Diez corporaciones del mundo real que parecen salidas de la mente de un supervillano

Ya lo avisó en su día el documental 'The Corporation': Las empresas se comportan como psicópatas y, lo que es peor, no les queda otra opción para sobrevivir en este frenopático poblado por otros psicópatas que es la economía global. Pero dentro del manicomio hay muchos niveles de locura: están los locos de toda la vida, esos que quieren ganar más dinero cada año, y están los verdaderamente tarados, aquellos que son capaces de pasar por encima de cualquier comunidad o ecosistema para lograr su sacrosanto objetivo: amasar pasta.

 

A continuación las diez empresas más malvadas del planeta (con su token español incluido):

 


10 Wal Mart


Negocio: Gran distribución


Tropelías: Atila del pequeño comercio, negrero de sus "asociados"


¿Pero qué tripa se os ha roto para incluir en una lista de empresas malvadas al mayor empleador de EEUU, con sus 2,2 millones de trabajadores en todo el mundo? Pues porque buena parte de esos trabajadores sobreviven en el umbral de la pobreza, con sueldos de unos 8 dólares por hora (menos de 6 euros). El presidente de Wal-Mart gana más en una hora que un "asociado" (así llaman a los curritos) a tiempo completo en un año.


En un mercado libre el trabajador de Wal-Mart tal vez podría buscar trabajo en otro lugar pero no es el caso: la cadena de supermercados ha arrasado con la competencia y con la industria estadounidense: el 85% de los productos que vende se importan de China.

 

 

9 Office Cherifien des Phosphates


Negocio: Minería


Tropelía: Expoliar las riquezas de territorios invadidos


Ni tú ni casi nadie ha oído el nombre de esta empresa, pero puedes estar seguro que en tu nevera hay más de una fruta crecida gracias a los fosfatos que extrae del subsuelo del Sáhara. ¡Ah, en ese caso es una benefactora de la Humanidad! Bien, podría serlo, si no fuera por dos pequeños detalles:


1. Buena parte del mineral que vende esta empresa marroquí procede del territorio del Sáhara Occidental, más concretamente de la gigantesca mina de Bou Craa, la mayor del mundo. En otras palabras, Office Cherifien se está lucrando con las riquezas naturales de los saharauis.


2. La empresa pertenece a la familia real marroquí, así que la inmensa riqueza generada (Marruecos es el primer exportador de fostafos del mundo) no revierte tampoco en la población marroquí sino en su monarca, Mohammed VI, "el rey de las rocas", según Forbes, el séptimo rey más rico del mundo, con una fortuna de 2.500 millones de dólares.

 

8 Nestlé


Sector: Alimentación, cosmética y demás


Tropelía: Acaparar el agua a las comunidades de medio mundo


El evocador logo de Nestlé –mamá pájaro alimentando a sus polluelos en el nido- es probablemente uno de los más hipócritas de la historia de la comunicación corporativa. La multinacional suiza es por derecho propio la empresa más boicoteada de la historia, por escándalos como la leche en polvo que hacía que los lactantes renunciaran a la leche materna a la más reciente acaparamiento de los recursos hídricos en países como Etiopía, Sudáfrica o Pakistán.


Es ley de mercado: a medida que el agua empieza a escasear, su venta se convierte en un enorme negocio. Ejemplo práctico: Nestlé se apropia cada día de 1,1 millones de litros de agua de un acuífero canadiense (incluso durante las sequías) por los que abona la bonita cifra de 3,71 dólares, y los revende –una vez embotellada y etiquetada- por 2 millones de dólares, obteniendo un espectacular margen del 53 millones por ciento, según el cálculo de Hang the Bankers.

 

 

7 Pescanova


Negocio: Pesca


Tropelías: Destrozos en el medio ambiente, abusos a sus trabajadores


Para hacer tortilla hay que romper huevos, decía Alex en 'La Naranja Mecánica'. Y para que Rodolfo Langostino llegue a tu mesa hay que expoliar muchos manglares en Nicaragua, denuncia la ONG Intermón Oxfan en un informe distribuido el pasado verano sobre las prácticas laborales y medioambientales de la pesquera española, propietaria de la mayor flota mundial al menos hasta que a sus dueños les cegó la codicia y hundieron el barco.


Entre las muchas denuncias acumuladas –y no sólo contables- están "causar daños medioambientales irreparables" en los manglares de Nicaragua para la cría del langostino o en los bancos de Chile, con redes de arrastre. Además, los trabajadores de los criaderos de langostinos cumplen jornadas maratonianas. Para añadir sal a la herida, Pescanova recibió en 2012 créditos por valor de 10 millones de euros del Ministerio de Economía (Cofides), años después de que se hubieran presentado las denuncias.

 

 

6 Academi


Negocio: Guerras


Tropelías: Subcontratistas de batallas ajenas


Seguramente el nombre de Academi no te diga nada, y puede que te suene a una academia de catalán para extranjeros, pero si decimos Blackwater tal vez vuelvan a tu memoria las imágenes de un ejército mercenario que desembarcó en Irak tras la invasión y, poco a poco, fue reemplazando al ejército norteamericano en las tareas de zapa y hostigamiento de los insurgentes.


Academi es, efectivamente, un lavado de cara de Black Water, la mayor empresa de mercenarios del mundo: 40.000. Su página web no deja lugar a equívocos: "Entrenamientos de elite. Protección de confianza", y es que este ejército privado hace la guerra por su lado... a sueldo del Pentágono, de donde provienen el 90% de sus ingresos.


Desde un punto de vista conspiranoico, sería bonito que la empresa más malvada del planeta, Monsanto, comprara Academi/Blackwater para formar Evil Corp, como se ha dicho por ahí, pero desdichadamente es mentira.

 

 

5 Mitsubishi


Negocio: Electrónica, pesca, pastis


Tropelía: Congelar atunes para revenderlos tras su extinción


A los japos les gusta más un lomo de bonito que a los gaditanos la tortita de camarones. Tanto les gusta que ya se han comido prácticamente todos los atunes del Pacífico norte, estén (estemos) haciendo lo propio con los del Mediterráneo y los bonitos del Atlántico. El pez desaparecerá en algún momento de las próximas décadas, pero la avidez por su carne roja permanecerá alguna generación más.


Consciente de esta "demanda latente", la multinacional Mitsubishi está pescando miles de toneladas de atún azul en aguas europeas y ultracongelándolas a -60ºC para revenderlas dentro de varios años, como si fueran recién pescadas, una vez la escasez haya disparado el precio por las nubes, según denuncia el documental 'The End of the Line'. Además de fabricar excelentes troskis, Mitsubishi acapara el 40% de las capturas de atún mediterráneo que se vende en Japón. WWF calcula que la especie podría estar esquilmada en 2048. Hagan cuentas.

 

 

4 Armajaro Holdings

 


Negocio: Inversiones


Tropelía: ¡Quedarse con el chocolate!


En el cuento de Roald Dahl y en la película de Tim Burton, "Charlie y la fábrica de chocolate" Willy Wonka era un excéntrico ermitaño que controlaba la producción del mejor chocolate del mundo. Con mucho menos gracia y glamour, el especulador Anthony Ward trata de acaparar la producción de cacao en el mundo, conocedor de un pequeño secreto: dentro de 20 años el chocolate se habrá convertido en un producto de lujo.


Ward, dueño de la firma de inversión Armajaro Holdings, compró en 2010 241.000 toneladas de cacao, suficientes para fabricar 5.300 millones de barritas de chocolate, una por cada habitante del planeta sin contar diabéticos y señoras en régimen. ¿El motivo? Dentro de un par de décadas, las barritas de chocolate Kit-kat, Mars o los entrañables Huesitos que hoy podemos comprar por 1 euro costarán 10 euros (o estarán compuestos de sucedáneos grasos), según el documental Panorama de la BBC sobre la problemática producción de cacao en África.

 

 

3 Correction Corporation of America


Negocio: Prisiones


Tropelía: Conseguir clientes para llenar sus cárceles


Imagina por un momento el Gobierno privatiza Instituciones Penitenciarias, lo renombran Trullo S.A. y empieza a cotizar en Bolsa. Impensable, ¿verdad? Pues en EEUU hace tiempo que sucede. El campeón nacional del sector allí -el Hilton de las prisiones, para entendernos- se llama Corrections Corporation of America (CCA), cotiza en bolsa y su negocio no es obviamente la rehabilitación de los reclusos sino su reincidencia, lo que puede que explique que Estados Unidos sea el país con mayor población reclusa del mundo.


Si la misma existencia de una empresa que vive de la privación de libertad de las personas es un escándalo, aún lo son más los métodos de operación de CCA. Según un informe del grupo In The Public Interest, la empresa exige a los estados un contrato que garantice un 90% de ocupación de las celdas, de modo que si se reduce el índice de delitos, el gobierno debe pagar una compensación. ¿Y qué hace un gobernador con el agua de los presupuestos al cuello? Pues sacar a la policía a buscar más negros delincuentes. Como reza el famoso dicho policial, "no hay nadie inocente, sino insuficientemente investigado".

 

 

 

2 Rio Tinto


Negocio: Minería


Tropelía: Trabajo esclavo, guerras por el territorio


Quién nos iba a decir que un humilde río ferroso de Huelva iba a dar nombre a uno de los supervillanos corporativos más malvados del planeta. Pues sí: Rio Tinto fue fundada a finales del XIX por un grupo inglés para explotar las minas de cobre en Andalucía y posteriormente se expandió hasta el infinito y más allá... concretamente, hasta Papúa Nueva Guinea.


El historial de abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos de Rio Tinto está documentado en medio mundo (Filipinas, Namibia, Madagascar y Australia, entre otros territorios), pero alcanza su paroxismo en Papúa Nueva Guinea, donde una filial de la compañía, Bougainville Copper, bloqueó la isla en 1990 en represalia a un movimiento secesionista que amenazaba su negocio. Durante el bloqueo, que duró siete años la Cruz Roja calcula que murieron 10.000 personas por falta de asistencia médica. El objetivo del director de la empresa era "matar de hambre a esos bastardos".

 

 

 

1 Monsanto


Negocio: Alimentación


Tropelía: Prohibir a los agricultores que replanten las semillas


Si un guionista tratara de plasmar maldad más abyecta en una empresa, probablemente le faltara imaginación para llegar a los niveles de perversión de Monsanto, la empresa de supervillanos que no tiene empacho en reconocer que quiere controlar la alimentación mundial. It's only business.


Recientemente, Monsanto ha sido nombrada la empresa más malvada del mundo (por delante de McDonald's y la Reserva Federal), pero lleva décadas acumulando méritos: durante la guerra de Vietnam suministró al Ejército de EEUU una fórmula refinada del "agente naranja", mucho más letal con los "malditos limones" que la de sus competidores. Luego llegaron el DDT, las aspartano y la hormona de crecimiento de las vacas, todas ellas con graves consecuencias para la salud de los consumidores.


Su línea más rentable es el herbicida Roundup, que, según denuncian los ecologistas, queda en los alimentos y puede causar una amplia gama de enfermedades en los consumidores: de la diabetes, al cáncer, pasando por Parkinson o depresión. Y mejor no hablamos de los transgénicos, porque nos acusarán de involucionistas y magufos...


Con la colaboración de Intermón Oxfam e información de Econmatters, Salon, El País, Forbes, Hang the Bankers, Público, Independent, Yorokobu, The Punch y Corp Research.


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Martes, 15 Octubre 2013 07:28

La esclavitud no se regula

La esclavitud no se regula

Que pocas corporaciones globales y fondos capitalistas estén sistemáticamente pertrechando crímenes ecológicos y sociales en todo el mundo –en forma de explotación de minas a cielo abierto, expulsando pueblos de sus moradas, privatizando zonas marítimas o acaparando las semillas– sólo se explica por una perfecta arquitectura de impunidad construida con la complicidad de gobiernos neoliberales, que, como un sastre particular, tallan a su medida legislaciones que les protege y favorece. Por si tales mecanismos no fueran suficientes, las propias empresas se acicalan con maquillajes color verde solidario en tiernos espots publicitarios donde explican su compromiso con el planeta y la humanidad.

 

Bajo esta farsa –insitucionalizada con el apelativo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)– encontramos al BBVA, Unión Fenosa, Repsol o Iberdrola, qué más da, presumiendo de lo que no son: empresas comprometidas con la calidad de vida de las personas, con el cuidado del medio ambiente, o una empresa que escucha a la gente.

 

El mecanismo siempre es parecido. Primero se comete el delito, explotar mano de obra o expoliar recursos naturales. A continuación, como es lógico, llegan las denuncias, los reclamos, la lucha y se deja en evidencia a tales corporaciones, y entonces, éstas contratacan con directores de marketing en las cocinas que le dan la vuelta a la tortilla. Nuestros negocios –dicen entre fogones– favorecerán el desarrollo de la zona. Y finalmente llegamos a la fase más perversa, cuando instituciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales "avalan y promocionan" el elegante vestido de la prestigiosa marca RSC.

 

En este punto nos encontramos ahora, cuando el ya bien conocido y denunciado fenómeno de acaparamiento de tierras está encontrando en el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y en algunas ONG una inverosímil legitimidad bajo el eufemismo de inversión agrícola responsable. Fíjense en la trampa semántica, es la clave. Cuando el hacerse con tierras campesinas –se calcula que al menos 80 millones de hectáreas en todo el mundo han pasado al control de grandes corporaciones, fondos de inversión e incluso gobiernos extranjeros, generando enormes desplazamientos de personas que pierden sus raíces y su sustento– cambia de nombre, y ya no es acaparamiento, sino inversión, rápidamente se justifica tremenda injusticia. Eso es lo que hay detrás de nuevos protocolos y regulaciones voluntarias que estas instituciones proponen para descatalogar lo que son injustos e inaceptables acaparamientos y colocarlos en la categoría siempre bien vista de "inversiones" y sus supuestas bondades.

 

Los argumentos que defienden este tipo de regulación dicen que permite diferenciar entre "negocios hechos con buenas intenciones", que generan empleo y economía, de los claramente acaparamientos y todos sus estigmas, algo muy parecido a quienes justificaban la esclavitud porque había buenos amos que mucho cuidaban del bienestar de sus siervos. Pero, como dice GRAIN: "La esclavitud no se regula, se declara ilegal. De la misma manera, cualquier enfoque serio para luchar contra el hambre y la pobreza requiere garantizar a los pueblos el control sobre sus tierras y territorios, no directrices y reglas sobre qué puedan hacer las corporaciones y los inversionistas extranjeros para trabajar para sí mismos. Lo que necesitamos no es inversión responsable en tierras agrícolas, sino restitución. Por esto queremos decir que en vez de tratar de hacer funcionar esta nueva tendencia de financializar la tierra agrícola, se necesita detener estos negocios y revertirlos, restituyendo las tierras a las comunidades que vivían de ellas".

 

En esta línea también se han pronunciado los movimientos sociales de América Latina y el Caribe (entre ellos CLOC-La Vía Campesina y el MAELA) reunidos el pasado 7 y 8 de agosto en Bogotá, Colombia, en una consulta continental para discutir sobre el concepto de inversión agrícola responsable. Allí afirmaron que se deben rechazar cualquier medida que siga promoviendo o justificando el crecimiento de la agricultura industrial y agroexportadora, como la que se desarrolla en los acaparamientos de tierra. Y que, en cambio, se necesita fortalecer, en todo el mundo, el enfoque de la soberanía alimentaria, basada en una agricultura gestionada por las propias comunidades, de pequeña escala y para los mercados locales.

 

De acuerdo, los acaparamientos no se regulan se declaran ilegales.

 

*Coordinador de la revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas

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Domingo, 29 Septiembre 2013 09:35

En mi país

En mi país

Antonio Carlos Jobim, compositor inigualable, creador de la bossa nova y de un sinfín de maravillas, se refería con dolor a nuestro país. Decía el maestro soberano: "Brasil no es para principiantes".

 

Más allá de las contradicciones eternas, de los desfiladeros de impunidad, de la que todavía es una de las más desiguales distribuciones de renta del planeta, más allá de la ignominia de los abandonados, lo que asombra e indigna es ver cómo se repiten absurdas barbaridades, como si fuesen resultados inmutables de un destino desvariado.


Es verdad: mi país no es para principiantes. Ver lo que pasa exige alma de acero y una fe imposible en el improbable futuro.


De los países emergentes, Brasil es el segundo que más invierte en el exterior. Petrobras tiene la más desarrollada tecnología de punta del mundo para producir petróleo en aguas profundas. Brasil es el cuarto mayor fabricante de aviones y el quinto mercado automovilístico. Es el quinto mayor mercado de telefonía móvil y el sexto usuario mundial de Internet. La votación electrónica existe desde hace más de 15 años. La banca tiene una de las tecnologías más desarrolladas del planeta; los correos son rápidos, eficaces y confiables. La telefonía funciona, y Brasil es el mayor exportador de carne vacuna, azúcar y soya.


Ese es el Brasil blanco, habitado por una minoría –uno por ciento de los brasileños acapara 20 por ciento de la renta que el país produce– que puede disfrutar de sus bondades.


Pero está también el Brasil que colecciona historias bárbaras de la degradación del ser humano, y resulta difícil ver luz alguna al final de ese largo túnel de horrores.


Por ejemplo: 52.6 por ciento de los menores de 18 años detenidos en Río de Janeiro por cometer crímenes murieron o reincidieron en la criminalidad luego de recuperar la libertad. Atención: esa estadística se refiere solamente a los que son recapturados cometiendo delitos o cuyas muertes fueron registradas. Muchos más siguieron en la violencia antes de alcanzar la mayoridad legal sin ser presos, o fueron muertos sin contabilizar. A cada año, y solamente en Río de Janeiro, hay más de ocho mil crímenes –del secuestro al tráfico de drogas, de asaltos a asesinatos– cometidos por menores de edad.


La violencia urbana es real, y no hay solución a la vista. En Río, la policía militar tiene el increíble balance de cinco muertes por cada 11 intervenciones: en casi la mitad de sus acciones, alguien es muerto. El dato se repite por el mapa nacional; una comparación somera muestra que la brasileña es la policía que más mata en el mundo. Más que la de Sudáfrica, más que la de Turquía.


Muchas mujeres son muertas todos los años en mi país. Hay, desde 2006, una ley extremamente rigurosa para penalizar agresiones contra mujeres, especialmente en el ámbito doméstico. En 2001, antes de la ley, el porcentaje era de 5.41 mujeres asesinadas por cada 100 mil. En 2011, cinco años después de vigencia de la ley y con el último dato consolidado, la proporción aumentó a 5.43. Un aumento mínimo, es verdad, pero que deja claro que la violencia ignora la ley. El año pasado, a cada hora siete mujeres sufrieron golpizas. Fueron 58 mil casos a lo largo del año, o 159 al día.


Eso, atención, solamente en el estado de Río de Janeiro, el segundo más rico y desarrollado de mi país. En 52 por ciento de los casos los agresores fueron maridos, compañeros o ex maridos y ex compañeros.


Y conocidos –o ex compañeros, ex maridos, padrastos, familiares– fueron responsables por la mitad de los casos de estupro. Que, a propósito, solamente en Río sumaron el año pasado 4 mil 993 casos registrados. Es decir, cada dos horas alguna mujer fue violentada sexualmente. De ese total, 30 por ciento se refiere a niñas de entre 10 y 14 años.


Vale reiterar: esos datos se refieren a quien sufrió estupro y recurrió a la policía o a algún hospital. Nadie tiene el cálculo de cuántos estupros ocurrieron en realidad.


En las favelas de Río, donde vive alrededor de un millón 800 mil personas, 68 por ciento de los niños y niñas sufren golpizas en sus casas. Cuanto más pobre la favela, más son los casos de agresión violenta a niños a partir de dos años de edad.


Es fácil imaginar el escenario del resto del país, en los bolsones de miseria del norte y del noreste, donde el abandono es tan presente como el sol de cada día.


En mi país de 200 millones de habitantes, la mitad de los domicilios no recibe agua tratada ni cuenta con desagüe, pero 71 por ciento de las casas brasileñas tiene televisión, y hay casi dos celulares por habitante.


También así es mi país, el que el año que viene recibe un Mundial de futbol y, en 2016, los Juegos Olímpicos, en Río.
Ese es el país que, como decía el maestro soberano: definitivamente no es para principiantes.


Fernando Henrique Cardoso, primero, y después, con énfasis mucho mayor, Lula da Silva y ahora Dilma, hicieron (y hacen) esfuerzos olímpicos para cambiar ese escenario brutal. Mucho se avanzó, es verdad, pero Brasil sigue doliendo, sigue siendo una herida abierta.

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Desplome de la producción de las “dinosáuricas” petroleras anglosajonas

Mientras se frotan las manos el Financial Times (12/8/13) y el angloestadunidense Duncan Wood, autor del reporte WWC/ITAM/Imco (ver Bajo la Lupa, 17/7/13) y prácticamente el padre putativo de la entreguista “reforma Peña/Videgaray/Aspe” –que consideran “el mayor alcance desde el TLCAN de 1994”–, las petroleras anglosajonas exhibieron su “marcha de la vergüenza” (¡supersic!) al haber contraído dramáticamente su producción,pese a una suculenta inversión, según el mismo rotativo británico ( Financial Times, 11/8/13): “Atrapadas en un ciclo de gastar más pero hallando menos petróleo”.

 

Mas allá del diagnóstico definitivo de NBER (conglomerado de los economistas de Estados Unidos que dictaminan la recesión) –“TLCAN: México, un desempeño menos que estelar ”, 2004 http://www.nber.org/papers/w10289)–, a mi juicio, el “modelo TLCAN” no es nada ejemplar; todo lo contrario: representa un cataclismo humano multidimensional de desmantelamiento agroindustrial y de socavamiento soberano al abrir la caja de Pandora del narcotráfico, expulsar a 30 millones de migrantes, profundizar la miseria, entregar la banca nacional, desindustrializar la planta productiva, frenar la investigación y desarrollo y colocar a México en la órbita geopolítica de Estados Unidos bajo el esquema de “Norteamérica”.

 

Según el mismo rotativo ( Financial Times, 7/8/13), el mediocre “retorno de la inversión” ha alejado el “interés de los inversionistas en las grandes compañías de petróleo”, de acuerdo con el ranking de Morgan Stanley.

 

Las grandes petroleras europeas –Shell, BP, ENI (Italia)y TOTAL (Francia) reportaron 10 por ciento menos de ganancias al segundo trimestre de este año–, al unísono de las dos mayúsculas petroleras de Estados Unidos –ExxonMobil (“menos de la mitad del nivel del año pasado”) y Chevron (con abrupto declive).

 

Las megapetroleras anglosajonas (Shell, BP, ExxonMobil y Chevron), sumadas a las dos europeas (ENI y TOTAL), son ineficientes debido a su “elevado dispendio de capitales y a sus retornos declinantes”, según un reciente estudio de City Research: del 20 por ciento de retorno sobre el capital, a mitad de la década pasada, ahora se confinan a un mediocre 9 por ciento y con tendencia a precipitarse más en 2015.

 

Guy Chazan, del Financial Times, cita que los inversionistas, pese a los elevados precios, “desechan a las petroleras anglosajonas” como “dinosáuricas” (¡supersic!), que se encuentran atrapadas en una “perrera” al “gastar cada vez más para encontrar menos y producir menos petróleo”, cuando los “inversionistas las entierran para favorecer a sus más ágiles rivales, especialmente aquellos que están a la vanguardia del shale gas (gas esquisto/lutitas) de Norteamérica” (¡supersic!).

 

Las “dinosáuricas” trasnacionales petroleras anglosajonas han dilapidado sus reservas, mientras que las empresas estatales de los países emergentes las han consolidado hasta controlar 90 por ciento (ver Bajo la Lupa, 11/8/13).

 

Las trasnacionales petroleras anglosajonas son muy mediocres frente al desempeño de sus competidoras estatales con el petróleo no convencional, donde la estatal Petrobras las ha dejado atrás en la explotación de las aguas profundas.

 

A mi juicio, el renaciente nacionalismo de los recursos primarios, cada vez más acentuado en “Rusia, Venezuela y Asia central”, ha desplazado a las otrora omnipotentes petroleras anglosajonas, cuando el control del oro negro, más allá de un vulgar enfoque mercantilista, constituye la suprema joya geoestratégica del siglo XXI –transcendente consideración que soslaya la entreguista “reforma Peña/Videgaray/Aspe”, notablemente antiambientalista.

 

De no ser por el controvertido auge del shale gas, Estados Unidos, después de haber perdido el control de los hidrocarburos en el Medio Oriente –a consecuencia de su derrota militar en Afganistán e Irak– se encontraría en un gravísimo problema existencial.

 


Como corolario del shale gas, que ha beneficiado a pequeñas empresas de Estados Unidos que no se encontraban en el radar, su auge ha perjudicado paradójicamente a las megatrasnacionales petroleras anglosajonas, hoy “dinosáuricas”, que han desplazado su producción hasta en 40 por ciento a nuevos productos de extracción no convencional como el shale gas, más allá del petróleo y su exploración convencional.

 

Las megapetroleras anglosajonas, al unísono de las europeas latinas (ENI y TOTAL) –donde nadie cita a Repsol, la pésima apuesta de dos ex presidentes panistas, que ocupa un mediocre lugar 112 en el ranking de las 500 empresas globales de Fortune/CNN (en contraste con Pemex, tan vilipendiado ingratamente por los entreguistas neoliberales itamitas, que se ubica en el lugar 36 con 125 mil 200 millones de dólares de ingresos en 2012)–, tienen que responder a las exigencias de los rendimientos de sus accionistas, quienes se encuentran preocupados por su “incapacidad para aumentar la producción”. Gracias a sus abultados dividendos, las petroleras anglosajonas han detenido la fuga de sus inversionistas.

 

Guy Chazan considera que son las “empresas energéticas de mediano tamaño” las que “se han montado en el éxito del auge del shale gas”.

 

Mientras ExxonMobil declina su producción, la mediana EOG Resources espera aumentar su producción de petróleo crudo en 35 por ciento (subió más de 44 por ciento su valor en bolsa en un año), cuando esta última tiene un valor de “capitalización del mercado” de 10 por ciento de la primera. Otras empresas medianas de gran desempeño son Cabot Oil & Gas, Pioneer Natural Resources, Apache, Hess y Whiting Petroleum.

 

El nuevo mantra de la industria petrolera: “ Small is beautiful!”

 

Guy Chazan cita a Eric Gordon, de Brown Advisory, quien aduce que las acciones de las petroleras anglosajonas “están condenadas al subdesempeño” (¡supersic!).

 

Ed Crooks, del Financial Times (7/7/13), aduce que “las pequeñas empresas se encuentran a la vanguardia de la revolución del petróleo shale”, como Devon Energy, la polémica Chesapeake Energy y Continental Resources.

 

Ed Crooks se entusiasma y considera a estas pequeñas empresas como “el equivalente de la revolución cibernética en Silicon Valley”.

 

Liam Denning, del Wall Street Journal (“Reservar un lugar en el cambiante mundo del petróleo”, 11/8/13), rememora en forma sarcástica que “cualquiera que vio la serie Dallas sabe que es muy difícil tener confianza (¡supersic!) en los barones del petróleo”, debido a la “naturaleza nebulosa” de las “reservas probadas” de las petroleras de Estados Unidos, ya que los “datos de los recursos son demasiado grandes para ignorar”, los cuales “acarrean señales vitales sobre su futuro”.

 

Liam Denning cita a la consultora de energía Rystad Energy, que calcula sus propias estimaciones de acuerdo con un muestreo de 11 de las mayores petroleras mundiales y coloca entre las cinco grandes, que tienen entre 50 mil y 60 mil millones barriles de petróleo equivalente (BOE, por sus siglas en inglés), a 1) Shell; 2) Rosneft; 3) Petrochina; 4) ExxonMobil, y 5) Petrobras. Resalta que los mayores recursos los detenten tres empresas estatales (¡supersic!) de los BRICS: Rosneft, Petrochina y Petrobras.

 

Perturba que la entreguista y antiambientalista “reforma Peña/Videgaray/Aspe” claudique ante las “dinosáuricas” petroleras anglosajonas con menor futuro que Pemex, que cuenta con mayores reservas y un mayor potencial de su producción.

 

www.alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalife

Facebook: AlfredoJalife

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90 por ciento de las reservas de crudo, bajo control de las petroleras nacionales: The Economist

La vez anterior apunté en Bajo la Lupa (7/8/13) que “la revista neoliberal británica The Economist (‘El crepúsculo de las trasnacionales anglosajonas’, 3/8/13) –que forma parte del Grupo Pearson/Penguin/Random House con The Financial Times, a cuyas oficinas acudieron Peña y Videgaray a dar el banderazo de la privatización de la renta petrolera de Pemex (ver Bajo la Lupa, 30/6/13)– se alineó finalmente a la innegable realidad: en los años 50 las siete hermanas controlaban alrededor de 85 por ciento de las reservas globales. Hoy, más de 90 por ciento (¡supersic!) de las reservas se encuentran bajo control de las empresas petroleras nacionales (¡supersic!), que son propiedad, por lo menos en parte, de los gobiernos (¡supersic!). En el pasado, las empresas petroleras nacionales dependían del conocimiento tecnológico, habilidades administrativas de proyectos y el alcance global de las trasnacionales anglosajonas petroleras para producir, refinar y vender su petróleo. En estos días, las empresas petroleras nacionales son capaces de actuar sin ayuda de las trasnacionales anglosajonas”, lo cual fue mi tesis ante el Senado en 2008 (http://www.youtube.com/watch?v=DRPfjaLmr9Q)”.

 

The Economist, polémica revista portavoz del neoliberalismo global, cuenta entre sus principales accionistas a los legendarios banqueros Rothschild y a sus asociados, quienes detentan 50 por ciento de sus acciones, al unísono de otro 50 por ciento propiedad de The Financial Times (Brook Stephen, The Guardian, 25/2/08).

 

Sir Evelyn Robert de Rothschild fue jerarca de The Economist de 1972 a 1989 (Andrew Cave, The Telegraph, 29/11/12).

 

En forma impactante resaltan los vínculos de los legendarios banqueros Rothschild con la petrolera BP (Garry Withe, The Telegraph, 1/10/12).

 

Stephen Kinzer, corresponsal veterano de The New York Times y hoy profesor de periodismo en la Universidad de Boston, en una entrevista con Amy Goodman (conductora estrella de DemocracyNow!) asevera que BP es la empresa petrolera de los Rothschild (http://careandwashingofthebrain. blogspot.mx/2010/06/rothschild-petroleum-corporation-aka.html).

 

No es un asunto menor que The Economist, portavoz de los Rothschild –considerados por los chinos como la familia más rica del mundo, aunque no aparezca nunca en la polémica revista Forbes (ver Bajo la Lupa, “La guerra de las divisas y los Rothschild”, 12/9/10)–, decrete el “crepúsculo de las trasnacionales petroleras anglosajonas”, donde destacan BP y la angloholandesa Shell (además de las estadunidenses Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips), lo cual, a mi juicio, le imprime una gran credibilidad a su epitafio petrolero, en el que resume que su próximo gran negocio se centrará más en el gas que en el petróleo, en donde han perdido la partida en beneficio de las “empresas petroleras estatales” (¡supersic!), que han pasado de detentar 15 por ciento (en los años 50 del siglo pasado) a 90 por ciento del control de sus reservas en la actualidad.

 

The Economist se empata seis años después con los hallazgos del artículo paradigmático de Carola Hoyos ( The Financial Times, 12/3/07) de su socio en el grupo Pearson/Penguin/Random House.

 

La célebre cuan controvertida revista considera que “el rápido crecimiento de los mercados emergentes también exacerbó la tendencia de una extensión de medio siglo de su dominio del petróleo, que se ha trasladado (sic) a los países (¡supersic!) donde es hallado”.

 

Interesante descubrimiento lo es que la futura demanda del petróleo provenga también de las “economías emergentes” donde se encuentra su “oro negro”.

 


No se espera el mismo crecimiento en el “mundo de los ricos (sic), donde tienen su base las supertrasnacionales anglosajonas”, debido a una “mayor eficiencia de los combustibles en sus nuevos vehículos”, cuya mayoría usará menos petróleo.

 

The Economist/BP/Los Rothschild apuestan al gas natural proveniente del polémico fracking del shale gas (gas esquisto/lutitas)y “otras nuevas técnicas de producción”.

 

El mundo se encamina así a una fractura de facto entre los países ricos, que usarán mayormente gas, y los “mercados emergentes supeditados al petróleo”.

 

Ahora “la mitad del gasto de capital a largo plazo de las trasnacionales anglosajonas se dirige a los campos petroleros costosos (sic) en aguas profundas o no convencionales”, cuando los “arreglos en la participación de la producción y en las licencias para perforar en los patios traseros de las empresas petroleras estatales (sic) son cada vez más difíciles de encontrar”.

 

Hoy “las grandes empresas estatales (sic) constituyen seis de los 10 principales productores de petróleo del mundo”, cuya posición en las “grandes ligas” de la producción –en millones de barriles de petrolero al día (MBD) en 2012– es: 1) Aramco (Arabia Saudita): 12.7; 2) Gazprom (Rusia): 8.4; 3) NIOC (Irán): 6.1; 4) ExxonMobil: 4.1; 5) PetroChina: 3.6; 6) Kuwait Petroleum: 3.3; 7) Shell: 3.3; 8) Pemex: 3.2; 9) BP: 3.0 y 10) Chevron: 2.9.

 

Resalta que Pemex sea considerada la octava productora de “grandes ligas”, así como la mediocridad de la producción cada vez más declinante de las trasnacionales anglosajonas, mientras que en “exploración de aguas profundas nadie se compara a Petrobras”.

 

Cita tanto la producción mundial del petróleo, que se encuentra cercana a los 90 MBD (cifras de 2012), como a la consultora Bain & Company, que refiere que “cinco de las mayores petroleras estatales invirtieron 5 mil 300 millones de dólares en investigación y desarrollo (I&D) frente a 4 mil 400 millones de dólares de las trasnacionales anglosajonas y 2 mil 300 millones de dólares de las pequeñas empresas petroleras de servicios” ( v. gr. las vilipendiadas depredadoras Halliburton y Schlumberger).

 

El panorama para las trasnacionales anglosajonas en el ámbito del petróleo no es nada halagüeño cuando se considera la “proporción de sustitución de reservas” (RRR, por sus siglas en inglés): medición que compara la cantidad de petróleo descubierto con la producción, pese a que invierten 100 mil millones de dólares al año en exploración y producción.

 

Todo lo contrario sucede en el rubro del gas, que constituye “más de 40 por ciento de su producción”; para Shell y ExxonMobil es mayor a 50 por ciento”.

 

A su juicio, “las penurias de BP como consecuencia del desastre en el Golfo de México pueden ser la guía para el futuro de las trasnacionales petroleras anglosajonas”.

 

Su consejo es que en lugar de aventurarse “a fronteras cada vez más esotéricas” (¡supersic!) deben disminuir su tamaño y “abandonar el negocio del petróleo que sobrestiman y que el mundo ya no desea tanto” –y que otros (¡supersic!) pueden explotar igualmente bien–, para adentrarse a su nuevo mundo del gas.

 

Sería recomendable que antes de tomar una decisión precipitada con la “reforma Peña/Videgaray/Aspe”, los poderes Ejecutivo y Legislativo de México lean detenidamente el epitafio de las trasnacionales anglosajonas en el tema del petróleo, como lo han sentenciado The Financial Times /The Economist, y sopesen que existen opciones mejores que entregarse a los muertos.

 

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Los genes humanos no pueden ser patentados

El Tribunal Supremo de EEUU sentenció hoy que los genes humanos no pueden ser patentados, con el argumento de que son productos de la naturaleza, en una decisión con implicaciones directas sobre la investigación médica. Esta decisión del máximo tribunal estadounidense implica la retirada de las patentes defendidas por la compañía Myriad Genetics de dos genes conocidos como BRCA1 y BRCA2, asociados con una mayor probabilidad de heredar el cáncer de mama o de ovario.

 

Pese al fallo en contra, adoptado de manera unánime, los magistrados dejaron abierta la puerta a las patentes en el caso de una versión "sintética" de los genes porque esos sí serían una invención realizada por el hombre. Grupos de pacientes y médicos habían presentado una demanda contra las patentes de Myriad Genetics en 2009 al considerar que otorgaban a la compañía una posición de dominio de mercado al ofrecer exámenes de este tipo de cánceres. Asimismo, explicaban que obstaculizaban la investigación médica por parte de otros laboratorios y científicos.

 

Por su parte, Myriad Genetics, con sede en Utah (EEUU), afirmaba que la patente era pertinente ya que la empresa había "aislado" o "extraído" el contenido genético que estaba asociado a estas enfermedades y, por lo tanto, entraba en la categoría de invenciones humanas. Precisaba, además, que el avance médico es fruto de considerables inversiones financieras, por lo que la decisión de no permitir las patentes desincentivaría futuras investigaciones.

 

"Creo que es una decisión correcta", afirma a Público el profesor de Ética y Filosofía de la Universidad de California en Riverside. "Los magistrados han hecho una distinción entre la mera identificación de un gen ya existente, en el que no hay derecho de patente, y la modificación de un gen, a la que se deja la puerta abierta para una posible patente", asegura.

 

PUBLICO / EFEWASHINGTON, EEUU13/06/2013 17:14 Actualizado: 13/06/2013 18:38

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Sábado, 08 Junio 2013 07:40

Las hazañas del embajador en Washington

Las hazañas del embajador en Washington

El artículo 72 de la Ley 160 de 1994 determina que las tierras baldías del Estado solo se les pueden adjudicar a pobres del campo y en extensiones de una UAF –área que varía según la región– y que nadie podrá comprar esas fincas para sumarlas con otras del mismo origen y constituir una gran hacienda. A continuación se explica la manera como la conocida firma de abogados Brigard & Urrutia –de Carlos Urrutia, embajador de Colombia en Washington– le diseñó al Ingenio Rio Paila Castilla la manera de violar dicha norma, para adquirir decenas de miles de hectáreas en el Vichada y montar una plantación de palma (proyecto Veracruz).

 

Lo primero que hicieron fue constituir 27 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que presentaron como si cada una tuviera un único propietario, el abogado Francisco José Uribe Noguera, socio de Brigard & Urrutia. Cada una de ellas apareció con un capital suscrito de 100 mil pesos y con uno pagado de cero pesos y dieron como su dirección la misma de Brigard & Urrutia. El número 27 sale de que así se crea la ficción de que no están montando una sola gran empresa sino varias pequeñas, que no superan la medida límite de la UAF, y que por tanto no se viola la ley. A continuación, Rio Paila Castilla apareció prestándoles a las 27 SAS cuarenta mil millones de pesos, con las que estas compraron, ilegalmente, 41.300 hectáreas.

 

A paso seguido, les dieron a las SAS una muy llamativa vuelta por Europa. Uribe Noguera cedió, gratuitamente, la propiedad de esas sociedades a cinco firmas españolas, que pertenecen a otras cinco que fueron constituidas por la sociedad Asturias Holding S.A.R.L., con domicilio en Luxemburgo, paraíso fiscal de mala fama. Una telaraña difícil de desentrañar. Al final, Deloitte & Touche, revisor fiscal de Rio Paila Castilla, certificó que Asturias Holding, las 27 SAS y las 41.300 hectáreas son de Rio Paila Castilla, que además las registró como suyas en la Cámara de Comercio de Bogotá (http://db.tt/0eHE3vxw).

 

Además de la flagrante violación de la Ley 160, porque Rio Paila Castilla compró lo que tenía prohibido comprar, las autoridades deberán desentrañar por qué intentaron ocultar en el exterior esas operaciones, determinación que podría explicarse por el objetivo de encubrir otras ilegalidades. Por denuncias ciudadanas, en abril de 2013, el Incoder informó sobre este caso a la Presidencia de la República (Juan Mesa), la Secretaria Anticorrupción, la Dian, la UIAF y las superintendencias de Notariado, Sociedades y Financiera. A esta última le pidieron investigar desde 2011.

 

Una de las cosas más graves en torno a estos hechos escandalosos, y a otros iguales que involucran también a grandes empresas, fue el proyecto de ley presentado por el ministro Juan Camilo Restrepo tendiente a establecer que la parte de la Ley 160 que prohíbe concentrar las UAF solo rige después de 1994, y no desde 1961 (Ley 135), como hoy ocurre. Si lograran ese cambio, se legalizarían treinta años de ilegalidades, incluidas por lo menos once de las compras realizadas por las SAS de Rio Paila Castilla.

 

Es evidente que la firma Brigard & Urrutia le diseñó a Rio Paila Castilla una operación jurídica y económica –un producto– tendiente a violar el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y que esa maniobra incluyó ocultarla en el exterior. Y hay que rechazar la explicación de Carlos Urrutia de que él carece de toda responsabilidad en esas ejecutorias, porque –alega– vendió sus acciones en la empresa una vez Santos lo nombró embajador en Washington, en agosto de 2012. Porque las ilegalidades se desarrollaron durante 2009, 2010, 2011 y 2012, cuando Urrutia era el jefe y principal accionista de su empresa. ¿Acepta el presidente de la República tan peregrina explicación de su embajador ante Estados Unidos?

 

Es conocido el propósito de Santos y Restrepo de quitarle al campesinado millones de hectáreas que hoy por derecho legal y constitucional le pertenecen, para pasárselas a unos magnates nacionales y ojalá extranjeros. Incluso, han armado un discurso que reza que lo hacen por su incontenible amor por los pobres, a quienes llevarán a la felicidad, una vez logren despojarlos de sus fincas. Para ese objetivo se han diseñado productos jurídicos legales, pero también ilegales, que es diferente, como este de Carlos Urrutia, el embajador de Colombia en Washington. Santos tiene la palabra.

 

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, junio 7 de 2013

 

 

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América Latina y las inversiones extranjeras

ALAI AMLATINA, 30/05/2013.- América Latina se ha convertido en la región más cotizada del mundo si se mide según las inversiones extranjeras directas que recibe. En los últimos años los ‘negocios’ que ofrece la región se han multiplicado como hongos. Este crecimiento se ha dado especialmente en el renglón de la minería, también en el agro, las finanzas y otras inversiones de carácter especulativo. El incremento es, en gran parte, resultado de la gran demanda de materias primas que realiza China en forma consistente durante los últimos tres lustros.

 

Los países de América latina recibieron 173 mil millones de dólares en concepto de inversiones directas extranjeras en 2012. La cantidad superó en un 6 por ciento la suma correspondiente a 2011. Casi duplica la inversión extranjera recibida a principios de siglo. Al mismo tiempo, las rentas que pagaron los países de la región a sus acreedores también aumentaron en forma significativa. En 2012 la región casi alcanzó a EEUU. Este recibió un total de 175 mil millones de dólares. China ocupó el segundo lugar con 110 mil millones en el mismo año.

 

Hay que hacer la salvedad que las inversiones directas extranjeras en EEUU, China y América Latina reciben un trato legal muy distinto. En EEUU sólo se aceptan si benefician a los monopolios de ese país. En China hay una regulación muy estricta que no permite que los inversionistas se lleven las ganancias. En cambio, en América Latina cada país tiene sus propias reglas que generalmente son muy flexibles y favorecen al inversionista extranjero.

 

Entre 2002 y 2011, sin embargo, los pagos de los países latinoamericanos a empresas que hacen inversiones en la región se multiplicaron cinco veces (un 500 por ciento). Pasaron de 23 mil millones en 2002 a 115 mil millones dólares en 2011, según la CEPAL. La secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que la rentabilidad seguirá elevada en los próximos años, favoreciendo las repatriaciones de divisas. La CEPAL recomienda a los gobiernos que impulsen políticas que vinculen el enorme flujo de inversiones con cambios estructurales de sus economías. Si no se adoptan políticas adecuadas, pronto las exportaciones de rentas por las inversiones extranjeras superarán las entradas. Las recomendaciones de la CEPAL no son bien acogidas por la mayoría de los países, especialmente Panamá.

 

“En promedio, agregó Bárcena, cada millón de dólares crea tres puestos de trabajo”. Las inversiones extranjeras no son necesariamente un beneficio. Pueden resultar muy negativos si no son parte de un plan de desarrollo.

 

Brasil fue destinataria de 65 mil millones de dólares y consolidó su posición como principal destino de las inversiones en la región. Chile y Colombia atrajeron 30 mil y 16 mil millones de dólares, respectivamente. Tanto Brasil como Chile son grandes exportadores de materias primas a China. En el caso de Brasil, exporta hierro y productos agrícolas. Chile es un exportador de cobre.

 

En América del Sur, exceptuando Brasil, el sector minero siguió encabezando las inversiones extranjeras con el 51 por ciento. En Brasil, a pesar de ser una potencia minera mundial, sólo representó el 13 por ciento de la inversión extranjera. El sector industrial fue el más importante para Brasil, capturando el 38 por ciento de la inversión extranjera.

 

Cuando se analiza el comportamiento de la renta según sector se destaca la alta rentabilidad de las industrias extractivas. La inversión extranjera directa dirigida a la minería, tiene una rentabilidad superior a la media. La demanda china de materias primas puede sufrir una desaceleración en los próximos años. Los analistas plantean que la economía de ese gigante asiático demandará productos semi o totalmente elaborados. En este caso, estarían en posiciones más ventajosas México y Brasil. De todas maneras, seguirían siendo economías dependientes de polos de desarrollo ajenos a su propia dinámica.

 

En el caso de Centro América, la región recibió 8.876 millones de dólares en inversiones extranjeras. Es decir, un poco más del 5 por ciento del total latinoamericano. La suma representó un aumento del 7 por ciento en comparación con el 2011.

 

En 2012 Panamá fue el mayor receptor de inversión extranjera en el istmo centroamericano con 3 mil millones de dólares, seguido por Costa Rica con 2.3 mil millones, Guatemala (1.2 mil millones), Honduras ($1 mil millones), Nicaragua (810 millones) y, por último, El Salvador con 516 millones de dólares. La CEPAL también advierte que las inversiones directas extranjeras pueden crear condiciones muy desfavorables – “reforzando los patrones de especialización vigentes” - si los gobiernos no regulan la entrada de capitales a los países de la región.

 

Panamá es uno de los pocos países donde no existen reglas de juego para las inversiones extranjeras. La mayor parte consiste en el llamado ‘capital golondrina’ que entra y sale, despojando la economía local de sus riquezas. En 2011 EEUU representó el 60 por ciento de las inversiones extranjeras en Panamá. Colombia el 20 por ciento y Venezuela el 10 por ciento. Las dos terceras partes de las inversiones fueron en los sectores Finanzas y Comercio. En el último lustro, Panamá no sólo experimentó un proceso de desindustrialización. Su planta industrial que sobrevivió fue vendida a capital extranjero: las galletas Pascual, las lecheras Bonlac y Estrella Azul, el café Durán, las cervecerías Nacional y Del Barú, así como el transporte colectivo urbano Mi-Bus. Por último el Banco del Istmo, vendido a HSBC-Panamá que, a su vez, fue comprado por Banvivienda de Colombia.

 

Por Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA

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El Estado de sitio, esta vez, para proteger la “inversión” canadiense

ALAI AMLATINA, 06/05/2013.-  El Presidente Otto Pérez Molina, militar retirado (acusado por sus ex camaradas como co responsable de genocidio cometido durante la guerra interna), decretó, el pasado 1 de mayo, el segundo Estado de sitio en lo que va de su gobierno. Esta vez, para reprimir al pueblo indígena Xinca, en los municipios de Jalapa y Mataquescuintal (Departamento de Jalapa), y en Casillas y San Rafael Las Flores (Departamento de Santa Rosa), y para proteger las “inversiones” de la empresa minera canadiense Tahoe Resources (Mina San Rafael).


 
El 1 de mayo del 2012, Pérez Molina también decretó otro Estado de sitio en contra del pueblo Maya, en el Municipio de Barillas, Huehuetenango, para defender los intereses de la empresa española Hidro Santa Cruz, que actualmente opera con mediana calma porque se logró asesinar y encarcelar a las y los dirigentes de las organizaciones en resistencia del lugar.
 


Estos estados de sitio no sólo coinciden en fechas y objetivos, sino en su método de aplicación.


 
Estado de sitio permanente como método de gobierno


 
Tanto en el caso de la hidroeléctrica española, como en el caso de la minera canadiense, el gobierno autorizó a ambas empresa la exploración y explotación de los proyectos, en contra de la voluntad expresa de los pueblos indígenas afectados del lugar.


 
Ante la presencia incómoda de las maquinarias de las empresas, ambos pueblos indígenas gestionaron diálogos con el gobierno, y al no ser escuchados se movilizaron e impidieron la invasión de las empresas a sus territorios. En ambos casos, las guardias privadas de las empresas dispararon y asesinaron a bala a algunos de los dirigentes indígenas movilizados, situación que desató la ira de las y los organizados en resistencia quienes incluso quemaron maquinarias y detuvieron a agentes estatales.


 
En ambos casos, inmediatamente el gobierno decretó Estado de sitio movilizando vario millares de militares/policías a la zona para detener a todos los y las dirigentes indígenas, para luego llevarlos a la cárcel por delito de terrorismo y crimen organizado. ¿Será una coincidencia? ¿O será el método poco inteligente del gobierno de Mano Dura?


 
En lo que va del gobierno de Otto Pérez Molina, se asesinaron selectivamente cerca de 20 dirigentes de organizaciones sociales e indígenas del país que se oponían a la invasión de las empresas extractivas a sus territorios. ¡Pero no existe un solo detenido o enjuiciado por dichos delitos! Eso sí, las cárceles se están llenando de dirigentes indígenas y campesinos conscientes que encarnan la soberanía y dignidad de este país asediado por las transnacionales.


 
Sólo para indicar un par de datos. La ilusión en la “inversión” privada es tal en Guatemala que, cerca del 60% del territorio nacional cultivable se encuentra bajo el control de las empresas de monocultivo. Existen 428 proyectos mineros (176 son metálicas) en todo el territorio nacional, cuya extensión es mucho más pequeña que un Departamento de Bolivia o de Perú.


 
Inversión o invasión canadiense


 
En los últimos tiempos, Canadá ha expandido a más 100 países sus inversiones en materia de minería y de petróleo. Del total de la inversión canadiense en estos rubros, el 70% se encuentran en el extranjero. Pero, las acusaciones por violaciones de derechos humanos, generación de convulsión socioambiental, conflictos laborales, etc. se levantan en diferentes partes del mundo en contra de las empresas canadienses. Sólo para mencionar casos en Latinoamérica:


 
Chile. Las actividades de la empresa canadiense Barrick Gold, en el mega proyecto minero Pascua-Lama, fueron paralizadas por orden de autoridades judiciales chilenas por delitos socioambientales.


 
Bolivia. El gobierno boliviano revirtió recientemente el negocio minero de South American Silver Corporation en Potosí, por incumplimiento de los acuerdos. Actualmente, dicha empresa canadiense inició un arbitraje internacional en contra del Estado boliviano.


 
Perú. El pasado año, la empresa canadiense petrolera Talismán salió urgido de la Amazonía peruana ante la resistencia y convulsión del pueblo Achuar, también por abusos medioambientales.


 
Honduras. La empresa minera canadiense Goldcorp (que extrae oro a cielo abierto en Valle de Siria, Morazán, Honduras), fue acusada como una de las empresas promotoras del golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya, en junio de 2009. El motivo del involucramiento de esta empresa en dicho golpe habría sido porque el entonces Presidente Manuel Zelaya intentó prohibir la minería a cielo abierto, el uso de cianuro y la sobreutilización del caudal de las cuencas hídricas en los proyectos mineros. Hace unos meses atrás, el gobierno de Pepe Lobo (que emergió fruto del golpe de Estado), promulgó una Ley minera redactada entre Toronto y Tegucigalpa que aprueba todo lo que Zelaya intentó prohibir. Actualmente, de las más de 200 solicitudes de concesiones mineras en Honduras, cerca de la mitad son de empresas canadienses.


 
Guatemala. En la actualidad, en Toronto, Canadá, un tribunal estudia si juzga o no a la empresa minera canadiense Hudbay por violaciones de derechos humanos en Guatemala. Y, desde el 1 de mayo, del año en curso, el pueblo Xinca (en el oriente del país) soporta la militarización y el Estado de sitio para garantizar las actividades a la empresa minera canadiense Tahoe Resources, en contra de la voluntad expresa de dicho pueblo indígena.


 
¿Será que la milicia de traje y corbata, que (des)gobierna a este país policromático desconoce estas referencias? ¿O será que se tomó muy en serio el espejismo neoliberal del “crecimiento” económico que supuestamente hace de Guatemala un país pujante? ¿Qué ocurrirá en la mente del Sr. Presidente quien argumenta no tener las manos manchadas de sangre?


 
Lo cierto es que el haber convertido al deficiente Estado de Guatemala en un desalmado gendarme de la “inversión” extranjera para criminalizar, perseguir y asesinar a la conciencia moral del pueblo nadie lo va a perdonar. Las y los guatemaltecos conscientes, indígenas o no, organizados y movilizados para defender los bienes naturales del país, no son criminales, ni terroristas. Son el reducto y bastión de la dignidad y de la soberanía de este país cuyas élites fueron incapaces de expresar.


 
Sr. Presidente, no acelere Ud. la dinámica de la creciente convulsión social generalizada en el país que podría derrocarlo desde las calles antes que Ud. cumpla el período de su mandato. Este pueblo ya comenzó a perder el miedo al rifle y a la bota militar. Recuerde, Sr. Presidente, que los procesos revolucionarios de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, etc. se deben, en buena medida, al recrudecimiento violento de la tiranía del sistema neoliberal.

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De tour para despojar a las comunidades afros

El turismo como lucrativo negocio, es dominado hoy en Colombia por grandes multinacionales. No es casual la afanosa búsqueda de nuevas zonas francas en parques nacionales y resguardos de minorías étnicas, sin ser vigilados o controlados de manera eficiente por los entes públicos regionales y/o nacionales. Cerca de Cartagena de Indias, la empresa Corplaya pretende que le concedan 3 kilómetros y medio de playas, en lo fundamental, para construir "un complejo hotelero turístico" que sería el más grande del caribe colombiano, pretensión que desconoce a quienes habitan allí desde siempre.


Playa Blanca es una pequeña vereda ubicada dentro del corregimiento de Santa Ana, en la paradisíaca Isla de Barú –antes conocida como península–, parte integral del archipiélago de las Islas del Rosario, consideradas como Parque Nacional Natural (Decreto 0977 del 2001).

 

La vereda está poblada por cerca de 100 nativos, provenientes de varios lugares de la Isla de Barú, con asentamiento en esta zona de bajamar desde hace más de 20 años.

 

Este bello rincón del Caribe hace parte del distrito de Cartagena. A él se llega saliendo por el suroeste de la ciudad, atravesando la zona industrial de Mamonal, el pueblo de Pasacaballo, hasta llegar al puerto del mismo nombre en el Canal del Dique. Desde ahí a Playa Blanca son 17 kilómetros, 14,5 asfaltados y 2,5 por vía rural.

 

Si se viaja por vía marítima se debe atravesar toda la bahía de Cartagena de Indias; en lancha se toma entre 30 - 45 minutos.

 

El negocio

 

La avanzada desarrollista del capital financiero y turístico extiende sus intereses por todo el país. Esta región del Caribe no es la excepción. Como en otras partes del país, pretende que aquí le entreguen predios en concesión administrativa, negando a sus pobladores de siempre, es decir, usurpando las tierras colonizadas por comunidades que son titulares de derechos fundamentales irrenunciables.

 

No ocultan su interés por adueñarse de esta bella zona emporios económicos, como los representados por la Fundación Hernán Echavarría Olózaga quien en el año 2008 hizo un estudio socioeconómico de la población de Santa Ana, así como la Fundación Playa Blanca de Barú, que tiene relaciones con los organizadores del Concurso Nacional de Belleza.

 

Pero la pretensión mayor proviene de Corplaya (Corporación para el Desarrollo de Playa Blanca Barú), empresa en la que el mismo Fonade (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, empresa industrial y comercial de carácter financiero que pertenece al Estado, vinculada al Departamento Nacional de Planeación) tiene acciones en una proporción de la mitad menos uno. Otras accionistas son empresas como Prime V y Palmas pertenecientes a familias de emporios económicos de la región. Corplaya, como fundación, es costeada por los grupos Santo Domingo y Echavarría. Su directora, Blanca Clara Diago, alega el legítimo derecho que tiene la entidad que representa de acceder a la concesión para construir en estas tierras un complejo turístico. Argumentan que quieren organizar el pueblo nativo, un eufemismo para la reubicación de sus kioscos existentes en la playa. También para lo que llaman "recuperación ecológica" del sector, que en verdad es la construcción de infraestructura para vender servicios turísticos.

 

En la telaraña de intereses financieros y turísticos hay diversidad de hilos. Uno de ellos lo constituye la firma Playa Blanca Barú S.A. encargada del desarrollo de los planes turísticos, para lo cual promueve desalojos de los históricos habitantes de cada una de las tierras donde dirige su vista, tratándolos como invasores y delincuentes, disputa en la cual no es extraño que algunos de ellos terminen presos, otros judicializados –sindicados de delincuentes–, y algunos más amenazados. En su pretensión por apropiarse de nuestras tierras, realizaron consultas previas con los habitantes de la Hacienda de Santa Ana, pero no con la comunidad, la de verdad afectada de Playa Blanca.

 

La resistencia

 

En la vereda Playa Blanca viven actualmente, en asentamiento directo, cerca de 100 nativos. A comienzos del año 2013 la Comunidad de Playa Blanca se opuso a una delimitación con cercas de alambrado a sus espacios públicos y zonas naturales que lindan a escasos dos metros de sus propias cabañas, y a escasos 35 metros del mar. El conflicto se agravó con vigilantes privados de los predios privatizados, empleados de la compañía Segbarú que derribaron estufas, mesas, sillas y demás cosas del lugar, acción violenta emprendida delante de turistas que disfrutaban de las playas.

 

La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Tampoco los refuerzos de la empresa privada, quienes incluso dispararon, una de cuyas balas rozó la mano de uno de los jóvenes de nuestra población. Ahí fue cuando la gente se indignó y atacó con palos y piedras. En medio del altercado irrumpió la Policía –incluso con apoyo del Esmad–, pero para cumplir con los intereses privados y no con la ley, arremetiendo de frente contra la población del lugar.

 

El pleito se agrava y la comunidad no se queda impávida. En consejo comunitario de negritudes, en la vereda de Playa Blanca Isla de Barú, en su asamblea general eligió como representante legal de la comunidad afro colombiana –para proteger sus derecho– a José David Miranda López. Su principal misión en estos momentos: encabezar todos los pleitos jurídicos para lograr que se niegue la solicitud de concesión a Corplaya.

 

El chanchullo

 

El propio representante a la Cámara por Bolívar, William García, adscrito a Cambio Radical, tiene sospechas sobre cómo empresas anónimas compran tierras a través de la firma Playa Blanca Barú S.A, creada en 2005, bajo escritura 2.900 de la Notaria 11 de Bogotá, constituida ante la Cámara de Comercio con un capital de sólo 20 millones de pesos, un monto muy pequeño como para manejar sin control las tierras pertenecientes a la Nación.

 

Son 3.500 los metros lineales que Playa Blanca Barú solicita ante la Dimar (Dirección General Marítima y Portuaria), como concesión bajo la peticionaria de Corplaya, perteneciente a esta sociedad económica.

 

La Alcaldía de Cartagena, a través de su secretaría de Planeación expidió una certificación a Corplaya donde manifiesta que el área solicitada para el trámite de concesión cuenta en la actualidad con presencia de comunidad distinta a la solicitante. Es esta respuesta legal la que motiva a la empresa para adelantar acciones en pos de propiciar el desalojo de los miembros de la comunidad.

 

Para constatar quienes habitan estas tierras se ordenó la implementación de una inspección ocular, a cargo de unos peritos. No les fue difícil verificar que aquí sí hay población con asentamiento histórico, labor que fue saboteada por los vigilantes de la compañía Seguridad Barú Ltda., quienes no permitieron finalizar la diligencia ocular ni el inventario.

 

Valga aclarar que las cercas con alambre de púa que sembró la empresa privada se encuentran dentro de la franja de playa activa, es decir, zonas de bajamar y por ende dentro de la jurisdicción de Dimar. Una concesión irregular no sólo por los incumplimientos que establece la norma sino por la apropiación (privatización) de bienes de uso público de todos los colombianos.

 

Pero no sólo esto, en su afán por sacar a sus habitantes históricos de sus tierras, un poderoso empresario como Gabriel Echavarría, presidente de varios muelles, no oculta su racismo ni su afán de lucro al asegurar que los asentamientos de la comunidad son prostíbulos y expendios de drogas. Propone que ante la condición de hacinamiento de la población nativa en los 800 metros concesionados, la solución consistiría en reubicarlos de la playa hacia la parte de atrás, para que el proyecto turístico pueda solicitar una extensión de 3.500 metros lineales restantes. La sed de ganancia es evidente.

 

No sobra recordar que los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas son titulares de derechos fundamentales y sujetos de especial protección constitucional según sentencia T-380 de 1993 de la Corte Constitucional. Por tantos siglos de esclavitud y colonialidad, los herederos de pueblos afro descendientes, indígenas, mestizos que organizaron parte de la resistencia más recia en contra de la dominación española, han vivido desde hace mucho tiempo conservando prácticas tradicionales sobre las aguas, playas y riberas, en los bosque sobre la fauna y flora terrestre para fines alimenticios, para la construcción y reparación de viviendas. Todo eso que los definen como comunidades con rasgos culturales y sociales compartidos, como miembros de una colectividad. Véase que hoy son tratados (como lo han sido en muchas otras ocasiones) como invasores de sus propias tierras, padeciendo la presión de grupos económicos y políticos de la región que quieren continuar con la diáspora. Pero a pesar de todo lo sufrido, estas comunidades mantienen su voluntad de resistencia, como lo han hecho en situaciones más difíciles, hoy están unidos para no dejarse desalojar.

 


 

Recuadro 1

 

Historia

 

En la lucha contra la esclavitud y la colonia nace y se proyecta en la historia la comunidad que habita el territorio conocido hoy como isla de Barú. La conformación de palenques, aldeas comunales indígenas, asentamientos municipales de todo tipo comenzaron a estructurar las formas de organización social y de reconocimiento con la tierra y la territorialidad.

 

Antes de fundarse el corregimiento Santa Ana de Barú, el poblado ya existía, como muchas otras poblaciones de la costa que a finales del siglo XVIII se encontraban aún dispersas en un inmenso territorio, alejadas de las autoridades, apenas marginalmente integradas a la sociedad colonial. La Corona española en compensación por los actos de colonización, otorgó a las comunidades parte de las tierras colonizadas y conquistadas. Este territorio hoy es isla –no península– por el cambio geográfico originado por la separación física que produjo la construcción del Canal del Dique.

 

 

Según escribe Pilar Moreno* el 10 de noviembre de 1774, un teniente español de nombre Antonio de la Torre y Miranda logró reunir a 116 familias del vecindario alrededor de un trazado urbano. Así marcó, según su más conocido relato, el nuevo nacimiento de Santa Ana, corregimiento hoy de Cartagena, ubicado en la isla de Barú.

 

* Pilar Moreno de Ángel (1993) "Antonio de la Torre y Miranda, viajero y poblador". Editorial Planeta, Bogotá.

 


 

Recuadro 2

 

La perlita de Decamerón

 

La gran cadena hotelera Decamerón también está en Barú, y se presenta como la única empresa que ha llevado desarrollo social a la isla con su nuevo hotel, en el cual ha invertido cerca de $60 mil millones. El hotel Royal Decamerón Barú fue construido en 14 hectáreas que los herederos propietarios de la hacienda Santa Ana afirman les pertenecían. Pero allí habita una población aproximada de 3.792 personas, 36 por ciento de la cual es menor de edad, mucha de ella con deserción e inasistencia escolar. Toda esta población vive desde hace más de 20 años del turismo propio.

 

En el proceso que llevó a esta cadena hotelera a construir en Barú, las tierras fueron compradas de manera irregular a particulares que no eran nativos de las mismas y, por lo tanto, no podrían haber recibido herencia alguna por los que no eran propietarios de los predios, pero esos particulares sí terminaron negociándolas. A criterio del vicepresidente de la Asociación de Herederos de la hacienda Santa Ana en Barú, José Carballo, la escritura pública que posee el hotel se encuentra indebidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena. Denuncia José que la minuta de posesión de las tierras que sirvió para elaborar la escritura no tiene tradición, ni antecedentes. Además, que dicha escritura pública no está registrada en la Notaría Segunda, ni en el Archivo Histórico de Cartagena. Sus habitantes se han movilizado con protestas frente al hotel Decamerón en Cartagena y Barú, exigiendo a la compañía hotelera el restablecimiento de su derecho a la propiedad.

 

Pero hay oídos sordos. Decamerón alega que lo único que ha hecho es llevar desarrollo a Barú, enganchando como trabajadores a más de 150 personas en su nuevo hotel, empleos que alcanzarán a unos 350 de sus pobladores en los próximos meses. Esperanza de desarrollo que se convierte en esclavitud.

 

A la luz de lo sucedido es evidente que hay gato encerrado. Quien vendió las tierras a Decamerón (la compañía de Cementos Argos y la Sociedad Galerazamba y Cía) no pertenece a la comunidad, lo que hace de este un negocio ilegal que usurpa a sus verdaderos propietarios. Claro, para estas empresas privadas resulta improcedente pretender anular un largo proceso judicial que les confirió la propiedad sobre las tierras. Pero así hay que proceder para que los históricos habitantes de estos terruños no sean expropiados ni desalojados de aquello que les pertenece.

 

Publicado enEdición No. 190