El pacto secreto TiSA quitará a los Estados el control digital de los datos de sus ciudadanos

Los documentos confidenciales revelados por Wikileaks sobre el Anexo de Comercio Electrónico del Acuerdo de Comercio de Servicios, muestran que 50 países van a deslocalizar a través de las fronteras la información personal de la ciudadanía, en aplicación de la doctrina neoliberal a los datos informáticos, poniendo en peligro las garantías nacionales de su privacidad


Cuanto más se examina el contenido del Trade in Services Agreement (TiSA) que medio centenar de países negocian a escondidas, más se comprende por qué esos gobiernos pretenden que permanezca en secreto incluso cinco años después de su entrada en vigor. Por ejemplo, si su Anexo sobre Comercio Electrónico es aplicado internacionalmente, los Estados perderán el control sobre dónde se almacenan y cómo se utilizan los datos de sus ciudadanos.

Una conclusión en la que coinciden expertos economistas y juristas consultados por Público, uno de los diez medios de comunicación de otros tantos países —desde Australia a Uruguay y de Islandia a Turquía— que ha colaborado con Wikileaks en una nueva exclusiva mundial: la filtración de 17 documentos internos que constituyen las actas de esa negociación secreta para establecer un tratado de comercio de servicios todavía más antidemocrático y neoliberal que el TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea.


El Artículo 2 del citado Anexo sobre Comercio Electrónico del TiSA, titulado "Movimiento de Información" o "Flujos de Información a través de Fronteras", establece sin ambages en su primer punto que "ningún partícipe [país firmante del acuerdo] podrá impedir a un proveedor de servicios que transfiera, acceda, procese o almacene información, incluida información personal, dentro o fuera del territorio de ese partícipe, cuando esa actividad se efectúa en conexión con la gestión del negocio de ese proveedor de servicios".

Es decir, el acuerdo secreto prohíbe categóricamente cualquier restricción en el flujo de datos personales de los ciudadanos a través de las fronteras, ya que vuelve a insistir en esa libre exportación de la información en su punto quinto: "Los partícipes no impedirán a los proveedores extranjeros de comercio electrónico, ni a los clientes de dichos proveedores, transferir información internamente o a través de fronteras, acceder a la información públicamente disponible o acceder a su propia información almacenada en el extranjero".

Y todo ello es reforzado aún más en el Artículo 9, que establece que ningún país firmante podrá requerir a un proveedor de servicios que use instalaciones informáticas localizadas en su territorio para procesar y almacenar los datos de los usuarios, como condición para operar en ese país.

Esta deslocalización de la información personal de los ciudadanos, en aplicación de la doctrina económica neoliberal a los datos informáticos, es francamente peligrosa porque la localización territorial de la información es a menudo imprescindible para garantizar la privacidad de los datos digitales o incluso asegurar la libertad de expresión, respetada en unos países y perseguida en otros.


Más aún, esta hiperliberalización del flujo internacional de la información personal de los ciudadanos de los países firmantes (incluidos todos los de la UE, representados por la Comisión Europea en una negociación secreta que cede a los deseos de EEUU, Canadá, Australia o incluso Suiza) está en conflicto con las propias normativas internas de la Unión Europea y la OCDE. Ambas organizaciones "prevén restricciones en la transferencia al extranjero de datos privados como uno de los métodos para que las compañías de servicios proporcionen un adecuado sistema de protección de la privacidad a los ciudadanos de los países" miembros, explica el abogado de Wikileaks Tamir Israel.

Los servicios secretos occidentales conocen tan bien la importancia crucial de la localización territorial de los datos que están permanentemente tratando de redirigir estratégicamente el tráfico de Internet hacia naciones o jurisdicciones amigas para asegurarse un acceso directo a esa información. Eso es lo que han practicado las agencias de inteligencia como la estadounidense NSA para desencadenar un espionaje masivo de la ciudadanía, tal como reveló el exanalista de la CIA Edward Snowden.

Precisamente por eso, el marco de normativas de la UE y de la OCDE sobre comercio electrónico, permite a los países bloquear las transferencias de datos a otros países donde no hay suficientes garantías de respeto a la privacidad de la información personal. Pero el TiSA no da margen ninguno a ese tipo de restricciones, algo que entra en conflicto directo con los compromisos internacionales de muchos de los países que participan en la negociación secreta de ese acuerdo y que son firmantes de las Privacy Guidelines de la OCDE actualizadas en 2013, de la Data Protection Directive de la UE, o de ambas.

Tanto es así que, tras la filtración de los documentos en Wikileaks, la eurodiputada Viviane Reding –exvicepresidenta de la Comisión y actualmente miembro de la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara– ha reconocido al periódico italiano L'Espresso (uno de los principales socios colaboradores en esta exclusiva) que "los auténticos desafíos se plantean en el capítulo de Comercio Electrónico, que también ha sido filtrado. El documento muestra que varios de los participantes en el TiSA querrían socavar la privacidad de los datos con cláusulas multifunción, limitar la neutralidad de la Red con diversas excepciones y deshacer los estándares con exenciones universales de seguridad nacional".

No obstante, Reding sostiene que "por muchas puertas de atrás que intenten abrir nuestros socios, estoy decidida a cerrarlas todas. La protección de datos no es una barrera comercial, sino un derecho fundamental no negociable (Artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la UE y Artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión).

Pero vamos a necesitar a muchas Reding para hacer frente al asalto combinado contra nuestros derechos de todas las potencias económicas y políticas del neoliberalismo.

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50 países pactan en secreto un tratado aún más antidemocrático y neoliberal que el TTIP

Wikileaks filtra el contenido de las negociaciones clandestinas entre medio centenar de gobiernos para establecer un acuerdo mundial secreto de comercio internacional de servicios que estará por encima de todas las regulaciones y normativas estatales y parlamentarias, en beneficio de las corporaciones


El secretista tratado de libre comercio TTIP entre EEUU y la UE parecía imbatible como Caballo de Troya de las multinacionales. Pero en realidad es casi una cortina de humo para tapar la verdadera alianza neoliberal planetaria: el Trade in Services Agreement (TiSA), un acuerdo todavía más antidemocrático de intercambio de servicios entre medio centenar de países, incluida España, que no sólo se está negociando en el más absoluto de los secretos sino que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios. 

El nivel de encubrimiento con el que se elaboran los artículos y anexos del TiSA –que cubren todos los campos, desde telecomunicaciones y comercio electrónico hasta servicios financieros, seguros y transportes– es incluso superior al del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) entre Washington y sus socios asiáticos, para el que se prevén cuatro años de vigencia en la clandestinidad. Sin embargo, Público ha accedido –gracias a su colaboración con Wikileaks–, en exclusiva para España, a los documentos originales reservados de la negociación en curso, donde queda patente que se está construyendo un complejo entramado de normas y reglas diseñadas para evadir las regulaciones estatales y burlar los controles parlamentarios sobre el mercado global.

Los asociados periodísticos de Wikileaks que participan junto a Público en esta exclusiva mundial son: The Age (Australia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Kathimerini (Grecia), Kjarninn (Islandia), L'Espresso (Italia), La Jornada (México), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).


Además, el TiSA es impulsado por los mismos gobiernos (EEUU y los de la UE) que impusieron el fallido modelo financiero desregulado de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que provocaron la crisis financiera global de 2007-2008 (el crash del casino bursátil mundial simbolizado por el hundimiento de Lehman Brothers) que arrastró a las economías occidentales y todavía estamos pagando tras casi un decenio de austeridad empobrecedora, recortes sociales y rescates bancarios. Y lo que precisamente trata de imponer este nuevo pacto neoliberal mundial es la continuidad e intensificación de ese sistema, en beneficio desorbitado de las grandes compañías privadas transnacionales y atando las manos de gobiernos e instituciones públicas.

Esos objetivos son evidentes en la intención de mantener el tratado secreto durante años, puesto que así se impide que los gobiernos que lo ejecutan tengan que rendir cuentas ante sus parlamentos y ciudadanos. También es patente la intención fraudulenta de esa negociación clandestina por su descarada violación de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, que requiere trabajos preparatorios y debates previos entre expertos y académicos, agencias no gubernamentales, partidos políticos y otros actores... algo a todo punto imposible cuando la elaboración de un acuerdo se efectúa en estricto secreto y a escondidas de la luz pública.

Por el momento, los gobiernos implicados en la negociación secreta del TiSA son: Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Comisión Europea, en representación de los 28 países miembros de la UE, pese a ser un organismo no electo por sufragio universal. Además, entre los socios hay tres paraísos fiscales declarados, que participan activamente en la elaboración de los artículos, especialmente Suiza.


Los textos de la negociación secreta del TiSA que ahora desvela Wikileaks muestran que lo que se pretende es eliminar todos los controles y obstáculos para la liberalización global de los servicios financieros, suprimiendo todo límite a sus instituciones y cualquier restricción a sus productos innovadores, a pesar de que fueron precisamente esos inventos financieros, como los derivados o los CDS (credit default swaps) –auténticas apuestas sobre posibles quiebras–, los que generaron la burbuja bursátil mundial que al estallar en 2007-2008 destruyó los fundamentos económicos de las potencias occidentales y obligó al rescate de esas entidades con cientos de miles de millones en fondos públicos.

Hace un año, Wikileaks ya filtró una pequeña parte de la negociación del TiSA (el anexo referido a Servicios Financieros, a fecha 19 de junio de 2014), pero hasta hoy no se había tenido acceso a las actas de las negociaciones secretas sobre todos los aspectos que cubrirá el futuro acuerdo: Finanzas (lo acordado a 23 de febrero de 2015), Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Transporte Aéreo y Marítimo, Distribución y Envíos, Servicios Profesionales, Transparencia, Movimientos de Personas Físicas, Regulaciones Nacionales Internas, Servicios Postales Universales...

Público ha tenido incluso acceso a las notas internas sobre las negociaciones con Israel y Turquía para que se adhiriesen al tratado secreto, algo que en cambio se negó a China y Uruguay cuando lo solicitaron, probablemente temiendo que filtrarían los contenidos del pacto en cuanto comprendieran el alcance de lo que se pretende.

Es revelador el listado de las naciones latinoamericanas que participan en el TiSA, todas ellas fieles aliadas de EEUU como Colombia, México y Panamá (paraíso fiscal que es muy activo en la negociación), así como la exclusión no sólo de los países bolivarianos sino incluso de Brasil y otras potencias regionales de las que Washington no se fía. En realidad, todas las potencias emergentes del llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) han quedado apartadas del tratado secreto, precisamente porque serán las que más pierdan al aplicarse las condiciones pactadas.

No cabe duda de que se busca impedir el debate que reclamaron muchos países, sobre todo Ecuador, tras el crash financiero sobre las razones que lo provocaron y las soluciones para que no vuelva a producirse. EEUU, Canadá, Australia, Suiza y la UE se opusieron frontalmente incluso a las conclusiones de la Comisión Stiglitz de la ONU, en 2009, negándose a aceptar la evidente relación entre la desregulación bancaria/bursátil y la crisis, y en 2013 bloquearon todo intento de discutirlo en el seno de la OMC.


Entre lo más sarcástico del contenido del TiSA que ahora sale a la luz está la exigencia de transparencia total a las autoridades nacionales, que deberán anunciar de antemano y abrir a discusión previa todas las regulaciones y normativas que se dispongan a aplicar, asegurando así que las grandes corporaciones y los lobbies comerciales internacionales tengan tiempo y recursos para contrarrestar, modificar o incluso impedir esas decisiones soberanas en función de sus intereses.

Una imposición a los estamentos públicos que exigen los que no sólo pactan en secreto su propio modus operandi, sino que incluso pretenden que sus acuerdos ya en vigor permanezcan durante años como top secret, negando a los órganos de la soberanía popular hasta el conocimiento de las reglas que van a aplicar los gobiernos de cada país en sus relaciones internacionales.

En cambio, los acuerdos del TiSA –que se negocian al margen del Acuerdo General de Comercio en Servicios (GATS) y de la OMC– toman en cuenta todas y cada una de las exigencias de la industria financiera de Wall Street y la City londinense, así como los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, para las que el tratado no sólo no es secreto sino su propio engendro. Como alertó hace meses la catedrática de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), Jane Kelsey, "el mayor peligro es que el TiSA impedirá a los gobiernos fortalecer las reglas del sector financiero".

Diseñado en estrecha consulta con ese sector financiero mundial, el TiSA obligará a los gobiernos firmantes a apuntalar y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis; les quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios; los forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos; y los atará de manos si tratan de adoptar medidas para impedir o responder a otra recesión inducida por el neoliberalismo. Y todo ello será impuesto por unos acuerdos secretos, sin que la opinión pública se pueda enterar de los verdaderos motivos que arrastran su sociedad a la ruina.

A menos que los órganos de la soberanía popular impidan este golpe de Estado económico mundial.


El TiSA atará las manos de los Estados para impedirles regular el mercado de servicios


Los documentos filtrados por Wikileaks prueban que los 50 países firmantes quieren obligar a los gobiernos a dar explicaciones a las empresas, incluso cuando legislen por intereses sociales. El texto plantea imponer topes a la dureza de estas normativas, y este marco será de obligada aplicación a todos los niveles de la administración del Estado

ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
@alopezdemiguel


MADRID.-Si América fue algún día la tierra de las oportunidades, los grandes tratados como el TiSA o el TTIP vienen a servir como escenario idílico para las multinacionales, como su propia tierra prometida. Los documentos del Trade in Services Agreement (TiSA) que hoy negocian 50 países con absoluta opacidad prueban que el acuerdo servirá para restar aún más poder normativo a los estados, en detrimento de las empresas prestadoras de servicios.

El documento reservado al que Público ha tenido acceso gracias a su colaboración con Wikileaks –en exclusiva en España- recoge los posicionamientos de los países que negocian este acuerdo y su intención de desarmar a los estados en lo que respecta a su capacidad reguladora. El texto que hoy está sobre la mesa establece que el tratado afectará a todos los niveles de regulación, de los gobiernos centrales a los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas e incluso por los colegios profesionales.

De ser ratificado este texto, los gobiernos elegidos de forma democrática deberán avisar al resto de países firmantes y por ende a las multinacionales de las normativas que pretendan aprobar, siempre en aras de la "transparencia", según el documento. Esto permitirá a las empresas anticiparse a esos cambios normativos, y presionar directamente a los gobiernos pidiéndoles explicaciones que estos estarán obligados a facilitarles por escrito, influyendo así sobre su capacidad legislativa.


Son los estados los que estarán obligados a crear estos cauces de comunicación, y deberán responder a los requerimientos de las empresas "sin retrasos innecesarios", como reza el texto. El mismo documento que pretende obligar a los gobiernos a asegurar su "imparcialidad" a la hora de conceder licencias para prestar servicios a las empresas extranjeras, y que les conmina a seguir "criterios objetivos y transparentes", como "la capacidad" de prestar un servicio que pueda tener una empresa, dejando de lado otras razones sociales, medioambientales o culturales.

En este marco de pensamiento neoliberal, los ciudadanos son vistos como consumidores, y son las multinacionales las beneficiadas por un acuerdo que persigue incrementar sus beneficios, en detrimento también de los mercados locales.

Normativas "no más estrictas de lo necesario"

El documento, fechado en febrero de 2014 pero actualmente vigente, establece incluso límites poco claros a estas normativas. "No deben ser más estrictas de lo necesario [burdensome es el término original]". La interpretación de qué es realmente "necesario" queda de nuevo en mano de las empresas. Y el documento final podría beneficiarlas aún más.
Una de las propuestas de Estados Unidos y Australia deja la puerta abierta a que estados y empresas diriman sus diferencias a través de tribunales de arbitraje similares a los que utilizan las empresas cuando pueden agarrarse a un mecanismo de blindaje ISDS.

Esta cláusula de protección de multinacionales es precisamente la parte más polémica del tratado de libre comercio entre Washington y Bruselas, el apartado del TTIP más difícil de vender para la Comisión, la encargada de negociar en nombre de los 28 en ambos acuerdos.

La trampa del lenguaje

El documento está redactado en el lenguaje convenientemente ambiguo de otros textos del TiSA, y hace referencia a términos como "objetividad" o "transparencia", siempre desde la óptica de las empresas.

El análisis de otros documentos sobre el acuerdo demuestra que todos ellos han sido redactados desde la misma óptica neoliberal, y persiguen establecer el marco de desregulación que demandan las multinacionales. TiSA, TTIP, o TTP son sólo los nombres de algunos de estos mecanismos, pero la filosofía que los impulsa es la misma, y su objetivo es idéntico.

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Corrupción y falta de apoyo orillan a Blatter a renunciar

Durante años, Joseph Blatter fue intocable. Hasta hace siete días, cuando una trama de sobornos, compra de votos y estafas en la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) salió a la luz tras un operativo en el hotel más lujoso de Zurich, en donde fueron detenidos siete dirigentes del organismo. Parecía inmune, hasta este martes en que de manera repentina anunció que dejará su cargo como presidente de la entidad y convocó a un congreso extraordinario que se realizará entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 para elegir a su sucesor.


Blatter, de 79 años, dijo que la FIFA necesita una profunda restructuración. Una declaración en medio del vendaval que desató el arresto de los directivos como parte de una investigación del gobierno estadunidense por crimen organizado, sobornos y lavado de dinero.


Una declaración sospechada por algunos, y sorpresiva para otros, que ocurrió cuatro días después de que fuera relecto para un quinto mandato en el cargo en que ha estado por 17 años.


Si bien tengo el mandato de los miembros de la FIFA, no siento que tenga el mandato de todo el mundo del futbol, los fans, los jugadores, los clubes, la gente que vive, respira y ama el futbol como todos lo hacemos en la FIFA, explicó Blatter en una rueda de prensa convocada de urgencia en Zurich en la que no admitió preguntas.


Por eso, he decidido poner a disposición mi mandato en un congreso extraordinario. Voy a seguir ejerciendo mis funciones como presidente de la FIFA hasta esa elección, aclaró.


El próximo congreso ordinario de la FIFA está previsto para el 13 de mayo de 2016 en la ciudad de México, pero Blatter dijo que esa cita implicaba una demora innecesaria, por lo que urgiría al comité ejecutivo para sesionar de manera anticipada.
No voy a seguir. Voy a estar libre de las restricciones de una elección. Voy a estar en una posición para enfocarme en reformas profundas. Por muchos años hemos llamado a reformas, pero no han sido suficientes, expresó Blatter.


A lo largo de sus 17 años al frente de la FIFA, Blatter no sólo sobrevivió, sino que consolidó su poder en medio de las acusaciones de corrupción sobre las votaciones que asignaron a Rusia y Qatar, las sedes de los mundiales de 2018 y 2022.
Su secreto fue cimentar una base de apoyo al invertir en países subdesarrollados y montar el primer Mundial en África. Pero luego de una tumultuosa semana de pliegos de acusaciones y más denuncias, el asedio desde todos los frentes hizo imposible que el dirigente suizo de 79 años pudiera resistir más.


Las grandes potencias del futbol se le habían sublevado, al extremo de considerar la posibilidad de organizar un torneo alterno al Mundial. Los patrocinadores, incluyendo la bebida refrescante más popular del mundo y el juego de video más vendido, sopesaban sus vínculos con la FIFA. Y la abrumadora mayoría de los fanáticos alrededor del mundo suplicaban que otra persona tomara las riendas del deporte.


En su relección del viernes, reflejó esas adhesiones que logró cosechar gracias a distribuir a cada una de las 209 federaciones una cifra anual de 250 mil dólares, además de repartir bonificaciones y fondos para proyectos de infraestructura, producto de los ganancias del Mundial.


Pese a que los escándalos embarraron el prestigio e imagen de la FIFA, la mayoría de los jerarcas se mantuvieron fieles con Blatter, en particular de África, Asia y naciones pequeñas.


Como pueden ver, no soy un bravucón autoritario que puede intimidar a sus críticos con una mirada y manejar a los gobierno a mi antojo. Soy un servidor del futbol, no un dictador, dijo Blatter en 2013 ante estudiantes en la Universidad de Oxford.
Blatter dedicó más de su vida a la FIFA, primero como director de proyectos, secretario general y como su presidente desde 1998.


Fue un operador magistral de la política en el futbol, alguien que se deleitaba con toda la atención mediática que generaba. Supo codearse con los jefes de Estado tentados por todo el auge del Mundial.


Blatter aprendió de su predecesor, Joao Havelange, el brasileño que presidió la FIFA durante 24 años, los recientes 17 con Blatter como el lugarteniente que intuyó al mercadeo deportivo como la mina que había que explotar.


Los ingresos de la FIFA sumaban cerca de 560 millones de dólares en 1998, cuando Blatter tomó el poder. Se dispararon a 5 mil 700 millones de dólares el año pasado, impulsados por los enormes incrementos en la venta de los derechos de transmisión y mercadeo.


De una familia de modestas raíces, Joseph Blatter nació en la localidad alpina de Visp. Sus padres se conocieron cuando trabajaban en un hotel durante la temporada invierno en Niza, el balneario francés en la Riviera.


Como presidente de la FIFA, Blatter solía contar la historia de que nació dos meses prematuro, y que una de sus abuelas creyó que no iba a sobrevivir. Es porque soy un luchador, destacó Blatter, siempre alardeándose.


El anuncio de Blatter de que dejará la presidencia de la FIFA provocó reacciones inmediatas en directivos de federaciones y se han reactivado las posibles candidaturas a relevarlo del cargo, entre ellos el presidente de la UEFA Michel Platini y el príncipe Ali bin al-Hussein de Jordania


Platini celebró la decisión del jerarca suizo que consideró una decisión difícil, valiente, pero es la decisión correcta.
El príncipe jordano que perdió en las elecciones del viernes también reaccionó y reavivó su posición de aspirante al cargo: Creo que Sepp Blatter hizo lo correcto y ahora debemos ver hacia el futuro... Estoy a las órdenes de todas las asociaciones nacionales que quieren un cambio, incluyendo aquellas que tuvieron miedo de generar una transformación.


En cambio, hubo posiciones que lamentaron la salida de repentina de Blatter, como la del vicepresidente de la Conmebol, el uruguayo Wilmar Valdez, quien exclamó: Esto es un shock para el futbol mundial, además de que la calificó de inimaginable e inentendible.


En cambio, la Confederación Brasileña de Futbol no fue tan eufórica. Manifestó que la salida de Blatter la tomó por sorpresa y que es una decisión de carácter personal y que merece nuestra profunda comprensión.


Los ecos de la decisión de Blatter aún son inciertos, pero algunos de los grandes patrocinadores de FIFA, como Coca-Cola, Visa y Budweiser se mostraron satisfechos con la noticia.


El anuncio de hoy es un paso positivo para el bien del deporte, del futbol y de sus hinchas, dijo Coca-Cola, uno de los patrocinadores del Mundial.


Por su parte, Visa dijo estar complacida por el reconocimiento de la FIFA de que se necesita una reforma profunda en el futbol".

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Jueves, 21 Mayo 2015 18:37

El ciego que no quería ver

El ciego que no quería ver

"Es una falacia, y en cierto sentido un crimen de guerra, sostener que la única manera para combatir el narcotráfico y doblegar a la guerrilla y a los paramilitares sea destruyendo la naturaleza y atacando a la gente pobre".

Eduardo Cifuentes Muñoz
ex Defensor del Pueblo

 

El pasado 14 de mayo el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la suspensión del uso de glifosato en Colombia, un químico utilizado para la erradicación de la coca en el país desde hace tres décadas y que, desde el inicio de su utilización, contó con pruebas insoslayables que requerían el cumplimiento de principio de precaución.

La decisión tomada, además de ser necesaria políticamente, fue el resultado de la recomendación realizada por el Ministerio de Salud el 24 de abril de este año donde hace referencia a los resultados de la reunión con expertos de la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer (IARC), que clasificó al glifosato en el Grupo2A de los químicos "probablemente cancerígenos para los seres humanos" y con evidencia suficiente en animales.

"A pesar de la existencia de evidencia científica divergente, la clasificación por parte de la IARC, representa una advertencia insoslayable de posibles efectos adversos a la salud y por ende configura un escenario en el que, como mínimo, existe incertidumbre científica sobre los efectos nocivos del glifosato, condición suficiente para dar cumplimiento al principio de precaución", advirtió el Ministerio de Salud. Luego de esto, con siete votos a favor y uno en contra se aprobó la erradicación del glifosato hasta que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) "revoque o suspenda" el plan de manejo ambiental que cobija la aspersión con este químico.

Ante estos sucesos que parecen afortunados, no está de más recordar la larga lucha librada por diversas organizaciones contra este tóxico, y la aspersión de cultivos ilícitos ante la que el país, bajo la imposición de los Estados Unidos, se tapó sus ojos y nariz.

"Desde el año 1978, el gobierno del presidente Julio César Turbay emprendió la Operación Fulminante que combinó el uso del químico Paraquat (herbicida de uso similar al glifosato) y la presencia de 10 mil soldados en la Sierra Nevada de Santa Marta, según cuenta la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), en el texto Marihuana: legislación o represión. Sin embargo, las aspersiones con este químico fueron detenidas debido a la prohibición del Congreso de los Estados Unidos de apoyar programas de fumigación con químicos.

Años después, en el mandato del presidente Ronald Reagan, esta prohibición sería levantada y el presidente Belisario Betancur reiniciaría la aspersión con químicos en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá, según un estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), sobre la Aspersión de cultivos de uso ilícito en Colombia .

Según esta organización, el combate frontal contra los cultivos de uso ilícito, por medio de aspersiones aéreas, se reincluye en la Estrategia Andina contra las Drogas en 1989 y en la Iniciativa Andina contra las Drogas (ACI) formuladas por Estados Unidos en 1989.

Más adelante, durante el gobierno de Cesar Gaviria, se adoptan las condiciones restantes para legalizar el uso de químicos en asperciones a través de un marco regulatorio realizado por el CNE de febrero de 1994.

Fue en 1999 cuando las autoridades decidieron hacer aspersiones con glifosato para la erradicación de los cultivos de coca. Sin embargo, mucho antes de su utilización en el país, ya existían estudios de especialistas que demostraban los daños en la salud y el ambiente que este químico podía causar, además de serios cuestionamientos por legisladores y políticos. Pero el ejército colombiano y de los Estados Unidos impusieron su criterio de que fumigar con glifosato era la mejor forma de ponerle punto final al narcotráfico.

Según la Defensoría del Pueblo, las fumigaciones fueron permanentes e intensas entre los años 2000 y 2007, y suspendidas en el 2008, para reanudarlas en el 2011, aplicándolas cada tres meses, hasta septiembre del año pasado.

Solo hasta el 2008 Colombia aceptó las consecuencias del uso de este químico al responder la demanda interpuesta por Ecuador ante la Corte Internacional de La Haya por los daños ocasionados a las personas y al ambiente en las zonas de la frontera al norte del Ecuador. Esto justificado a través de un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, publicado por la revista científica brasileña Genetics and Molecular Biology, en el que se indicaba que los ecuatorianos que vivían a tres kilómetros de la frontera tenían entre seis y ocho veces más riesgos de sufrir daños genéticos que la población residente a 80 kilómetros.

Debe agregarse a este estudio, la visita del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Paul Hunt, a las zonas fronterizas con Colombia en las que concluyó que las fumigaciones debían suspenderse en acatamiento del principio de precaución por cuanto existían evidencias creíbles y confiables de que las aspersiones aéreas con glifosato en la frontera estaban "afectando a la salud física de los habitantes de Ecuador y su salud mental".

Ante estas evidencias el Estado colombiano se comprometió a restringir la fumigación con plaguicidas y a pagar 15 millones de dólares a cambio de que Quito quitara la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Subrayar, por otro lado, que los mismos Estados Unidos, junto con Perú, Ecuador y Afganistán, han negado la utilización del glifosato como método de erradicación de sustancias estupefacientes.

En el caso estadounidense, la decisión fue tomada "debido a que los cultivos están en los bosques y están mezclados con los árboles y la maleza. Fumigar con herbicidas destruiría el bosque entero", según lo expresado por el agente especial de la Oficina de Antinarcóticos de California, Jackie Long para periódico El Clarín en el año 2007.

Por su parte, Afganistán lo prohibió en 2007 para proteger al sector agrario y sus habitantes. Solo ahora, ocho años después, Colombia decide erradicarlo, sin cerrar con esto la controversia suscitada por su utilización, con voces provenientes por una parte, desde la administración del presidente de Estados Unidos, Barak Obama y, por otra, desde la oposición uribista.

El caso más claro es el del procurador, Alejandro Ordoñez, el único voto en contra en el Consejo Nacional de Estupefacientes, el que, acompañado de un comité científico, trató de demostrar que el glifosato no era nocivo para los seres humanos, a pesar de todos los estudios que evidencian lo contrario. Según Ordoñez, el país nadará en cocaína con la prohibición de este químico.

Ahora, y ante esta decisión, toca esperar cómo maniobrará el Gobierno ante el tema de la coca, la política para su erradicación, y la necesidad de implementar una propuesta que incluya la realidad del campo colombiano y a todos aquellos que lo habitan.



Algunos estudios científicos sobre el glifosato

 

Estudios adelantados por la Comisión Europea en 2001 advirtieron sobre la toxicidad del glifosato "para los organismos acuáticos" y la capacidad de "provocar efectos nefastos para el ambiente a largo plazo".

"Luego de la aplicación de la versión comercial de glifosato (Roundup, 25,2 por ciento glifosato, más el surfactante Poea), se demostró que este producto había causado reducción en la supervivencia de las tres especies de renacuajos, así: a) en los experimentos acuáticos: rana arborícola del 75 por ciento al 2 por ciento ; sapo del 97 por ciento al 0 por ciento y rana leopardo del 98 por ciento al 4 por ciento. Para todas las especies, solamente el 2 por ciento de los renacuajos sobrevivió a la aplicación del Roundup después de tres semanas, y b) en los experimentos terrestres, las tres especies tuvieron una mortalidad sustancial al ser expuestas al Roundup. Pasadas 24 horas de la aplicación se disminuyó la supervivencia de la rana de la madera del 96 por ciento al 32 por ciento; de la rana arborícola del 100 por ciento al 18 por ciento y de los sapos juveniles del 100 por ciento al 14 por ciento . Para todas las especies, solamente el 21 por ciento de todos los anfibios juveniles sobrevivieron a la aplicación del Roundup después de un día".

Investigación, realizada por la Universidad de Pittsburgh, con el fin de determinar el impacto de una forma común de glifosato (Roundup) sobre varias especies de ranas y sapos de Norteamérica (Relyea, 2005).

 

"Varios casos de malformaciones, en conjunto con repetidos abortos espontáneos, se han detectado en la localidad de Ituzaingó, Córdoba, que está rodeada por una agricultura basada en OGM". Paganelli A, Gnazzo V, Acosta H, López SL & Carrasco AE. Informe Glyphosate based herbicides produce teratogenic effects on vertebrates by impairing retinoic acid signalling. Chemical Research in Toxicology 23: 1586.

 

"Los defectos de nacimiento en la provincia argentina del Chaco,donde los cultivos transgénicos de soja y arroz son rociados intensamente con glifosato, se han incrementado, casi cuadriplicado, en el período de 2000 a 2009. Se encontraron defectos similares en mujeres de Paraguay expuestas a herbicidas a base de glifosato durante el embarazo. Estos defectos eran compatibles con aquellos inducidos en experimentos de laboratorio a concentraciones mucho más bajas que las del glifosato comercial". Organización Green Peace, informe Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos, julio 2011.

 

"El glifosato interactúa con la química y la biología del suelo, provocando una serie de impactos que incluyen la reducción de la nutrición de las plantas y el incremento de su vulnerabilidad a las enfermedades. El glifosato también puede lixiviarse hacia aguas superficiales y subterráneas, donde puede dañar la vida silvestre y, posiblemente, terminar en el agua potable". Organización Green Peace, informe Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos, julio 2011.

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Poder y política en los tiempos de la crisis

La idea de que el mercado libre surge 'naturalmente' (y su corolario que cualquier intervención estatal sobre las relaciones de mercado es 'artificial') es falsa y peligrosa. La realidad es que el mercado es una criatura del poder del estado. Los arquitectos de la nueva generación de acuerdos comerciales lo saben bien.


Hoy se están negociando en secreto los dos acuerdos comerciales más grandes de la historia del neoliberalismo: el Acuerdo transpacífico de asociación económica (ATP) y la Asociación transatlántica para el comercio y la inversión (ATCI). Son acuerdos extraños porque después de la gran orgía de liberalización comercial de los años noventa es difícil concebir qué más se puede hacer para abrir las puertas del libre comercio. La retórica sobre desatar las fuerzas del crecimiento económico se antoja anacrónica en el contexto de una globalización neoliberal que desembocó en el estancamiento y la crisis. Y es que los nuevos acuerdos no tienen casi nada que ver con el libre comercio y casi todo con el objetivo de acrecentar y consolidar el poder de las corporaciones gigantes que dominan la economía del planeta.


La separación entre poder y política es hoy más clara que nunca. El poder de las grandes corporaciones es real, mientras que la política se deja para asuntos más o menos secundarios de la vida pública. Los partidos pueden o no debatir temas triviales, pero las grandes corporaciones son las dueñas del poder y lo hacen sentir a través de su control sobre sus espacios de rentabilidad en materia de salud, alimentación o medio ambiente.


Datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) revelan que el 80 por ciento de las importaciones de Japón no tiene ningún gravamen arancelario. Para países como Malasia o Chile, Francia o Perú, los datos arrojan un cuadro similar: los aranceles se encuentran en niveles históricamente bajos. Es más, muchas barreras no tradicionales también se eliminaron desde la Ronda Uruguay (1986-1994) y nadie puede afirmar hoy que constituyen un obstáculo para el libre comercio.
Si la apertura comercial ya es un hecho en los países de la cuenca del Pacífico y de Europa, ¿cuál es la finalidad de estos nuevos tratados comerciales?


El objetivo debe verse no en términos de eliminar obstáculos, sino en función de acrecentar el poderío de las grandes corporaciones y empresas transnacionales que hoy son responsables de una buena parte del flujo de intercambios comerciales internacionales. Esas entidades son ejes de concentración de un poder que les permite orientar y manipular espacios legislativos, así como servirse de organismos regulatorios en el ejecutivo en muchos, por no decir todos los países del mundo.
Es importante recordar que la crisis global no sólo afecta al sector financiero. La crisis afecta tasas de rentabilidad y cubre con una nube de incertidumbre el futuro de cualquier inversión en los sectores extractivos, manufacturas y servicios. Por eso los nuevos acuerdos comerciales se concentran en capítulos relacionados con la posibilidad de extender las rentas cuasi-monopólicas que les dan los altos coeficientes de concentración en los mercados mundiales de todo tipo de productos. Lo que realmente interesa a las empresas transnacionales que promueven la nueva agenda de la liberalización comercial es permitir el despliegue de su comportamiento estratégico.


El capítulo sobre patentes del acuerdo del ATP permitirá extender la duración de patentes (más allá de los veinte años que hoy se han acordado en casi todos los países) y ampliar el ámbito de los objetos patentables. Esta extensión de los poderes monopólicos que confieren las patentes tiene repercusiones graves sobre la regulación en el sector salud, la alimentación y el medio ambiente. Además, los abusos de las corporaciones se multiplicarán en materia laboral y en todo lo que tenga que ver con su capacidad para mantener y extender sus rentas monopólicas. Los nuevos acuerdos abrirán el camino a los cultivos transgénicos, eliminarán regulaciones que estorban el fracking y quitarán obstáculos a la especulación financiera.


Lo más importante en los nuevos acuerdos tiene que ver con el espacio extra judicial que se abre a las corporaciones. Éstas podrán demandar a gobiernos cuando sientan que alguna medida o regulación afecta negativamente la rentabilidad de sus inversiones. Esto recordará a los gobiernos quien manda. Definitivamente la democracia y el mercado nacional no sólo no son aliados, sino que son enemigos.


La separación entre poder y política es hoy más clara que nunca, como bien señala Zygmunt Bauman. Estamos viendo nacer un nuevo tipo de estado diseñado para mejor servir a las grandes corporaciones. Todo esto recuerda el análisis de Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel: La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer: en este interregno aparece una gran variedad de síntomas mórbidos. Por eso en el interregno no hay espacio para eso que llamamos democracia.


Twitter: @anadaloficial

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Concluye estudio de Universidad de Princeton que EEUU no es una democracia

Un estudio publicado por la Universidad de Princeton califica a EEUU como un país no democrático, pues sus gobernantes se subordinan a los intereses de una élite.


"EEUU ya no puede considerarse una democracia, ya que las decisiones políticas no se toman de acuerdo con la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos, sino únicamente para promover los intereses de la élite económica y los grupos organizados", destaca la investigación elaborado por la Universidad de Princeton.


El estudio pone de relieve que las élites económicas y los grupos organizados que buscan sólo sus intereses, tienen una influencia substancial sobre la política de la Casa Blanca mientras los ciudadanos comunes tienen poco o ninguna influencia sobre la política del país.


Los investigadores enfatizan que en caso de conflictos o confrontación política con Rusia, el Gobierno estadounidense no representaría los intereses de los norteamericanos, sino favorecería los intereses de los poderes económicos y políticos.
Al calificar de "peligrosa" la presencia de las élites económicas en la esfera política de EE.UU., el estudio recalca que la influencia significativa de estos grupos en las políticas del Gobierno, afectará claramente las relaciones internacionales de Washington con los otros países, en particular con Rusia.


Martin Gilens, de la Universidad de Princeton, y Benjamin I. Page, de la Universidad Northwestern, alegan que las élites económicas son las que con más frecuencia ven reflejada su voluntad en las políticas de la nación que tantas veces ha sido vista como referente mundial de la democracia.


Si una oligarquía significa que unos pocos individuos muy ricos tienen la última palabra, entonces yo diría que EE.UU. no lo es... Pero dada la falta de influencia de los ciudadanos promedio sobre las políticas de gobierno, los individuos más ricos y las organizaciones, significan que EE.UU no es una democracia que funciona bien, dijo Gilens a la BBC de Londres.


"La fuerte tendencia hacia la desregulación del gobierno de EE.UU. desde 1970, adoptada en grados variables por los dos partidos políticos, es mucho más consistente con las preferencias e intereses de las élites y grupos económicos que con los ciudadanos comunes y corrientes", añadió Gilens.


"Un ejemplo son las respuestas de los gobiernos de los presidentes George W. Bush y Barack Obama frente a la Gran Recesión: las instituciones financieras pudieron en gran medida evadir responsabilidades, la regulación financiera fue débil mientras que la clase media y los pobres no han podido recuperar el terreno perdido a pesar de que las corporaciones lo han recuperado notoriamente", añade el investigador.


"Si una oligarquía significa que unos pocos individuos muy ricos tienen la última palabra, entonces yo diría que EE.UU. no lo es... Pero debido a la falta de influencia de los ciudadanos promedio sobre las políticas de gobierno, los individuos más ricos y las organizaciones, EE.UU. es una democracia que no funciona bien", agrega.


Poca influencia independiente


De acuerdo con el estudio, una política propuesta con poco apoyo entre la élite estadounidense es adoptada sólo cerca del 18% de las veces, pero una con alto apoyo de las élites son adoptadas un 45% de las veces.


"El análisis de múltiples variables indica que las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses comerciales tienen impactos sustanciales independientes en la política de gobierno de EE.UU., mientras que los ciudadanos comunes y grupos de interés de masas tienen poca o ninguna influencia independiente", explica el informe.


Los autores del estudio


Martin Gilens es profesor de política de la Universidad de Princeton. Es investigador de opinión pública, medios de comunicación y su relación con la desigualdad y las políticas públicas. Es autor de varios libros como "La riqueza y la influencia: la desigualdad económica y el poder político en EE.UU.", y "Por qué los estadounidenses odian el Bienestar: Raza, Medios de Comunicación y la Política frente a la Pobreza".


Benjamin I. Page es profesor de toma de decisiones de la Universidad Northwestern. Es investigador de opinión pública, formulación de políticas, medios de comunicación y política exterior de EE.UU.. Es autor de 11 libros, entre ellos "¿Clases de guerra? Lo que los estadounidenses realmente piensan de la desigualdad económica" y "El público racional: Cincuenta años de Tendencias de la Política de Preferencias de los estadounidenses".


Los dos profesores llegaron a esta conclusión después de analizar las respuestas de 1.779 preguntas formuladas en encuestas realizadas entre 1981 y 2002 sobre la generación de políticas públicas.


Las respuestas fueron segmentadas por niveles de ingresos y por la frecuencia con las que determinados grupos de ingresos y de intereses organizados vieron convertirse en ley sus propuestas.


El estudio de los académicos asegura que "cuando una mayoría de los ciudadanos no está de acuerdo con las élites y/o los grupos de intereses organizados, generalmente pierde. Esto debido al fuerte sesgo del status quo integrado al sistema político de EE.UU., aun cuando una extensa mayoría de los estadounidenses esté a favor del cambio político".


Gilens y Page concluyen que, aunque los estadounidenses disfrutan de muchas características centrales de la democracia, como elecciones regulares y libertad de expresión y asociación, en realidad la formulación de políticas está dominada por organizaciones empresariales de alto alcance y por un pequeño número de estadounidenses ricos.


Contexto geopolítico


Dicha investigación se publica después de que el periódico alemán Deutsche Wirtschaft Nachrichten anunciara a principios de abril que Washington está perdiendo su estatus de potencia mundial porque últimamente no ha sido capaz de cumplir sus intereses geopolíticos en varias regiones y ha tenido que retirarse.


El diario germano sostuvo que el principal pivote del descenso en el liderazgo de EE.UU. comenzó en Siria, cuando Washington no escatimó esfuerzos para derrocar el presidente legitimo de Damasco, Bashar al-Asad, pero la frustración por la retirada forzosa de Siria, 'instó' a Washington a buscar un presunto culpable y lo encontró en Rusia.


EE.UU. y sus aliados europeos han impuesto varias rondas de sanciones unilaterales contra el Kremlin, bajo el pretexto de que apoya a los combatientes independentistas en el este de Ucrania (en las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk).


(Con información de BBC Mundo y agencias)

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Siete pasos para lavar la cara de tu multinacional

Con motivo del segundo aniversario del derrumbamiento del edificio de Rana Plaza, donde murieron 1.127 personas que trabajaban fabricando ropa para empresas como Benetton, Children's Place, Mango, Primark o El Corte Inglés, las autoras analizan las estrategias de las multinacionales del sector textil para mejorar su imagen


Tras el derrumbe del Rana Plaza, al igual que en anteriores escándalos de la industria textil de los últimos 30 años, las grandes firmas de moda que producen en Bangladesh anunciaron cambios drásticos en el nivel de exigencia hacia sus proveedores y compromisos propios. Las muertes de Rana Plaza no son casos aislados, tampoco las medidas propuestas por las grandes empresas. Repasamos las 5 técnicas de maquillaje más habituales de las empresas transnacionales del textil tras verse implicadas en algún escándalo medioambiental o social.


1. La fábrica no es nuestra, no lo sabíamos, nos han engañado.


Desde el comienzo de la deslocalización industrial, cuando las empresas empezaron a cambiar sus sedes de producción a países en donde les sale más barato producir, cada vez es más difícil saber el origen de los productos textiles que compramos, ya que en la mayoría de los casos se subcontrata. En ese argumento se amparan las multinacionales del sector cuando sale a la luz un escándalo, que eso lo hacen otras empresas y que en absoluto están vinculadas.


Así fue el caso de Levi´s. En 1991 se destapó la situación de los trabajadores inmigrantes chinos que trabajaban para Tan Holdings Corporation en las Islas Marianas (estado libre asociado a EE UU). El Departamento de trabajo de EE UU que fue quien descubrió la situación, definió las condiciones laborales como de semi-esclavitud. La marca de vaqueros reaccionó cortando relaciones comerciales y argumentando que ellos no sabían nada y que de alguna manera habían sido engañados.

Irónicamente, aunque la producción en estas islas del Pacífico ya era deslocalizada, fue de las últimas fabricas de Levi´s con la etiqueta "Made in USA". Por lo que Levi´s no volvió a tener problemas con las autoridades estadounidenses. Tan Holdings Corporation, por su parte, tuvo que pagar la mayor indemnización por motivos laborales de la historia de EE UU.


Las respuesta de Levi´s hoy, en día, ya no resultaría convincente. Hoy está más aceptado que las empresas tienen responsabilidad sobre a quién contratan. Ya no es que la empresa sepa y no actué, sino que no haga los esfuerzos necesarios para que se cumplan las condiciones mínimas exigidas por su supuesto código ético. Ahora las peores condiciones no se dan en en las fábricas subcontratadas por las marcas, sino en las que éstas a su vez subcontratan. Las marcas así se eximen de su su responsabilidad y lo denominan como un "problema de trazabilidad".


2. Elabora un código de conducta.


Prácticamente ya no quedan empresas multinacionales que no tengan uno. Pero en su momento, publicar un código de conducta fue la respuesta más típica de las marcas de ropa frente a los escándalos laborales y medioambientales. Se trataba de una declaración pública de intenciones que hasta entonces no existía.


En un código de conducta de los años '90 encontraríamos cuestiones como el compromiso de vigilar que en las empresas contratadas se pagara el salario mínimo, que no hubiera explotación infantil, que la duración de la jornada laboral fuera la estipulada en dicho país, que se respetara el derecho de asociación sindical, que no se envenenaran los acuíferos locales y un largo etcétera. En líneas generales, el código recogía el compromiso de vigilar que se cumpla la ley del país en el que se lleva a cabo la producción. Sin embargo, hay bastantes prácticas censurables y que son legales, como por ejemplo, el caso de China, donde no se reconocen derechos sindicales.


Pese a todo, los códigos de conducta no resultaron ser por sí solos garantía de su propio cumplimiento. Nike, publicó el suyo en 1991 y eso no impidió que surgieran casos de explotación infantil en Pakistán en 1996. Inditex por su parte publicó el suyo 2001 lo que tampoco evitó que en 2011 se encontraran una treintena de talleres clandestinos con mano de obra coaccionada produciendo para la marca en Brasil. Sólo después la empresa terminó por aceptar que el monitoreo de sus contratas lo realizara un organismo externo, la federación sindical "International Textile, Garment and Leather Workers' Federation", integrada en "IndustriALL Global Union".


3. Si los retos no son asumibles, márcate los tuyos propios.


Hay otros muchos casos de empresas que optan por marcar sus propios objetivos para atacar tangencialmente un determinado problema. Un ejemplo aún más vergonzoso que el anterior lo encontramos en relación al desastre del Rana Plaza.


Tras el colapso del edificio del Rana Plaza en 2013 se promueve un acuerdo vinculante firmado por fábricas bangladesíes, grupos textiles internacionales y sindicatos locales, internacionales y ONG. El tratado básicamente establece que en las fábricas se ha de cumplir con los estándares de seguridad laboral y que las marcas de ropa deben pagar un sobre coste en el producto para implementar las medidas necesarias para que no se repita una tragedia similar. Es el Acuerdo de Bangladesh.


Las cadenas de moda presentes en Bangladesh han ido firmando el acuerdo con mayor o menor premura, pero a día de hoy casi todas han terminado firmando. Aquellas empresas que decidieron no firmar el tratado, Wallmart, Gap y una quincena de empresas norteamericanas más, elaboraron un acuerdo alternativo llamado Alliance for Bangladesh Worker Safety el cual tiene el mismo objetivo pero plantea planes de acción mucho más modestos y no es vinculante. Las empresas no se comprometen legalmente a pagar más a una fábrica por cuestiones de seguridad.


4. Si no convences a las asociaciones y organizaciones de referencia, crea las tuyas propias.


En 1999 Nike llevaba una década en la que su imagen se había visto bastante erosionada. Se lanzaron distintas denuncias por las condiciones laborales en las que se fabricaban sus productos, siendo especialmente graves las acusaciones documentadas de explotación infantil. Tanto es así que la empresa era para mucha gente el ejemplo paradigmático de los costes humanos de la globalización. A pesar de que el nivel de ventas no empeoraba, la situación era bastante critica.


A lo largo de esa década la empresa había argumentado que no sabía lo que pasaba en sus fábricas y había publicado un código de conducta; aún así seguía transmitiendo una clara imagen de esclavitud. Ese año, Phil Knight, anunció que la entrada en el nuevo milenio no sería igual, que se había alcanzado un punto de inflexión y que era momento de tomar medidas contundentes. La garantía ahora era que sus proveedores tendrían que someterse a auditorías realizadas por una asociación independiente y sin conflictos de intereses. Y para ello promovió conjuntamente con el gobierno estadounidense la creación de la Fair Labor Association (FLA, por sus siglas en inglés).


La FLA es una organización sin animo de lucro que tiene por objetivo la mejora de las condiciones laborales en el mundo. Su funcionamiento es a través de afiliaciones, es decir las empresas a las que vigila son sus afiliadas, y estas pagan una cuota de afiliación que es la fuente de financiación de la FLA. Así pues la asociación independiente que les vigila había sido creada por iniciativa suya y su único conflicto de intereses es que sus sueldos se pagan con el dinero que Nike pone.


5. Si no te certifican, certifícate tú mismo.


También a raíz del hundimiento del Rana Plaza, Inditex plantea toda una estrategia de cambio de imagen. Es de las primeras empresas en firmar el Acuerdo de Bangladesh y aprovechando los esfuerzos e inversiones que implica el acuerdo, sacan lo mejor de la situación y crean el 'sello' Wright to Wear, es decir, una certificación que se otorga a empresas que cumplan con un conjunto de iniciativas divididas en distintos ejes: social, ecológico, seguridad laboral, reducción de químicos, control de calidad y seguimiento del proceso. Debido a todas las medidas de seguridad laboral implementadas, al terminar 2013 Inditex presenta la memoria anual de Ready to Wear, a pesar de que esta solo existía desde hacia unos pocos meses. Es difícil saber si es algo anterior a la tragedia bangladesí o una iniciativa creada a contrarreloj para que parezca desvinculada del derrumbe.
La estética que la iniciativa presenta recuerda poderosamente a una certificación externa como pudiera ser por ejemplo la de comercio justo. De hecho el término 'sello' parece implicar un control de calidad, casi la suposición de que puedes decidir pasar o no los controles pertinentes porque te puedes crear los tuyos propios: no deja de ser una auto certificación.
6. Con un toque de verde, mejora lo que sea.


El termino Green Wash designa a este tipo de acciones de lavado de imagen a través la ecología en marcas con poco o ningún compromiso ecológico en su forma de funcionar.


Como ejemplo, pongamos el documental Home. Estrenado en 2009, se trata de una reflexión sobre la fragilidad del planeta desde una mirada cósmica, narrado todo en imágenes aéreas en un estilo que podría recordar a la trilogía qatsi; la voz en off nos hace reflexionar sobre nuestro exceso y voracidad como especie. Sin embargo, resulta un tanto desconcertante que un documental de concienciación ecológica, empiece con los logos de distintas empresas, principalmente de moda, como Puma, Gucci o Yves Saint Laurent, entre otras. Básicamente el grupo empresarial PPR, formado por multinacionales francesas entre las que se encuentran las antes mencionadas, financió la producción del documental con 10 millones de euros, a cambio de lo que se agradece a las empresas su ayuda en los títulos de crédito.


Otro iniciativa que presentó H&M era su programa Garment Collecting, por el cual ponía contenedores de ropa usada, como los que pone Cáritas o Humana en las calles, para que reciclaras tu ropa vieja, entendiendo, por supuesto, que en el mismo viaje vas a comprar más ropa. De hecho, se promueve tu buena acción con cupones de descuento. Merece la pena ver el vídeo que publicita programa y analizar el trasfondo del mensaje: "no tienes porque sentirte culpable por tirar tanta ropa, si la traes aquí el planeta te lo agradecerá". Además no hay que olvidar que la gestión de ropa usada es un negocio rentable.


7. Crea una Fundación.


Todas y todos hemos oído hablar la fundación Amancio Ortega y de lo filántropo que es el dueño de Inditex. Pero también tenemos la Nike Foundation, Levi Straus Foundation, Walmart Foundation, Be What´s Possible (Gap Inc.), PPR foundation y la H&M Foundation. Todas marcas mencionadas tienen su fundación. No es que estas fundaciones no realicen una labor positiva. Pero es necesario no confundir las prácticas de una empresa en el ejercicio de su actividad, con el las causas que decidan abanderar sus accionistas con sus beneficios. Y también es importante que no nos patinen las cifras. En el año 2012 Amancio Ortega dono 20 millones de euros a Cáritas. 20 millones es mucho dinero, de hecho es la mayor donación que ha recibido Cáritas en su historia. Pero en 2013 en beneficio neto del Grupo Inditex era de 2.382 millones de euros. Simplemente deberían mantenerse las dos cifras es sus respectivos contextos. Y no considerar que cuando se habla del modelo de producción de Zara los 20 millones de Cáritas aportan algo al entendimiento del conjunto.


Bangladesh, dos años después


A pesar de todo lo dicho, la industria textil es sensible a la opinión pública que cada vez está más informada. Tras cada crisis que afrontan las marcas se intenta maquillar la realidad, pero también la realidad le supera y se adapta. En Bangladesh, en los dos últimos años, se han firmado las indemnizaciones de las víctimas del Rana Plaza, se ha alcanzado el Acuerdo Bangladesh por el que los salarios han subido un 70% (de 38$ a 67$, todavía por debajo de el coste de vida del país).


También la persecución a sindicalistas y activistas se ha relajado. Un ejemplo es la recuperación de estatus legal de Centro de Solidaridad con los Trabajadores de Bangladesh (BCWS por sus siglas en inglés) que se le fue denegado en 2010. En parte por la presión de departamento de estado de los EE. UU y la Unión Europea, y en parte también por la presión de los consumidores occidentales. Pero gracias sobretodo a los propias luchas y a los propios esfuerzos de las trabajadoras, sindicalistas y activistas que les toca día a día afrontar la cara mas fea de la industria de la moda completamente desmaquillada.

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"Ahora vienen no las vacas flacas, sino las famélicas", sindicato de Ecopetrol

Sindicato obrero pide al Gobierno planes de contingencia para evitar que sigan en aumento los despidos masivos

por crisis del crudo.

 

25 mil trabajadores perderán su empleo en empresas petroleras, según cifras reveladas por el Sindicato de Ecopetrol. Esto, sin contar los despidos masivos que llevó a cabo la empresa Halliburton y el número de proyectos de exploración que han sido cerrados en Equión y Ecopetrol debido a la reciente caída del crudo.

Ante esta situación, la Unión Sindical Obrera –USO– formula planes de contingencia para prevenir el aumento de los despidos masivos y evitar la desinversión del Gobierno en el sector. "Las inversiones bajaron de 10.500 millones de dólares a 7.860 millones. Las multinacionales con campos petroleros marginales o muy pequeños, empezaron a efectuar su cierre desde finales del año 2014", comenta Edwin Castaño, presidente de la USO.

Con el objetivo de evitar más despidos, los miembros del sindicato decidieron instalarse en Campo Rubiales desde el miércoles 21 de enero con una sede propia, que pretende vigilar todo lo que suceda con los trabajadores en el transcurso del año.

 

"Tenemos propuestas para que sea menor el impacto; como acabar con la tercerización laboral. Actualmente existen alrededor de 30 mil trabajadores con nómina tercerizada, lo que le está costando a Ecopetrol unos 8,05 billones de pesos al año".

 

Por otro lado, la cifra de reservas de petróleo con la que cuenta el país es de aproximadamente 2.445 millones de barriles, el equivalente para 6 o 7 años. "Somos el peor país de la región en reservas de producción", así lo afirmó Freddy Pulecio, secretario de asuntos de usuarios del sindicato, mostrando el desalentador panorama al que se verá enfrentado el país en los próximos años.

 

La razón, según Pulecio, es la poca inversión en exploración del crudo. "La mayor parte del presupuesto se ha direccionado a la producción, una suma de 4.113 millones de dólares, muy alta en comparación a lo invertido en exploración, que es de 530 millones".

 

Otro causante del problema serían las más de 32 exenciones tributarias con las que cuentan desde el año 2006 las multinacionales del sector, aprobadas con la intención de incentivar una política de apertura económica y mayor inversión extranjera. Exenciones que, según la USO, suman más de 608.54 billones de pesos durante los últimos 10 años, "lo necesario para pagar tres veces en diez años el proceso de paz, teniendo en cuenta que construirla nos costará 187 billones en los próximos diez años", expresó Pulecio.

 

Esta no es la única organización que ha expresado su preocupación frente a la crisis del sector. Ya la Asociación Colombiana de Petroleos (Acp) aseguró que el precio del petróleo seguirá bajando hasta la mitad del 2015 y que la producción continuará cayendo hasta el 2022, por lo que plantea una serie de propuestas que pretende discutir con el Gobierno.

 

"Nos vienen no las vacas flacas sino, las vacas famélicas" comentó Pulecio para describir la crisis por la que seguirá pasando el sector petrolero en el país.

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Sábado, 13 Diciembre 2014 06:51

Una cumbre con sabor a fracaso

Una cumbre con sabor a fracaso

Anoche, cuando se debía clausurar la Cumbre Climática Mundial COP 20 de Lima, el fracaso sobrevolaba la reunión. Pasada la hora fijada para el cierre, los delegados de 195 países, reunidos durante doce días en el cuartel general del ejército, no habían logrado un acuerdo y seguían negociando. El tema del financiamiento para enfrentar la crisis ambiental, y su distribución, era una controversia central en el debate. Se decidió posponer la clausura para ver si entre la noche del viernes y hoy sábado se lograba sacar adelante un documento aprobado por todos. Los menos optimistas hablaban de que todo podría prolongarse bien entrado el sábado.


La COP 20 debe aprobar un texto que sirva como documento base para las negociaciones de la COP 21 del próximo año en París, que es cuando se tiene previsto aprobar un nuevo acuerdo ambiental mundial para reemplazar a partir de 2020 al Protocolo de Kioto.


A la tarde, cuando las negociaciones aparecían estancadas y ya se hablaba de fracaso, el ministro de Ambiente del Perú, Manuel Pulgar Vidal, que como anfitrión ejerce la presidencia de la cumbre, pidió en la plenaria a todas las delegaciones hacer un esfuerzo para sacar adelante un acuerdo. "Estamos casi ahí, y creo que lo podemos lograr", dijo, haciendo un esfuerzo de optimismo.


El aire de cierto moderado optimismo entre las delegaciones que abrió la COP 20 se fue diluyendo con los días, y con negociaciones que no avanzaban. Ayer había un pesado ambiente de decepción. Aunque todavía quedaba la esperanza de lograr salvar la situación a última hora con la extensión dada para seguir negociando. "Se ha avanzado poco en los temas cruciales, pero algún acuerdo debe salir de Lima, aunque no sea lo que esperábamos", le confió a este diario el representante de un país latinoamericano.


"Las grandes preguntas no serán resueltas en Lima, pero esperamos que en las próximas horas se llegue a un acuerdo", dijo la ministra de Ambiente de Alemania, Bárbara Hendricks, revelando que en los temas sustanciales subsistían importantes diferencias y éstos se pasarían para la cumbre de 2015 en París. La esperanza era llegar a un consenso mínimo que lograra salvar la cumbre del fracaso.

Los temas centrales que trabaron las negociaciones tienen que ver con el financiamiento para enfrentar el problema del cambio climático y la distribución de los aportes entre los distintos países; los mecanismos para el manejo de ese financiamiento; cómo enfrentar los costos de los daños y pérdidas sufridos por los países no desarrollados más afectados por el calentamiento global; la adopción del concepto de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", que implica reconocer la mayor responsabilidad histórica de los países desa-rrollados en la crisis ambiental y que eso se traduzca en mayores compromisos y aportes; los compromisos de mitigación del calentamiento global; y en el tipo de mecanismos que se deben adoptar para verificar que los países cumplan con sus compromisos.


Durante las negociaciones se debilitó el objetivo de asegurar compromisos firmes para garantizar el financiamiento del Fondo Verde, creado para financiar los costos de la mitigación del cambio climático y la adaptación para reducir la vulnerabilidad de los países por la crisis ambiental. El objetivo es que este fondo cuente con 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020. Hasta ayer, la cifra aportada al Fondo Verde era poco más de 10 mil millones. Y no había claridad sobre los mecanismos para comprometer a los países con aportes a este fondo. Las naciones en vías de de-sarrollo exigen mayores compromisos financieros con este fondo a los países desarrollados.

El asunto de las "responsabilidades comunes pero diferenciadas" es clave para los países en vías de de-sarrollo. La Argentina puso énfasis en que se adopte ese compromiso, según el cual los países desarrollados, teniendo en cuenta su mayor responsabilidad en el calentamiento global, deben adoptar mayores compromisos financieros y de transferencia de tecnología y capacidades hacia las naciones en vías de desarrollo para enfrentar los efectos de la crisis ambiental y para adaptarse a las políticas de reducción de emisiones de carbono sin perjudicar su propio desarrollo.

En el primer trimestre de 2015, los países deberían presentar sus intenciones de contribuciones en la reducción de gases de efecto invernadero. Se negocia cómo monitorear y vigilar el cumplimiento de esas reducciones. Los países anglosajones y Japón fueron los más duros para aceptar la postura de las naciones en vías de desarrollo de que un acuerdo incluya una referencia expresa a las "responsabilidades comunes pero diferenciadas".

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Sábado, 13 Diciembre 2014 06:44

La lucha por el clima en el corazón del mundo

La lucha por el clima en el corazón del mundo

LIMA, Perú–Lima, la capital de Perú, se ha convertido en una ciudad de renombre culinario, que atrae aficionados al turismo gourmet de todo el mundo, que llegan para degustar platos que van desde el famoso ceviche a los productos típicos de la región andina. Esto quizá la convierta en un lugar apropiado para lo que se ha convertido en un auténtico ritual anual móvil, la serie de cumbres itinerantes organizadas por Naciones Unidas en diversos puntos del planeta para hacer frente a la crisis del cambio climático. El encuentro de este año, conocido como "COP 20", la 20ª Conferencia de las Partes del Protocolo de Kyoto, será la última reunión con participación de presidentes y primeros ministros antes de la cumbre sobre cambio climático de diciembre de 2015, que se llevará a cabo en París.


Una de las expectativas para el encuentro de París es lograr una extensión del Protocolo de Kyoto; un nuevo tratado mundial legalmente vinculante para limitar el calentamiento global a un aumento de la temperatura promedio mundial de solo dos grados Celsius. Por ende, todos los ojos están puestos en París. Pero si el problema está en los detalles, es aquí en Lima donde los detalles se están elaborando. No se puede decir "clima" sin decir "Lima".


En primer lugar, es necesario comprender el contexto, y conocer quién fue invitado a participar del debate y quién no. En el interior, la cumbre se lleva a cabo de forma ordenada, con la policía de la ONU monitoreando todo y un aire enrarecido de decoro diplomático. No hay una sensación de urgencia en las salas de audiencias, lo cual es sorprendente, ya que la ciencia es clara: el mundo se calienta rápidamente y, si no se hace algo al respecto, pronto tendremos un cambio climático irreversible y catastrófico.


La cumbre oficial se lleva a cabo en una base del ejército peruano, conocida con el inquietante nombre de "El Pentagonito". En esta zona militarizada, la cumbre climática de la ONU se produce en una especie de "Pueblo Potemkin" e incluye ceremonias formales y protestas intermitentes previamente aprobadas.

El simbolismo no pasa desapercibido para muchos de los peruanos organizados por la justicia climática. Wilfredo Saavedra Marreros, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, declaró a Democracy Now!: "La COP 20 no es más que una suerte de engaño, muchachos; es una farsa, nosotros lo concebimos así. Se han reunido los representantes de los Estados del mundo en un lugar que está manchado con sangre. En el Pentagonito, ese resguardo militar, allí se han asesinado extrajudicialmente a hermanos nuestros, los han quemado, los han desaparecido".


Afuera, en las bulliciosas calles de Lima, una ciudad de más de ocho millones de habitantes con atascos de tráfico interminables, los movimientos sociales organizan su propia "cumbre de los pueblos" contra el cambio climático en un parque público de la ciudad. El diez de diciembre, Día de los Derechos Humanos, miles de personas marcharon por las calles en demanda de medidas concretas para revertir el cambio climático.

Pascoe Sabido, del grupo Corporate Europe Observatory (CEO, por su sigla en inglés), participa de la organización de actividades tanto dentro como fuera de la COP 20. Publicó junto con otros grupos un informe titulado "Corporate Conquistadors: The Many Ways Multinationals Both Drive and Profit From Climate Destruction" (Conquistadores empresariales: varias formas en que las multinacionales impulsan y se benefician de la destrucción del clima). En una de las instancias de adentro, Sabido y otros activistas participaron de una reunión patrocinada por las gigantes petroleras Shell, Chevron y otros intereses de la industria de los combustibles fósiles. "Había montones y montones de personas muy enojadas intentado protestar contra la presencia de la industria de los combustibles fósiles en estas conversaciones", me dijo Pascoe. "Hace veinte años que existen estas negociaciones y no se ha logrado avanzar hacia el acuerdo ambicioso y justo que necesitamos para frenar el cambio climático. Una de las grandes razones es la presión agresiva de la industria de los combustibles fósiles, tanto en el ámbito nacional como aquí en las negociaciones internacionales".

Otro activista presente en la COP 20 es el líder ambiental nigeriano Nnimmo Bassey, quien dijo: "Antes de partir de Nigeria me tomaron la temperatura dos veces para determinar si tenía fiebre alta o ébola. Ahora bien, la temperatura del planeta Tierra se ha elevado a un punto de 0,8 grados por encima de los niveles preindustriales. Si la Tierra tuviera que pasar por el mismo proceso... hubiera sido puesta en cuarentena, porque se habría determinado que tenía fiebre alta o ébola. Pero no podemos poner en cuarentena a la Tierra. Tenemos que encontrar a quienes están atacando el clima y ponerlos en cuarentena a ellos".

También es importante tener en cuenta quién no está presente en la COP 20. Yeb Sano fue el principal negociador de Filipinas el pasado año. Para sorpresa de muchos, fue retirado de la delegación de este año y se encuentra en su hogar, mientras su país se ve devastado por otro tifón más, el Hagupit. Sano tuiteó: "Pueden silenciar mi boca. Pero no pueden silenciar mi alma". Sano convulsionó la COP 19 de Varsovia, Polonia el año pasado. En ese momento, Filipinas estaba siendo azotada por el tifón Haiyan. Sano no sabía si su familia había sobrevivido. En un emotivo discurso pronunciado en una sesión plenaria de la cumbre, preguntó: "Si no somos nosotros, ¿entonces quiénes? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, entonces ¿dónde?". Muchos activistas en defensa del clima de Filipinas piensan que la presión concertada por parte los gobiernos europeos y de Estados Unidos provocaron la destitución de Sano, ya que se estaba convirtiendo en un defensor enérgico de la justicia climática para el Sur Global.


Atossa Soltani, fundadora de la organización sin fines de lucro Amazon Watch, me dijo que, a pesar de todas las deficiencias de la cumbre, igual se alegra de que este encuentro mundial se haga aquí, en Perú, donde más del 60% del país (un área del tamaño de Texas) es de selva tropical. "Es la primera COP que se realiza en un país amazónico. Y la selva amazónica es realmente importante en el debate sobre el cambio climático. No solamente porque la deforestación es una gran fuente de emisiones, sino también porque la selva tropical del Amazonas es la máquina de lluvia del planeta. Esta selva genera los ríos voladores que básicamente brindan lluvia fértil para el continente entero y el resto del mundo. Es el corazón del planeta, que bombea humedad y vapor al resto. Esa es la importancia de esta COP: poner el Amazonas en el mapa, llevar los derechos indígenas fundamentales al centro del debate, y pedir el fin de la era de los combustibles fósiles. Es por eso que estamos aquí".
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© 2014 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Ines Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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