Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA con EPN de 2012 al 2018 (Foto: FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, versiones extraoficiales señalan que los cargos en su contra son por narcotráfico en su modalidad de distribución

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el ex Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California.

“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, refirió el canciller sobre quien estuviera al frente de la SEDENA con Enrique Peña Nieto.

La revista Proceso, Milenio y el periodista Víctor Hugo Michel confirmaron que Cienfuegos Zepeda está acusado de cargos por narcotráfico y el caso está radicado en Nueva York, pues en esta ciudad habría llegado la droga que el general en retiro colaboró para distribuir. El proceso radica en la misma Corte donde fue enjuiciado Joaquín el Chapo Guzmán y actualmente se desarrollan las acusaciones contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

El periodista Víctor Hugo Michel reportó que fue la Administración de Control de Drogas (DEA) quien ordenó la detención del ex funcionario. Aunque ninguna autoridad ha dado más detalles. . Se trata del primer funcionario de este rango que en la historia de México fue detenido en EEUU por cargos de narcotráfico.

En su cuenta de Twitter, Ebrard agregó que ofrecerá más información en las próximas horas sobre este hecho.

“La Cónsul en Los Angeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, agregó el titular de la SRE.

“Si lo detuvieron por petición de la DEA es porque ya hay una acusación sólida sobre eso, hay que esperar porque sin duda tiene múltiples implicaciones”, dijo a Infobae México, Carlos Rodríguez Ulloa, consultor y analista del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (Casede).

Aunque se trate de un ex secretario de la administración anterior, el analista aseguró que tiene varias repercusiones, la principal tiene que ver con el prestigio de las fuerzas armadas, “porque esto no sólo es un tema de Secretaría de Marina (Semar) o Sedena sino de las fuerzas armadas de México. En segundo plano, empodera al ala civil de la administración pública actual porque esta detención se da en una coyuntura donde se estaba disputando el papel de los militares en seguridad pública, evidentemente este es un golpe que mina la credibilidad institucional”.

Señaló que otra variable es cómo lo tomará el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la cercanía con las fuerzas armadas, “pero sin duda es un elemento que tienen múltiples repercusiones en la vida política nacional”.

Cabe destacar que la detención del ex secretario de la Defensa Nacional es sorpresiva, pues no se tenía conocimiento de investigaciones o delitos que le involucraran, aunque tendrá la asistencia consular correspondiente, de acuerdo con Ebrard.

Ante el arresto, algunos políticos se han apresurado a señalar el vínculo con Peña Nieto y posibles delitos, por ejemplo, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Pero otros han apelado a la prudencia, pues se desconocen los cargos.

“Esta información nos agarró indudablemente de sorpresa a todos, nadie sabía nada de esto. Pero antes de apresurarnos a comentar más, debemos saber de qué tipo de delitos se le pueden imputar. Mientras tanto, yo quiero reconocer a las Fuerzas Armadas, que son una institución muy respetable y reconocida”, dijo el senador Salomón Jara, de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Raúl Benítez, analista en temas de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que primero la DEA tendría que aclarar oficialmente la razón de su detención y si ya tiene algún caso en su contra o su arresto es para iniciar una investigación en su contra.

“Todos los generales deben estar muy asustados sin saber cómo reaccionar y yo creo que les va a bajar el empoderamiento de imagen que tienen de ellos mismos”, aseguró el analista.

Sobre la posible reacción del presidente López Obrador, el analista señaló que es mejor que se abstenga de emitir algún comentario hasta que no se conozca a fondo cuáles son las acusaciones y aseguró que es el primer militar de este nivel que es arrestado en el país.

El diputado Felipe Macías Olvera, del PAN (Partido Acción Nacional), coincidió en lo sorpresivo de la noticia y dijo que es algo muy grave, pues se trata de quien fuera titular de una de las instituciones prestigiosas y respetadas.

“Al mismo tiempo, reconocemos la seriedad con que las autoridades de Estados Unidos trabajan, esperemos también a que se confirme que se trata de la DEA la que solicitó la captura”, añadió Macías Olvera quien pidió respeto al debido proceso y no hacer especulaciones por la presunción de inocencia.

Acerca de la asistencia consular, Macías Olvera precisó que no se trata de que las autoridades ayuden en la defensa de Cienfuegos Zepeda, sino que se trata de cosas como proporcionar intérpretes y facilitar la comunicación entre el detenido con su familia o las personas que considere cercanas.

Sobre si esta detención afectará la imagen de las Fuerzas Armadas, espera que no. “Creo que el prestigio va más allá de una sola persona, hoy por hoy la ciudadanía tiene plena confianza en la labor del Ejército, eso trasciende más que una persona”; finalizó.

Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA desde el 1 de diciembre de 2012 al 30 noviembre 2018. Ingresó al ejército el 23 de enero de 1964 y actualmente tiene 72 años, según su perfil oficial. Se graduó del Colegio Militar en 1967, a sus 19 de edad. Llegó al máximo grado en su carrera al obtener las cuatro estrellas de general Secretario de la Defensa Nacional.

Anunció su retiro de las fuerzas armadas durante la ceremonia de Entrega y Recepción de la secretaria de la Defensa Nacional el primero de diciembre del 2018.

El 20 de septiembre del 2018 fue premiado en Washington por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry.

15 de Octubre de 2020

Por Manuel Gonzáles y Juliana Fregoso


Salvador Cienfuegos, el encubridor de crímenes de lesa humanidad

Rosalía Vergara 16 octubre, 2020

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda (2012-2018), jugó un papel importante en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Con 72 años de edad, el extitular de la Sedena detenido hace unas horas en Estados Unidos, comenzó su carrera en el Ejército el 23 de enero de 1964. Cursó sus estudios en el Colegio de la Defensa Nacional y obtuvo el grado de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional y cursó estudios de licenciatura en la Escuela Superior de Guerra.

Nació el 14 de junio de 1948 en la Ciudad de México e ingresó la Ejército el 23 de enero de 1964. Estuvo activo durante 54 años.

Fue oficial mayor de la Sedena, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, comandante de la VII Región Militar en Chiapas, comandante de la I Región Militar en la Ciudad de México, comandante de la IX Región Militar en Guerrero, comandante de la V Región Militar en Jalisco, comandante de la 15/a Zona Militar en Jalisco, comandante de la 14/a Región de Infantería de Jalisco.

También fue subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, subdirector general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y jefe de la Sección Tercera del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar, como director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y jefe de la Sección Pedagógica del Heroico Colegio Militar.

Obtuvo Condecoraciones de Perseverancia institucional, extraordinaria, especial, de primera hasta quinta Clase, de Perseverancia por la patria, al Mérito facultativo de primera y segunda Clase, al Mérito Docente y Legión de Honor.

El 20 de septiembre del 2018, en el ocaso de su mandato y en medio de escándalos y acusaciones de flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas de México, Cienfuegos Zepeda, como titular de la Sedena, recibió en Washington un premio por su “liderazgo en la defensa hemisférica”.

Otorgada por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry por su contribución a la seguridad estratégica del continente, la presea le fue entregada por Sergio de la Peña, subsecretario de Defensa Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los escándalos de Cienfuegos

La madrugada del 30 de junio de 2014, ocho militares del 102 Batallón de Infantería, a bordo de un vehículo oficial, circulaban por la carretera Dederal número 2. Habían sido incorporados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto, al Operativo “Seguridad Mexiquense” para combatir al narcotráfico.

Esa noche se detuvieron en una bodega en obra negra, sin puertas, en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Se registró un enfrentamiento entre militares y personas armadas que, según versiones, se rindieron.

Sin embargo, casi al amanecer, más militares llegaron al lugar, obligaron a los detenidos a hincarse, decir su apodo, edad y ocupación antes de ejecutarlos. Se contaron 22 cuerpos, según versiones de testigos de los hechos.

Cienfuegos Zepeda trató de ocultar un crimen de lesa humanidad, pero las presiones del gobierno de Estados Unidos lo orillaron a admitir que los militares a su cargo cometieron graves actos contra el derecho humano internacional.

Desde el teniente encargado hasta Cienfuegos Zepeda ocultaron las ejecuciones extrajudiciales, y aunque después aceptó que los militares cometieron exesos, no quiso investigar ni castigar a los responsables, solo removió al comandante del Batallón, el coronel Raúl Castro Aparicio, y le quitó mando operativo al comandante de la 22 Zona Militar, el general de brigada José Luis Sánchez León.

En cuanto a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, aunque no existe aun evidencia clara sobre la participación de miembros del Ejército durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando policías municipales desaparecieron a los estudiantes, Cienfuegos Zepeda hizo una defensa intensa del 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala, pues no estuvo de acuerdo en que fueran interrogados como recomendó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en 2015.

“No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito. ¿Qué quieren saber? ¿Qué saben mis soldados? Está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, alegó entonces.

(Con información de Jorge Carrasco Araizaga y Jesús Esquivel)

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Un informe denuncia a grandes bancos por el blanqueo de sumas millonarias

Lapidario reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

Una filtración de más de dos mil documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos reveló cómo algunos de los mayores bancos del mundo permitieron que se transfirieran sumas millonarias por todo el mundo de manera fraudulenta. El informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgado el domingo a partir de las mencionadas filtraciones denuncia la preocupante falta de regulaciones del sector. 

"El lucro de las mortales guerras contra las drogas, las fortunas desviadas desde países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo y robados en esquemas Ponzi, han podido entrar y salir de esas instituciones pese a las advertencias de los propios empleados de los bancos", dice la investigación realizada por 108 medios de 88 países. Los documentos señalan transacciones por dos billones de dólares entre 1999 y 2017.

La investigación se basa en miles de reportes de actividad sospechosa enviados por bancos de todo el mundo a FinCen, la policía financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos. "Esos documentos, compilados por bancos, compartidos con el gobierno pero mantenidos fuera de la vista pública, exponen la oquedad de las salvaguardas bancarias y la facilidad con que las explotan los criminales", escribió el medio digital Buzzfeed, el primero en dar a conocer el informe.

La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros. 

El más cuestionado es JPMorgan, que transfirió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según los documentos filtrados del gobierno, conocidos como los Archivos de FinCEN. El análisis del ICIJ mostró además que el banco procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, el exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Colombia anuncia la llegada de tropas de EU para ayudar en el combate al narcotráfico

Bogotá. El ministro colombiano de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó ayer que un grupo del Comando Sur de Estados Unidos llegará al país en junio para asesorar al ejército en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue rechazado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (la antigua guerrilla de las FARC), que aseguró se trata de una estrategia de agresión contra Venezuela.

En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares; éstas las desarrollan exclusivamente las fuerzas colombianas. Se trata de un grupo élite de carácter netamente técnico y de asesoría para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico, explicó.

Trujillo destacó que Colombia y Estados Unidos suscribieron hace varias décadas un acuerdo de cooperación militar y recordó que la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas es una responsabilidad compartida, por eso para Colombia es fundamental la cooperación con las naciones aliadas.

La embajada de Estados Unidos indicó antier en un comunicado la llegada al país de una brigada estadunidense de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), que viene para ayudar a Colombia en su lucha antidrogas. Se trata de una unidad especializada del ejército de Estados Unidos formada para asesorar y ayudar en operaciones de naciones aliadas.

A su vez, el comandante de las fuerzas militares, Luis Navarro, indicó que los asesores castrenses estarán en el país durante cuatro meses en cuatro zonas y al llegar cumplirán todos los protocolos de prevención, contención y aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del nuevo coronavirus que ha contagiado a 24 mil 104 colombianos y ha dejado 803 muertos.

Se recibe la alarmante noticia de la puesta en marcha de un plan de desestabilización de la paz del continente... Nadie pone en duda que esta situación se desarrolle como parte de la estrategia de agresión militar del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, advirtió el Consejo Político Nacional de la FARC en un comunicado.

Iván Cepeda, senador del partido de izquierda Polo Democrático, agregó: esto forma parte de toda una estrategia de intervención militar en la región, en particular en Venezuela, por la cual está siendo funcional el gobierno colombiano.

Según las fuerzas militares, desde enero pasado los decomisos de cocaína aumentaron 7 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior, para totalizar 169 toneladas de cocaína. Además, se han erradicado más de 22 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

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Fernando Sanclemente, embajador de Colombia en Uruguay.

Fernando Sanclemente dimitió tras la decisión del fiscal general de investigarlo formalmente

El pasado 12 de febrero la Policía de Colombia halló un laboratorio de procesamiento de cocaína en una finca de Guasca, Cundinamarca, a 50 kilómetros de Bogotá. Luego se supo que allí se producían al menos 1,8 toneladas de droga al mes y que el terreno era propiedad de la familia del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente. Con otros escándalos y el coronavirus de por medio, la historia pasó desapercibida hasta este domingo cuando el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que vincularía al diplomático a la investigación formal por el narcolaboratorio.

La noticia obligó a Sanclemente a dimitir a través de una carta enviada al presidente, Iván Duque. El embajador le agradeció al mandatario y a la Cancillería el tiempo de licencia que le dieron para atender su defensa. “Esto con ocasión del penoso y muy desafortunado hecho delictivo de público conocimiento acaecido en predios de nuestra propiedad y del cual hemos solicitado a las autoridades el reconocimiento como víctimas del mismo”, escribió en la carta.

El fiscal, sin embargo, había sido tajante en sus declaraciones: “La finca del embajador fue destinada para tener un laboratorio dedicado al procesamiento de cocaína. No se trataba de algo sencillo. Por el contrario, se trataba de una estructura bien montada con tres instalaciones que tenían la potencialidad de producir 1,8 toneladas de cocaína mensual”, ha explicado Barbosa en una entrevista para el diario El Tiempo. Y para evitar dudas agregó: “el embajador tendrá que explicar cómo no se percató de tamaña operación. No solo lo citaremos, lo vincularemos”.

En un escueto comunicado, la Cancillería anunció la renuncia y advirtió de que la carta de Sanclemente surtirá su trámite correspondiente. “En la misiva el embajador indica que toma esta decisión para concentrarse en su defensa en la investigación judicial que lo afecta”. Aún falta que el presidente, Iván Duque, acepte la renuncia.

Sanclemente había sido director general de la Aeronáutica Civil y gerente del Transmilenio de Bogotá, entre otros cargos relacionados con puertos y transporte, y compartía la mitad de la propiedad de la finca con la familia Spiwak, dueños de la cadena de hoteles Dann. “Esta es una propiedad que tenemos hace más de 45 años dedicada a la crianza de caballos de carreras y de ganadería angus”, había dicho el diplomático. La defensa de ambas familias aseguró que no tenían relación con el narcolaboratorio y que desde 2017 alquilaron los terrenos a unos cultivadores de papa y cebolla. En el operativo de la Policía fueron detenidas cinco personas y se hallaron siete toneladas de insumos para el procesamiento de la droga.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 06 abr 2020 - 22:09 COT

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El general venezolano retirado Clíver Alcalá, durante una conferencia de prensa en Caracas en 2016.JUAN BARRETO / AFP

Clíver Alcalá, acusado de narcotráfico por EE UU, se entregó a Washington tras detallar un supuesto complot de la oposición contra Maduro, quien lo califica de “agente estadounidense”

 Un hombre con camisa azul claro y pantalón oscuro camina por la pista del aeropuerto de Barranquilla rodeado de funcionarios colombianos y estadounidenses. Ocurrió el pasado viernes. A media tarde, se formaliza la entrega y Clíver Alcalá Cordones sube a un avión enviado por Washington. Horas antes, el Departamento de Justicia lo había incluido en una lista de 12 dirigentes chavistas acusados de narcotráfico junto a Nicolás Maduro y a la cúpula del régimen venezolano. La Administración de Donald Trump ofrecía 10 millones dólares por su cabeza, aunque según la Fiscalía colombiana todavía “no existía orden de captura ni solicitud con fines de extradición”. Con esta información todo encajaba en el esquema de confrontación entre Estados Unidos y Caracas. Pero las últimas declaraciones de Alcalá antes de pasar voluntariamente a disposición de las autoridades arrojan una historia más nebulosa, y llena de lagunas, en la que se mezclan un arsenal de armas y una supuesta conspiración para derrocar a Maduro. Este lo considera un hecho probado y este lunes, en una carta dirigida a la comunidad internacional, lo calificó abiertamente de “agente estadounidense”.

Clíver Alcalá es un mayor general retirado de la Fuerza Armada Nacional Boliviariana (FANB). Tiene 58 años y se mantuvo fiel al expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, desde el intento de golpe de Estado de 1992. Rompió con el oficialismo hace al menos cuatro años y llevaba dos afincado en Barranquilla. El exmilitar se declara opositor, reconoce como presidente a Juan Guaidó y, sin embargo, acabó involucrándolo en un complot que, según su relato, se estaba urdiendo desde Colombia.

El pasado lunes agentes de la Policía colombiana de Tránsito dieron el alto a una furgoneta en un control vial en Pueblo Viejo, un municipio de la costa del Caribe ubicado entre Barranquilla y Santa Marta. En el vehículo, conducido por un hombre llamado Jorge Alberto Molinares Duque, hallaron “26 fusiles americanos, 14 cascos blindados con visores nocturnos y tres chalecos blindados”. El conductor fue detenido bajo los cargos de “fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares”. Tres días después, Washington emitió la acusación formal de tráfico internacional de drogas contra la plana mayor del chavismo. Entonces, Alcalá aseguró públicamente estar detrás del transporte de ese arsenal.

Las imágenes de su entrega, adelantadas por el diario colombiano El Tiempo, dejan atrás una serie de dudas sobre su versión de los hechos y su papel en la red de los disidentes del régimen. “Primero”, afirmó el general retirado en un vídeo difundido a través de su perfil de Twitter, “las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano en el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando en la conformación de una unidad libertad para Venezuela”. Alcalá no aporta pruebas, pero menciona al consultor Juan José Rendón, al dirigente del partido Voluntad Popular Sergio Vergara y va más allá. Asegura que también estaban al tanto del plan Iván Simonovis, colaborador de Guaidó y hasta 2019 uno de los presos políticos más antiguos de Venezuela, y Leopoldo López, líder opositor refugiado en dependencias diplomáticas españolas en Caracas.

“Acordamos ahí, junto a militares venezolanos, de hacer una unidad militar, que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos criminales del narcotráfico y del desastre que ha generado en nuestro país”, continúa Alcalá, quien dijo asumir su responsabilidad y que el Gobierno de Iván Duque “no está vinculado”. “Teníamos todo preparado, pero circunstancias que se han venido generando a lo largo de la lucha contra el régimen generaron filtraciones desde el seno de la oposición, aquella oposición que quiere seguir conviviendo con el Gobierno de Maduro, aquella oposición que no quiere que nada cambie”, mantuvo el general.

La justicia colombiana se enteró de este relato, que Guaidó negó rotundamente, igual que los demás. Esto es, cuando Alcalá decidió hacerlo público. “La Fiscalía General de la Nación generó nuevas actividades investigativas dentro del caso para recolectar evidencia que determine su participación y, como consecuencia, se han llevado a cabo diligencias de allanamiento y registro en varias ciudades del país”, informó el ente acusador. Las autoridades activaron canales de cooperación judicial y, a partir de ahora, solicitarán información a Estados Unidos para avanzar en las indagaciones.

Pero más allá de las consecuencias judiciales en territorio colombiano, el Gobierno de Maduro se remitió a las declaraciones de Alcalá para estrechar el cerco contra Guaidó, que lleva más de un año de pulso para tratar de desalojar al sucesor de Chávez y acaba de proponer conformar un gabinete de emergencia nacional ante la crisis del coronavirus. El fiscal general, Tarek William Saab, informó el viernes de que el Ministerio Público ha iniciado “una investigación contra Guaidó, Clíver Alcalá y demás colaboradores: por el convicto y confeso delito de intento de golpe de Estado contra el presidente”.

México - 30 mar 2020 - 13:23 COT

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Duque y Trump dicen que hay que fumigar 

Cumbre de presidentes de EE.UU. y Colombia en la Casa Blanca

El mandatario estadounidense, Donald Trump, defendió este lunes la fumigación de cultivos ilícitos para la lucha antidrogas, al recibir en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Iván Duque. El gobierno de Duque espera reanudar la fumigación de cultivos ilícitos para luchar contra el narcotráfico, una iniciativa aplaudida por Estados Unidos pero muy resistida por campesinos y organizaciones de derechos humanos.

"Bueno, van a tener que fumigar. Si no fumigan no se van a deshacer de ellos", dijo Trump en referencia a los carteles de droga, contestando a la pregunta de un periodista. El presidente de Estados Unidos recibió a Duque en el despacho Oval de la Casa Blanca (foto), para una reunión que según Trump fue planeada rápidamente "durante el fin de semana".

Las fumigaciones aéreas con glifosato en fueron suspendidas en 2015 en Colombia, cuando el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos acogió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que consideró ese herbicida como "probablemente cancerígeno". El herbicida está asociado a efectos cancerígenos y riesgos genéticos, y muchos países en Europa buscan prohibirlo por los peligros para la población.

El gobierno de Duque ha dicho que está elaborando informes de impacto sanitario y ambiental para cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional de Colombia para reiniciar el programa de fumigación, comprometiéndose a minimizar los efectos adversos.

Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, con 169.000 hectáreas sembradas en 2018 y un potencial para producir 1.120 toneladas de cocaína, según la ONU. En 2017 la cantidad de sembradíos registrada por Naciones Unidas había sido mayor -171.000 hectáreas. Y, según Duque, en 2019 se erradicaron manualmente 100.000 hectáreas, una cifra histórica.

Estados Unidos anunció a principios de año que entregará a Colombia -su aliado más estrecho en la región- 5.000 millones de dólares para invertir en zonas afectadas por los narcocultivos, algunas de ellas establecidas como prioritarias en el acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la exguerrilla comunista FARC.

Más temprano Duque denunció ante ante el grupo de cabildeo pro-Israel AIPAC el apoyo que da el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a la milicia chiita Hezbolá. "Ellos le han abierto la puerta a Hezbolá para que los apoyen en los crímenes que cometen contra su propio pueblo", dijo el presidente colombiano.

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Lunes, 20 Enero 2020 06:03

Escuchar al perpetrador

Escuchar al perpetrador

Con la académica mexicana Karina García.

Conversó con 33 hombres que integraron las principales organizaciones criminales de su país, entre ellos sicarios y secuestradores, para intentar saber cómo se gesta la violencia del narco y cómo la piensan sus miembros. Para García, escuchar y analizar sus voces permite entender por qué fracasa la “guerra contra el narcotráfico”.

Karina G García es doctora en Ciencia Política y docente de la Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales y del departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bristol. Su tesis doctoral Pobreza, género y violencia en las narrativas de 33 ex narcos: entendiendo la violencia del tráfico de drogas en México ganó el premio a la mejor tesis de la Facultad de Ciencias Sociales y Leyes para el período 2018-2019 de esa universidad británica. En su trabajo, García entrevistó a 33 hombres que habían integrado algunos de los carteles y organizaciones delictivas mexicanas y que en ese momento asistían al centro de rehabilitación de la organización Cristo Vive, ubicado en el estado de Coahuila, en el norte de México. El texto indaga sobre las razones y las formas que, para estos hombres, adquiere la violencia y propone la adopción de enfoques distintos a la militarización a la hora de combatirla. Su trabajo académico1 hoy está dando la vuelta al mundo gracias a un resumen publicado en el sitio web del Centro de Investigación Periodística bajo el título “Por qué fracasa la ‘guerra contra el narcotráfico’” (Ciper, 3-I-20). Brecha conversó con García para saber más sobre sus hallazgos.

—En tu tesis identificás cuatro “dimensiones” de la violencia relacionadas con el narcotráfico. La primera de ellas tiene que ver con la violencia entendida como un oficio que se aprende y se perfecciona, pero también como un negocio. ¿Cómo explicás este enfoque?

—Creo que muchas veces nos enfrascamos en este discurso que viene de Estados Unidos, de esta guerra abstracta contra las drogas –se habla en abstracto de las “drogas” y en abstracto de los “carteles”–, sin pensar o entender realmente los diferentes tipos de violencia que existen. Muchos de mis entrevistados me explicaban que tenían un calendario establecido de a quién levantar2, a quién torturar, cómo torturarlo, cuánto tiempo torturarlo, a quién desaparecer, cómo desaparecerlo… Todo esto se sistematizaba. Esa lógica, de cualquier tipo de violencia como negocio, es la que creo que se sigue reproduciendo en algunos niños y jóvenes.

¿Cómo es posible que haya niños y jóvenes dispuestos a ganarse la vida a través de torturas, asesinatos, secuestros? Para mí eso se ha explorado poco. Es difícil, es complejo, pero para poder diseñar políticas de seguridad efectivas hay que entender cómo llega ese individuo a considerar la realización, no ya de una actividad ilegal como el tráfico de drogas, sino de estos actos violentos.

—En tu trabajo citás la idea del “capitalismo gore”, esta exacerbación del modelo económico neoliberal que, en contextos de pobreza, genera violencia extrema y da lugar a un emprendedor criminal que progresa dentro de la estructura del cartel.

—Definitivamente. Ligado al discurso sobre la pobreza que encontré –los hombres que entrevisté veían el mundo como un lugar hostil, la pobreza como una condición fija e inevitable–, los entrevistados se consideraban a sí mismos como personas desechables, sin futuro por delante. La única manera que veían para disfrutar su juventud, o los años que les quedaban de vida –porque asumían que iban a morir jóvenes–, era insertarse en la sociedad de consumo orientada al dinero. Entonces se preguntaban, ¿cuál es la manera real que tengo de insertarme en esta lógica? Bueno, es a través del narcotráfico, y uno de los trabajos que más paga ahí es el que involucra la violencia: torturar, secuestrar y desaparecer cuerpos.

—La segunda dimensión de la que hablás es la de la violencia como parte de las reglas del juego.

—En mi tesis cito algo que me dijo uno de mis entrevistados, algo que a mí me quedó muy grabado. Él era sicario, pero su trabajo también era torturar y desaparecer cuerpos. Cuando me estaba contando los detalles más sádicos de cómo torturaba a sus víctimas, yo trataba de justificarlo de alguna manera. Entonces le decía: “Bueno, pero tú estabas bajo el influjo de las drogas para hacer esto”, y él me decía: “No”. Y yo: “Bueno, pero era la parte de tu trabajo que casi no te gustaba”, y él: “No, era parte de mi trabajo”. Creo que él se dio cuenta de que yo trataba de justificarlo con mi propia lógica y me contestó con una pregunta: “¿Tú cuestionarías a un carnicero por matar cerdos o gallinas?” Para él, su lógica es “este es mi trabajo, punto, no lo cuestiono, así es”. Para mucha gente esto es incomprensible, pero cuando se observa esa lógica a través de sus historias de vida, a través de las experiencias que estos hombres han tenido, es mucho más entendible; no justificable, pero sí mucho más entendible. Estas personas no llegan a descuartizar o decapitar personas de la nada; nacen y crecen rodeados de muchísima violencia, de diferentes tipos de violencia: doméstica, de género, de pandillas; rodeados de mucha inseguridad, y aprendieron desde muy pequeños que la violencia es la única manera, no solamente de sobrevivir, literalmente, sino de ser respetados. Ser respetados en este contexto significa no ser molestados, no tener que defender su integridad física día a día. Cuando hablamos de la violencia del narcotráfico, para ellos tenía sentido porque esa lógica ya la tenían desde niños y jóvenes, porque impera en los barrios pobres, con las pandillas juveniles. La frase que más me decían era: “Cada quién se rasca con sus propias uñas”. Esa experiencia se traslada a su trabajo ya como narcotraficantes. Obviamente, en el narcotráfico los niveles de violencia y su sistematización son mucho mayores, pero esa lógica la mayoría de los entrevistados ya la traían desde niños.

—También hacés mención a una tercera perspectiva, que es la de la violencia como un divertimento. Algo que va en paralelo; por un lado, ellos lo viven como un trabajo, pero, al mismo tiempo, algunos te dicen que prácticamente se vuelven adictos a matar.

—Esa es otra dimensión de la violencia que se tiene que atacar, y, de nuevo, está ligada a sus experiencias de vida. Tener este control sobre la vida de otra persona los hace sentirse poderosos. Efectivamente, algunos confesaron que la violencia para ellos era como un hobby, un pasatiempo; mencionaban mucho la palabra “adrenalina”, decían que les daba mucha adrenalina todo este proceso de levantar a las personas, escuchar cómo sufrían. Es escalofriante, pero así era. ¿Por qué? Regreso a esta autodefinición de ellos mismos como personas desechables. Realmente creían que no había otra forma de ser respetados, que no había posibilidad de sobresalir en otro campo. Esto es muy importante, porque no se metieron al narcotráfico sólo por el dinero, sino también por el respeto; la dignidad que no tenían antes la obtenían a través del miedo y del dominio sobre la vida de otras personas.

—Por un lado, viven la violencia como un hobby, por otro, lo entienden como parte de las reglas del juego o como un negocio. Pero también muchos te dicen que pensaron repetidamente en suicidarse. ¿Cómo entendés vos esto? ¿Por qué tienen esa idea en la cabeza?

—Lo más importante, desde mi punto de vista, es que su vida diaria, desde muy pequeños, es en verdad insoportable. Desde que tienen uso de razón están rodeados de violencia. Muchos de los entrevistados contaban que sus padres eran extremadamente violentos. Imagínate crecer con ese miedo, con tanta inseguridad. En el núcleo familiar, que es donde se supone que te dan el apoyo para que salgas adelante, es donde menos apoyo tenían. No hay felicidad. Ese es otro punto muy importante; su único escape –y por eso ingresaron a las pandillas y empezaron a utilizar drogas desde muy pequeños– era drogarse y evadir la realidad. Esto va aunado a esta idea de que ya se sabe cómo van a terminar las cosas: asumen desde muy chiquitos, seis, siete, ocho años, que van a morir, ya sea de una sobredosis –porque la drogadicción es la manera en que la mayoría de los niños y jóvenes de sus entornos lidian con esa realidad tan cruda–, o en alguna riña callejera, o bien en alguna balacera. Esto se asume. Así como otras personas, en otros contextos, cuando crecen, asumen que van a estudiar una carrera, formar una familia. ¿Por qué? Porque es lo que les rodea. Ese día a día para mí es muy importante para entender cómo y por qué ellos se sienten desechables. Contestando a tu pregunta, morir es un alivio, porque ya no se tiene que lidiar con eso, con el sufrimiento que arrastran desde su niñez por el abuso de los padres y por esa falta de propósito, esa falta de dignidad. Aun en el narcotráfico –y esto me pareció muy interesante–, por más que intentaron, no lograron sentirse felices. Terminaron de una u otra manera como drogadictos, en las calles, muchas veces como vagabundos; muchos perseguidos por los carteles, en condiciones casi infrahumanas. Así es como llegaron al centro de rehabilitación.

—La cuarta perspectiva es la del “culto a la muerte”, el ritual. La violencia vista casi como un deber ante una entidad superior. ¿Cómo encaja esto con todas las dimensiones anteriores que planteás?

—Hay muy poca investigación al respecto, al menos en México, ya sea académica o periodística, pero, al parecer, por lo que vi en mis entrevistas, eso era una constante. Creo que es algo que todavía se hace en el cartel de Los Zetas, que de una u otra manera obligaba a sus integrantes a ser parte de este “culto a la muerte”. Para protegerse, no tanto para tener una vida digna, sino para tener una muerte digna, hacían este ritual con ofrendas, en el que ofrecían vidas a la santa Muerte. Las víctimas, muchas veces, eran personas inocentes, niños, jóvenes de la calle.

—Una de estas personas te contó que mató a un amigo porque se lo pidió la santa Muerte.

—Ellos creían firmemente que existe esta entidad, digamos, sobrenatural. Obviamente hay que contextualizar estas narrativas, porque durante su experiencia en el narco estas personas estaban bajo el influjo de varias drogas. Lo que dicen es que escuchaban una voz; esta persona dice: “No me acordaba, no sabía que lo había matado; me comentaron que, de la nada, agarré una pistola y le disparé”, y al que le disparó era uno de sus mejores amigos. Eso me llamó mucho la atención, porque ellos no se excusaron por su violencia de ninguna manera, y por eso es que hice esta identificación de los tipos de violencia: como negocio, como reglas de juego, como hobby. Pero cuando se trataba del culto a la santa Muerte, ahí sí se veían como indefensos, no podían cuestionar a la santa Muerte; tenían que hacer lo que les pedía. Esos rituales involucraban cuestiones muy sádicas. No tengo más información al respecto, los participantes que pertenecían a estos carteles fueron los que me comentaron más. Pero, insisto, creo que se tiene que hacer más investigación sobre este tema, sobre todo en el contexto de desapariciones que tenemos actualmente en México, que es un problema gravísimo.

—En tu trabajo hacés referencia a la Guardia Nacional (GN) creada el año pasado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. No terminás de verla como algo positivo o que pueda colaborar a solucionar el problema.

—Entiendo la idea detrás de la creación de este nuevo cuerpo policíaco. Entiendo la preocupación del nuevo gobierno, porque efectivamente existe mucha evidencia sólida de que había mucha corrupción en la Policía Federal, y ni se diga en las policías estatales y locales. Entiendo y, de cierta manera, apoyo esa iniciativa, pero se tendría que haber complementado con otras estrategias en paralelo. Hasta donde yo puedo ver, la GN no ha ayudado a disminuir la violencia, que incluso se ha incrementado; 2019 fue uno de los años más violentos en México.

Habrá que preguntarle al gobierno cuál es la estrategia. Para mí esa es la pregunta principal que hasta ahora no ha sido respondida por el presidente. ¿Qué se espera obtener? ¿Cómo esta nueva corporación ayuda a prevenir y disminuir la violencia del narcotráfico? Lo que yo trato de resaltar en el artículo es simple y sencillamente la importancia de la prevención, actuar más bien a través de políticas locales, de programas que ataquen los problemas de raíz. Hay que repensar las estrategias y, para poder repensarlas y que sean efectivas, hay que escuchar también a los perpetradores, y basados en esas experiencias empezar a diseñar nuevas políticas públicas.

  1.   Publicado originalmente en inglés como Poverty, gender and violence in the narratives of former narcos en www.bristol.ac.uk
  2.            En la jerga de los carteles, “levantar” refiere al secuestro de una persona.

Rafael Rey

17 enero, 2020

Publicado enSociedad
UN World Drug Report 2015 highlights Peru efforts News ANDIN Andina.pe
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

Desde hace cerca de 4 décadas hay una guerra constante, cotidiana, contra los más débiles, que desune y atomiza a nuestra sociedad, que atemoriza y justifica la militarización del país, que llena las cárceles de infractores de normas sin sentido (adictos o consumidores ocasionales de estupefacientes) y de actores de la escala inferior de una cadena que desangra al país. Es una guerra potenciada y oculta tras el narcotráfico, megaproyecto tras el cual existen poderosos intereses geopolíticos, financieros, militares y de otros órdenes que es necesario develar. Consciente de ello, la bancada alternativa que hoy tiene cuerpo en el Congreso de la república presentó en días pasados diversas propuestas para superar este desastre. La iniciativa, con pocas posibilidades de aprobación, llama al país a emprender acciones que le pongan límite a una guerra que lo destruye, tanto en su factor humano como en su componente natural.

 

Alirio Uribe Muñoz, me recibe en el pequeño despacho que le corresponde en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Sobre su escritorio reposa el documento “Balance de la guerra contra las drogas en Colombia”, un informe estructurado por el senador Gustavo Bolívar Moreno, con la ayuda de su asesora Gloria Miranda, para el debate de control político en el que el Senador desnudó el fracaso de la guerra contra las drogas.

El ritmo de trabajo de Alirio continúa trepidante. Se equivocaron quienes creyeron que una merecida pausa, después de los cuatro años en los que como parlamentario libró una batalla insomne en favor de la protección y desarrollo legislativo de los Acuerdos de Paz, significaba que pasaba a la sombra. En meses recientes ha recorrido las regiones dónde se prolonga el conflicto en nuestro país: Catatumbo, Cauca, Tumaco y el Pacífico nariñense, Arauca, buscando que en la capital se escuche la voz de las comunidades perseguidas y violentadas; ahora lo encuentro estudiando y tomando notas para presentar sus ideas en alguno de los foros universitarios, o de los múltiples programas televisivos o radiales a los que es invitado.

Sus altas responsabilidades en diferentes acciones jurídicas, y el liderazgo que encarna por sus capacidades y su integridad sin fisuras, no afectan en un ápice su sencillez natural y su trato cordial. El saludo es breve, preciso, y voy al punto para no restarle precioso tiempo:

P. ¿Qué lugar ocupa la “lucha contra las drogas” en la política colombiana?
R. Creo que la realidad política nacional no puede ser comprendida sin tener en cuenta lo que ha sido la política antidroga en Colombia. Una política que nos implantaron, una mala política, fracasada. Sus resultados, desde los años setenta, cuando Richard Nixon impuso la “Guerra contra las drogas” han sido: centenares de miles de víctimas, decenas de millares de reducidos a prisión, endeudamiento externo para financiar tal guerra, cientos de miles de hectáreas fumigadas durante 35 años; más de mil toneladas de cocaína exportadas cada año, junto a toneladas destinadas para un creciente mercado interno; prospero lavado de activos en EE.UU, Europa, América Latina, y Asia. Y uso del narcotráfico para financiar una confrontación política y armada que desangra a los colombianos y lucra intereses nacionales e internacionales.

Y en la fase más reciente, incumplimiento de los Acuerdos de Paz y un gran paso atrás: retornar a la erradicación violenta de cultivos de coca y marihuana, y a la aspersión aérea con glifosato. Un temible curso de acción que puede ampliar un nuevo ciclo de violenta confrontación.
P. Un panorama desolador. ¿Existe alguna luz en medio de una atmósfera tan turbia?
R. Lo que resulta interesante y esperanzador en este escenario inquietante es la conformación de una bancada parlamentaria con congresistas pertenecientes a diversos partidos. Congresistas del Partido Verde, del Polo Democrático Alternativo, de Mais y algunos integrantes del Partido Liberal, Cambio Radical y la antes llamada Unidad Nacional; son parlamentarios que comparten la idea de replantear la lucha antidrogas y crean una especie de bancada transversal para introducir variaciones a una política que ha causado diversos y profundos estragos a los colombianos. Están escuchando a muchos sectores campesinos, indígenas y afros afectados por los cultivos de uso ilícito.

P. El problema, entonces, no se resuelve con más recursos destinados a una lucha antidrogas que cumple varias décadas sin afectar el narcotráfico…
R. Hay que gestar una nueva mirada sobre el narcotráfico. Urge abandonar una óptica que antes que eliminar esta problemática, o al menos menguar sus devastadoras consecuencias, ha centuplicado los daños sociales y a la naturaleza.

Hay que empezar a mirar el narcotráfico como lo que en realidad es: un descomunal megaproyecto engendrado por un entramado de intereses que permanece oculto.
Hay que recordar que dentro de tal realidad, nadie se ocupa de la cadena de valor del negocio. No existe la pregunta por quiénes son los verdaderos dueños del macroproyecto: narcotráfico. Pocos se preguntan sobre las formas cómo las mafias destruyen las comunidades; las formas como militarizan los territorios y desplazan a la gente. Si vuelven las aspersiones aéreas, eso significará ejecutar una política de desplazamiento forzado que se traducirá en más cultivos industriales de coca para cocaína, profundizando la absurda meta de deforestación de este Gobierno de 880 mil hectáreas a lo largo de su cuatrenio. Son escasas las personas que se preguntan por la deforestación, por los grupos armados ilegales que viven en torno a esos cultivos, y por los cuidadores de las rutas del narcotráfico.

 

Con base en documento del senador Gustavo Bolívar Moreno.

 

P. Es una realidad que pervive y se profundiza ante los ojos del Estado…
R. Así es. Si miramos el mapa de cultivos ilegales del país, hoy las zonas de mayor militarización son las de producción de coca: Catatumbo, Guaviare, el Pacifico, etcétera. Entonces, la conclusión podría ser que el Estado lo que hace es cuidar las rutas del narcotráfico y los centros de producción y acopio de drogas. Le echan la culpa a la gente, pero el Estado es el que controla esos territorios: los lugares donde se produce y las rutas por donde sale la coca. Y también los territorios donde se lavan los ingresos que genera la exportación o el cubrimiento de la demanda nacional.

P. Estamos, entonces, ante una realidad perversa, soportada sobre una constante manipulación.…
R. Así es. Estamos ante un enorme y poderoso megaproyecto que debe ser visibilizado. Un megaproyecto con una colosal potencia destructiva: mata indígenas y campesinos, arruina sus culturas, recluta jóvenes, destruye los principios y las reglas democráticas, corrompe y aniquila todo lo que encuentra a su paso. Y, precisamente, el paquete legislativo presentado por la bancada alternativa genera la oportunidad de abrir un debate que es imprescindible.

P. Por tanto, puedo entender que ese megaproyecto no es precisamente el microtráfico.
R. Puedo asegurar que la cadena de valor del narcotráfico nunca se ataca. Cuando a la gente le hablan del narcotráfico aluden es al microtráfico, a la violencia, a los consumidores, a los jóvenes y a los cultivadores. Pero no te hablan del turismo, de hotelería, de exportadores e importadores, o de los tratados comerciales, porque al final llego siempre a la conclusión de que estos tratados lo que han hecho es legalizar y abrir las rutas de la cocaína. Los TLCs con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Asia-Pacífico, con Turquía o con Israel, han abierto la posibilidad de tirar por ahí los contenedores con la reina blanca. Además, este producto generado en el proceso productivo es como el nuevo café, con mucho empleo, y empleo no cualificado para más de 400 mil familias.

El narcotráfico es un megaproyecto que utiliza una propaganda silenciosa y eficaz para direccionar la mirada colectiva solamente hacía dos grupos del mapa completo del fenómeno complejo del narcotráfico. Esos dos colectivos son justo las partes que el punto 4 de los Acuerdos de Paz señala como aquellas que no hay que tocar: los cultivadores y los consumidores, que son los jóvenes y demás usuarios de las plantas y substancias prohibidas, que en las zonas pobres de las ciudades son perseguidos y criminalizados.

P. ¿Qué ha hecho el nuevo Gobierno desde el 7 de agosto de 2018?
R. Contrariando lo establecido en los Acuerdos de Paz, al arribar a la presidencia Iván Duque dirige su política de ataque hacia esos dos extremos. Los más vulnerables, los menos responsables y los menos beneficiados con las fabulosas utilidades que arroja el narcotráfico. El Gobierno pretende presentar a los consumidores como criminales. Y sucede que los consumidores son enfermos, son adictos; o son consumidores recreativos que tienen derecho a usar una planta o una substancia sicoactiva.

Por otra parte, al perseguir al pequeño cultivador de hoja de coca “ignora” que hay una economía agraria que está fundamentada en la coca y que opera casi como lo hacía la economía cafetera. Generando pequeños, pero vitales ingresos a los pequeños propietarios, así como a los pequeños cultivadores, y a los trabajadores agrarios.

P. Y en este caso, ¿el ingreso familiar de los cultivadores asciende a cuánto?
R. El 90 por ciento de los pequeños cultivadores tienen un ingreso del orden de 2 millones de pesos mensuales; no se harán ricos jamás. Pero, obviamente, sí estamos ante un mecanismo de inclusión social, incluso, un mecanismo que ayuda a que la gente no migre a las ciudades. Hay que poner atención a lo que esto suscita, a la contradictoria realidad que despierta: al tener empleo en los cultivos de coca los jóvenes que estaban migrando de los campos hacia las ciudades ahora lo hacen en menor escala.

P. Es un ingreso modesto, logrado con mucho esfuerzo. ¿En qué invierten esos dos millones?
R. Fíjese, es llamativo como las familias que tienen pequeñas chagras invierten sus ingresos: el 51 por ciento lo gastan en educación; un 13 por ciento lo destinan para vivienda y un 18 por ciento lo ahorran para compra de tierras. Muy similar a la estructura del gasto de la clase media urbana, que gasta sus ingresos en educación, en arriendo, en comprar viviendas, en adquirir motos o vehículos.

P. Los otros afectados por esta política son los consumidores, ¿cómo procede con ellos este Gobierno?
R. Todo se reduce a represión y control social, así lo evidencia el famoso decreto del Código de Policía para criminalizar a los jóvenes que consumen, con el cual no logran prevención del consumo, ni salud pública, además de corrupción, potenciada a través de una especie de salario oculto para las fuerzas que ejercen la represión y el control social. Esta medida, lo demuestran los resultados, lo único que genera son muertos, en términos de lo que el criminólogo Raul Zaffaroni denomina: el genocidio por goteo.

P. Se repite en este caso la historia, ya conocida y ya fracasada, pero no puede ser casual, de ilegalización y represión ante ciertos consumos…
R. Así es. En cualquier país donde se pongan en marcha políticas represivas en contra de los consumidores lo único que logran es detenerlos, encarcerlarlos o dispararles, y al mismo tiempo fomentar las organizaciones ilegales que siempre proliferan por los márgenes de utilidad que brinda el microtráfico. Se fomenta también el sicariato y la violencia engendrada en torno al tráfico y al consumo clandestino. Es por todo esto que es muy importante repensar el tema de producción y consumo, y se impida el retroceso en torno al libre consumo de la dosis mínima. Uno de los actos de la reforma jurídica que presentó la bancada es una reforma al artículo 49 de la Constitución Política (Ver recuadro).

Por otra parte, el decreto que sobre este particular planteó Iván Duque está demandado en este momento en el Consejo de Estado. Además, la Corte Constitucional suprimió del Código de Policía la prohibición extrema existente ante el consumo en los lugares públicos y los parques.

P. ¿Qué plantea en concreto la Corte sobre este particular?
R. Lo que dice la Corte Constitucional es que la policía, sí, tiene que vigilar los parques, así como demás zonas públicas, pero no puedo existir una norma de prohibición extrema de que nadie consuma alcohol o ciertas sustancias sicoactivas en sitios públicos. La tesis de la Corte Constitucional da razones para que el decreto promulgado por Duque se caiga en el Consejo de Estado.

Precisamente, como Colectivo de Abogados demandamos ese decreto, sin duda, una medida represiva contra los consumidores en espacios públicos. Igual hicieron la congresista Katherine Miranda, y el abogado –congresista– Navas Talero.

En igual sentido, lo pretendido por la reforma del artículo 49 de la Constitución Nacional es lo que hoy se llama la regulación, es decir, que la producción y el consumo de sustancias estupefacientes y psicoactivas estén reglamentadas por la ley con un enfoque de salud pública, con un enfoque de derechos humanos, de reducción de riesgos, y con atención integrada a los consumidores de drogas y demás. Se trata de lograr un desarrollo constitucional acompasado con la necesidad de la regulación, y no simplemente la prohibición y criminalización.

P. En el marco de los pequeños agricultores, dedicados en este caso a la siembra de coca, ¿qué otros proyectos tiene la bancada alternativa?
R. La bancada presentó un proyecto para prohibir el uso del glifosato, también sus derivados y complementarios. Hoy en Colombia la discusión no es la que existe en Europa, o en Estados Unidos, sobre si prohibir o no, de manera general el glifosato. En Europa y Estados Unidos lo están prohibiendo para jardinerías y para la agricultura en general. Lo que hace el proyecto de ley, en nuestro caso, es prohibirlo para el uso en las aspersiones aéreas que se ejecuten en el marco de la política antidrogas.

Sin embargo, el proyecto de ley también propone el desmonte gradual para que en un futuro, no tan lejano, se pueda suprimir el glifosato utilizado en la agricultura en general. Pero se propone un proceso progresivo. En Colombia el glifosato se usa con un acelerante, el panzer, y con otros químicos, lo que nos ha impulsado a denominar esta como guerra química.

Una guerra química lesiva y sin los resultados ofrecidos por la política gubernamental. Con el Plan Colombia y con el Plan Patriota ya tuvimos muchos años de fumigaciones y no se eliminó ni se redujo el problema. La política de fumigaciones es un negocio de las multinacionales gringas que proporcionan los químicos, así como de las empresas de aviación que hacen la aspersión aérea. Un negocio bien montado.

Por otro lado, los estudios reflejan que la erradicación con químicos, la fumigación o erradicación violenta de una hectárea de coca puede costar cerca 70 u 80 millones de pesos, y cuando uno estudia la sustitución voluntaria de cultivos lo que le pagan a una familia es mucho menos: si una familia tiene 5 hectáreas, y está en un programa de sustitución, le invierten 30 millones. Eso es muchísimos menos. Claro, con una aclaración, los campesinos cuyos cultivos son erradicados violentamente, en un 50 por ciento o más reinciden en la resiembra, mientras los que son sustituidos, casi ciento por ciento, no vuelven a cultivar, o máximo resiembra un 10 por ciento.

P. ¿Existen otras temáticas y realidades en este campo abocadas por la bancada?
R. La despenalización de los cultivadores de cultivos declarados ilícitos. Como resultado del proceso de paz y los acuerdos alcanzados, muchas de las personas dedicadas a este tipo de agricultura se acercaron al Estado para declarar sus pequeños cultivos e iniciar procesos de substitución voluntaria, una oportunidad perdida pues el nuevo gobierno optó por, potencialmente, criminalizarlos. Partiendo de estas realidad, lo propuesto con este proyecto de ley son beneficios penales para quienes están vinculados a esta actividad agraria, para que no sean criminalizados, incumpliendo con los Acuerdos pactados.

P. Es posible que estas iniciativa sea malinterpretada, ¿consideraron tal escenario?
R. Sí, por ello quedó explícito que a tales beneficios no pueden acceder narcotraficantes. Se exige que sean realmente personas que tienen o laboran en pequeños cultivos. Esto es lo que se llama el tratamiento penal diferenciado. Veamos. Existen unas conductas que están tipificadas en el Código Penal, artículos 375, 376, 377, 382; y con este proyecto de ley se busca que esas conductas tengan un tratamiento penal diferenciado. Cubriría a quienes tengan actividades relacionadas con el cultivo, transformación, conservación y financiación de plantaciones de coca, marihuana, amapola; y transporte, comercialización de sus derivados en pequeñas escalas. Conductas que desarrollan la mayoría de las gentes que están metidas en ese tema. Los beneficios jurídicos que gozarían consisten básicamente en renunciar a procesarlos penalmente, o extinguir la pena si está condenado. Si la persona no está condenada tiene que aceptar una condición: no incurrir en algún delito, ni sembrar de nuevo las plantas prohibidas.

Se suponía que ese proyecto tenía que tramitarse dentro del fast track, dentro de los desarrollos legislativos de los Acuerdos de Paz. O que el presidente Santos lo hubiera expedido como un decreto ley. Pero ni el Congreso ni Santos le cumplieron a la gente. La gente sí firmó los convenios, sí hizo las actas, sí confesó que tenían cultivos –1, 2, o 3 hectáreas. Los cultivadores de coca hoy, más o menos, se mueven entre 2 y 5 hectáreas, pero esa cantidad ya es un delito.

P. ¿Tienen alguna otra iniciativa en el tema de substancias prohibidas?
R. Sí, una relacionado con cannabis. La critica expresada a la ley promovida por el senador Galán, que regula cultivo y consumo, es que no consultó con las comunidades vinculadas con tal realidad: indígenas y no indígenas; con la gente que la procesa para productos medicinales y derivados: cremas, aceites, etcétera.
Es así como la regulación resultante solo tuvo en cuenta a grandes empresas que tienen la capacidad de reunir las condiciones para tener producción voluminosa y legal de derivados de cannabis.

P. ¿Qué pretende, en concreto, tal iniciativa?
R. Enfocado en el mundo real de esos pequeños productores de marihuana y las personas que la consumen y también sus derivados, la iniciativa apunta a crear un marco regulatorio de cultivo, de producción, de saneamiento y comercialización de cannabis y de los derivados para usos medicinales, y también otros usos que puede tener.

El proyecto se orienta a legalizar lo que hoy funciona de manera ilegal. Hoy mucha gente siembra la marihuana, produce derivados, pero no tienen licencias de comercialización, son ilegales; y lo son porque el marco legal aprobado meses atrás está hecho para las multinacionales y para grandes empresarios que pueden cumplir con todas las condiciones fitosanitarias y de control, las mismas que nunca va a poder cumplir un pequeño cultivador de marihuana.

En el Congreso han anunciado unos 10 proyectos de ley en esa lógica de variar la política antidrogas existente en Colombia; tenemos por tanto un escenario de oportunidad. Desde el campo alternativo hay que asumir el debate de esta política fracasada la cual no ha podido evitar que con el paso del tiempo cada vez más gente aborde esta realidad y exija transformaciones positivas, por ejemplo, descriminalizar, poner en marcha políticas de salud pública, de prevención, al tiempo que permitir que los pequeños productores y emprendedores en todos los planos se beneficien de algo que por ahora solo beneficiaría, como ha sucedido en otros muchos sectores de la economía nacional, a las multinacionales.

 


 

Reforma al Artículo 49 de la C.P.

 

Artículo 49. Artículo 1°. El artículo 49 de la Constitución Política quedará así:


“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.


Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad.


La producción, porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas estará reglamentado por la ley, a través de los enfoques de salud pública, derechos humanos, reducción de riesgos y daños, inclusión social y desarrollo territorial, así como la promoción de capacidades, la participación y la reducción de estigma y discriminación. Las obligaciones del Estado Colombiano en derechos humanos serán prevalentes.
Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para la atención integral de los usuarios consumidores de dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del usuario. El Estado implementará un enfoque diferencial en las políticas de droga, que distinga entre consumos problemáticos y no problemáticos, patrones de uso dependientes y no dependientes, así como los impactos sobre grupos discriminados y en situación de vulnerabilidad.


Así mismo el Estado dedicará especial atención al consumidor dependiente o problemático y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes, en favor de la recuperación de los usuarios con consumo problemático y la protección de niños, niñas y adolescentes.

Publicado enColombia
Colombia, Cauca. Se atiza el fuego de guerra contra los pueblos indígenas

Un desangre sin límite a la vista y con propósitos claramente establecidos. En la tarde del pasado martes 29 de octubre, cinco indígenas nasa fueron acribillados mientras realizaban actividades de control territorial en el resguardo de Tacueyó. Un día antes, en otra región del norte del Cauca (Corinto), en circunstancias que aún no están del todo claras, fue asesinado Flower Jair Trompeta, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto; de acuerdo a la denuncia de la comunidad, fue interceptado por integrantes del Ejército y horas después su cadáver apareció en la vereda La laguna. Ese mismo 28 de octubre, en el municipio de Curillo (departamento de Caquetá), otro excombatiente de las Farc, Wilson Parra Lozada, el objeto de la acción de sicarios.

El país está de luto permanente por el asesinato de los líderes y lideresas sociales. Octubre cierra como un nuevo mes de sangre pues, como espejo de los meses pasados, fueron varias las vidas de liderazgos sociales que apagaron de manera violenta las fuerzas del poder, a saber: el líder y dirigente indígena del pueblo Embera del departamento de Quindío, Constantino Ramírez Bedoya, a quien le arrebataron la vida la noche del 17 de octubre cuando se dirigía por la vía que conecta a Calarcá con el Resguardo Indígena Dachi Agore; de la misma manera el excombatiente fariano Alexander Parra, ultimado el pasado 24 de octubre al interior del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Mesetas, en el departamento del Meta.

Son asesinatos que evidencian la grave situación de derechos humanos que padece el país. Atentados violentos contra objetivos claramente establecidos producto de lo cual, y si se toma para ello el momento de la firma el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno de Santos, ya suman 169 los excombatientes que han sido objeto de la acción homicida que procura romper en su totalidad el Acuerdo en cuestión. Violencia y atentados también enfocados en la humanidad de los indígenas, los que de acuerdo al consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias, registran 125 integrantes de sus pueblos asesinados desde que Iván Duque asumió la presidencia.

La guerra contra los indígenas del norte del Cauca

No es nuevo, la guerra en el Cauca continua en creciente. Son múltiples las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, donde ponen precio a las cabezas de líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Amenazas que con el paso del tiempo se van concretando, pues vale recordar que el primer día del mes de agosto fue asesinado en el resguardo de Huellas-Caloto el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue; y de la misma manera caían el 10 de agosto los guardias del resguardo de San Francisco, Kevin Ademir Mestizo Coicue y Ogenio Tenorio*.

Según las organizaciones indígenas, los hechos ocurridos el 29 de octubre se presentaron mientras las autoridades se encontraban realizando labores de control territorial en el sector de la Luz, jurisdicción del resguardo de Tacueyó, por donde miembros de la columna Dagoberto Ramos de la disidencia de las Farc se movilizaban en dos camionetas. Según el testimonio indígena, cuando quienes ocupaban tales automotores fueron detenidos y oponiéndose a tal procedimiento, abrieron fuego, acabando con la vida de los guardias indígenas: Asdruval Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, así como de la autoridad tradicional o “Ne’h Wesx” Cristina Taquinas Bautista del resguardo de Tacueyó. En el ataque también resultaron heridos de gravedad la autoridad Crescencio Peteche y los guardias José Norman Montano, Matías Montano, Dora Rut Mesa y Rogelio Taquinas.

Durante este episodio, una ambulancia de la Misión Médica que trasladaba a los heridos, también fue blanco de los disparos.

Como presión, dentro de esta disputa por el control territorial, momentos después de la masacre que enluta al pueblo nasa, otro grupo de gente armada se desplazó desde el sector conocido como el Boquerón de manera amenazante, hostigando a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos auxiliando a los heridos; ante tales sucesos la organización sostuvo: “repudiamos el actuar cobarde de este grupo de las disidencias de las Farc, camufladas como paramilitares o como Cartel de Sinaloa al servicio del narcotráfico”**.

Afianzando el control territorial

Ante el ataque armado, las comunidades se declararon en estado de emergencia y convocaron para el día 30 de octubre una asamblea extraordinaria de carácter permanente en el polideportivo del Resguardo indígena de Tacueyó, donde participaron comunidades y autoridades de Tacueyó, Toribio, San Francisco, y Jambaló, entre otras zonas.

La asamblea sesionó en comisiones bajo la pregunta: ¿qué hacer frente a los hechos ocurridos como comunidad? A partir de ello la comunidad reflexionó sobre las estrategias y el tratamiento desplegado en este tipo de casos, destacando que detener a quienes desarmonizan el territorio, quitarles las armas y realizar la justicia propia, no está cumpliendo con sus propósitos. ¿Qué hacer, por tanto? La reflexión los llevó a las causas estructurales del problema, hasta identificar un punto nodal del mismo: los cultivos de coca y marihuana para uso comercial, así como la presencia de personas ajenas a la comunidad que llegan a arrendar y a utilizar el territorio para las economías ilícitas. Para remediar esta situación empiezan a proyectar acciones.

De la misma manera se ratificó el mandato de la organización y comunidades con respecto a no aceptar actores armados legales o ilegales dentro de los territorios, dejando clara la posición contra el gobierno de Duque y su propuesta de militarización de las zonas con el envío de 2.500 militares a la región que trabajen en conjunto con la Guardia Indígena, pues vale la pena recordar que el ejercicio de control territorial de estas guardias es autónomo y no cuenta con el apoyo ni coordinación con Fiscalía, Policía o Ejército.

Por el contrario, las propuestas de las comunidades van más allá de la militarización y tocan temas puntuales y de fondo como planes de sustitución y financiación de proyectos productivos, al mismo tiempo que ven con urgencia el tema del fortalecimiento organizativo y de acompañamiento de las comunidades al ejercicio de control territorial que llevan adelante la Guardia Indígena y las Autoridades de los resguardos.

Aunque en los próximos días se seguirá en asamblea permanente, y se tiene proyectado realizar una gran minga de control territorial, lo primero por acometer pasa por el acompañamiento a las familias de las víctimas y la siembra de los Guardias y la Gobernadora que recién había sido nombrada en su cargo el 21 de junio del presente año.

Una situación que refleja la crisis del país

La situación del norte del Cauca es crítica. El 31 de octubre se supo de una nueva masacre en zona rural del municipio de Corinto, en donde encontraron a cuatro personas asesinadas con impacto de bala; de acuerdo con versiones de la comunidad, los cuerpos tenían signos de tortura y degollamiento. Al mismo tiempo, en Caloto fue encontrado otra persona asesinada. Las víctimas aún no han sido identificadas. 

Esta realidad que padece esta región, como muchas otras del país, tiene que ver, entre otros, con el megaproyecto del narcotráfico, el mismo que genera disputas por el control de tierras, rutas y plantaciones, lo que se traduce en la consolidación de poderes que manejan economías en miles de millones y se mueven sin ningún problema bajo las narices del Estado colombiano, pues no se puede negar que la presencia militar en el sur del país es alta y sin embargo no son obstáculo para que los actores de este poder cumplan con sus cometidos.  Como es evidente, el narcotráfico es útil para la atomización social, para la ruptura de tejidos sociales, para el control violento de territorios, para limitar la acción social alternativa. El narcotráfico es un claro enemigo de otro modelo de sociedad, uno distinto al imperante.

Una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas. Es evidente que lo que hay detrás de estos asesinatos y ataques contra los pueblos indígenas, responde a un plan de despojo de tierras para los negocios económicos de toda índole, pues no se puede negar que de lograr el desplazamiento de comunidades enteras a ciudades o pueblos intermedios eso ayudaría a la entrada y consolidación de la industria del narcotráfico, así como de otras multinacionales, unas y otras con los ojos puestos en estas tierras donde podrán explotar diferentes recursos naturales y ejercer un control territorial que les permita satisfacer sus propósitos.  Política de exterminio que es de carácter global, pues si miramos otras geografías encontraremos el mismo fenómeno de asesinato permanente y selectivo contra pueblos que habitan en la ruralidad.

Colombia es un país envuelto en un luto permanente, luto que se impondrá y seguirá ampliándose si no encontramos espacios de articulación real entre organizaciones sociales y habitantes del país nacional, espacios que evidentemente deben trazar caminos propios, de mediano y largo plazo, a través de los cuales logren configurar otros referentes de vida y otras formas para administrarlas, todo lo cual no es posible realizar si el centro y referencia es el poder gubernamental imperante desde dos siglos atrás. Un reto mayúsculo que demanda imaginación, instalación de espacios para el diálogo común, la puesta en marcha de experiencias concertadas para otra economía posible y con ello, para otra democracia necesaria y factible. Hay que romper el luto, dando espacio a la vida, y ésta depende de la calidad de nuestros sueños y de nuestra audacia para hacerla realidad.

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UN World Drug Report 2015 highlights Peru efforts News ANDIN Andina.pe

Desde hace cerca de 4 décadas hay una guerra constante, cotidiana, contra los más débiles, que desune y atomiza a nuestra sociedad, que atemoriza y justifica la militarización del país, que llena las cárceles de infractores de normas sin sentido (adictos o consumidores ocasionales de estupefacientes) y de actores de la escala inferior de una cadena que desangra al país. Es una guerra potenciada y oculta tras el narcotráfico, megaproyecto tras el cual existen poderosos intereses geopolíticos, financieros, militares y de otros órdenes que es necesario develar. Consciente de ello, la bancada alternativa que hoy tiene cuerpo en el Congreso de la república presentó en días pasados diversas propuestas para superar este desastre. La iniciativa, con pocas posibilidades de aprobación, llama al país a emprender acciones que le pongan límite a una guerra que lo destruye, tanto en su factor humano como en su componente natural.

 

Alirio Uribe Muñoz, me recibe en el pequeño despacho que le corresponde en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Sobre su escritorio reposa el documento “Balance de la guerra contra las drogas en Colombia”, un informe estructurado por el senador Gustavo Bolívar Moreno, con la ayuda de su asesora Gloria Miranda, para el debate de control político en el que el Senador desnudó el fracaso de la guerra contra las drogas.

El ritmo de trabajo de Alirio continúa trepidante. Se equivocaron quienes creyeron que una merecida pausa, después de los cuatro años en los que como parlamentario libró una batalla insomne en favor de la protección y desarrollo legislativo de los Acuerdos de Paz, significaba que pasaba a la sombra. En meses recientes ha recorrido las regiones dónde se prolonga el conflicto en nuestro país: Catatumbo, Cauca, Tumaco y el Pacífico nariñense, Arauca, buscando que en la capital se escuche la voz de las comunidades perseguidas y violentadas; ahora lo encuentro estudiando y tomando notas para presentar sus ideas en alguno de los foros universitarios, o de los múltiples programas televisivos o radiales a los que es invitado.

Sus altas responsabilidades en diferentes acciones jurídicas, y el liderazgo que encarna por sus capacidades y su integridad sin fisuras, no afectan en un ápice su sencillez natural y su trato cordial. El saludo es breve, preciso, y voy al punto para no restarle precioso tiempo:

P. ¿Qué lugar ocupa la “lucha contra las drogas” en la política colombiana?
R. Creo que la realidad política nacional no puede ser comprendida sin tener en cuenta lo que ha sido la política antidroga en Colombia. Una política que nos implantaron, una mala política, fracasada. Sus resultados, desde los años setenta, cuando Richard Nixon impuso la “Guerra contra las drogas” han sido: centenares de miles de víctimas, decenas de millares de reducidos a prisión, endeudamiento externo para financiar tal guerra, cientos de miles de hectáreas fumigadas durante 35 años; más de mil toneladas de cocaína exportadas cada año, junto a toneladas destinadas para un creciente mercado interno; prospero lavado de activos en EE.UU, Europa, América Latina, y Asia. Y uso del narcotráfico para financiar una confrontación política y armada que desangra a los colombianos y lucra intereses nacionales e internacionales.

Y en la fase más reciente, incumplimiento de los Acuerdos de Paz y un gran paso atrás: retornar a la erradicación violenta de cultivos de coca y marihuana, y a la aspersión aérea con glifosato. Un temible curso de acción que puede ampliar un nuevo ciclo de violenta confrontación.
P. Un panorama desolador. ¿Existe alguna luz en medio de una atmósfera tan turbia?
R. Lo que resulta interesante y esperanzador en este escenario inquietante es la conformación de una bancada parlamentaria con congresistas pertenecientes a diversos partidos. Congresistas del Partido Verde, del Polo Democrático Alternativo, de Mais y algunos integrantes del Partido Liberal, Cambio Radical y la antes llamada Unidad Nacional; son parlamentarios que comparten la idea de replantear la lucha antidrogas y crean una especie de bancada transversal para introducir variaciones a una política que ha causado diversos y profundos estragos a los colombianos. Están escuchando a muchos sectores campesinos, indígenas y afros afectados por los cultivos de uso ilícito.

P. El problema, entonces, no se resuelve con más recursos destinados a una lucha antidrogas que cumple varias décadas sin afectar el narcotráfico…
R. Hay que gestar una nueva mirada sobre el narcotráfico. Urge abandonar una óptica que antes que eliminar esta problemática, o al menos menguar sus devastadoras consecuencias, ha centuplicado los daños sociales y a la naturaleza.

Hay que empezar a mirar el narcotráfico como lo que en realidad es: un descomunal megaproyecto engendrado por un entramado de intereses que permanece oculto.
Hay que recordar que dentro de tal realidad, nadie se ocupa de la cadena de valor del negocio. No existe la pregunta por quiénes son los verdaderos dueños del macroproyecto: narcotráfico. Pocos se preguntan sobre las formas cómo las mafias destruyen las comunidades; las formas como militarizan los territorios y desplazan a la gente. Si vuelven las aspersiones aéreas, eso significará ejecutar una política de desplazamiento forzado que se traducirá en más cultivos industriales de coca para cocaína, profundizando la absurda meta de deforestación de este Gobierno de 880 mil hectáreas a lo largo de su cuatrenio. Son escasas las personas que se preguntan por la deforestación, por los grupos armados ilegales que viven en torno a esos cultivos, y por los cuidadores de las rutas del narcotráfico.

 

Con base en documento del senador Gustavo Bolívar Moreno.

 

P. Es una realidad que pervive y se profundiza ante los ojos del Estado…
R. Así es. Si miramos el mapa de cultivos ilegales del país, hoy las zonas de mayor militarización son las de producción de coca: Catatumbo, Guaviare, el Pacifico, etcétera. Entonces, la conclusión podría ser que el Estado lo que hace es cuidar las rutas del narcotráfico y los centros de producción y acopio de drogas. Le echan la culpa a la gente, pero el Estado es el que controla esos territorios: los lugares donde se produce y las rutas por donde sale la coca. Y también los territorios donde se lavan los ingresos que genera la exportación o el cubrimiento de la demanda nacional.

P. Estamos, entonces, ante una realidad perversa, soportada sobre una constante manipulación.…
R. Así es. Estamos ante un enorme y poderoso megaproyecto que debe ser visibilizado. Un megaproyecto con una colosal potencia destructiva: mata indígenas y campesinos, arruina sus culturas, recluta jóvenes, destruye los principios y las reglas democráticas, corrompe y aniquila todo lo que encuentra a su paso. Y, precisamente, el paquete legislativo presentado por la bancada alternativa genera la oportunidad de abrir un debate que es imprescindible.

P. Por tanto, puedo entender que ese megaproyecto no es precisamente el microtráfico.
R. Puedo asegurar que la cadena de valor del narcotráfico nunca se ataca. Cuando a la gente le hablan del narcotráfico aluden es al microtráfico, a la violencia, a los consumidores, a los jóvenes y a los cultivadores. Pero no te hablan del turismo, de hotelería, de exportadores e importadores, o de los tratados comerciales, porque al final llego siempre a la conclusión de que estos tratados lo que han hecho es legalizar y abrir las rutas de la cocaína. Los TLCs con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Asia-Pacífico, con Turquía o con Israel, han abierto la posibilidad de tirar por ahí los contenedores con la reina blanca. Además, este producto generado en el proceso productivo es como el nuevo café, con mucho empleo, y empleo no cualificado para más de 400 mil familias.

El narcotráfico es un megaproyecto que utiliza una propaganda silenciosa y eficaz para direccionar la mirada colectiva solamente hacía dos grupos del mapa completo del fenómeno complejo del narcotráfico. Esos dos colectivos son justo las partes que el punto 4 de los Acuerdos de Paz señala como aquellas que no hay que tocar: los cultivadores y los consumidores, que son los jóvenes y demás usuarios de las plantas y substancias prohibidas, que en las zonas pobres de las ciudades son perseguidos y criminalizados.

P. ¿Qué ha hecho el nuevo Gobierno desde el 7 de agosto de 2018?
R. Contrariando lo establecido en los Acuerdos de Paz, al arribar a la presidencia Iván Duque dirige su política de ataque hacia esos dos extremos. Los más vulnerables, los menos responsables y los menos beneficiados con las fabulosas utilidades que arroja el narcotráfico. El Gobierno pretende presentar a los consumidores como criminales. Y sucede que los consumidores son enfermos, son adictos; o son consumidores recreativos que tienen derecho a usar una planta o una substancia sicoactiva.

Por otra parte, al perseguir al pequeño cultivador de hoja de coca “ignora” que hay una economía agraria que está fundamentada en la coca y que opera casi como lo hacía la economía cafetera. Generando pequeños, pero vitales ingresos a los pequeños propietarios, así como a los pequeños cultivadores, y a los trabajadores agrarios.

P. Y en este caso, ¿el ingreso familiar de los cultivadores asciende a cuánto?
R. El 90 por ciento de los pequeños cultivadores tienen un ingreso del orden de 2 millones de pesos mensuales; no se harán ricos jamás. Pero, obviamente, sí estamos ante un mecanismo de inclusión social, incluso, un mecanismo que ayuda a que la gente no migre a las ciudades. Hay que poner atención a lo que esto suscita, a la contradictoria realidad que despierta: al tener empleo en los cultivos de coca los jóvenes que estaban migrando de los campos hacia las ciudades ahora lo hacen en menor escala.

P. Es un ingreso modesto, logrado con mucho esfuerzo. ¿En qué invierten esos dos millones?
R. Fíjese, es llamativo como las familias que tienen pequeñas chagras invierten sus ingresos: el 51 por ciento lo gastan en educación; un 13 por ciento lo destinan para vivienda y un 18 por ciento lo ahorran para compra de tierras. Muy similar a la estructura del gasto de la clase media urbana, que gasta sus ingresos en educación, en arriendo, en comprar viviendas, en adquirir motos o vehículos.

P. Los otros afectados por esta política son los consumidores, ¿cómo procede con ellos este Gobierno?
R. Todo se reduce a represión y control social, así lo evidencia el famoso decreto del Código de Policía para criminalizar a los jóvenes que consumen, con el cual no logran prevención del consumo, ni salud pública, además de corrupción, potenciada a través de una especie de salario oculto para las fuerzas que ejercen la represión y el control social. Esta medida, lo demuestran los resultados, lo único que genera son muertos, en términos de lo que el criminólogo Raul Zaffaroni denomina: el genocidio por goteo.

P. Se repite en este caso la historia, ya conocida y ya fracasada, pero no puede ser casual, de ilegalización y represión ante ciertos consumos…
R. Así es. En cualquier país donde se pongan en marcha políticas represivas en contra de los consumidores lo único que logran es detenerlos, encarcerlarlos o dispararles, y al mismo tiempo fomentar las organizaciones ilegales que siempre proliferan por los márgenes de utilidad que brinda el microtráfico. Se fomenta también el sicariato y la violencia engendrada en torno al tráfico y al consumo clandestino. Es por todo esto que es muy importante repensar el tema de producción y consumo, y se impida el retroceso en torno al libre consumo de la dosis mínima. Uno de los actos de la reforma jurídica que presentó la bancada es una reforma al artículo 49 de la Constitución Política (Ver recuadro).

Por otra parte, el decreto que sobre este particular planteó Iván Duque está demandado en este momento en el Consejo de Estado. Además, la Corte Constitucional suprimió del Código de Policía la prohibición extrema existente ante el consumo en los lugares públicos y los parques.

P. ¿Qué plantea en concreto la Corte sobre este particular?
R. Lo que dice la Corte Constitucional es que la policía, sí, tiene que vigilar los parques, así como demás zonas públicas, pero no puedo existir una norma de prohibición extrema de que nadie consuma alcohol o ciertas sustancias sicoactivas en sitios públicos. La tesis de la Corte Constitucional da razones para que el decreto promulgado por Duque se caiga en el Consejo de Estado.

Precisamente, como Colectivo de Abogados demandamos ese decreto, sin duda, una medida represiva contra los consumidores en espacios públicos. Igual hicieron la congresista Katherine Miranda, y el abogado –congresista– Navas Talero.

En igual sentido, lo pretendido por la reforma del artículo 49 de la Constitución Nacional es lo que hoy se llama la regulación, es decir, que la producción y el consumo de sustancias estupefacientes y psicoactivas estén reglamentadas por la ley con un enfoque de salud pública, con un enfoque de derechos humanos, de reducción de riesgos, y con atención integrada a los consumidores de drogas y demás. Se trata de lograr un desarrollo constitucional acompasado con la necesidad de la regulación, y no simplemente la prohibición y criminalización.

P. En el marco de los pequeños agricultores, dedicados en este caso a la siembra de coca, ¿qué otros proyectos tiene la bancada alternativa?
R. La bancada presentó un proyecto para prohibir el uso del glifosato, también sus derivados y complementarios. Hoy en Colombia la discusión no es la que existe en Europa, o en Estados Unidos, sobre si prohibir o no, de manera general el glifosato. En Europa y Estados Unidos lo están prohibiendo para jardinerías y para la agricultura en general. Lo que hace el proyecto de ley, en nuestro caso, es prohibirlo para el uso en las aspersiones aéreas que se ejecuten en el marco de la política antidrogas.

Sin embargo, el proyecto de ley también propone el desmonte gradual para que en un futuro, no tan lejano, se pueda suprimir el glifosato utilizado en la agricultura en general. Pero se propone un proceso progresivo. En Colombia el glifosato se usa con un acelerante, el panzer, y con otros químicos, lo que nos ha impulsado a denominar esta como guerra química.

Una guerra química lesiva y sin los resultados ofrecidos por la política gubernamental. Con el Plan Colombia y con el Plan Patriota ya tuvimos muchos años de fumigaciones y no se eliminó ni se redujo el problema. La política de fumigaciones es un negocio de las multinacionales gringas que proporcionan los químicos, así como de las empresas de aviación que hacen la aspersión aérea. Un negocio bien montado.

Por otro lado, los estudios reflejan que la erradicación con químicos, la fumigación o erradicación violenta de una hectárea de coca puede costar cerca 70 u 80 millones de pesos, y cuando uno estudia la sustitución voluntaria de cultivos lo que le pagan a una familia es mucho menos: si una familia tiene 5 hectáreas, y está en un programa de sustitución, le invierten 30 millones. Eso es muchísimos menos. Claro, con una aclaración, los campesinos cuyos cultivos son erradicados violentamente, en un 50 por ciento o más reinciden en la resiembra, mientras los que son sustituidos, casi ciento por ciento, no vuelven a cultivar, o máximo resiembra un 10 por ciento.

P. ¿Existen otras temáticas y realidades en este campo abocadas por la bancada?
R. La despenalización de los cultivadores de cultivos declarados ilícitos. Como resultado del proceso de paz y los acuerdos alcanzados, muchas de las personas dedicadas a este tipo de agricultura se acercaron al Estado para declarar sus pequeños cultivos e iniciar procesos de substitución voluntaria, una oportunidad perdida pues el nuevo gobierno optó por, potencialmente, criminalizarlos. Partiendo de estas realidad, lo propuesto con este proyecto de ley son beneficios penales para quienes están vinculados a esta actividad agraria, para que no sean criminalizados, incumpliendo con los Acuerdos pactados.

P. Es posible que estas iniciativa sea malinterpretada, ¿consideraron tal escenario?
R. Sí, por ello quedó explícito que a tales beneficios no pueden acceder narcotraficantes. Se exige que sean realmente personas que tienen o laboran en pequeños cultivos. Esto es lo que se llama el tratamiento penal diferenciado. Veamos. Existen unas conductas que están tipificadas en el Código Penal, artículos 375, 376, 377, 382; y con este proyecto de ley se busca que esas conductas tengan un tratamiento penal diferenciado. Cubriría a quienes tengan actividades relacionadas con el cultivo, transformación, conservación y financiación de plantaciones de coca, marihuana, amapola; y transporte, comercialización de sus derivados en pequeñas escalas. Conductas que desarrollan la mayoría de las gentes que están metidas en ese tema. Los beneficios jurídicos que gozarían consisten básicamente en renunciar a procesarlos penalmente, o extinguir la pena si está condenado. Si la persona no está condenada tiene que aceptar una condición: no incurrir en algún delito, ni sembrar de nuevo las plantas prohibidas.

Se suponía que ese proyecto tenía que tramitarse dentro del fast track, dentro de los desarrollos legislativos de los Acuerdos de Paz. O que el presidente Santos lo hubiera expedido como un decreto ley. Pero ni el Congreso ni Santos le cumplieron a la gente. La gente sí firmó los convenios, sí hizo las actas, sí confesó que tenían cultivos –1, 2, o 3 hectáreas. Los cultivadores de coca hoy, más o menos, se mueven entre 2 y 5 hectáreas, pero esa cantidad ya es un delito.

P. ¿Tienen alguna otra iniciativa en el tema de substancias prohibidas?
R. Sí, una relacionado con cannabis. La critica expresada a la ley promovida por el senador Galán, que regula cultivo y consumo, es que no consultó con las comunidades vinculadas con tal realidad: indígenas y no indígenas; con la gente que la procesa para productos medicinales y derivados: cremas, aceites, etcétera.
Es así como la regulación resultante solo tuvo en cuenta a grandes empresas que tienen la capacidad de reunir las condiciones para tener producción voluminosa y legal de derivados de cannabis.

P. ¿Qué pretende, en concreto, tal iniciativa?
R. Enfocado en el mundo real de esos pequeños productores de marihuana y las personas que la consumen y también sus derivados, la iniciativa apunta a crear un marco regulatorio de cultivo, de producción, de saneamiento y comercialización de cannabis y de los derivados para usos medicinales, y también otros usos que puede tener.

El proyecto se orienta a legalizar lo que hoy funciona de manera ilegal. Hoy mucha gente siembra la marihuana, produce derivados, pero no tienen licencias de comercialización, son ilegales; y lo son porque el marco legal aprobado meses atrás está hecho para las multinacionales y para grandes empresarios que pueden cumplir con todas las condiciones fitosanitarias y de control, las mismas que nunca va a poder cumplir un pequeño cultivador de marihuana.

En el Congreso han anunciado unos 10 proyectos de ley en esa lógica de variar la política antidrogas existente en Colombia; tenemos por tanto un escenario de oportunidad. Desde el campo alternativo hay que asumir el debate de esta política fracasada la cual no ha podido evitar que con el paso del tiempo cada vez más gente aborde esta realidad y exija transformaciones positivas, por ejemplo, descriminalizar, poner en marcha políticas de salud pública, de prevención, al tiempo que permitir que los pequeños productores y emprendedores en todos los planos se beneficien de algo que por ahora solo beneficiaría, como ha sucedido en otros muchos sectores de la economía nacional, a las multinacionales.

 


 

Reforma al Artículo 49 de la C.P.

 

Artículo 49. Artículo 1°. El artículo 49 de la Constitución Política quedará así:


“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.


Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad.


La producción, porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas estará reglamentado por la ley, a través de los enfoques de salud pública, derechos humanos, reducción de riesgos y daños, inclusión social y desarrollo territorial, así como la promoción de capacidades, la participación y la reducción de estigma y discriminación. Las obligaciones del Estado Colombiano en derechos humanos serán prevalentes.
Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para la atención integral de los usuarios consumidores de dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del usuario. El Estado implementará un enfoque diferencial en las políticas de droga, que distinga entre consumos problemáticos y no problemáticos, patrones de uso dependientes y no dependientes, así como los impactos sobre grupos discriminados y en situación de vulnerabilidad.


Así mismo el Estado dedicará especial atención al consumidor dependiente o problemático y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes, en favor de la recuperación de los usuarios con consumo problemático y la protección de niños, niñas y adolescentes.

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