Viernes, 06 Mayo 2016 08:13

Hacia un autoritarismo reforzado

Hacia un autoritarismo reforzado

Se piden entre cinco y diez años de cárcel para tres personas –dos que filtraron los papeles conocidos como Lux Leaks y el periodista que difundió la información– por haber revelado que 350 grandes multinacionales tenían acuerdos con el pequeño ducado (y gran plaza financiera) de Luxemburgo para ahorrarse millones en impuestos.

El 25 de abril se abrió un proceso judicial contra tres personas –dos que filtraron los papeles conocidos como Lux Leaks y el periodista que difundió la información– acusadas de robo de documentos, difusión de información confidencial y violación del secreto profesional. Se piden entre cinco y diez años de cárcel por haber revelado que 350 grandes multinacionales tenían acuerdos con el pequeño ducado (y gran plaza financiera) de Luxemburgo para ahorrarse millones en impuestos.


Entre las empresas involucradas figuran Pepsi, Amazon, Aig, McDonald’s, Bnp Paribas y Fiat, que pagan cifras ridículas por impuestos gracias a sus acuerdos secretos. Es el primer juicio que se realiza luego de la aprobación de la directiva Trade Secrets, el pasado 14 de abril, que permite a las multinacionales determinar lo que entienden por secreto comercial, dejando en sus manos el manejo de un área que hasta ahora era de competencia estatal. En Estados Unidos se aprobó una legislación similar que busca otorgar impunidad a las empresas ante quienes realizan filtraciones.


El juicio en curso afecta a dos ex empleados de una de las mayores consultoras del mundo, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Antoine Deltour y Raphaël Halet, y al periodista francés Edouard Perrin, que elaboró un programa de televisión y luego envió los datos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Cipj), la misma institución que acaba de difundir los papeles de Panamá. Deltour ha copiado 28 mil documentos que describen casi 350 arreglos fiscales aprobados por la administración entre 2002 y 2010. Junto a Halet, Deltour entra en la categoría de “lanzadores de alerta”, esos funcionarios de empresas públicas o privadas que sin interés personal alguno o ánimo de lucro filtran documentación secreta o confidencial con un fin ético. El juicio que se lleva a cabo en Luxembugo los pone en la mira, al igual que a los periodistas que difunden las filtraciones.


Los dos ex empleados de PwC proporcionaron documentos que dejan en evidencia que Luxemburgo funciona como un gran paraíso fiscal. Según un estudio del Parlamento Europeo, la evasión fiscal de las grandes empresas tiene un costo anual por ingresos fiscales perdidos que oscila entre 50.000 y 70.000 millones de euros.


“La acusación formulada contra Perrin por hacer su trabajo como periodista es una afrenta a la libertad de prensa, y los cargos contra los filtradores muestran el desprecio de las autoridades de Luxemburgo respecto del papel vital que desempeñan los denunciantes para asegurar la transparencia”, señaló el director del Cipj, Gerard Ryle, al comienzo del juicio.


Más de 50 organizaciones civiles apoyan a los acusados, entre ellas Oxfam, Attac y Transparencia Internacional, que recogieron casi 200 mil firmas de apoyo y solicitan al presidente François Hollande que se pronuncie a favor de los tres encausados por Luxemburgo, todos de nacionalidad francesa.


Las revelaciones golpearon la credibilidad de la Unión Europea y en particular al comisario Jean-Claude Juncker, que durante el período denunciado era primer ministro del ducado de Luxemburgo. La periodista belga Delphine Reuter, integrante del consorcio, sostiene que después de analizar los documentos filtrados se arriba fácilmente a la conclusión de que las multinacionales llegaron a tributar apenas el 1 por ciento de sus ganancias al transitar por Luxemburgo. “Los acuerdos son, pues, un seguro para que las multinacionales no tengan finalmente grandes impuestos que pagar ni en Luxemburgo, ni en ninguno de los países involucrados en la creación de filiales por las que transitan esos capitales”, declaró.


Las trasnacionales en cuestión poseen apenas una filial en el ducado, creadas con los mínimos recursos posibles, que se utilizan para gestionar decisiones financieras tomadas por la “sociedad madre”. “Su capital puede incrementarse para hacer transitar, en papel, varios millones de euros a través de Luxemburgo sin que haya presencia visible ni que se necesite actividad económica alguna”, dice la agencia Reuters.


El juicio contra Deltour y sus colegas pone en evidencia cómo los gobiernos a uno y otro lado del Atlántico buscan proteger a las grandes empresas y a sus gobiernos de futuras filtraciones. De alguna manera es una vuelta de tuerca más en la dirección de blindar a las grandes fortunas, tras algunos fracasos notorios como las denuncias del fundador de Wikileaks Julian Assange y del ex analista de la Cia Edward Snowden.


El hecho de que el primero continúe como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y el otro no pueda salir de Rusia, donde está asilado, es una muestra del empeño de los poderes para acallar las voces que los denuncian. Es una muestra, también, del doble discurso de la Unión Europea, que el 3 de junio de 2015 galardonó a Deltour con el premio Ciudadano Europeo que se concede anualmente a quienes contribuyeron a “promover la ciudadanía y el entendimiento cultural”. Mientras se le entregaba el premio con una mano, con la otra se bloquea la posibilidad de aprobar una legislación que impida la evasión fiscal y persiga a quienes se benefician con ella.


La reciente aprobación de la directiva Trade Secrets ha sido interpretada por Attac y decenas de otras organizaciones como una directiva que “asegura la opacidad absoluta de las empresas. Podrán perpetrar cualquier irregularidad o maquinación sin temor a que puedan ser desveladas”. En ese sentido, sostiene que la directiva fue “elaborada por unos pocos sujetos vinculados a grupos profesionales de presión y bufetes de abogados de lujo a las órdenes de federaciones y asociaciones empresariales europeas y globales”. El grupo considera que este juicio forma parte de un amplio proceso hacia el autoritarismo en el que está envuelta la Unión, y que se ampliará con el acuerdo Ttip con Estados Unidos, “que dejará inválidos e impotentes a parlamentos y gobiernos”.

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Las grandes corporaciones de EEUU esconden 1,4 billones en paraísos fiscales, según Oxfam


Apple, General Electric y Microsoft se encuentran entre los primeros puestos de la lista elaborada por la organización


Un informe de Oxfam denuncia que grandes empresas estadounidenses como Apple, Walmart y General Electric, han desviado 1,4 billones de dólares hacia filiales situadas en paraísos fiscales, a pesar de que reciben billones de dólares del contribuyente.


Oxfam señala que esta cantidad, que supera el rendimiento económico de Rusia, Corea del Sur y España, se oculta a través de una red opaca y hermética de 1.608 sociedades filiales con sede en otros países. La organización benéfica ha publicado el informe sobre la realidad financiera de las 50 mayores corporaciones de Estados Unidos coincidiendo con la filtración de Los papeles de Panamá, que ha generado un intenso debate en torno a los paraísos fiscales.


El informe ilustra que se cometen abusos masivos y sistemáticos del régimen fiscal mundial. El gigante tecnológico Apple, la segunda mayor corporación del mundo, ocupa el primer lugar en la lista que Oxfam ha elaborado de empresas con dinero offshore o "deslocalizado", con unos 181.000 millones de dólares canalizados a través de tres filiales con sede en el extranjero.


Los ricos y poderosos no cumplen con sus obligaciones fiscales y los demás tenemos que pagar la factura, y esto no puede seguir así. Es necesario que los gobiernos lleguen a un consenso para terminar con los paraísos fiscales"
General Electric, con sede en Boston y que según Oxfam recibió 28.000 millones de dólares del contribuyente, ocupa el segundo puesto de la lista, con 119.000 millones de dólares depositados en 118 filiales con sede en paraísos fiscales.


El gigante informático Microsoft se sitúa en tercer lugar, con unos 108.000 millones de dólares. Otras multinacionales que se encuentran entre los diez primeros puestos de la lista son el gigante farmacéutico Pfizer, la sociedad matriz de Google, Alphabet, y Exxon Mobil, la mayor petrolera mundial que no pertenece a un Estado productor de petróleo.


Oxfam compara la suma de 1,4 billones de dólares desviada hacia filiales offshore con los impuestos pagados por las 50 mayores corporaciones de Estados Unidos entre 2008 y 2014, que ascienden a 1 billón de dólares. También señala que en el mismo periodo, estas compañías se beneficiaron, en conjunto, de préstamos federales, rescates y garantías crediticias por valor de 11,2 billones de dólares.


"Abuso masivo y sistemático"


Al ocultar parte de los beneficios a través de filiales en paraísos fiscales, estas empresas estadounidenses no pagaron el tipo impositivo real aplicable a unos beneficios de 4 billones de dólares (35%) sino que la tasa efectiva de impuestos fue del 26,5%.


La organización indica que estas multinacionales se han gastado miles de millones de dólares en presionar al gobierno de Estados Unidos y obtener más préstamos fiscales, rescates y garantías crediticias pagadas con el dinero del contribuyente. Entre 2008 y 2014, las 50 mayores corporaciones de Estados Unidos destinaron 2.600 millones de dólares a esta labor de presión.


"Por cada dólar gastado en cabildeo, estas compañías recibieron en su conjunto exenciones fiscales por un valor de 130 dólares y préstamos federales, rescates y garantías crediticias por un valor de 4.000 dólares", indica Oxfam.


Robbie Silverman, asesor fiscal de Oxfam, señala que "una vez más tenemos constancia del abuso masivo y sistemático del régimen fiscal mundial. Los ricos y poderosos no cumplen con sus obligaciones fiscales y los demás tenemos que pagar la factura, y esto no puede seguir así. Es necesario que los gobiernos lleguen a un consenso para terminar con los paraísos fiscales".


Oxfam calcula que la evasión de impuestos de las grandes compañías estadounidenses tiene un coste para la mayor economía del mundo de unos 111.000 millones anuales. La evasión de impuestos también incrementa la brecha mundial entre ricos y pobres ya que para los países en vías de desarrollo supone una merma de 100.000 millones de dólares.


"La evasión de impuestos por parte de las corporaciones empeora la peligrosa desigualdad que está socavando nuestro tejido social y bloqueando el crecimiento económico", afirma el informe. Oxfam también menciona a los territorios británicos de ultramar, como las Bermudas, por su popularidad entre las empresas estadounidenses que quieren "transferir beneficios" y pagar menos impuestos.


La organización señala que en 2012 las filiales de estas compañías en las Bermudas declararon unos beneficios de 80.000 millones de dólares, una cifra que supera la suma de los beneficios obtenidos por Japón, China, Alemania y Francia, cuatro de las cinco mayores economías del planeta.


Oxfam pide a Estados Unidos que apruebe una ley que pondría fin a los abusos que se realizan en los paraísos fiscales (Stop Tax Haven Abuse Act), y que obligaría a las compañías a una contribución fiscal en cada país. De hecho, muchas organizaciones no gubernamentales y benéficas recomiendan la información desglosada por países ya que consideran que así se podría impedir que las compañías reduzcan artificialmente la base imponible en los países más pobres.

 

Por The Guardian - Rob Davies

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Viernes, 26 Febrero 2016 06:18

Brasil se abre a las petroleras extranjeras

Brasil se abre a las petroleras extranjeras

La media sanción del proyecto de privatización, parcial, de la explotación petrolera abrió un nuevo y previsible duelo entre el gobernante PT y el opositor PSDB, y también generó fisuras dentro del oficialismo.


Preocupación en el PT y los sindicatos brasileños luego de la aprobación en el Senado de un proyecto de ley tratado en régimen de “urgencia” que limita el campo de acción de Petrobras concediendo prerrogativas a las empresas multinacionales, las que desde hace años presionaban para ello. Lo que está en cuestión es quién se queda con las reservas gigantes situadas en el área geológica de “pre-sal”, en aguas ultraprofundas, que son la verdadera “joya de la abuela”, según la definición del senador petista Lindbergh Farias, uno de los que votó contra la propuesta que obtuvo media sanción.


La iniciativa fue presentada por José Serra, un senador aliado al ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien había asumido ante ejecutivos de la petrolera Chevron el compromiso de derribar la ley estatizante de 2010, sancionada durante el segundo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Serra prometió a los petroleros norteamericanos erradicar la herencia lulista y sancionar una normativa que allane el retorno de las multinacionales con un modelo “de concesión” similar al puesto en vigor durante la administración de Cardoso (1995-2003). Diplomáticos estadounidenses destacados en Brasil mencionaron la promesa realizada por Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en cables enviados a Washington publicados por Wikileaks en 2013.


El proyecto privatizador votado el miércoles por la noche en una sesión tensa demuestra que el congresista del PSDB respetó la palabra empeñada ante Chevron.


La reacción de los trabajadores fue inmediata. “Los senadores aprobaron un proyecto de José Serra que privatiza el pre-sal, esto significa que el Senado renunció a la soberanía nacional y entregó el dinero invertido en pesquisas en el área de petróleo y gas por Petrobras”, denunció la Central Unica de los Trabajadores.


El tema seguramente estará en la agenda de la dirección del PT que se reúne hoy en el estado de Río de Janeiro, el mayor productor de petróleo del país.


El partido de Lula y la presidenta Dilma Rousseff “marchará al lado de las demás fuerzas progresistas, los movimientos populares y sindicales contra este ataque a la soberanía nacional y nuestro desarrollo independiente” anunció ayer Rui Falcao. El presidente petista repitió que no se aceptará ningún cambio en al sistema petrolero actual y denunció las maniobras que atribuyó al “entreguismo golpista”.


El marco legal en vigor conocido como “de partilha” o de participación, establece que Petrobras esté presente en todos los campos de aguas ultraprofundas, a más de 5.000 metros de profundidad, donde yacen entre 60.000 y 80.000 millones de barriles de petróleo y equivalentes, descubiertos entre 2007 y 2010. El hallazgo de esos yacimientos por parte de Petrobras, que invirtió cientos de millones en prospección, representó una vuelta campana en la ecuación energética de Brasil, el gigante industrial de América latina que tenía como su costado vulnerable la falta de reservas cuantiosas.


La actual normativa (que puede ser reemplazada por la votada en el Senado) fue redactada hace seis años bajo la supervisión de la entonces jefa de gabinete y experta en energía, Dilma Rousseff, quien alegó que en ningún país del mundo las reservas constatadas son cedidas a firmas extranjeras pues se trata de un negocio sin riesgo.


Además se permite que Petrobras integre consorcios con multinacionales pero si lo hace la operación de los campos queda en manos de la empresa local. Con esto la ley de 2010 garantiza que Brasil decida qué zona se explota, si el crudo será exportado o será destinado al mercado interno lo cual permite, en hipótesis, graduar el precio con alguna independencia de las turbulencias internacionales.


Unido a lo anterior la norma establece el compre nacional obligando a que las sondas, navíos y equipamientos sean en un 60% nacionales, con lo cual fue reactivada la industria naval que a principio de la década pasada se encontraba en estado terminal.


Si la media sanción de la privatización, parcial, de la explotación petrolera abrió un nuevo y previsible, duelo entre el PT y el PSDB, también generó fisuras dentro del oficialismo.


Resulta que en la tarde del miércoles pasado, cuando se comprobó que el frente conservador iba a obtener los votos necesarios en el Senado, desde el Gobierno se ordenó pactar con la oposición para aprobar un texto intermedio en el que se habilita el ingreso de las privadas en los yacimientos del presal, pero Petrobras conserva el derecho de decidir si se queda con el campo en cuestión. Una fórmula anfibia que fue recibida de mal grado por los legisladores oficialistas.


El nuevo marco legal petrolero, que finalmente obtuvo media sanción gracias al consenso entre el gobierno y la oposición, agravó la crisis entre Dilma y el PT, cuyos dirigentes criticaron el retroceso de Petrobras. “El cambio de la posición del gobierno nos dejó perplejos y desarmó nuestra lucha...fue pésimo el acuerdo del gobierno con el PSDB porque causa un declaró el senador Lindbergh Farias.


Y no hablaba a título personal ,porque la indignación en el bloque petista era generalizada.


Los encontronazos entre el Palacio del Planalto y el partido se han agravado en las últimas semanas: y si antes eran comentados entre bambalinas el caso Petrobras hizo que se tornen completamente públicos.


Trascendió ayer en Brasilia que hubo conversaciones entre emisarios de Dilma, que hoy era esperada en Chile, y dirigentes petistas para evitar que las discrepancias alcancen un nivel alto justamente un día antes de los festejos por los 36 años de la agrupación que se celebrarán mañana en Río de Janeiro.

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Guerra del agua de las castas en India: cortan abasto en Delhi

India, la fascinante civilización milenaria que he visitado varias ocasiones, es una camuflada superpotencia nuclear que pertenece a los BRICS –que Estados Unidos y Gran Bretaña anhelan aniquilar– y ostenta un impactante tercer lugar en el ranking del PIB global –detrás de China y Estados Unidos, ¡y antes de Japón y Alemania! (https://goo.gl/5vblqO)–, con uno de los mayores crecimientos en medio de la deflación mundial, pero que exhibe, en forma paradójica, una preo¬cupante vulnerabilidad debido a su carencia y pésimo reparto regional del agua.


El rotativo británico The Guardian titula que Delhi, la capital de India, enfrenta una crisis de racionamiento del agua con cierre de escuelas debido a las protestas de las castas que sacuden al estado de Haryana: la casta rural jat encabeza las protestas, exige cuotas para los muy buscados puestos gubernamentales y de las universidades (http://goo.gl/twRdgk).


Pese al vigoroso crecimiento económico de India, la casta rural jat se queja de no encontrar empleo debido a las cuotas comunitarias. Curiosamente, el estado contestatario es gobernado por el partido Janata Bharatiya, al que pertenece el primer ministro Narendra Modi, cuando la lucha por el empleo, traducida en una guerra urbana del agua, rebasa la afiliación partidista.


The Guardian comenta que India reserva lugares para las castas inferiores (sic) para encauzar a las víctimas de la peor discriminación, lo cual provoca resentimiento en las otras comunidades, que se sienten despojadas.


Lo que llama la atención es el conocimiento estratégico del abasto de agua del estado Haryana a la capital Delhi, lo cual, de hecho, la coloca a merced de la sed y paraliza las funciones de los tres poderes de la federación india.


La casta rural jat –mayor comunidad en Haryana, con casi 8 millones de miembros, consagrados en forma tradicional a la agricultura– exige mayor acceso a los empleos del gobierno, pero destruye la infraestructura acuífera del estado Haryana, que ha arrojado un saldo de 12 muertos y 150 heridos.


Haryana rodea tres de los cuatro lados de la capital Delhi, a la que alimenta con 60 por ciento de su agua, y es uno de los estados más prósperos, con el segundo ingreso más alto per cápita (mil 900 dólares), con abundantes millonarios (crorepatis).


Siete plantas de tratamiento de agua fueron cerradas, lo cual afectó el abasto de dos terceras partes de Delhi, que cuenta con 25.7 millones de habitantes y es, por cierto, la ciudad más contaminada del planeta, que causa la muerte de 11 mil personas cada año.


Haryana –44 mil 212 kilómetros cuadrados, un poco menos que Quintana Roo, con 25.3 millones y cuya capital Chandigarh (un millón de habitantes) es compartida también con el legendario estado de Punjab– es el mayor receptor de inversiones en India y una de sus regiones más desarrolladas, tanto por su industria manufacturera como por su agricultura.


Faridabad (1.5 millones de habitantes), que colinda con Delhi, es la mayor ciudad industrial estatal.


El abastecimiento del agua –alterado cuando los manifestantes forzaron el cierre de un canal en Haryana que lleva el agua a las plantas de tratamiento de la capital– debe ser restablecido después de que las fuerzas de seguridad tomaron control del canal Munak, lo cual repercutió en el suministro de verduras y leche (http://goo.gl/9FWU58). BBC reporta que 10 millones se han quedado sin agua en Delhi durante cuatro días (http://goo.gl/OrcWW4).


El relevante río Yamuna, que nutre cinco cuencas de cinco estados, donde destaca Delhi, es alimentado por un glaciar del Himalaya, tributario del Ganges, máximo río sagrado del hinduismo.


En la mitología hindú, Yamuna es hermana de Yama, el dios de la muerte, e hija del dios sol Surya.


El célebre mausoleo Taj Mahal se encuentra en la ribera del río Yamuna, en la ciudad de Agra.


La más reciente protesta violenta de las castas se escenificó en el estado occidental de Gujarat –31 millones de habitantes y 196 mil kilómetros cuadrados, mayor que Sonora, y segundo estado más industrializado de India detrás de Maharastra (110 millones de habitantes), cuya capital, Mumbai (18 millones de habitantes), es el centro financiero del país, cuando en 2015 la casta patidar/patel exigió el mismo trato otorgado a las castas inferiores, clasificadas por el gobierno como clases atrasadas (OBC, por sus siglas en inglés).


Según The Telegraph, se despliega una inconvencional lucha de clases cuando los puestos gubernamentales y escuelas gratuitas son asignadas a las castas inferiores bajo el sistema de reservación de acción afirmativa para contrarrestar la discriminación arraigada.


Hoy “hasta 50 por ciento de tales posiciones están delimitadas a los dalits (previamente conocidos como intocables)”, poblaciones tribales y grupos sociales designados en su conjunto como OBC, entre cuyas filas se encuentra el primer ministro Modi, hijo de un vendedor de té (http://goo.gl/Fua8ep).


Los supraprivilegios no han sido fáciles de eliminar, como sucedió con la casta pudiente de los patidar/patel, cuando justamente el éxito económico de Gujarat propulsó al primer ministro Modi al olimpo geoestratégico.


La proyección geoestratégica de India le obliga a crear un equilibrio entre el anhelado sistema de reserva y la meritocracia, cuando necesita de sus mejores cuadros para competir a escala global. Esa es justamente la tarea armónica y artística de un gobierno capaz que avanza en todas las esferas del conocimiento y del bien común, que incluye el agua, que, además de ser sagrada para la grandiosa población de India, subsume su talón de Aquiles, como lo exhibieron las revueltas en Hiryana, cuyo primer acto de sublevación consistió en dejar sin el líquido vital a la capital Delhi.


Las guerras globales del agua (http://goo.gl/IKoj2l) son estratificadas en varios niveles desde los municipios/capitales de estados y federaciones pasando por regiones hasta transfronteras interestatales y de países (http://goo.gl/Rgt0WK).


Mucho me temo que los alquimistas neoliberales de la privatización a ultranza del agua no tomen en consideración la chispa de fuego que pueden prender en la Bolivia mexicana, donde habitan alrededor de 15 millones y que abarca a Iztapalapa, la mayor zona poblada de la Ciudad de México, que colinda con la zona sedienta urbana de Ciudad Neza/Ixtapaluca/Chimalhuacán /Chalco/Texcoco del estado de México (http://goo.gl/gaOPH6). ¿Una India en México?


Un daño colateral de consecuencia inesperada del proyecto del acueducto Monterrey VI es la alienación laboral/siquiátrica y la enajenación catastral de la agricultura del “México neoliberal itamita” que todavía ostenta alrededor de 35 millones de campesinos con un salario de 80 dólares al mes, ya que desviaría el río Pánuco de los castrados estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas.


El polémico acueducto Monterrey VI forma parte de la seguridad nacional energética de Norteamérica (http://goo.gl/2W2uH0), un proyecto de Estados Unidos, donde el fracking (fracturación hidráulica) epitomiza la bisagra de las privatizaciones conjuntas del petróleo y el agua para el noreste de México, que ostenta la tercera reserva mundial del shale gas (gas esquisto).


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Orden de aprehensión contra el publicista y consejero de Rousseff

El lunes 22 de febrero amaneció con el anuncio de que el juez Sergio Moro giró orden de aprehensión contra Joao Santana y su mujer, Monica Moura, que además es socia en la empresa del publicista. Santana es acusado por la policía federal de haber recibido al menos 7 millones de dólares de manera ilegal en cuentas secretas. Ese dinero, depositado por la constructora Odebrecht, sería resultado del esquema de sobornos y desvíos en la estatal Petrobras, y habría cubierto gastos de la campaña de Dilma Rousseff en 2014.


Santana, que está en la República Dominicana cuidando de la relección del actual presidente Danilo Medina, supo de la determinación del juez Moro por la prensa. Sus abogados informaron que de inmediato él y su mujer embarcarían rumbo a Brasil para presentarse a las autoridades.


El publicista siempre admitió tener cuentas en el exterior y aseguró que estaban declaradas a las autoridades. Hace años que presta servicios a candidatos en el exterior.


En 2014, además de la campaña de Dilma Rousseff, Santana comandó la del candidato José Domingo Arias a la presidencia de Panamá, país donde la Oderbrecht realiza obras. A propósito, ha sido la única derrota de Santana en las seis campañas que hizo en el exterior.


Principal responsable de la imagen del PT, de Lula y de Dilma desde 2005, ahora Santana pasa a integrar el grupo de detenidos por la Operación Lavado Rápido, que ya resultó en la prisión de políticos, funcionarios y empresarios especialmente poderosos (el principal de ellos es Marcelo Odebrecht, heredero y presidente del grupo que controla, entre otras empresas, la principal constructora de América Latina).


La gran preocupación del gobierno es que, al ordenar la detención de Santana, el juez Sergio Moro llega a las puertas del despacho de Rousseff. Más que un publicista convencional, Joao Santana es un consejero muy cercano a la presidenta. Si se comprueba que parte del dineral que cobró por los servicios prestados en 2014 (unos 38 millones de dólares al cambio de la época) fue obtenido de manera ilegal, la situación tanto de la presidenta como del vice, Michel Temer, pasa a un estado terminal.


Ya corre en el Tribunal Superior Electoral un proceso para que se condene a los vencedores de las elecciones de 2014 por haber usado recursos ilegales en su campaña. La acción fue iniciativa del PSDB, partido derrotado cuatro veces seguidas por el PT.


Hasta ahora no hubo siquiera indicios de ilegalidad en la campaña de Dilma. Sin prueba alguna, el derrotado Aécio Neves, cuestionado sobre por qué recursos de una misma empresa destinados a las dos campañas eran considerados ilegales si eran dirigidos al PT y legales cuando beneficiaron a su campaña, argumentó que no tenía poder alguno en Petrobras. Se trata, sin embargo, de un argumento muy frágil, ya que el derrotado olvida, de manera conveniente, que las mismas empresas involucradas en robo y soborno en la estatal petrolera prestaron servicios de grandes dimensiones para gobiernos provinciales controlados por su partido.


Con la prisión de Santana, el proceso gana nuevo impulso en el TSE, justo en el momento en que otro intento de destituir a Dilma, el juicio político en el Congreso, perdió fuerza.


Los responsables por la justicia electoral tendrán que decidir rápidamente. No hay más la posibilidad, conforme esperaba el gobierno, de que el caso se debilite por falta de argumentos sólidos.


La cuestión se reduce ahora a dos salidas: el TSE decide la inocencia de Dilma y el vicepresidente, o la culpa. En la segunda hipótesis, se impugna la lista ganadora y se realizarán nuevas elecciones en 90 días. Mientras, el mandato pasa a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, que enfrenta un juicio de la Comisión de Ética y del Supremo Tribunal Federal. Sería una situación absolutamente insólita.


Asesores de la mandataria aseguraron que desde que se supo que Moro investigaba a Joao Santana se contaba con la perspectiva de que el mediático juez de primera instancia decretara su prisión. Es que Moro no interroga: manda a aprehender. Algunos de los detenidos recién fueron oídos por el juez luego de estar presos desde hacía meses.


Dilma Rousseff dice, de acuerdo con esos asesores, estar absolutamente tranquila con relación a las cuentas de su campaña. Lo que más le preocupa es que el gobierno vuelva a un estado de parálisis y la crisis económica avance. Varias iniciativas polémicas, como la reforma del sistema de jubilaciones y la implantación de nuevos impuestos, dependen de difíciles negociaciones en el Congreso. Al ser nuevamente acosado, el gobierno, que ya enfrenta serias dificultades en hacer aprobar las medidas que juzga imprescindibles, se vería en un callejón sin salida.


Queda claro, al mismo tiempo, que además de un intenso cerco al ex presidente Lula da Silva y al PT, todo el operativo, que involucra a sectores de la Policía Federal, del Ministerio Público y de la justicia, también tiene por objetivo alcanzar a la presidenta y alejarla del mandato conquistado en las urnas.


Para el juez Moro y la oposición, Joao Santana puede ser la llave para abrir la puerta del despacho presidencial y desalojar a su ocupante.

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Desprivatización del agua: fracaso global de su privatización por el Banco Mundial

La secta neoliberal en México perora sin continencia las supuestas bondades de la privatización del agua y llama la atención su alto grado de ignorancia y/o de engaño deliberado, con tal de promover sus caníbales intereses pecuniarios ( http://goo.gl/gvTtI0 ), al no estar actualizada del fenómeno inverso de su desprivatización global que se ha acentuado en países avanzados, como EU, Francia y Alemania ( http://goo.gl/UdNcy2  ).


John Vidal, del rotativo británico The Guardian, demuestra que la privatización del agua ha sido “un fracaso global ( http://goo.gl/uWACjn )” cuando los hechos apuntan a su desprivatización: muchas ciudades que se precipitaron en firmar concesiones a 20 años o más con las empresas de agua en expectativa de un agua potable (sic) a un costo socialmente aceptable (¡supersic!) han preferido terminar sus acuerdos y regresar las provisiones de agua urbana al control público (¡supersic!).


Vidal cita un estrujante reporte de tres entidades –Instituto Trasnacional (TNI, por sus siglas en inglés), Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos y Observatorio Multinacional– que sugiere que 180 ciudades y comunidades en 35 países (¡supersic!) –que incluyen Berlín, Buenos Aires, París, Acra, Johannesburgo, La Paz, Maputo y Kuala Lumpur–, han remunicipalizado sus sistemas de agua en la pasada década: lo más sorprendente es que 100 de los retornados (sic) fueron en EU y Francia, 14 en África y 12 en América Latina (AL). Las mayores metrópolis en los países en vías de desarrollo, más que en los prósperos países avanzados, tendieron a la remunicipalización del agua.


El mismo Banco Mundial (BM) acepta un fracaso de 34 por ciento en la participación privada en infraestructura entre 2000 y 2010.


Vidal comenta que en 1999 el BM propuso la expansión del abasto acuífero de Lagos (la más poblada ciudad de Nigeria que con su zona conurbada cuenta con 21.3 millones), para beneficiar los acueductos de empresas británicas y/o francesas.


El proyecto frustrado del BM en Lagos se parece mucho a su inducción privatizadora en la Ciudad de México mediante un empréstito, con dados cargados, por 10 mil millones de pesos, cuya más poblada delegación padece sequía urbana y forma parte de la “Bolivia mexicana ( http://goo.gl/f0R8te )”.


En forma perturbadora, el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, empezó a imitar la cacofonía privatizadora neoliberal del itamita Jesús Reyes Heroles González Garza –sobre costos financieros y responsabilidad financiera (sic) de la gestión del agua–, mientras su similar de la corporación del agua de Lagos arremete contra el plan del BM como inoperante y muy costoso para la ciudad.


De 1993 a 2013, el BM llevó a cabo 847 proyectos acuíferos, cuya mitad se ubica en AL y, pese a sus estruendosos fracasos globales, no ceja en su obcecación privatizadora, cuando ha otorgado préstamos por más de 75 mil millones de dólares para proyectos acuíferos y de higiene en todo el mundo desde 1995, según Vidal.


Ahora el BM se ha sacado de la manga el nuevo truco contable/financierista –secreto, la mayor parte de las veces– de una asociación mixta pública y privada (PPP, por sus siglas en inglés) para, a mi juicio, diferir las protestas ciudadanas y luego asestar el golpe final privatizador. No corren prisa ante la sed global que buscan controlar en forma perversa y geopolítica.


Los activistas del Corporate Accountability International desmontan el truco contable financierista del PPP: al contrario, cuando el acceso al agua es casi universal, se ha debido casi siempre al compromiso público para construir y mantener su infraestructura, que representa 75 por ciento del costo del abasto del agua a los usuarios.


La experiencia global ha sido que, cuando los usuarios se encuentran incapacitados en pagar las elevadas tarifas privatizadas, los caníbales privatizadores con la mano en la cintura cortan el suministro en forma anti-humana, lo cual hace añicos el derecho humano al agua (de 50 litros a 100 litros por persona al día).


Hace un año el tribunal de distrito de la capital de Indonesia –256 millones de habitantes y un PIB de 2.8 billones de dólares (noveno en el ranking global)–, país muy parecido a México (lugar 12) en dimensiones y parámetros, canceló la “mayor privatización de agua del mundo (sic) después de 18 años de fracasos ( http://goo.gl/nStkMG )”.


Una coalición de resistencia a la privatización se rebeló a la decisión corrupta, tras bambalinas, operada por el régimen militar de Indonesia en 1997, como a las continuas manipulaciones de los operadores privados para incrementar sus ganancias sin mejorar los servicios del agua, más bajos a lo prometido y con filtraciones mayores (44 por ciento), además de que las tarifas se cuadruplicaron.


Indonesia es un eslabón más de los fracasos globales de la privatización alentada por el BM y el Banco de Desarrollo Asiático, que han caído en la ilegalidad después de la histórica cancelación del tribunal indonesio y cuya sentencia debe servir de ejemplo a los ciudadanos de otros países que se enfrentan a la dictadura acuífera global del BM/Morgan Stanley/Goldman Sachs/Citigroup-Banamex en América Latina y Estados Unidos ( http://goo.gl/rfOZV4 ).


La resolución del tribunal de Yakarta es coherente con la sentencia de la Corte Constitucional de Indonesia: los recursos del agua tienen que ser controlados y asignados para el beneficio público, por lo que las empresas privadas no pueden monopolizar los derechos sobre las fuentes de agua. Y eso que ambas cortes no abordaron el derecho humano al agua, que colisiona con los caníbales/necrófilos costos financieristas que no toman en cuenta los mayores costos sociopolíticos.


Anna Lappé, directora de Small Planet Institute, indaga las razones por las cuales el BM se empecina en privatizar el agua,“lo cual ha puesto en peligro la salud pública, a pesar de sus riesgos ( http://goo.gl/NJA3tq )”.


El problema radica en que el BM empuja a la privatización como la principal solución a la crisis de agua y sus empréstitos van conectados a medidas de austeridad diseñadas para empequeñecer al Estado.


Lo peor es que las privatizadoras del agua pretenden implementar soluciones eficientes (sic) mediante un alza descomunal de los precios y el recorte de la inversión en infraestructura (muchas veces regalada por los gobiernos entreguistas).


El BM emprende un doble juego tramposo: aconseja a los gobiernos privatizar el agua e invierte en las trasnacionales privatizadoras del agua para que obtengan suculentos contratos.


La tendencia global hoy es hacia la desprivatización del agua y no a su privatización ( http://goo.gl/5rZXWN ), como engaña el Consejo Consultivo del Agua AC, que preside el itamita Jesús Reyes Heroles González Garza ( http://goo.gl/o5IXIj ), caballo de Troya del banco de inversiones Morgan Stanley ( https://goo.gl/rBl1MT ).


Este consejo depredador es al agua lo que IMCO (del “ cártel español”) y CIDAC (del “ cártel sionista”) fueron para la enajenación (castatral y siquiátrica) del petróleo del “México neoliberal itamita”, cuyos integrales intereses pecuniarios son revolventes.


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El negocio del zika y los mosquitos transgénicos

Los datos en los que se basa la declaración de emergencia internacional por el virus zika son sorprendentes. No por los riesgos que la expansión que este virus implicaría, sino por la falta de evidencias para motivar tan grandilocuente declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante una enfermedad leve, con muy escasos indicios de conexión con dolencias más serias y sin pruebas científicas de ello. Para suplir estas ausencias, agrega que como el vector de la enfermedad –el mosquito Aedes aegypti– es también vector de dengue y chikungunya, se está atacando las tres.


Este contexto alarmista, enfocado en aspectos singulares –el ataque al vector, aislado de sus causas– favorece enfoques estrechos, erróneos e incluso peligrosos. Por ejemplo, la empresa Oxitec, que ha hecho controvertidos experimentos con mosquitos transgénicos, los promueve ahora como solución (en realidad como negocio) ante la expansión de zika, obviamente sin mencionar los riesgos que conlleva y que los mosquitos transgénicos podrían incluso empeorar la situación.


Oxitec ya realizó experimentos de liberación de mosquitos transgénicos en Islas Caymán, Malasia, Panamá y Brasil. Intentó hacerlo en Europa, que no lo permitió por razones de bioseguridad y estudios de impacto deficientes. Encontró regulaciones flexibles en Brasil, donde ha hecho experimentos en el noreste, aunque no pudo conseguir la autorización de Anvisa, autoridad sanitaria de ese país. Su técnica es producir Aedes aegypti transgénicos manipulados con un gen letal condicional, que no se expresa si se aplica el antibiótico tetraciclina, lo cual hacen durante la cría. Luego los liberan para cruzarse con mosquitos silvestres, que si no encuentran el antibiótico, producirían descendencia estéril.


Oxitec reporta una reducción de 80-90 por ciento de la población de mosquitos en las zonas de experimento. Pero según documentados informes de Edward Hammond, Red del Tercer Mundo y de GeneWatch, la realidad es muy distinta.


En un informe de 2015, GeneWatch explica que la disminución de mosquitos no está probada, porque los mosquitos silvestres se pueden haber sencillamente trasladado a zonas aledañas. Los resultados de Islas Caymán sugieren que la técnica es muy ineficaz, ya que usaron 2.8 millones de mosquitos por semana para combatir una población silvestre de 20 mil mosquitos y de todas maneras, aunque informaron una baja en la zona de liberación, hubo un aumento de la población de mosquitos en zonas vecinas. Pero además, aunque provisoriamente bajara la cantidad de mosquitos, no existe evidencia, en ninguna parte del mundo, de que los mosquitos transgénicos hayan reducido la incidencia de dengue ni otras enfermedades.


Por el contrario, una de las preocupaciones sobre los impactos de los mosquitos transgénicos, particularmente en zonas endémicas, es que la disminución temporal, pueda bajar la resistencia cruzada a varios serotipos del dengue que existe en esas poblaciones, favoreciendo el avance de formas más agresivas como dengue hemorrágico. Además, el desplazamiento de Aedes aegypti puede favorecer la expansión de trasmisores rivales, en el caso del dengue, del Aedes albopictus, que es más difícil de erradicar.


GeneWatch nombra también que Oxitec no ha presentado pruebas de que la proteína que expresan los mosquitos transgénicos, llamada tTA, no tenga efectos alergénicos o tóxicos en animales o humanos, pese a que ya se ha observado toxicidad y neurotoxicidad en ratones.


Desde 2015 Oxitec pasó a ser propiedad de Intrexon, empresa de biología sintética estadunidense, por lo que podría estar considerando el uso de tecnologías de biología sintética con mosquitos, más riesgosas, como el uso de conductores genéticos (gene drives) que podrían modificar toda una población de mosquitos en una o dos generaciones. Las consecuencias de modificar toda una especie tendría implicaciones imprevisibles, incluyendo impactos potenciales serios en el ecosistema y mutaciones en los agentes de las enfermedades. Ya existen experimentos confinados de modificación de insectos con esta técnica en universidades de Estados Unidos, lo que motivó una alerta de científicos sobre los altos riesgos de esta tecnología, incluso su potencial uso como arma biológica. (The Independent, 2/8/15) Sin embargo, en aguas de la emergencia por el zika, aumentan la propaganda y presiones para usar esta tecnología.


Son remiendos técnicos estrechos, concebidos más como negocio que para enfrentar realmente los problemas. Además de los impactos que conllevan, desvían la consideración de las causas y atrasan su atención real.


Según datos oficiales al 2/2/16, se han confirmado 404 casos de microcefalia en Brasil. Solamente 17 tenían el virus zika. Es apenas 4.2 por ciento de los casos confirmados y sólo muestra que el virus estaba presente, no que fuera causante de microcefalia, anomalía que tiene un amplio espectro de causas posibles, como exposición durante el embarazo a tóxicos, desnutrición y otras infecciones, todos factores de alta incidencia entre la población pobre del noreste, donde están 98 por ciento de los casos referidos.


La Asociación Brasileña de Salud Colectiva publicó una excelente nota técnica y carta abierta al pueblo, notando que el aumento de microcefalia se puede deber al uso de insecticidas y larvicidas que se colocan en el agua potable (¡!), cuya concentración aumentó en el noreste en el periodo en cuestión, debido al racionamiento de agua por sequías inesperadamente más intensas que lo normal. Exigen una consideración amplia de las causas de microcefalia, en una estrategia decidida con la gente, desde sus condiciones, que al contrario de esos enfoques técnicos de alto riesgo, es la única forma efectiva de enfrentar las epidemias.

 

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

Lunes, 01 Febrero 2016 06:03

Anticonceptivos bajo sospecha

Anticonceptivos bajo sospecha

Ginecólogas y usuarias revisan los pros y los contras de algunos anticonceptivos hormonales.

La voz de alarma aparece cada cierto tiempo tímidamente. Algunos anticonceptivos de Bayer –aunque la misma composición se comercializa en otras marcas– son acusados de haber producido accidentes tromboembólicos que han llegado a causar incluso la muerte. En Alemania, las pastillas Yasminelle están siendo juzgadas por haber originado una embolia pulmonar a una de sus usuarias. Francia dejó de comercializar hace un par de años Diane 35 ante la muerte de cuatro mujeres, y existen miles de denuncias en EE UU, donde Bayer ha tenido que pagar indemnizaciones millonarias.
Hoy ese tipo de pastillas sigue vendiéndose en España a mujeres que no saben los riesgos que pueden entrañar y a muchas otras que, aun conociéndolos pero convencidas por sus médicos, deciden tomarlas ante la falta de alternativas a su problema. Son, entre otras, las afectadas por el Síndrome del Ovario Poliquístico (SOP).


Progestágenos peligrosos


El problema de este tipo de anticonceptivos es el gestágeno del que se componen: la ciproterona (del Diane 35), y la drospirenona (de todas las pastillas tipo Yasmin, como Jaz y Yasminelle, o Drosure, Drosurell y Daylette, bajo otras marcas). "Creo que durante años se ha tratado de obviar el riesgo tromboembólico por no ser 'políticamente correcto' desa-consejar el uso de estos fármacos y potenciar opciones menos cómodas pero más seguras para la salud de las mujeres, quienes llevan más de 50 años cargando sobre sus hombros la responsabilidad de la anticoncepción", señala la ginecóloga Enriqueta Barranco. Esas opciones 'más seguras' son anticonceptivos con otros progestágenos que entrañan menos riesgo, como noretisterona o levonorgestrel, y sin los estrógenos que suelen llevar en su composición, cuya única finalidad es provocar la 'falsa regla', es decir, el sangrado cada 28 días, ya que con los anticonceptivos la ovulación se paraliza, y con ella la verdadera menstruación.


María del Mar Alcalá, ginecóloga residente en el hospital público de Jerez de la Frontera, recibió, como el resto de sus compañeras, un informe negativo de la Agencia Española del Medicamento sobre la drospirenona. Y aunque dejó de recetarse allí, no se llevó a cabo ninguna labor informativa: "No hubo una charla formativa para ver qué hacíamos con estas pacientes. Tienes a una mujer tomando durante cinco años drospirenona convencida y ahora le tienes que decir que se lo tienes que quitar porque a lo mejor le da un trombo, y eso es desacreditarte. Y no se ha hecho nada. Esas mujeres o están indignadas o siguen comprándose la drospirenona y pagándola ellas". El problema se agrava porque no hay una normativa unificada a nivel estatal, y cada comunidad, e incluso cada hospital, sigue su propio criterio y hay médicos que siguen recetándolas, aun sabiendo que no son la alternativa más segura. "Si la gente no está haciendo bien su trabajo es porque no quiere, no porque no sea fácil", concluye Alcalá.


Sin alternativa


Para las mujeres que sólo quieren evitar embarazos parece claro que hay otras opciones, aunque, como señala Alcalá, en la práctica falta información a las pacientes y más voluntad de ponerse al día en el personal médico. Pero para otro tipo de mujeres no hay alternativa aparente. Entre ellas están las diagnosticadas con SOP, una patología de la que se habla poco pero que afecta a un elevado número de mujeres. Un 10% de la población femenina mundial tiene SOP, según datos de la Asociación Española de Síndrome del Ovario Poliquístico (AESOP), y en algunas áreas de España, como la costa mediterranea, el porcentaje se eleva. El tratamiento habitual son los anticonceptivos con los gestágenos más peligrosos.
Muchas mujeres, alarmadas por estas noticias que se propagan poco en medios de información hegemónicos y mucho más en foros de internet, se niegan a tomar anticonceptivos y empiezan a exigir alternativas.


Éste es uno de los motivos del nacimiento de la Asociación Española de Síndrome del Ovario Poliquístico. A Rocío Marcos, diagnosticada con SOP y una de sus fundadoras, le recetaron este tipo de anticonceptivos, aun teniendo un historial médico para el que están totalmente contraindicados: "Me lo mandaron con 17 años, con más de 400 de colesterol –el límite es 240 mg/dL–, siendo fumadora y bebedora, y con antecedentes de infarto en mi familia. Se lo comuniqué a mi médico y me la recetaron igual. Al año de tomarla tenía el colesterol a más de 500 y mi médico de cabecera me la quitó, pero los demás me la siguen recetando". Y la historia se repite con otras mujeres de la asociación, con migraña con aura o diabetes.


Para Alcalá, independientemente de la mala praxis de algunos facultativos, que deben hacer una entrevista médica completa y tratar en base a ella, los anticonceptivos son el mejor tratamiento si no hay complicaciones previas: "Nadie que esté en su sano juicio te va a decir que hay anti¬con¬ceptivos que no entrañan riesgo para la salud. Lo que tenemos que valorar es la relación beneficio/riesgo. Poner en una balanza qué me va a aportar", señala. "Cuando la gente me pregunta con angustia o preocupada sobre este tema, les digo que hay que relativizar. Sólo por estar embarazadas multiplicamos por 25 el riesgo de tener un trombo", añade Alcalá. En su apuesta hay un gestágeno, el dienogest, al que se le suponen menores riesgos y más seguridad para mujeres con SOP.


Barranco, por su parte, cree que los anticonceptivos enmascaran un problema del que aún se desconocen la mayoría de factores y defiende que hay que buscar distintos tratamientos, atendiendo a la especificidad de cada caso. Desde la asociación, han constatado que con una dieta de bajo índice glucémico, algún suplemento vitamínico y ejercicio se consigue, en muchos casos, regular los ciclos y controlar la sintomatología del SOP casi por completo. El problema es que, en este camino, muchas veces las afectadas se encuentran solas, a falta de profesionales médicos que las acompañen en el proceso.


El Síndrome del Ovario Poliquístico


No hay unanimidad sobre en qué consiste realmente el SOP. A grandes rasgos, es una disfunción ovulatoria que tiene como consecuencia, en ocasiones, un exceso de hormonas masculinas, que puede manifestarse de muchas maneras: ciclos menstruales irregulares, amenorrea (falta de menstruación), hirsutismo (aumento del vello corporal), acné, obesidad, alopecia e infertilidad, entre otros síntomas.

Contaminación transgénica con premeditación, alevosía y ventaja

A más de dos años de la suspensión contra la siembra de maíz transgénico en México, las trasnacionales se desesperan y en el alud de argumentaciones de todo tenor –medias verdades, datos fuera de contexto o falseados, mentiras descaradas– Monsanto y Syngenta admitieron que con la siembra de maíz transgénico, habrá contaminación del maíz campesino nativo. En su rescate, Sagarpa afirma cínicamente que la contaminación transgénica será buena para el maíz nativo, aunque admite que la presencia de transgenes persistirá por varias generaciones y que esto modificará el entorno.


Son algunas de las afirmaciones que empresas y autoridades entregaron en documentos a los tribunales, contradiciendo sus propios dichos de que los transgénicos pueden coexistir con el maíz nativo y que no afectarán el medio ambiente o la biodiversidad. Sagarpa admite además que el maíz transgénico no está diseñado para aumentar la producción y en una opinión enviada por la Secretaría de Salud, ésta afirma que no es de su competencia expedirse, mostrando por tanto que ¡no hay evaluación de riesgos a la salud sobre la siembra de maíz transgénico!


Estas respuestas forman parte de las miles de páginas que constituyen actualmente el expediente sobre la demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico presentada por 53 individuos y 20 organizaciones, representadas legalmente por Colectivas AC. La selección de textos que muestran que las empresas y autoridades conocen los riesgos de los transgénicos para el maíz, la biodiversidad y la salud –pero privilegian las ganancias empresariales– se puede consultar en la página de Expediente Maíz, en el documento Las empresas de transgénicos nos hacen creer una cosa, pero ante la justicia reconocen la realidad.


En octubre de 2013, el decimosegundo juzgado de distrito en materia civil en el Distrito Federal, aceptó la consideración de esta demanda colectiva –que aún no se resuelve– y ordenó la suspensión de siembras de maíz transgénico y de consideración de autorizaciones por parte del gobierno. Esta medida precautoria fue para evitar que mientras se discute la demanda, la siembra de maíz transgénico continuara y avanzaran las afectaciones que se demanda prevenir. Desde entonces, las trasnacionales de agronegocios más grandes del planeta se han dedicado a combatir esas resoluciones. Junto a las secretarías de Agricultura (Sagarpa) y Medio Ambiente (Semarnat) –que están usando sus competencias y recursos públicos para defender intereses de las trasnacionales– la demanda y la suspensión han sido atacadas con 100 impugnaciones en 17 tribunales, en el intento de agotar a los demandantes y conseguir jueces afine$ a las empresas. Lo consiguieron parcialmente, pero sus logros momentáneos de cancelar la suspensión y la demanda, fueron revertidos por otros jueces que aceptaron la apelación del colectivo demandante.


Mantener la suspensión es un punto clave, ya que si se cancela esa medida precautoria, aunque continúe el juicio, las empresas rápidamente inundarán los campos con transgénicos para generar una situación de contaminación de hecho, sobre la que argumentarán que como no hay vuelta atrás, es mejor rendirse y legalizar la siembra ilimitada.


Este es precisamente el camino que tomaron las trasnacionales en los países que hoy están invadidos de transgénicos, y que años después presentan epidemias de cáncer, abortos, malformaciones neonatales y agrotóxicos en leche materna en zonas de siembra, por el aumento del uso de venenos que conllevan los transgénicos.


En casi todos esos países la contaminación fue intencional, promovida por las empresas directamente o través de agentes en connivencia con éstas, por contrabando de semillas o distribuyéndolas a agricultores que no sabían su contenido. Lo hicieron justamente para forzar la legalización a pesar de los impactos negativos. También en México, pese a ser ilegal, se ha constatado la contaminación transgénica de maíces campesinos nativos, sea por la estrategia de distribuir semillas transgénicas a agricultores que no lo saben, por la mezcla de semillas transgénicas en programas de gobierno o por la distribución de granos mezclados o contaminados a través de tiendas de Diconsa. Los transportes de maíz importado, en su mayoría transgénico, tampoco son segregados ni observan medidas de bioseguridad.


De por sí, la contaminación transgénica desde su origen es intencional y es parte constitutiva del maíz transgénico: las empresas lo sabían desde que manipularon un cultivo de polinización abierta –que necesariamente se cruzaría con otras plantas– y patentaron esos genes, de tal forma que la contaminación se convirtió en un negocio, al llevar a juicio y cobrar a las víctimas de la contaminación.


Por todo esto, en la concurrida pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Contaminación Transgénica del Maíz Nativo,realizada el 26 y 27 de abril 2013 en Oaxaca, con decenas de testimonios de campesinos, científicos y organizaciones, el panel de dictaminadores concluyó que Las empresas saben que la contaminación es inevitable una vez que se realice la siembra extensa. Será un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, porque busca intencionalmente apropiarse de las redes alimentarias. (http://goo.gl/cV3X46).


La resistencia a los transgénicos no empieza ni termina con medidas legales, sino desde los territorios y comunidades que mantienen las semillas y el control comunitario. Pero además, para no aumentar exponencialmente la carga y los riesgos sobre las y los campesinos y la biodiversidad que mantienen y es base y futuro de la vida de todos, se debe mantener la suspensión y prohibir la siembra de transgénicos.


Pr Silvia Ribeir, investigadora del Grupo ETC

Martes, 22 Diciembre 2015 07:03

La conferencia de París sobre el clima

La conferencia de París sobre el clima

Sin duda la atención mundial que provocó la conferencia de París ha tenido la ventaja de ampliar la consciencia global sobre el cambio climático y de afirmar la convicción de que estamos al final del ciclo de la energía fósil. Sin embargo, es necesario tener claro el contexto, lo que podemos descubrir primero en las diferentes reacciones. El portavoz del gobierno de Estados Unidos declaró que el acuerdo está abriendo oportunidades para nuevos negocios y los presidentes de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo afirmaron su disposición a un apoyo financiero.


Empresas multinacionales, que realizaron un intenso lobbying dentro de la conferencia, afirmaron su satisfacción. Así, Paul Polman, director de Unilever, dijo que ella liberará billones de dólares y la inmensa creatividad de innovación del sector privado. El director de Shell, David Hove, declaró que la perspectiva de limitar el aumento del calentamiento de la tierra a 1.5 grados Celsius para finales de este siglo ayudará al desarrollo de nuevas técnicas, la captura y almacenamiento de carbono y el enterramiento de carbonos, como también de otras técnicas de geoingeniería. Sin embargo, se sabe que ninguna de estas medidas de neutralidad climática ha llegado a un punto satisfactorio de aplicación. Se pedirán subsidios públicos para financiar los avances tecnológicos.


Uno de los mejores especialistas del cambio climático, James Hansens, de la NASA y ahora profesor en la Universidad de Colombia en Nueva-York, utiliza palabras fuertes. Para él, la conferencia de París fue un fraude. Otro conocedor de la situación, Leonardo Boff, teólogo brasileño, escribe que ella prepara el camino para el desastre. Los movimientos sociales tienen un discurso variado. Los menos politizados subrayan los aspectos positivos frente a la expectación mundial y el fracaso que fue la conferencia de Copenhague. Por lo menos hubo consenso, dicen. La red de acción electrónica Avaaz, que jugó un papel positivo en la movilización internacional en favor de soluciones, publicó un comunicado, en el cual se dice: Esta noche, un mensaje claro ha sido enviado a todos los inversores en el mundo: canalizar dinero a energías fósiles es una apuesta muerta. Las energías renovables constituyen el centro del provecho. La tecnología que nos lleva a utilizar 10 por ciento de energía limpia es el productor de dinero de mañana. Al contrario, otras ONG, como Los Amigos de la Tierra, hablan de farsa. Vía Campesina, coordinación de movimientos campesinos a escala mundial, es también muy severa.


Frente a esta diversidad de reacciones, ¿cómo llegar a conclusiones? La primera exigencia es analizar los hechos y, en particular, ¿cuál es la perspectiva de base que orientó el consenso? Recordemos que no se trata de un tratado que sería vinculante, sino de un pacto uniendo propuestas voluntarias de acción. Un buen número de países del sur, los más afectados por el cambio climático, pedían decisiones con carácter de obligación, pero eso fue rechazado por grandes países como Estados Unidos y China. El análisis de las exclusiones nos permitirá entender mejor la lógica del documento final.


Al principio, la problemática vinculaba la defensa del planeta con el concepto de los derechos humanos. La oposición de Arabia Saudita hizo abandonar la idea, que quedó solamente en el preámbulo. Eso excluyó la perspectiva de justicia social, en referencia con las poblaciones más vulnerables. Se excluyó también la referencia a los pueblos indígenas y el papel que juegan en la defensa de la madre tierra. No fue retenida la idea, presentada por Ecuador, de una corte internacional sobre los crímenes contra la naturaleza, lo que prolonga la impunidad en ese campo. Se concentró sobre la disminución de la producción de carbono y de gases de efecto invernadero, abandonando así a una visión holística de la cuestión climática y concentrándose sobre tecnologías de mitigación de emisiones. El concepto de deuda climática, por los países industrializados en favor de las naciones del sur, fue rechazado. Se excluyeron del acuerdo los transportes marítimos y aéreos, que representan 10 por ciento de emisiones de gases. Hubo una oposición radical de las potencias petroleras a la idea de no explotación para promover un equilibrio vía absorción del carbono. En breve, todas estas exclusiones indican una filosofía de base que no permite una visión completa de la cuestión y la limita a un aspecto particular (el carbono) que se queda dentro de soluciones técnicas, bajo la orientación de las multinacionales y los intereses de países específicos.


Para completar el análisis debemos abordar el tema de las propuestas. Se plantea la idea de una neutralidad climática después de la oposición de Arabia Saudita y de Venezuela al concepto de decarbonización. El mercado de carbono, ya iniciado por el acuerdo de Kyoto, se ampliará, introduciendo la lógica del mercado como eje central de la solución. Eso permitirá que continúe la emisión de gases por industrias o países (China, India, África del Sur) a condición de financiar acciones de mitigación, como la reforestación de ciertas zonas. Lo que pasó con la bolsa del carbono en Londres permite prever la integración de este sector dentro de la lógica del capitalismo financiero y, en particular, de la especulación.


Para financiar los esfuerzos de los países del sur a desarrollarse sin producir más gases negativos se prevé a partir de 2020 una suma anual de 100 mil millones. Esta suma puede aparecer muy elevada. Sin embargo, entran en ella programas ya existentes y que no añaden nada de nuevo al compromiso de ayuda. Por otra parte, la Agencia Internacional de Energía de Naciones Unidas estima que se necesitarían 10 veces más, es decir, un millón de millones de dólares, para estabilizar el clima. El acuerdo de París se queda muy por debajo de las necesidades y no es vinculante. A título de comparación, según Gabriel Zucman en su libro La riqueza escondida de las naciones (Barcelona, 2015), el dinero existente en los paraísos fiscales del mundo se puede estimar en 5,800 billones de euros (más de 6 billones de dólares). Ello significa que se podría financiar el equivalente de 60 veces la promesa de la conferencia de París con el dinero ilegal y seis veces lo que la agencia de energía de la ONU estima necesario. En un reciente libro se estimó el dinero francés refugiado en la banca suiza en 180 mil millones de euros, suma superior a la contribución anual prevista por la conferencia de París. No es la falta de dinero, sino la voluntad política de tocar el sistema financiero. Con la crisis de 2008, se estima que los gobiernos del norte gastaron entre 2007 y 2011 unos 4.6 billones de euros para salvar el sistema bancario (David Fernández, La Directa, 18/10/11). La crisis climática aparentemente no vale tanto.


La conferencia de París significa la victoria del mercado en su forma capitalista, del valor de cambio, de la competencia, de la liberalización del comercio, frente a los valores de solidaridad y complementaridad, sin las cuales no se resolverá el problema del equilibrio climático del mundo.


Por François Houtart, sacerdote católico, fundador del Centro Tricontinental de la Universidad de Lovaina.
Para Telesur. 16/12/15

Publicado enMedio Ambiente