Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica

Compartimos el libro “Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica”, publicado por Oilwatch en 2018

El término energías extremas se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales. La era de los hidrocarburos fáciles de extraer está llegando a su fin, si no lo ha hecho ya. Los objetivos de empresas y gobiernos para sostener la matriz fósil son las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extrapesados, las arenas bituminosas e incluso la recuperación mejorada de hidrocarburos mediante la aplicación de desarrollos biotecnológicos en pozos agotados.


Como una segunda edición, este libro reúne 13 artículos de autores latinoamericanos, quienes analizan el carácter extremo no sólo de los proyectos energéticos sino también de las infraestructuras y finanzas que demanda la reproducción del capitalismo globalizado


Extracto:


Las fronteras extremas de América Latina


Si bien desde principios de la década y hasta entrado 2014 la mayoría de los países de la región, con más o menos intensidad y convicción, tenían a los hidrocarburos de lutitas y al fracking en sus agendas, esto no se ha plasmado en grandes avances en territorio. A nivel regional el fenómeno delshale sólo ha tenido impacto masivo, o relativamente masivo, en Argentina con Vaca Muerta, mientras que en México, el otro país estrella, ha sido menor, y en Colombia hay un firme interés de las autoridades en avanzar en esa dirección.


Sin embargo, tampoco significa que haya desaparecido el interés por las formaciones compactas, el desarrollo de camposde tight sands ha cobrado impulso tanto en Argentina, como en México y el extremo sur de Chile. Los costos de producción en arenas compactas son considerablemente menores que los del shale, lo que las vuelve particularmente atractivas para las empresas.


Por otra parte, una frontera que no cesa de ampliarse en la región es la off shore. Brasil desde el descubrimiento del presal (una formación geológica en la plataforma continental que está debajo de la capa de sal en el lecho marino), hace una década, apuesta fuertemente a su explotación, incluso las autoridades no le han dado mayor importancia a los bloques con potencial en crudo y gas de lutitas. Éstos tampoco despertaron el interés de las empresas en las últimas rondas de concesiones petroleras.


La impetuosa convicción de avanzar hacia el mar emerge también en el conflicto que se suscitó en 2015, cuando el gobierno federal de Brasil intentó flexibilizar los sistemas de licenciamiento ambiental para las explotaciones costa afuera, una reforma que fue resistida por los trabajadores de las agencias de control ambiental. Hay que tener en cuenta que en el caso del presal los hidrocarburos se alojan a una profundidad cercana a los 7.000 metros; allí se concentraría el 90 % de las reservas petrolíferas probadas y el 77 % de las gasíferas.


En el mismo sentido, la francesa Total perforó en 2016 un pozo en la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa. Si bien no se conoce la profundidad final, proyectaba atravesar 3400 metros de “columna de agua” y otros 3000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos. Un proyecto extremo que marca un hito en la región, en un país que carece de antecedentes de explotación de hidrocarburos. También Colombia avanza sobre yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua y Honduras. Chile, por su parte, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de tight gas en la isla de Tierra del Fuego.


En tanto los crudos pesados y extra pesados son centrales en países de la región como Venezuela, con la Faja del Orinoco, y Colombia, en la región de los llanos. Por otra parte, más allá de las características de los hidrocarburos y de las formaciones que los contienen, tanto la Amazonía como el Chaco Sudamericano constituyen la nueva frontera por excelencia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, avances que se concretan, en muchos casos, sobre territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y áreas naturales protegidas.

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"El Gobierno y las empresas se han aprovechado de nuestra ignorancia, pero eso está llegando a su fin"

Cinco años después de la histórica filtración de datos de la NSA, Edward Snowden hace un balance de lo conseguido en la lucha contra la vigilancia masiva por el Estado y los servicios de inteligencia. "La gente dice que no ha cambiado nada, que todavía hay vigilancia masiva. Pero los cambios no se miden así. Mira la situación previa a 2013 y mira todo lo que ha pasado. Todo ha cambiado."

 

Cinco años después de la mayor filtración de documentos secretos de la historia, Edward Snowden no se arrepiente de nada. Estados Unidos lo tiene en la lista de personas más buscadas. Vive exiliado en Rusia. Sin embargo, se siente satisfecho con la forma en que sus revelaciones sobre vigilancia masiva han sacudido a gobiernos, agencias de inteligencia y las mayores empresas de internet.


En una entrevista telefónica con motivo del aniversario del día en que The Guardian publicó la noticia por primera vez, Snowden recuerda aquel día en que su mundo –y el de muchos otros en el planeta– cambió para siempre. Se fue a dormir en un hotel en Hong Kong y, cuando se despertó, la noticia de que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) había estado absorbiendo los datos de millones de móviles estadounidenses llevaba horas en los titulares.


Snowden supo en ese momento que su vida que conocía había acabado. "Me dio miedo, pero a la vez fue liberador", señala. "Tenía la sensación de que era algo definitivo. Ya no había vuelta atrás".


¿Qué ha pasado en los últimos cinco años? Snowden es uno de los fugitivos más famosos del mundo, se ha filmado con su historia un documental ganador de un Oscar, una película de Hollywood y se han escrito al menos una docena de libros. Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, a causa de sus revelaciones, han sido llevados a los tribunales para cambiar las leyes de vigilancia. Ambos países han tenido que aprobar nuevas leyes. Las empresas de internet, gracias a la reacción popular en torno a la privacidad, han hecho que el cifrado sea algo generalizado.


Snowden, evaluando los cambios, afirma que algunos activistas por la privacidad se han mostrado decepcionados con la forma en que se dieron los acontecimientos, pero él no está de acuerdo con eso. "La gente dice que no ha cambiado nada, que todavía hay vigilancia masiva. Pero así no es como se miden los cambios. Mira la situación previa a 2013 y mira todo lo que ha pasado. Todo ha cambiado".


Según él, el cambio más importante ha sido la conciencia pública: "El Gobierno y el sector empresarial se han aprovechado de nuestra ignorancia. Pero ahora lo sabemos. La gente es consciente. La gente sigue sin tener poder para detenerlo, pero lo estamos intentando. Las revelaciones han hecho que la lucha sea más de equilibrada", explica.
Snowden asegura que no se arrepiente de nada. "Si quisiera estar a salvo, no me habría ido de Hawái" (donde había sido destinado cuando trabajaba para la NSA, antes de marcharse a Hong Kong).


Su propia vida está marcada por la incertidumbre, quizá ahora más que nunca, dice. Su asilo en Rusia depende de un cambio de opinión del gobierno de Putin, y las agencias de inteligencia estadounidense y británica no le han perdonado. Para ellas, el asunto está más candente que nunca. Dicen que su traición les ha perjudicado a un nivel que el público no llega a comprender.


Esto se reflejó en una inusual declaración de Jeremy Fleming, director de la agencia de vigilancia británica GCHQ que, junto con la estadounidense NSA, fue el principal objetivo de la filtración. Respondiendo a una pregunta de The Guardian por el aniversario de la filtración, Fleming alega que la misión de GCHQ era mantener Reino Unido a salvo: "Lo que hizo Edward Snowden hace cinco años fue ilegal y puso en peligro nuestra capacidad de proteger Reino Unido, provocando un daño real e innecesario a la seguridad del país y a nuestros aliados. Debería pagar por lo que hizo"

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El peligro de lo no publicado


La furia de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos y Reino Unido no es sólo por lo que se ha publicado –que representa poco más del 1% de los documentos– sino también por lo que no se ha publicado. Explican que han tenido que trabajar suponiendo que toda la información a la que tuvo acceso Snowden ha sido comprometida y la han tenido que desechar.


Las agencias tuvieron otro trabajo más. Al haber tenido que desechar tanta información, tuvieron que desarrollar e instalar nuevos y mejores sistemas, más rápido de lo planeado. Otro cambio llegó en el área de transparencia. Antes de Snowden, las preguntas de la prensa a la GCHQ se encontraban con respuestas de "sin comentarios", mientras que ahora tienen más voluntad de colaborar. El hecho de que Fleming haya respondido con una declaración demuestra ese cambio.


En su declaración, Fleming expresa su compromiso con la transparencia, pero deja claro que eso no es mérito de Snowden, porque el cambio es anterior a 2013. "Es importante que sigamos siendo tan abiertos como podamos y estoy comprometido con los cambios que hemos comenzado hace más de una década para lograr mayor transparencia".
Otras personas de los servicios de inteligencia, especialmente en Estados Unidos, admiten a regañadientes que fue por Snowden por lo que comenzaron a debatir sobre dónde se debía trazar la línea que separa la vigilancia de la privacidad. El exdirector adjunto de la NSA, Richard Ledgett, cuando se jubiló el año pasado, afirmó que el Gobierno debería haber hecho pública la información de que poseía una gran cantidad de datos telefónicos.


El exdirector de la GCHQ, David Omand, está de acuerdo con la afirmación de Fleming sobre el daño causado, pero admite que Snowden ha contribuido a que se introduzca legislación nueva. "Ahora tenemos un marco legal mejor y más transparente para la recolección de datos de inteligencia. Por supuesto que esto habría sucedido de todas formas, pero indudablemente sus acciones aceleraron el proceso", señaló Omand.


El Congreso estadounidense aprobó la Freedom Act en 2015, que limita la recogida masiva de datos telefónicos. Un año más tarde, el Parlamento británico aprobó la polémica Investigatory Powers Act (Ley de Poderes de Investigación).


Ross Anderson, un importante académico especializado en seguridad informática y privacidad, cree que las revelaciones de Snowden fueron un momento trascendental. "Las revelaciones de Snowden fueron uno de esos momentos luminosos que cambian la forma en que la gente ve las cosas", explica Anderson, profesor de Ingeniería de Seguridad en el laboratorio informático de la Universidad de Cambridge. "Quizá no cambiaron mucho en Reino Unido por nuestra cultura de idolatrar a James Bond y todo lo que hace. Pero en el resto del mundo hizo que la gente comprendiera realmente que la vigilancia es un asunto serio".


Los legisladores y gran parte de los medios de comunicación británicos no se han comprometido al mismo nivel que sus colegas en otros países europeos, en Estados Unidos, América Latina, Asia y Australia. Entre las excepciones está el diputado liberal demócrata Julian Huppert, que presionó por este tema hasta que perdió su escaño en las elecciones de 2015. "Las revelaciones de Snowden fueron un golpe tremendo, pero han hecho que logremos mayor transparencia en algunas de las agencias sobre su trabajo", sostiene.


"El contraataque acaba de comenzar"


Una de las revelaciones que más impacto tuvo fue sobre el nivel de colaboración entre las agencias de inteligencia y las empresas de internet. En 2013, las empresas estadounidenses aventajaban a la UE en las negociaciones sobre protección de datos. Las filtraciones de Snowden cayeron como una bomba en medio de las negociaciones y la ley de protección de datos que se aplicó el mes pasado es una consecuencia de ello.


Uno de los efectos más visibles de las revelaciones de Snowden fue la pequeña señal amarilla que comenzó a aparecer en el servicio de mensajería WhatsApp en abril de 2016: "Los mensajes y llamadas en este chat ahora están protegidos con cifrado de extremo a extremo".


Antes de Snowden, este cifrado lo usaba poca gente. "Si pudiera regresar a 2013", explica Jillian York, directora del departamento internacional por la libertad de expresión del grupo por los derechos digitales de la Fundación Electronic Frontier, "yo quizá en mi teléfono tendría TextSecure, la versión previa de la comunicación cifrada de la aplicación Signal. Tendría otra herramienta de cifrado de correo electrónico, PGP, pero no la usaría nadie". La única gran excepción era el iMessage de Apple, que ha estado cifrado de extremo a extremo desde su lanzamiento en 2011.


Los desarrolladores en las grandes empresas tecnológicas, escandalizados por las revelaciones de Snowden, comenzaron a ponerse en acción. Algunos, como los de WhatsApp, aplicación que fue comprada por Facebook un año después de que salieran a la luz las filtraciones, implementaron su propio cifrado. Otros, como Alex Stamos, de Yahoo, dimitieron antes que apoyar más espionaje (Stamos es ahora director de seguridad de Facebook, pero ha anunciado que saldrá pronto de la compañía).

"Sin Snowden", cuenta York. "no creo que Signal hubiera conseguido financiación. No creo que Facebook hubiera conseguido a Alex Stamos, porque se habría quedado en Yahoo. Estas pequeñas acciones provocaron acciones mayores. No es que estas empresas de pronto dijeran ‘nos importa la privacidad’. Creo que no tuvieron otra opción".


Otros cambios en el sector tecnológico demuestran que la influencia de Snowden ha sido limitada en muchos aspectos. El ascenso del "altavoz inteligente", ejemplificado en el Echo de Amazon, ha dejado perplejos a muchos activistas defensores de la privacidad. ¿Por qué, sólo unos años después de un escándalo mundial sobre vigilancia a manos del Gobierno, la gente acepta instalar en sus hogares micrófonos que permanecen siempre encendidos?


"El reciente dilema de privacidad que representa instalar un aparato que puede literalmente oír todo lo que dices es una escalofriante innovación en la era de las cosas conectadas a internet", escribió el año pasado Adam Clark Estes, de Gizmodo.


Hacia el fin de la entrevista, Snowden recuerda uno de sus primeros alias, Cincinnatus, en homenaje al romano que regresó a su granja tras servir a la sociedad. Snowden explica que él también siente que, una vez cumplido su rol, se ha retirado a una vida tranquila, pasando el tiempo desarrollando herramientas para ayudar al periodismo a proteger sus fuentes. "Creo que nunca me había sentido tan realizado", afirma.


Sin embargo, aclara que no celebrará el aniversario como un triunfo. Todavía queda mucho por hacer. "El contraataque acaba de comenzar", asegura Snowden. "Los gobiernos y las empresas llevan mucho tiempo en este juego y nosotros acabamos de comenzar".

 

Ewen MacAskill y Alex Hern
The Guardian / El diario
Traducido por Lucía Balducci

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El nuevo dominio petrolero en América Latina

Para nadie es un secreto que detrás de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se encontraron claramente los intereses económicos de la industria armamentista, los petroleros partidarios de las nuevas técnicas de explotación vía fracking y las grandes empresas promotoras de organismos genéticamente modificados, acaparamiento y especulación con del precio de alimentos.


Detrás de la lógica de estos grandes corporativos debemos entender las últimas acciones que Trump ha emprendido en América Latina como el envió de la guardia nacional a cubrir la frontera con Estados Unidos y México y el apoyo incondicional para la ocupación de espacios petroleros estratégicos en el continente. Es relevante también sus decisiones respecto a Irán, cuyo impacto fue inmediato en las cotizaciones de las acciones de las empresas militares y en el precio del petróleo. Este último ya ronda los 80 dólares por barril y puede elevarse aún más, para proporcionar una alta rentabilidad a las empresas dedicadas a la explotación petrolera a través de la fractura hidráulica que necesitan un precio alto.


Es tal la fiesta del dinero que hace tan solo unos meses atrás Estados Unidos producía 145 mil barriles de petróleo shale y ahora esta a punto de lograr un record histórico en Junio de este año de 7.18 millones de barriles de petróleo shale diariamente, según información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Lo cual es acompañado también por el aumento impresionante de la producción de gas natural estadounidenses que se encontraría por arriba de los 68.100 millones de pies cúbicos por día.
Todo ello junto con la caída de producción de países latinoamericanos ha llevado al mercado financiero a impulsar al alza el precio futuro a 6 meses del crudo Brent, donde las empresas estadounidenses no pierden, mientras a las empresas petroleras del cono sur les imponen condiciones de compra a precios fijos, cuando la tendencia es probablemente que el petróleo alcance nuevamente la barrera de los 100 dólares por barril a finales de año.


Esta dinámica ha colocado a Estados Unidos en el el tercer lugar como extractor de petróleo del mundo, sólo detrás de Rusia y Arabia Saudita quedando ya muy atrás en este rubro la extracción en Brasil (10º.), Venezuela(11º.) y México (12º.). (OPEP, 2018)


Las grandes empresas corporativas petroleras están viviendo un sueño hecho realidad, los mercados y la producción petrolera latinoamericana en manos de empresas estatales hasta hace unos años, se esta abriendo y proporcionando ganancias extraordinarias para la clase capitalista trasnacional.


Desde Brasil y México hasta Colombia, Argentina y Uruguay los gobiernos están abriendo sus tierras, aguas someras y mares a subastas internacionales. Son más de 500 mil kilómetros cuadrados -el tamaño de España- lo que están ofreciendo en bloques los diferentes países latinoamericanos.


Por ello en las geografías latinoamericanas no hay nada que festejar. Por ejemplo, en México la producción de petróleo viene cayendo drásticamente. A marzo de este año PEMEX –la petrolera estatal mexicana- tuvo una caída anual de 7.6% en su producción generando solamente 1, 864 millones de barriles diarios de crudo, una baja anual de 153 mil 340 barriles por día. Todo ello en un contexto de apertura energética que inicio en 2013 y que permitió la llegada de inversión privada nacional y extranjera, a las cuales se les han entregado proyectos de exploración y posterior explotación de pozos petroleros terrestres y en aguas someras y profundas. Existiendo ya más de 100 contratos privados que significan una inversión de 160 mil millones de dólares. Ello ha significado la apropiación de espacios estratégicos por parte de empresas extranjeras como Total y Exxon, Chevron, China Offshore y el nacimiento de otras empresas de políticos mexicanos como Sierra Energy. Más de 100 mil kilómetros cuadrados –similar a todo el territorio griego- se encuentran ya bajo exploración y posible explotación petrolera y sus derivados en México.


A este negro panorama se suma la importación de gasolinas en México aumentándose dramáticamente la dependencia. Ya que mientras el año pasado se importaban 6 de cada 10 litros de gasolina, para el primer trimestre de 2018 se introdujeron del extranjero 7.5 de cada 10 litros, lo cual también ha impactado la vida de los mexicanos al ocasionarse la espiral inflacionaria más alta de las últimas décadas.


Desde 1982 el gobierno mexicano no ha construido una nueva refinería y 3 de las 6 refinerías que tiene México fueron cerradas temporalmente en los dos primeros meses de este año por problemas de operación. A ello se suma la colusión entre la delincuencia y la clase política en el robo de gasolina, de 3 mil tomas clandestinas de robo que existían en 2014, en el 2017 fueron localizados más de 9 mil 500 tomas fundamentalmente en los estados de Guanajuato, Puebla y Tamaulipas.


La situación en Venezuela de explotación de petróleo no es diferente. En Agosto del año pasado su producción era de 2.1 millones de barriles de petróleo diarios y según el reporte que presentó la OPEP la semana pasada en Marzo de 2018 solo bombeo una media 1.5 millones de barriles diarios, una caída de la producción del 28%. A ello se suma la creación de dificultades por parte de los grandes corporativos para que la empresa PDVSA cumpla sus compromisos de abastecimientos con empresas de operaciones mixtas.
Todo ello en un momento en el cual las importaciones de petróleo venezolano en Estados Unidos alcanzan el menor nivel desde 1982 como parte de la estrategia de dominación-intervención de la producción y los mercados petroleros.


Por ejemplo, la empresa Total durante el 2017 dejó de comprar el crudo venezolano, Motiva, Phillips 66, Citgo, Valero u Chevron disminuyeron sus importaciones desde Venezuela el 70%, 56%, 17%, 13% y 6% respectivamente, esta reducción innegable es el preámbulo del embargo petrolero que anunciará Trump próximamente sobre la producción petrolera venezolana, para cerrar su estrategia de dominio del oro negro y buscar la rendición del gobierno nacionalista venezolano.


Frente a ello el gobierno de Venezuela ha colocado el 40% de sus exportaciones de petróleo en el abastecimiento de China e India, los cuales dependen tanto de Venezuela como de Irán para su funcionamiento, lo cual no será fácil de eludir por Trump. Por ello, en la dinámica de dominio estadounidense se ha colocado a la estadounidense ConocoPhillips con el papel de sabotear el abastecimiento petrolero venezolano a los mercados asiáticos, tomando el control de activos de PDVSA en Curazao -donde se reciben los buques petroleros más grandes que envían combustibles por el Pacífico- para exigir el pago de bonos internacionales, lo cual pone bajo amenaza el movimiento del crudo ya que los cargueros pueden salir a aguas internacionales y correr la amenaza de ser incautados. A la estrategia de ConocoPhillips lo más seguro es que se sumen otras empresas mineras y petroleras para intentar la caída de la gigante petrolera venezolana.


Un colapso del gobierno de Venezuela no conviene a China que ha realizado inversiones (prestamos) cuantiosos en ese país ni a Rusia que ha aprovechado el escenario para colocarse en la explotación de yacimientos petroleros, por lo que las perspectivas de tensiones internacionales se mantendrán en la zona con la respectiva tendencia al alza del precio del petróleo que contribuye a la rentabilidad de los corporativos que apoyaron a Trump en su campaña electoral.


En Brasil la otrora fuerte Petrobras mira como espectadora preferencial la llegada de inversiones crecientes de corporativos petroleros. Para junio de este año 16 grandes firmas petroleras como la Royal Dutch se han registrado para participar en la espectacular cuenca de petróleo de Presal de Brasil que posee miles de millones de barriles de petróleo en el fondo de océano. A ella se suma el interés de las estadounidenses Chevron y ExxonMobil junto con la noruega Statoil y la francesa Total. El alza del precio de petróleo impulsada por Trump les ayuda en sus inversiones, ya que el precio de equilibrio que requieren es de 45 dólares por barril para hacer rentable su actividad, por ello British Petroleum y Exxon Mobil ya han participado en subastas anteriores en esa zona por las grandes perspectivas de ganancias.


Mientras los corporativos están de fiesta, Petrobras se suma a los resultados menores de Pemex y PDVSA con respecto al año pasado. En su informe trimestral de 2018, Petrobras informa que la producción total de petróleo y gas natural en el primer trimestre de 2018 fue de 2 millones 680 mil barriles de petróleo diarios, un 4% inferior al primer trimestre de 2017. A ello se suma la caída de ventas en un 9% y de 7% en la producción de derivados del petróleo. Petrobras paso de controlar en 2010 el 93% de la producción de petróleo de Brasil a sólo el 75% en febrero de este año. Con el expresidente Lula en la cárcel todavía, es el campo petrolero que lleva su nombre el que aporta la mayor cantidad de petróleo y gas a ese país con más de 850 mil barriles de petróleo diarios.


La producción de petróleo argentino también cayo 3.8% en 2016 y 6.3% en 2017. La estatal YPF suma también una caída en la producción de petróleo de 2017 a 2018, al pasar de 3.18 millones de metros cúbicos, a 3.15 millones de metros cúbicos. Mientras eso sucede con la principal empresa petrolera argentina, Pan American Energy tuvo un alza de 3.49% y Petroquímica Comodoro de 28.89%. Además Argentina destaca en la entrega impresionante de vastas áreas de exploración para los corporativos internacionales, se espera que en julio de este año ponga más de 225 mil kilómetros cuadrados -2 veces el territorio cubano- bajo exploración corporativa petrolera en alto mar.


Y es en territorio argentino y en especifico en la provincia Neuquén donde se instalan los pozos de fractura hidraúlica (fracking) que ocasionan grandes problemas de contaminación y que destruyen la forma de vida comunitaria de los mapuches. Además que producen una demanda impresionante de agua de la región, ya que dicha actividad requiere más de 11 millones de litros de agua. El gran yacimiento de Vaca Muerta presentado como el detonante del crecimiento gasífero argentino –y la principal reserva de gas de América Latina con más de 30 mil kilómetros cuadrados- es hoy un punto de disputa central entre la dinámica capitalista petrolera y el derecho a la vida y a la ecología de las poblaciones locales.


Y es que en todo este proceso de dominio de las trasnacionales del oro negro de América Latina esta en disputa el derecho a un ambiente sano, al territorio de los pueblos y al uso de sus bienes naturales para el beneficio y la buena vida de las comunidades, NO para las ganancias extraordinarias y la economía de la destrucción de naturaleza y el cambio climático que promueven dichos corporativos.


Frente a esta panorama de despojo y devastación nos queda como mejor opción aquella que formuló Eduardo Galeano en las Venas Abiertas de América Latina: “Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos?”.

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Miércoles, 23 Mayo 2018 11:49

Aprobada la Ley Lleras 6.0 o Ley Naranja

Aprobada la Ley Lleras 6.0 o Ley Naranja

La presión de los Estados Unidos para que Colombia no sea aceptada en la Ocde hasta no cumplir con varias reformas que le otorgan más beneficios a diversas multinacionales, logró su propósito.

En efecto, este martes 22 de mayo el soberano Congreso de la República de Colombia, aprobó el proyecto de ley 206 de 2018 (Senado) o 222 del mismo año (Cámara) que reforma la Ley de autor y Derechos conexos con proposición sustitutiva. Esta reforma, varias veces presentada al Congreso, ahora es conocida como Ley Lleras 6.0, por ser el actual candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras, quien la impulsó en el 2011 mientras desempeño funciones como Ministro del Interior.

El proyecto de ley, presentado el pasado 5 de abril al Congreso por parte de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y del Interior, gozó de un trámite acelerado: el 18 de abril el primer debate con senda aprobación, tanto en Cámara como en Senado; el 17 de mayo, segundo debate, con aprobación en Cámara (17 de mayo) y luego en el Senado (22 de mayo). En medio de la campaña electoral por la presidencia de la República, el debate no tuvo eco significativo en el conjunto social.

Hernán Andrade, senador ponente, sin aludir a las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos, que recientemente exigió esta reforma, así como cumplir con la cuota de chatarrización, entre otros aspectos, sustentó, sin vergüenza alguna, que esta reforma beneficia a nuestra sociedad y que con ella –en eso sí acertó, aunque callando ante sus implicaciones– se actualiza toda la legislación que tenemos en el país, “…poniéndola a tono con la normatividad internacional…”, es decir (y en esto fue que sí acertó), sujetando, limitando y sometiendo al conjunto social en el intercambio de información, acceso a libros, fotocopias, software, música, etcétera, a normas que en todo momento benefician al capital internacional.

La reforma, para quedar para firma presidencial, debe surtir aún una conciliación de un artículo con lo tramitado en la Cámara de Representantes, la cual deberá llevarse a cabo el próximo martes 29.

El periódico desdeabajo, en su edición N° 246, denunció las implicaciones de esta Ley. Lea a continuación la totalidad del artículo.


 ¿A quién le conviene la Ley Lleras 6.0?

Felipe Arango P.*

 

Multinacionales de la cultura y de otros órdenes, atacan de nuevo, ahora con la pretendida Ley Lleras 6.0. Al filo de quedar todos como criminales, restringidos en nuestras necesidades de saber, conocer y compartir sin necesidad de estar mediados por patentes y semejantes, todo ello para que le abran la puerta a Colombia en la Ocde.

 

El ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, es uno de los sueños del presidente Santos. Sin embargo, las normas que la Ocde establece para convertirse en socio del denominado “club de los ricos”, favorecen a las potencias económicas garantizándoles mercados y normatividad en los países débiles. Con este propósito y en primer lugar, Colombia debe cumplir una serie de recomendaciones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya se tomaron medidas como la Ley Zidres que garantiza la entrega de tierras a las multinacionales y al gran capital. Otra es la exigencia de sacar al gobierno de las juntas de las empresas del Estado; con este fin, el gobierno ha pedido plazo para retirarse del Banco de la República y de otras entidades. En materia de empleo y seguridad social se propone la eliminación del salario mínimo y la reforma pensional.

Continuando con las exigencias, y en un acto que solo puede ser clasificado como chantaje, el 14 de febrero el jefe comercial de E.U. le envió una carta a la Ministra del Comercio de Colombia, María Lorena Gutiérrez, poniendo como condición tres normas para que E.U. apruebe el ingreso del país a la Ocde: en primer lugar, eliminar el sistema de chatarrización de camiones, golpeando a los pequeños y medianos camioneros. Como segundo punto, se intenta impedir que Colombia reduzca los precios de algunos medicamentos. Y como tercera obligación, exigen la aprobación de la última versión de la denominada Ley Lleras, donde se revisan los conceptos sobre derechos de autor y libertad de acceso en las redes.

A pesar del hundimiento en el Congreso colombiano de la quinta versión, el pasado 21 de marzo, el gobierno insiste en su propósito de cumplir las exigencias americanas y reintroduce la última versión denominada Ley Lleras 6.0. El origen de este proyecto proviene de un compromiso de Colombia a partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y en un marco internacional en el que las grandes potencias, en razón del gigantesco desarrollo de sus “industrias culturales”, han multiplicado ganancias a costa de la privatización de la cultura y del control absoluto de los “mercados culturales”. La Ley Lleras inicial (así bautizada por el nombre de su proponente, Germán Vargas Lleras) y sus subsiguientes versiones, va mucho más allá que la Digital Millenium Copyright Act de E.U, norma que protege excesivamente a las multinacionales del entretenimiento y atenta contra el derecho a la información, a la cultura y a la búsqueda del conocimiento.

El TLC es una herramienta comercial, y por eso la actualización de las normas sobre el derecho de autor funciona más para los titulares de los derechos y para las empresas. En contraposición al derecho francés, donde el derecho de autor pertenece al creador, en los TLC lo enmarcan dentro del concepto anglosajón del copyright, donde los comercializadores son quienes se apropian de las obras. Dentro de este “novedoso” concepto de propiedad, donde los negociantes son quienes se benefician del conocimiento y del patrimonio intelectual de la humanidad, convirtiéndolos en el terreno de lucro de unos pocos, el proyecto de Ley Lleras 6.0 propone ampliar en veinte años el período de su dominio público para las personas jurídicas (de 50 a 70 años).

Marcela Palacio, abogada y autora del libro “Derecho de autor, tecnología y educación para el Siglo XXI”, dice que de entrada “Esta Ley es mucho más dura de lo que incluso requiere el TLC”. La 6.0 tiene implicaciones que van más allá de los compromisos del TLC con E.U. y está vinculada a los requisitos del posible ingreso en la Ocde. La 6.0 modifica substancialmente todo lo relacionado con las Medidas Tecnológicas de Protección, MTP, lo cual representa importantes riesgos para la sociedad, pues limita el uso justo el conocimiento.

Las MTP, para salvaguardar materiales u obras protegidas y derechos de autor, pueden dividirse en dos categorías: medidas de acceso y de uso. El TLC se refiere solo a aquellas de acceso (y plantea excepciones). En la nueva Ley se incluyen ambas, a diferencia de Estados Unidos, donde no se castiga la violación de medidas de uso pues se considera que el consumidor puede practicar el “fare use” (uso justo), lo cual permite utilizar el potencial que ofrece la tecnología. Tampoco contempla la posibilidad de implementar el “fair dealing” (transacción justa), o un sistema de flexibilización para la sociedad de la información.

No se consagra un sistema para las “Obras huérfanas” (obras protegidas por derechos de autor, cuyo responsable, el autor o titular, no se puede identificar o localizar) que cobije realmente las necesidades de los archivos, centros de documentación, bibliotecas, o de cualquier individuo. Adicionalmente, no se ocupa de las obras no publicadas y restringe ampliamente los usos que se permite de ellas.

La Ley aprueba su uso por parte de personas jurídicas y no incluye a las naturales, lo que conlleva a la pérdida del patrimonio y a su acceso. La Nación renuncia a su derecho de propiedad y el de los creadores sobre el conocimiento, adjudicándoselo en propiedad exclusiva a los comercializadores.

En la Ley no son respetados los derechos de los discapacitados. al no contemplar las necesidades particulares de este grupo poblacional que serán incluidas en el “Tratado de Marrakesh”.

Como parte de los compromisos adquiridos en el TLC, se reforma el marco legal del derecho de autor, y se contemplan penas que van desde multas y hasta la prisión entre 4 y 8 años, penalizando las conductas cotidianas del contexto digital y científico. Los estudiantes, profesores, investigadores, científicos y artistas, son tratados como criminales al usar para su trabajo el conocimiento, el cual queda convertido en propiedad de las grandes empresas. La piratería comercial no es paragonable al uso del patrimonio intelectual de la humanidad para fines investigativos, pedagógicos o para el trabajo individual.

De aprobarse esta Ley, será Estados Unidos, mediante la lista negra anual y pública de la Oficina de Comercio (Ustr) quien clasifique los niveles de incumplimiento de la propiedad intelectual de sus socios TLC. ¿Dónde queda, entonces, la soberanía si es solo E.U. quien tiene la autoridad para establecer las reglas, pasar al tablero y acusar? La Ustr actúa unilateralmente, desconociendo incluso los procedimientos para resolver conflictos comerciales en la Organización Mundial del Comercio, OMC.

Ante las pretensiones de Ley en cuestión, vale la pena recordar que el acceso a la información, al conocimiento y a la cultura es un derecho reconocido en los tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte. El sistema internacional de derecho de autor reconoce la necesidad de establecer un marco legal balanceado que fomente la creatividad y permita la circulación del conocimiento y la cultura en beneficio del desarrollo y el bienestar de la sociedad.

La Ley Lleras 6.0 refleja la posición del Gobierno de acatar todas las órdenes que provienen del norte. Con la vana ilusión de pertenecer a la Ocde, se pretende que nuestro país implemente normas siempre más lesivas, las cuales se aplican para los miembros pobres mientras los socios ricos se benefician con múltiples cláusulas de excepción. Como en otras ocasiones, aquí vale el adagio popular de “el cura predica pero no aplica”.

 

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Ley de Economía Naranja, Ley Leras 6.0 recargada

 

 

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El gran negocio de las cárceles de EE.UU.

La paga a los presos es de 0,23 centavos de dólar la hora, según el sitio de investigación Global Research. Si se niegan, los encierran en celdas de aislamiento. Analistas hablan de esclavitud en el siglo XXI o, cuanto menos, de explotación.

 La política penitenciaria de Estados Unidos es un engranaje clave de su sistema económico. Los detenidos trabajan para corporaciones que facturan sumas millonarias. Las cárceles ocupan el tercer lugar como dadoras de mano de obra. Solo son superadas por la General Motors y Wall Mart. Desde que muchas fueron privatizadas se transformaron en un redituable negocio. Albergan al 25 por ciento de los presos del mundo cuando la población de EE.UU apenas alcanza al 5 por ciento. La paga es de 0,23 centavos de dólar la hora, según el sitio de investigación Global Research. Analistas de estas estadísticas hablan de esclavitud en el siglo XXI o cuanto menos de explotación. Por eso el malhumor de los reclusos va en aumento. Proyectan una gran huelga para el 21 de agosto que ya tuvo antecedentes en lo que va de este año, como una en Luisiana. En ese estado del sur se levanta Angola, la prisión de máxima seguridad más grande del país. Se construyó en 1869 sobre 73 kilómetros cuadrados de una ex plantación de esclavos. Sus condiciones de vida, que incluyen los trabajos forzados, son la reproducción más exacta de la desigualdad carcelaria. La mayoría abrumadora de sus presos son negros.


Según el informe anual que difundió Human Rights Watch en 2017, hay 2,3 millones de detenidos en EE.UU. De esa cifra, 211 mil en cárceles federales y el resto en prisiones estaduales. Pero si se ampliara el universo a quienes están en libertad condicional o bajo alguna restricción de movimientos, habría 5 millones de personas más en cuarentena. Las cifras de presos en Estados Unidos superan con amplitud a las de China, Rusia y Brasil, que le siguen en orden y rondan entre los 600 y 700 mil cada uno. Comparadas las tasas de encarcelamiento, arrojan que por cada blanco hay cinco negros detenidos o dos hispanos en esa misma proporción. A expensas de esa población penitenciaria, un grupo de corporaciones muy conocidas hacen negocios que todavía están lejos de alcanzar su techo.


Un estudio del pequeño Partido Laborista Progresista - una escisión del PC de EE.UU- sostiene que “la contratación privada de prisioneros para el trabajo fomenta incentivos para encarcelar a la gente. Las prisiones dependen de este ingreso y los accionistas corporativos que lucran del trabajo de los prisioneros hacen lobby a favor de las sentencias más largas a fin de ampliar su fuerza laboral. El sistema se alimenta a sí mismo”. Más de un centenar de cárceles privadas se extienden por todo el territorio estadounidense. En varias se les cobra la estadía diaria a los presos como si vivieran en un hotel. En un artículo del 9 de noviembre de 2015, BBC Mundo describió lo que pasaba en el sistema penal de Ohio. Había reclusos que debían entre 20 y 35 mil dólares por entrar y salir de prisión después de cometer delitos menores. En general bajo los efectos de las drogas.


Corrections Corporation of América (CCA) es la más vieja de las compañías que administra cárceles en EE.UU. Se creó en 1983. Según un artículo publicado el 9 de mayo de este año por el escritor cubano no vidente Miguel Angel García Alzugaray, tiene 66 prisiones, 91 mil detenidos y ganancias anuales de 1.700 millones de dólares. Geo, la otra corporación que sobresale junto a CCA, colecciona 65 penales, 65.700 detenidos y gana 1.600 millones de dólares por año. Ambas empresas aumentaron sus ingresos un 46% entre 2007 y 2014 según la misma fuente que publicó su texto bajo el título La ignominia de las cárceles estadounidenses.


CCA y Geo no son las únicas que hacen lucrativos negocios a expensas de los presos. Otras compañías tienen garantizado que los reclusos trabajen a tiempo completo. No pueden llegar tarde o faltar por problemas familiares. Y si la paga les resulta insuficiente y se niegan a cumplir con su labor, los encierran en celdas de aislamiento, según Global Research. Resulta obvio que carecen de protección sindical, no cobran horas extras, ni vacaciones, beneficios de salud o por la seguridad social. IBM, Motorola, Microsoft, Telecom y hasta la petrolera británica BP se valen de la mano de obra esclavizada. Fabrican gracias a ella distintos implementos de la industria en un amplio abanico de actividades.


Una de las grandes ganadoras de esta política es UNICOR (la ex Industrias de Prisiones Federales). Esta corporación contrata el trabajo en las cárceles. Tiene 110 fábricas en 79 penitenciarias. Es muy ilustrativo sobre el tema un trabajo del periodista Justin Rohrlich en World in Review. Señala que los presos producen a cambio de centavos la hora, “componentes para los aviones de combate F-15 de la McDonnell Douglas/Boeing, los F-16 de la General Dynamics/Lockheed Martin y los helicópteros Cobra de la Bell/Textron”. También fabrican “gafas de visión nocturna, chalecos antibalas, uniformes de camuflaje, equipos de radio y comunicación, sistemas de iluminación y componentes para cañones antiaéreos de 30 mm a 300 mm, rastreadores de minas terrestres y equipos electro-ópticos para el telémetro láser del vehículo Bradley de combate”.


La trasnacional aeronáutica BAE Systems, el segundo mayor contratista militar del mundo, es uno de los principales clientes de UNICOR. De origen británico, pero con grandes negocios en EE.UU, uno de sus principales productos han sido los misiles Patriot. Las prisiones de Estados Unidos les reportan ganancias a este tipo de compañías por unos 30 mil millones de dólares anuales. Lo perverso del sistema es que estas operaciones comerciales se garantizan con la población carcelaria que cada estado les asegura a las empresas. En el caso de las prisiones privadas, deben alcanzar entre el 95 y el 100 por ciento de ocupación. Si eso no pasa, los gobiernos estaduales deben indemnizarlas.


Las cuotas de detenidos también alcanzan a los inmigrantes indocumentados o flojos de papeles. Por una norma del Congreso, el Departamento de Seguridad Interna está obligado desde 2009 a garantizar 34 mil personas por noche en los centros de internamiento de extranjeros. La disposición fue escrita en el presupuesto federal por el senador Robert Byrd, un demócrata de Virginia. Estuvo en el Congreso de Estados Unidos de manera ininterrumpida durante 51 años, entre 1959 y 2010, cuando murió.


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¿Cuáles son las mayores corporaciones del mundo?


Crece rápido o muere lento. Es el lema de las tecnológicas, que están superando en riqueza y tamaño a los emporios clásicos porque al menos el 40% de los negocios actuales perecerá

Crece rápido o muere lento. El lema que acuñaron las punto.com a comienzo de este siglo -y que se puso en tela de juicio durante su crisis sectorial, con repercusión global, allá por 2003, que desencadenó la primera de las dos recesiones de la era George W. Bush-, ha cumplido con los augurios. Fundamentalmente, procedentes de gurús de las nuevas tecnologías. El credit-crunch de 2008 ha llevado en volandas a sus compañías más emblemáticas a la cima de la globalización. Sobran botones de muestra. Tesla, por ejemplo, pionero fabricante de coches inteligentes que fundó Elon Musk, superó en 2017 a Ford o General Motors en capitalización bursátil. Adaptarse a los cambios o desaparecer. Esa es la cuestión. Porque, como alerta John Chambers, presidente de Cisco Systems, “al menos el 40% de los negocios actuales perecerá en los próximos diez años si sus directivos no son capaces de averiguar cómo realizar una conversión de arriba a abajo en sus compañías para adecuarlas a la innovación tecnológica”.


Un sorpasso, el de los unicornios -término con el que se conoce a las firmas que superan los mil millones de dólares de facturación- a las blue chips -o empresas bien establecidas, con ingresos estables, valores sin grandes fluctuaciones y que no precisan de ampliaciones de su pasivo para conservar su estabilidad en los mercados- que también representan la nueva economía, digital, en la que la información, el Big Data, y el economics analytics, ha dirigido al sector privado hacia una nueva dimensión. Facebook, una de las señaladas por las autoridades fiscales americana y europeas por disfrutar de las ventajas impositivas que confieren las regulaciones mercantiles y tributarias a los domicilios sociales y fiscales y el principal agente empresarial involucrado en los cambios de tendencia en las urnas británicas y estadounidenses, en 2016, que condujeron al Brexit y al triunfo de Donald Trump, gestiona más de 300 millones de gigabytes en información personal de sus usuarios. Datos equivalentes a que cada uno de ellos tuviera archivados 126 e-books en sus cuentas. Y un arsenal de perfiles que le permite disponer de una de las plataformas on line más importante del mundo. Indispensables para beneficiarse de modelos de negocio que amplían consumidores y diversifican mercados al calor del incremento productivo de los robots y la automatización industrial, y del boom de ventas propiciado por el e-commerce. Apenas dos decenios después de que Sergey Brin y Larry Page registraran el dominio google.com y once de que Steve Jobs presentara en sociedad, en San Francisco, el primer iPhone.


En este intervalo, el primer decenio desde la crisis de 2008, el quinteto de grandes firmas, según la consultora Statista, lo acapara las tech de referencia. Apple, con 752.000 millones de dólares de capital bursátil (tres cuartas partes del PIB español), encabeza el ranking de 2017, seguida de Alphabet, cabeza del emporio Google, con 579.500 millones; de Microsoft, con 507.500; Amazon (427.000) y Berkshire Hathaway, el oráculo inversor de Warren Buffet, uno de los clásicos, junto a Bill Gates y Carlos Slim, del top-three de mayores fortunas del mundo en la clasificación anual de Forbes de los últimos lustros, con 409.900 millones. Casi la misma cotización mundial que la firma de Mark Zuckerberg -Facebook concluyó el pasado ejercicio con un valor de mercado de 407.300 millones- y antecedió en este selecto club a la primera de las petroleras, Exxon Mobil, con 242.000 millones, las históricas y hegemónicas creadoras de riqueza para sus accionistas de otros tiempos.


El liderazgo por ingresos anuales en 2017


Sin embargo, los expertos de Statistic, modifican substancialmente su top-ten, al sondear las cuentas de resultados de las firmas y evaluarlas por el volumen de ingresos. Quizás el parámetro más fiel del tamaño de una empresa. Según sus valoraciones, de abril pasado, cuando se cerró, por tanto, el primer trimestre de actividad de este año, cuando la capitalización bursátil de Apple se catapultó hasta los 913.170 millones de dólares, Walmart registró unos ingresos, al término de 2017, para el conjunto del último ejercicio, de 485.900 millones. Fruto de los incrementos de ventas a través de e-commerce y del dinamismo consumista de su principal mercado: EEUU. Aunque opera con plataformas digitales en once naciones y tiene diseminados 11.000 centros comerciales por 28 países. Walmart, con sede en Bentonville (Arkansas) y que es propietario de los almacenes británicos Asda, emplea a más de 2,3 millones de trabajadores en todo el mundo, de los que 1,5 son empleados en EEUU. Para 2018, planea crear más de 200.000 nuevos empleos y mejorar los salarios de toda su plantilla. Además de aumentar los cursos formativos y adecuar así a sus trabajadores, presentes y futuros, a las demandas del mercado digital, promete su CEO, Doug McMillon.


A continuación, esta consultora sitúa a tres empresas chinas. El segundo escalafón del peldaño es para State Grid Corporation, con una facturación de 315.200 millones de dólares en 2017. La firma es el monopolio del mercado eléctrico del gigante asiático. Gestiona 24 firmas del sector de ámbito estatal, además de cinco regionales. Fundada en 2002, da trabajo a casi 2 millones de personas y dispone de 1.100 millones de clientes. Exporta a Italia, Filipinas, Australia y Brasil y va a realizar un plan de inversión de 11.000 millones de dólares en Sarawak (Malaisia) con la que iniciará su salida al exterior. Otra china, la petrolera Sinopec, con 267.500 millones de ingresos, completa el pódium. Esencialmente, por su expansión contractual en Rusia y Mongolia. Emplea a más de 810.000 trabajadores, principalmente a través de sus subsidiarias de petróleo y de la industria química. Ha desembolsado más de 120.000 millones de dólares en adquisiciones entre 2009 y 2013. Le sigue la China National Petroleum Corporation, con 262.600 millones. CNCP es un conglomerado de empresas energéticas con más de 1,7 millones de trabajadores, aunque su principal fuente de negocio es el petróleo y el gas. En la actualidad, dispone de unas reservas de crudo de 3.700 millones de barriles y mantiene joint-ventures de exploración y producción con Venezuela, Irán, Tailandia y Canadá.


El quinto y el sexto puesto son para dos emporios automovilísticos. Toyota, con 254.700 millones lidera las ventas de coches eléctricos, con más de 6 millones de unidades vendidos, casi todos de su modelo Prius. Si bien, buena parte de sus ingresos también proceden de sus otras marcas: Daihatsu, Ranz, Hino y Lexus. La compañía de la región japonesa de Aichi mantiene una plantilla de 348.000 trabajadores. Desde 2012, fabrica más de 12 millones de vehículos al año. Le sigue los pasos su gran rival global, Volkswagen, con 240.300 millones. A pesar del escándalo por las emisiones contaminantes de sus modelos, que estalló en 2015, y por el que ha desembolsado más de 15.300 millones de dólares en indemnizaciones y reparaciones y sanciones a autoridades regulatorias de EEUU, su política de diversificación de fabricantes (son dueños de Skoda, MAN, Scania, Bugatti, Bentley, Lamborghini, SEAT y Audi) y de vehículos (también se dedica a producir autobuses y camiones, principalmente) mantiene a más de 600.000 trabajadores.


Para desvelar a la segunda petrolera, Royal Dutch Shell, hay que remontarse al séptimo puesto. Facturó 240.000 millones de dólares. Es una de las clásicas de los seis supermajors del sector. Su catálogo de negocios es la base de su facturación. Está inmersa en exploración, producción, refino, distribución, electricidad, industria petroquímica, marketing y en la comercialización de energías renovables, especialmente eólicas y de biocarburantes. Gestiona unos 3,7 millones de barriles diarios y está presente en más de 70 países. En 2016 gastó 53.000 millones de dólares en la adquisición del grupo BP y se convirtió con esta operación en la primera compañía de gas natural licuado. Berkshire Hathway, con 223.700 millones, es la octava firma que, en su registro contable, incluye la facturación de sus marcas subsidiarias: NetJets, Pampered Chef, FlightSafety International, Long & Foster, Helzberg Diamonds, Lubrizol, BNSF Railway y Dairy Queen. Aunque el 75% de los ingresos declarados por Warren Buffet con su buque insignia, ya no proceden del ámbito financiero, sino de sus inversiones en conglomerados de sectores muy variopintos, que van desde el ferrocarril, hasta aseguradoras como Geico.


En novena posición aparece Apple, con 215.600 millones. Tiene 478 centros comerciales en 17 países y emplea a más de 110.000 personas. Y cierra el top-ten Exxon Mobil (205.000 millones y más de 77.000 empleados).


Aramco, la compañía con más beneficios del mundo


La era digital, en cualquier caso, no ha logrado desbancar a viejos teloneros del mercado. Por mucho que, en 2017, el número de unicornios repuntara como nunca en la historia económica reciente. O que china empezara a tutear a EEUU en esta faceta, al encumbrar nada menos que a 45 nuevas firmas al listado de empresas con más de 1.000 millones de facturación. Aramco, la petrolera estatal saudí, es la más rentable. Con diferencia. Sólo en los seis primeros meses del pasado ejercicio, consiguió 33.800 millones de dólares para las arcas del reino saudí. Vende más de 10 millones de barriles cada día. Las cuatro décadas de existencia de la mega-petrolera saudí ha sido uno de los secretos mejor guardados del Reino de Riad. Gobernada, como ha estado, por príncipes y ejecutivos y directivos del círculo íntimo de la monarquía Saud. Esta cifra ha sido entregada a los posibles inversores. A propósito de la privatización del 5% de su accionariado, operación inmersa dentro del programa de modernización económica del país impulsado por el heredero a la corona, Mohammed bin Salman, que valora a la petrolera en nada menos que 2 billones de dólares. Y la venta de esa porción de sus acciones en torno a los 100.000 millones.


Los 33.800 millones de ingresos en los seis primeros meses de 2017, con el precio del crudo aún por debajo de los 50 dólares, casi la cuarta parte de los que llegó a cotizar el barril en su valor histórico, rebasa la facturación conjunta de Samsung, Microsoft y Volkswagen. Y ha sido extraída de notas oficiales de varios bancos de inversión que preparan el acuerdo de salida a bolsa de Aramco.


Lista Forbes de las 500 mayores


El que Apple lidere el ranking de mayores empresas por capitalización bursátil y Walmart la lista por ingresos, no quiere decir que sean las compañías más grandes del mundo. Otra clasificación, la de la publicación Forbes, se considera la más completa por cuanto incluye en su catalogación una valoración de ventas, beneficios, activos y valor de mercado de cada una de las firmas que componen su indicador. El más extenso, incluye las 500 de mayor dimensión. En su edición sobre los resultados de 2017, el top-ten es el siguiente: los bancos chinos ICBC y China Construction Bank; Berkshire Hathaway; JP Morgan Chase; Wells Fargo; Agricultural Bank of China; Bank of America; Bank of China; Apple y Toyota Motor.


En su enumeración, registra nueve empresas hispanas. La primera que aparece es Santander, en el puesto 33, con 48.300 millones de ventas, 6.900 de beneficios, 1,4 billones de activos y 89.400 millones de valor de mercado. Le sigue BBVA, en el 105; Telefónica, en el 110; Iberdrola, en el 145; Repsol, en el 240; Inditex, en el 276; Gas Natural Fenosa, en el 307; La Caixa (321) y Mapfre (475).


Otra clasificación de referencia es la que ofrece las diez mayores firmas por valor de marca. La elabora la consultora Interbrand, que sitúa a Apple como la primera, con una enseña de 184.000 millones de dólares. La parte esencial de su valoración la extraen de los ingresos, pero también incluyen otros componentes, más o menos tangibles, relacionados, en esencia, con la ejecución de medidas de renovación de la imagen corporativa o, en su defecto, con decisiones o casos que pudieran deteriorar su marca. Acompañan a la firma de la manzana Google (141.700 millones de dólares de valoración); Microsoft, con 80.000 millones; Coca-Cola, con 69.700; Amazon, con 64.800; Samsung, con 56.200; Facebook, con 48.200; Mercedes-Benz, con 47.800 e IBM, con 46.800.


Pero, ¿cuáles son las más innovadoras en la era digital? La firma Boston Consulting Group tiene su ranking 2018. Sobre datos del pasado ejercicio. En el que calibran sus inversiones en I+D+i o el desarrollo de nuevos productos con denominación online, así como su aceptación en mercado y su éxito de ventas. La mayoría de sus empresas innovadoras (siete de las diez primeras) se consideran nativas digitales y obtienen la vitola de innovadoras por sus programas de inversión y la evolución de sus modelos de negocios y las industrias en las que operan y producen. En su listado, no aparece ninguna firma española. Los cinco primeros son Apple, Google, Microsoft, Amazon y Samsung.

 

02/05/2018 20:44 Actualizado: 03/05/2018 06:30
DIEGO HERRANZ

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Petroleras: el negocio de la contaminación

La industria petrolera sabía desde hace más de seis décadas que estaba causando el cambio climático global. Además, patentó en ese periodo varias opciones de tecnología para energías renovables y otras que podrían haber disminuido el daño, pero no las desarrolló, porque los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) resultaban más rentables. Por si este crimen fuera poco, usaron, además, a los mismos investigadores que la industria del tabaco usó para negar por décadas los problemas de salud causados por fumar.

Aunque la industria petrolera siempre niega esa conexión, la organización Centro Internacional de Ley Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés), ha recopilado miles de evidencias, ahora publicadas en el informe Smokes and Fumes (Humo y gases), demostrando no sólo la conexión entre ambas industrias, sino que incluso fueron empresas petroleras las que diseñaron la estrategia y sugirieron investigadores a la industria del tabaco para engañar al público (https://tinyurl.com/ya2lapzd).

A partir de la década de 1950 en adelante, las industrias petroleras y tabacaleras usaron las mismas empresas de relaciones públicas y los mismos grupos de investigación, y también los mismos investigadores, explicó Carroll Muffett, presidente de CIEL, al presentar el proyecto. “Una y otra vez encontramos que tanto las empresas de relaciones públicas y los investigadores, trabajaron primero para las petroleras y luego para las tabacaleras. Era como un pedigrí que las empresas tabacaleras reconocían y buscaban”, añadió.

La estrategia en ambos casos seguía un patrón de negación de evidencias y de crear confusión sobre la realidad de daños e impactos, sembrando incertidumbre en el público y en comités políticos y judiciales, para que no se pudiera generar una política pública al respecto. Siguieron este modelo también con la negación de los impactos en salud y ambiente del plomo en la gasolina, el smog, la contaminación del aire, la toxicidad del benceno y otros casos.

Las evidencias recopiladas por CIEL, entre otras que han permitido atribuir el cambio climático a industrias específicas, como la de combustibles fósiles, han dado pie a iniciar una serie de juicios contra esas empresas por su responsabilidad en causar el cambio climático. Esto es algo que antes no se había intentado porque era difícil establecer legalmente la responsabilidad por los daños causados por el cambio climático en comunidades y regiones concretas a empresas específicas. CIEL muestra en su reporte que las industrias petroleras, por ejemplo ExxonMobil (antes como Standard Oil y Esso) recibían reportes desde la década de 1950 y 1960 sobre la relación causal entre los gases producidos por la quema de combustibles fósiles y el cambio climático.

Toda la industria petrolera, por conducto de su Instituto Americano del Petróleo, recibió informes constantes desde 1968 sobre los riesgos climáticos de sus producción. Desde 1980, la industria petrolera comenzó incluso a incluir los riesgos climáticos en los cálculos de rentabilidad y en el aseguramiento de sus activos. Pese a esto y pese a que el cambio climático ya estaba científica y notoriamente probado, desarrollaron desde 1990 una agresiva campaña de relaciones públicas para negar el cambio climático.

A finales de 2017, las ciudades de San Francisco y Oakland, así como varios condados de California emprendieron una acción legal contra las grandes petroleras Exxon, BP, Chevron, Conoco-Phillips y Shell por su contribución al cambio climático, y los daños que está causando a esas ciudades, en particular por la necesidad de crear nueva infraestructura para protegerse del aumento del nivel del mar. Además, acusan a las empresas de usar la misma estrategia que la industria del tabaco para desacreditar informes científicos críticos a sus actividades y ocultar intencionalmente “la amenaza existencial para la humanidad” causada por el cambio climático debido al uso y abuso de los combustibles fósiles. Se trata de demandas de miles de millones de dólares.

En enero de 2018, la ciudad de Nueva York inició otro juicio por responsabilidad civil contra las mismas cinco petroleras, por daños a la ciudad causados por el cambio climático, sumando nueve entidades entre ciudades y condados.

ExxonMobil respondió a las demandas con una campaña de intimidación, acusando legalmente a los fiscales responsables de las demandas y a una serie de funcionarios de esas ciudades, de “una conspiración para atacar los derechos constitucionales” de Exxon, una frase totalmente trumpiana, porque si hay alguien que ha hecho exactamente eso contra la población mundial, han sido estas empresas. A finales de marzo de 2018, la juez federal Valerie Caproni de Manhattan desechó la contrademanda de Exxon, por no existir materia para tal medida.

En Europa, Amigos de la Tierra de Holanda inició el 4 de abril de este año un juicio contra Shell (petrolera con sede en ese país) por su responsabilidad en el cambio climático, teniendo conocimiento de las consecuencias de su explotación desde hace 30 años. También porque sus actuales planes empresariales y de inversión, sabotean directamente el Acuerdo de París sobre cambio climático, ya que aseguran un aumento en la temperatura de cuatro grados para 2100. Esta demanda cuenta con el apoyo de Amigos de la Tierra Internacional, con miembros en 75 países, y está abierta a manifestar el apoyo de otras organizaciones e individuos (https://tinyurl.com/y73fvway).

Es apenas el comienzo. Hay un movimiento mundial para enjuiciar a las petroleras por causar el cambio climático, uno de los más graves crímenes ambientales contra la gente y el planeta.

* investigadora del Grupo ETC

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El capitalismo, un obstáculo para la igualdad y la democracia: la historia de EEUU

La Guerra Fría acabó con el legado del New Deal. El paso del tiempo y Trump están destruyendo ahora el legado de la Guerra Fría. Mientras que el capitalismo era cuestionado y desafiado en las décadas de 1930 y 1940, hacerlo se convirtió en tabú después de 1948. Sin embargo, a raíz de la crisis de 2008, se recuperó el pensamiento crítico acerca del capitalismo. En particular, un argumento está ganando terreno: el capitalismo no es el medio para alcanzar la igualdad económica y la democracia, sino más bien el gran obstáculo para su realización.


Durante el New Deal, la administración Roosevelt presionada desde abajo por una coalición de sindicatos (Congress of Industrial Organizations) y por la izquierda política (dos partidos socialistas y un partido comunista), revirtió la dirección tradicional (de desigualdad creciente) de la distribución de la renta y de la riqueza en Estados Unidos. Se produjo un cambio hacia una mayor igualdad. Así, la historia de los EEUU ilustra la idea que defiende Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI (2014) sobre la profundización de la desigualdad a largo plazo, que únicamente se ve interrumpida puntualmente. De hecho, la transformación que provocó el New Deal fue una de esas interrupciones, y estuvo basada en el tipo de impuestos hacia las empresas y los ricos que Piketty defiende ahora para corregir o revertir las desigualdades capitalistas.


Tras la Segunda Guerra Mundial, la reanudación del proceso de acumulación capitalista abatió al New Deal y ha llevado desde entonces al capitalismo global contemporáneo a una nueva profundización de la desigualdad. Lo que Piketty propone ahora de nuevo como una solución, ya ha demostrado ser un remedio meramente temporal. La transformación ha sido a su vez revertida. Después de 1945, las empresas y los ricos utilizaron sus beneficios y sus altas rentas y riquezas para comprar todavía más control de los dos principales partidos políticos. Ese control adicional les permitió desmantelar el New Deal y mantenerlo derribado.


Así, la historia de Estados Unidos ejemplifica algo más que la tendencia capitalista a profundizar en la desigualdad y cómo el uso de los impuestos estuvo en grado de revertir esa desigualdad. También nos muestra cómo y por qué esa transformación no pudo ser más que temporal. La lección de esta historia invita al escepticismo acerca de si las políticas progresistas basadas en impuestos -o, de hecho, cualquier política progresista- puede ser algo más que temporal, dado el probado éxito del capitalismo para revertirlas. Tal escepticismo se fortalece cuando las transformaciones que se han dado en otros países capitalistas se revelan, del mismo modo, como meras interrupciones temporales de una tendencia básica hacia desigualdades cada vez más profundas.


La conclusión que se extrae de la historia de EEUU no es que los esfuerzos para revertir la profundización de la desigualdad estén predestinados al fracaso. Más bien muestra que las meras reformas, como los cambios en la legislación fiscal, son inadecuadas para alcanzar dicho objetivo. Para que las reformas se mantengan -para superar una fragilidad que ya se ha repetido varias veces a lo largo de la historia-, es necesario ir hacia un cambio del sistema de base. Puesto que el capitalismo tiende a profundizar la desigualdad y ha demostrado que puede derrotar las inversiones de esta tendencia -convirtiéndolas en temporales-, es el capitalismo lo que debemos superar para resolver su inherente problema de desigualdad.


Lo mismo puede decirse respecto a la contradicción estructural del capitalismo con la democracia. La etiqueta de “democracia” que muchas naciones modernas usan para describirse a sí mismas ha sido siempre inapropiada. La esfera política es, en efecto, al menos formalmente, un lugar donde las decisiones gubernamentales las toman personas que rinden cuentas, finalmente, en unas elecciones basadas en el sistema una-persona-un-voto. En este preciso sentido, es cierto que los ciudadanos ejercen el derecho democrático a participar en la toma de decisiones que les incumben, por medio del control electoral que ejercen sobre los funcionarios gubernamentales.


Sin embargo, la esfera económica nunca se organizó de una forma democrática. Los líderes de las empresas -los propietarios, los accionistas y los directores que ellos eligen- toman todas las decisiones básicas que afectan a la empresa. Esto incluye decidir qué, cómo y dónde producir, así como qué hacer con los ingresos netos (o excedentes o ganancias) de la empresa. Los líderes no rinden en absoluto cuentas a las personas -todos los demás empleados- que deben que vivir con los resultados de esas decisiones empresariales básicas. Estos empleados son excluidos de participar en las decisiones económicas clave que les afectan y que configuran sus vidas. En resumen, se ha aplicado la etiqueta “democracia” a sociedades cuya esfera política es democrática, al menos formalmente, pero cuya esfera económica no lo es en absoluto.


La rigidez ideológica de la mayoría de las tendencias anti-estatismo en la historia de los Estados Unidos sirvió muy bien para mantener el foco en la oposición entre Estado/público e individuo/privado a la hora de pensar y actuar en favor del cambio social. La democracia se redefinió, en términos prácticos, como la liberación del individuo/privado de la intrusión del Estado/público. La calidad democrática de la empresa individual/privada -la estructura central de la economía- estaba exenta del análisis, en lo que se refiere a su incompatibilidad estructural con la democracia. La naturaleza jurídica de las empresas capitalistas, que tienen personalidad individual igual que las personas de carne y hueso, también ayudó a distraer la atención de su estructura antidemocrática. Del mismo modo, el compromiso del gobierno estadounidense con una “política exterior democrática” fomentó la reproducción en otros lugares de la misma estructura económica antidemocrática que caracterizaba a los EEUU.


El ala derecha de la política estadounidense ha entendido y ha reaccionado desde hace tiempo a los movimientos sociales por la igualdad y la democracia como amenazas al capitalismo. Sus líderes construyen coaliciones tratando de movilizar a la opinión pública contra esos movimientos, en tanto que amenazas al “American way of life”. Esta derecha ha construido su ideología sobre la noción de que la democracia significa que el Estado evite entrometerse en las vidas y las actividades de las personas y las empresas, consideradas ambas como “individuos”. Para ellos, igualdad significa igualdad de oportunidades, no de resultados. Entienden la oportunidad como algo estrictamente desconectado de la riqueza, los ingresos y la posición social de nacimiento de cada individuo.


El ala izquierda de la política estadounidense ha intentado siempre mantener la idea de que el capitalismo es compatible con el igualitarismo y la democracia. También ha defendido que el capitalismo se fortalecería, y no se vería amenazado, si se acercara más a la igualdad y la democracia. En términos prácticos, compitió contra la derecha insistiendo en que las masas -los trabajadores de las empresas capitalistas- perderían la ilusión y la lealtad al capitalismo si este se entregaba a sus tendencias anti-igualitarias y antidemocráticas. El capitalismo, argumentaba y argumenta, se fortalecería y no se vería amenazado por una rebaja de la desigualdad y por una mayor democracia.


Tanto la izquierda como la derecha -y su concreción en la dirección de los partidos Republicano y Demócrata- viven temerosas, conscientes o no, de que la masa, la clase trabajadora, se distancie del capitalismo. “Populista” es el epíteto que expresa actualmente este miedo. Ambos partidos compiten por el apoyo de los líderes del capitalismo -los principales accionistas y las juntas directivas empresariales que éstas seleccionan-, ofreciendo sus estrategias alternativas como una forma de evitar, controlar o canalizar de forma segura la desafección masiva con el capitalismo.


El Partido Republicano ofrece una mezcla de (1) represión a los movimientos sociales igualitarios y democráticos (es decir, populistas), (2) apoyo y subsidio a los capitalistas, y (3) gestos y políticas simbólicas para complacer a ciertos sectores de la opinión pública (fundamentalistas religiosos, patriotas, nacionalistas anti-inmigración, etc.). El Partido Demócrata ofrece una combinación de apoyo gradual y limitado a los movimientos contra la desigualdad y a favor de más democracia política. Se ofrece a sí mismo como el medio para llevar a los grupos marginales a una participación plena en el capitalismo, manteniéndolos así alejados del populismo. La dirección de cada partido condena a los populistas e intenta asociarlos con el adversario. Los Demócratas ven el populismo representado en Trump; los Republicanos y bastantes Demócratas centristas, en Bernie Sanders. Ambas partes rara vez se refieren al “capitalismo” per se. Ambos se comportan como si no existiera crítica o alternativa alguna al capitalismo, o como si éstas no tuvieran sentido.


No solo el Partido Republicano, sino también el apoyo del Partido Demócrata, sirven y refuerzan al capitalismo, que es un obstáculo básico para la igualdad económica y la democracia. Como ni la igualdad económica ni la democracia han sido nunca alcanzadas, han servido durante mucho tiempo como objetivos a los que ambas partes se han comprometido “de boquilla”. La absurda contradicción de esta posición compartida ahora está dando paso al reconocimiento de que la lección que nos ha dado la historia estadounidense es que existe una necesidad de cambiar el sistema. Si, en lugar de las estructuras empresariales capitalistas, se produjera una transición hacia las cooperativas de trabajadores con organizaciones y procedimientos democráticos -lo que con toda probabilidad supondría una distribución de los ingresos netos entre los participantes de la empresa mucho menos desigual que la que se da en las condiciones actuales- se habría eliminado un obstáculo clave para un movimiento social más amplio hacia la igualdad y la democracia.

Por Richard D. Wolff
03/03/2018
es el autor de "Capitalism Hits the Fan y Capitalism’s Crisis Deepens". Es fundador de Democracy at Work.
Fuente:
https://www.counterpunch.org/2018/02/23/capitalism-as-obstacle-to-equality-and-democracy-the-us-story/
Traducción:
Sara Suárez Gonzalo

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Los grandes grupos económicos de América Latina

Durante un largo tiempo, los grandes grupos económicos han sido la forma de organización corporativa dominante en América Latina. Tal como menciona Grosse (2007), estos grupos se caracterizan por estar controlados por un pequeño número de inversores – típicamente por una o dos familias- y por lo ampliamente diversificadas que se encuentran sus actividades.

En la región, los grandes grupos económicos dominan buena parte de las industrias nacionales, exceptuando el sector de hidrocarburos, donde las empresas estatales tienden a ser predominantes. Además, la influencia de estos grupos y de las multimillonarias familias que, por lo general, están tras de ellos, trasciende el ámbito económico e incide directamente en las decisiones políticas que se adoptan en sus países.


Si echamos un vistazo al ranking de las mayores empresas de América Latina en 2014 encontraremos que dieciséis de las veinticinco mayores empresas de la región, pertenecen a grandes grupos económicos locales. A su vez, estos grupos están controlados mayoritariamente por individuos o por ciertas familias. La mexicana América Móvil, por ejemplo, cuarta empresa más grande de la región en 2014 (detrás de tres petroleras estatales), pertenece al grupo Carso, controlado por Carlos Slim, uno de los diez hombres más ricos del mundo. El grupo Carso controla, además, empresas en el sector comercial, industrial, aeronáutico, de telecomunicaciones, entre otros. La brasileña JBS Friboi, líder en la venta de carne y sexta en el ranking regional, es controlada por la familia Batista a través del grupo JBS. La argentina TECHINT, que opera en el sector siderúrgico y de metalurgia y que es duodécima en el ranking, es controlada por Paolo Rocca. En Chile, Empresas Copec, decimoquinta en el rankingregional, es controlada por la familia Angelini, a través del grupo del mismo nombre.


Pero el capital de los grandes grupos económicos de la región no solamente se concentra en la industria o en el comercio, sino también en el sector financiero y en el sector de la comunicación (entre otros). Por ejemplo, de los veinticinco mayores bancos de la región, según el listado de América Economía para el año 2017, doce son de propiedad privada local, mayoritariamente en manos de grandes grupos económicos. El banco brasileño Itaú, por ejemplo, que es el banco privado más grande de América Latina, pertenece al grupo Itaúsa, con participación en el sector inmobiliario, financiero, químico, entre otros. A su vez, el grupo Itaúsa es controlado mayoritariamente por dos familias: Setubal y Villela. En México, el banco privado más grande, Banorte, pertenece al Grupo Financiero Banorte, controlado en buena parte por la familia Gonzalez Barrera.


Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de América Latina. De hecho, el que una notoria cantidad de empresas estén controladas por grupos locales, usualmente familiares, ha sido observado en algunas partes de Europa, Asia y otras regiones del mundo, como lo señalan Faccio y Lang (2002) y Morck, Wolfenzon y Yeung (2005). Una causa probable para ello es que los mercados de capitales no están tan ampliamente desarrollados en estos lugares como sucede en países como Estados Unidos.


Adicionalmente, en América Latina, al igual que en otras regiones en vías de desarrollo, el financiamiento para nuevos emprendimientos suele provenir de la propia riqueza familiar de los empresarios. Esta situación, que tiende a persistir, pone límites a la entrada de nuevos competidores, ocasiona la aparición de monopolios y permite la expansión de los grupos económicos a otros sectores diferentes a aquellos en los que se iniciaron.


Este problema, si bien es parcialmente ocasionado por la desigualdad estructural que ha caracterizado a América Latina desde tiempos de la colonia, contribuye también a reforzar la misma. El problema se agrava cuando consideramos que los extremos niveles de desigualdad de renta y de riqueza en la región son una amenaza sobre el crecimiento sostenible, sobre la cohesión social y representan un serio desafío a la democracia. De hecho, el que existan altos niveles de concentración de riqueza implica que también existan altos niveles de concentración de poder político en la región.


La influencia de los multimillonarios y de los grandes grupos económicos en América Latina se extiende, por tanto, mucho más allá de la esfera económica. Hay una gran variedad de casos en que muchos de los grupos económicos más poderosos de la región han utilizado su poder para incidir en las decisiones políticas nacionales, para obtener protección gubernamental o para acceder a información privilegiada. Sus medios de comunicación suelen ser usados para promover sus intereses y su posición privilegiada para defender su statu quo. Pese a todo ello, llama la atención el hecho de que muy pocas de las empresas de propiedad de estos grupos destaquen en el listado de las más grandes a nivel global.


Por Pablo Quiñonez Riofrío, @paquinonez , investigador CELAG.


Referencias:


Faccio, M., y Lang, L. (2002). The Ultimate Ownership of Western European Corporations. Journal of Financial Economics, 65(3), 365-395.
Grosse, R. (2007). The Role of Economic Groups in Latin America. En R. Grosse & L. Mesquita (Eds.), Can Latin American firms compete? Oxford: Oxford University Press.
Morck, R., Wolfenzon, D., y Yeung, B. (2005). Corporate Governance, Economic Entrenchment, and Growth. Journal of Economic Literature, 43(3), 655-720.

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Sábado, 17 Febrero 2018 18:47

El retorno de los mercenarios

El retorno de los mercenarios

El Estado-nación ya no monopoliza el uso de la fuerza ni pretende ser el proveedor de servicios sociales y asistencia humanitaria. El ejercicio de la violencia y de la benevolencia se privatiza con alianzas coyunturales de mercenarios y organizaciones no gubernamentales.


En 2000 la actriz estadounidense Mia Farrow, distinguida con numerosos honores por su militancia humanitaria en África, fue designada embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Ocho años más tarde, frustrada por la incapacidad de la llamada “comunidad internacional” para detener el genocidio en Darfur, Farrow se puso en contacto con la firma de mercenarios Blackwater para una intervención humanitaria.


“Blackwater tiene una idea mucho más clara que los gobiernos occidentales de qué es una misión de paz efectiva”, declaró Farrow a la cadena Abc News.


Apenas unos meses antes de la gestión de la actriz, Blackwater había ganado notoriedad internacional después de que un grupo de sus empleados matara a 17 personas e hiriera a 20 en un confuso incidente en la plaza Nisur, de Bagdad. En 2005 Blackwater envió 200 empleados al área afectada por el huracán Katrina para “confrontar a los criminales” en los barrios damnificados.


Blackwater, fundada en 1997 por Erik Prince, un ex oficial de las fuerzas especiales de la marina, los famosos Seal, pasó a llamarse Xe Services en 2009, y en 2011 cambió de nombre a Academi, después de ser adquirida por un grupo de inversionistas privados.


Que Farrow buscara contratar a Blackwater no fue un hecho extraordinario: numerosas Ong han recurrido en las últimas dos décadas y media a los servicios de empresas militares privadas, Private Military Companies (Pmc), o empresas de seguridad privadas, Private Security Companies (Psc). La mayoría de estos contratos de protección se mantiene casi secreta porque las Ong los consideran un mal necesario que mancilla su imagen.


Una excepción es Armour Group International, una Psc británica cuya lista de clientes es pública e incluye agencias de las Naciones Unidas, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (Echo), la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), el Departamento Británico para el Desarrollo Internacional (Dfid), el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional de Socorro, la laica Care y la católica Caritas. La Ong evangélica Worldvision y la irlandesa Goal también han recurrido a los servicios de Pmc como Control Risks Group, Global Risk Strategies, Eryns, Hart Security, Kroll, Lifeguard, Mpri, Olive, Ronco, Triple Canopy y Southern Cross.


“Mi organización, una Ong pequeña que trabajaba para fortalecer la sociedad civil en Irak, no era una excepción”, señaló Corey Levine, una consultora canadiense en derechos humanos que fue contratada por Usaid. “Aproximadamente el 40 por ciento de nuestro presupuesto de unos 60 millones de dólares fue destinado a proteger a los 15 empleados internacionales. Nuestra compañía de seguridad era sudafricana”(www.counterpunch.org, 26-VIII-2010).


VOLVER AL FUTURO.

La colaboración entre profesionales de la guerra y vocacionales de la caridad es una realidad consolidada en un proceso que numerosos autores, por décadas ya, pronosticaron como una nueva Edad Media.


En 1924, el ruso exiliado Nicolái Berdiaáyev publicó su libro Un nouveau Moyen Âge. Réflexions sur les déstinées de la Russie et de l’Europe, y en 1973 el italiano Umberto Eco su ensayo Documenti su Il nuovo medioevo. Del asunto también se han ocupado otros, como el geógrafo Giuseppe Sacco, el historiador Furio Colombo, el sociólogo Roberto Vacca y el filósofo José Ángel Livraga Rizzi.


Para algunos el neomedievalismo significa caos y el triunfo de los bárbaros, como puede verse en los escritos de Leo Gross, Francis Wormuth, Arnold Wolfers, Martin van Crevel, Robert Kaplan y, especialmente, el francés Alain Minc, quien produjo sus conclusiones observando los conflictos bélicos en los Balcanes en la década de 1990.


Otros estudiosos, como Philip Cerny, Mark Duffield, Stephen Kobrin, Jörg Friedrichs Andrew Gamble y Gregory O’Hayon, opinan que la nueva Edad Media representa la alternativa al sistema de Estado-nación que emergió primero en Europa tras la Guerra de los 30 Años (1618-1648).


La historia tiene ejemplos de transiciones similares, a las que la humanidad sobrevivió. En el momento de su apogeo, la Grecia clásica se sumió en una guerra de casi tres décadas que pronto derivó en masacres, torturas, bandidaje, coaliciones tan fluidas como las traiciones y el fin del imperio ateniense.


La lenta disgregación del imperio romano fue seguida por siglos de geografía política fragmentada, con una multiplicidad de poderes con jurisdicciones superpuestas. En un sistema político y económico que duró casi ocho siglos, la Iglesia ejercía en diferentes grados su autoridad sobre reinos y feudos, y las órdenes militares congregaban a caballeros guerreros de distintas nacionalidades.


El proceso de centralización monárquica y unidad ideológica en la Europa católica estalló con la Reforma, con la multiplicación de órdenes religiosas que tenían diversos grados de subordinación o insubordinación al papa. Y también con el surgimiento de la banca internacional y las grandes casas mercantiles, cuyas operaciones atravesaban reinados y feudos.


Esto condujo a guerras dinásticas, guerras por adquisiciones coloniales, y guerras religiosas con el florecimiento de los ejércitos privados, condotieros, soldados profesionales que se contrataban al servicio de tal o cual ciudad, señor feudal, rey o papa. A falta de pagos, los mercenarios saqueaban ciudades y aldeas o combatían entre sí.


NACE EL ESTADO.

Es a esta ausencia de poder centralizado que dio respuesta la paz de Westfalia. Se reconoció la soberanía sobre un territorio y al rey como fuente de autoridad investida con el monopolio del uso de la fuerza, la defensa de las fronteras y la aplicación de las leyes.


El término “mercenario” adquirió connotación criminal, y las nuevas naciones se especializaron en hacer la guerra con enormes ejércitos sujetos al mando de los gobernantes. La revolución independentista de Estados Unidos y la revolución francesa incorporaron la novedad de trasladar la fuente de soberanía a esa entidad llamada “pueblo”, lo cual permitió la movilización nacional, la levée en masse, y las guerras por patriotismo típicas de los siglos XIX y XX.


Este es el orden internacional que empezó a caducar tras el final de la Guerra Fría. Las grandes potencias –y las medianas también– redujeron el contingente de sus fuerzas armadas, dejando a cientos de miles de soldados desempleados.


La incesante batalla de la derecha contra el Estado redujo en buena parte del mundo la autoridad de aquél en el ámbito de la economía, y su capacidad para mantener la infraestructura y el orden público. La responsabilidad por la seguridad urbana se ha ido transfiriendo a guardias privados, la protección de los ricos y los famosos se encarga a guardaespaldas, la custodia de convoyes en zonas de guerra está a cargo de contratistas privados.


CONTRATISTAS.

Cuando en 1978 este periodista llegó a Venezuela le sorprendió la ubicuidad de los “guachimanes” (del inglés watch man, vigilante) armados y apostados en los centros comerciales, los bancos y las garitas a la entrada de residencias rodeadas de rejas. Procedente de un sur donde el Estado mantenía celosamente su monopolio del ejercicio de la fuerza, esa privatización de la función policial lucía chocante.


Cuatro décadas después las policías privadas –bien uniformadas y mal pagadas– están por todas partes en cualquier país, y los mercenarios de hoy se llaman contratistas. Sus funciones varían desde la mera vigilancia estática de edificios o instalaciones industriales hasta la protección de funcionarios y empresarios en movimiento, y desde la instrucción a ejércitos nacientes hasta la ejecución de campañas militares.
Estados Unidos, el país con la fuerza militar más poderosa del mundo, es también el mayor cliente de las Pmc y las Psc. Según el Servicio de Investigación del Congreso, durante la Segunda Guerra Mundial aproximadamente el 10 por ciento de las fuerzas armadas del país lo componían contratistas privados, pero durante las guerras en Irak y Afganistán la proporción ha subido al 50 por ciento.


En julio pasado el gobierno del presidente Donald Trump convocó a Prince, el fundador de Blackwater, y a Stephen Feinberg, dueño de Dyna Corp International –la empresa que creó el nuevo ejército de Liberia–, para que elaboraran estrategias militares alternativas en Oriente Medio, apoyadas primordialmente en fuerzas mercenarias.


La firma Private Security Monitor, que analiza esta “industria”, indica que hacia 2009 había en zonas de guerra un contratista privado por cada soldado regular. Esa proporción ha subido a tres por uno. En 2014 el 64 por ciento de todas las bajas estadounidenses en Afganistán correspondió a contratistas privados (50 soldados regulares y 101 contratistas muertos).


Los contratistas privados no están sujetos a, ni protegidos, por las convenciones internacionales de guerra –un legado obsoleto de la paz de Westfalia–, ni reciben los honores que se adjudican a los soldados regulares cuando retornan en un ataúd.


CÓDIGO DE CONDUCTA.

En 2015 el Departamento de Defensa estadounidense gastó un monto de 274.000 millones de dólares en contratistas privados, lo que equivale al 7 por ciento de todo el gasto federal. Pero el negocio no se limita a Estados Unidos. Las Pmc y las Psc son empresas trasnacionales, con una fuerza laboral internacional, oficinas en diversos países, y sus propias reglas de conducta.


La Asociación del Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (Icoca), que cuenta entre sus miembros a los gobiernos de Australia, Canadá, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, lista también entre sus miembros a empresas de seguridad privada de Estados Unidos, Irak, Singapur, Francia, Holanda, Chipre, Seychelles, China, Guatemala, Reino Unido, Polonia, Paquistán, Finlandia, Emiratos Árabes Unidos, Trinidad y Tobago, Colombia, Ghana, Nigeria, Sri Lanka, Palestina, Somalia, India, Haití, Mauricio, Suecia, Malta, España, Perú, Hong Kong, Egipto, Italia, Georgia y Turquía.


El código de conducta de Icoca y sus miembros, que incluyen “organizaciones de la sociedad civil”, está disponible para todo el mundo en nueve idiomas (www.icoca.ch/en/the_icoc).


Rusia no está en la lista, pero ha usado combatientes sin bandera ni insignias para su expansión en Ucrania. El parlamento ruso discute actualmente un proyecto de ley para regular a las Pmc después de que un ataque aéreo estadounidense en Siria mató a un número indefinido de “contratistas militares” rusos.


Durante la última década, tanto gobiernos como empresas internacionales recurrieron a Pmc y Psc para combatir a los piratas que pululaban en el Golfo de Adén y el noroeste del océano Índico, operando desde las costas de Somalia, un ejemplo sobresaliente del colapso del Estado-nación y el retorno al medievalismo.


LA WEB. Internet es uno de los instrumentos que dan a las Pmc una ventaja enorme sobre las fuerzas militares convencionales, porque les permite movilizar rápidamente un contingente, desplazarlo al área de conflicto, y desmovilizarlo una vez terminada la misión. Cualquier persona en el mundo a quien le interese una carrera como mercenario encontrará vacantes en la web. La experiencia laboral en grupos paramilitares, guerrillas y misiones internacionales de paz es altamente cotizada.


Los contratistas privados poco hablan de sus sueldos, porque sus clientes incluyen entidades como la Cia, pero según un informe de Cnn, las remuneraciones van de los 15 mil a los 22.500 dólares por mes. En el Ejército de Estados Unidos un soldado raso gana 1.468 dólares por mes, y un capitán percibe 4.952 dólares mensuales.


La eclosión de los contingentes militares privados es la consecuencia de la obsolescencia del Estado-nación y un síntoma de que no alcanzó su condición totalitaria en la era de la globalización. “Tenemos que aprender a vivir aun a través de las deficiencias que ya va planeando la sociedad medieval”, escribió el escritor, filósofo y educador argentino Jorge Ángel Livraga Rizzi. Una de las posibles soluciones, según Livraga, es la creación de módulos de supervivencia. “Cada cual tiene que tratar, en lo posible, de rescatar todo aquello que sea válido para sí y para los demás.”


Por su parte, la antropóloga María Dolores Fernández Figares-Romero de la Cruz, directora académica de la Escuela Superior de Comunicación de Granada, opina que “ante una imagen histórica como es la de la nueva Edad Media, lo único que cabe también es una actitud y una imagen histórica que impliquen una forma de comportamiento que sea la de ese hombre neomedieval que va buscando las semillas salvadoras (…). Aprender a vivir (…)en una sociedad donde hay deficiencias: ser capaz de anticipar la posibilidad de un fallo eléctrico sin que esto nos desestabilice, la posibilidad de una escasez de combustible, de una carestía de alimentos, de una inseguridad cada vez mayor, sin que ninguna de estas deficiencias del sistema nos limite a nivel psicológico” (revista Esfinge, 2-IX-09).

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