MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Un operativo policial en la favela Jacarezinho causó 24 muertes de pobladores 

 

Es balance más letal en la historia de Río de Janeiro

"¿Quiénes son los muertos de la operación en la favela?: los jóvenes negros" señaló Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública.

 

Una operación policial contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro dejó este jueves 25 muertos, entre ellos un agente de la policía. El balance de la acción en la favela Jacarezinho es el más letal de una operación policial en la historia de esa ciudad, señalan investigadores. Según informó la Policía Civil en un comunicado, un uniformado murió baleado en la cabeza, y "24 sospechosos" también murieron alcanzados por balas policiales. Pobladores y ONGs denunciaron ejecuciones sumarias: la Policía las negó. 

Desde primeras horas del día, esa comunidad se transformó en un verdadero campo de batalla, con intensos tiroteos y helicópteros sobrevolando las casas. Vecinos denunciaron abuso de la fuerza por parte de los agentes. Una novia no pudo acudir a su propio casamiento y una embarazada con cesárea agendada no pudieron salir de sus casas, entre otros casos.

Los habitantes relataron que hallaron a personas muertas en terrazas y callejuelas y que muchos cuerpos fueron cargados en un camión blindado de la policía, confió un líder comunitario a la agencia AFP, que pidió no ser identificado por razones de seguridad.

La explosión de granadas en la región asustó a los pobladores y a los pasajeros del subte cercano, la estación Triagem, en Jacarezinho, zona norte de Río. Dos personas fueron heridas de bala dentro de la formación del subte y están fuera de peligro internadas.

En una conferencia de prensa al final de la tarde, la Policía Civil (PC, que se ocupa de investigaciones criminales) confirmó el balance dado inicialmente por la prensa de "24 sospechosos" y un agente muertos y aseguró que "todos los protocolos" de la corporación antes de abrir fuego "se cumplieron, sin excepción".

"Lamentablemente hubo muchos enfrentamientos en la comunidad. No hay lo que celebrar en ese balance", afirmó un responsable de la PC. El agente muerto fue baleado en la cabeza "al iniciarse la operación", agregó.

La irrupción policial se dio en el marco de una investigación sobre una banda que reclutaba a niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos.

Para Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública, se trató de "una operación mal planificada, y con un policía muerto, se convirtió en una operación de venganza".

"¿Quiénes son los muertos? Jóvenes negros. Y por eso la policía habla de 24 sospechosos. Basta ser joven, negro y habitante de una favela para convertirse en sospechoso", dijo Ramos.

Miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos acudieron a la favela e inspeccionaron junto a los vecinos las casas que fueron invadidas durante la acción policial, algunas con rastros de sangre y destrucción.

Una habitante contó que un joven fue abatido en su casa, donde se había refugiado herido. "El chico llegó baleado y como ningún habitante de la comunidad puede echar a otro, se quedó. Pero los policías vieron sangre y entraron gritando: '¿dónde está? ¿dónde está?'. Yo solo tuve tiempo de llevar a mis hijos para atrás mientras ellos lo mataban en el cuarto", contó la mujer.

Jacarezinho es considerada una base del Comando Vermelho (Comando Rojo), la principal organización narcotraficante de Rio.

La operación más letal 

"Si pensamos en masacres con participación de policías fuera de servicio (operaciones ilegales de venganza), las de Vigario Geral en 1993 (22 muertos) y la de la Baixada en 2005 (31 muertos)" se le asemejan, dijo Silvia Ramos.

"Pero en operaciones legales, la de Jacarezinho batió todos los récords", agregó.

El dispositivo se llevó a cabo a pesar de un fallo de la corte suprema que impide a la policía hacer redadas en los barrios periféricos mientras dure la pandemia de coronavirus, salvo en "circunstancias absolutamente excepcionales".

El Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo, consideró "inaceptable que la policía de seguridad pública del estado (de Río) siga apostando por la letalidad como principal estrategia, sobre todo en zonas vulnerables".

Según datos del Instituto de Seguridad Pública citados por Igarapé, la Policía de Río "fue responsable por la muerte de 453 personas entre enero y marzo de este año", un número que ya representaba "el 36% del total de muertos en todo 2020", cuando fueron abatidas 1.245 personas.

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Fotografía de archivo fechada el 25 de octubre 2019 que muestra a manifestantes mientras cuelgan representaciones del presidente hondureño Juan Orlando Hernández (d) y su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández (i) durante una protesta en Tegucigalpa (Honduras). — EFE

 

"Tony" Hernández había sido hallado culpable en 2019 de los cuatro cargos de los que fue acusado, incluyendo el envío de cocaína a Estados Unidos.

 

Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue condenado este martes por un juez de un tribunal federal de Nueva York a cadena perpetua por narcotráfico.

"Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un período de 12 años, que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida", dijo el juez Kevin Castel.

Tony Hernández, diputado en el Congreso hondureño entre 2014 y 2018, fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y declarado culpable en un tribunal de Nueva York el 18 de octubre de 2019 de traficar cocaína con destino a EEUU, posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses.

Además, el juez dictaminó el embargo de bienes y propiedades por valor de 138,5 millones de dólares, que coincide con la cantidad que supuestamente obtuvo Tony Hernández con la venta de la cocaína entre 2004 y 2015, y lo condenó a otros 30 años por el resto de los cargos, entre los que estaba el uso de armamento.

Castel insistió durante la lectura de su sentencia que el acusado y sus coconspiradores, entre los que citó al presidente Juan Orlando Hernández, "fueron indiferentes a las consecuencias de sus actos en las vidas de las personas de su propio país y de este país (EEUU)", por lo que subrayó que "una sentencia larga promoverá el respeto por la ley y servirá como un disuasivo para otros que puedan implicarse en una conducta similar".

Durante la vista, el abogado de Hernández, Peter Brill, solicitó en primer lugar un aplazamiento de la sentencia, que fue denegada por el juez y anunció que presentará una apelación.

Tony Hernández tomó la palabra antes de escuchar la sentencia para insistir en dicho aplazamiento y recriminar a su abogado por lo que consideró una mala representación.

Para argumentar dicha postergación el acusado aseguró que la Fiscalía había ocultado pruebas que podrían favorecerlo, algo que el juez rechazó insistiendo que había llegado el momento de dictar sentencia después de un año y cinco meses de que un jurado lo hubiera declarado culpable.

En su comparecencia, la Fiscalía recriminó a Tony Hernández y lo calificó de "arrogante" por su intervención, asegurando que en lugar de mostrar remordimiento por sus actos "se queja de los abogados".

Poco antes de conocerse el veredicto, el presidente de Honduras aseguraba a través de su cuenta de Twitter que la noticia que se esperaba de Nueva York sería dolorosa.

"Para toda la familia, la noticia que se espera de Nueva York será dolorosa. ¿Y qué más se puede decir de un juicio en el que el testimonio del principal "cooperador" de los fiscales ahora queda expuesto por las grabaciones secretas de la propia DEA (la Administración para el control de drogas de EEUU) como una mentira?", escribió el mandatario hondureño que ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones de narcotráfico vertidas contra él durante el proceso.

Asimismo, y como ya ha hecho en varias ocasiones, ha subrayado que según el Departamento de Estado de Estados Unidos el tráfico de drogas en Honduras se redujo en un 95% desde su llegada a la presidencia.

"Antes, las narcoavionetas aterrizaban como moscas en territorio hondureño a vista y paciencia de las autoridades. Hoy, el tráfico de drogas se redujo en un 95 % en Honduras. Lo dice el Depto. de Estado de EEUU NO lo digo yo", subrayó en un mensaje

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Cuerpos de jóvenes del pueblo colombiano Awá que fueron encontrados sin vida tras un mes desaparecidosFacebook @unidadindigenadelpuebloawa.unipa

Estas dos muertes se suman a otros 35 asesinatos durante la pandemia y ocho desaparecidos, según informa la comunidad afectada.

Una misión humanitaria del pueblo indígena Awá, de Colombia, informó sobre el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos jóvenes de su comunidad, desaparecidos desde el pasado 16 de febrero.

A través de un comunicado, emitido este jueves, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) detalló que los jóvenes eran Miguel García Paí, de 23 años, y Álvaro Pascal García, de 18, de los resguardos indígenas El Gran Sábalo y Hojal - La Turbia, ambos en el departamento de Nariño, en el extremo suroeste de Colombia.

Los jóvenes, dice el texto, desaparecieron luego de salir de sus comunidades "en búsqueda de nuevas oportunidades laborales para el sostenimiento de sus familias".

La desaparición habría ocurrido en inmediaciones del corregimiento de Llorente y la vereda de Inda Sabaleta perteneciente al municipio de Tumaco, en Nariño.

El 10 de marzo, la Unipa y la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas Awá, al no tener noticias de su paradero, solicitaron a las autoridades competentes activar los protocolos de búsqueda, pero no obtuvieron respuesta. 

Ante ello, conformaron una misión humanitaria Awá, que el 16 de marzo salió en búsqueda de los jóvenes desaparecidos en el corregimiento de Llorente y la vereda de Inda Sabaleta. La acción arrancó a las 9:00 de la mañana de ese día, quienes participaron se metieron por trochas (caminos sinuosos); a las 18:00 encontraron el primer cadáver, el de Pascal, y una hora más tarde hallaron el de García.

"Al parecer, sus cuerpos tenían señales de tortura y estaban en estado descomposición", dice el comunicado, que indica que, al día siguiente, los cadáveres fueron llevados a la sede de Medicina Legal de Tumaco.

Asesinatos durante la pandemia

De acuerdo con la organización, estas dos muertes se suman a otros 35 asesinatos durante la pandemia y ocho desaparecidos. Al momento, cuatro indígenas Awá del resguardo Hojal - la Turbia se encuentran con paradero desconocido, tras perder su rastro el 30 de diciembre de 2020.

"Este hecho tiene consternado a nuestro pueblo Awá al ver la vulnerabilidad de nuestras familias Awá en especial nuestros niños, niñas y jóvenes, quienes no cuentan con ofertas de educación técnica o superior, ni tampoco con oportunidades laborales que les permita desarrollar un proyecto de vida en sus territorios", enfatiza Unipa.

La organización llama "a todos los actores del conflicto armado" de Colombia, "legales e ilegales", a que "respeten la vida" del pueblo Awá.

"En estas últimas tres décadas hemos insistido que la guerra que libran no es nuestra, somos un pueblo milenario que ha ocupado de manera respetuosa este territorio heredado por nuestros ancestros Sindagua, caracterizándonos por ser un pueblo solidario, pacífico y respetuoso de la diversidad cultural de esta región", enfatizan.

Publicado: 18 mar 2021 19:32 GMT

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Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, en Washington, en una imagen de 2019.MICHAEL REYNOLDS / EFE

La fiscalía señala que Juan Orlando Hernández protegió al narcotraficante Geovanny Fuentes “para meter droga por las narices a los gringos”

 

El juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes, que comenzó el lunes en un tribunal de Estados Unidos, dejó este martes graves acusaciones contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El mandatario del país centroamericano ha sido acusado de narcotráfico. Según el fiscal de Nueva York Jacob Gutwillig, Hernández pactó una alianza con un cartel local, los Cachiros, mediante la que ayudó a introducir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos. El fiscal describió Honduras como un “narcoestado”.

Para la fiscalía, el narcotraficante Geovanny Fuentes operó un enorme negocio de distribución de cocaína gracias a la violencia y a sus conexiones con la policía, el Ejército y la clase política, “incluido el actual presidente de Honduras”. En su alegato inicial, la fiscalía aseguró que el supuesto narco se asoció con Hernández en 2013, cuando era candidato a la presidencia, y que juntos planearon enviar “la mayor cantidad posible de cocaína a Estados Unidos”. De acuerdo con el fiscal Gutwillig, el capo que lideraba el cartel de los Cachiros “sobornó incluso al presidente de Honduras” y se volvió “intocable” después de esta alianza que lo blindó “a prueba de balas”.

Según sus pruebas, en 2013 y 2014, Geovanny Fuentes pagó sobornos al actual presidente por un total de “25.000 dólares en efectivo provenientes del dinero de la droga” y, algo más valioso, “acceso al laboratorio de droga del acusado en las montañas de Honduras”, dijo el fiscal.

Gutwillig anunció entre otras pruebas el testimonio de un testigo presente en esas reuniones, José Sánchez, un contable que trabajaba para una empresa arrocera a través de la cual los Cachiros lavaban dinero. El fiscal dijo que el contable detallará a los 12 miembros del jurado “el ‘shock’ y el miedo que sintió cuando vio al acusado sentarse con el presidente”.

Desde hace semanas los fiscales ya habían adelantado supuestos vínculos entre Geovanny Fuentes y Juan Orlando Hernández en documentos presentados previamente, pero este martes dejaron claro que esa relación es la parte central del caso y que se darán detalles de “reuniones secretas” entre el narcotraficante y el presidente.

“El acusado fue una parte fundamental de un narcoestado hondureño”, aseguró un representante de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York. En uno de esos encuentros, según los fiscales, Hernández habría declarado su intención de “meterles drogas por las narices a los gringos”, en referencia a una supuesta voluntad de enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. En esa investigación los fiscales aseguraron tener pruebas de que el presidente recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, incluido del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.

Hasta ahora, la fiscalía de Nueva York no había identificado con claridad a Juan Orlando Hernández, descrito hasta entonces como co-conspirador número cuatro (CC-4), pero su identidad es fácilmente reconocible por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos en 2019. Tony Hernández, exdiputado de la Asamblea de Honduras, fue detenido y condenado por negociar con narcos de siete países para traficar toneladas de cocaína. El fiscal también lo acusó de ordenar al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013.

El abogado de la defensa de Juan Orlando Hernández, Eylan Schulman, restó importancia al testimonio diciendo que “supuestamente 25.000 dólares es todo lo que lleva sobornar a un presidente”. En el caso del contable, dijo la defensa, “tiene mucho que ganar y poco que perder” con su testimonio, advirtió, y sostuvo que espera recibir asilo en Estados Unidos a cambio. La defensa también dijo al jurado que no debe creer el testimonio que prestará “uno de los peores asesinos en la faz de la Tierra”, Leonel Rivera, exlíder del cartel de los Cachiros, que mató a 78 personas y está preso en Estados Unidos por tráfico de drogas.

Por el momento, el presidente de Honduras, que dejará el cargo a final de este año, ha negado cualquier vínculo y en las últimas horas se ha defendido vía Twitter con varios mensajes y una advertencia a Washington. El presidente hondureño aseguró que mantendrá la “alianza internacional en lucha antinarcotráfico” hasta el final de su mandato, pero escribió que si los narcotraficantes “con la llave mágica de mentiras ganan beneficios de USA [EE UU] por falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras”. Hasta el momento, Juan Orlando Hernández ha sido un estrecho aliado de Estados Unidos desde 2014, primero con el presidente Barack Obama y posteriormente con Donald Trump.

Sin embargo, según Hernández, las informaciones publicadas sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado “se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios”, escribió en Twitter. En el hilo que adjunta, el mandatario hondureño centró su explicación en el cartel los Cachiros, cuyo exlíder Devis Leonel Rivera Maradiaga, se espera que testifique en el juicio contra Fuentes. Este hombre ha declarado a los fiscales que Hernández supuestamente obtuvo dinero a cambio de permitir el narcotráfico en su país, informa la agencia Associated Press.

Por Jacobo García

México - 10 mar 2021 - 01:31 UTC

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“Colombia produce más coca ahora que en la época de Pablo Escobar”, según prensa británica

Colombia en la actualidad es el “mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína”, según afirma la investigación.

 

Este 22 de febrero, un informe especial del diario Finacial Times reveló cifras sobre el aumento de las hectáreas de hoja de coca en Colombia y su producción.

En la investigación se asegura que la labor de los erradicadores manuales es en vano, pues son los “primeros que están perdiendo la guerra” porque, “una vez que han limpiado un campo, los cultivadores de coca regresan y plantan de nuevo”.

La investigación periodística revela que en el Gobierno de Iván Duque han asesinado a 20 erradicadores y 200 han sido heridos o mutilados por minas terrestres.

“La producción de coca se ha disparado”, dice el medio y cita un informe de la ONU que dice que 2012 y 2017 creció en más del 250 %.

A pesar de la lucha contra este flagelo, el medio indica que Colombia en la actualidad es el “mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína”, e incluso, compara el panorama actual con la década de auge del Cartel de Medellín.

El país produce más cocaína ahora que a principios de la década de 1990, cuando el líder del cartel de la droga, Pablo Escobar, estaba en la cima de su notoriedad.

Cifras de las Naciones Unidas dicen que Colombia produce el 70 % del suministro mundial de droga, pero para países como Estado Unidos, el territorio nacional tiene el 89 % de la producción global de cocaína.

En el informe se puede ver como desde la muerte de Pablo Escobar, hasta 2000 -año en el que se consolidó el Plan Colombia con Estados Unidos- la producción se ha acelerado de manera drástica.

Trece años después del inicio del milenio, la producción de coca siguió aumentando, con un leve descenso en 2019, así lo asegura la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Sobre el uso con glifosato, el diario hace referencia al debate que hay entre quienes lo promueven y quienes aseguran que causa enfermedades tan graves como el cáncer.

Según el informe, la aspersión con glifosato traer recuerdos horrorosos a los agricultores de las zonas rurales de Colombia, pues muchos aviones pasaban por los campos rociando no solo la coca, sino cultivos legales como el maíz, cacao, plátano e incluso animales como vacas.

Pedro Nel Segura, dueño de una finca en la provincia de Nariño habló con el diario y aseguró que le rociaron la tierra la menos “siete veces”.

“Perdí 12 cabezas de ganado, muertas por el herbicida, y tuve que vender el resto porque no había pasto. Perdí todo lo que había invertido (…) Cualquier piloto debería haber podido ver que no estaba cultivando coca. Mis vacas son blancas, se las puede ver fácilmente desde el aire y estaban pastando en un campo abierto sin cultivos “.

Este método de erradicación, recuerda la investigación, causó el desplazamiento de miles de campesinos de distintas partes de Colombia. Leider Valencia, organizador de COCCAM, grupo que representa a más de 30.000 familias en Colombia que se ganan la vida mediante el cultivo de cultivos ilícitos, dijo al diario económico que “muchos agricultores se vieron obligados a abandonar sus tierras por completo y mudarse a otro lugar”.

A pesar de que el pasado 17 de febrero, Diego Molano, ministro de Defensa, aclaró que el Gobierno nacional reanudará en abril el uso de la aspersión aérea con glifosato para seguir combatiendo los cultivos ilícitos de coca, muchos otros políticos no están de acuerdo con la idea.

Juan Manuel Santos, expresidente y Nobel de Paz de Colombia, fue citado por el reportaje y allí recordó que la única forma de lidiar con la cocaína es despenalizarla.

“Era como si estuviera en una bicicleta estática, pedaleando, pedaleando, pedaleando. Miraba a la izquierda y miraba a la derecha y todavía estaba en el mismo lugar “, dijo el exmandatario en una conferencia sobre el fracaso de la política de prohibición en los Estados Unidos

Santos, recuerda el diario, aseguró que la solución es legalizar el negocio de la cocaína para que sus ganancias vayan al Estado y no a los criminales.

23 de Febrero de 2021

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Un polvorín de violencia y miseria en Colombia

En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización.

 

Buenaventura, municipio situado a 116 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, es el mayor puerto marítimo sobre el océano Pacífico. En la actualidad mueve entre 40 y 50% del comercio exterior de Colombia y constituye el punto a través del cual el país se relaciona con la región de Asia-Pacífico. Declarado distrito especial portuario, tiene una serie de características destacables: su riqueza cultural, forestal, pesquera y maderera son evidentes. Su importancia es tal que hay quienes pretenden modernizarlo para superar al puerto de El Callao en Perú y al de Valparaíso en Chile y convertirlo así en la capital de la Alianza del Pacífico, cuyo lanzamiento se hizo en 2011 desde el Caribe, en Cartagena.

Sin embargo, Buenaventura es un puerto sin ciudad o sin comunidad. Hay situaciones que explican por qué.

Tras décadas de apertura económica y libre comercio, diferentes intereses privados y corporativos que controlan grandes empresas, zonas francas, servicios portuarios y operaciones logísticas, han confluido en la zona de Buenaventura. Su expansión ha garantizado ganancias privadas, pero no se ha traducido en beneficios para la comunidad. La riqueza generada y la visión de desarrollo que alimenta contrasta con la perspectiva de la población local, que vive con un puerto construido a sus espaldas. Los pobladores, por lo general parte de comunidades negras e indígenas, defienden desde sus territorios ancestrales un desarrollo local basado en criterios antagónicos a los de los intereses privados. Ponen el acento en la protección cultural, ambiental y social, frente a la economía extractiva que llega desde fuera.

Los intereses externos, principalmente estadounidenses, alimentan la animadversión contra los habitantes de la zona, a quienes sindican como un «estorbo para el progreso». Durante años, se han producido presiones para que abandonen sus territorios comunitarios y para sacar, por ejemplo, a quienes habitan zonas de baja mar. La discriminación racial y la segregación regional, como los intentos de cooptación de algunos líderes para que apoyen esas dinámicas externas, ha fracturado procesos identitarios, en especial los del pueblo afro. A eso se suma la violencia, la incertidumbre y la impotencia para superar problemas que persisten y afectan esas luchas colectivas en defensa de reivindicaciones étnico-territoriales en Buenaventura y su zona rural.

Una situación similar a la de Buenaventura la viven poblaciones de Quibdó, Alto Baudó, Tumaco, El Charco y La Tola en los otros tres departamentos del litoral pacífico colombiano —Chocó, Cauca y Nariño— donde se produce una grave problemática étnica, ambiental, de tierras, cultivos de coca, extracción irregular de recursos naturales y violencia. El Estado no logra controlar esos territorios marginales, proveer seguridad, estimular alternativas económicas legales ni fortalecer la autoridad legítima para regular las actividades políticas, económicas, sociales y controlar distintas expresiones de violencia. Su ausencia —o más bien su traumática presencia— facilita que actúen la delincuencia y las bandas criminales, pero también grupos armados irregulares que se disputan el control del narcotráfico, los combustibles y la minería ilegal, y la tala de bosques. El Estado apenas aparece en momentos críticos, monta consejos de seguridad y aumenta la presencia de fuerza pública. Solo se aproxima a la región desde una perspectiva militarista de la seguridad.

Aunque los territorios colectivos y las organizaciones de comunidades negras e indígenas predominantes en el litoral Pacifico fueron reconocidos por la Constitución colombiana de 1991, la cultura blanca y centralista que impera en Bogotá y en varias de las capitales departamentales no ayuda a la consolidación de formas de gobierno regional y local amparadas en los procesos de territorialización y cosmovisiones de las comunidades étnicas. El llamado «Acuerdo Humanitario Ya» arrancó en el Chocó y ha tratado de defender la necesidad de aprovechar la construcción de paz territorial, punto crucial del Acuerdo del gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estimular políticas que, desde la perspectiva de las comunidades del Pacífico, reviertan esas realidades estructurales de saqueo y violencia.

Las comunidades locales vienen denunciando desde hace años el aumento de inseguridad por la actuación de grupos criminales que se disputan el control territorial, así como oleadas de violencia en calles, barrios, casas, esteros. Mientras que el Bloque Paramilitar Calima ha cometido todo tipo de masacres —desde torturas y asesinatos hasta descuartizamientos y desapariciones—, en la zona suburbana están tratando de expandirse el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A la última oleada de violencia ha contribuido la división en dos grupos (los «espartanos» y los «shotas») de la banda armada La Local. En lo que va de 2021 han generado 38 enfrentamientos violentos y han tratado de someter a comunidades locales, usando o destruyendo organizaciones y liderazgos sociales. Estas disputas en el interior de las bandas afectan sobre todo a la población negra a la que obligan al destierro y han contribuido a un aumento de 200% de los asesinatos respecto del año anterior. Han aumentado la violación de mujeres y las muertes y heridas de niños por lesiones con minas antipersonas y explosivos. Asimismo, se ha verificado un incremento de los desplazamientos, los confinamientos y los reclutamientos forzados. Las extorsiones a comerciantes y los robos son parte de la realidad cotidiana de la región.

En la década de 1990, una potente organización de los movimientos sociales pidió aplicar el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993 para reconocer y regular los territorios de comunidades negras en zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. La población ha venido haciendo marchas, huelgas y paros cívicos de manera ininterrumpida. El más resonante fue, sin dudas, el paro de 21 días de 2017. Esta última medida de protesta consiguió que se creara el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, consistente en distintos programas. Desde 2017, Buenaventura fue incluida como lugar de aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz, para estimular un proceso de transformación estructural urbana y rural, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, la biodiversidad, la economía campesina y familiar, las organizaciones comunitarias. En las elecciones locales de 2019, Víctor Hugo Vidal, uno de los líderes del paro cívico de 2017, fue elegido como alcalde, derrotando al clientelismo ejercido por las elites económicas y políticas tradicionales.

El pasado 10 de febrero de 2021, más de 80 mil personas en cadena humana recorrieron 22 kilómetros caminando agarrados de las manos. Ahí lanzaron la iniciativa SOSBuenaventura, en rechazo de la violencia y exigiendo protección al liderazgo comunitario, seguridad, inversión social, paz.

Desde la década de 1970, los distintos gobiernos nacionales han formulado planes para la región de Buenaventura y las zonas vinculadas al Pacífico. Durante los últimos veinte años, esas iniciativas se han reproducido cada vez más y han apelado a nuevas formulaciones para el desarrollo regional. Sin embargo, todos los planes quedaron en la letra del papel. Los recursos que contemplaban fueron insuficientes o no se transfirieron. No hay continuidad de un gobierno central al siguiente que permita asumir compromisos adquiridos a nombre del Estado de modo que se logre un proceso sistemático de escucha y recolección de iniciativas locales y, con el concurso de esas comunidades, pueda garantizarse su desarrollo. No solo predomina el planeamiento desde la capital nacional y departamental al margen de las instituciones comunitarias y sus visiones, sino que prevalece el incumplimiento de esos planes y de los acuerdos firmados por sucesivos gobiernos con las comunidades locales. La falta de inversión social y la corrupción aumentan ese acumulado que genera frustración, desconfianza y agrava la situación en los territorios más marginados que sirven de escenario a violencias de distinto tipo.  

Una y otra vez, los gobiernos han militarizado a Buenaventura por tierra, agua y aire, para proteger barcos, contenedores, grúas y la vía que la conecta con el resto del país. A algunos voceros sociales les han enviado escoltas y vehículos blindados como protección. Pero muchas veces desde el Estado se estigmatiza el liderazgo social y miembros de la fuerza pública terminan sobornados por bandas armadas irregulares. Además, la simplificación de la situación deja en la impunidad los delitos, no genera Estado ni mercado, servicios ni ciudadanía. Se subestima el problema de un puerto clave para el país con una población afectada por la miseria, la ausencia de Estado y la violencia.

El actual presidente Iván Duque reduce el problema a «lucha de narcos que se matan entre ellos» y su lema es «el que la hace la paga». El ministro del Interior anunció que todo se normalizará con recompensas para la captura de bandas criminales y el aumento de 150 policías y dos destacamentos militares. El fiscal anunció la unificación y el control exclusivo de metodologías para el conteo de asesinatos de líderes sociales y miembros de las ex FARC, pero la volvió un juego de números y categorías, invisibilizando de este modo su gravedad.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas— piden presencia estatal integral urgente, más allá de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo lanza sucesivas alertas. El obispo Rubén Darío Jaramillo le dijo a El Espectador: «La gente siente que la autoridad son los bandidos. Cada vez que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección».

Las alertas internacionales acaban de activarse. Una en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que presentó el informe de la Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz con las ex FARC. Además, se produjeron cuatro llamados desde Estados Unidos. El Departamento de Estado y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pidieron al gobierno tomar medidas decisivas frente a problemas profundamente arraigados y al racismo que fomentan la violencia y la desigualdad. Human Rights Watch mostró líderes desprotegidos y comunidades indefensas, y un Estado incapaz de hacerse sentir en esos lugares. La organización WOLA recuerda, a la vez, que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes proyectos en Buenaventura sin beneficios para su población, que el Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia incluye los puertos como sector prioritario pero pronto abandonó el mejoramiento de los derechos de los trabajadores portuarios. Las peticiones al gobierno de Joe Biden para que presione a Colombia a implementar el Acuerdo de Paz involucrando a las minorías étnicas y sus territorios marginados se multiplican cada vez más.

Hasta ahora, la incertidumbre y la desesperanza son los sentimientos crecientes en Buenaventura. El Estado colombiano debe acercarse a las realidades territoriales. Las organizaciones locales necesitan articularse en torno a una visión colectiva local y empoderarse para ser oídas e incidir. De lo contrario, el centralismo seguirá tomando decisiones que agravarán la situación de los territorios periféricos

Febrero 2021

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Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA con EPN de 2012 al 2018 (Foto: FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, versiones extraoficiales señalan que los cargos en su contra son por narcotráfico en su modalidad de distribución

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el ex Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California.

“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, refirió el canciller sobre quien estuviera al frente de la SEDENA con Enrique Peña Nieto.

La revista Proceso, Milenio y el periodista Víctor Hugo Michel confirmaron que Cienfuegos Zepeda está acusado de cargos por narcotráfico y el caso está radicado en Nueva York, pues en esta ciudad habría llegado la droga que el general en retiro colaboró para distribuir. El proceso radica en la misma Corte donde fue enjuiciado Joaquín el Chapo Guzmán y actualmente se desarrollan las acusaciones contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

El periodista Víctor Hugo Michel reportó que fue la Administración de Control de Drogas (DEA) quien ordenó la detención del ex funcionario. Aunque ninguna autoridad ha dado más detalles. . Se trata del primer funcionario de este rango que en la historia de México fue detenido en EEUU por cargos de narcotráfico.

En su cuenta de Twitter, Ebrard agregó que ofrecerá más información en las próximas horas sobre este hecho.

“La Cónsul en Los Angeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, agregó el titular de la SRE.

“Si lo detuvieron por petición de la DEA es porque ya hay una acusación sólida sobre eso, hay que esperar porque sin duda tiene múltiples implicaciones”, dijo a Infobae México, Carlos Rodríguez Ulloa, consultor y analista del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (Casede).

Aunque se trate de un ex secretario de la administración anterior, el analista aseguró que tiene varias repercusiones, la principal tiene que ver con el prestigio de las fuerzas armadas, “porque esto no sólo es un tema de Secretaría de Marina (Semar) o Sedena sino de las fuerzas armadas de México. En segundo plano, empodera al ala civil de la administración pública actual porque esta detención se da en una coyuntura donde se estaba disputando el papel de los militares en seguridad pública, evidentemente este es un golpe que mina la credibilidad institucional”.

Señaló que otra variable es cómo lo tomará el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la cercanía con las fuerzas armadas, “pero sin duda es un elemento que tienen múltiples repercusiones en la vida política nacional”.

Cabe destacar que la detención del ex secretario de la Defensa Nacional es sorpresiva, pues no se tenía conocimiento de investigaciones o delitos que le involucraran, aunque tendrá la asistencia consular correspondiente, de acuerdo con Ebrard.

Ante el arresto, algunos políticos se han apresurado a señalar el vínculo con Peña Nieto y posibles delitos, por ejemplo, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Pero otros han apelado a la prudencia, pues se desconocen los cargos.

“Esta información nos agarró indudablemente de sorpresa a todos, nadie sabía nada de esto. Pero antes de apresurarnos a comentar más, debemos saber de qué tipo de delitos se le pueden imputar. Mientras tanto, yo quiero reconocer a las Fuerzas Armadas, que son una institución muy respetable y reconocida”, dijo el senador Salomón Jara, de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Raúl Benítez, analista en temas de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que primero la DEA tendría que aclarar oficialmente la razón de su detención y si ya tiene algún caso en su contra o su arresto es para iniciar una investigación en su contra.

“Todos los generales deben estar muy asustados sin saber cómo reaccionar y yo creo que les va a bajar el empoderamiento de imagen que tienen de ellos mismos”, aseguró el analista.

Sobre la posible reacción del presidente López Obrador, el analista señaló que es mejor que se abstenga de emitir algún comentario hasta que no se conozca a fondo cuáles son las acusaciones y aseguró que es el primer militar de este nivel que es arrestado en el país.

El diputado Felipe Macías Olvera, del PAN (Partido Acción Nacional), coincidió en lo sorpresivo de la noticia y dijo que es algo muy grave, pues se trata de quien fuera titular de una de las instituciones prestigiosas y respetadas.

“Al mismo tiempo, reconocemos la seriedad con que las autoridades de Estados Unidos trabajan, esperemos también a que se confirme que se trata de la DEA la que solicitó la captura”, añadió Macías Olvera quien pidió respeto al debido proceso y no hacer especulaciones por la presunción de inocencia.

Acerca de la asistencia consular, Macías Olvera precisó que no se trata de que las autoridades ayuden en la defensa de Cienfuegos Zepeda, sino que se trata de cosas como proporcionar intérpretes y facilitar la comunicación entre el detenido con su familia o las personas que considere cercanas.

Sobre si esta detención afectará la imagen de las Fuerzas Armadas, espera que no. “Creo que el prestigio va más allá de una sola persona, hoy por hoy la ciudadanía tiene plena confianza en la labor del Ejército, eso trasciende más que una persona”; finalizó.

Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA desde el 1 de diciembre de 2012 al 30 noviembre 2018. Ingresó al ejército el 23 de enero de 1964 y actualmente tiene 72 años, según su perfil oficial. Se graduó del Colegio Militar en 1967, a sus 19 de edad. Llegó al máximo grado en su carrera al obtener las cuatro estrellas de general Secretario de la Defensa Nacional.

Anunció su retiro de las fuerzas armadas durante la ceremonia de Entrega y Recepción de la secretaria de la Defensa Nacional el primero de diciembre del 2018.

El 20 de septiembre del 2018 fue premiado en Washington por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry.

15 de Octubre de 2020

Por Manuel Gonzáles y Juliana Fregoso


Salvador Cienfuegos, el encubridor de crímenes de lesa humanidad

Rosalía Vergara 16 octubre, 2020

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda (2012-2018), jugó un papel importante en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Con 72 años de edad, el extitular de la Sedena detenido hace unas horas en Estados Unidos, comenzó su carrera en el Ejército el 23 de enero de 1964. Cursó sus estudios en el Colegio de la Defensa Nacional y obtuvo el grado de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional y cursó estudios de licenciatura en la Escuela Superior de Guerra.

Nació el 14 de junio de 1948 en la Ciudad de México e ingresó la Ejército el 23 de enero de 1964. Estuvo activo durante 54 años.

Fue oficial mayor de la Sedena, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, comandante de la VII Región Militar en Chiapas, comandante de la I Región Militar en la Ciudad de México, comandante de la IX Región Militar en Guerrero, comandante de la V Región Militar en Jalisco, comandante de la 15/a Zona Militar en Jalisco, comandante de la 14/a Región de Infantería de Jalisco.

También fue subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, subdirector general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y jefe de la Sección Tercera del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar, como director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y jefe de la Sección Pedagógica del Heroico Colegio Militar.

Obtuvo Condecoraciones de Perseverancia institucional, extraordinaria, especial, de primera hasta quinta Clase, de Perseverancia por la patria, al Mérito facultativo de primera y segunda Clase, al Mérito Docente y Legión de Honor.

El 20 de septiembre del 2018, en el ocaso de su mandato y en medio de escándalos y acusaciones de flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas de México, Cienfuegos Zepeda, como titular de la Sedena, recibió en Washington un premio por su “liderazgo en la defensa hemisférica”.

Otorgada por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry por su contribución a la seguridad estratégica del continente, la presea le fue entregada por Sergio de la Peña, subsecretario de Defensa Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los escándalos de Cienfuegos

La madrugada del 30 de junio de 2014, ocho militares del 102 Batallón de Infantería, a bordo de un vehículo oficial, circulaban por la carretera Dederal número 2. Habían sido incorporados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto, al Operativo “Seguridad Mexiquense” para combatir al narcotráfico.

Esa noche se detuvieron en una bodega en obra negra, sin puertas, en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Se registró un enfrentamiento entre militares y personas armadas que, según versiones, se rindieron.

Sin embargo, casi al amanecer, más militares llegaron al lugar, obligaron a los detenidos a hincarse, decir su apodo, edad y ocupación antes de ejecutarlos. Se contaron 22 cuerpos, según versiones de testigos de los hechos.

Cienfuegos Zepeda trató de ocultar un crimen de lesa humanidad, pero las presiones del gobierno de Estados Unidos lo orillaron a admitir que los militares a su cargo cometieron graves actos contra el derecho humano internacional.

Desde el teniente encargado hasta Cienfuegos Zepeda ocultaron las ejecuciones extrajudiciales, y aunque después aceptó que los militares cometieron exesos, no quiso investigar ni castigar a los responsables, solo removió al comandante del Batallón, el coronel Raúl Castro Aparicio, y le quitó mando operativo al comandante de la 22 Zona Militar, el general de brigada José Luis Sánchez León.

En cuanto a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, aunque no existe aun evidencia clara sobre la participación de miembros del Ejército durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando policías municipales desaparecieron a los estudiantes, Cienfuegos Zepeda hizo una defensa intensa del 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala, pues no estuvo de acuerdo en que fueran interrogados como recomendó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en 2015.

“No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito. ¿Qué quieren saber? ¿Qué saben mis soldados? Está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, alegó entonces.

(Con información de Jorge Carrasco Araizaga y Jesús Esquivel)

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Un informe denuncia a grandes bancos por el blanqueo de sumas millonarias

Lapidario reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

Una filtración de más de dos mil documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos reveló cómo algunos de los mayores bancos del mundo permitieron que se transfirieran sumas millonarias por todo el mundo de manera fraudulenta. El informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgado el domingo a partir de las mencionadas filtraciones denuncia la preocupante falta de regulaciones del sector. 

"El lucro de las mortales guerras contra las drogas, las fortunas desviadas desde países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo y robados en esquemas Ponzi, han podido entrar y salir de esas instituciones pese a las advertencias de los propios empleados de los bancos", dice la investigación realizada por 108 medios de 88 países. Los documentos señalan transacciones por dos billones de dólares entre 1999 y 2017.

La investigación se basa en miles de reportes de actividad sospechosa enviados por bancos de todo el mundo a FinCen, la policía financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos. "Esos documentos, compilados por bancos, compartidos con el gobierno pero mantenidos fuera de la vista pública, exponen la oquedad de las salvaguardas bancarias y la facilidad con que las explotan los criminales", escribió el medio digital Buzzfeed, el primero en dar a conocer el informe.

La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros. 

El más cuestionado es JPMorgan, que transfirió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según los documentos filtrados del gobierno, conocidos como los Archivos de FinCEN. El análisis del ICIJ mostró además que el banco procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, el exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Colombia anuncia la llegada de tropas de EU para ayudar en el combate al narcotráfico

Bogotá. El ministro colombiano de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó ayer que un grupo del Comando Sur de Estados Unidos llegará al país en junio para asesorar al ejército en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue rechazado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (la antigua guerrilla de las FARC), que aseguró se trata de una estrategia de agresión contra Venezuela.

En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares; éstas las desarrollan exclusivamente las fuerzas colombianas. Se trata de un grupo élite de carácter netamente técnico y de asesoría para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico, explicó.

Trujillo destacó que Colombia y Estados Unidos suscribieron hace varias décadas un acuerdo de cooperación militar y recordó que la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas es una responsabilidad compartida, por eso para Colombia es fundamental la cooperación con las naciones aliadas.

La embajada de Estados Unidos indicó antier en un comunicado la llegada al país de una brigada estadunidense de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), que viene para ayudar a Colombia en su lucha antidrogas. Se trata de una unidad especializada del ejército de Estados Unidos formada para asesorar y ayudar en operaciones de naciones aliadas.

A su vez, el comandante de las fuerzas militares, Luis Navarro, indicó que los asesores castrenses estarán en el país durante cuatro meses en cuatro zonas y al llegar cumplirán todos los protocolos de prevención, contención y aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del nuevo coronavirus que ha contagiado a 24 mil 104 colombianos y ha dejado 803 muertos.

Se recibe la alarmante noticia de la puesta en marcha de un plan de desestabilización de la paz del continente... Nadie pone en duda que esta situación se desarrolle como parte de la estrategia de agresión militar del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, advirtió el Consejo Político Nacional de la FARC en un comunicado.

Iván Cepeda, senador del partido de izquierda Polo Democrático, agregó: esto forma parte de toda una estrategia de intervención militar en la región, en particular en Venezuela, por la cual está siendo funcional el gobierno colombiano.

Según las fuerzas militares, desde enero pasado los decomisos de cocaína aumentaron 7 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior, para totalizar 169 toneladas de cocaína. Además, se han erradicado más de 22 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

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Fernando Sanclemente, embajador de Colombia en Uruguay.

Fernando Sanclemente dimitió tras la decisión del fiscal general de investigarlo formalmente

El pasado 12 de febrero la Policía de Colombia halló un laboratorio de procesamiento de cocaína en una finca de Guasca, Cundinamarca, a 50 kilómetros de Bogotá. Luego se supo que allí se producían al menos 1,8 toneladas de droga al mes y que el terreno era propiedad de la familia del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente. Con otros escándalos y el coronavirus de por medio, la historia pasó desapercibida hasta este domingo cuando el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que vincularía al diplomático a la investigación formal por el narcolaboratorio.

La noticia obligó a Sanclemente a dimitir a través de una carta enviada al presidente, Iván Duque. El embajador le agradeció al mandatario y a la Cancillería el tiempo de licencia que le dieron para atender su defensa. “Esto con ocasión del penoso y muy desafortunado hecho delictivo de público conocimiento acaecido en predios de nuestra propiedad y del cual hemos solicitado a las autoridades el reconocimiento como víctimas del mismo”, escribió en la carta.

El fiscal, sin embargo, había sido tajante en sus declaraciones: “La finca del embajador fue destinada para tener un laboratorio dedicado al procesamiento de cocaína. No se trataba de algo sencillo. Por el contrario, se trataba de una estructura bien montada con tres instalaciones que tenían la potencialidad de producir 1,8 toneladas de cocaína mensual”, ha explicado Barbosa en una entrevista para el diario El Tiempo. Y para evitar dudas agregó: “el embajador tendrá que explicar cómo no se percató de tamaña operación. No solo lo citaremos, lo vincularemos”.

En un escueto comunicado, la Cancillería anunció la renuncia y advirtió de que la carta de Sanclemente surtirá su trámite correspondiente. “En la misiva el embajador indica que toma esta decisión para concentrarse en su defensa en la investigación judicial que lo afecta”. Aún falta que el presidente, Iván Duque, acepte la renuncia.

Sanclemente había sido director general de la Aeronáutica Civil y gerente del Transmilenio de Bogotá, entre otros cargos relacionados con puertos y transporte, y compartía la mitad de la propiedad de la finca con la familia Spiwak, dueños de la cadena de hoteles Dann. “Esta es una propiedad que tenemos hace más de 45 años dedicada a la crianza de caballos de carreras y de ganadería angus”, había dicho el diplomático. La defensa de ambas familias aseguró que no tenían relación con el narcolaboratorio y que desde 2017 alquilaron los terrenos a unos cultivadores de papa y cebolla. En el operativo de la Policía fueron detenidas cinco personas y se hallaron siete toneladas de insumos para el procesamiento de la droga.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 06 abr 2020 - 22:09 COT

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