Petrolera Exxon, primera gran corporación en demandar a Cuba bajo el amparo de la Helms-Burton

La petrolera estadounidense reclama más de 70 millones de dólares a Cimex y Cupet por el uso de propiedades nacionalizadas en 1960.

 

La petrolera Exxon Mobil presentó una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos contra Cuba-Petróleo, propiedad del Estado cubano, y la empresa CIMEX S.A., por una refinería, gasolineras y otros activos incautados en 1960, meses después de la revolución encabezada por Fidel Castro.


El gigante petrolero estadounidense es la primera gran corporación en demandar a Cuba desde que el gobierno del presidente Donald Trump puso en vigor una sección inactiva de la Ley Helms-Burton de 1996, incrementando la presión sobre los gobiernos de La Habana y Caracas.


Bajo el Título III de la Ley, suspendido por los presidentes anteriores, los ciudadanos, la mayoría cubano-estadounidenses, pueden presentar demandas en cortes de
Estados Unidos contra compañías que se beneficien o hagan negocios con La Habana en propiedades nacionalizadas por el gobierno tras la revolución de 1959.


“El demandante presentó documentación contra la Corporación CIMEX S.A. y la Unión Cuba-Petróleo (…) por tráfico ilegal de propiedad confiscada en violación del Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (LIBERTAD) de 1996”, dice la demanda archivada en el tribunal del Distrito de Columbia.


La refinería Standard Oil en la bahía de La Habana, ahora operada por CUPET con el nombre “Ñico López”, fue la primera propiedad de Estados Unidos nacionalizada, luego de que la empresa se negara a procesar petróleo de la Unión Soviética debido a tensiones con Washington.
CIMEX S.A. opera estaciones de servicio en la isla con CUPET.


En la década de 1960, Estados Unidos certificó 5 mil 913 reclamos contra Cuba por valor de mil 900 millones de dólares, de las cuales Standard Oil y Mobil tenían una reclamación cada una por un total de 245 millones, según el Consejo de Comercio y Economía Cuba-EE.UU., una organización con sede en Nueva York experta en reclamaciones.
Un portavoz de Exxon Mobil dijo que, como práctica, la compañía no hace referencia a litigios pendientes.


Una norma cubana aprobada en 1996 sostiene que la ley Helms-Burton estadounidense es “ilícita, inaplicable” y considera “nula” toda reclamación de persona natural o jurídica en tribunales de Estados Unidos.

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El negocio de la felicidad, el fraude del siglo XXI

La felicidad es el trending topic del siglo XXI. Se ha convertido en una de las construcciones culturales con mayor influencia sobre la vida diaria de millones de personas. Un volumen ingente de publicaciones académicas, y también otras sin ese rigor, ha situado como verdad científica una lógica que coincide sospechosamente con los postulados neoliberales: el bienestar es una cuestión individual que ha de procurarse cada persona por su cuenta y riesgo. Presentada como una meta aséptica y neutral por divulgadores de todo tipo —desde expertos de la llamada psicología positiva a charlatanes de medio pelo, pasando por innumerables libros de autoayuda—, la promesa de la alegría esconde un fondo profundamente ideológico que persigue la disolución de los vínculos sociales. Y lo más grave es que se ha adoptado como receta válida por gobiernos e instituciones que pretenden marcar su rumbo atendiendo a lo que miden supuestos índices de felicidad.

 En el invierno de 2013, la corporación multinacional de bebidas refrescantes Coca-Cola anunció el lanzamiento de una página web con más de 400 estudios sobre felicidad y salud que pretendía ser un referente en el campo de la investigación acerca del bienestar. Lo hizo a través del llamado Instituto Coca-Cola de la Felicidad, integrado en una iniciativa de la división española de la compañía que en 2010 y 2012 ya había organizado en Madrid dos ediciones de un evento denominado Congreso Internacional de la Felicidad. 

Entre la maniobra publicitaria y la generación de una imagen de marca amigable, bajo la coartada filantrópica de responder al creciente interés sobre el tema, Coca-Cola se sumó a una agenda global que propone ser feliz como respuesta a todos los males.


Margarita Álvarez es una de las 50 mujeres más poderosas de España, según la revista Forbes, y también fue incluida en el listado de las 100 mujeres más influyentes en nuestro país en 2016, elaborado por la plataforma Mujeres&Cia, en la categoría de Directivas. Álvarez creó y presidió el Instituto Coca-Cola de la Felicidad entre enero de 2008 y marzo de 2011. Acaba de publicar Deconstruyendo la felicidad, un libro cuyo propósito, según se lee en la nota de prensa difundida por la editorial Alienta, es “ayudarte a averiguar si realmente existe la felicidad y, si es así, determinar dónde se puede encontrar”. La nota añade que en sus páginas no hay “reglas ni pautas: solo conocimiento. Porque saber y tener información sobre algo tan relevante te ayudará a entender cómo funciona el cerebro, cómo te utilizan tus pensamientos y cómo puedes identificar y aceptar todas tus emociones para afrontar mejor las circunstancias de la vida”.


Parece poco probable que la idea de ser feliz que maneja Álvarez guarde relación alguna con la que puedan tener, por ejemplo, las más de 800 personas afectadas desde 2014 por el ERE de la embotelladora de Coca-Cola en la planta de Fuenlabrada (Madrid). La suya, más bien, es otra de las voces privilegiadas que han participado durante los últimos 30 años en la construcción y propagación de una noción de felicidad que reposa en el entusiasmo, la voluntad y la superación individual como herramientas para llegar a ella. Libros de autoayuda, talleres de pensamiento positivo y charlas motivacionales han difundido la especie de que ser feliz está a tu alcance y solo tienes que desearlo. En el tiempo de la crisis económica mundial más grave desde el crac del 29, estos discursos han encontrado un público desesperadamente receptivo al que se le ofrece bienestar simplemente mirando a su interior, sin tener que relacionarse con nadie. Aunque esto último no es del todo así: esa felicidad prometida pasa necesariamente por pagar, pues lo que hay detrás de ella tiene poco de altruista.
“Se considera que es una elección personal y que, para ser feliz, una persona simplemente tiene que decidir serlo y ponerse a ello a través de una serie de guías, consejos, técnicas, ejercicios que proponen los que se suponen expertos en estos campos: científicos, psicólogos, coaches, escritores de autoayuda y una gran cantidad de profesionales que se mueven en el mercado de la felicidad”, explica Edgar Cabanas a El Salto. Este doctor en psicología e investigador de la Universidad Camilo José Cela de Madrid es el autor, junto a Eva Illouz, de Happycracia (Paidós, 2019), un ensayo que aplica el bisturí a los argumentos empleados desde la ciencia de la felicidad, que ignoran cuestiones sociales, morales, culturales,económicas, históricas o políticas para presentar unas tesis aparentemente objetivas. “Mientras la vocación de esta idea de felicidad es producir seres completos, realizados, satisfechos, lo que queda es una permanente insatisfacción: la felicidad está conceptualizada como una meta que nunca se alcanza, que nunca se llega a materializar. Es siempre un proceso constante que embarca a la persona en una búsqueda obsesiva de formas de mejorarse a uno mismo, su estado emocional, la administración de sí mismo en el trabajo, en la educación, en la intimidad”, sostiene Cabanas.


En este sentido, la investigadora Sara Ahmed, que publicó hace una década La promesa de la felicidad, traducido al español esta primavera por la editorial argentina Caja Negra, apuntaba en marzo en una entrevista a El Salto que “la felicidad, como promesa de vivir de una determinada manera, es una técnica para dirigir a las personas”.
Precisando aún más, Fefa Vila Núñez, profesora de Sociología del Género en la Universidad Complutense de Madrid, señala que esta concepción “nos empuja, nos ordena y dirige hacia el consumo vinculado a una idea de vida sin fin, forjada en un hedonismo sin límites donde melancolía y tecnofilia se unen en un abrazo íntimo para forjar la idea de logro, de éxito, de inmortalidad, de un placer infinito para aquel sujeto que no se salga del camino marcado”. En su origen, ella encuentra una “maquinaria de felicidad” activada después de la I Guerra Mundial y relacionada con un “capitalismo de consumo” que ha ido modelando la idea de felicidad hasta nuestros días.


La ecuación de la felicidad


El libro de Margarita Álvarez cuenta con dos firmas invitadas muy significativas: el prólogo es de Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola España y número dos por Madrid de Ciudadanos para las elecciones generales, y el epílogo corre a cargo de Chris Gardner, cuya historia siempre es usada como ejemplo por la psicología positiva. Un caso de excepción convertida interesadamente en norma, la biografía de Gardner va de la pobreza al éxito empresarial y quedó retratada en la película En busca de la felicidad, protagonizada en 2006 por Will Smith. Gardner es hoy un multimillonario que se dedica a la filantropía y a dar conferencias sobre cómo la felicidad depende de la voluntad individual. “Si quieres, puedes ser feliz” es su mensaje.


Un nombre clave en el desarrollo de la ciencia de la felicidad es el de Martin E.P. Seligman. Elegido presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología en 1998 (APA, en sus siglas en inglés), puede ser considerado uno de los fundadores de la psicología positiva, ya que participó en su manifiesto introductorio publicado en el año 2000. Seligman proponía un nuevo enfoque sobre la salud mental, alejado de la psicología clínica y enfocado en promover lo que él consideraba positivo, la buena vida, para encontrar las claves del crecimiento personal.


En su despacho de la APA, Seligman pronto empezó a recibir donaciones cuantiosas y cheques con varios ceros procedentes de grupos de presión conservadores e instituciones religiosas interesadas en promover la noción de felicidad que promulgaba esta nueva corriente de la psicología. La difusión por parte de los medios de comunicación y otros canales de algunas de sus publicaciones generó la impresión de que existía una disciplina científica que aportaba claves inéditas para alcanzar el bienestar. La repercusión de estas teorías fue mundial. Sin embargo, sus objetivos, resultados y métodos han sido criticados por su falta de consenso, definición y rigor científico. “Más que engaño, yo diría que puede ser peligroso en términos sociales y políticos; y decepcionante en términos personales”, valora Cabanas, que apunta al mercado, las empresas y la escuela como agentes principales en la elaboración y divulgación de unas nociones que entroncan directamente con valores culturales arraigados en el pensamiento liberal estadounidense.


Seligman llegó a formular una ecuación que explicaría la proporción de factores que dan como resultado la felicidad. Esta sería la suma de un rango fijo (la herencia genética), elementos de la acción voluntaria y circunstancias personales. Su fórmula otorga al primer factor el 50%, a lo volitivo el 40% y únicamente el 10% restante a cuestiones como el nivel de ingresos, la educación o la clase social. Siguiendo esta receta, la psicología positiva se ha mostrado categórica al considerar que el dinero no influye sustancialmente en la felicidad humana.
En La promesa de la felicidad, Ahmed resumió la tautología que sustenta al campo de la psicología positiva. “Se basa en esta premisa: si decimos ‘soy feliz’ o hacemos otras declaraciones positivas acerca de nosotros mismos —si practicamos el optimismo hasta que ver el lado amable de las cosas se convierte en rutina—, seremos felices”.
De la página web presentada por Coca-Cola como el gran archivo sobre la felicidad no queda absolutamente nada cinco años después.


Felicidad Interior Bruta


Desde 2013, el 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. La Asamblea General de la ONU decretó en su resolución 66/281 de 2012 esa fecha para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Se trata de una medida controvertida, por la dificultad para encontrar baremos objetivos que cuantifiquen el grado de felicidad y por las repercusiones derivadas de su conversión en faro de las acciones de gobierno, por delante de otras metas como la reducción de las desigualdades, la lucha contra la corrupción o el desempleo. En otras palabras: el riesgo de que la administración preste más atención a un gurú del mindfulness que a los sindicatos es real.


“Las formas de hacer política basadas en la felicidad —opina Cabanas— suponen ensalzar las cuestiones individuales y desdibujar las sociales, objetivas y estructurales. Vienen a hacer énfasis en que lo más importante es la forma en que se sienten los individuos, como si la política se redujera a hacer sentir bien o mal, como si no se tratara de cuestiones de discusión moral o ideológica”.


Tras firmar algunos de los recortes presupuestarios más importantes en la historia del país, con especial incidencia en el gasto social, a finales de noviembre de 2010 el primer ministro británico David Cameron propuso la elaboración de una encuesta para medir la felicidad de los ciudadanos, con la idea de difundir en la opinión pública que el bienestar se encuentra en otras variables distintas al Producto Interior Bruto. Es una iniciativa recurrente en distintos países, que se puede entender como una cortina de humo para distraer la atención. En 2016, el primer ministro y vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohamed ben Rashid Al Maktoum, anunció la creación del Ministerio de la Felicidad para generar en el país “bondad social y satisfacción como valores fundamentales”. Asimismo, situó esta novedad en el marco de una serie de reformas entre las que destacaba que se permitiría al sector privado hacerse cargo de la mayoría de los servicios públicos. En su informe 2017/2018 sobre Derechos Humanos, Amnistía Internacional concluía que Emiratos Árabes Unidos restringe arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación, que continuaban en prisión decenas de personas condenadas en juicios injustos, muchas encarceladas por sus ideas políticas, y que las autoridades mantenían a las personas detenidas en condiciones que podían constituir tortura. También señalaba que los sindicatos seguían estando prohibidos y que los trabajadores migrantes que participaban en huelgas podían ser expulsados, con la prohibición de regresar al país durante un año.


Emiratos Árabes Unidos ocupa el puesto 21 de un total de 156 países en la edición de 2019 del informe anual sobre felicidad mundial que Naciones Unidas publicó el mismo 20 de marzo. Se trata de la séptima entrega de un estudio que este año pone el foco, según sus autores, en la relación entre felicidad y comunidad, en cómo la tecnología de la información, los gobiernos y las normas sociales influyen en las comunidades. Finlandia, Dinamarca y Noruega se sitúan en el podio de este peculiar ranking, mientras Israel y Estados Unidos —dos países con enormes tasas de desigualdad y pobreza; el primero, además, sostenido sobre la discriminación de la población palestina— alcanzan los puestos 13 y 19 respectivamente. La felicidad en España sube en un año del 36 al 30 en un listado para cuya confección se tienen en cuenta variables como la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones, la generosidad o la percepción de corrupción.


De los meandros que entrecruzan política y felicidad sabe bastante la filósofa Victoria Camps, senadora por el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) entre 1993 y 1996 y ganadora del Premio Nacional de Ensayo en 2012 por El gobierno de las emociones. En su opinión, la búsqueda de la felicidad es “un derecho, expresado de diferentes formas: el derecho a la igualdad, a tener una protección por parte de los poderes públicos para que esa libertad necesaria para escoger una forma de vida la tenga todo el mundo, no solo unos pocos”. Por eso considera que la política no debe garantizar la felicidad sino “que podamos buscar la felicidad”. Ella entiende que el modelo de Estado de bienestar “iba en ese sentido de proteger socialmente a los más desprotegidos, redistribuir la riqueza e igualar las condiciones de felicidad”. Para esta filósofa, el Estado de bienestar está en crisis pero cree que “era un buen modelo y que habría que potenciarlo e intentar adaptarlo a las nuevas necesidades y corregir todo aquello que no está funcionando”.


Camps conversa con El Salto a propósito de su reciente ensayo, titulado precisamente La búsqueda de la felicidad (Arpa Editores, 2019). Como filósofa, marca distancias entre su disciplina y la palabrería de autoayuda: “Creo que están en las antípodas una de otra. La filosofía no da recetas, sino que plantea cuestiones y obliga a profundizar, a pensar, a encontrar soluciones”.


También recuerda un factor que el paradigma de la psicología positiva tiende a olvidar: “Las condiciones materiales afectan bastante. Ya lo decía Aristóteles muy claramente: la felicidad no está en la riqueza, en el honor, en el éxito, pero todo eso es necesario para ser virtuoso. O como decía Bertolt Brecht, primero hay que comer y después hablar de moral”.
Y reflexiona sobre algunos aspectos nocivos consecuencia de esa promoción de la felicidad como objetivo ineludible: “Lo que se busca es que la gente esté contenta y no moleste mucho. En todos los ámbitos —en la política, en la empresa, en la educación— se busca por vías muy similares a las de la autoayuda, muy simples, que no tienen nada que ver con la felicidad. En la política, todas las medidas antipopulares, difíciles de explicar aunque sean buenas para las personas, son difíciles de proponer porque dan miedo al político, que prefiere que la gente esté contenta con medidas mucho más simples”.


A la felicidad por la huelga


En una entrevista publicada en la web de El Salto en junio de 2018, el músico asturiano Nacho Vegas hablaba de reivindicar la infelicidad, ya que que, en su opinión, “hay veces que parece que vivimos en esto que Alberto Santamaría llama capitalismo afectivo en el que algunas empresas miden cuánto les cuesta la infelicidad de sus trabajadores y se dedican, con estos rollos motivacionales y de coaching, no a crear felicidad, porque el capitalismo no puede hacer eso, sino a cambiar la respuesta de la gente ante la infelicidad”.
Alberto Santamaría es profesor de Teoría del Arte en la Universidad de Salamanca y el año pasado publicó En los límites de lo posible (Akal), un intento de rastrear la actividad de los agentes que posibilitan que la creatividad, las emociones o la imaginación conformen un mapa afectivo necesario para la prosperidad económica. “Las empresas se dan cuenta de que la infelicidad, la depresión, son problemas gravísimos. Ahora bien, lo que buscan no es una solución directa, sino que la estrategia se basa en reforzar esa doble dinámica de relación mercantil y deseos. Por ello lo que la narrativa empresarial nos vende es que el único lugar donde de verdad seremos felices es en el trabajo”, contesta a El Salto.


Para Isabel Benítez, socióloga y periodista especializada en la cuestión del trabajo y conflictos laborales, la respuesta que las empresas ofrecen ante la infelicidad de las plantillas es un “mecanismo sofisticado de domesticación que busca productividad, directa al intentar mejorar la satisfacción y movilizar los recursos emocionales propios, internos de las trabajadoras; pero también productividad indirecta: reducir la conflictividad laboral, la articulación colectiva del malestar común”.


En su opinión, es “harto difícil” que en el trabajo asalariado se encuentre una posibilidad de realización personal-profesional, aunque precisa que “a nivel individual hay quienes sí lo consiguen a pesar de la inestabilidad, la arbitrariedad, la falta de perspectiva, la ausencia de control sobre el qué, cómo y para qué de tu trabajo”.


Benítez escribió junto a Homera Rosetti La huelga de Panrico (Atrapasueños, 2018), un libro sobre la experiencia de la huelga indefinida que entre octubre de 2013 y junio de 2014 mantuvo la plantilla de la única fábrica de Panrico en Cataluña. Ella cree que los momentos de organización, ganar posiciones y lograr cambios en lo laboral son fuente de satisfacción y crecimiento para los trabajadores, pese a todos los obstáculos.


Por eso considera que la huelga no deja indiferente a nadie: “Es una alteración de la normalidad donde se incrementa la sociabilidad entre trabajadores, se pone a prueba la capacidad de análisis y de organización colectiva, y se descubren habilidades ‘ocultas’: creatividad a todos los niveles para pensar —dónde, cuándo, cómo presionar a la empresa, para dirigirte al resto de compañeras, para activar solidaridades externas a la empresa o centro de trabajo—, para hacer —construir barricadas, campamentos—, negociar, estrategia. Las huelgas, los procesos de lucha colectiva, cambian a las personas que participan. Son momentos de mucha tensión y emoción, en todos los sentidos”.


Yo no quiero ser feliz


“Pero a mí me sabe tan mal”, dice la letra de una canción del grupo de rock Los Enemigos que reconoce la incomodidad propia ante quien puede sonreír cuando lo exige la ocasión, quien distingue el principio del final y sabe hacia dónde va. Ante quien, en suma, es tan feliz y encaja. La canción, incluida en el disco La vida mata (1990), se puede leer como un anticipo del hastío por la imposibilidad de alcanzar esa meta de la felicidad que se sugiere como ideal desde tantos frentes. También, de algún modo, como una reacción.


Casi treinta años después de su grabación, Edgar Cabanas observa que en España se está generando una conciencia crítica. “El otro discurso gana, porque es más simplista, traducible a titulares, integrable en políticas de empresa, comercializable, pero está habiendo un caldo de cultivo crítico que intenta hacerle frente”, señala el coautor de Happycracia.
La profesora Vila Núñez entiende que “mientras haya resistencia, no hay triunfo” aunque no tiene dudas de que estamos en una nueva fase del avance del capitalismo, “un estadio sofisticado definido por el asalto al deseo, a la propia subjetividad. Un infierno a la medida de nuestro deseo, nos recordaría hoy, si estuviese entre nosotras, Jesús Ibáñez. Ya no solo somos cuerpos disciplinados sino deseos expropiados, cuerpos sin memoria”.


Según su parecer, en la sociedad que afirma el imperativo de la alegría “ya nada tiene sentido porque nada tiene principio ni fin, solo existe el ¡ya!, el just do it!, porque no hay recuerdos ni compromisos, no somos nadie, no venimos de ninguna parte y no vamos a ninguna parte, este es el estado de la cuestión, es el cuento del estado de las cuentas. Sísifo arrastrando la piedra que al llegar a la cumbre siempre puede volver a caer”.


A finales de 2018 se publicó La vida de las estrellas (La Oveja Roja), segunda novela de Noelia Pena. Un relato acerca de las otras realidades que la imposición del arquetipo de persona triunfadora, hecha a sí misma y feliz pretende ocultar. Lo que le interesaba, cuenta la escritora a El Salto, era “arrojar un poco de luz sobre algunas problemáticas y conflictos a los que no siempre queremos mirar de frente, como la enfermedad, la soledad, el aislamiento o el maltrato. La proliferación de enfermedades como la ansiedad y la depresión evidencia que este sistema no nos deja vivir: nos exprime y asfixia. ¿Qué sucede cuando una depresión nos impide ir a trabajar o cuando perdemos un trabajo? Nuestra seguridad se tambalea y con ella el modelo de vida que proyectamos alrededor del éxito profesional”.


Pena entiende que el gran problema social sigue siendo la emancipación y en el libro aborda esta cuestión. Pero asegura que no se propuso que sus personajes fuesen el contrapunto a lo que prescribe la psicología positiva: “Lo que puede verse en las problemáticas de los personajes de la novela es la dimensión colectiva de los malestares contemporáneos. A pesar del individualismo creciente, gran parte de nuestros problemas tienen una dimensión social: la soledad de los personajes, sin ir más lejos, especialmente los mayores. Tanto el mindfulness como los libros de autoayuda intentan convencernos de que cambiando nuestra mente podemos cambiar la realidad e individualmente podemos conseguir la felicidad, pero ¿cómo ser felices si la solución a nuestros problemas no es individual, sino que comporta decisiones ajenas, ya sean políticas, médicas o bien apuntan a estructuras de poder asentadas desde hace siglos o a la violencia sobre nuestros cuerpos por parte de otras personas?”. La respuesta a esta pregunta es, posiblemente, la más importante de todas las que se buscan a lo largo de la vida.

Por Jose Durán Rodríguez

publicado
2019-04-13 06:00:00

Publicado enSociedad
Miércoles, 03 Abril 2019 06:14

La batalla por la alimentación del futuro

La batalla por la alimentación del futuro

¿Cómo vamos a asegurar la alimentación de una población de 8 mil 500 millones de personas para 2030? La mayoría de la población piensa que la única forma de lograrlo es mediante la agricultura comercial de gran escala, que hoy domina el mercado mundial de alimentos. Esa es la respuesta equivocada.

La lucha por los alimentos de mañana comienza hoy. La forma de producirlos en la actualidad afecta la producción de una alimentación nutritiva y un medio ambiente saludable en el futuro. La agricultura comercial de gran escala, intensiva en capital y en insumos agroquímicos, no solamente no es la respuesta a las necesidades de producción y conservación, sino pone en peligro el abasto alimentario mundial del futuro. Es urgente revalorizar la agricultura que se rige por los principios de la producción agroecológica.

En Estados Unidos se ha publicado un libro de gran valor por el investigador Timothy A. Wise. Su título es Eating tomorrow y es el resultado de cinco años de investigaciones en México, Estados Unidos y varios países africanos (Zambia, Malawi y Mozambique). La línea conductora del análisis es la pregunta sobre los sistemas agrícolas para alimentar a una población mundial en crecimiento. La respuesta se orienta de manera convincente hacia la agricultura de pequeña escala, que hoy sigue dominando la producción mundial de alimentos (70 por ciento de los producidos en el planeta proviene de la agricultura campesina). Esta actividad productiva se desarrolla en unidades pequeñas, y aunque con frecuencia se trata de tierras que no son de la mejor calidad las técnicas de manejo de suelos, agua y recursos genéticos de estos pequeños productores les permiten obtener rendimientos suficientes para satisfacer las necesidades familiares y llevar excedentes al mercado.

Las técnicas de producción de esos productores pobres descansan en un saber campesino milenario basado en la agrobiodiversidad. Esa forma de producción va contra casi todos los principios de la producción capitalista, que prefiere la uniformización (monocultivo), la mecanización y el uso intensivo de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas). La producción comercial en grandes unidades es la que mejor se presta para aplicar los principios que privilegian la generación de ganancias antes que la de alimentos. Pero esa rentabilidad del complejo agrícola capitalista está dejando un rastro tóxico en el medio ambiente. El mejor ejemplo es el estado de Iowa, en Estados Unidos, que Wise califica de epicentro de una catástrofe ecológica y social.

Las corporaciones que dominan la producción agrícola y ganadera en Estados Unidos manejan las unidades productivas como si fueran una fábrica de telas. Lo que importa es la rentabilidad. Pero el complejo de la agroindustria sigue degradando acuíferos con nitratos, plaguicidas, patógenos, desechos farmacéuticos y hormonas. Un resultado es la llamada "zona muerta", en el Golfo de México, producida por el escurrimiento de nutrientes provenientes de la agricultura comercial de gran escala. Además, las prácticas de roturación y monocultivo siguen teniendo un impacto que deteriora las propiedades productivas de la tierra. En ese esquema la producción agrícola se encuentra entrelazada con gigantescas fábricas de carne, en las que millones de cerdos y pollos son objeto de un proceso de hacinamiento extremo con una huella tóxica de dimensiones bíblicas.

El problema no es sólo ambiental. Aunque muchas unidades de producción siguen siendo propiedad de una familia, la verdad es que esos propietarios no controlan el proceso productivo. La mezcla de producto (agrícola y ganadero), así como los insumos necesarios, así como cuándo llevar todo el producto al mercado, son decisiones que las familias no controlan: son las grandes corporaciones las que determinan las líneas de producción y la combinación de insumos.

Esas grandes corporaciones dominan los mercados de semillas, granos, carne, fertilizantes y plaguicidas. Están integradas horizontal y verticalmente, y los nombres de estos gigantes son bien conocidos: Monsanto, Dupont, Syngenta, Cargill, Archer Daniels, Tyson, Smithfield. Las familias propietarias de granjas se han convertido en una especie de vasallos medievales de estas corporaciones. Y aunque el american dream tiene un lugarcito bucólico para las familias dueñas de un predio, la verdad es que hoy la mayor parte de esas familias recibe ingresos anuales insuficientes para cubrir el costo de operación bajo los parámetros impuestos por estas grandes corporaciones. Muchas familias viven por debajo de la línea de pobreza y han perdido sus tierras. Estados Unidos tiene ya desde hace años un problema agrario de grandes dimensiones.

El análisis de Tim Wise muestra cómo la política agrícola tiene años castigando la pequeña agricultura y otorga privilegios exorbitantes a las grandes corporaciones. El costo puede ser muy alto, pues está en juego la sustentabilidad de la producción de alimentos en todo el planeta.

Twitter: @anadaloficial

 

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Las grandes petroleras gastan mil millones de dólares para bloquear medidas contra el cambio climático

ExxonMobil, Shell, Chevron, BP y Total no escatiman esfuerzos para obstruir los objetivos de los Acuerdos de París. La ONG británica InfluenceMap desvela en un informe la verdadera agenda de las grandes empresas petroleras.


Blanquean su imagen corporativa con amplios programas de responsabilidad social corporativa. O con proyectos innovadores en energías renovables inmersos en sus fundaciones. Aunque, en realidad, despliegan millones de dólares a la pervivencia de los combustibles fósiles. Es decir, a mantener o expandir el calentamiento global.


Siguen el argumentario de El Gatopardo, la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Aquel que pregona “cambiarlo todo para que nada cambie”. Un reciente estudio de InfluenceMap así lo atestigua. Las cinco grandes firmas petroleras que gobiernan el tortuoso mercado energético (de crudo y gas, esencialmente) destinaron a lo largo de 2018 casi 200 millones de dólares -el estudio habla de 153 millones de libras- a retrasar, controlar o bloquear cualquier iniciativa diseñada a combatir el cambio climático.


ExxonMobil, Shell, Chevron, British Petroleum (BP) y Total no dan puntada sin hilo. Hacen suyo el proverbio castellano de “ni un mal gesto, ni una buena acción”. Pura imagen. El informe asegura que estas petroleras se han gastado desde los Acuerdos de París de 2015 más de 1.000 millones de dólares en estrategias de lobby, que han hecho coincidir con campañas de lavado de imagen a favor de las energías limpias. Entre otras, Climate Action 100+, un programa de medidas contra el cambio climático que incorporó a las mayores firmas privadas del mundo.


Entre sus actos de influencia más reseñables, los expertos de esta institución sin ánimo de lucro británica, que enfoca sus objetivos filantrópicos a desenmascarar a las corporaciones que actúan en el sector energético y a defender la causa contra el calentamiento global, destacan el uso de las redes sociales.


Por ejemplo, emplearon 2 millones de dólares en campañas en Facebook e Instagram para promover los supuestos beneficios de que los combustibles fósiles ocupen un lugar aún más destacado en el mix energético global -en detrimento de las renovables- durante las elecciones de mitad de mandato (Midterm) de noviembre pasado en EEUU.


Su misión es de una innegable nitidez. Ganarse el favor del nuevo poder legislativo. Al fin y al cabo, cada cuatro años, en estos comicios, se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, una tercera parte de los cien senadores y 36 de los 50 gobernadores de la Unión. Y conviene tener en perfecto estado de revista los servicios de lobby en el paraíso del poder soterrado y en el mercado más importante del mundo. Dentro de una acción global orquestada para debilitar las agendas de reformas favorecedoras de las energías renovables de los gobiernos que avanzan hacia la consecución de los Acuerdos de París.


Entre las que ocupan un lugar destacado las críticas a lo que consideran, sin complejos, un exceso regulatorio en su industria, que -aducen- les resta dinamismo, les reduce los beneficios y les ocasiona multimillonarios gastos anuales por requerimientos legales.


Inversiones multimillonarias en gas y petróleo


Los botones de muestra que ofrece el informe son más que relevantes. BP donó 13 millones a una campana, a la que también se sumó Chevron, que logró frenar la imposición de una tasa al carbón en el Estado de Washington. Un millón de los cuales se destinó a publicidad en medios. Edward Collins, uno de los autores de la investigación de esta ONG, hace hincapié en la banalidad de la estrategia de las big five.


“Sus marcas corporativas revelan claros apoyos públicos hacia el combate del cambio climático, pero sus acciones de lobby van en la dirección contraria. Abogan por soluciones de bajas emisiones de CO2 mientras aumentan sus inversiones y gastos hacia la expansión del negocio de los combustibles fósiles”. Después de los Acuerdos de París de 2015, de los que se salió EEUU por designación expresa de Donald Trump, las compañías de petróleo y gas dieron su apoyo a la paulatina supresión del carbón como fuente de energía y formalizaron la Iniciativa Climática del Petróleo y del Gas para impulsar medidas voluntarias que redujeran la polución por emisiones fósiles.


En 2019, los desembolsos presupuestados en planes de inversión para la extracción de gas y petróleo de estas cinco grandes petroleras se incrementarán hasta los 115.000 millones de dólares, de los que sólo el 3% irán a proyectos de bajas emisiones. Shell y Chevron se apresuraron a criticar el contenido de InfluenceMap.


Con argumentos como que “no hacen apología” de sus contactos con legisladores o reguladores, redoblando su respaldo a los Acuerdos de París y a sus objetivos medioambientales, o apelando a la transparencia de sus iniciativas de reducción de gases que provocan el efecto invernadero o a su compromiso con las energías limpias para lograr que el clima no rebase los 1,5 grados centígrados en 2050 en vez de los 2 grados establecidos en la capital francesa.


Los expertos de esta institución ponen como modelo de buen gobierno corporativo la decisión del fondo soberano noruego, que mueve más de un billón de dólares en activos globales a los que exige -entre otros propósitos- un demostrado compromiso con el medio ambiente. Motivo por el que ha sacado de sus carteras de inversión a compañías dedicadas a la exploración o a la extracción de petróleo.


Un proceso de desinversiones que el Ministerio de Finanzas de Noruega, dueño del fondo del que se nutren las pensiones de las personas en edad de retiro, ha instaurado también en Norges Bank, entidad que sólo financiará con las petroleras proyectos de energías renovables o que aceleren la transición hacia las energías limpias. “Tenemos 11 años para parar el caos climático.


No podemos encontrar justificación alguna en que las petroleras se opongan a regulaciones exigentes y a sanciones duras de sus negocios con elevadas emisiones de CO2 a la atmósfera”, dice Jan Erik, CEO de Storebrand Asset Management, la firma privada de activos más importante de Noruega. Y eso incluye “rechazar todo intento de la Administración Trump de diluir las avalanchas regulatorias en el sector para promover la reconversión industrial hacia las energías renovables e impedir la proliferación de iniciativas de influencia entre bambalinas el Capitolio -sede de las dos cámaras del Congreso- y en la Casa Blanca.


La industria petrolífera se acomoda con Trump


El lobby petrolífero se instaló de inmediato en el Despacho Oval tras el triunfo de Trump. Hasta lograr estabilizar el precio del barril en los más de dos años de su mandato entre los 45 y los 65 dólares por barril. En cumplimiento del complejo equilibrio de intereses geoestratégicos entre países productores y consumidores de crudo.


En detrimento de los grupos de presión de las renovables que afloraron a la vera de Barack Obama. Encabezado -el del oro negro-, por Scott Pruitt, al frente de la Agencia de Protección Medioambiental desde la andadura presidencial de Trump. Y del que han salido voces como la de Harold Hamm, el multimillonario magnate del fracking -una técnica de extracción del crudo a partir de esquistos bituminosos y a través de procesos de pirólisis, hidrogenación o disolución térmica- que nunca ha tenido reparo alguno en avisar a la OPEP, desde entonces, de que “podrían matar” a la industria petrolífera si el cártel trata de encarecer artificialmente el mercado. O, mejor dicho, de calentar sin su consentimiento los precios. En un aviso beligerante sin precedentes en la historia de la poderosa organización que lidera Arabia Saudí.


El del petróleo es un lobby que ha aterrizado de nuevo en Washington con intención de quedarse. Al menos, durante el periplo presidencial de Trump. A pesar de su promesa de “drenar la ciénaga” de grupos de presión próximos a la Casa Blanca, cuando aún se jactaba de ser la auténtica voz contra el establishment, el enemigo de los Clinton y del poder establecido. O de la salida de su gabinete del ex secretario de Estado, Rex Tillerson, antiguo consejero delegado de Exxon Mobile.


Porque, pese a su volatilidad derivada del recorte de cuotas de la OPEP, por un lado, y de la disminución de la demanda por la pérdida de fuelle de la economía global, por otro, el barril de crudo está a punto de firmar su mejor trimestre desde 2002, tras rozar los 40 dólares a mediados de diciembre. Una escalada del 32% desde el inicio de 2019 que ha catapultado su cotización, en EEUU, por encima de los 60 dólares.


Catherine Howarth, ejecutiva jefe de ShareAction, organización que promueve inversiones con responsabilidad social corporativa, pone el dedo en la llaga: “El informe de InfluenceMap deja evidencias de que la retórica de las petroleras no concuerda con su acción empresarial, que sus credenciales sobre cambio climático no pueden convivir con el ejercicio de sus lobbies ni con sus intentos de sabotaje para revertir el calentamiento global. Es un juego sucio, con dinero que no se emplea de forma legítima”.

 

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Planta de Abengoa en Chile. Imagen del Gobierno de Chile.

En este artículo dividido en dos partes, abordamos los tratados de inversión y sus respectivas cláusulas ISDS (Investor-State Dispute Settlement), también conocidas como los tribunales privados de justicia. Estos organismos poco transparentes pueden dirimir en disputas entre Estados soberanos y empresas internacionales, potencialmente dando la razón a estas últimas a costa de medidas sociales, sanitarias o regulaciones medioambientales.


En un contexto de globalización al servicio de los intereses privados de una minoría, se tratan de una gran amenaza para la defensa del derecho a la energía. Quién sabe, para el cese de la nuclear al afectar a los beneficios de las compañías del oligopolio

Un punto caliente que está sangrando nuestras arcas públicas, y que está impidiendo que se puedan llevar a cabo inversiones en otros ámbitos tales como la lucha contra la pobreza energética son los tratados de inversión y sus respectivas cláusulas ISDS (Investor-State Dispute Settlement), firmados por nuestro país.


Los acuerdos internacionales para la protección de las inversiones, ya sean de carácter bilateral o multilateral, específicos sobre inversión o parte de un tratado comercial, han sido unos de los incentivos que los Gobiernos de los países en vías de desarrollo, o del sur global, y políticamente más inestables, han usado tradicionalmente para atraer las inversiones foráneas y dotarse de infraestructuras (como hospitales, carreteras, centrales hidroeléctricas, etc.). Ello ha contribuido a la expansión internacional de las empresas transnacionales que tienen, en estos acuerdos, un instrumento más que eficaz para proteger sus intereses.


Esta figura comenzó a generalizarse en los años cincuenta cuando el Estado anfitrión garantizaba al inversor extranjero (empresa, multinacional generalmente) un alto estándar de protección asegurándole que no sería objeto de trato discriminatorio, siendo tratado de manera justa y equitativa. Para la eventual violación del tratado por parte del Estado receptor, estos tratados solían llevar aparejada, como garantía adicional, una cláusula de resolución de diferencias mediante arbitraje internacional o ISDS, dando la opción a la empresa inversora de acudir a los tribunales del Estado anfitrión o a un tribunal de arbitraje internacional, pero no a los dos a la vez. En teoría, todas las partes ganaban. Las empresas tenían derecho a un árbitraje neutral en el caso de que surgiesen problemas y podían reclamar la correspondiente compensación por el perjuicio económico causado.


Actualmente existe un buen número de estos tribunales privados de arbitraje internacional como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo o la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (con sede en París), la Corte Permanente de Arbitraje (con sede en La Haya), el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC o el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong son otros de los tribunales arbitrales internacionales. Los conflictos son dirimidos por árbitros, en principio, imparciales y resueltos mediante laudos arbitrales.


Sin embargo, las supuestos beneficios de estos tribunales privados de justicia, auténtico sistema paralelo al poder judicial, dista mucho de lo que pregona la propaganda que les rodea. Se argumenta en su favor la seguridad jurídica de las resoluciones que son vinculantes para las partes, rapidez al haber menos instancias, imparcialidad y menor coste económico. Pero ninguna de estas características son ciertas.


Respecto a la seguridad jurídica, esta es más que dudosa. El sistema es muy opaco, las resoluciones no son públicas y, por tanto, no hay manera de saber con seguridad los argumentos jurídicos empleados por las partes.


En cuanto a la agilidad, si bien es verdad que no hay tantas instancias a las que recurrir dado que los laudos arbitrales no son recurribles y solo pueden ser anulados por defecto de forma, la media para resolver un caso se sitúa en cuatro años y medio. Así se indica para el CIADI en el trabajo Justicia privatizada. El Estado español y los mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado, Ecologistas en Acción, 2016.


Por lo que se refiere a la imparcialidad, es preocupante que en muchos casos la mayor parte de los árbitros han actuado como asesores jurídicos en otras disputas, con el conflicto de intereses que puede surgir. Se habla de corrupción generalizada en estos ámbitos.


A todo ello le acompaña el escandaloso gasto que supone, pues si bien las estadísticas hablan de dos millones de euros en concepto de gastos para resolver un conflicto en una corte internacional, los laudos reflejan un coste que puede superar los ocho millones de euros. Así, la factura solo del presidente del tribunal del CIADI, en el primer laudo dictado frente a España por una demanda interpuesta por un fondo de inversión por la modificación de la normativa sobre renovables, fue de 232.796 euros en concepto de honorarios, más de 80.000 euros en concepto de gastos administrativos y 238.000 euros de gastos directos en concepto de mensajería, impresión y copias del laudo.


Pero lo realmente grave es que se trata de un sistema en el que las compañías multinacionales pueden llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos y doblegarlos haciéndoles cambiar normas de gran calado social, económico, cultural o medioambiental porque tengan un efecto restrictivo sobre sus beneficios privados y sean contrarias a sus intereses. Es la instancia que garantiza el cumplimiento de la Lex Mercatoria, es decir, las miles de normas contenidas en los acuerdos de inversión, tratados comerciales, contratos y normas de comercio. Es la instancia que privilegia a escala planetaria los intereses de las grandes empresas y sus accionistas frente a los derechos de las personas, los pueblos y del medio ambiente.


Como ejemplo, señalar el caso de la corporación estadounidense Cargill, que en 2009 demandó al Estado mexicano por la creación de una tasa que el Gobierno había impuesto a las bebidas azucaradas por una cuestión de salud pública. La demanda ganada ante el CIADI le hizo embolsarse 66 millones de euros. O el de las españolas Abengoa y COFIDES, que también demandaron al Gobierno mejicano en 2009 por haberles impedido la puesta en funcionamiento de una planta dedicada al almacenamiento y gestión de desechos industriales peligrosos en Zimapán, en el estado de Hidalgo, percibiendo 31,14 millones de euros. Alegaron que la medida atentó contra “sus derechos de inversionistas”.


El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, ya dijo en 2014: "Es alarmante que puedan cambiar las leyes de una nación o anular las resoluciones de Gobiernos y jueces. Además, operan en cualquier parte del mundo y juzgan actos soberanos".

Por Cecilia Sánchez
Ecologistas en Acción

publicado
2019-03-25 06:40:00

 

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Directiva de 'copyright': últimas horas para evitar la censura automatizada en internet

Una última iniciativa ciudadana paneuropea invita a los internautas a pedir personalmente a los eurodiputados que rechacen la norma, con la amenaza de no votarles en las elecciones a la Eurocámara del próximo 26 de mayo.


El Parlamento Europeo vota, a partir de las 12:30 de este martes, el texto definitivo (PDF) de la polémica directiva del 'copyright', una norma que marcará de forma exahustiva qué se puede y qué no se puede compartir en público en función de quién sea el dueño de contenidos. Una última iniciativa ciudadana paneuropea invita a los internautas a pedir personalmente a los eurodiputados que rechacen la norma, con la amenaza de no votarles en las elecciones a la Eurocámara del próximo 26 de mayo.


La complicada renovación de las normas europeas sobre derechos de autor, en la era de las redes sociales, los móviles y la inmediatez, ha desembocado en un complejo texto pactado que, a juicio de sus detractores, únicamente pretende contentar a una parte de la industria de los contenidos y no a todos los creadores.


Por un lado, el artículo 15 (durante su tramitación era el artículo 11) pretende obligar a todo sitio web o aplicación comercial —tanto grandes buscadores y agregadores de contenidos como cualquier sitio que contenga publicidad— a pagar una licencia a los editores de prensa por recoger citas a noticias que sean algo más que palabras sueltas o fragmentos muy cortos.


El artículo 17 (durante su tramitación era el artículo 13), por su parte, pretende evitar que los usuarios cualquier plataformas sociales de publicación de contenidos, como Twitter, Facebook, Instagram y aplicaciones comerciales, a que compren licencias de contenidos antes de que se compartan en la red, así como que eviten que los usuarios publiquen material infractor, incluso antes de que éste se publique.


La previsible consecuencia es la llamada 'censura algorítmica': esas empresas tirarán de robots —el volumen de lo que se publica allí es tan grande que es imposible hacerlo a mano— para identificar (y evitar) posibles violaciones de derechos de autor de lo que usted o yo subamos a las redes, por si acaso.


A lo largo de su tramitación, el texto del proyecto de directiva ha ido modificándose y sorteando diversos obstáculos, mientras los textos se iban filtrando en un proceso que ha sido muy poco transparente. La eurodiputada Julia Reda, del Partido Pirata, ha sido la cabeza visible de un movimiento de alerta y protesta que ha incluido académicos, entidades y grupos de ciberactivistas como EDRI, Electronic Frontier Foundation y Xnet, e incluso el relator de la ONU para la libertad de expresión y la Wikipedia.


Durante este fin de semana se han celebrado manifestaciones más io menos multitudinarias en varias ciudades de la Unión Europea, las más numerosas en Alemania, contra esta nueva normativa. Porque la votación del martes es la última oportunidad para tumbar estas medidas.


Mientras, el sitio web #SaveYourInternet —una iniciativa conjunta de las principales ONG y asociaciones contrarios a esta directiva— apura su llamamiento a todos los ciudadanos para que escriban a los parlamentarios europeos que les representan. Esta plataforma, que aglutina las principales asociaciones y movimientos de la sociedad civil en defensa de los derechos de los internautas, dispone de un formulario sencillo con el que realizar esta tarea.


La idea es presionar a los miembros de la Eurocámara para tumbar la directiva en su votación final. En el apartado de europarlamentarios españoles, la herramienta permite escribir directamente a todos ellos, e incluso llamar por teléfono a sus respectivas oficinas.


La idea es dirigirse a los representantes, con insistencia pero educadamente, y dejar claro que "su voto sobre si rompen Internet construirá o destruirá el voto del ciudadano en las elecciones de la UE" del próximo 26 de mayo. Una iniciativa que recuerda el grito de #NoLESVotes contra la 'Ley Sinde' en España, hace ya más de ocho años.

Madrid
25/03/2019 10:44 Actualizado: 25/03/2019 10:

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Ordena el BM a Venezuela pagar 8 mil 700 mdd a petrolera de EU

Washington. El gobierno de Venezuela deberá pagar unos 8 mil 700 millones de dólares a la petrolera estadunidense ConocoPhillips por su expropiación, en 2007, hecha por el fallecido presidente Hugo Chávez (1954-2013), de acuerdo con un fallo emitido este viernes por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.

"La República Bolivariana de Venezuela deberá abonar por concepto de compensación por la expropiación ejecutada el 26 de junio de 2007 en violación del artículo 6 del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos con fecha 22 de octubre de 1991", sustentó el tribunal.

El panel estipuló que el monto mencionado deberá ser pagado con intereses a una tasa anual del 5.5 por ciento y declaró que los demandantes están obligados a no intentar obtener doble recuperación.

"Acogemos con beneplácito la decisión del tribunal del CIADI, que respalda el principio de que los gobiernos no pueden expropiar las inversiones privadas sin pagar una compensación", sostuvo Kelly B. Rose, vicepresidenta principal y secretaria corporativa de ConocoPhillips.

La petrolera estadunidense solicitó 30 mil millones de dólares por la nacionalización de tres proyectos petroleros hace más de 10 años, cuando gobernaba Chávez, según un informe del Banco Mundial. El CIADI dictaminó en 2013 que las medidas de expropiación decididas por las autoridades venezolanas violaron el derecho internacional, por lo que Venezuela presentó hace dos años una solicitud de reconsideración del fallo, pero el tribunal la rechazó.

El total de 8 mil 700 millones de dólares, más otros 2 mil millones de dólares que se le adjudicaron en un arbitraje anterior, convierten a la petrolera en el mayor vencedor entre la ola de reclamos por las nacionalizaciones. En este contexto, El ex vicepresidente de Venezuela y actual ministro de Industria, Tareck El Aissami, fue acusado en una corte de Nueva York de violar la ley de capos extranjeros de la droga y evadir sanciones impuestas por Washington; si es detenido y extraditado enfrenta hasta 30 años de cárcel.

El funcionario es el primer ministro chavista en ser inculpado ante la justicia estadunidense, que acusó de los mismos delitos al empresario venezolano Samark José López Bello y a otras dos personas.

El Aissami "ha usado su posición de poder para involucrarse en el narcotráfico internacional y ha evadido las sanciones y violado la ley estadunidense sobre barones de la droga extranjeros", concluyó Angel Melendez, agente especial del departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado divulgado por la fiscalía de Manhattan.

"Guerra eléctrica imperial"

En otro orden, el suministro de energía eléctrica se restableció este viernes en algunas zonas de Caracas y parcialmente en 22 de los 23 estados de Venezuela, tras un apagón que al cierre de esta edición había sobrepasado por mucho las 24 horas. El gobierno bolivariano reiteró que Estados Unidos causó el apagón y afirmó que denunciará a dicho país, con pruebas, ante una delegación de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entre las localidades que tenían energía eléctrica en la Gran Caracas y el estado de Miranda, figuran Alta Vista, Altagracia, Avenida Victoria, Catia, Caricuao, California Norte, El Hatillo, El Marqués, El Paraíso, Los Ruices, Los Símbolos, La Vega, Montalbán, Propatria, San Bernardino y Santa Mónica.

El apagón, calificado como el más grande y prolongado en la historia del país, provocó varias afectaciones: hospitales colapsados, vuelos cancelados desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar y de las principales urbes, muchos hogares sin agua, largas filas en gasolineras, la suspensión del servicio del metro en Caracas, fallas en telecomunicación y señalamientos en vías públicas, entre otras.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, anunció en Twitter que el presidente Nicolás Maduro, "ha suspendido las clases y jornadas laborales el día de hoy, en aras de facilitar los trabajos y esfuerzos para la recuperación del servicio eléctrico en el país, víctima de la guerra eléctrica imperial!"

Por la noche pobladores hicieron sonar cacerolas en varios sectores de la capital, aunque no se registraron actos violentos. Algunas personas extrajeron gasolina de sus vehículos para encender plantas de energía portátiles.

Pese a que en alguna zonas del Venezuela se restablecía el suministro de energía, a los pocos minutos se volvía a cortar. En el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, decenas de personas, muchas con niños, esperaban a oscuras la reanudación de los vuelos.

La prensa local reportó algunas muertes en distintos hospitales que no contaban con plantas eléctricas para cubrir los servicios, aunque sólo un deceso fue confirmado por un sanatorio. El titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, proclamado "presidente encargado", responsabilizó al gobierno por los decesos y llamó a la población a protestar "con más fuerza que nunca" por el desabasto de suministros básicos en el país.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó en la televisión estatal al apagón de "agresión deliberada" de Estados Unidos y anunció un "despliegue de seguridad" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aunque no dio más detalles.

El gobierno acusó a Washington de provocar un "sabotaje técnico y cibernético" contra la principal represa energética, ubicada en el municipio de Guri, en el estado de Bolívar.

El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, dijo en cadena nacional que extremistas de derecha, bajo las órdenes del senador republicano estadundidense Marco Rubio y de Guaidó, habían "perpetrado un sabotaje brutal contra nuestro sistema de generación".

Agregó que "en pocos días vendrá a Venezuela una delegación del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Michelle Bachelet, (y) a ellos les vamos a llevar las pruebas".

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tuiteó: "No hay comida. No hay medicinas. Ahora no hay electricidad. Lo próximo, no habrá Maduro. Las políticas de Maduro no traen más que oscuridad".

En otro mensaje señaló que el apagón no fue provocado por Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil ni Europa, cuyos gobiernos son detractores del gobierno bolivariano. "La escasez de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro", agregó.

En conferencia de prensa en Washington, Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, reiteró que su gobierno no utilizará la fuerza para entregar "ayuda humanitaria" al país petrolero, y agregó que la administración de Donald Trump no tiene planes de invadirlo. El 23 febrero pasado Guaidó fracasó en ingresar la "asistencia" a través de la frontera entre ambos países.

En tanto, la organización Human Rights Watch instó al gobierno de Estados Unidos a ofrecer el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos debido a las "deterioradas condiciones" en el país.

 

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El capitalismo y los hoyos negros de la modernidad

El mundo moderno está en crisis y todo apunta a que o se detiene y se remonta, o se transita hacia el colapso de la civilización industrial. Aquí sostengo que hoy existe suficiente evidencia científica, la mayor parte producida en la reciente década, que permite reconocer las causas profundas de esta crisis y que, en consecuencia, se pueden y deben desarrollar procesos políticos de emancipación o liberación dirigidos a anularlas. La causa de esta crisis global, que aparece como una crisis doble (social y ecológica) es, por supuesto, el capitalismo en su fase corporativa, es decir la élite formada por uno por ciento de la hu¬manidad, que hoy opera como una "clase dominante trasnacional" cuyo poder se encuentra protegido por un formidable complejo industrial, militar y de medios. Este uno por ciento actúa como sector depredador (de la naturaleza) y parasitario (de los otros seres humanos). El gran reto es encontrar los mecanismos para acabar con ese poderío descomunal, cuya célula o aparato identificable es la corporación ( El capitalismo caníbal, Joel Bakan, 2009), donde nuestra mayor fortaleza, casi la única, se encuentra en que somos 99 por ciento de la especie. Toda la gama de conflictos que aparecen en escalas menores, conflictividades secundarias, terciarias, etcétera son, para mi gusto, choques que distraen y terminan por ocultar la "batalla central", que es evitar o desarticular ese enorme poderío concentrado en una minoría de minorías rapaz. Los conflictos generados en el mundo a raíz de los "ismos", sean ideológicos, religiosos, nacionales, etcétera, pierden sentido si no se encuadran en el gran objetivo de terminar con esas gigantescas maquinarias de extracción de riqueza, la cual obtienen de una doble explotación: del trabajo de los hombres y del trabajo de la naturaleza.

Estas máquinas de explotación y muerte, recuerdan de inmediato el caso de los hoyos negros encontrados por los astrofísicos en el universo: sistemas que todo lo atraen, succionan y desaparecen. Hoy son las corporaciones como sistemas globales de dominación, los hoyos negros de la modernidad. Sólo un ejemplo, aterrador: las corporaciones biotecnológicas encabezadas por Monsanto se han devorado toda la biodiversidad de 54 millones de hectáreas (selvas, bosques, matorrales, etcétera) para sembrar extensos monocultivos de soya transgénica en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Esa superficie equivale casi a la de Francia o cinco veces el tamaño de Guatemala (https://bit.ly/2NWJwWo). ¿Dónde están los ambientalistas del mundo denunciando este atentado?

Comencemos por mostrar, con datos duros derivados de investigaciones recientes, algo que muy pocos saben: que estamos viviendo ¡el periodo con la mayor concentración de riqueza de toda la historia humana! Unas cuantas decenas de corporaciones, y cada vez menos conforme avanza la megamonopolización, controlan y dominan el mundo, la mitad de las cuales proceden de Francia, Alemania, Holanda, Japón y Estados Unidos. Estas corporaciones poseen 90 por ciento de las tecnologías y patentes del mundo, controlan 70 por ciento del comercio mundial, y emplean a decenas de miles de científicos e ingenieros. Su mayor poder radica en la extracción de minerales, petróleo, gas, diésel y turbosina. Pero también poseen la mayoría de productoras de energía hidroeléctrica, nuclear, carbonífera y de papel, así como en la producción, procesamiento y distribución de alimentos. Igualmente manufacturan y venden la mayoría de los autos, aviones, satélites, computadoras, químicos, medicamentos y productos biotecnológicos que se consumen en el mundo. El planeta, corporativizado.

Estudios científicos y análisis estadísticos han mostrado procesos históricos de máxima concentración de capital y las mayores tasas de ganancia registradas. Por ejemplo, los máximos históricos del índice Dow Jones, o las ganancias récord de los hombres de negocios más ricos, las que aumentaron en 2017 en 20 por ciento hasta alcanzar 8.9 billones de dólares (UBS Billonaires 2018). Los 62 seres más ricos del mundo (sólo nueve mujeres entre ellos) poseen una riqueza igual a la de 3 mil 600 millones. Destaca el estudio de tres investigadores suizos. Tras el análisis de la base de datos Orbis 2007, donde figuran 37 millones de empresas, encontraron que un grupo de solamente mil 318 corporativos y bancos domina la mayor parte de la economía mundial (New Scientist, 19/11/11). Complementando lo anterior P. Phillips y K. Soeiro describieron la "punta de la pirámide": 25 corporaciones encabezadas por la minera Freeport-McMoRan y el banco Black Rock Inc. (https://bit.ly/2SpFYmP).

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Más de 100 grupos neoliberales defienden los intereses de la industria del tabaco contra la regulación pública

TheGuardian ha investigado la relación entre las principales multinacionales del tabaco y los grupos de prensamiento, lobby e investigación académica

Más de 100 organizaciones neoliberales de todo el mundo han adoptado posturas favorables a la industria del tabaco o han recibido donaciones de las tabacaleras

Malboro niega que sus donaciones a think tanks tenga ninguna relación con su lobby a favor de eliminar regulaciones para los productos del tabaco: "Es una insinuación ridícula"

Think tanks neoliberales de todo el mundo conforman una poderosa voz de apoyo a los fabricantes de tabaco en su batalla contra una regulación más dura, según muestra una investigación de The Guardian. La industria del tabaco ha sido tratada con distancia durante mucho tiempo y por muchos gobiernos porque los datos son evidentes: sus productos matan a más de 7 millones de personas al año. Sin embargo, la industria ha encontrado apoyo en think tanks neoliberales, incluidos algunos de los más prestigiosos.


Al menos 106 think tanks en una veintena de países han aceptado donaciones de las tabacaleras o han criticado las políticas de control del tabaco solicitadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un detallado análisis elaborado por The Guardian. Los expertos en salud pública afirman que un control público fuerte salva vidas.


Los grupos examinados por The Guardian se han opuesto de diversas maneras a las cajas de cigarrillos sin promociones, han escrito a los legisladores en apoyo a nuevos productos tabacaleros o han difundido las investigaciones financiadas por esta industria. En un caso extremo, un think tank radicado en el continente africano cuestionó el vínculo entre el cáncer y el tabaco, señalando que "todavía tiene que quedar científicamente demostrado". Posteriormente retiró tal afirmación.


Patricio Márquez, experto en prácticas globales de salud en el Banco Mundial, señala que esta actividad puede afectar a los esfuerzos de salud pública. "Los think tanks han creado un arsenal de pruebas con el objetivo de influir en la toma de decisiones políticas", señala.


The Guardian ha examinado una de las mayores redes de think tanks neoliberales independientes del mundo, organizada por Atlas Network, una organización sin ánimo de lucro radicada en Arlington, Virginia, cerca de Washington DC. Atlas Network dice conectar "una red global de más de 475 organizaciones independientes de la sociedad civil en unos 90 países con las ideas necesarias para progresar en libertad".


Donaciones de la industria tabacalera


Al menos 53 think tanks neoliberales han aceptado donaciones de grandes empresas tabacaleras, según documentos de estas empresas y revelaciones a las que ha tenido acceso The Guardian. La mayoría de los think tanks se ha negado o no ha respondido a las peticiones para revelar sus donantes.


Oposición a los impuestos al tabaco


Al menos 25 think tanks neoconservadores se han opuesto a los impuestos al tabaco argumentando que no son efectivos, que son regresivos o que aumentan el tráfico ilegal. En algunos casos, las campañas contra los impuestos son muy amplias, aunque los expertos señalan que los impuestos “están generalmente reconocidos como la forma más eficaz” de reducir el consumo


Oposición a los paquetes lisos


Al menos 30 think tanks neoliberales estaban entre los 47 firmantes de una carta de think tanks a la Organización Mundial de la Salud en la que mostraban su oposición al empaquetado liso en el año 2016. Y al menos 14 think tanks neoliberales escribieron a la FDA en apoyo a la solicitud de Philip Morris International para vender nuevos productos en EEUU.
Philip Morris International, British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco, Altria y Reynolds American han donado a think tanks neoliberales analizados por The Guardian. Los productores niegan cualquier posibilidad de que las donaciones puedan influir en la actividad de los think tanks.


Algunos del los think tanks son muy influyentes en sus países, tienen buenos contactos y algunos han recibido financiación de puestos diplomáticos. En Estados Unidos, the Heritage Foundation, Cato Institute y Americans for Tax Reform han aceptado donaciones de la industria tabacalera y han opinado sobre la política del tabaco. En Reino Unido, el Adam Smith Institute y el Institute of Economic Affairs han hecho lo mismo.


Por ejemplo the Heritage Foundation aceptó donaciones del fabricante de Marlboro en EEUU, Altria, en 2012, 2013, 2014 y 2016. En 2018, un académico de la institución declaró ante la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU (FDA) a favor de IQOS, el nuevo producto internacional de Philip Morris, que calienta, pero no quema el tabaco, argumentando que tenía una "trayectoria impresionante".


En respuesta a las preguntas de The Guardian, los think tanks afirman que son totalmente independientes, que no están influidos por ninguna donación y que abogan por posiciones a favor de las empresas, así como por la baja regulación e impuestos reducidos como parte de una filosofía más amplia de libre mercado. Algunos dicen que no están en contra de todos los controles al tabaco, que celebran el auge de los cigarrillos electrónicos en mercados más ricos y que están en contra de los "impuestos regresivos" sobre los cigarros que, afirman, afecta a las rentas bajas.


"Además de la publicidad, tienen a los think tanks"


Los think tanks existen para influir en las políticas, a menudo a través de asesoramiento percibido como independiente y ajeno a los intereses de empresarios y políticos. A diferencia de los lobbys, los think tanks no están obligados a revelar su financiación. Sin embargo, el mundo del think tank ha sido cada vez más controlado en los últimos años tras salir a la luz donaciones de gobiernos extranjeros y corporaciones.


En algunos casos, los think tanks parecen operar como una cámara de resonancia en la que organizaciones dentro de la red se apoyan en las investigaciones de otros para llegar a conclusiones similares.


"Además de la comercialización y publicidad [del tabaco], que está orientada a generar consumo, tienen este mecanismo adicional [los think tanks] para influir en la toma de decisiones políticas de una forma que proteja los intereses de la industria", afirma Patricio Márquez, del Banco Mundial.


"Se tiene que respetar la libertad de expresión siempre y cuando todo sea transparente", señala Márquez. "De esa forma, todo el mundo es consciente de a quién representas. De la misma forma que hacemos cuando recibimos subvenciones", añade.


Think tanks neoliberales se han posicionado a favor de las empresas tabacaleras en varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, España, Canadá, República Checa, Croacia, Francia, Alemania, Georgia, Irlanda, Serbia, Argentina, Chile, Perú, Honduras, Venezuela, India, Nepal, Pakistán, Ghana, Sudáfrica, Japón, Australia y Nueva Zelanda.
No todas las organizaciones de la red analizadas por The Guardian están activas en la política del tabaco y algunas lo han hecho únicamente en situaciones aisladas. Algunos think tanks publican documentos de política en torno al escepticismo con el cambio climático, la educación privada, las protecciones de las patentes farmacéuticas, la desregulación energética y otras causas conservadoras. En India, The Guaridan ha encontrado un think tank que ha realizado declaraciones alineadas con las propuestas de los expertos en sanidad pública sobre el control al tabaco.


"Estas empresas tabacaleras y otras grandes compañías no son filántropos", recuerda Stan Glantz, director de la biblioteca de documentos sobre tabaco de la Universidad de California en San Francisco. Glantz argumenta que su objetivo es influir en el debate político y señala que lo han intentado a través de varios grupos, pero han sido más exitosos con aquellos que apoyan el libre mercado y los valores neoliberales.


La respuesta de la industria


Los productores de tabaco niegan que haya nada problemático en que los think tanks defiendan posiciones favorables a la industria. Altria, Philip Morris International, British American Tobacco (BAT), RJ Reynolds y Japan Tobacco International han donado dinero a think tanks neoliberales en la última década.


Philip Morris afirma a The Guardian que "las ideas no están en venta", un sentimiento reflejado también por otra empresas tabacaleras. "Hemos trabajado y continuaremos haciéndolo con organizaciones cuidadosamente seleccionadas de todo el mundo que comparten nuestro deseo de promover políticas que producen mejoras significativas en la salud pública", señala PMI, el productor de los cigarrillos Marlboro. "Es ridículo insinuar que apoyar una organización puede hacer que esta tome determinadas acciones que de otra forma no tomaría", añade.


"Las afirmaciones que sostienen que nuestras contribuciones a organizaciones comprometidas con un cambio positivo en la sanidad pública crean un conflicto de interés no se sostienen, son irracionales y equivocadas", aseguran desde PMI.


Por su parte, Japan Tobacco Internacional explica: "Varios grupos por todo el mundo comparten nuestra visión de que cualquier regulación, relacionada o no con el tabaco, si no se comprueba y demuestra, puede tener graves efectos secundarios. Todo el mundo tiene claro que fumar tiene riesgos para la salud, somos totalmente transparentes en este asunto. Y, por eso, es importante que los productos del tabaco estén regulados".


"Como muchas otras empresas, apoyamos organizaciones que piensan como nosotros en temas que son importantes para nuestros negocios y nuestros consumidores", señala BAT.
Altria, el productor estadounidense de los cigarrillos Marlboro y donante a decenas de think tanks norteamericanos afirma: "Como la mayoría de las grandes corporaciones, Altria y sus empresas apoyan y son miembros de organizaciones de políticas centradas en asuntos que afectan a nuestros intereses".

 

Por Jessica Glenza - Nueva York
02/02/2019 - 20:10h
Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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Los pañales desechables, nido de sustancias tóxicas

Hoy es 28, pero no de diciembre, cuando se divulgan divertidas y extrañas noticias para celebrar a los santos inocentes. La siguiente es cierta y una prueba más de cuánta razón tienen quienes luchan contra los plaguicidas y defienden la salud de las personas y la naturaleza.


La agencia responsable de la seguridad sanitaria en Francia afirma que algunas sustancias que contienen los pañales desechables son un riesgo para los bebés. Gracias a un estudio realizado en 2017, la dependencia identificó en ellos la presencia de varios hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas: son cancerígenos.


En los pañales había 60 sustancias tóxicas como el glifosato, herbicida cancerígeno al que tantas veces he criticado aquí. Lo elaboraba la estadunidense Monsanto, hoy propiedad de Bayer. También varios plaguicidas prohibidos desde hace años en decenas de países, como el lindano, el quintozeno o el hexaclorobenceno. A ellos se suman dioxinas, el alcohol bencílico o el butilfenil y los policlorobifenilos (PCB). Las autoridades galas descubrieron hasta hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) que podemos encontrar en el humo de cigarrillos y en las emisiones de los automóviles.


Tras una reunión convocada por la ministra de salud, Agnès Buzyn, y en la que también estuvieron Bruno Le Maire, titular de Economía y el de Transición Ecológica, François de Rugy, la ministra declaró que existe un riesgo potencial a largo plazo de causar diversas enfermedades, máxime que algunos de los compuestos identificados superan los límites sanitarios aceptables. Por eso el gobierno francés exigió a los fabricantes de dichos pañales eliminar, en un plazo máximo de seis meses, las sustancias tóxicas encontradas en ellos.


Para no alarmar a la población, la ministra dijo que no existe prueba concluyente de que sean peligrosos los pañales utilizados por 95 por ciento de los bebés franceses. Y que obviamente debemos seguir poniendo pañales a nuestros bebés, llevamos al menos 50 años utilizándolos. Mas advirtió que no se tolerará un retraso en las medidas correctivas. Los tres ministros exigieron que, en un plazo de dos semanas, los fabricantes y distribuidores de esos pañales presenten un plan de acción para conocer el proceso de la eliminación de las sustancias potencialmente tóxicas.


Por su parte, Gérard Lasfargues, director de la agencia de seguridad sanitaria francesa, reveló que, en sus primeros tres años de vida, un bebé llega a usar 4 mil pañales y que algunos de los componentes pueden migrar a través de la orina del bebé hasta ser absorbidos por la piel, lo que ocasionaría desde alergias cutáneas por sustancias perfumantes hasta quizás riesgos cancerígenos por los PCB o las dioxinas.


Nuestros pañales son seguros y siempre lo fueron, aclaró la empresa Pampers, perteneciente a la poderosa trasnacional estadunidense Procter and Gamble, y asegura haber puesto en práctica las recomendaciones del estudio. ¿En tan pocos días? ¡Qué sorprendente logro tecnológico!


De la lista de sustancias peligrosas encontradas en los pañales, destaco el glifosato, que tanto daño ha ocasionado a la población y al medio ambiente al aplicarse en plantaciones de soya de Argentina y Brasil, y utilizarlo como defoliante en la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia. En México se utiliza con toda impunidad.


En cuanto a los pañales desechables, afectan muy negativamente al medio ambiente. Tardan varios siglos en degradarse. Alrededor de 15 por ciento de los residuos sólidos que se generan en los hogares mexicanos son pañales. Cada año billones de ellos se tiran a la basura. Pese al grave daño que ocasionan, no se apoyan de manera suficiente los proyectos para elaborarlos de tela o biodegradables, mucho menos dañinos para la salud de los bebés y el ambiente.


Es necesario y urgente que los titulares de las secretarías de Salud, Medio Ambiente y Comercio de México informen si los millones de pañales desechables que se venden aquí son tan potencialmente dañinos para la salud de los bebés, como acaba de revelar el gobierno francés sobre los que se utilizan en dicho país.

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