos lleguen a un consenso para terminar con los paraísos fiscales".


Oxfam calcula que la evasión de impuestos de las grandes compañías estadounidenses tiene un coste para la mayor economía del mundo de unos 111.000 millones anuales. La evasión de impuestos también incrementa la brecha mundial entre ricos y pobres ya que para los países en vías de desarrollo supone una merma de 100.000 millones de dólares.


"La evasión de impuestos por parte de las corporaciones empeora la peligrosa desigualdad que está socavando nuestro tejido social y bloqueando el crecimiento económico", afirma el informe. Oxfam también menciona a los territorios británicos de ultramar, como las Bermudas, por su popularidad entre las empresas estadounidenses que quieren "transferir beneficios" y pagar menos impuestos.


La organización señala que en 2012 las filiales de estas compañías en las Bermudas declararon unos beneficios de 80.000 millones de dólares, una cifra que supera la suma de los beneficios obtenidos por Japón, China, Alemania y Francia, cuatro de las cinco mayores economías del planeta.


Oxfam pide a Estados Unidos que apruebe una ley que pondría fin a los abusos que se realizan en los paraísos fiscales (Stop Tax Haven Abuse Act), y que obligaría a las compañías a una contribución fiscal en cada país. De hecho, muchas organizaciones no gubernamentales y benéficas recomiendan la información desglosada por países ya que consideran que así se podría impedir que las compañías reduzcan artificialmente la base imponible en los países más pobres.

 

Por The Guardian - Rob Davies

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Viernes, 26 Febrero 2016 06:18

Brasil se abre a las petroleras extranjeras

Brasil se abre a las petroleras extranjeras

La media sanción del proyecto de privatización, parcial, de la explotación petrolera abrió un nuevo y previsible duelo entre el gobernante PT y el opositor PSDB, y también generó fisuras dentro del oficialismo.


Preocupación en el PT y los sindicatos brasileños luego de la aprobación en el Senado de un proyecto de ley tratado en régimen de “urgencia” que limita el campo de acción de Petrobras concediendo prerrogativas a las empresas multinacionales, las que desde hace años presionaban para ello. Lo que está en cuestión es quién se queda con las reservas gigantes situadas en el área geológica de “pre-sal”, en aguas ultraprofundas, que son la verdadera “joya de la abuela”, según la definición del senador petista Lindbergh Farias, uno de los que votó contra la propuesta que obtuvo media sanción.


La iniciativa fue presentada por José Serra, un senador aliado al ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien había asumido ante ejecutivos de la petrolera Chevron el compromiso de derribar la ley estatizante de 2010, sancionada durante el segundo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Serra prometió a los petroleros norteamericanos erradicar la herencia lulista y sancionar una normativa que allane el retorno de las multinacionales con un modelo “de concesión” similar al puesto en vigor durante la administración de Cardoso (1995-2003). Diplomáticos estadounidenses destacados en Brasil mencionaron la promesa realizada por Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en cables enviados a Washington publicados por Wikileaks en 2013.


El proyecto privatizador votado el miércoles por la noche en una sesión tensa demuestra que el congresista del PSDB respetó la palabra empeñada ante Chevron.


La reacción de los trabajadores fue inmediata. “Los senadores aprobaron un proyecto de José Serra que privatiza el pre-sal, esto significa que el Senado renunció a la soberanía nacional y entregó el dinero invertido en pesquisas en el área de petróleo y gas por Petrobras”, denunció la Central Unica de los Trabajadores.


El tema seguramente estará en la agenda de la dirección del PT que se reúne hoy en el estado de Río de Janeiro, el mayor productor de petróleo del país.


El partido de Lula y la presidenta Dilma Rousseff “marchará al lado de las demás fuerzas progresistas, los movimientos populares y sindicales contra este ataque a la soberanía nacional y nuestro desarrollo independiente” anunció ayer Rui Falcao. El presidente petista repitió que no se aceptará ningún cambio en al sistema petrolero actual y denunció las maniobras que atribuyó al “entreguismo golpista”.


El marco legal en vigor conocido como “de partilha” o de participación, establece que Petrobras esté presente en todos los campos de aguas ultraprofundas, a más de 5.000 metros de profundidad, donde yacen entre 60.000 y 80.000 millones de barriles de petróleo y equivalentes, descubiertos entre 2007 y 2010. El hallazgo de esos yacimientos por parte de Petrobras, que invirtió cientos de millones en prospección, representó una vuelta campana en la ecuación energética de Brasil, el gigante industrial de América latina que tenía como su costado vulnerable la falta de reservas cuantiosas.


La actual normativa (que puede ser reemplazada por la votada en el Senado) fue redactada hace seis años bajo la supervisión de la entonces jefa de gabinete y experta en energía, Dilma Rousseff, quien alegó que en ningún país del mundo las reservas constatadas son cedidas a firmas extranjeras pues se trata de un negocio sin riesgo.


Además se permite que Petrobras integre consorcios con multinacionales pero si lo hace la operación de los campos queda en manos de la empresa local. Con esto la ley de 2010 garantiza que Brasil decida qué zona se explota, si el crudo será exportado o será destinado al mercado interno lo cual permite, en hipótesis, graduar el precio con alguna independencia de las turbulencias internacionales.


Unido a lo anterior la norma establece el compre nacional obligando a que las sondas, navíos y equipamientos sean en un 60% nacionales, con lo cual fue reactivada la industria naval que a principio de la década pasada se encontraba en estado terminal.


Si la media sanción de la privatización, parcial, de la explotación petrolera abrió un nuevo y previsible, duelo entre el PT y el PSDB, también generó fisuras dentro del oficialismo.


Resulta que en la tarde del miércoles pasado, cuando se comprobó que el frente conservador iba a obtener los votos necesarios en el Senado, desde el Gobierno se ordenó pactar con la oposición para aprobar un texto intermedio en el que se habilita el ingreso de las privadas en los yacimientos del presal, pero Petrobras conserva el derecho de decidir si se queda con el campo en cuestión. Una fórmula anfibia que fue recibida de mal grado por los legisladores oficialistas.


El nuevo marco legal petrolero, que finalmente obtuvo media sanción gracias al consenso entre el gobierno y la oposición, agravó la crisis entre Dilma y el PT, cuyos dirigentes criticaron el retroceso de Petrobras. “El cambio de la posición del gobierno nos dejó perplejos y desarmó nuestra lucha...fue pésimo el acuerdo del gobierno con el PSDB porque causa un declaró el senador Lindbergh Farias.


Y no hablaba a título personal ,porque la indignación en el bloque petista era generalizada.


Los encontronazos entre el Palacio del Planalto y el partido se han agravado en las últimas semanas: y si antes eran comentados entre bambalinas el caso Petrobras hizo que se tornen completamente públicos.


Trascendió ayer en Brasilia que hubo conversaciones entre emisarios de Dilma, que hoy era esperada en Chile, y dirigentes petistas para evitar que las discrepancias alcancen un nivel alto justamente un día antes de los festejos por los 36 años de la agrupación que se celebrarán mañana en Río de Janeiro.

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Guerra del agua de las castas en India: cortan abasto en Delhi

India, la fascinante civilización milenaria que he visitado varias ocasiones, es una camuflada superpotencia nuclear que pertenece a los BRICS –que Estados Unidos y Gran Bretaña anhelan aniquilar– y ostenta un impactante tercer lugar en el ranking del PIB global –detrás de China y Estados Unidos, ¡y antes de Japón y Alemania! (https://goo.gl/5vblqO)–, con uno de los mayores crecimientos en medio de la deflación mundial, pero que exhibe, en forma paradójica, una preo¬cupante vulnerabilidad debido a su carencia y pésimo reparto regional del agua.


El rotativo británico The Guardian titula que Delhi, la capital de India, enfrenta una crisis de racionamiento del agua con cierre de escuelas debido a las protestas de las castas que sacuden al estado de Haryana: la casta rural jat encabeza las protestas, exige cuotas para los muy buscados puestos gubernamentales y de las universidades (http://goo.gl/twRdgk).


Pese al vigoroso crecimiento económico de India, la casta rural jat se queja de no encontrar empleo debido a las cuotas comunitarias. Curiosamente, el estado contestatario es gobernado por el partido Janata Bharatiya, al que pertenece el primer ministro Narendra Modi, cuando la lucha por el empleo, traducida en una guerra urbana del agua, rebasa la afiliación partidista.


The Guardian comenta que India reserva lugares para las castas inferiores (sic) para encauzar a las víctimas de la peor discriminación, lo cual provoca resentimiento en las otras comunidades, que se sienten despojadas.


Lo que llama la atención es el conocimiento estratégico del abasto de agua del estado Haryana a la capital Delhi, lo cual, de hecho, la coloca a merced de la sed y paraliza las funciones de los tres poderes de la federación india.


La casta rural jat –mayor comunidad en Haryana, con casi 8 millones de miembros, consagrados en forma tradicional a la agricultura– exige mayor acceso a los empleos del gobierno, pero destruye la infraestructura acuífera del estado Haryana, que ha arrojado un saldo de 12 muertos y 150 heridos.


Haryana rodea tres de los cuatro lados de la capital Delhi, a la que alimenta con 60 por ciento de su agua, y es uno de los estados más prósperos, con el segundo ingreso más alto per cápita (mil 900 dólares), con abundantes millonarios (crorepatis).


Siete plantas de tratamiento de agua fueron cerradas, lo cual afectó el abasto de dos terceras partes de Delhi, que cuenta con 25.7 millones de habitantes y es, por cierto, la ciudad más contaminada del planeta, que causa la muerte de 11 mil personas cada año.


Haryana –44 mil 212 kilómetros cuadrados, un poco menos que Quintana Roo, con 25.3 millones y cuya capital Chandigarh (un millón de habitantes) es compartida también con el legendario estado de Punjab– es el mayor receptor de inversiones en India y una de sus regiones más desarrolladas, tanto por su industria manufacturera como por su agricultura.


Faridabad (1.5 millones de habitantes), que colinda con Delhi, es la mayor ciudad industrial estatal.


El abastecimiento del agua –alterado cuando los manifestantes forzaron el cierre de un canal en Haryana que lleva el agua a las plantas de tratamiento de la capital– debe ser restablecido después de que las fuerzas de seguridad tomaron control del canal Munak, lo cual repercutió en el suministro de verduras y leche (http://goo.gl/9FWU58). BBC reporta que 10 millones se han quedado sin agua en Delhi durante cuatro días (http://goo.gl/OrcWW4).


El relevante río Yamuna, que nutre cinco cuencas de cinco estados, donde destaca Delhi, es alimentado por un glaciar del Himalaya, tributario del Ganges, máximo río sagrado del hinduismo.


En la mitología hindú, Yamuna es hermana de Yama, el dios de la muerte, e hija del dios sol Surya.


El célebre mausoleo Taj Mahal se encuentra en la ribera del río Yamuna, en la ciudad de Agra.


La más reciente protesta violenta de las castas se escenificó en el estado occidental de Gujarat –31 millones de habitantes y 196 mil kilómetros cuadrados, mayor que Sonora, y segundo estado más industrializado de India detrás de Maharastra (110 millones de habitantes), cuya capital, Mumbai (18 millones de habitantes), es el centro financiero del país, cuando en 2015 la casta patidar/patel exigió el mismo trato otorgado a las castas inferiores, clasificadas por el gobierno como clases atrasadas (OBC, por sus siglas en inglés).


Según The Telegraph, se despliega una inconvencional lucha de clases cuando los puestos gubernamentales y escuelas gratuitas son asignadas a las castas inferiores bajo el sistema de reservación de acción afirmativa para contrarrestar la discriminación arraigada.


Hoy “hasta 50 por ciento de tales posiciones están delimitadas a los dalits (previamente conocidos como intocables)”, poblaciones tribales y grupos sociales designados en su conjunto como OBC, entre cuyas filas se encuentra el primer ministro Modi, hijo de un vendedor de té (http://goo.gl/Fua8ep).


Los supraprivilegios no han sido fáciles de eliminar, como sucedió con la casta pudiente de los patidar/patel, cuando justamente el éxito económico de Gujarat propulsó al primer ministro Modi al olimpo geoestratégico.


La proyección geoestratégica de India le obliga a crear un equilibrio entre el anhelado sistema de reserva y la meritocracia, cuando necesita de sus mejores cuadros para competir a escala global. Esa es justamente la tarea armónica y artística de un gobierno capaz que avanza en todas las esferas del conocimiento y del bien común, que incluye el agua, que, además de ser sagrada para la grandiosa población de India, subsume su talón de Aquiles, como lo exhibieron las revueltas en Hiryana, cuyo primer acto de sublevación consistió en dejar sin el líquido vital a la capital Delhi.


Las guerras globales del agua (http://goo.gl/IKoj2l) son estratificadas en varios niveles desde los municipios/capitales de estados y federaciones pasando por regiones hasta transfronteras interestatales y de países (http://goo.gl/Rgt0WK).


Mucho me temo que los alquimistas neoliberales de la privatización a ultranza del agua no tomen en consideración la chispa de fuego que pueden prender en la Bolivia mexicana, donde habitan alrededor de 15 millones y que abarca a Iztapalapa, la mayor zona poblada de la Ciudad de México, que colinda con la zona sedienta urbana de Ciudad Neza/Ixtapaluca/Chimalhuacán /Chalco/Texcoco del estado de México (http://goo.gl/gaOPH6). ¿Una India en México?


Un daño colateral de consecuencia inesperada del proyecto del acueducto Monterrey VI es la alienación laboral/siquiátrica y la enajenación catastral de la agricultura del “México neoliberal itamita” que todavía ostenta alrededor de 35 millones de campesinos con un salario de 80 dólares al mes, ya que desviaría el río Pánuco de los castrados estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas.


El polémico acueducto Monterrey VI forma parte de la seguridad nacional energética de Norteamérica (http://goo.gl/2W2uH0), un proyecto de Estados Unidos, donde el fracking (fracturación hidráulica) epitomiza la bisagra de las privatizaciones conjuntas del petróleo y el agua para el noreste de México, que ostenta la tercera reserva mundial del shale gas (gas esquisto).


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Orden de aprehensión contra el publicista y consejero de Rousseff

El lunes 22 de febrero amaneció con el anuncio de que el juez Sergio Moro giró orden de aprehensión contra Joao Santana y su mujer, Monica Moura, que además es socia en la empresa del publicista. Santana es acusado por la policía federal de haber recibido al menos 7 millones de dólares de manera ilegal en cuentas secretas. Ese dinero, depositado por la constructora Odebrecht, sería resultado del esquema de sobornos y desvíos en la estatal Petrobras, y habría cubierto gastos de la campaña de Dilma Rousseff en 2014.


Santana, que está en la República Dominicana cuidando de la relección del actual presidente Danilo Medina, supo de la determinación del juez Moro por la prensa. Sus abogados informaron que de inmediato él y su mujer embarcarían rumbo a Brasil para presentarse a las autoridades.


El publicista siempre admitió tener cuentas en el exterior y aseguró que estaban declaradas a las autoridades. Hace años que presta servicios a candidatos en el exterior.


En 2014, además de la campaña de Dilma Rousseff, Santana comandó la del candidato José Domingo Arias a la presidencia de Panamá, país donde la Oderbrecht realiza obras. A propósito, ha sido la única derrota de Santana en las seis campañas que hizo en el exterior.


Principal responsable de la imagen del PT, de Lula y de Dilma desde 2005, ahora Santana pasa a integrar el grupo de detenidos por la Operación Lavado Rápido, que ya resultó en la prisión de políticos, funcionarios y empresarios especialmente poderosos (el principal de ellos es Marcelo Odebrecht, heredero y presidente del grupo que controla, entre otras empresas, la principal constructora de América Latina).


La gran preocupación del gobierno es que, al ordenar la detención de Santana, el juez Sergio Moro llega a las puertas del despacho de Rousseff. Más que un publicista convencional, Joao Santana es un consejero muy cercano a la presidenta. Si se comprueba que parte del dineral que cobró por los servicios prestados en 2014 (unos 38 millones de dólares al cambio de la época) fue obtenido de manera ilegal, la situación tanto de la presidenta como del vice, Michel Temer, pasa a un estado terminal.


Ya corre en el Tribunal Superior Electoral un proceso para que se condene a los vencedores de las elecciones de 2014 por haber usado recursos ilegales en su campaña. La acción fue iniciativa del PSDB, partido derrotado cuatro veces seguidas por el PT.


Hasta ahora no hubo siquiera indicios de ilegalidad en la campaña de Dilma. Sin prueba alguna, el derrotado Aécio Neves, cuestionado sobre por qué recursos de una misma empresa destinados a las dos campañas eran considerados ilegales si eran dirigidos al PT y legales cuando beneficiaron a su campaña, argumentó que no tenía poder alguno en Petrobras. Se trata, sin embargo, de un argumento muy frágil, ya que el derrotado olvida, de manera conveniente, que las mismas empresas involucradas en robo y soborno en la estatal petrolera prestaron servicios de grandes dimensiones para gobiernos provinciales controlados por su partido.


Con la prisión de Santana, el proceso gana nuevo impulso en el TSE, justo en el momento en que otro intento de destituir a Dilma, el juicio político en el Congreso, perdió fuerza.


Los responsables por la justicia electoral tendrán que decidir rápidamente. No hay más la posibilidad, conforme esperaba el gobierno, de que el caso se debilite por falta de argumentos sólidos.


La cuestión se reduce ahora a dos salidas: el TSE decide la inocencia de Dilma y el vicepresidente, o la culpa. En la segunda hipótesis, se impugna la lista ganadora y se realizarán nuevas elecciones en 90 días. Mientras, el mandato pasa a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, que enfrenta un juicio de la Comisión de Ética y del Supremo Tribunal Federal. Sería una situación absolutamente insólita.


Asesores de la mandataria aseguraron que desde que se supo que Moro investigaba a Joao Santana se contaba con la perspectiva de que el mediático juez de primera instancia decretara su prisión. Es que Moro no interroga: manda a aprehender. Algunos de los detenidos recién fueron oídos por el juez luego de estar presos desde hacía meses.


Dilma Rousseff dice, de acuerdo con esos asesores, estar absolutamente tranquila con relación a las cuentas de su campaña. Lo que más le preocupa es que el gobierno vuelva a un estado de parálisis y la crisis económica avance. Varias iniciativas polémicas, como la reforma del sistema de jubilaciones y la implantación de nuevos impuestos, dependen de difíciles negociaciones en el Congreso. Al ser nuevamente acosado, el gobierno, que ya enfrenta serias dificultades en hacer aprobar las medidas que juzga imprescindibles, se vería en un callejón sin salida.


Queda claro, al mismo tiempo, que además de un intenso cerco al ex presidente Lula da Silva y al PT, todo el operativo, que involucra a sectores de la Policía Federal, del Ministerio Público y de la justicia, también tiene por objetivo alcanzar a la presidenta y alejarla del mandato conquistado en las urnas.


Para el juez Moro y la oposición, Joao Santana puede ser la llave para abrir la puerta del despacho presidencial y desalojar a su ocupante.

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Desprivatización del agua: fracaso global de su privatización por el Banco Mundial

La secta neoliberal en México perora sin continencia las supuestas bondades de la privatización del agua y llama la atención su alto grado de ignorancia y/o de engaño deliberado, con tal de promover sus caníbales intereses pecuniarios ( http://goo.gl/gvTtI0 ), al no estar actualizada del fenómeno inverso de su desprivatización global que se ha acentuado en países avanzados, como EU, Francia y Alemania ( http://goo.gl/UdNcy2  ).


John Vidal, del rotativo británico The Guardian, demuestra que la privatización del agua ha sido “un fracaso global ( http://goo.gl/uWACjn )” cuando los hechos apuntan a su desprivatización: muchas ciudades que se precipitaron en firmar concesiones a 20 años o más con las empresas de agua en expectativa de un agua potable (sic) a un costo socialmente aceptable (¡supersic!) han preferido terminar sus acuerdos y regresar las provisiones de agua urbana al control público (¡supersic!).


Vidal cita un estrujante reporte de tres entidades –Instituto Trasnacional (TNI, por sus siglas en inglés), Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos y Observatorio Multinacional– que sugiere que 180 ciudades y comunidades en 35 países (¡supersic!) –que incluyen Berlín, Buenos Aires, París, Acra, Johannesburgo, La Paz, Maputo y Kuala Lumpur–, han remunicipalizado sus sistemas de agua en la pasada década: lo más sorprendente es que 100 de los retornados (sic) fueron en EU y Francia, 14 en África y 12 en América Latina (AL). Las mayores metrópolis en los países en vías de desarrollo, más que en los prósperos países avanzados, tendieron a la remunicipalización del agua.


El mismo Banco Mundial (BM) acepta un fracaso de 34 por ciento en la participación privada en infraestructura entre 2000 y 2010.


Vidal comenta que en 1999 el BM propuso la expansión del abasto acuífero de Lagos (la más poblada ciudad de Nigeria que con su zona conurbada cuenta con 21.3 millones), para beneficiar los acueductos de empresas británicas y/o francesas.


El proyecto frustrado del BM en Lagos se parece mucho a su inducción privatizadora en la Ciudad de México mediante un empréstito, con dados cargados, por 10 mil millones de pesos, cuya más poblada delegación padece sequía urbana y forma parte de la “Bolivia mexicana ( http://goo.gl/f0R8te )”.


En forma perturbadora, el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, empezó a imitar la cacofonía privatizadora neoliberal del itamita Jesús Reyes Heroles González Garza –sobre costos financieros y responsabilidad financiera (sic) de la gestión del agua–, mientras su similar de la corporación del agua de Lagos arremete contra el plan del BM como inoperante y muy costoso para la ciudad.


De 1993 a 2013, el BM llevó a cabo 847 proyectos acuíferos, cuya mitad se ubica en AL y, pese a sus estruendosos fracasos globales, no ceja en su obcecación privatizadora, cuando ha otorgado préstamos por más de 75 mil millones de dólares para proyectos acuíferos y de higiene en todo el mundo desde 1995, según Vidal.


Ahora el BM se ha sacado de la manga el nuevo truco contable/financierista –secreto, la mayor parte de las veces– de una asociación mixta pública y privada (PPP, por sus siglas en inglés) para, a mi juicio, diferir las protestas ciudadanas y luego asestar el golpe final privatizador. No corren prisa ante la sed global que buscan controlar en forma perversa y geopolítica.


Los activistas del Corporate Accountability International desmontan el truco contable financierista del PPP: al contrario, cuando el acceso al agua es casi universal, se ha debido casi siempre al compromiso público para construir y mantener su infraestructura, que representa 75 por ciento del costo del abasto del agua a los usuarios.


La experiencia global ha sido que, cuando los usuarios se encuentran incapacitados en pagar las elevadas tarifas privatizadas, los caníbales privatizadores con la mano en la cintura cortan el suministro en forma anti-humana, lo cual hace añicos el derecho humano al agua (de 50 litros a 100 litros por persona al día).


Hace un año el tribunal de distrito de la capital de Indonesia –256 millones de habitantes y un PIB de 2.8 billones de dólares (noveno en el ranking global)–, país muy parecido a México (lugar 12) en dimensiones y parámetros, canceló la “mayor privatización de agua del mundo (sic) después de 18 años de fracasos ( http://goo.gl/nStkMG )”.


Una coalición de resistencia a la privatización se rebeló a la decisión corrupta, tras bambalinas, operada por el régimen militar de Indonesia en 1997, como a las continuas manipulaciones de los operadores privados para incrementar sus ganancias sin mejorar los servicios del agua, más bajos a lo prometido y con filtraciones mayores (44 por ciento), además de que las tarifas se cuadruplicaron.


Indonesia es un eslabón más de los fracasos globales de la privatización alentada por el BM y el Banco de Desarrollo Asiático, que han caído en la ilegalidad después de la histórica cancelación del tribunal indonesio y cuya sentencia debe servir de ejemplo a los ciudadanos de otros países que se enfrentan a la dictadura acuífera global del BM/Morgan Stanley/Goldman Sachs/Citigroup-Banamex en América Latina y Estados Unidos ( http://goo.gl/rfOZV4 ).


La resolución del tribunal de Yakarta es coherente con la sentencia de la Corte Constitucional de Indonesia: los recursos del agua tienen que ser controlados y asignados para el beneficio público, por lo que las empresas privadas no pueden monopolizar los derechos sobre las fuentes de agua. Y eso que ambas cortes no abordaron el derecho humano al agua, que colisiona con los caníbales/necrófilos costos financieristas que no toman en cuenta los mayores costos sociopolíticos.


Anna Lappé, directora de Small Planet Institute, indaga las razones por las cuales el BM se empecina en privatizar el agua,“lo cual ha puesto en peligro la salud pública, a pesar de sus riesgos ( http://goo.gl/NJA3tq )”.


El problema radica en que el BM empuja a la privatización como la principal solución a la crisis de agua y sus empréstitos van conectados a medidas de austeridad diseñadas para empequeñecer al Estado.


Lo peor es que las privatizadoras del agua pretenden implementar soluciones eficientes (sic) mediante un alza descomunal de los precios y el recorte de la inversión en infraestructura (muchas veces regalada por los gobiernos entreguistas).


El BM emprende un doble juego tramposo: aconseja a los gobiernos privatizar el agua e invierte en las trasnacionales privatizadoras del agua para que obtengan suculentos contratos.


La tendencia global hoy es hacia la desprivatización del agua y no a su privatización ( http://goo.gl/5rZXWN ), como engaña el Consejo Consultivo del Agua AC, que preside el itamita Jesús Reyes Heroles González Garza ( http://goo.gl/o5IXIj ), caballo de Troya del banco de inversiones Morgan Stanley ( https://goo.gl/rBl1MT ).


Este consejo depredador es al agua lo que IMCO (del “ cártel español”) y CIDAC (del “ cártel sionista”) fueron para la enajenación (castatral y siquiátrica) del petróleo del “México neoliberal itamita”, cuyos integrales intereses pecuniarios son revolventes.


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