De qué va el tratado de la ONU sobre empresas y derechos humanos

En Ginebra, países y organizaciones civiles están trabajando para acordar un tratado vinculante para que las empresas paguen por las violaciones a los derechos humanos de sus empresas filiales

 “Un tratado internacional para las grandes corporaciones en materia de derechos humanos no es necesario y genera inseguridad jurídica”. “Generar nuevas obligaciones para las empresas transnacionales socava la soberanía de los Estados”. “Con un acuerdo vinculante como el que se plantea, la inversión extranjera puede reducirse”. Intervenciones como estas se están volviendo a escuchar esta semana en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, donde se celebra la cuarta reunión del grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos por todo el mundo. Y al igual que en anteriores reuniones, la Unión Europea (UE) y países como Rusia, Brasil, Perú, Chile o México insisten en rechazar la creación de nuevas normas para controlar a las grandes corporaciones. 

Por su parte, “las personas afectadas por las operaciones de las transnacionales han intentado durante décadas acceder a la justicia. Pero el sistema actual no nos lo permite y la impunidad persiste”. Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Chevron-Texaco (UDAPT), ha recalcado así la necesidad de un tratado que sirva para enfrentar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las multinacionales. Lo ha hecho junto a otras activistas sociales y también europarlamentarias, ante la sede de la ONU, en una rueda de prensa de la campaña global que aglutina a organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, de pueblos indígenas y de defensa de los derechos humanos que han llegado a Ginebra para reiterar la impunidad con que operan las empresas transnacionales.


Durante toda la semana, se están escenificando una vez más las relaciones de poder para tratar de impedir que un organismo internacional como Naciones Unidas pueda limitar el poder de las grandes corporaciones. Para eso, vuelven a ponerse sobre la mesa los mecanismos habituales para desactivar la presión de las organizaciones sociales: eternizar los procesos, incrementar la burocracia, fomentar la ambigüedad de los textos, centrar el debate en las cuestiones procedimentales.


Este año, la novedad es que ya hay un primer borrador del texto del tratado. Por eso, más allá de la necesidad de que el gobierno español y la UE —como así lo mandatan las resoluciones aprobadas en sus respectivos parlamentos— se comprometan a participar en el proceso de negociación del tratado vinculante, vale la pena centrarse en el análisis de sus contenidos. Veamos los que, a nuestro entender, son los seis elementos fundamentales.


1. NO ES ESPECÍFICO PARA LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES


Como dice el texto al principio, el objeto del instrumento internacional es el cumplimiento de los derechos humanos por parte de todas las personas físicas y jurídicas con actividades de carácter transnacional. Y eso desdibuja todo el tratado, porque este proceso nació justamente con el propósito de elaborar una herramienta que de manera específica enfrentara la impunidad de las multinacionales y de toda su cadena de valor. Hay que recordar que, a día de hoy, no existe ningún mecanismo eficaz a nivel global para controlar a unas corporaciones que pueden eludir con facilidad las legislaciones estatales a través de complejos entramados societarios.


“La mayoría de los Estados y partes interesadas tienen problemas con la nota a pie de página [en la resolución 26/9] que restringe el alcance a las empresas transnacionales”. En cada reunión, la UE y los lobbies empresariales han insistido en la “discriminación” que eso significa, defendiendo la necesidad de ampliar el alcance a todas las empresas con el fin de debilitar las medidas dirigidas a las multinacionales. Y parece que sus exigencias han acabado por tener eco en el borrador del tratado, pues se elimina uno de los elementos estratégicos que dotaban de identidad a este proceso: la búsqueda de una fiscalización jurídica efectiva de las grandes corporaciones, para cuyo control el derecho de los Estados no resulta suficiente. Es una de las principales renuncias del texto.


2. SITÚA EN EL CENTRO LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS

El texto del tratado se ha construido en base al desarrollo de normas estatales. Así, solo establece obligaciones para los Estados, ignorando que tanto los de origen como los que son destino de las inversiones no son neutrales: forman parte de los ejes que favorecen la arquitectura de la impunidad de las empresas transnacionales.


Los acuerdos y tratados de comercio e inversión que firman los Estados, los contratos que estos establecen con las compañías multinacionales y todas aquellas políticas que inciden en la desregulación de los derechos sociales —mientras regulan con fuerza los “derechos” de las grandes corporaciones— son las piezas fundamentales de la armadura jurídica que blinda los intereses de las empresas transnacionales. Dejar en manos de los Estados-nación la posibilidad de controlar a estas empresas significa básicamente continuar como hasta ahora; significa que no hay ningún avance en la creación de contrapesos suficientes para hacer responsables a las grandes corporaciones de la violación de derechos humanos.


3. NO INCORPORA MECANISMOS DE RESPONSABILIDAD LEGAL


Dado que las empresas transnacionales operan en un contexto global, parece necesario incorporar en el tratado tanto sus obligaciones directas como también las de sus directivos, independientemente de las normas reconocidas por los Estados donde localicen sus actividades. Se evitaría así que la responsabilidad de las grandes compañías se diluyera con la desregulación de las normas sobre derechos humanos, y se pondría freno a la deslocalización de las empresas hacia aquellos países con legislaciones más débiles en materia social, ambiental, fiscal o laboral.


“No queda claro que las violaciones solo corresponden a los Estados y puede parecer que hay obligaciones directas sobre las empresas”, declara sin embargo el representante de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para rechazar cualquier atisbo de normas internacionales que pueda afectar a sus intereses de negocio. Pero, efectivamente, no se incorporan mecanismos de responsabilidad legal ni del cumplimiento de leyes. En su lugar el borrador plantea la “diligencia debida”, un mecanismo unilateral de las empresas para que ellas mismas vigilen sus actividades. Que, dicho sea de paso, también es rechazado por la OIE.


4. No clarifica la responsabilidad en la cadena de valor


En el borrador del tratado no se recoge con claridad otra cuestión central: la responsabilidad solidaria de las empresas transnacionales en las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus filiales, subcontratistas y proveedoras. Las grandes corporaciones, aún con una enorme complejidad societaria, tienen un centro donde se establece el modelo de negocio y se toman las decisiones fundamentales. La vaguedad del texto para señalar este aspecto y obligar a clarificarlo favorece que las casas matrices se desliguen de la responsabilidad que tienen en relación a las actividades de todo su perímetro empresarial.


Un elemento que podría corregir este punto débil son las obligaciones extraterritoriales de los Estados. A través de ellas, por poner un ejemplo, los pueblos indígenas de México afectados por Iberdrola, Naturgy y Acciona podrían demandar a estas empresas ante tribunales españoles, ya que han incumplido el derecho internacional a una consulta previa, libre e informada sobre el uso de sus territorios. Esta cuestión de la extraterritorialidad sí está recogida en el borrador, aunque de una forma muy poco precisa. Se echa en falta el trabajo avanzado desde 2011 en los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales, un punto de referencia importante para avanzar en la responsabilidad del Estado en relación con las personas que viven en otros países.


5. NO SE SUBORDINA EL COMERCIO A LOS DERECHOS HUMANOS


El tratado no menciona la jerarquía normativa por la que los acuerdos y tratados de comercio e inversión tienen que estar subordinados al cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, el texto no incluye obligaciones que garanticen esta prioridad y le den plena exigibilidad y justiciabilidad. Para eso bastaría con invocar la prioridad de una norma jerárquicamente superior a través del artículo 53 de la Convención de Viena, que establece la nulidad de todo aquel tratado que contravenga cualquier norma imperativa del Derecho Internacional —como las de derechos humanos, sin ir más lejos—.


Tampoco aparecen por ningún lado disposiciones en relación a las instituciones económico-financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cómplices y colaboradoras en numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales. Ambas cuestiones se podrían incorporar sin mayor problema, como señala la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo. En su contribución escrita dirigida a la ONU, esta campaña propone partir del hecho de que “los Estados parte reconocen la supremacía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre todo otro instrumento jurídico, en particular los concernientes a comercio e inversión”. Tampoco parece nada demasiado revolucionario; de hecho, en el documento oficial previo al borrador se incluía.


6. FALTAN ÓRGANOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


En el borrador del tratado destaca la ausencia de las instancias necesarias para realizar un control jurídicamente vinculante. Como diría el jurista Alfred de Zayas, se trata de un instrumento “sin dientes”; por tanto, poco o nada efectivo. No se menciona la creación de un centro internacional para el seguimiento de la actividad empresarial y la recepción de las denuncias por parte de las comunidades afectadas. Ni tampoco la posibilidad de poner en marcha un tribunal internacional para juzgar a las compañías y sus directivos.


Según el texto, se crea un comité… que no tiene la capacidad de investigación ni la posibilidad de recibir denuncias. De forma que el acceso a la justicia de las comunidades afectadas queda únicamente en manos de los Estados, o sea como está actualmente. Es verdad que se propone la cooperación judicial entre Estados, pero hay una excesiva fe en su buena voluntad para perseguir la violación de los derechos humanos por parte de las multinacionales. Esta ausencia en parte podría haberse enmendado si en el protocolo de aplicación del tratado se hubiesen recogido estas instancias, en vez de establecer un mecanismo nacional que únicamente puede realizar recomendaciones y acompañar en la realización de acuerdos entre las partes —pero deja de actuar si las partes recurren a sistemas judiciales—.

OMAL
@OMAL_info

publicado
2018-10-19 05:01:00


*El artículo lo han escrito Erika González, Juan Hernández Zubizarreta, Gorka Martija y Pedro Ramiro, del Oservatorio de munti9nacionales en América Latina (OMAL) - Paz con dignidad

Publicado enInternacional
Tratados comerciales, jaque mate a la democracia

La democracia es, sin duda, una de las principales víctimas de la profunda crisis actual. Asistimos al desmantelamiento progresivo de principios políticos que no hace mucho tiempo parecían hegemónicos: soberanía popular, derechos humanos, ciudadanía, representatividad, separación de poderes, primacía de lo político sobre lo económico… que se convierten ahora en papel mojado. 

No nos engañemos, estos principios siempre fueron más un relato que una realidad, ocultando en sus prácticas una matriz colonial, patriarcal y clasista, sostenida sobre notables desigualdades y desde el uso de una violencia estructural. Pese a ello, conformaban un modelo de democracia de baja intensidad que permitía, fundamentalmente en el Norte global, ciertos espacios de decisión popular. Precisamente hoy no solo estos, sino incluso el mismo relato del Estado de derecho y de la arquitectura multilateral de defensa de los derechos humanos están en el punto de mira del sistema.


Ya no le son funcionales: el capitalismo es incompatible con la democracia y, para que pueda sobrevivir en un momento especialmente crítico, lanza un jaque mate al imaginario y al modelo vigente desde mediados del siglo pasado. En este sentido, el triángulo conformado por el enorme excedente económico generado por la financiarización de la economía global –que necesita febrilmente encontrar espacios de reproducción–, las escasas expectativas de crecimiento y acumulación para las próximas décadas, así como el colapso ecológico en ciernes fruto del cambio climático y del agotamiento de las fuentes de energía fósil, provoca una tormenta perfecta en la que el poder corporativo –comandado por las empresas transnacionales– impulsa una ofensiva salvaje.


Se pretende así redefinir el proyecto político-cultural del capitalismo para las próximas décadas, en función de un principio básico: para superar este momento crítico, ya nada puede quedar fuera de la órbita capitalista, todo debe convertirse en un espacio de acumulación, sin traba alguna. Toda barrera a los mercados globales y a los negocios internacionales debe ser derribada: barreras geográficas, que impidan avanzar en el viejo sueño húmedo de un único mercado mundial auto-ultrarregulado; barreras sectoriales, que permitan arrasar con todo ámbito público y/o común en favor de lo privado y corporativo; y, por supuesto, barreras políticas, que pongan coto a la soberanía popular frente a la primacía del capital.


En esta lógica se inscribe el creciente autoritarismo, así como el ascenso del fascismo social y político. Por poner algunos ejemplos, hemos visto una Troika capaz de imponer una deuda ilegal e ilegítima al pueblo griego, a pesar del masivo rechazo en referéndum; una policía que reprime con saña en Cataluña frente a una ciudadanía decidida a votar, sin ningún tipo de consecuencia política; una Unión Europea que practica sistemáticamente la necropolítica, y que se pasa por el arco del triunfo el marco internacional de los derechos humanos; un sistema judicial convertido en sujeto político, que permite a los poderes fácticos avanzar allí donde estos no alcanzan, como se ha constatado en Brasil, Ecuador y el Estado español; un sector financiero que impone su poder sobre los pueblos, haciendo que estos acudan al rescate de sus desmanes; unos crecientes espacios de no-derecho, como Guantánamo, que normalizamos; y una extrema derecha que amplía sus espacios –incluso gubernamentales– fomentando la guerra entre pobres y las lógicas excluyentes.


Pero la puntilla a este proceso de desmantelamiento de los mínimos democráticos a escala global tiene nombre propio: los tratados comerciales. Asistimos a una nueva oleada de acuerdos de este tipo (CETA, JEFTA, USMCA, TISA, TTIP, etc.), que pretende completar el proyecto de la globalización neoliberal imponiendo una constitución económica de carácter poliédrico. Hablamos de constitución precisamente porque aspira situarse en la cúspide de la pirámide político-jurídica delimitando, como suelen hacer las constituciones, el marco de lo posible: qué se prioriza y qué no, a qué se le concede valor y a qué no. Hablamos de constitución económica a escala global porque lo que trata de imponer precisamente es la hegemonía indiscutible de la lex mercatoria , la primacía y blindaje de los negocios de las empresas transnacionales a escala internacional. Y hablamos de constitución de carácter poliédrico porque sus contenidos no se plasman en un único documento con su articulado específico, sino que este se vierte en múltiples y muy diversos tratados que, dentro de una estrategia dinámica, flexible y progresiva, incorporan parámetros similares.


Los parámetros compartidos por esta poliédrica constitución económica global se podrían resumir en cuatro apuestas complementarias.


En primer lugar, todos los nuevos tratados sin excepción incorporan una definición ampliada de comercio internacional, que ahora también incluye inversión, servicios, finanzas, bienes naturales, compra pública, comercio digital, innovación, competitividad, etc. Todos estos ámbitos, por tanto, entran indefectiblemente en el marco de los negocios de las grandes empresas, arrebatándolos así del debate político y de la órbita de la soberanía popular.


Además, los acuerdos comerciales posicionan, cual tabla de mandamientos corporativos, una serie de valores de gran exigibilidad, justiciabilidad y capacidad de coerción a escala global, delimitando el nuevo marco de lo posible: el acceso al mercado sin trabas para las grandes empresas se convierte en máxima; la primacía de la seguridad de la inversiones y de los beneficios empresariales se impone al mandato democrático y popular; la armonización normativa a la baja en derechos colectivos se asume como ofrenda en el altar de la competitividad, creando toda una estructura multilateral en su defensa; y se fomenta la mercantilización de todo sector público y/o comunitario, impidiendo en sentido contrario todo proceso de nacionalización, republificación o de propiedad y gestión colectiva sin ánimo de lucro, una vez firmados los acuerdos.


En tercer lugar, los tratados añaden nuevas estructuras regionales y multilaterales favorables al proyecto del poder corporativo, en este caso con la tarea específica de incidir en pos de la convergencia reguladora, esto es, de la desregulación de normativas ambientales, económicas, sociales y laborales. Si los organismos económicos multilaterales y los espacios regionales como la Unión Europea ya incidían en este sentido, ahora contarán con el apoyo incuestionable de estos espacios, con capacidad política de imponer y/o presionar en favor de un comercio y una inversión internacional sin trabas.


En cuarto y último término, la nueva oleada de acuerdos expande el radio de acción de una justicia privatizada en defensa de la inversión extranjera y bajo la égida de los mandamientos corporativos. Se impone de esta manera a escala mundial el modelo de los tribunales de arbitraje, guardianes de los mandamientos corporativos y ajenos a todo principio de igualdad jurídica, en los que una serie de árbitros privados tienen la capacidad de imponer sus laudos a los Estados. Estos pueden ser denunciados por las grandes empresas si vieran sus beneficios pasados, presentes e incluso futuros alterados, mientras que los Estados no cuentan con la capacidad de denunciar a las empresas, inclinando definitivamente la balanza político-jurídica en favor de lo privado frente a lo público.


El círculo se cierra: la nueva oleada de tratados comerciales amputa definitivamente el poder de lo público, de las instituciones. Sus capacidades legislativas, ejecutivas y judiciales están ahora mediatizadas por los mandamientos corporativos convertidos en constitución, subordinadas a todo un entramado multilateral y regional en favor del poder corporativo, y bajo una justicia ad hoc que amedrenta y penaliza a quienes osen salirse del marco de lo posible. Se limita entonces el papel de los Estados a la seguridad y a la desregulación de derechos, mientras que las empresas multinacionales emergen como verdadero gobierno de facto. La democracia, esto es, el poder del pueblo, se relega a la formalidad de gestionar las migajas desechables para el mercado. Una democracia de intensidad mínima, que ahora sí ya empezaría donde terminan los negocios.


Este proyecto sigue vivo, pese al fracaso temporal del TTIP y a la guerra comercial, ya que con matices e intensidades diferentes sigue siendo defendido por las élites globales. Por eso sigue siendo necesario hacerlo descabalgar, impedir su aprobación e implementación. Igual que lo es luchar contra el sistema que lo impulsa, ampliando en sentido contrario la democracia que nos quieren arrebatar: revirtiendo la escala local-global, redefiniendo las soberanías desde miradas inclusivas, implementando procesos de democracia a todos los niveles. Si democracia y capitalismo son incompatibles, sabemos de qué lado estamos.

Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate*
OMAL / La Marea
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es autor del libro ‘ Mercado o democracia. Los tratados comerciales en el capitalismo del siglo XXI’ (Icaria, 2018).

Publicado enEconomía
Caos climático, capitalismo y geoingeniería

Se acaba de hacer público un nuevo informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, referencia científica de Naciones Unidas en el tema) que alerta sobre la necesidad urgente de cambios y reducciones drásticas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para detener el calentamiento global y que no sobrepase 1.5º C respecto de niveles preindustriales. El informe es una advertencia importante e insoslayable en cuanto a la gravedad del cambio climático y las reducciones que son necesarias. Ya con el aumento de 1º C sufrimos extremos climáticos devastadores en muchas regiones del mundo. Cada décima de grado implica nuevos riesgos, amenazando de extinción ecosistemas enteros.

El IPCC señala claramente las causas del cambio climático a escala global: la emisión de GEI debido principalmente a que energía, industria y agricultura industrial se basan en combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón.

Sin embargo, el informe falla en las propuestas sobre los caminos a tomar, ya que no cuestiona el statu quo económico ni la inequidad global sobre quienes han provocado y deben hacer inmediatamente una fuerte reducción de emisiones. Por evitar cuestionar los temas de fondo, incluye en sus propuestas tecnologías de alto riesgo, como las de geoingeniería, que no son ninguna solución e incluso podrían empeorar el desequilibrio climático.

Se evidencia así la relación entre la geoingeniería y la preservación del capitalismo: para poder seguir con el modelo de desarrollo y producción industrial que ha provocado el desastre climático, se plantea usar tecnologías de alto riesgo para que algunos puedan sobrevivir conservando sus privilegios, aunque implique toda una serie de nuevas amenazas ambientales y sociales para millones de otras personas.

Por ello y coincidiendo con el informe del IPCC, 110 organizaciones internacionales y nacionales y seis premios nobel alternativos publicaron un Manifiesto contra la geoingeniería, en el que grandes redes, como Amigos de la Tierra Internacional, Vía Campesina, Red Indígena Ambiental, Alianza de Justicia Climática y Marcha Mundial de Mujeres, exigen un alto a la geoingeniería y a los experimentos propuestos, varios de ellos sobre territorios indígenas, tanto por los impactos en la biodiversidad, las comunidades y pueblos, como por la desviación que significa de la atención hacia soluciones verdaderas. (https://tinyurl.com/yakb6ghb)

Pese a que hay tecnologías de geoingeniería contempladas en tres de los cuatro escenarios planteados por el IPCC, el panel también reconoce en su primer escenario que es posible limitar la temperatura sin usar esas tecnologías, que existen otras vías, como proteger y restaurar ecosistemas naturales y realizar cambios en la agricultura y otros sectores, que evitan emisiones y pueden absorber y retener los gases de efecto invernadero. En ese escenario ¬¬–el único justo– el IPCC plantea la necesidad de reducir las emisiones de Co2 en 45 por ciento hasta 2030.

Esta cifra parece alta, pero hay que recordar que solamente 10 países, con Estados Unidos a la cabeza, son los responsables históricos de dos tercios de los gases emitidos y que actualmente 10 naciones son responsables de más de 70 por ciento de las emisiones, entre las cuales se mantienen Estados Unidos y las que integran la Unión Europea. Esos 10 países emiten dos veces más GEI que la totalidad de los otros 175.

Es una imagen clara de injusticia climática global, pero es preciso agregar también la inequidad dentro de los países. Según Kevin Anderson, experto en cambio climático de la Universidad de Manchester, 50 por ciento de las emisiones de carbono provienen de las actividades del 10 por ciento más rico de la población mundial, y si consideramos el 70 por ciento de las emisiones son provocadas por solamente 20 por ciento de la población. Anderson explica que si se estableciera un límite a la "huella de carbono" (consumo y producción) de 10 por ciento de los individuos que son los mayores emisores, para que ésta sea equivalente a la huella de carbono de un ciudadano europeo medio (considerablemente alta para la gran mayoría de países), las emisiones globales de carbono se reducirían en un tercio en uno o dos años. (https://tinyurl.com/yalat5wg)

En lugar de analizar ese tipo de propuestas, el IPCC plantea el concepto falto de lógica de "emisiones negativas". Significa que se pueden seguir emitiendo gases si se contrarrestan con tecnologías de geoingeniería, entre las que incluye bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, captura directa de aire, cambio de la química de los oceános y otras, aunque reconoce que no está probada su viabilidad económica, técnica ni ecológica y que tendrían fuertes impactos negativos sobre la biodiversidad y seguridad alimentaria, entre otros.

Varios factores, como el hecho de que el IPCC tiene representantes de empresas petroleras entre los autores del informe, explican esta enorme contradicción entre alertar sobre la realidad climática e incluir propuestas que la empeorarán.

Las organizaciones que firman el Manifiesto contra la geoingeniería seguirán en el camino de la resistencia y las alternativas reales.

Por 

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

 

Publicado enMedio Ambiente
El futuro del planeta, en manos de unos ricos que no pagan su deuda

Mientras el informe del IPCC deja claro que los esfuerzos para contener el aumento de temperatura global por debajo de 1,5 grados deben ser mucho más rápidos y mayores, el principal instrumento económico para la adaptación, el Fondo Verde para el Clima, no tiene apenas fondos. Los países ricos son los que más deben aportar, pero las negociaciones siguen encalladas.

Por si aún no había quedado suficientemente claro, el último informe del Grupo de Expertos Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) viene a afianzar un hecho que se lleva corroborando año tras año: si queremos limitar el aumento de temperatura medio del planeta por debajo de los 1,5 grados, los esfuerzos a realizar deben ser mucho mayores y más rápidos de lo que hoy tienen acordado las naciones y organizaciones que rigen el mundo. Es más, el documento se ha centrado en las consecuencias que implicaría quedarse en un incremento de 1,5 grados o llegar a los 2. Y este segundo escenario es catastrófico, especialmente, por supuesto, para los más pobres.


“El informe del IPCC ha encontrado que el factor sobre el que más impacta ese aumento de 1,5 grados a 2 es el agua”, señala Alejandro González, responsable de Cambio Climático de InspirAction. Si con 1,5 el nivel del mar subirá entre 26 y 77 centímetros, con 2 grados esa cifra aumentará 10 cm, lo que se traduce, según el informe, en 10 millones de personas más afectadas, básicamente en las zonas más desfavorecidas.


“Ese medio realmente marca una diferencia muy importante, por eso tenemos que ser mucho más ambiciosos”, apunta Tatiana Nuño, responsable de Energía y Cambio Climático en Greenpeace. Y en lugares como el Estado español es crucial. Como indica Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción , “en los países mediterráneos puede ser la diferencia entre adaptación o pérdidas y daños irreversibles”.


Un cambio tan drástico y una aceleración de los objetivos y ambiciones necesitan de acuerdos políticos y dinero, mucho dinero. “El instrumento clave para la adaptación es el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) y por lo que sabemos hasta ahora el dinero no está puesto sobre la mesa”, denuncia Andaluz.


El compromiso adquirido es movilizar 100.000 millones de dólares para conformar este fondo, pero desde el mismo dejan claro que, a día de hoy, solo hay un 10% de esa cifra: 10.200 millones. “El nivel de urgencia que tenemos es tal que los países ricos, que son los responsables de todo esto, no solo tienen que realizar las medidas de mitigación, sino que tienen que contribuir a que no haya emisiones extra en los países más desfavorecidos”, apunta González. Por ello , la demanda por parte del llamado G77 —en el que se agrupan los países con menos capacidad económica y del que forman parte 134 naciones— más China de que haya una inversión mayor por parte de los más poderosos va a ser una de las claves de la próxima Cumbre del Clima (COP24), que se celebrará en diciembre en Katowice (Polonia).


Sin embargo, tal como señala el experto de InspirAction, “no hay un compromiso claro y firme de que esos países ricos vayan a comprometer los fondos que habían acordado para capitalizar el GCF”. La última cumbre preparatoria interseccional con este punto en la agenda tuvo lugar en septiembre en Bangkok y dejaba un panorama oscuro. “Quedó claro que el G77 y China no van a avanzar y a seguir bajo el Acuerdo de París si no está el dinero y las transferencias de capacidades puestas sobre la mesa”, indica Andaluz, “y eso debe salir de los más ricos”. Pero a pesar de la urgencia, las posiciones en cuanto a financiación quedaron enconadas en dos posiciones: la de los que más tienen, básicamente el Grupo Paraguas —que incluye a Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón y Australia— más la Unión Europea, y la del G77.


Poderosos contaminantes


La responsabilidad histórica de los más ricos no está en duda. Tampoco que, hoy en día, los que más tienen son los que más contribuyen al cambio climático. Un informe de Oxfam International ya indicaba en 2015 que el 10% de la población con más recursos es la responsable de la mitad de las emisiones globales, mientras que la mitad más pobre del mundo en términos de población —3.500 millones de personas— solo producen el 10% de las emisiones. Por ello, como indican desde el colectivo Contra el Diluvio, “con la desigualdad actual, si conseguimos que el 10% más rico del mundo emita al nivel del europeo medio reduciríamos rápidamente las emisiones de CO2 en un tercio”.


En la misma línea, el informe Equidad y aumento de ambición: hacia un Diálogo Facilitado que sea efectivo en 2018 , firmado por más de un centenar de organizaciones de todo el globo en diciembre de 2017, remarca que “los compromisos de los países más enriquecidos no llegan a cubrir lo que sería una contribución justa”. Para no sobrepasar las 450 ppm de concentración de C02 en la atmósfera en 2020 —escenario que se equipara con un calentamiento no superior a 2ºC, siendo actualmente de 405 ppm—, el documento ya resaltaba la necesidad de “destinar más de 375.000 millones de dólares anuales en los países del Sur global, que deberán llegar a 1,3 billones de dólares en 2035”.


Con cifras pero sin fondos


Con estos hechos sobre la mesa, llama la atención la falta de acuerdo sobre los 100.000 millones que el GCF necesitaría para el año 2020, más teniendo en cuenta que esa cuantía es calificada por las organizaciones sociales como arbitraria. “Esa cifra se dice al tran tran, se pone sobre la mesa para encauzar unas negociaciones que ya estaban vendidas”, apunta González, quien destaca que “no se decide si van a ser préstamos, préstamos a fondo perdido, donaciones… cuáles son las características de esos préstamos o de las aportaciones de los países”. Además, el experto recuerda que “enseguida salieron voces como Oxfam o Amigos de la Tierra calculando que esa cantidad debía de ser al menos del doble”.


De hecho, el informe Equidad y aumento de ambición señalaba hace diez meses que un Fondo Verde para el Clima presupuestado con 100.000 millones de dólares se encontraba “muy lejos de las necesidades reales”, y destacaba que la adaptación de los ecosistemas, naturales y humanos “supondrá un coste de entre 140.000 y 300.000 millones de dólares anuales en 2030, y que se multiplicará por cinco en 2050”.


Financiación privada


Con este panorama y la falta de acuerdos, los gobiernos giran la mirada hacia las empresas, lo que tiene sus peligros, según denuncian desde las organizaciones sociales. “Cada vez surge con más interés que las grandes empresas pongan ese dinero que falta en el Fondo Verde para el Clima”, indica Andaluz.


“Las grandes compañías están haciendo un doble juego”, destaca por su parte el responsable de InspirAction. “Por un lado, desde la cumbre de Addis Abeba [para la Financiación del Desarrollo Sostenible de 2015 ] se dice que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se podían sostener con financiación pública y debía entrar la privada; y no un porcentaje, sino que el grueso debía venir de multinacionales, con la consiguiente desvirtuación de la agenda de desarrollo, con una serie de injerencias de modelos de negocio, etcétera…”. Por otro, la llegada al GCF de “empresas y fondos de inversión para intentar capitalizar iniciativas para desarrollar proyectos”.


Así están las cosas. Multinacionales y sus modelos de negocio en la base de la lucha global contra el clima. El futuro del planeta, en manos del capital y supeditado al beneficio. Lo dice hasta el GCF: “Responder al desafío climático requiere la acción colectiva de todos los países, ciudades, empresas y ciudadanos privados”. Un fondo que busca 100.000 millones de dólares anuales desde 2020 que puedan llegar “desde diversas orígenes”.


Mientras tanto, el informe del IPCC deja clara la situación: el ritmo actual de emisiones el aumento de 1,5ºC será un hecho en algún momento entre 2030 y 2052. Y la cosa irá a peor. “Estamos en la trayectoria de un aumento de entre 3 y 4 grados”, expone la responsable de Greenpeace, “así que necesitamos transformaciones muy rápidas y muy urgentes en todos los ángulos de gran alcance, donde se incluye el sistema energético, el transporte, el modelo de consumo, al consumir menos carne, la agricultura…

”.
Tras el fiasco de Bonn y el fracaso de Bangkok y del resto de reuniones intermedias, el horizonte está puesto en Katowice.

Por Pablo Rivas
@CeboTwit

publicado
2018-10-13 07:01:00

Publicado enMedio Ambiente
El futuro de la industria del automóvil frena la ambición climática en la UE

Los ministros de Medio Ambiente de la UE deben cerrar un acuerdo para fijar un porcentaje en la reducción de emisiones de CO2 procedentes de los coches y las furgonetas para 2030.

 
De un lado van las evidencias científicas; del otro, la realidad política. Un día después de que el mayor panel de expertos sobre cambio climático haya advertido de que son necesarios cambios “sin precedentes”, hay serias dudas de que los gobiernos europeos vayan a superar la prueba.


En un encuentro celebrado a puerta cerrada en Luxemburgo, los ministros de Medio Ambiente de los 28 no han cerrado un acuerdo para fijar un porcentaje en la reducción de emisiones de CO2 —el principal gas de efecto invernadero— procedentes de los coches y las furgonetas para 2030. Pero las previsiones más optimistas se han desinflado antes de incluso de que comenzara la reunión.


España, el segundo fabricante de vehículos de la Unión Europea y una voz clave en las negociaciones, ha confirmado a primera hora de este martes que no iba a apoyar la postura más ambiciosa que hay sobre la mesa: una rebaja del 40%, liderada por Francia y apoyada por otros países como Reino Unido, Italia o Bélgica. Del lado opuesto se sitúa Alemania, que junto a República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Hungría pretende un recorte muy inferior, de tan solo del 30%. El gobierno español, con peso para empujar la balanza, ha optado finalmente por una postura intermedia (del 35%) que es la que plantea Austria, en la presidencia europea durante este semestre.


"Nuestra posición es clara con respecto a la necesidad de incrementar el nivel de ambición en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en este sector, pero clara también con respecto a la necesidad de salir con un objetivo que sea consensuado por todos", ha justificado la ministra, Teresa Ribera, que ha reconocido lo “llamativo” de que Francia y Alemania, tradicionalmente aliadas en la ambición climática, representen ahora a bloques enfrentados.


Aunque Alemania ha abanderado desde hace años las políticas más verdes de la Eurozona, el temor a la pérdida de cientos de puestos de trabajo en la industria del automóvil la han alejado de la posición gala. Según un informe de la Comisión Europea, un recorte del 40% en las emisiones de coches y furgonetas se traduciría en la pérdida de 12.000 empleos en Europa.


"El esfuerzo del sector del automóvil y de los sindicatos en estos años ha sido importante, pero es verdad que junto con la industria principal, hay un porcentaje relevante de industria auxiliar que probablemente se vea afectado por una revolución en marcha en nuestros parámetros de movilidad", ha reconocido Ribera, al ser preguntada por los posibles efectos en España.


El del automóvil es uno de los sectores estratégicos para la economía europea (sobre todo para Alemania, España y Francia, principales fabricantes), pero también uno de los que más contribuye a la emisión de gases contaminantes. Aproximadamente un 26% de las emisiones globales proceden del transporte, y el 50% de ellas del transporte por carretera. Por eso el acuerdo resulta crucial para definir la estrategia de una economía baja en carbono. El Parlamento Europeo (que defiende un recorte del 40%), la Comisión Europea (que se sitúa en el 30%) y los estados miembros tienen hasta finales de año para fijar una postura común.


“Los científicos acaban de estimar que para el año 2045 tenemos que tener una economía descarbonizada, y si no le hincamos el diente al transporte vamos muy mal. Nos parece muy razonable la petición del 40% porque si no, no llegamos”, dice Paco Segura, experto en transporte y calidad del aire de Ecologistas en Acción. "Otro factor muy importante es que está claro por dónde van a ir los mercados, los motores más contaminantes no van a tener cabida. La apuesta estratégica inteligente para que nuestra industria no se quede obsoleta es apostar por vehículos muy eficientes", añade.


“Esta reunión era la primera oportunidad para demostrar que se toman en serio la advertencia de los científicos. Si realmente nos creemos lo que estamos defendiendo hay que ir al máximo, porque si no el discurso no se adaptar a los hechos”, ha reaccionado por su parte el diputado de Equo Juan López de Uralde, que había pedido ambición al Gobierno.

09/10/2018 17:32 Actualizado: 09/10/2018 23:34
lucía villa
@Luchiva

Publicado enMedio Ambiente
Solo 87 empresas controlan toda la cadena productiva del agronegocio

Sólo 87 corporaciones con sede en 30 países dominan la cadena productiva del agronegocio en todo el mundo. Entre ellas, están las gigantes del sector de bebidas y carnes, como Coca-Cola, AmBev, JBS y Unilever; pero también empresas de tecnología como IBM, Microsoft y Amazon, atraídas para la producción agrícola y venta minorista por áreas como big data (grandes conjuntos de manipulación de datos) y vehículos inteligentes.


Cuatro grandes trading companies controlan la importación y exportación de commodities agrícolas: el llamado grupo ABCD, formado por las empresas estadounidenses Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y el conglomerado multinacional con sede en Holanda, Louis Dreyfus Company. Actualmente, representan un 70% del mercado mundial decommodities agrícolas.


Esos datos forman parte del Atlas Agroalimentario, lanzado en Brasil este martes (16). El informe analiza la cadena global de la agricultura y cómo la concentración del mercado en manos de pocas empresas moldean el sistema agrícola mundial.


Maureen Santos, coordinadora de Justicia Socioambiental de Heinrich Böll, una de las promovedoras del atlas, explica que el nuevo documento presenta análisis sobre la realidad local del agronegocio.
Según ella, el mérito del proyecto se debe al levantamiento que reúne, en una sola publicación, los datos del sector sobre finanzas, inversiones y maquinaria; conflictos relacionados al acceso a la tierra y al agua, semillas y uso de fertilizantes en el mercado de commodities, desde el procesamiento de alimentos hasta el consumo doméstico.


“[El Atlas] muestra que globalmente, y también en Brasil, hay problemas muy serios relacionados con esa cadena: la expansión de los monocultivos y el consecuente incremento del uso de agroquímicos y de los problemas de salud; reducción de la calidad de los suelos y de la biodiversidad; los conflictos que se relacionan con la concentración del mercado y del incremento de la adquisición de tierras en detrimento de las condiciones de vida y del trabajo de la agricultura familiar, campesina y de las comunidades ancestrales”.


Financiarización


El Atlas también demuestra cómo funciona el juego financiero de lastrading companies que forman el grupo ABCD en el mercado especulativo.
En 2015, el comercio de contratos de futuros sobre maíz fue 11 veces mayor que la producción mundial de este grano. Es decir, mientras la cosecha de maíz llegó a 978 toneladas, los contratos en la Bolsa de Valores llegaba a 10,5 millones de toneladas.


Además, el grupo es directamente o indirectamente responsable por la deforestación en la selva tropical. En Brasil, por ejemplo, las comunidades guaraníes acusaron a Bunge por comprar caña de azúcar producida en tierras robadas en 2012. En aquel momento, la empresa afirmó que sus abastecedores respetaban el derecho a la tierra, pero no renovó los contratos.


Soberanía alimentaria


La concentración en la cadena productiva representa una amenaza al conocimiento ancestral del cultivo de la tierra. Esta es una de las preocupaciones de la periodista Verena Glass, coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo, que trabajó en la adaptación del informe al porugués. Ella señala que el incremento del uso de la tecnología de punta, con la agricultura de precisión, representa una amenaza a la soberanía alimentaria de diversos países.


“Lo que había de más vivo, la relación de alimentar a los seres humanos y reproducir la vida a partir del conocimiento sobre la tierra, el territorio, el clima, los animales y de la integración con la biodiversidad, se sustituye. Y esa es una lógica que se suma al uso de semillas transgénicas, agroquímicos, tecnificación y patentes y representa una pérdida de la biodiversidad y del conocimiento”, afirma la periodista.


Glass señala aún para el aumento de la disputa por territorios. “O sea, cuál será el espacio para la agricultura familiar y la agroecología, las comunidades ancestrales en Brasil y el mundo según esos nuevos paradigmas?”, cuestiona Glass.


Otro punto que se destaca en el informe es la acelerada disminución del número de empresas en el mercado global de semillas y agroquímicos debido a las fusiones que originan poderosos conglomerados de empresas. Desde la consolidación de la compra de Monsanto por Bayer en junio de este año, este mercado se divide en cuatro grandes grupos: Dow DuPont, Bayer, Syngenta y BASF.
La versión brasileña del Atlas Agroalimentario está disponible en el sitio web de la Fundación Heinrich Böll.


Edición: Juca Guimarães | Traducción: Luiza Mançano

Publicado enEconomía
La estrecha relación entre los paraísos fiscales y el cambio climático

Un nuevo estudio de la Universidad de Estocolmo alerta sobre el papel de los paraísos fiscales en la destrucción del medio ambiente.

La revista Nature Ecology & Evolution ha publicado un informe realizado por el Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo en el que analizan el uso de los paraísos fiscales por parte de los conglomerados agroindustriales que operan en la selva amazónica y las empresas pesqueras involucradas en actividades ilegales.


El estudio denuncia que el uso de los territorios con una fiscalidad laxa y el secreto financiero que les proporcionan ha reforzado las industrias vinculadas a la deforestación amazónica y al agotamiento de recursos naturales.


En dicha investigación se han analizado los datos del banco central brasileño para poder determinar las relaciones de las principales multinacionales agroalimentarias que operan en el país y los paraísos fiscales. Los datos analizados, correspondientes al periodo entre 2000 y 2011 ya que no existen datos posteriores, revelan que al menos nueve de los mayores productores mundiales de soja y carne de vacuno, dos industrias consideradas como los principales impulsoras de la deforestación, utilizan subsidiarias en este tipo de territorios para financiar sus operaciones en la selva amazónica. Cerca del 70% del capital extranjero, unos 18.400 millones de dólares, llegó a las empresas que operan en Brasil tras pasar por complejos de ingeniería fiscal y flujos de capitales usando subsidiarias de las propias empresas en territorios donde la factura fiscal es prácticamente nula y que brindan a estas empresas opacidad en sus operaciones.


Según los investigadores, “la prueba directa de causalidad sigue siendo esquiva” ya que es imposible establecer un vínculo directo entre el flujo de capital procedente de los paraísos fiscales, el uso de la tierra y el daño ambiental, pero alertan que la falta de transparencia asociada a las operaciones en los paraísos fiscales dificulta a los organismos de control y a los investigadores el seguimiento de la forma en que la financiación extraterritorial puede afectar a las operaciones sobre terreno.


En cambio, para el economista e integrante de la Plataforma contra los Paraísos Fiscales, Walter Acis, la relación es clara ya que, como explica a El Salto, el que este tipo de empresas contaminantes aprovechen las ventajas fiscales y de opacidad que les ofrecen estos territorios al localizar sus subsidiarias en ellos “facilita una sobre acumulación (capitalización de beneficios que no rinden impuestos), lo que permite potencialmente aumentar su capacidad inversora en procesos que aceleran el cambio climático”.


Esta misma investigación también se ha adentrado en la estructura fiscal de las grandes empresas pesqueras. El informe descubre que el 70% de los buques identificados por la Interpol como responsables de llevar a cabo actividades de pesca ilegal o no regulada tienen, o han tenido, banderas de paraísos fiscales. Estas grandes empresas pesqueras usan, principalmente, los mismos países que utilizan las grandes multinacionales de cruceros para evadir impuestos y funcionar de una manera opaca a las regulaciones internacionales: Panamá y Belice.


Esta investigación, por el momento, solo abarca estos dos sectores, pero, según explica el responsable del área de Cambia Climático de Ecologistas Javier Andaluz a El Salto, hay que tener en cuenta que los principales sectores económicos responsables de las emisiones de CO2, tales como el energético, minería o el transporte, “alcanzan su máxima expresión con el capitalismo globalizado”, y alerta que en este sentido “tienen relevancia todos los mecanismos que engrasan y facilitan el flujo global de recursos materiales y energéticos, como son los paraísos fiscales, pero también los tratados comerciales (llamados de ‘libre comercio’) que fomentan las inversiones y los flujos comerciales garantizando los intereses de las grandes firmas capitalistas y debilitando la capacidades de regulación de los estados nacionales”.


LOS PAPERS DEL CAMBIO CLIMÁTICO


Las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), conocidas como los Panama Papers o los Paradise Papers, sobre el uso de los paraísos fiscales por parte de miles de empresas y particulares, ya mostraron cómo las compañías de recursos naturales y agroindustriales a menudo se aprovechan del secreto que proporciona la industria offshore para varios propósitos, incluyendo la evasión de impuestos.


Como ejemplo, en 2017, los medios colaboradores con el ICIJ Premiere Lignes en Francia y Poder360 en Brasil, publicaron, gracias a los Paradise Papers, que la empresa brasileña Amagi, comercializadora de granos, oleoginosas y sus derivados, y la multinacional suizo-francesa Louis Dreyfus crearon en 2009 una empresa conjunta para operar en Bahía y otras áreas de Brasil. Según la investigación, el verdadero propietario de la filial subsidiaria utilizada en las Islas Caimán era el actual Ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi.


Otro informe de ICIJ publicado en noviembre de 2017 encontró que un productor de pulpa y papel con sede en Singapur utilizó una red de compañías ficticias para evitar el pago de impuestos retenidos sobre los préstamos y para expandir sus operaciones en Indonesia, al tiempo que supuestamente contribuyó a la destrucción de la frágil selva tropical del país.


¿Y SI NO EXISTIERAN ESOS PARAÍSOS FISCALES?


Según la estimación de un informe elaborado por Amigos de la Tierra Internacional (ATI), con el dinero que los gobiernos pierden por culpa de la existencia de los paraísos fiscales, en los próximos 15 años se podría abastecer a África, América Latina y gran parte de Asia al 100% con energías renovables. En otras palabras, los ingresos públicos que se pierden a través de los paraísos fiscales alcanzarían para suministrarle en 2030 a la mitad de la población mundial 100% de energías renovables.


ATI estima que las inversiones adicionales requeridas para suministrarle a la mitad del mundo 100% de energías renovables ascenderían en promedio a 507.000 millones de dólares anuales en un período de 15 años. Esta cifra es muy inferior a las estimaciones de ingresos públicos perdidos a nivel mundial a través de los paraísos fiscales. Una investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la pérdida de ingresos fiscales del conjunto de los Estados como consecuencia del fraude fiscal, sin tener en cuenta las operaciones en paraísos fiscales que gracias a las regulaciones internacionales y la ingeniería fiscal son legales, se elevaría a los 600.000 millones de dólares anuales. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos estima que los países en desarrollo pierden cada año unos 200.000 millones de dólares debido a la evasión fiscal. Algunos cálculos, como la de los economistas Gabriel Zucman y Thomas Piketty, elevan esa cifra mucho más.


Uno de los autores principales del estudio de la Universidad de Estocolmo, Víctor Galaz, alertó, tras presentar el informe, de que es hora de “empezar a ver los costos ambientales de los paraísos fiscales y cómo los actores y los flujos financieros están dando forma al planeta de maneras muy profundas”. El Centro de Resiliencia ya ha anunciado que seguirá publicando nuevas fases de este estudio que abarcaran otros sectores, empresas y países.

Por YAGO ÁLVAREZ
@ECONOCABREADO

Publicado enInternacional
Jueves, 06 Septiembre 2018 07:07

El nuevo dominio petrolero en América Latina

El nuevo dominio petrolero en América Latina

Para nadie es un secreto que detrás de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se encontraron claramente los intereses económicos de la industria armamentista, los petroleros partidarios de las nuevas técnicas de explotación vía fracking y las grandes empresas promotoras de organismos genéticamente modificados, acaparamiento y especulación con del precio de alimentos.

Detrás de la lógica de estos grandes corporativos debemos entender las últimas acciones que Trump ha emprendido en América Latina como el envió de la guardia nacional a cubrir la frontera con Estados Unidos y México y el apoyo incondicional para la ocupación de espacios petroleros estratégicos en el continente.


Es relevante también sus decisiones respecto a Irán, cuyo impacto fue inmediato en las cotizaciones de las acciones de las empresas militares y en el precio del petróleo. Este último ya ronda los 80 dólares por barril y puede elevarse aún más, para proporcionar una alta rentabilidad a las empresas dedicadas a la explotación petrolera a través de la fractura hidráulica que necesitan un precio alto.


Es tal la fiesta del dinero que hace tan solo unos meses atrás Estados Unidos producía 145 mil barriles de petróleo shale y ahora está a punto de lograr un record histórico en Junio de este año de 7,.18 millones de barriles de petróleo shale diariamente, según información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Lo cual es acompañado también por el aumento impresionante de la producción de gas natural estadounidenses que se encontraría por arriba de los 68 mil 100 millones de pies cúbicos por día.


Todo ello junto con la caída de producción de países latinoamericanos ha llevado al mercado financiero a impulsar al alza el precio futuro a seis meses del crudo Brent, donde las empresas estadounidenses no pierden, mientras a las empresas petroleras del cono sur les imponen condiciones de compra a precios fijos, cuando la tendencia es probablemente que el petróleo alcance nuevamente la barrera de los 100 dólares por barril a finales de año.


Esta dinámica ha colocado a Estados Unidos en el el tercer lugar como extractor de petróleo del mundo, solo detrás de Rusia y Arabia Saudita quedando ya muy atrás en este rubro la extracción en Brasil (10º.), Venezuela(11º.) y México (12º.). (OPEP, 2018)


Las grandes empresas corporativas petroleras están viviendo un sueño hecho realidad, los mercados y la producción petrolera latinoamericana en manos de empresas estatales hasta hace unos años, se está abriendo y proporcionando ganancias extraordinarias para la clase capitalista trasnacional.


Desde Brasil y México hasta Colombia, Argentina y Uruguay los gobiernos están abriendo sus tierras, aguas someras y mares a subastas internacionales. Son más de 500 mil kilómetros cuadrados -el tamaño de España- lo que están ofreciendo en bloques los diferentes países latinoamericanos.
Por ello en las geografías latinoamericanas no hay nada que festejar. Por ejemplo, en México la producción de petróleo viene cayendo drásticamente. A marzo de este año PEMEX –la petrolera estatal mexicana- tuvo una caída anual de 7,6% en su producción generando solamente mil 864 millones de barriles diarios de crudo, una baja anual de 153 mil 340 barriles por día. Todo ello en un contexto de apertura energética que inicio en el 2013 y que permitió la llegada de inversión privada nacional y extranjera, a las cuales se les han entregado proyectos de exploración y posterior explotación de pozos petroleros terrestres y en aguas someras y profundas.
Existiendo ya más de 100 contratos privados que significan una inversión de 160 mil millones de dólares. Ello ha significado la apropiación de espacios estratégicos por parte de empresas extranjeras como Total y Exxon, Chevron, China Offshore y el nacimiento de otras empresas de políticos mexicanos como Sierra Energy. Más de 100 mil kilómetros cuadrados –similar a todo el territorio griego- se encuentran ya bajo exploración y posible explotación petrolera y sus derivados en México.
A este negro panorama se suma la importación de gasolinas en México aumentándose dramáticamente la dependencia. Ya que mientras el año pasado se importaban 6 de cada 10 litros de gasolina, para el primer trimestre del 2018 se introdujeron del extranjero 7,5 de cada 10 litros, lo cual también ha impactado la vida de los mexicanos al ocasionarse la espiral inflacionaria más alta de las últimas décadas.
Desde el 1982 el gobierno mexicano no ha construido una nueva refinería y 3 de las seis refinerías que tiene México fueron cerradas temporalmente en los dos primeros meses de este año por problemas de operación. A ello se suma la colusión entre la delincuencia y la clase política en el robo de gasolina, de 3 mil tomas clandestinas de robo que existían en el 2014, en el 2017 fueron localizados más de nueve mil 500 tomas fundamentalmente en los estados de Guanajuato, Puebla y Tamaulipas.
La situación en Venezuela de explotación de petróleo no es diferente. En Agosto del año pasado su producción era de 2,1 millones de barriles de petróleo diarios y según el reporte que presentó la OPEP la semana pasada en Marzo del 2018 solo bombeo una media 1,5 millones de barriles diarios, una caída de la producción del 28 por ciento. A ello se suma la creación de dificultades por parte de los grandes corporativos para que la empresa PDVSA cumpla sus compromisos de abastecimientos con empresas de operaciones mixtas.
Todo ello en un momento en el cual las importaciones de petróleo venezolano en Estados Unidos alcanzan el menor nivel desde el 1982 como parte de la estrategia de dominación-intervención de la producción y los mercados petroleros.
Por ejemplo, la empresa Total durante el 2017 dejó de comprar el crudo venezolano, Motiva, Phillips 66, Citgo, Valero u Chevron disminuyeron sus importaciones desde Venezuela el 70%, 56%, 17%, 13% y 6% respectivamente, esta reducción innegable es el preámbulo del embargo petrolero que anunciará Trump próximamente sobre la producción petrolera venezolana, para cerrar su estrategia de dominio del oro negro y buscar la rendición del gobierno nacionalista venezolano.
Frente a ello el gobierno de Venezuela ha colocado el 40% de sus exportaciones de petróleo en el abastecimiento de China e India, los cuales dependen tanto de Venezuela como de Irán para su funcionamiento, lo cual no será fácil de eludir por Trump. Por ello, en la dinámica de dominio estadounidense se ha colocado a la estadounidense ConocoPhillips con el papel de sabotear el abastecimiento petrolero venezolano a los mercados asiáticos, tomando el control de activos de PDVSA en Curazao -donde se reciben los buques petroleros más grandes que envían combustibles por el Pacífico- para exigir el pago de bonos internacionales, lo cual pone bajo amenaza el movimiento del crudo ya que los cargueros pueden salir a aguas internacionales y correr la amenaza de ser incautados.
A la estrategia de ConocoPhillips lo más seguro es que se sumen otras empresas mineras y petroleras para intentar la caída de la gigante petrolera venezolana.
Un colapso del gobierno de Venezuela no conviene a China, que ha realizado inversiones (prestamos) cuantiosos en ese país, ni a Rusia que ha aprovechado el escenario para colocarse en la explotación de yacimientos petroleros, por lo que las perspectivas de tensiones internacionales se mantendrán en la zona con la respectiva tendencia al alza del precio del petróleo que contribuye a la rentabilidad de los corporativos que apoyaron a Trump en su campaña electoral.
En Brasil la otrora fuerte Petrobras mira como espectadora preferencial la llegada de inversiones crecientes de corporativos petroleros. Para junio de este año 16 grandes firmas petroleras como la Royal Dutch se han registrado para participar en la espectacular cuenca de petróleo de Presal de Brasil que posee miles de millones de barriles de petróleo en el fondo de océano. A ella se suma el interés de las estadounidenses Chevron y ExxonMobil junto con la noruega Statoil y la francesa Total.
El alza del precio de petróleo impulsada por Trump les ayuda en sus inversiones, ya que el precio de equilibrio que requieren es de 45 dólares por barril para hacer rentable su actividad, por ello British Petroleum y Exxon Mobil ya han participado en subastas anteriores en esa zona por las grandes perspectivas de ganancias.
Mientras los corporativos están de fiesta, Petrobras se suma a los resultados menores de Pemex y PDVSA con respecto al año pasado. En su informe trimestral del 2018, Petrobras informa que la producción total de petróleo y gas natural en el primer trimestre del 2018 fue de dos millones 680 mil barriles de petróleo diarios, un 4% inferior al primer trimestre del 2017.
A lo anterior se suma la caída de ventas en un 9% y de 7% en la producción de derivados del petróleo. Petrobras pasó de controlar en el 2010 el 93% de la producción de petróleo de Brasil a solo el 75% en febrero de este año. Con el expresidente Lula en la cárcel todavía, es el campo petrolero que lleva su nombre el que aporta la mayor cantidad de petróleo y gas a ese país con más de 850 mil barriles de petróleo diarios.
La producción de petróleo argentino también cayó 3,8% en el 2016 y 6,3% en el 2017. La estatal YPF suma también una caída en la producción de petróleo del 2017 al 2018, al pasar de 3,18 millones de metros cúbicos, a 3,15 millones de metros cúbicos.
Mientras eso sucede con la principal empresa petrolera argentina, Pan American Energy tuvo un alza de 3,49% y Petroquímica Comodoro de 28.89%. Además Argentina destaca en la entrega impresionante de vastas áreas de exploración para los corporativos internacionales, se espera que en julio de este año ponga más de 225 mil kilómetros cuadrados -dos veces el territorio cubano- bajo exploración corporativa petrolera en alto mar.
Y es en territorio argentino y en específico en la provincia Neuquén donde se instalan los pozos de fractura hidraúlica (fracking) que ocasionan grandes problemas de contaminación y que destruyen la forma de vida comunitaria de los mapuches. Además que producen una demanda impresionante de agua de la región, ya que dicha actividad requiere más de 11 millones de litros de agua. El gran yacimiento de Vaca Muerta presentado como el detonante del crecimiento gasífero argentino –y la principal reserva de gas de América Latina con más de 30 mil kilómetros cuadrados- es hoy un punto de disputa central entre la dinámica capitalista petrolera y el derecho a la vida y a la ecología de las poblaciones locales.
Y es que en todo este proceso de dominio de las trasnacionales del oro negro de América Latina está en disputa el derecho a un ambiente sano, al territorio de los pueblos y al uso de sus bienes naturales para el beneficio y la buena vida de las comunidades, NO para las ganancias extraordinarias y la economía de la destrucción de naturaleza y el cambio climático que promueven dichos corporativos.
Frente a esta panorama de despojo y devastación nos queda como mejor opción aquella que formuló Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina: “Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos?”.

 

Publicado enEconomía
“El fenómeno de la esclavitud moderna está documentadísimo”

De “estados capturados” por las presiones del capital corporativo internacional, del “asalto a las democracias” perpetrado por las empresas trasnacionales que subvierten el orden a través de los tratados de inversión o comercio, asegurándose más poder que los propios gobiernos y generando una verdadera “arquitectura de la impunidad” para maximizar ganancias y eludir sus responsabilidades cuando violan los derechos humanos, habla esta jurista española1 que participó el martes de la conferencia “El camino hacia un tratado vinculante para proteger los derechos humanos”. Lo que sigue es un resumen de la charla que tuvo Brecha con esta experta que vive entre Europa y Ecuador, y aún cree que “hay que volver a inventar el qué queremos”

—Es fundamental que el derecho internacional vaya evolucionando para dar respuesta a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas trasnacionales con total impunidad. Los estados están en una encrucijada: actuar frente a esto o mantener y seguir construyendo la estructura de impunidad que implican los tratados de libre comercio o inversión. Durante muchos años el derecho internacional se ocupó de los estados que cometen crímenes contra los derechos humanos. Pero las empresas trasnacionales, que, conforme han ido creciendo, aumentaron su poder económico y político mediante la captura corporativa, han tenido una mayor posibilidad de violar los derechos humanos y lo que es peor, van consiguiendo que esas violaciones sean impunes. Esto ha sido denunciado por el activismo, por los sindicatos, por la izquierda en todo el mundo y por los organismos internacionales como Naciones Unidas, que cada año presentan informes de cómo se producen estas violaciones. El fenómeno de la esclavitud moderna está documentadísimo en las cadenas de suministro, en las maquilas, en la industria textil. Está claro que hay una estrategia empresarial basada en la reducción de costes mediante el dumping social. Esto implica que las empresas se puedan mover por todo el mundo buscando el costo más bajo y eso va provocando en los países del sur una carrera a la baja para atraer la inversión extranjera. Entonces, si no paramos e intentamos establecer marcos jurídicos para impedir que las empresas sigan compitiendo entre ellas para ver cuál viola más los derechos humanos, estaremos en una caída sin frenos hacia una realidad en la que las empresas aumentan sus ganancias a costa de la vida de mucha gente.


—Los estados saben que cuando firman estos tratados de inversión renuncian a una parte de su soberanía o por lo menos a la legitimidad que tienen de regular en el orden interno para allanarle el camino a las empresas. ¿Por qué se siguen firmando si la mayoría de las veces ni siquiera detrás de los tratados obtienen la anunciada inversión?


—Esa es la otra cara de la moneda. Nosotros enfocamos esta lucha en un sentido propositivo. Queremos construir un marco normativo protector de los derechos humanos. Desde la academia crítica, los sindicatos y las Ong denunciamos y criticamos los tratados bilaterales de inversión, que también son normas internacionales. Curiosamente estas normas tienen mayor eficacia y se aplican de una manera mucho más clara y con sanciones más rigurosas que las que defienden los derechos humanos. Los estados saben que esto ocurre, que el compromiso por estos derechos es menos vinculante que los tratados de libre comercio o inversión. Lo que dice la ortodoxia económica es que los tratados producen riqueza. Pero sabemos que eso ha sido muy criticado. La inversión extranjera puede producir riqueza sí, pero para unos pocos, porque sobre todo produce acumulación y concentración. Jamás redistribución, crecimiento o desarrollo humano. Además la inversión no llega sólo por los tratados. Trae más inversión una buena red de carreteras o una tecnología determinada que un tratado de inversión (Tdi). Lo que sí sucede es que algunas personas se enriquecen por haber firmado un Tdi o por ser amigas de quien lo ha firmado. Y ahí vemos el fenómeno de la captura corporativa o la capacidad que tienen las empresas de conseguir que los estados hagan lo que ellas necesitan que se haga, construyendo una arquitectura jurídica de la impunidad. Hemos llegado a un punto en el que las normas constitucionales protectoras o guardianas de la ciudadanía están siendo desbordadas por este tipo de tratados que sortean los diques constitucionales a favor de las empresas. El poder económico es tan potente que el poder político se pliega o se repliega.


—¿A eso se refiere cuando dice que “hay un lobby geopolítico sin precedentes” que le resta peso a los parlamentos y aleja el poder de la ciudadanía?


—Esto no es sólo una cuestión económica, es un tema de democracia contra los mercados. Hay una red dispuesta por los tratados bilaterales de inversión o de libre comercio que permite que las empresas mejoren sus ganancias y su capacidad de defenderse o sortear las herramientas de control de los estados. Estamos asistiendo a una expansión similar a lo que se dio en el Consenso de Washington, pero más global. El capital financiero trasnacionalizado tiene el poder de capturar a los gobiernos. Para asegurar esta captura y que no haya vuelta atrás, los tratados son una herramienta jurídica perfecta. Los nuevos tratados, los que ha firmado la Unión Europea con Canadá, los que está negociando con el Mercosur, incluyen una materia que se llama “cooperación reguladora”. Se establece una suerte de comité para determinar las líneas de una legislación adecuada para el comercio. Aceptar esa “cooperación” de por sí implica una subversión a la democracia. Los gobiernos fueron elegidos por la ciudadanía de acuerdo a un programa, y no deberían renunciar a sus potestades ni compartirlas con las empresas. Pero lamentablemente el objetivo es que la seguridad del inversor pase por delante de cualquier objetivo de bienestar y desarrollo de las ciudadanías.

Estas reglas implican un candado jurídico que está por encima del orden local. Los estados elevan competencias que ya no podrán volver a tener, se eliminan ámbitos de decisión y la marcha atrás será muy complicada. El asalto a las instituciones democráticas es tal que –mediante una serie de normas cuyo contenido desconocemos cuando se aprueban, porque todos estos procesos son parcial o totalmente secretos– están eliminando nuestra capacidad como ciudadanos de decidir nuestro futuro.


—Teniendo en cuenta esto que dice, ¿qué tan intocables son las empresas trasnacionales?


—Se creen intocables, pero no lo son. Hay que seguir la ruta del dinero y ver quién recibe las ganancias. ¿Quién se beneficia de la venta de pantalones fabricados casi sin luz durante 18 horas al día de trabajo de 500 mujeres? ¿Es una empresa de Alemania, de España? Hay casos de empresas que están siendo juzgadas en distintas partes del mundo y existe algún resquicio de temor a perder la impunidad. Esto está provocando que nuestra lucha por un tratado vinculante para que estas empresas no sean impunes sea atacada cada vez con más dureza. Nunca pensamos que iba a ser un camino fácil, pero las empresas se están poniendo muy a la defensiva. Es que estamos aprendiendo a utilizar el derecho como arma contrahegemónica. Tenemos que encontrar las formas para vincular, por ejemplo, un incendio que sucede en una fábrica en Pakistán donde mueren 250 mujeres que estaban cosiendo ropa para una empresa alemana con la responsabilidad de esa empresa. Hoy todavía es difícil rastrear esa responsabilidad. Creo que la única manera de revertir esa impunidad es consiguiendo que las empresas tengan miedo de ser sancionadas y se cuiden. Que tengan que controlar todo su proceso de producción, que hasta la última mujer que teje o cose tenga derecho a la jornada laboral de ocho horas, y si no es así, que la empresa como figura jurídica y sus directivos puedan ser procesados. Que se le puedan aplicar sancionas jurídicas, administrativas, penales y civiles.


Hoy las empresas dicen que el compromiso con los derechos humanos es de los estados, que no les corresponde a ellos garantizarlos. Nosotros preguntamos en las reu-niones de trabajo ¿si las empresas tienen derechos otorgados por los distintos tratados comerciales, por qué no quieren tener responsabilidades? Ellos responden: “No es lo mismo, nosotros invertimos para que haya riqueza en el mundo”.


—¿Cree que hay chances a nivel mundial para avanzar en esta materia?


—En 2014 se aprobó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Ecuador y de Sudáfrica, que decidió el establecimiento de un grupo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas trasnacionales. La coyuntura geopolítica de 2014 no era mala. Teníamos dos estados liderando esta voluntad y teníamos una serie de aliados (el G-77 estaba a favor, Argentina y Brasil se abstuvieron, pero no se opusieron, India y Rusia votaron a favor). Todos los países de la UE, así como Japón y Estados Unidos, votaron en contra. La sociedad civil, los sindicatos, el parlamento europeo, distintas redes de parlamentarios y la doctrina académica nos hemos enfocado en hacer cosas como esto que hicimos el martes aquí, de presentar el proyecto a los legisladores y decirles que Uruguay puede tener un papel importantísimo como defensor de los derechos humanos (véase recuadro). Ahora tenemos un proyecto, un borrador cero, y podemos decir a los países que se lancen a discutir esto junto con la sociedad civil y la academia y los sindicatos. Por ahí podemos hablar de la tensión positiva. La tensión negativa es la evidente. Nadie pensó que los empresarios se iban a quedar tranquilitos y no iban a reaccionar.


—Y el poder que tienen no es frágil…


—Claro, y han capturado actores importantísimos. La UE ha participado en todas la reuniones y ha sido el principal opositor a este proceso. Estados Unidos sólo participó una vez para decir que el proceso no iba a continuar, pero ha mandado a estados fáciles de convencer a boicotearlo. El tema es que la coyuntura política ha cambiado para peor. Los cambios en el gobierno de Ecuador y sus giros de timón en la política internacional también implican un retroceso. Yo prefiero un proceso peleado hasta el final y no aprobado que la aprobación de una norma que supone un retroceso de lo que ya hay, que son normas no vinculantes.

—¿Cómo sería en la práctica el control a las empresas, cómo se fiscalizaría?


—Es uno de los puntos rojos del tratado que fue eliminado en la última versión de Ecuador. Lo que se proponía hace dos años era un ámbito de control supranacional que tenía dos propuestas: una de máxima, que era una corte internacional penal sobre empresas y derechos humanos, y la otra, más tradicional, que era un comité donde estuvieran representadas las víctimas y la sociedad civil. La propuesta de máxima es difícil que salga. De todas formas, tenemos que pensar y luchar por un camino alternativo que implique un cambio de paradigma. Y en ese sentido, independientemente de lo que le pase al proceso con las amenazas y los obstáculos que se le ponen, ya llevamos ganancia, porque hemos puesto en el centro de la discusión a nivel mundial la necesidad de actuar para un efectivo respeto a los derechos humanos. Aunque hoy la coyuntura no dé, este proceso será imparable.


—Ha manifestado que en el tema de los tratados, las empresas trasnacionales y las democracias está presente la lucha de clases. ¿Podría explicar cuál es la relación?


—Estamos hablando de un capital trasnacional que acumula y se enriquece, y de unas mayorías subalternas que estamos forzadas a vender nuestro tiempo de trabajo para sobrevivir. El único enfoque que nos es útil para seguir acumulando poder de resistencia es uno transversal que nos integre a todos bajo la misma lucha, la de los gitanos, la de los obreros, la de las empleadas domésticas en España o los niños mineros en Colombia. Hay que buscar los enlaces sin perder de vista la diversidad. Pero la diversidad como un valor per se muchas veces lo que ha hecho es dividir luchas. Las personas que estamos siendo desposeídas por el fenómeno del capital global tenemos más cosas en común que las que nos diferencian. Y creo que otra cosa a favor es que el enemigo común de todos está más que claro. El otro día me preguntaron en una entrevista qué proponía yo para volver al Estado de bienestar. Y respondí que no quería volver a un estado de cosas que tiene lateralidades negativas a montones. Por ese Estado de bienestar mira cómo está el sur, y cómo están las mujeres, y cómo está el ambiente, y lo bien que les iba a las trasnacionales. Hay que volver a inventar el “qué queremos”.

1. Profesora titular de derecho de la Universidad de Valencia, España. Entre otras obras ha publicado, en solitario o en coautoría: La libertad de información de los trabajadores, Derecho del trabajo y defensa de la competencia, ¿Qué hacemos con la Universidad?, Educación pública, de [email protected] y para [email protected]: las claves de la marea verde, Lecciones sobre Estado social y derechos sociales, El huracán neoliberal. Una reforma laboral contra el trabajo, Derechos sociales, integración económica y medidas de austeridad: la UE contra el constitucionalismo social, Ttip. El asalto de las multinacionales a la democracia, El trabajo garantizado. Una propuesta necesaria frente al desempleo y la precarización, Los acuerdos comerciales como estrategia de dominación del capital. Las amenazas del Ceta y del Ttip, El Ceta al descubierto: las consecuencias del tratado entre la UE y Canadá sobre los derechos sociales, El fin de la impunidad. La lucha por un instrumento vinculante sobre empresas trasnacionales y derechos humanos.

 

Publicado enInternacional
Refrescos de cola causan desde anemia hasta Alzheimer

La investigadora de la Facultad de Medicina relaciona los refrescos de cola con distintos padecimientos, desde sobrepeso, obesidad, diabetes, cálculos renales, asma, descalcificación, anemia, depresión, mala digestión, caries, hasta Alzheimer.


En 1886 surgió el primer refresco de cola, ideado por el farmacéutico John Stith Pemberton como un jarabe que ayudara a la digestión y aportara energía. Después de 132 años, estas bebidas son de las más ingeridas y dañinas debido a la gran cantidad de azúcar y químicos que contienen, pues son causantes de diversas enfermedades, desde sobrepeso, obesidad, diabetes, cálculos renales, asma, descalcificación, anemia, depresión, mala digestión, caries, hasta Alzheimer.


Laura Moreno Altamirano, investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que la fórmula exacta de su contenido no viene en la etiqueta, y algunas versiones afirman que sólo dos personas conocen la misma.


Originalmente, tenía coca (planta endémica de Perú) y cola (traída de África), pero en Estados Unidos las prohibieron por considerarse adictivas. La bebida contenía en total siete sustancias, por lo que se llamó a la fórmula 7X. Entre otras, tenía caramelo natural para darle color, pero al ser un ingrediente costoso lo omitieron, y se buscó imitar su sabor a través de químicos que resultaron más peligrosos que los originales.


Se sabe que la mitad de su contenido es azúcar, y en condiciones normales un ser humano no puede ingerir esta cantidad porque vomitaría. Por ello, se le agregó ácido fosfórico, sustancia dañina que neutraliza el sabor dulce y hace posible beberla.


El ácido fosfórico provoca desmineralización ósea porque no permite la adecuada absorción del calcio al organismo, debilita los huesos sobre todo en sus caras internas, provoca disminución de su densidad y promueve las fisuras y fracturas, e incluso, fomenta el desgaste del esmalte de los dientes y favorece las caries.


Además, la combinación de este ácido con azúcar provoca dificultad para absorber el hierro, lo cual podría generar anemia, mayor disposición para contraer infecciones, sobre todo en los niños, ancianos y mujeres embarazadas.


El refresco también se ha asociado con la producción de cálculos renales, y es un antioxidante muy potente, por ello se usa en plantas industriales y en casas para limpiar los baños y destapar tuberías.


Asimismo, contiene un alto índice glicémico que al entrar al organismo produce bastante insulina y tiene bajo índice de saciedad, por eso no quita la sed. “Quien toma refrescos de cola rara vez se toma uno, regularmente toman hasta dos litros al día”.


A los 20 minutos de haber tomado un vaso, el nivel de azúcar en la sangre aumenta rápidamente y causa una enorme secreción de insulina. Así, los azucares que el organismo no logra digerir se transforman en grasa y como resultado aparece el sobrepeso y obesidad.


Los responsables de la adicción son el azúcar y la cafeína, que reactivan las terminales nerviosas del cerebro y a los 45 minutos de haberla tomado aumentan la producción de hormonas como la dopamina y la serotonina, sustancias encargadas de producir placer. “Tienen un efecto similar a la heroína”.


Moreno Altamirano refirió que usaban cafeína natural que altera el sistema nervioso central y el sueño, aumenta la presión arterial, pero actualmente la producen de forma sintética y todavía resulta más dañina.


Así, la cafeína llega rápido al cerebro y horas después es eliminada por la orina. Con dicha secreción, se genera una producción de líquido y con ello se elimina magnesio y zinc, importantes para el organismo pues son absorbidos por los huesos.


A los 60 minutos el ácido fosfórico fija el calcio, el magnesio y el zinc al intestino, esto acelera el metabolismo y entonces las altas dosis de azúcar y endulzantes artificiales incrementan la secreción urinaria de calcio.


Entre más se consume más se estimula y la adicción crece, de hecho, cuando las personas dejan de tomarla tienen una sensación de malestar, agotamiento, cansancio y hasta que no la ingieren se sienten bien. “Finalmente es una droga”.


Además, contiene un aditivo llamado E-150 que afecta el metabolismo de las proteínas y la calidad de la sangre, y con ello produce anemia, depresión y confusión, entre otros síntomas. El gas que contiene produce inflamación y mala digestión que se vuelven crónicos.


El colorante artificial que contiene se ha asociado con enfermedades como el cáncer de pulmón, hígado, tiroides y leucemia.


En cuanto a los refrescos de cola light, la académica universitaria apuntó que son muy dañinos, y si se consumen en grandes cantidades producirían daños cerebrales, pérdida de memoria, confusión mental, Alzheimer, daños en la retina y al sistema nervioso.

12 julio 2018

 

Publicado enSociedad