¡Al fin! intervenida Electricaribe S.A. E.S.P.

Luego de 16 años de quebrantos y pesares de los ciudadanos del Caribe colombiano, el Gobierno decidió intervenir a Electricaribe. La fase preliminar de la toma de posesión de la empresa ha empezado mientras el país mira con expectativas las medidas sobre esta electrificadora que ha generado enormes afectaciones económicas y sociales por la pésima calidad de su servicio. Inconformes los españoles con la medida, envalentonado el gobierno nacional que ahora deberá mostrar que defiende constitucionalmente los intereses de 2.5 millones de ciudadanos caribeños frente a los intereses de acumulación del capital transnacional.

 

Después de infinidad de promesas, concertaciones, la mediación del Presidente de la República, innumerables incumplimientos y grandes afectaciones a los habitantes del Caribe, el martes 15 de noviembre fue anunciada la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Electricaribe S.A. E.S.P., distribuidora de electricidad propiedad de la empresa española Gas Natural Fenosa, con operaciones desde el año 2000 en el territorio de la Costa Atlántica colombiana, donde cubre un total de 2.5 millones de pobladores.

La gota que rebosó la copa fue la iliquidez de la empresa que empezaba a tener grandes dificultades para pagar el suministro de electricidad que administra XM[1], situación de alto riesgo para la región pues podían proliferar los apagones o, incluso, podía quedarse sin suministro de electricidad. El ambiente caldeado, la presión social de la ciudadanía y mandatarios locales, así como la insistencia de la compañía en no capitalizarse ni en llevar los planes adecuados para mejorar el servicio, llevaron al Gobierno, por fin, a escuchar la demanda ciudadana que por años reclamó por la intervención de esta empresa,

Usando vestido negro, de saco y corbata, llegó el superintendente de servicios públicos José Miguel Mendoza Daza, a las instalaciones de Electricaribe en Barranquilla, para anunciar en persona la toma de la empresa por la entidad, la que en adelante se hará con el manejo de la electrificadora para buscar estabilizar el servicio y garantizar el pago a terceros. Con sorpresa fue recibido por altos funcionarios quienes, con actitud renuente, firmaron el acta de intervención ante Mendoza Daza, quien prosiguió a reunirse con los trabajadores para tranquilizarlos y anunciar algunos efectos de la medida.

 

La resolución que reglamenta la intervención

 

Mediante la resolución No. SSPD – 20161000062785 del 14/11/2016 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Esto significa que los bienes muebles e inmuebles, las cuentas bancarias, las deudas, etcétera, quedan bajo el dominio del organismo de control por un lapso no mayor a dos (2) años, tiempo durante el cuál debe procederse a solucionar los problemas que originaron la medida o liquidar la empresa.

Dos motivos fueron los principales causales de esta determinación. Están contenidos en el artículo 59 del capítulo 4 en la Ley 142 de 1994: “59.1. Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros”. Y “59.7. Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles”.

Argumentando las causas de la toma en posesión, la resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios explica: “10. Que de conformidad con las proyecciones de flujo de caja suministradas por ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., el déficit en la caja de la compañía para el mes de noviembre del 2016 (432.550.996.411) equivale al 55% de los egresos proyectados para ese mes; y el déficit proyectado para diciembre de 2016 ($655.313.484.945) es superior al total de egresos  proyectados para ese mes en flujo de caja ($543.324.488.534)”.

En la misma resolución la Superintendencia aclara que en comunicación del día 4 de noviembre, los expertos financieros contratados para analizar la situación de ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A E.S.P., manifestaron: “la revisión hasta la fecha evidencia una empresa en situación financiera precaria que, con los niveles actuales de deuda neta, capital y generación operacional de caja, tendrá dificultad para poder cumplir tanto con las obligaciones de pago derivadas de su operación corriente, como con sus compromisos a largo plazo con terceros. Al mismo tiempo, dadas las dificultades recientes que la Empresa enfrenta, incluyendo la ejecución de garantías financieras por parte de varios acreedores, la posibilidad de acudir a fuentes de financiación externa se han vuelto más limitadas”.

Además, la Superintendencia agrega: “12. Que con base en lo anterior, el asesor experto financiero concluyó en la comunicación citada que “(…) sin fuentes no operacionales de financiación, tales como aportes o garantías de sus accionistas, existe el riesgo de que Electricaribe incumpla sus obligaciones de pago en el corto plazo””. Motivos suficientes para prever un incumplimiento en sus obligaciones contraídas con XM en el Mercado de Energía Mayorista, situación que puede derivar en interrupciones del servicio y en la subsecuente agudización de las alteraciones del orden público, como ha venido pasando en los últimos meses por cuenta de las constantes fallas en el suministro de electricidad.

 

La voz de Gas Natural Fenosa

 

El mismo 15 de noviembre en la ciudad de Barcelona se pronunció Gas Natural Fenosa, a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en España): “Gas Natural Fenosa ha mostrado su total interés en cooperar y colaborar con las autoridades de la República de Colombia, tanto en el pasado como ahora de cara al futuro. La empresa colombiana padece muy fuertes tensiones de tesorería consecuencia del impago de un elevado número de facturas de clientes en gran parte con suministro obligatorio, que a finales del tercer trimestre de 2016, de acuerdo con los estados financieros auditados de Electrificadora del Caribe, ascendían a un importe de COP 4.052.080 millones (€ 1.260 millones) y está provisionado en aproximadamente un 83%, así como adicionalmente a la existencia de un importante fraude en el consumo”.

Era de esperarse esta reacción. En los últimos años los artilugios empleados por Electricaribe y sus propietarios han apelado a culpar a las deudas del gobierno y la morosidad de los habitantes del Caribe por las deficiencias propias de su servicio, argumento falaz. Pero además, osan reivindicar para sí la propiedad de los bienes, haberes y dividendos de la empresa: “De acuerdo con el procedimiento iniciado, Gas Natural Fenosa mantiene la consolidación de Electrificadora del Caribe por el método de integración global, y espera que dicha administración temporal no tenga impacto sobre la operativa habitual de la sociedad. Asimismo, no se estima que la mencionada medida temporal de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la compañía colombiana tenga impacto sobre el EBITDA ni el resultado neto de Gas Natural Fenosa, así como tampoco sobre el cash-flow, no afectando por tanto a su actual política de dividendos”. Descaro.

Paradoja. En las cifras de Electricaribe y sus propietarios nunca aparecen, por supuesto, el total de los$346.932.1 millones de pesos que fueron girados por el Gobierno que correspondían a la ejecución de Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE, en las vigencias 2008, 2011, 2012 2013 y 2014, destinados normalizar a 102.540 usuarios (Ver Recuadro 1), tampoco las cuentas de los $133.401 millones girados entre el 2011 y 2016 por el Gobierno y del posible detrimento de $65.733 millones sobre estos recursos que expone la Contraloría General de la Nación.

 

La preocupación se difunde en España

 

El “temido” enfado y respaldo del gobierno español, usado con frecuencia por los directivos de Electricaribe para amedrentar al gobierno colombiano cuando intentó apretarle el cinturón a esta empresa (para luego darle indulgentes reprimendas), llegó por cuenta de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español: “El gobierno español manifiesta su preocupación ante la intervención por las autoridades colombianas de la empresa Electrificadora del Caribe (ELECTRICARIBE) controlada por Gas Natural Fenosa. Esta empresa española lleva años trabajando e invirtiendo en Colombia y ha mostrado su interés en cooperar y colaborar con las autoridades colombianas. El gobierno español confía en que esta medida de intervención sea solo temporal y que alcance un arreglo satisfactorio para todas las partes, que tenga en cuenta los intereses de la empresa y de los usuarios”.

Ahora la pelota de la soberanía y de la dignidad nacional (si es que existe), se encuentra en la cancha del gobierno colombiano quien con sus acciones deberá lograr la absolución por dos errores que propiciaron la situación con Electricaribe: “Primero, por ser el responsable de la laxitud de los organismos de control con competencias directas sobre esta empresa. La tolerancia ha sido extrema, incluso cuando actuaciones de esta compañía han derivado en graves alteraciones al orden público en decenas de municipio de la Costa Atlántica […]. Segundo, es el responsable de estructurar políticas para el sector eléctrico donde él, o los usuarios, deben “pagar por la harina y por el molino”. En los últimos veinte años los gobiernos impulsaron leyes o promulgaron decretos que impusieron a los colombianos comprar la electricidad a privados, en un lucrativo negocio, además de pagar por que fuera generada eficientemente y a un bajo costo en épocas de crisis; también para que pudiera conducirse por redes con especificaciones técnicas loables hasta sus hogares”[2]

Como lo reglamenta la Ley 142, la Superintendencia intervendrá a Electricaribe por un plazo no mayor a dos años, tiempo en el que debe decidir liquidar o no a la empresa, si no se superan los problemas que dieron origen a la medida. Considerando los efectos de la intervención (destitución de junta directiva de Electricaribe) y la renuencia de Gas Natural Fenosa para capitalizar la empresa, es de esperarse que sea el Estado quien “raspe la olla” para inyectar recursos y subsanar la situación de la electrificadora, pero si hace esto se verá en el dilema de devolverle la empresa a Gas Natural Fenosa o liquidarla, asumiendo: 1. la operación de la electrificadora (estatizarla) o 2. Entregarla a un operador local total o parcialmente. Interesante diatriba.

En todo caso, lo que resalta esta intervención es la quiebra de un modelo privatizador que regaló los bienes públicos a empresas capitalistas, dándoles manga ancha para sus operaciones, permitiéndoles todo tipo de desafueros, y facilitando la elevación de las tarifas por el servicio prestado, es decir, colocando a la ciudadanía a enriquecer empresas de interés particular.

Lo que coloca a la orden del día esta intervención es, entonces, la necesidad de revertir el proceso vivido, reestatizando este tipo de empresas pero, sobre todo, abriendo un debate y proceso nacional a través del cual esta posible nueva estatización de bienes y servicios estratégicos sea asumida superando los errores del pasado, para lo cual es indispensable que la ciudadanía y los trabajadores intervengan en el diseño, operación y administración de estos bienes públicos, para que además de estatales sean en verdad públicas.

 

[1]  Compañía de expertos de mercados, es la empresa que opera y administra el mercado eléctrico colombiano. XM es una empresa filial de ISA.XM se encarga de operar el Sistema Interconectado Nacional colombiano a través del Centro Nacional de Despacho –CND– y de administrar el Mercado de Energía Mayorista –MEM–. Además, XM administra las Transacciones Internacionales de Electricidad de corto plazo –TIE– con Ecuador y coordina la operación interconectada con el Sistema Eléctrico Venezolano

 


(Recuadro)

 

Las apropiaciones ilegales de Electricaribe

 

Tomado de: “La crisis de Electricaribe fue auspiciada por el Gobierno”. https://desdeabajo.info/ediciones/item/29582-la-crisis-de-electricaribe-fue-auspiciada-por-el-gobierno.htm desdeabajo. Edición Agosto 20–Septiembre 20 de 2010.

Mediante el boletín de prensa #1318 la Contraloría General de la República informa: “Apenas $7.734 millones de pesos del Programa de Normalización Eléctrica (Prone)[3] que debía ejecutar Electricaribe, se encuentran en fiducias, y el resto de recursos, $141.135 millones, fue girado por estas a terceros autorizados por la empresa electrificadora”. Esto quiere decir que recursos girados por el Gobierno a la electrificadora para legalizar usuarios y adecuar las redes de los barrios subnormales pudieron ser transferidos a terceros, cometiéndose una clara extralimitación y un manejo dudoso de los recursos que fueron empleados, en el mejor de los casos, para sufragar costos que se encuentran por fuera de lo contemplado en el programa de apoyo gubernamental.

Precisa el organismo de control en su boletín: “En términos generales, de los $141.135 millones que las fiduciarias recibieron del Ministerio de Minas y Energía se entregaron el 95% ($133.401 millones), desde el 2011 al 30 de abril de 2016. Se trata de recursos PRONE asignados a través de 3 contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía con Electricaribe: GSC-226-2012, por $21.489 millones; GSC 157-2012, por $86.072 millones; y GSA-106-2011, por $46.076 millones”.

Esta tabla muestra los detalles de un posible detrimento patrimonial del orden de $65.733 millones de pesos por cuenta de Electricaribe, quien además de maltratar a los usuarios, incumplir en el servicio, también osó despilfarrar sistemáticamente los fondos que el Estado destinó para que fueran invertidos en el mejoramiento de las condiciones técnicas del servicio. Aunque el plazo máximo de ejecución de estos tres proyectos era el 31 de diciembre del 2015, y fueron desembolsados el 95 por ciento de los recursos, el cumplimiento de los contratos GSC 226, 227 y GSA 106 apenas fue del 44.7 por ciento, 68 por ciento y 27 por ciento respectivamente ¿A dónde fue a parar el resto del dinero?

Pero esta situación no era nueva, en el “Informe de actuación especial a los recursos de los fondos PRONE y FAER, transferidos por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe S.A E.S.P, durante las vigencias 2008 al 2014”, publicado por la Contraloría General de la República en noviembre del 2015 se detalla: “Para el área de influencia de Electricaribe, le asignaron $346.932.1 millones que corresponde a la aprobación de Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE, en las vigencias 2008, 2011, 2012 2013 y 2014, para normalizar a 102.540 usuarios”. Más adelante, en el mencionado informe se precisa: “No obstante haber girado el MME los recursos oportunamente, a la fecha no se han iniciado los proyectos PRONE y FAER 2014 y se observa una baja ejecución de los recursos del FAER vigencia 2013 [...]”. Era vieja la costumbre de la empresa de malversar los recursos girados por el Gobierno, ¿Y las sanciones de los entes de control?

Además de lo anterior, el informe de actuación especial de la Contraloría destaca 20 hallazgos que produjo su actuación de fiscalización, entre los que destacan: pobres avances en las obras, incumplimiento en las contrataciones para ejecutar los proyectos de normalización de redes, cesiones de contratos de normalización sin autorización del Ministerio de Minas y Energía, desembolsos a contratistas y proveedores de Electricaribe por fuera de la reglamentación, diferencia entre lo aprobado y lo ejecutado por sobre-estimación del número de beneficiarios, pésimos manejos de las interventorías en las obras de los contratistas de Electricaribe, y gran laxitud de esta empresa ante sus incumplimientos, entre otros.

 

[3]Según el Artículo 1° del Decreto 1123 del 11 de abril del 2008: “Programa de Normalización de Redes Eléctricas. De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006, el Programa de Normalización de Redes Eléctricas tendrá como objetivos la legalización de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN. Parágrafo. El Programa de Normalización de Redes Eléctricas, que se denominará PRONE, consiste en la financiación por parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos elegibles de conformidad con las reglas establecidas en el presente decreto y las normas que lo sustituyan o complementen, cuya vigencia será igual a la establecida para los diferentes fondos que financien el Programa”.


 

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Europa y Canadá dan a luz al hermano pequeño del TTIP


La Unión Europea firma el CETA, el mayor tratado económico bilateral de su historia, y alisa el terreno a la firma del polémico TTIP



Tras ocho años de negociación alejados de los focos y con dos días de retraso, este domingo la Unión Europea y Canadá firman en Bruselas el polémico Acuerdo Económico y Comercial Global, más conocido como CETA (acrónimo de Comprehensive Economic and Trade Agreement), el mayor acuerdo comercial bilateral suscrito hasta ahora por la Unión Europea.


La firma CETA debería haberse celebrado el viernes pasado en Luxemburgo durante el Consejo de ministros de Comercio, pero la negativa de la región belga de Valonia, presidida por el socialista Paul Magnette, puso en riesgo todo el proceso –al ser un Estado federal, Bélgica no podía aceptar el acuerdo sin que todas sus regiones dieran luz verde- y pospuso la firma dos días. En un primer momento los socialistas valones tacharon al CETA de “caballo de Troya” y el propio Magnette recordó que estaba en juego “el mundo en el que queremos vivir” y se negó a aprobar el CETA por los riesgos que entraña para el sector ganadero y agrícola de la región, pero tras dos días de presiones y diálogo, cambió de postura. “El CETA corregido y mejorado ofrece más garantías y por ello lo defenderé”, explicó Magnette. Al mismo tiempo Charles Michel, primer ministro de Bélgica, declaró que “el tratado en sí mismo no ha sido modificado, no se ha tocado ni una coma”.


A pesar de sus 1.600 páginas, el CETA es una versión desconocida y de menor envergadura que el TTIP, no por sus características, muy similares en ambos casos, sino porque Canadá, una de las partes firmantes, tiene una economía doce veces más pequeña que la de Estados Unidos, país con el que la Unión Euopea negocia en secreto la firma del controvertido Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión más conocido como TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, por sus siglas en inglés). Los defensores del CETA e incluso Televisión Española dan por hecho que el acuerdo incrementará en un 20% el comercio de bienes y servicios entre Europa y Canadá, aunque olvidan recordar que se trata de una estimación. Argumentan también que generará empleo y crecimiento económico.


Al igual que el TTIP, el CETA suprime los aranceles y las diferencias normativas en materia alimentaria y sanitaria –la legislación canadiense es más laxa que la europea-, y establece la creación de tribunales supranacionales al servicio de las multinacionales. Además, abre la vereda para que las multinacionales de ambas regiones entren a competir en los sectores más protegidos y regulados de cualquier nación soberana, entre otros el sector financiero, el energético y el de las telecomunicaciones. A ojos de sus detractores, tanto el CETA como el TTIP llevan implícito lo peor de la globalización, dejando en posición de desventaja a los pequeños negocios y productores, y dando más poder a las multinacionales para rebajar los estándares medioambientales, sociales y de salud pública. Más de 3,2 millones de personas ya han firmado la petición de la plataforma Stop TTIP contra el CETA y su par estadounidense.


El acuerdo que rubrican este domingo la Unión Europea y Canadá entrará en vigor de inmediato pero con carácter provisional, puesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de los tribunales de arbitraje, oficialmente conocidos como tribunales de inversiones, que permitirán a las multinacionales denunciar a los Estados sin pasar por el sistema de justicia ordinaria e independiente de cada país. Además, todos los países de la Unión Europea tendrán que ratificarlo, y ya hay países miembro mostrando reticencias, principalmente Rumanía y Bulgaria. No obstante, varios oficiales comunitarios dejaron claro ante los medios que independientemente de lo que decidan los tribunales europeos, el pacto del CETA seguirá siendo el mismo.


Ekaitz Cancela, autor de El TTIP y sus efectos colaterales (Planeta de libros), responde desde Bruselas a La Marea acerca del tratado de libre comercio que firman este domingo la Unión Europea y Canadá:


¿Quién o quienes se van a beneficiar más del CETA?


La falta de estudios de impacto sobre el CETA a nivel nacional pone de relieve el incoherente enfoque para evaluar quién ganará con estos acuerdos, pero es evidente que quienes se beneficiarán serán las grandes empresas, con una base exportadora más amplia, no las PyME (ni siquiera hay un capítulo especifico para ellas en el CETA). Y más cuando los privilegios de estos acuerdos sirven principalmente a los intereses de las primeras.


¿Qué aspectos positivos y negativos destacas de este acuerdo?


El CETA es un pack completo. Si bien es cierto que el comercio y la inversión con un país con intereses similares a los nuestros puede ser positivo, los tribunales de arbitraje que plantea así como las listas negativas que se incluyen, contienen peligros potencialmente devastadores.


¿Influyen de alguna forma los vaivenes en la negociación del CETA en la negociación del TTIP?


– Nadie pensaba que el CETA fuera a generar este bloqueo. A pesar de que al final, los 28 firmarán su aplicación provisional en el Consejo, queda de manifiesto la dificultad para llegar a acuerdos que entren en conflicto con las competencias nacionales en el futuro.


¿Cuándo empezarán los europeos a “sentir” los efectos del CETA?


Los efectos colaterales de acuerdos de comercio de estas características no se sienten a corto plazo. Las políticas sociales y ambientales que se ponen en entredicho se refieren a proyectos de sociedad. El TTIP y el CETA condicionan el modelo de sociedad europea del futuro.


¿Crees que el CETA contribuirá a aumentar los desajustes sociales que provoca el liberalismo económico?


La total apertura de los mercados y la reducción de las barreras arancelarias al comercio en los 80 y 90 generó desigualdades. En lugar de atender a estos problemas, el planteamiento de los nuevos tratados acrecienta las brechas de Occidente porque no corrige las negligencias del pasado. Es más, doblan la apuesta.


¿Cómo funcionará en la práctica la Cooperación Reguladora?


El modelo de la cooperación reguladora en el CETA está sujeto a una base voluntaria. Trata de garantizar un diálogo bilateral entre los reguladores, pero esto no significa que no se puedan bajar los estándares en el largo plazo. Los intereses de Canadá y sus empresas en el marco de una directiva europea de control de combustibles fue uno de los motivos por los que se abrió la entrada en Europa a las arenas bituminosas [arenas de alquitrán o de petróleo]. Es un ejemplo de que darle más capacidad de influencia a las grandes empresas en estos procesos conlleva riesgos.


¿Es factible realizar cambios en el acuerdo después de la firma del mismo? ¿Qué respuestas contempla el CETA en caso de que un gobierno europeo se niegue a respetarlo o decida abandonarlo?


Sólo hay una manera de realizar cambios en el texto: abrirlo a la negociación. Lo contrario es lo que se ha hecho con Valonia: una declaración conjunta para calmar los miedos. Este no es el medio para hacerlo porque puede ser interpretada de forma ambigua y de forma menos estricta. No es posible abandonar un tratado como el CETA o el TTIP, ni marcharse de la UE supondrá dejar de sentir sus efectos porque todos los países europeos comparten un mercado único. Además, es un tratado internacional, sus cláusulas deben de ser respetadas.

 

30 octubre 2016

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Sábado, 29 Octubre 2016 06:32

AT&T, Time Warner y el fin de la privacidad

AT&T, Time Warner y el fin de la privacidad

Han transcurrido 140 años desde que Alexander Graham Bell utilizó por primera vez su teléfono experimental para comunicarse a distancia. En aquella ocasión, utilizó el dispositivo para decirle a su asistente de laboratorio: “Señor Watson, venga, quiero verlo”. Su invención transformaría la comunicación humana y el mundo. La empresa creada por Bell creció hasta transformarse en un inmenso monopolio: AT&T. El Gobierno federal consideró luego que era demasiado poderosa y dispuso la desintegración de la gigante de las telecomunicaciones en 1982. Ahora bien, AT&T ha regresado, y hay quienes dicen que para crecer y ser aún más poderosa que en el pasado, ya que ha anunciado que planea adquirir Time Warner, una de las principales compañías de medios de comunicación a nivel mundial, para conformar así uno de los más grandes conglomerados del entretenimiento y las comunicaciones del planeta. Más allá de representar una amenaza a la competencia, la fusión propuesta, que aún debe ser sometida a estudio por las autoridades, representa una significativa amenaza a la privacidad y a la libertad básica de comunicarse.

Actualmente, AT&T ocupa el puesto número diez en la lista de la revista Forbes de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Si se le permitiera adquirir Time Warner, que ocupa el lugar 99 de esa lista, se crearía una enorme compañía “integrada verticalmente” que controlaría una amplia cantidad de contenidos audiovisuales, así como la forma en que la población accede a esos contenidos.

Free Press, una organización que lucha por políticas nacionales que regulen los medios de comunicación y amparen el derecho al acceso a la información, está movilizando a la población para que manifieste su oposición a la fusión. Candace Clement, de Free Press, escribió: “Esta fusión generaría un imperio mediático nunca antes visto. AT&T controlaría el acceso a Internet móvil y por cableado, canales de televisión por cable, franquicias de películas, un estudio de cine y televisión y otras empresas de la industria. Eso significa que AT&T controlaría el acceso a Internet de cientos de millones de personas, así como el contenido que miran, lo que le permitiría dar prioridad a su propia oferta y hacer uso de recursos engañosos que socavarían la neutralidad de la red”.

La neutralidad de la red es esa cualidad esencial de Internet que la hace tan poderosa. El término “neutralidad de la red” fue acuñado por el docente de derecho de la Universidad de Columbia Tim Wu. El año pasado, luego de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobara una estricta normativa tendiente a regular la neutralidad de la red, Wu dijo en el programa de “Democracy Now!”: “Es necesario que haya normas básicas que regulen el tráfico en Internet. No podemos confiar en que las compañías de cable y telefonía vayan a respetar la libertad de expresión o a los nuevos innovadores, debido a sus malos antecedentes al respecto”.

Millones de ciudadanos hicieron llegar a la FCC comentarios públicos en apoyo a la neutralidad de la red, al igual que lo hicieron organizaciones como Free Press y The Electronic Frontier Foundation. A ellos se unieron gigantes de Internet como Google, Amazon y Microsoft. A esta coalición se enfrentaron las compañías de cable y telecomunicaciones, el oligopolio de proveedores de servicios de Internet que comercializan el acceso a la red a cientos de millones de estadounidenses. Está por verse si, en la práctica, AT&T violará la normativa que regula la neutralidad de la red creando una vía rápida para acceder a sus contenidos y enlenteciendo el acceso al contenido de sus competidores, entre ellos, el sector no comercial.

Otro problema que presenta AT&T, y que se vería exacerbado con la fusión, es la posibilidad de invadir la privacidad de sus millones de clientes. En 2006, el denunciante de AT&T Mark Klein reveló que la compañía compartía en forma secreta los metadatos de todos sus clientes con la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés). Klein, que fue quien instaló el dispositivo de división de fibra óptica que permitió el espionaje en una sala secreta de la planta principal de AT&T ubicada en San Francisco, vio confirmadas sus acusaciones como denunciante varios años después con las filtraciones de Edward Snowden sobre la NSA. Aunque ese programa de vigilancia se cerró supuestamente en 2011, sigue existiendo un programa de vigilancia similar. Se llama “Project Hemisphere” o Proyecto Hemisferio. El mismo fue expuesto por el periódico The New York Times en 2013 y el sitio web de noticias The Daily Beast reveló esta semana documentos que lo prueban.

En el marco del Proyecto Hemisferio, AT&T vende metadatos a organismos policiales usando como escudo la guerra contra las drogas. Un organismo policial envía una solicitud de toda la información relacionada con una persona en particular o un número telefónico y, a cambio de abultados honorarios pero sin necesidad de que medie una orden judicial, AT&T le entrega un sofisticado conjunto de datos, que permite, según The Daily Beast, “determinar la ubicación del objetivo, con quién habla y probablemente sobre qué”.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2016/10/28/at_t_time_warner_y_el

Los lugares a los que vamos, lo que miramos, los mensajes de texto que enviamos y lo que compartimos, con quién hablamos, todas las búsquedas que realizamos por Internet y nuestras preferencias, toda esa información junta e "integrada verticalmente" es vendida a la policía y quizás, en el futuro, a cierta cantidad de clientes empresariales de AT&T. Imposible saber si al inventar el teléfono Alexander Graham Bell vislumbró este “mundo feliz” de la nueva era digital. Sin embargo, así es el futuro que se aproxima rápidamente, a menos que la población se oponga y detenga esta fusión.

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Vinculan analgésicos comunes con el aumento de falla cardiaca

Diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ketorolaco y naproxeno, parte de los fármacos


Analgésicos comunes usados por millones de personas se vinculan a un incremento del riesgo de falla cardiaca, según expertos. Fármacos antinflamatorios no selectivos no esteroideos (conocidos como AINE), como el ibuprofeno, podrían elevar el riesgo de ser hospitalizado con un problema cardiaco, se descubrió en un estudio.


Investigaciones previas habían ligado estos fármacos a un ritmo cardiaco anormal –que pueda causar falla cardiaca– y a un aumento del riesgo de ataque al corazón si se toman con regularidad. Junto con un subgrupo de antinflamatorios conocidos como inhibidores selectivos de la COX-2, estos fármacos se usan para controlar el dolor y la inflamación, y por lo regular los toman personas con artritis.


El nuevo estudio, publicado en el British Medical Journal (BMJ), se basó en datos de casi 10 millones de usuarios de AINE del Reino Unido, Holanda, Italia y Alemania, que emplearon tratamiento con estos medicamentos entre 2000 y 2010. En total se identificaron 92 mil 163 ingresos a hospital por fallas cardiacas entre el grupo.


La investigación descubrió que las personas que habían tomado algún AINE en los 14 días anteriores tenían un riesgo 19 por ciento mayor de ser hospitalizadas por falla cardiaca, en comparación con las que los habían usado en algún punto del pasado.


El riesgo de hospitalización se incrementó en siete AINE tradicionales (diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, ketorolaco, naproxeno, nimesulida y piroxicam) y dos inhibidores del COX 2 (etoricoxib y rofecoxib). El aumento de riesgo varió de 16 por ciento en el caso del naproxeno a 83 por ciento en el ketorolaco.


Los investigadores también descubrieron que el riesgo de falla cardiaca se duplicó en el diclofenaco, etoricoxib, indometacina, piroxicam y rofecoxib usados en dosis muy altas, aunque subrayaron que esto debe interpretarse con cautela. Incluso dosis medias de indometacina y etoricoxib se asociaron con un aumento del riesgo, indicó el estudio, pero no había evidencia de que el celecoxib lo incrementara en dosis comunes.


Los expertos comentaron que su estudio ofrece mayor evidencia de que los AINE y los inhibidores selectivos de la COX 2 individuales tradicionales usados con más frecuencia se asocian con un riesgo mayor de hospitalización por falla cardiaca. Además, el peligro parece variar de un fármaco a otro y según la dosis.


En un artículo adjunto, dos investigadores daneses comentan que debido al extendido uso de los AINE, incluso un pequeño incremento en el riesgo cardiovascular es preocupante para la salud pública. Indicaron que el hecho de que puedan comprarse sin receta en supermercados alimenta el error común de que son fármacos inocuos y seguros para todos.


El profesor Peter Weissberg, director médico de la Fundación Británica del Corazón, expresó: “Este gran estudio de observación refuerza investigaciones previas que muestran que algunos AINE, grupo de fármacos que comúnmente toman pacientes con problemas de articulaciones, elevan el riesgo de desarrollar falla cardiaca. Durante algunos años se ha sabido que se necesita cautela al usar esos medicamentos en pacientes de enfermedades cardiacas o en riesgo de padecerlas. Esto se aplica sobre todo a quienes las toman a diario, no ocasionalmente.


Puesto que a menudo los problemas del corazón y de las articulaciones coexisten, en particular en los ancianos, este estudio sirve de recordatorio a los médicos de que consideren con cuidado cómo prescriben los AINE, y a los pacientes, que sólo deben tomar la dosis mínima efectiva por el tiempo más corto posible. Deben comentar su tratamiento con su médico si tienen dudas.


La investigación del BMJ fue dirigida por un equipo de la Universidad de Milán-Bicocca, en Italia.


Traducción: Jorge Anaya

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Qué quieren las cuatro gigantes tecnológicas de Trump y Clinton

Google, Amazon, Facebook y Apple invierten grandes cantidades de dinero en lobbying para presionar en asuntos de impuestos, seguridad nacional, derechos de autor o aviación


Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, se suben al escenario en la Universidad de Hofstra en Long Island (Nueva York). En su primer debate formal cara a cara, sin duda los vigilan con atención altos ejecutivos y lobbistas de las mayores empresas tecnológicas del país.


Ambos candidatos han sido muy expresivos en algunos asuntos que importan mucho a las empresas de la tecnología, como el comercio global. Como señala Dean Garfield, presidente y CEO de la patronal Consejo de la Industria de la Informática (ITIC), radicada en Washington, no es habitual que los tratados comerciales como el Acuerdo Transpacífico (TPP) tengan un papel central en unas elecciones presidenciales.


Garfield indica que el axioma tradicional en los ámbitos políticos es que "no hay lugar para el comercio, nadie habla de eso". Sin embargo, tanto Clinton como Trump han declarado su oposición al TPP, y Trump dijo en un discurso en la Liberty University de Lynchburg (Virginia) en enero que quería que Apple volviera a fabricar sus ordenadores en Estados Unidos.
Tanto el comercio como la tecnología parecen estar en la agenda, pero ¿de qué otras cosas quieren las tecnológicas que hablen Clinton y Trump? El Center for Responsive Politics (CRP), de Washington, y su web Opensecrets.org documentan las declaraciones públicas de ambos candidatos en asuntos clave y los registros de la actividad de lobbying que estos tienen disponible públicamente. Estas herramientas proporcionan un abundante tesoro de datos sobre los temas que preocupan a las principales empresas tecnológicas en el contexto de estas elecciones.


Google: anticompetencia, política laboral y copyright


Según el CRP, la tecnológica que más gasta en lobbying es Alphabet, la matriz de Google. En 2016 (hasta la última actualización del CRP, el 9 de agosto), Alphabet ya ha invertido 8,04 millones de dólares (unos 7 millones de euros) en esa actividad, lo que la pone en camino de gastar algo menos de los 16,66 millones de dólares que desembolsó en 2015.
Los principales asuntos en los que Alphabet ha tratado de influir con ese dinero son los derechos de autor, las cuestiones de patentes y marcas (un elemento común en todas las empresas de la lista), los temas laborales, las políticas antimonopolio y las de los espacios de trabajo, la seguridad de los productos de consumo, la ciencia, la tecnología y la seguridad nacional. Pero algunos de los mayores retos de Google en relación con la política quedan fuera de Estados Unidos, en particular en Europa: la Comisión Europea ha alegado que las prácticas de Google en cuanto a comparación de comercios y publicidad incumplen la normativa comunitaria.


Amazon: impuestos, seguridad y aviación


Las cifras del CRP muestran que Amazon ha puesto en su cesta de la compra de Washington servicios de lobbying por valor de 5,81 millones de dólares (unos 5 millones de euros). La empresa ha usado ese dinero para presionar en ciertos temas que giran en torno a los ordenadores y la tecnología, los impuestos, la seguridad de los productos de consumo, el transporte y el comercio.


No ha sido una sorpresa ver a Amazon presionar en cuestiones relacionadas con la aviación, las aerolíneas y los aeropuertos, dada su implicación en el uso de drones y en el reparto de productos por aire.


Facebook: seguridad nacional, inteligencia y patentes


Facebook es la tercera empresa que más gasta en lobbying, según el CRP 4,97 millones de dólares (unos 4,4 millones de euros) en lo que va de año. Y tiene muchos asuntos gubernamentales de los que preocuparse.


La seguridad nacional, la inteligencia, las tecnologías de la información, los derechos de autor y las cuestiones de patentes y marcas –además de los impuestos– son los cinco principales temas sobre los que ha decidido presionar.


Entre las leyes para las que Facebook ha hecho propuestas está la "Ley de Requerimiento de Información sobre Actividades Terroristas Online", que el Centro para la Democracia y la Tecnología, de Washington, ha criticado porque exige "que todos los proveedores de servicios de comunicaciones en internet informen a las autoridades del gobierno cuando obtengan 'conocimiento real' de alguna 'actividad terrorista' aparente en sus servicios".


El CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, también se ha mostrado muy activo en presionar por una reforma migratoria. Es un defensor entusiasta del colectivo de lobbying por la reforma de la inmigración FWD.US, que también cuenta con el cofundador de Microsoft Bill Gates y el fundador de Napster, Sean Parker, entre los miembros que lo crearon.


Apple: impuestos, telecos y derechos de autor


Apple no es una cara nueva en la política presidencial. David Axelrod, exjefe de estrategia y alto asesor del presidente Barack Obama, cuenta una gran historia en sus memorias de 2015, Believer. En ellas relata una conversación telefónica con el difunto cofundador de Apple Steve Jobs, en la que Jobs parecía muy poco impresionado con los consultores políticos de medios, a pesar de que el magnate pidió la reunión tras una visita personal del entonces senador Barack Obama a las oficinas de Apple en Cupertino.


Según Axelrod, Jobs dijo: "Lo que hace vuestra industria, si se le puede llamar industria, es una estupidez. Vosotros no sabéis nada de comunicación".


Ahora Apple está mucho más implicada en su relación con los gobiernos, desde su enfrentamiento con el FBI por el debate de si "desbloquear" o no un iPhone vinculado a los atentados de San Bernardino hasta la más reciente disputa entre la empresa y la Comisión Europea, cuando esta institución intentó "recuperar ayudas de Estado ilegales" por supuestos impuestos no pagados en Irlanda de hasta 13.000 millones de euros más intereses.


El CRP muestra que Apple ha gastado la cifra relativamente modesta de 2,25 millones de dólares en lobbying en lo que va de año. No es una sorpresa que las cinco principales cuestiones en las que ha presionado son los impuestos, los derechos de autor, las patentes y marcas, las telecomunicaciones y la informática, además del comercio.


Los temas de derechos de autor son comprensibles, dadas las grandes batallas legales en las que ha entrado Apple –sobre todo con Samsung– para preservar los elementos únicos de sus productos: hay un caso sobre eso ante el Tribunal Supremo este mes.


Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo

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Un marco de justicia económica para el debate tecnológico (II)

En la primera parte de esta entrevista con Evgeny Morozov[1], se visualizó el contexto del desarrollo de las tecnologías digitales y sus implicaciones sociales, en el marco del proyecto de renovación capitalista impulsado desde Silicon Valley, y se abordaron las implicaciones para la soberanía y la democracia, particularmente para los países del Sur, incluyendo algunas respuestas posibles desde América Latina. En esta segunda parte, miramos las respuestas desde los Brics y algunos retos para la resistencia social a nivel mundial.

En los países Brics: ¿réplicas locales de Silicon Valley?

Así las cosas, si bien Unasur potencialmente podría ser un espacio para abordar algunas de estas cuestiones como bloque, esto parece cada vez más improbable en el contexto actual. Los Brics son otro bloque con una cierta capacidad para actuar a nivel internacional. Pedimos a Evgeny Morozov que comente esta posibilidad. Su respuesta es que, a estas alturas, sólo ve a Rusia y China con la posibilidad de actuar sobre esas cuestiones. "Brasil está absorbido por su propia crisis interna. En la India, con la excepción de la oposición al Free Basics, que fue impulsado principalmente por activistas y la Comisión Federal Anti-Monopolios, el país en general parece bastante entusiasmado con la agenda neoliberal de desarrollo centrado en la tecnología; por eso (el presidente) Modi ha estado tan atento a las necesidades de las empresas extranjeras de tecnología que quieren llegar a la India para iniciar la construcción de ciudades inteligentes. En parte tiene que ver con su propia estrategia de urbanización y desarrollo económico, y en parte tiene que ver con el hecho de que él es el líder predilecto de Silicon Valley; él viaja para reunirse con sus líderes a cada rato. Así que con la India tampoco se puede contar".

No obstante, en el plano del gobierno global de Internet, Morozov comenta que Rusia y China, y tal vez la India, se han dado cuenta de que sí es necesario actuar conjuntamente y unir sus fuerzas con el fin de contrarrestar a EE.UU. "Creo que ha sido lo único que se ha logrado a nivel de Brics. Ellos se reunieron en una cumbre en Moscú para tratar de articular algún tipo de visión contrahegemónica".

Mientras tanto, Rusia y China son los dos países que han mostrado alguna capacidad para resistir internamente al modelo estadounidense, afirmando un cierto grado de soberanía -por lo cual reciben fuertes críticas bajo el argumento de que es para reprimir a su propia población-. Morozov, a la vez que reconoce las contradicciones internas, considera interesante el caso de Rusia y China, ya que han logrado plasmar el modelo de Silicon Valley a nivel nacional: entre los servicios exitosos que han lanzado y que generan bastantes ingresos, muchos son imitaciones de los servicios estadounidenses, afirma.

Considera que el modelo de Silicon Valley -que tiene una clara alianza con Wall Street, que podría describirse como la financiarización de la vida cotidiana- significa desarrollar un tipo de capitalismo donde "todo se hiper-mercantiliza y bajo la bandera del ‘consumo colaborativo’ le invitan a uno a poner en circulación global todos sus activos, al arrendarlos en AirBnB o al convertirse en un conductor de Uber en su tiempo libre y así sucesivamente". Los rusos y los chinos no necesariamente cuestionan la premisa neoliberal de estos modelos: "sólo desean implementarlos bajo sus propios términos", afirma el analista.

Eso, a su vez, dice, lleva a abrir un debate sobre en qué medida los BRICS representan un cuestionamiento al capitalismo neoliberal o son sólo una especie de equivalente localizado. En términos de las implicaciones geopolíticas globales, aún pueden ser preferibles a la dominación unilateral de Estados Unidos. Pero en última instancia, las industrias de Internet de Rusia y China siguen siendo principalmente locales; no tienen el nivel de globalización de Silicon Valley. "Los jóvenes de Oriente Medio están todos en Facebook, también lo están muchos de los jóvenes del sudeste de Asia, y entiendo que también la mayoría de las personas en América Latina. Entonces, la capacidad de los rusos y los chinos para ofrecer una alternativa a Silicon Valley, fuera de sus propios patios traseros, es muy limitada".

Al igual que en América Latina, en estos países también hay fuerzas contradictorias en juego. Por ejemplo, en la antigua URSS y Rusia -un área que conoce bien- Morozov percibe que "por un lado, hay fuerzas pro-estadounidenses que no creen básicamente en la capacidad de Rusia para desarrollar su propio camino; les gustaría pasar por alto por completo el proceso de algún tipo de industrialización y desarrollo y simplemente crecer mediante la entrega del país al capital extranjero. Así que les gustaría que una empresa como Cisco o Google o Microsoft llegue a Rusia”. Pero ahora, “debido a las sanciones y la guerra con Ucrania, están empezando a pensar en cuestiones de soberanía; y también ha habido un esfuerzo por pensar en lo que significaría en el panorama tecnológico".

Temas para la construcción de la resistencia social

Ante este contexto global, buscamos indagar las ideas de Evgeny Morozov respecto a lo que podrían hacer los movimientos sociales y los individuos para resistir o crear alternativas a este modelo techno-neoliberal. O sea, qué temas serían susceptibles de movilizar a la gente y qué podría empezar a hacer una diferencia. A la vez que reconoce que es una pregunta difícil de responder, expresa dudas en cuanto a si se puede construir movimientos en torno a temas de tecnología, o, si es incluso aconsejable que se haga.

Tampoco considera la privacidad como el principal problema a abordar: "Mi opinión es que, en gran parte, el lenguaje de la privacidad y el debate acerca de la privacidad han sido acaparados por ese marco estadounidense-británico inocuo que se reduce a dar a las personas el control sobre sus datos, lo que en condiciones normales sería suficiente.

“El problema es que la transformación de otros sectores e industrias sobre la base de los datos ha conducido a una sociedad en la que diariamente la ciudadanía enfrenta incentivos para abandonar precisamente ese control que el derecho a la intimidad les garantiza, en la búsqueda de beneficios, ahorros, cupones, etc. La forma en que opera ahora la industria de seguros nos indica justamente la imposibilidad de seguir defendiendo la privacidad con ese lenguaje. Las compañías de seguros le dicen a uno que si se está dispuesto a monitorearse, poniendo un sensor en su coche, en su cocina, incluso en su cuerpo cuando camina, y si usted logra demostrar que es mucho menos riesgoso de lo que asumen que es, entonces obtendrá un gran beneficio. Ello implica que si no se tienen en cuenta las condiciones económicas y sociales estructurales que hacen poco probable la privacidad, nunca se va a llegar muy lejos". Dada la crisis, el estancamiento de los salarios, el desempleo, "no se puede esperar que la gente continúe haciendo campaña para exigir privacidad cuando sacrificar la privacidad es lo que les permite ahorros o les da dinero".

Morozov piensa que la clave para movilizar a la gente es más bien el debate y las luchas en torno a los datos y los sistemas inteligentes. Pone como ejemplo el hecho de que Google sólo pudo desarrollar su coche autodirigido debido a la capacidad de recogida de datos; y eso fue posible "porque alguien estaba dispuesto a pagar el costo de la recogida de los datos, y ese alguien son los anunciantes". Sin embargo, una vez que Google haya construido sus vehículos de auto-conducción, la automatización podría ir desplazando a los choferes, incluyendo a los profesionales (los camioneros conforman la profesión más grande en EE.UU., con 3,5 millones de personas). Por lo tanto, dice, "si se comienza a reformular los debates sobre los datos y su extracción en este sentido, si se logra demostrar que nos estamos encaminando a toda velocidad hacia un futuro sin trabajo, en la que no es que se compensarán las pérdidas de puestos de trabajo con una renta básica, sino que en verdad estaremos sin ingresos, subsistiendo a base de gratificaciones en compensación por nuestros datos, entonces creo que se puede abrir un debate muy diferente".

Esto requeriría --nuevamente-- la construcción de movimientos alrededor de los asuntos que afectan a las personas directamente y golpean a sus bolsillos, "sea que se trate de la desigualdad, que implica apelar a un sentimiento de injusticia, o que se trate de la incertidumbre y la precariedad" ... como se ve en las luchas actuales contra la reforma de la ley del trabajo en Francia. De hecho, señala, el único caso en los últimos años donde hubo resistencia en las calles en Francia respecto a una cuestión tecnológica fue cuando los taxistas franceses protestaron contra Uber, "y eso se debe a que se lo visualizó como una cuestión puramente económica, y no como una cuestión tecnológica o de privacidad".

Por lo tanto, concluye, para lograr avances en cuestiones tecnológicas, primero tenemos que insertarlos en estos debates. Y eso significa ampliar la discusión más allá de la cuestión de la privacidad, por un lado, pero también más allá de la cuestión de la neutralidad de la red, como una intervención reguladora que debe ser plasmada en la ley. "Incluso con neutralidad de la red[2], será muy difícil de entender donde ocurre el nuevo tipo de monopolización y exclusión en los niveles (o capas) superiores de la estructura tecnológica ya que lo que Google y Facebook ahora están construyendo son esencialmente nuevos niveles de exclusión en torno a los datos y el aprendizaje automático, y ya no en el acceso a la conectividad. Así que de la neutralidad de la red tendríamos que transitar hacia la neutralidad de la plataforma y de allí tendríamos que pasar a la neutralidad de los datos, y yo no creo que el sistema legal alcance a mantenerse al día con eso, incluso con un trabajo de incidencia política de por medio".

El analista cree que esto requeriría de una convocatoria más emotiva, al evocar, por ejemplo, temas como el neo-feudalismo, la plutocracia o la monopolización de todo. "Sinceramente, creo que necesitamos una especie de tecno-populismo; el tipo de populismo que ha tenido una existencia muy productiva en América Latina tiene que lidiar con la cuestión de la tecnología. Y eso porque tenemos a la vez un fuertísimo populismo derechista de mercado libre que proviene de Silicon Valley, con empresas como AirBnB y Uber, como también Google y otros, que nos dice que la única razón por la que los ciudadanos no están obteniendo más beneficios de la tecnología es porque todos estos reguladores intervienen para defender a las industrias ya establecidas; pero una vez que los retiramos del camino y dejamos que Uber, AirBnB, Google y Facebook estén al mando, vamos a poder realizar todos esos beneficios y traspasarlos a los consumidores. Para mí, eso es populismo puro y simple, sólo que se trata de un populismo que se construye alrededor de los mercados, a pesar de que se presenta como el populismo en torno a la tecnología. Así que, a menos que haya una contrapartida desde la izquierda, creo que el campo discursivo estará completamente abandonado".

(Traducción ALAI)

Sally Burch es periodista de ALAI

El poder de las farmaceúticas y el derecho a los medicamentos

ALAI AMLATINA, 02/09/2016.- Por contradictorio que parezca, las grandes empresas farmacéuticas dan muy poca prioridad al derecho humano a la salud, a pesar de que les corresponde un rol estratégico en este marco. Su meta principal es la ganancia, y como trabajan en una industria cuyos clientes finales son de alta vulnerabilidad –las personas con enfermedades– les da un margen mucho mayor que en otras industrias para fijar precios exagerados. Corresponde, entonces, a los Estados establecer los parámetros de operación de estas empresas en aras del interés público y para garantizar el derecho a la salud.

No obstante, los pequeños países en desarrollo tienen poca capacidad de negociación frente a estas empresas, y si son parte de acuerdos comerciales, se encuentran muchas veces con las manos atadas por medidas como la extensión desproporcionada de los plazos de patentes o las garantías de ganancias que las empresas pueden invocar en tribunales de arbitraje cuando sienten sus intereses afectados por políticas públicas. Fue el caso del litigio que presentó la multinacional tabacalera Phillip Morris contra Uruguay, cuando ese país adoptó legislación para proteger la salud de los fumadores[1].

En este contexto, constituye un antecedente alentador que, en marzo último, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó dos resoluciones significativas para garantizar el derecho humano a la salud. La primera reafirma que el acceso de todas las personas a medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una condición para gozar del derecho a la salud, considerando que ello podría salvar millones de vidas cada año; y la segunda reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de los Estados en materia de salud pública.

Estos acuerdos, adoptados además por consenso –lo que es poco usual en estos temas–, constituyen un respaldo político, particularmente para los países en desarrollo que buscan adoptar políticas para ampliar la protección de su población. En tal sentido, el Consejo de la ONU alienta a los países a utilizar las flexibilidades ya disponibles bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual), para reducir el costo de las medicinas.

El South Centre, en un documento de propuestas presentado a un Panel de Alto Nivel sobre el Acceso a las Medicinas, de la ONU[2], recomienda que: “Una manera efectiva para abordar la incoherencia en políticas entre el derecho a la salud por sobre las reglas comerciales y los reglamentos de propiedad intelectual (PI), consiste, en primer lugar, en afirmar la primacía del derecho a la salud para todos, por encima de las reglas comerciales y de PI. Alcanzar la buena salud y el bienestar es un objetivo, además de ser un derecho humano, mientras que el comercio o la propiedad intelectual son medios. Por lo tanto, la salud debe primar sobre el comercio o la PI”.

La compra pública agregada

Uno de los mecanismos que algunos países ya están implementando para enfrentar el poder económico de las grandes empresas farmacéuticas es a través de la compra pública. Centroamérica, por ejemplo, ya cuenta con un mecanismo común a través de COMISCA[3], mediante el cual compra en conjunto unas 64 medicinas básicas, lo que le da una mayor capacidad de negociación frente a las empresas productoras. Este mecanismo se denomina “compra agregada”.

Ecuador acaba de hacer lo propio, con la compra inicial de 326 medicamentos por subasta inversa (o sea, donde gana la oferta de menor precio), para aprovisionar todo el sistema público de salud del país durante los próximos dos años. Primero, el año pasado, se realizó un análisis regional de los precios de todos los medicamentos más esenciales, aquellos usados para el tratamiento de las principales causas de muerte en la región, que reveló que una misma casa comercial vende el mismo medicamento en diferentes países con variaciones de precios que pueden llegar al 300% o incluso 600%. Santiago Vázquez, Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador –SERCOP–, comentó a ALAI que ello se da porque, cuando las empresas farmacéuticas ven la oportunidad de obtener mayor renta de corto plazo “lo han hecho sin ningún miramiento... lo que vimos en América del Sur y América Latina es una gran estrategia de control de poder del mercado”.

También la ONU y la Comisión Económica Europea han elaborado informes que indican que las farmacéuticas establecen precios exorbitantes, utilizando todo una red de mecanismos: pacientes, ONGs, medios de comunicación, médicos, para direccionar la compra hacia ciertas marcas; por ello la ONU recomiendo establecer mecanismos como procesos agregados de compra, señaló Vázquez.

Cuando se les obliga a las empresas a competir en precios para vender en cantidad, igual les interesa. Más de 160 empresas participaron en la subasta ecuatoriana; entre ellas 27 latinoamericanas de las cuales 7 resultaron adjudicatarias. La compra significó un ahorro para el país de 320 millones de dólares. Lo novedoso de la subasta ecuatoriana es que se realizó de manera totalmente electrónica y automática, y en forma pública, lo que posibilita la veeduría social.[4] “Todos pueden ver los medicamentos que ha comprado el Estado, su registro sanitario, el precio adjudicado”, informó el funcionario.

No obstante, el director de SERCOP lamenta que ciertas empresas se han empeñado en tratar de desvirtuar el proceso, en particular criticando la inclusión de medicamentos genéricos, como si fueran de menor calidad. La calidad no depende de un patente, enfatizó. Más bien el proceso de compra ha previsto un mecanismo de control de calidad de los medicamentos, que, además del registro sanitario como requisito básico, incorpora una red de laboratorios que reciben muestras aleatorias de parte de los organismos de inspección, y cuyos resultados se publican en la Web.

En este sentido, destaca también como tema clave el rol de los medios de comunicación en las compras públicas. Sercop ha expedido un manual de buenas prácticas en contratación pública, con un capítulo específico para los medios, que llama a un pacto social. Vázquez resaltó que Ecuador fue gravemente afectado por un conflicto de intereses de un canal de televisión privado, que hizo campaña durante seis semanas contra la subasta, con desinformación y desequilibrio en la cobertura. “Cuando se hacen los análisis del caso, resulta que hay un claro conflicto de interés entre el canal, la periodista y el mundo farmacéutico, porque su familia tiene relación directa con la venta de medicamentos al Estado”. Cuando SERCOP solicitó un recurso ante la Superintendencia de Comunicación, fue tildado de atentado a la libertad de expresión, versión que tuvo eco en medios internacionales. Por ello Vázquez insiste en que los medios de comunicación clarifiquen si tienen o no conflictos de interés cuando se trata de cubrir noticias sobre las compras públicos.

Entre tanto, Ecuador ha entregado a Unasur y su Consejo de Salud (ISAGS) los resultados de su estudio de los precios de medicamentos en la región, con la esperanza de poder concretar una compra de medicamentos a nivel de América del Sur.

“Las empresas farmacéuticas, conocidos como los ‘big pharma’, se han repartido el mercado mundial, y han indicado en qué continentes van a aplicarse –comentó Santiago Vázquez–. Tanto las ‘big pharma’ como las empresas locales de medicamentos a nivel latinoamericano, ven a las medicinas como un negocio y no como un derecho. Frente a ello, la labor de los Estados es equilibrar las condiciones para que los medicamentos se conviertan en un derecho y no un negocio. Para eso, la compra pública juega un rol fundamental”, concluyó.

Por Sally Burch, periodista, ALAI.

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[1] Uruguay recientemente ganó el caso en el CIADI, lo que crea un antecedente muy importante, ya que estos tribunales suelen fallar lo más a menudo a favor de las empresas.
[2] Improving Access to Medicines: What needs to be done, South Bulletin 91, 18 June 2016, www.alainet.org/en/articulo/178356
[3] COMISCA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana.
[4] Todo el proceso se puede visualizar en el sitio web de la compra: https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/.

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Fueron asesinados 185 ambientalistas el año pasado, reporta Global Witness

Unos 185 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados durante 2015 en el mundo, cifra nunca antes vista, con Brasil, Filipinas y Colombia entre los más mortíferos, y México en décimo lugar con cuatro muertes, de acuerdo con el informe anual de Global Witness difundido este lunes.

"En 2015 más de tres personas a la semana fueron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y ríos frente a industrias destructivas", declara el informe "En terreno peligroso". Agrega que "el medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que vive ahí", afirmó Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness, organización con sede en Londres.

La cifra de casos documentados en 16 países (señala que hay muchos más aún bajo investigación) representa un incremento de 60 por ciento respecto de 2014 y el más alto desde que se iniciaron estos informes anuales, en 2002. La minería fue el sector en el que hubo el mayor número de asesinatos de defensores del ambiente.

Brasil encabeza la lista con 50 ambientalistas asesinados; seguido de Filipinas con 33, y Colombia con 26. Después se ubicaron Perú (12), Nicaragua (12), República Democrática del Congo (11), Guatemala (10), Honduras (ocho, no incluye el caso de Berta Cáceres, quien fue asesinada este año), India (seis) y México (cuatro).

Según el informe, 67 de los defensores de la tierra y el medio ambiente (40 por ciento del total) asesinados en 2015 eran integrantes de comunidades indígenas.

La organización pide la intervención de los gobiernos en lo que considera una espiral de violencia contra ambientalistas, investigar los casos, defender el derecho de los activistas a oponerse a proyectos destructivos del medio ambiente y sus tierras, y "solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y las actividades ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales".

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“Guerras del agua’’ de Israel: “apartheid acuífero” desde Cisjordania hasta Iztapalapa

Israel, cada vez más aislado con uno de los peores regímenes criminales del planeta, se enfoca a que padezcan sed casi 3 millones de habitantes de Cisjordania, aglomerados en 5 mil 860 kilómetros cuadrados y desconectados territorialmente de casi 1.9 millones de sus hermanos de Gaza, hacinados y calcinados en 360 kilómetros cuadrados superlativa cárcel humana terráquea.

Mekorot, siniestra empresa estatal (sic) de agua de Israel –de fuertes vínculos con el fallido "México neoliberal itamita"–, impide el acceso al agua potable de decenas de miles de palestinos en Cisjordania.

No basta que el estado racista/ apartheid de Israel practique su infanticidio contra los palestinos de Gaza, con el fin de expoliar sus pletóricas reservas de gas (http://goo.gl/AYmjCp).

Ya había previsto en mi libro Guerras globales del agua, el apartheid acuífero global de Israel (http://goo.gl/k33BqJ).

El exitoso portal Russia Today –prohibido en Argentina por el neoliberal filosionista Macri, quien teme la crítica a sus ex acciones– entrevistó a Ramzi Baroud (RB), editor de The Palestine Chronicle, sobre la "guerra del agua de Israel contra los palestinos".

RB comenta que el objetivo de Israel y su "castigo colectivo" consiste en que los condenados palestinos no tengan acceso al agua y así "asegurar que no desarrollen su economía" que depende "entre 14 a 20 por ciento de la agricultura", por lo que "negarle el agua" destruye sus cosechas, concomitante a una “crisis humanitaria (http://on.rt.com/7fv8)”. ¡La nueva "guerra agrícola" de Israel!

RB fustiga que "la tragedia de todas las tragedias es que el agua que retienen los israelíes sea de Palestina". Israel "roba el agua de los palestinos de los acuíferos de Cisjordania".

Desde hace 68 años, Israel libra varias "guerras del agua" en todas las fronteras con sus vecinos usurpados: Siria, Líbano, Egipto, Cisjordania/Gaza, habiendo concluido solamente un plausible acuerdo con Jordania por el reparto del río Jordán.

El primer Netanyahu anexó las Alturas del Golán de Siria con el fin de controlar el mar de Galilea (http://goo.gl/fPywwe).

The Times of Israel abordó hace tres años el "complot etíope-israelí para desviar las aguas del Nilo azul (nota: una de sus dos ramas)", cuando los expertos advierten que la construcción de la Gran Presa Renacimiento de Etiopía –la mayor en África que alteraría el trayecto del "Nilo azul"– podría destruir la agricultura egipcia (http://goo.gl/H9uAm9)”. ¡Otra "guerra agrícola" de Israel!

La prensa árabe atribuye a Israel la "instigación" de la presa etíope que afectaría a 5 millones de campesinos egipcios, cuando las "empresas israelíes han firmado contratos para controlar la distribución de su energía".

Avigdor Liberman, quien debería estar en tratamiento siquiátrico en lugar de la cancillería de Israel, había amenazado de "bombardear la presa Aswan e inundar Egipto". ¡Uf!

¿Las dos franjas azules de la bandera israelí simbolizan los ríos Nilo y Éufrates (que baña Turquía, Siria e Irak) cuando sus guerras del agua comportan un carácter paleo-bíblico/mitológico/irredentista que atenta con el vapuleado derecho internacional?

La oficina del primer ministro palestino Rami Hamdallah denunció que Israel "libra una guerra del agua contra los palestinos"; los colonos de asentamientos ilegales israelíes gozan de servicio ininterrumpido del líquido, mientras los palestinos son obligados a gastar enormes cantidades de dinero para comprar lo que es suyo (http://goo.gl/m98DuU)”. ¡No, bueno!

Mekorot, "principal abastecedor (sic) de agua a villorrios y ciudades palestinos, es acusada de manipular el abasto", lo cual deja a decenas de miles de palestinos sin agua potable durante el noveno mes sagrado lunar islámico del ayuno diurno del Ramadán.

Jamal Dajani, subalterno del pemier palestino, condenó las prácticas de Mekorot como "inhumanas y ultrajantes" cuando "Israel no solamente se adueña sistemáticamente de la tierra palestina y usurpa sus recursos naturales, sino que rehúsa conceder a los palestinos el derecho al agua", cuando varias partes de territorios ocupados por Israel "no han recibido el recurso por más de 40 días", donde familias enteras viven con un mínimo de 2 litros y hasta 10 litros por día, lo que obliga a su racionamiento y se agrava con el ardiente verano.

Israel "niega (sic)" haber cortado el abasto a Cisjordania (http://goo.gl/OAmqYK) y Mekorot, que suple 80 por ciento del agua potable de Israel y 70 por ciento de su abasto, tergiversa que es "resultado de la escasez (¡supersic!) del abasto del hídrico en Cisjordania".

¿Por qué no sufren la misma "escasez" los casi 600 mil (¡supersic!) colonos ilegales israelíes, quienes consumen de cinco a 175 veces más que los palestinos en Cisjordania, dependiendo de la zona boicoteada por Mekorot?

Mekorot ha sido denunciada por su apartheid acuífero global (http://goo.gl/93GjSC).

Ciudad de la Plata, provincia de Buenos Aires, suspendió su acuerdo con Mekorot (http://goo.gl/t85aR1) que aplica por doquier el síndrome de la fétida “ley Korenfeld (http://goo.gl/8bk3wN )”.

El sesgado y mendaz DiarioJudio.com publicitó hace dos años que Mekorot tenía a su cargo “rehabilitar (sic) los acuíferos mexicanos (http://goo.gl/C5cMjI)”.

Mekorot y Conagua, todavía teledirigida por el deshonesto Korenfeld –quien compite con su esposa Sandra Kershenobich en saquear a México (http://goo.gl/tDifll)–, establecieron la "segunda fase para solucionar (sic) problemas hídricos en México", en la comarca lagunera y el centro de México, y propondrán una solución para el acuífero Cuautitlán-Pachuca (http://goo.gl/CNXQ9d).

Mekorot también participa(rá) en el estudio del acuífero profundo de Iztapalapa en la Ciudad de México, donde su "gobierno" aceptó 10 mil millones de pesos de "préstamo" del tóxico Banco Mundial para la subrepticia privatización del agua (http://goo.gl/C7RZfY).

Suena esquizofrénico que Mekorot se posicione para evitar la "carestía" del agua a escala global, incluyendo el colonizado "México neoliberal itamita", mientras en Cisjordania matan de sed a los palestinos.

¿A poco Mekorot y su pestilente socio Korenfeld tratarán mejor a los mexicanos de Iztapalapa/Cuautitlán/Pachuca que a los palestinos de Gaza/Cisjordania?

Mekorot tiene como objetivo “controlar el mercado global del agua (http://goo.gl/ucfbxq)” y ya colocó sus codiciosos ojos en los 800 mil millones de dólares que costarán los "daños" por el monetizado "cambio climático" y el abasto de "agua fresca" en las próximas décadas, cuando la demanda global se incrementará 55 por ciento, según la OCDE, "dirigida" por el tamaulipeco Ángel Gurría, sempiterno títere de la banca israelí.

Más allá de sus suculentos negocios de venta masiva de armas, software, "seguridad", y su control de inmobiliarias burbujeantes y de la mayor parte de la banca (Reserva Federal, Wall Street, la City, etcétera), al unísono de la formación/exportación/adoctrinamiento de banqueros neoliberales centralbanquistas (Brasil, Argentina, Perú y México), su verdadero meganegocio será el ominoso control del agua desde Cisjordania hasta Iztapalapa: espeluznante dictadura global del implacable apartheid acuífero de Israel.

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Temor del 1% a los de abajo, causa del impeachment

La pregunta decisiva, ante la crisis brasileña, debería ser: ¿por qué los grandes empresarios que habían apoyado a Lula y a Dilma rompieron con los gobiernos del PT y lanzaron una potente ofensiva hasta conseguir la destitución? La ofensiva de la derecha brasileña contra la presidenta Dilma Rousseff fue producto de un viraje abrupto, a consecuencia de la intensificación de las luchas de clases, en particular de los pobres, negros y habitantes de las favelas.

Para dilucidar esta hipótesis es necesario reconstruir lo sucedido en los años pasados. Los hechos dicen que el punto de inflexión en la tolerancia de la burguesía sucedió en 2013. Con la distancia del tiempo es posible mostrar la confluencia entre diversos sectores de trabajadores y de jóvenes en una coyuntura que permitió dar un enorme salto cualitativo en la capacidad de movilización de los sectores populares. Para ello veremos tres hechos: las movilizaciones de junio de 2013, el alza notable de las huelgas y la creciente organización de los diversos abajos.

Sobre el primer punto hemos hablado bastante: en junio de 2013 millones de jóvenes ganaron las calles contra el aumento al transporte urbano y la represión policial, en acciones que deben comprenderse como una gigantesca denuncia contra la desigualdad que los gobiernos del Partido de los Trabajadores no modificaron, aunque hayan disminuido la pobreza. Hoy sabemos que la desigualdad no sólo no cayó, sino que tiende a aumentar, incluso en los periodos de bonanza económica, cuando el uno por ciento acaparaba 25 por ciento de la riqueza, porcentajes que habrán subido durante la presente crisis.

La segunda se relaciona con las huelgas. Las luchas obreras en Brasil habían alcanzado un pico luego de la salida de la dictadura, en el periodo de aprobación de la nueva Constitución Federal en 1988 y las primeras elecciones presidenciales directas en 1989. En esos años se alcanzó un pico histórico de mil 962 huelgas, en 1989, y algo menos en 1990, para descender abruptamente en la década neoliberal y estabilizarse bajo los dos gobiernos de Lula en torno a 300 huelgas anuales.

En 2013 se produjo un aumento repentino de las huelgas (aunque en 2012 ya habían crecido), batiendo el récord de la serie histórica de los 30 años pasados. Según el informe del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Económicos, Balance de las huelgas en 2013 (http://goo.gl/o35Wi6), ese año hubo 2 mil 50 huelgas. Pero el crecimiento cuantitativo es un dato que no alcanza a mostrar los fuertes cambios registrados en las protestas.

El informe citado destaca que hubo una expansión de las luchas hacia sectores que habitualmente no se movilizan. Sostiene que hubo un desborde de las categorías profesionales más frágiles, tanto desde el punto de vista de las remuneraciones como por las condiciones de trabajo, salud y seguridad. Se refiere, de modo particular, a los trabajadores de la industria de la alimentación y la limpieza urbana.

En la industria frigorífica trabajan 800 mil personas, de las cuales entre 20 y 25 por ciento presentan problemas de salud, ya que realizan entre 70 y 120 movimientos por minuto, cuando se recomienda no superar 35. En 2010, 70 por ciento de los obreros de la multinacional Brasil Foods sufrían dolores por el trabajo, y 14 por ciento pensaron en suicidarse por la presión a que los someten (http://goo.gl/x0Bxfi). Un joven que ingresa a la industria a los 25 años, a los 30 ya tiene lesiones irreversibles.

Los trabajadores de la limpieza urbana de Rio de Janeiro realizaron una huelga memorable durante el carnaval de 2014 y consiguieron aumentos de 37 por ciento en sus salarios. Fue una huelga masiva y combativa que se sostuvo con base en la democracia directa, desconociendo al sindicato burocrático (http://goo.gl/zvl58G). La inmensa mayoría son negros y mestizos que viven en las periferias urbanas y en las favelas.

En 2014 irrumpieron las camadas menos calificadas y peor pagadas de la clase trabajadora, alentadas por las movilizaciones de junio de 2013 e impulsa-das por la crisis que se comenzó a sentir en 2012.

La tercera cuestión consiste en el aumento de la organización y el activismo en las favelas, donde viven los brasileños más pobres. El 24 de junio de 2013, mientras millones se manifestaban en paz en las avenidas, la policía ingresó disparando al Complexo da Maré, en Rio de Janeiro, y asesinó a 10 jóvenes negros. Es lo común. Lo diferente fue la respuesta de los favelados: 5 mil vecinos cortaron la estratégica avenida Brasil durante dos horas. Fue el comienzo. En julio, las acciones se multiplicaron por la desaparición del obrero Amarildo de Souza en la Unidad de Policía Pacificadora (UPP), de la favela Rocinha.

En diciembre y enero sucedieron los rolezinhos de miles de jóvenes pobres que se reúnen en los shoppings y desafían, bailando, a la policía. De ahí hubo decenas de reacciones a la brutalidad policial. Los favelados neutralizaron el control y comenzaron a organizar en muchas favelas grupos culturales, de denuncia, de defensa de los derechos humanos, que se conectan con otros grupos de otras favelas. Han perdido el miedo.

Los de abajo relanzaron su lucha por la dignidad y por la vida. Fue la señal de alarma para los de arriba. En uno de los países más desiguales del mundo, donde las clases coinciden con el color de piel, el clasismo y el racismo se expresan con la brutal violencia que caracteriza a las sociedades coloniales. Porque Brasil debe ser analizada como sociedad colonial, donde la acumulación de capital se apoya en la segregación que supone el no reconocimiento de la humanidad de los de abajo.

La crisis ha develado que la democracia es apenas el taparrabo que usan los de arriba para esconder sus vergüenzas: la primera y básica es que no están dispuestos a compartir el pastel con negros y mestizos. Para ellos, sólo las migajas que sobran. Pero el problema es otro: nos creímos el cuento. Unos por conveniencia. Otros por pereza o miedo.

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