Viernes, 24 Octubre 2014 06:22

"Hay narcopolítica pública y privada"

"Hay narcopolítica pública y privada"

Investigador del Centro de Estudios Históricos del prestigioso Colegio de México, Ariel Rodríguez Kuri dialogó telefónicamente con Página/12 sobre los efectos de la matanza y la desaparición de estudiantes de magisterio de Ayotzinapa y la crisis del municipio de Iguala con su alcaldía colonizada por los narcos y su alcalde José Abarca prófugo de la Justicia.


–¿México vive una situación de Estado narco o de narcopolítica?


–La masacre de Ayotzinapa es una de las muestras de que los poderes locales están copados, ya sea por la pura violencia de grupos delincuenciales o por otros métodos de connivencia que incluyen el soborno y las dádivas económicas. Sí hay un problema de narcopolítica y es probable que no incluya sólo a los poderes públicos, al Estado, sino a la esfera privada. Hay una denuncia contra Banamex, del grupo Citi, donde en los procesos contra el Chapo Guzmán, el jefe narco, descubrieron que había también personal de seguridad del banco involucrado. Esto fue denunciado por la propia matriz estadounidense. Por eso hablo de narcopolítica: el narco va permeando las esferas públicas y las privadas.
–¿Se puede saber hasta qué punto el narco permeó las distintas instancias del Estado?


–Tenemos muy claro que sí se estuvo colonizando el poder del Estado a nivel local. No hay una investigación seria para saber si tocó al gobierno federal. Pero ya sabemos que sí tocó al ejército y a las policías federales. Por lo tanto hay un problema muy delicado. También hablo de narcopolítica por la violencia y la impunidad que muestran los criminales en el caso de Iguala. Los narcos están penetrando a los actores de la vida pública mexicana, como los partidos políticos.
–Amnistía Internacional dijo que se trata de una catástrofe anunciada y evitable.

–Sí, y no sólo por lo que dijo Amnesty, sino por los procedimientos para combatir la narcopolítica. Haber colocado al ejército en función de policía tornó muy vulnerable la vida cotidiana de muchas personas y la vida del propio ejército, porque en este caso cambia lo que debe y puede hacer. Fue una discusión intensa entre 2006 y 2008 en México.
–En estos días la escritora Elena Poniatowska recordó la masacre de Tlatelolco en 1968.

–Me andaría con cuidado en la comparación con 1968. Aquélla fue una confrontación sin mediaciones entre un conjunto de estudiantes que demandaba libertades civiles con fuerzas formales o irregulares del Estado. No hubo ni siquiera algo tan malo como lo de hoy, por su extensión, ni en los peores años del macartismo en México, que por cierto fue horroroso pero que no llegó a los niveles alcanzados en otros países. Lo de ahora es más difícil de caracterizar porque insisto en que la narcopolítica permea todo: Estados, empresas, etcétera. Pero trazar una línea sin información precisa en cada caso es difícil y puede generar psicosis sobre la penetración de la narcopolítica. Uno de los problemas de la impunidad es que convierte en sospechoso a todo el mundo. Si continúa la impunidad, no quedarán a salvo ni políticos, ni empresarios, ni movimientos de protesta social. Y entonces habrá aparecido en la sociedad mexicana un arma con dos funciones: disuadir primero y reprimir después. En los últimos días aparecieron mapas sobre lo que algunos llaman el Triángulo de las Bermudas, por la desaparición de personas, sobre todo de varones y jóvenes. También sucede en Michoacán y Jalisco. Y aumenta.

–¿Hay cifras precisas? Leí que pueden ser más de 20 mil los de-saparecidos.


–Es que hay los que desaparecen y no dejan rastro hasta que otro hecho lleva al desenterramiento de las fosas. No sabemos cuántas fosas hay en México ni cuántos desaparecidos hay. En estos momentos el pesimismo nacional es muy profundo y la pregunta es si el país se está convirtiendo en una fosa.

–¿Qué efecto político genera ese pesimismo sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto?


–La repercusión sobre el gobierno nacional estaba fuera de los planes del presidente. No imaginó que un día debería argumentar que en México sí se puede invertir. Es un problema mayúsculo y recién va apenas por el tercer año de gobierno. Las crisis de esta magnitud son al sexto año. Recordemos el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el levantamiento zapatista.

–Los dos hechos son de 1994.

–El último año de Carlos Salinas de Gortari. En esa época se incubó también la crisis económica de 1995. Veremos qué sucede hoy con esta crisis, porque le pegó a Peña Nieto en la línea de flotación.

–¿Por qué justo en el Estado de Guerrero?

–Guerrero tiene sus particularidades. Es el espacio del mayor brote guerrillero rural en México en la segunda posguerra. Son guerrillas campesinas. Genaro Vázquez y Lucio Cabañas eran profesores normalistas. Primero fueron cercados al PRI y luego se fueron radicalizando tanto por el no cumplimiento de demandas gremiales como por la represión. Estamos en presencia de maestros rurales. El primer brote de foquismo, Chihuahua, también fue dirigido por profesores normalistas. El normalismo es un producto directo de la revolución. Es un agente civilizador. Se buscaba formar para enseñar y formar para formar. Creo no violentar la historia si hablamos de una genealogía del normalismo en México, un fenómeno que tiene un peso espectacular en la política nacional.


–¿Por qué la relación entre el normalismo y las guerrillas rurales o los reclamos campesinos?

–En México entre el 25 y el 30 por ciento de la población vive en comunidades de menos de cinco mil habitantes, naturalmente relacionadas con el campo. A pesar de que la contribución en el PBI no supere el 5 o 6 por ciento, la incidencia demográfica, y por lo tanto simbólica, es muy importante.

–Ayotzinapa no pasa de los dos mil habitantes.


–Y es representativa de una proporción considerable de la población, que todavía en México se mide en millones y millones de personas. Sé que es un hecho atípico en la región y a veces por eso conviene explicarlo bien en el resto de América latina.

–El gobierno de Peña Nieto comenzó con pactos. ¿Haría falta un nuevo pacto contra la narcopolítica?


–Le contesto con un ejemplo de lo que haría falta en México. El jefe de gobierno del Distrito Federal propuso en mayo un aumento del salario mínimo. Pasar de los 67 pesos mexicanos (cinco dólares) a 83 (siete) en un país que tiene el menor salario mínimo de América latina. Y desató una Jihad entre los economistas ortodoxos de este país, que son hegemónicos, sobre todo por acto reflejo en los economistas vinculados al sector bancario. El menemismo en México está fuerte en los aparatos financieros. Por eso la guerra santa contra el aumento del salario mínimo. Claro, tanto conflicto convirtió el tema en un gran asunto nacional. Y generó discusiones. ¿Hace falta un nuevo pacto que esta vez tenga un gran alcance social? Un nuevo pacto, entonces, no sólo tiene que pasar por un aumento del ingreso de los siete millones de trabajadores que reciben el salario mínimo, sino por la dignidad del trabajo. Pero, ¿cómo se hace si sólo discutir el ingreso genera una hecatombe? En México las sesiones de la Corte Suprema son públicas, pero las de la Comisión Nacional del Salario Mínimo son secretas. Un secreto para pactar aumentos de uno, dos o tres pesos... Es necesaria una reforma social que tiene que ver con el mundo del trabajo. Si no, no habrá incentivos para el trabajo legal, cuando además hay sicarios que matan por cinco o seis mil pesos al mes. El crimen organizado se aprovecha de la gente y le da un AK-47 para que asesine. Por eso es imprescindible un nuevo pacto social y no sólo un pacto político que encare reformas puramente políticas, por más importantes que sean.


–¿Cuál sería la base de un pacto social?


–Es obvio que hay que ir a las calles, a las rancherías, y darle esperanza a la gente, porque el asunto se está saliendo de cauce. Hay una violencia latente que no es sólo por el crimen organizado. Hasta las propias clases medias están en una situación extraña. Hoy tienen una angustia nueva: qué pasará con los muchachos que están en la educación secundaria, porque no pueden con las cuotas y el consumo los endeuda. El debate apunta a la construcción de futuros más o menos estructurados que tienen que ver con ingresos dignos incluso para las clases medias de profesionales liberales o free-lance. Ya la clase media echa humo. O el gobierno propone el nuevo pacto social o se está metiendo en una bronca muy grande. Y las famosas reformas estructurales que buscan desregular y privatizar todo, lo sabemos, son una adicción.

–¿En qué sentido una adicción?

–Avanzan y avanzan y siempre terminan no siendo suficientes. ¿De qué reformas estructurales hablan si ya están entrando al país las grandes corporaciones y el Estado no es capaz de controlar a un jefe municipal y a un grupo de matones que sobornan y matan? Y la gran petrolera, ¿será neutra políticamente? ¿Y las fuerzas armadas? ¿Tienen alguna doctrina? Yo, por supuesto, esperaría que tuvieran una doctrina democrática y no estoy convocando a ninguna guerra. Pero hoy no tienen ninguna doctrina de defensa. Cuando se celebraron los acuerdos comerciales de integración con Estados Unidos se terminó la doctrina. Ahora, ¿qué pasaría si el Tea Party ganara? Ese grupo es tan antimexicano y tan antiinmigratorio que cerraría la frontera en la primera semana de gobierno. ¿Y qué haría México? ¿Alguien lo pensó? Hay tantas cosas a resolver... Por supuesto que el narco puso y pone dinero en las elecciones. La cuenta pendiente de Peña Nieto es la política anticorrupción y quedó en nada. Los asesinatos de Iguala cambiaron el tono de toda la administración. Obligaron a Peña Nieto a redefinir escenarios y a ocuparse de la política interna con la necesidad de ocuparse de realidades distintas.

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Martes, 21 Octubre 2014 05:56

Guerrero y la narcopolítica

Guerrero y la narcopolítica

Una narcomanta de dos metros de largo fue encontrada en la madrugada del 16 de octubre. Apareció en la barda posterior de la escuela secundaria número tres en Iguala, Guerrero, a menos de un kilómetro del 27 batallón de infantería. En ella, en un mensaje escrito con letra de molde en pintura roja y negra, El Choky solicita justicia al presidente Peña Nieto. De paso, denuncia, con nombres, apellidos y seudónimos, a los responsables del asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.


El Choky fue señalado en días pasados por el fiscal general del estado, Iñaky Blanco, como jefe de sicarios de Guerreros Unidos, y responsable de ordenar la matanza y desaparición de los jóvenes el pasado 26 de septiembre, tras el ataque contra ellos de policías y sicarios.

La lista de los asociados al grupo delincuencial delatados en la manta es larga: ocho alcaldes, directores de Seguridad Pública, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y distintos personajes. Según el denunciante, éstas son las gentes que el gobierno deja andar libres y cometiendo tanto delito contra la población. Finalmente aclara: No toda la culpa la tengo yo. Firma: "Atte: Choky".


El clima delincuencial denunciado por el narcomensaje no es exclusivo de Iguala y de siete alcaldías de la Tierra Caliente. El tipo de relación entre el edil José Luis Abarca, su policía local y el crimen organizado, puesto al descubierto con la masacre del pasado 26 de septiembre, está presente en muchos municipios de Guerrero. Se trata de una relación que involucra también a importantes políticos locales, legisladores estatales y federales, dirigentes partidarios, jefes de la policía y mandos militares. Es por ello que podemos caracterizar al régimen político existente en la entidad como un narcoestado.


Denuncias como la del Choky corren de boca en boca entre los guerrerenses. Empresarios, dirigentes sociales y periodistas han documentado este nexo. Parte de la prensa local y la nacional los ha publicado. En algunos casos, como en Iguala con el asesinato de los tres dirigentes de la Unión Popular, incluso se han presentado acusaciones formales ante las autoridades correspondientes. Todo ha sido en balde.

Quienes han alertado sobre la extensión y profundidad de la narcopolítica en la entidad han sido eliminados y amenazados. Cuando el empresario Pioquinto Damián Huato, líder de la Canaco en Chilpancigo, acusó a a Mario Moreno, alcalde de la ciudad, de tener vínculos con el grupo delincuencial Los Rojos, fue víctima de un atentado en el que murió su nuera y quedó herido su hijo.


Invariablemente los políticos señalados han negado las acusaciones y las han explicado como resultado de rencillas políticas, que ellos no son responsables del comportamiento de sus familiares o amigos. Han dicho que las autoridades deben investigarlos y que están en la mejor disposición de aclarar las cosas. Pero nada se ha hecho. El pacto de impunidad que blinda a la clase política ha actuado entrado una y otra vez.

Según el obispo Raúl Vera, quien estuvo al frente de la diócesis de Ciudad Altamirano entre 1988 y 1995, la impunidad es la característica más lacerante de Guerrero y su desafío más importante. Su extensión y persistencia –señala– alienta el crimen y la violación de los derechos humanos y la dignidad.

Pero la violencia no es sólo asunto de disputas entre grupos político-delincuenciales por centros de producción, rutas y plazas. Es también resultado de la decisión de los poderes fácticos de deshacerse de líderes sociales opositores y de la protección que desde el poder se les brinda a quienes los liquidan o desaparecen.

Las víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Ángel Aguire son múltiples. La relación de asesinados y detenidos-desaparecidos durante su administración es enorme.

Entre otros muchos, forman parte de ella los ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle. Los normalistas Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría. Los dirigentes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, Raymundo Velázquez y Samuel Vargas. La ambientalista Juventina Villa y a su hijo Reynaldo Santana. El síndico de Iguala, Justino Carbajal. Los integrantes de la Unión Popular Arturo Hernández, Rafael Banderas y Ángel Román. Rocío Mesino, que estaba al frente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Los campesinos Juan Lucena y José Luis Sotelo, promotores de una autodefensa en Atoyac. Los organizadores campesinos José Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica Rómulo.


La narcopolítica no es asunto exclusivo del viejo PRI. Integrantes de varias corrientes en el PRD han sido señalados como parte de ella. De manera reiterada, el miembro de Nueva Izquierda y presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega, ha sido señalado como jefe del grupo Los Ardillos. Su padre estuvo preso por el asesinato de dos agentes del AFI y fue ejecutado al salir libre.

Servando Gómez, La Tuta, reveló en un video que Crescencio Reyes Torres, hermano de Carlos, líder del sol azteca en la entidad y parte del Grupo Guerrero, dirigido por David Jímenez, es uno de los principales dueños de laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas, aliado del cártel Jalisco Nueva Generación.


Al mismo gobernador Aguirre se le ha relacionado reiteradamente con el cártel Independiente de Acapulco. De su líder Víctor Aguirre se dice que es primo del mandatario. Por supuesto, tanto el gobernador como el resto de los acusados han rechazado enfánticamente cualquier nexo con grupos delincuenciales.

Pese a la multitud de denuncias contra ediles y funcionarios en la entidad, los arrestos han sido escasos. Feliciano Álvarez Mesino, alcalde de Cuetzala del Progreso, fue detenido por secuestro y delincuencia organizada. Él se reivindicaba como parte del Grupo Guerrero. El oficial mayor de Chilapa, el priísta Vicente Jiménez Aranda, fue apresado por secuestro.

El asesinato y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa ha destapado la cloaca de la narcopolítica guerrerense. Falta ver si la pueden volver a tapar.


Twitter: @lhan55

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Sábado, 18 Octubre 2014 08:48

El espejo de Ayotzinapa

El espejo de Ayotzinapa

Las atrocidades contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Atyozinapa, que el 26 de septiembre dejaron seis personas asesinadas, 20 heridos y 43 jóvenes normalistas desaparecidos luego de haber sido detenidos por la policía que los cazó salvajemente, aliada y/o parte de un cártel de narcotraficantes; se ha convertido en un gigantesco espejo de la realidad en México.

El dolor y la indignación recorren el país y se expresan en múltiples manifestaciones y protestas. Siguen creciendo las denuncias y solidaridades internacionales, inclusive cuestionamientos al gobierno por parte de instituciones internacionales y hasta la demanda de europarlamentarios de suspender la renovación de acuerdos comerciales con México, por la violación de derechos humanos y la falta de garantías individuales.


Son muchos los temas que esta masacre sacó a la luz, evidenciados a través de prensa y medios independientes. Entre ellos, la colusión de diferentes niveles de gobierno y policía con narcotraficantes; la podredumbre y complicidad por acción u omisión de los partidos políticos, incluido el PRD, partido al cual pertenecía el alcalde local que ordenó la masacre y al que aún pertenece el gobernador estatal; el racismo y desprecio contra los jóvenes, campesinos, indígenas; la impunidad con que actuaron los asesinos, seguros de que este horrendo crimen no iba a tener trascendencia porque a nadie le importarían los atyozinapos, como llamó despectivamente el alcalde de Iguala a los hijos de campesinos que van a ese internado rural.


Pero en lugar de indiferencia, el horror que despertó el crimen contra los normalistas de Atyozinapa parece haber rasgado irreparablemente el telón de encubrimientos, no sólo sobre lo que realmente pasó en Iguala, sino también porque se entretejió inevitablemente con muchas denuncias anteriores que dan cuenta del sinnúmero de atropellos que vive el México de abajo desde hace décadas. Muchos de éstos se han presentado en las audiencias temáticas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), tribunal ético internacional que está sesionando a través de su capítulo México desde 2011 y tendrá su sesión final en noviembre 12-15 de este año.


Justamente, a pocos días de la matanza de estudiantes, se realizaba la audiencia del TPP sobre educación, cuyo jurado internacional condenó en su fallo al Estado mexicano y sus distintos órdenes de gobierno, instituciones, e instancias responsables por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Delitos que incluyen homicidios, ejecución, desaparición forzada, torturas y detenciones ilegales en agravio de los estudiantes. El tribunal consideró además que existe una persecución política que en forma permanente sostiene el Estado mexicano hacia los estudiantes y las instituciones educativas que conforman el normalismo rural. (Tatiana Coll, La Jornada, 11/10/14). Esta audiencia recogió testimonios de normalistas de varios estados sobre la campaña de desprestigio y criminalización que contra ellos realiza el duopolio televisivo, generando un clima de linchamiento y justificación de la represión, situación que comparten con los actores de muchas otras luchas sociales del país, tal como se denunció también en la audiencia temática del TPP sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores el 17-19 de septiembre.


Casi un año antes, Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi presentaron en la audiencia del TPP Represión a movimientos sociales y defensores de los derechos humanos, en la acusación general que abarcó varias décadas –incluidas la masacre de Tlatelolco, El Charco, Aguas Blancas, Acteal y otras, "más de 5 mil casos documentados de agresiones, (...) asesinatos políticos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, apremios ilegítimos, desapariciones forzadas y persecuciones o asesinatos políticas por militancia política. Se refirieron a esto como asesinatos crueles, innecesarios y alevosos, caracterizado por la indefensión de las víctimas." (dictamen en tppmexico.org). Igualmente, en las audiencias del TPP sobre guerra sucia, sobre migración y sobre feminicidios, que se realizaron en septiembre 2014, se repiten las denuncias de agresiones, matanzas e impunidad, conformando un escenario de guerra contra los pobres, especialmente mujeres, contra campesinos e indígenas y contra todos los que protestan por sus derechos, por defender sus territorios, agua, culturas, como ahora los yaquis y muchos otros.


En la audiencia del TPP sobre devastación ambiental, noviembre 2013, el jurado internacional que analizó más de 140 casos, dictaminó que existe una desviación de poder que ha provocado la devastación ambiental del país. Los delitos presentados son encuadrables en la categoría de crímenes de lesa humanidad, tal y como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en tanto se verifican en el marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil mexicana. (www.afectadosambientales.org). Para comprender el vasto significado de esta sentencia, recordemos que esta Corte tiene como misión juzgar crímenes de genocidio, guerra y de lesa humanidad.


Los jurados de las diferentes audiencias anotaron que además de las agresiones, existen en todas partes acciones colectivas y comunitarias de resistencia, de creación y solidaridad, contra y pese a los ataques. Ahora, en Ayotzinapa, coexisten nuevamente y se expanden más allá de muchas fronteras, dentro y fuera del país. Cuenta Gloria Muñoz que a la entrada de la escuela hay un letrero que dice Ayotzinapa, cuna de la conciencia social (Ojarasca 210), lo cual cada día adquiere más significados. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!


*Investigadora del Grupo ETC

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Martes, 14 Octubre 2014 21:07

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en el estado de Guerrero, México. Los asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística, lo cuenta en la siguiente crónica.

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. Sólo estaban manifestando. Los torturaron y asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Una masacre más de las tantas que se producen a diario en México. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística por sus coberturas sobre la violencia en su país, lo cuenta en la siguiente crónica.1 En la contratapa, Brecha reproduce una nota de reflexión de Turati sobre qué es eso de convertirse en "corresponsal de guerra" en su propio país.


Nunca vi nada así, se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay seis hoyos bien trazados, son seis fosas que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados. Bajo la arena retirada a golpes de pala se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de mezclilla. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla desmayada con el rótulo "Escena del crimen".

"¿Te imaginas todo lo que pensaron mientras llegaban acá?", suelta una fotógrafa jovencita, la mirada de tristeza. El silencio que se impone.

La identidad de esos cuerpos no está confirmada, pero nadie puede espantar de la mente el testimonio de los dos detenidos que declararon a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que ahí asesinaron y enterraron a 17 de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa desaparecidos; los que fueron arrestados por policías municipales y entregados a sicarios de la narcomafia local Guerreros Unidos.

El pesado silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas.

Un reportero local lanza como telegrama los que imagina fueron los últimos momentos de los condenados a muerte: "Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas".

La fragancia de la muerte impregna el monte. Ese olor cada vez más frecuente en esta interminable fosa común en la que se ha convertido México. El mismo lodo podrido, con mezcla de masa orgánica, que se pisa en Tijuana, en los terrenos regados con ácidos con los que los cadáveres son disueltos. El mismo olor que despiden las fosas donde quisieron ser reducidos a nada los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. El mismo que se hace presente, cada vez con más frecuencia, en episodios que por comunes pasan desapercibidos para la prensa.

Es un olor dulzón y rancio que hace nido en las fosas nasales, asfixia la garganta, se atenaza en el cerebro. No se quita por más que te bañes o recurras a los perfumes. Es un recordatorio que deja el sufrimiento de un ser humano que se niega a ser desaparecido, enterrado a escondidas, martirizado.

Una mariposa negra y amarilla aletea al borde del corte de la tierra. Avanza y retrocede. Testigo de primera fila. Centímetros abajo agua de lluvia que al contacto con la tierra se convirtió en un caldo pútrido, un charco estancado, con nata en la superficie que impide cualquier reflejo.

Para subir a las fosas de Iguala hay que salir de esta ciudad –la tercera más importante de Guerrero– y dirigirse a la periferia, donde la ciudad se convierte en campo. Hay que guiarse por un cerro con pelo verde, andar por calles sin pavimento, preguntar por Jardín Pueblo Viejo, luego por la vereda a La Parota.

Derecho por la vereda formada por piedras hay que seguir el camino marcado por las pisadas pioneras. Es un sendero paralelo a un maizal del que se va perdiendo la perspectiva porque a lo largo se extiende una bóveda de ramas y arbustos que hacen pensar en la entrada a una selva.

No hay pérdida si se sigue la vía marcada por los cubrebocas azules colgados de los matorrales, tirados en el piso, aventados en la cuneta, como en una urgencia de quienes querían desprenderse pronto de la peste. Para más referencias se puede buscar las marcas que dejó en algunos arbustos el enviado de una televisora deseando que nadie se perdiera.

Impresas en el lodo del suelo se notan huellas de distintos tamaños, de botas, de tenis, de huaraches. Son las huellas de la gente que ha subido a ese cerro. Me pregunto si alguna de ellas será de los asesinados, si sabrían que ese iba a ser su destino, que ese monte sería su cementerio. Pocas huellas, casi ninguna, van en sentido contrario. Claro, ellos no bajaron. Ellos se quedaron arriba.
Caminar. Subir. El único ruido es el de la propia respiración y la orquesta de insectos. Hasta que se llega al lugar marcado por las moscas, el inconfundible sitio de la muerte. El lugar que condensa el horror de la narcopolítica mexicana. La presentida confirmación de la identidad que nadie desea. ¿Asesinaron aquí a los estudiantes normalistas raptados durante la novatada que les hicieron en su escuela que ni siquiera habían cumplido los 20 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué así?

Sólo queda lanzar en silencio un rezo en este espacio de muerte y pedir que (sea quien sea) quien murió aquí encuentre la paz, que sus restos regresen a su casa.

A unos metros del área marcada, en un claro aplanado se ve un montículo formado por ropa, basura, plásticos, cobijas. Es fácil pensar que esa era una guarida de los dueños de estos caminos prohibidos. Donde descansaban, porque las masacres implican trabajo.

El camino de regreso a la ciudad lo marca el botadero de bolsas de basura de plástico rojo con signos que indican toxicidad. Y más cubrebocas, decenas de ellos, guantes de látex, botas de plástico, empaques de geles o desinfectantes tirados a lo largo del camino, como si quienes participaron en las exhumaciones hubieran querido quitarse de encima el horror aferrado en la piel. Como si quisieran dejar atrás la pesadilla.

Un reportero local dice que este horror no es peor que el de las fosas de los 18 turistas michoacanos enterrados en una huerta de coco en Acapulco y exhumados un mes después de sus asesinatos. Su error fue haber viajado juntos a bordo de un autobús que llevaba placas del lugar equivocado, de su estado natal que engendró también un cártel rival a los de Guerrero.
Estos duelen distinto porque las declaraciones apuntan a que aquí quedaron puros estudiantes, los mejores de sus pueblos, los que se inscribieron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa porque desafiaron su destino y quisieron ser alguien.
Iguala es tierra fértil para la siembra de cadáveres.

Según el Departamento Municipal de Panteones, 76 personas no identificadas han sido enviadas a la fosa común del cementerio durante la administración interrumpida del alcalde perredista prófugo José Luis Abarca (quien gobernó dos años).
Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos.

En mayo de 2013 en San Miguelito, parte trasera del Cerro de La Parota, fueron de-senterradas 33 osamentas. Hace cuatro meses, de camino al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, se descubrieron 17 cuerpos (el sexenio pasado encontraron a 55 dentro de un pozo). Ahora la tierra engendró cadáveres en La Parota, ese cementerio clandestino que algunos funcionarios locales dicen que era usado desde hace más de un año para eliminar seres humanos.

Esto ocurre en Iguala, la cuna de la bandera nacional. La ciudad que se ufana de tener el lienzo tricolor más grande del país enarbolado desde uno de sus cerros. Por toda la ciudad se ven bardas ilustradas con episodios de la independencia que se comenzó a esbozar aquí hace 200 años, aunque al día de hoy la gente vive como esclava, sometida por el crimen organizado que de día impone su ley y en las noches su toque de queda.

Antes de subir a La Parota un reportero local, que acudió a la despedida de los policías municipales enviados voluntariamente-a la fuerza a reeducarse en una academia de policía en Tlaxcala, me mostró una fotografía que lleva en su celular: tirados sobre el piso se encuentran seis cuerpos inflados, brillosos, tapizados por arena café.

El reportero aseguraba que corresponden a los cuerpos recuperados de esa fosa, que son la prueba de que los exhumados no son los de los normalistas. "No son los estudiantes –afirmaba mientras agrandaba con sus dedos la fotografía en su celular–, estos cuerpos son de adultos, no son de jóvenes. Este cinturón de cuero no es el que usa gente como los normalistas."

Yo veo bultos inertes. No sé distinguirles la humanidad, salvo por la silueta. No sé qué cinturones usan los estudiantes más pobres de México, los que buscan superarse estudiando la carrera de maestro en una escuela normal.

Más tarde un forense que participó en las exhumaciones corregirá la información sobre esa foto de los cadáveres inflados que se publica en un diario de nota roja. Asegura que las personas enterradas en La Parota podrían haber sido asesinadas ocho días antes. Los restos recuperados no estaban completos. Estaban podridos. Quemados. Fragmentados.
"Quien hizo esto trató de no dejar huella, fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros", explicaría el especialista bajo la condición del anonimato.

Según se rumorea, la noche que cavaron su propia tumba en La Parota, después de que fueron asesinados, una lluvia impidió que esos cadáveres rociados con diesel y prendidos con lumbre quedaran reducidos a cenizas. Como si la naturaleza se hubiera resistido a destruir la evidencia. Como si ella también esperara a que en México algún día se haga justicia.

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Viernes, 10 Octubre 2014 15:55

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en el estado de Guerrero, México. Los asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística, lo cuenta en la siguiente crónica.

 

La demanda de justicia para los 43 estudiantes desaparecidos recorre todo el país / Foto AFP Ronaldo Schemidt.
Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. Sólo estaban manifestando. Los torturaron y asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Una masacre más de las tantas que se producen a diario en México. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística por sus coberturas sobre la violencia en su país, lo cuenta en la siguiente crónica.1 En la contratapa, Brecha reproduce una nota de reflexión de Turati sobre qué es eso de convertirse en "corresponsal de guerra" en su propio país.


Nunca vi nada así, se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay seis hoyos bien trazados, son seis fosas que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados. Bajo la arena retirada a golpes de pala se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de mezclilla. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla desmayada con el rótulo "Escena del crimen".


"¿Te imaginas todo lo que pensaron mientras llegaban acá?", suelta una fotógrafa jovencita, la mirada de tristeza. El silencio que se impone.


La identidad de esos cuerpos no está confirmada, pero nadie puede espantar de la mente el testimonio de los dos detenidos que declararon a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que ahí asesinaron y enterraron a 17 de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa desaparecidos; los que fueron arrestados por policías municipales y entregados a sicarios de la narcomafia local Guerreros Unidos.


El pesado silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas.


Un reportero local lanza como telegrama los que imagina fueron los últimos momentos de los condenados a muerte: "Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas".


La fragancia de la muerte impregna el monte. Ese olor cada vez más frecuente en esta interminable fosa común en la que se ha convertido México. El mismo lodo podrido, con mezcla de masa orgánica, que se pisa en Tijuana, en los terrenos regados con ácidos con los que los cadáveres son disueltos. El mismo olor que despiden las fosas donde quisieron ser reducidos a nada los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. El mismo que se hace presente, cada vez con más frecuencia, en episodios que por comunes pasan desapercibidos para la prensa.


Es un olor dulzón y rancio que hace nido en las fosas nasales, asfixia la garganta, se atenaza en el cerebro. No se quita por más que te bañes o recurras a los perfumes. Es un recordatorio que deja el sufrimiento de un ser humano que se niega a ser desaparecido, enterrado a escondidas, martirizado.


Una mariposa negra y amarilla aletea al borde del corte de la tierra. Avanza y retrocede. Testigo de primera fila. Centímetros abajo agua de lluvia que al contacto con la tierra se convirtió en un caldo pútrido, un charco estancado, con nata en la superficie que impide cualquier reflejo.


Para subir a las fosas de Iguala hay que salir de esta ciudad –la tercera más importante de Guerrero– y dirigirse a la periferia, donde la ciudad se convierte en campo. Hay que guiarse por un cerro con pelo verde, andar por calles sin pavimento, preguntar por Jardín Pueblo Viejo, luego por la vereda a La Parota.


Derecho por la vereda formada por piedras hay que seguir el camino marcado por las pisadas pioneras. Es un sendero paralelo a un maizal del que se va perdiendo la perspectiva porque a lo largo se extiende una bóveda de ramas y arbustos que hacen pensar en la entrada a una selva.


No hay pérdida si se sigue la vía marcada por los cubrebocas azules colgados de los matorrales, tirados en el piso, aventados en la cuneta, como en una urgencia de quienes querían desprenderse pronto de la peste. Para más referencias se puede buscar las marcas que dejó en algunos arbustos el enviado de una televisora deseando que nadie se perdiera.
Impresas en el lodo del suelo se notan huellas de distintos tamaños, de botas, de tenis, de huaraches. Son las huellas de la gente que ha subido a ese cerro. Me pregunto si alguna de ellas será de los asesinados, si sabrían que ese iba a ser su destino, que ese monte sería su cementerio. Pocas huellas, casi ninguna, van en sentido contrario. Claro, ellos no bajaron. Ellos se quedaron arriba.
Caminar. Subir. El único ruido es el de la propia respiración y la orquesta de insectos. Hasta que se llega al lugar marcado por las moscas, el inconfundible sitio de la muerte. El lugar que condensa el horror de la narcopolítica mexicana. La presentida confirmación de la identidad que nadie desea. ¿Asesinaron aquí a los estudiantes normalistas raptados durante la novatada que les hicieron en su escuela que ni siquiera habían cumplido los 20 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué así?


Sólo queda lanzar en silencio un rezo en este espacio de muerte y pedir que (sea quien sea) quien murió aquí encuentre la paz, que sus restos regresen a su casa.


A unos metros del área marcada, en un claro aplanado se ve un montículo formado por ropa, basura, plásticos, cobijas. Es fácil pensar que esa era una guarida de los dueños de estos caminos prohibidos. Donde descansaban, porque las masacres implican trabajo.


El camino de regreso a la ciudad lo marca el botadero de bolsas de basura de plástico rojo con signos que indican toxicidad. Y más cubrebocas, decenas de ellos, guantes de látex, botas de plástico, empaques de geles o desinfectantes tirados a lo largo del camino, como si quienes participaron en las exhumaciones hubieran querido quitarse de encima el horror aferrado en la piel. Como si quisieran dejar atrás la pesadilla.


Un reportero local dice que este horror no es peor que el de las fosas de los 18 turistas michoacanos enterrados en una huerta de coco en Acapulco y exhumados un mes después de sus asesinatos. Su error fue haber viajado juntos a bordo de un autobús que llevaba placas del lugar equivocado, de su estado natal que engendró también un cártel rival a los de Guerrero.
Estos duelen distinto porque las declaraciones apuntan a que aquí quedaron puros estudiantes, los mejores de sus pueblos, los que se inscribieron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa porque desafiaron su destino y quisieron ser alguien.
Iguala es tierra fértil para la siembra de cadáveres.


Según el Departamento Municipal de Panteones, 76 personas no identificadas han sido enviadas a la fosa común del cementerio durante la administración interrumpida del alcalde perredista prófugo José Luis Abarca (quien gobernó dos años).
Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos.


En mayo de 2013 en San Miguelito, parte trasera del Cerro de La Parota, fueron de-senterradas 33 osamentas. Hace cuatro meses, de camino al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, se descubrieron 17 cuerpos (el sexenio pasado encontraron a 55 dentro de un pozo). Ahora la tierra engendró cadáveres en La Parota, ese cementerio clandestino que algunos funcionarios locales dicen que era usado desde hace más de un año para eliminar seres humanos.


Esto ocurre en Iguala, la cuna de la bandera nacional. La ciudad que se ufana de tener el lienzo tricolor más grande del país enarbolado desde uno de sus cerros. Por toda la ciudad se ven bardas ilustradas con episodios de la independencia que se comenzó a esbozar aquí hace 200 años, aunque al día de hoy la gente vive como esclava, sometida por el crimen organizado que de día impone su ley y en las noches su toque de queda.


Antes de subir a La Parota un reportero local, que acudió a la despedida de los policías municipales enviados voluntariamente-a la fuerza a reeducarse en una academia de policía en Tlaxcala, me mostró una fotografía que lleva en su celular: tirados sobre el piso se encuentran seis cuerpos inflados, brillosos, tapizados por arena café.


El reportero aseguraba que corresponden a los cuerpos recuperados de esa fosa, que son la prueba de que los exhumados no son los de los normalistas. "No son los estudiantes –afirmaba mientras agrandaba con sus dedos la fotografía en su celular–, estos cuerpos son de adultos, no son de jóvenes. Este cinturón de cuero no es el que usa gente como los normalistas."


Yo veo bultos inertes. No sé distinguirles la humanidad, salvo por la silueta. No sé qué cinturones usan los estudiantes más pobres de México, los que buscan superarse estudiando la carrera de maestro en una escuela normal.


Más tarde un forense que participó en las exhumaciones corregirá la información sobre esa foto de los cadáveres inflados que se publica en un diario de nota roja. Asegura que las personas enterradas en La Parota podrían haber sido asesinadas ocho días antes. Los restos recuperados no estaban completos. Estaban podridos. Quemados. Fragmentados.
"Quien hizo esto trató de no dejar huella, fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros", explicaría el especialista bajo la condición del anonimato.


Según se rumorea, la noche que cavaron su propia tumba en La Parota, después de que fueron asesinados, una lluvia impidió que esos cadáveres rociados con diesel y prendidos con lumbre quedaran reducidos a cenizas. Como si la naturaleza se hubiera resistido a destruir la evidencia. Como si ella también esperara a que en México algún día se haga justicia.


1. Revista Proceso, jueves 9.

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El narco mexicano asesinó a 17 estudiantes detenidos por la policía

La barbarie tiene desde ayer un nuevo santuario en México. Una fosa clandestina situada en las afueras de Iguala, en el corazón del volcánico estado de Guerrero. Allí fueron asesinados y luego calcinados al menos 17 de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos la noche del viernes 26 de septiembre tras su detención por la policía municipal. La matanza corrió a cargo de dos sicarios a quienes los agentes locales entregaron los estudiantes. La confesión de ambos asesinos, hecha pública anoche por la procuraduría, ha sacudido como un relámpago el país y sacado a la luz una verdad tenebrosa y ya sabida: el poder casi ilimitado y maligno que en algunas zonas ejerce el crimen organizado.

El relato de los detenidos mantiene abierta inquietantes incógnitas. No aclara el paradero del resto de estudiantes ni explica por qué en la fosa donde los sicarios señalaron que mataron a los alumnos yacían 28 cadáveres y no 17. La posibilidad de que sean todos estudiantes o que el lugar acumule cuerpos de otros asesinatos permanecía anoche abierta. Y la procuraduría no quiso dar un paso más mientras no se procediese a la identificación genética de los restos, un proceso que tardará unas dos semanas.


La reconstrucción ofrecida por los investigadores, aunque aún muy fragmentaria, muestra la pavorosa connivencia del cartel de los Guerreros Unidos con la autoridad local. Los estudiantes, desde su entrada en Iguala, fueron seguidos en camionetas por los sicarios, que dieron su apoyo armado a los agentes cuando empezaron los tiroteos indiscriminados contra los jóvenes. Una vez detenidos por la Policía Municipal, los normalistas fueron trasladados al patio de la comandancia y de ahí entregados al crimen organizado para su eliminación. Su delito: haber desafiado con su rebeldía el poder del narco. Uno a uno cayeron en la deshabitada partida de Pueblo Viejo. Tenían entre 18 y 23 años. Los cuerpos fueron apiñados en una pira. Los sicarios prendieron el fuego bárbaro con ramas, troncos y gasóleo. Algunas víctimas posiblemente fueron mutiladas antes.

La orden de raptar a los normalistas partió del jefe de la policía, Francisco Salgado Valladares, y la de matarlos de un cabecilla mafioso apodado El Chuky. Dos caras de una misma moneda. La confesión de los sicarios tumba la bienintencionada tesis defendida en un principio por las autoridades y el Comité Estatal de Derechos Humanos de que los estudiantes podían haberse ocultado en la montaña para evitar su captura y represión. Ahora emerge en toda su crudeza un escenario de matanza a sangre fría, un aguafuerte propio del narcotráfico mexicano. En este caso, del cartel de los Guerreros Unidos, un enloquecido clan surgido de los escombros del imperio de Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de Jefes, muerto a tiros el 16 de diciembre de 2009.

Conocidos por su rabiosa violencia, en pocos años y bajo el liderazgo del ya detenido Mario Casarrubias Salgado, alias Sapo Guapo, este cartel ha alcanzado una penetración extrema en los estados de México y Guerrero, hasta el punto de tener bajo su bota ciudades enteras como Iguala. En este municipio de 130.000 habitantes, la organización, como ha reconocido la procuraduría, tiene copada a la Policía Municipal. Al menos 30 de los agentes, según los testimonios de los sicarios detenidos, pertenecían a los Guerreros Unidos. Este hecho influyó en la decisión de trasladar a 22 agentes arrestados a Acapulco ante un posible intento de liberación.


La confesión de los sicarios conduce a la investigación a un nuevo punto: la detención de los responsables intelectuales de la matanza. Los dos principales sospechosos, el alcalde Iguala, José Luis Abarca, y su jefe de seguridad, se han dado a la fuga con pasmosa facilidad. Al regidor, cuyo cinismo le llevó a decir al día siguiente de la sangría que él "no había oído nada", se le vincula no sólo con el narcotráfico sino con la eliminación física de adversarios políticos, en concreto, de tres líderes de un partido opositor secuestrados y ultimados a balazos en mayo de 2013.

Todos los fallecidos pertenecían a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzipan, un municipio situado a 123 kilómetros de Iguala. Estos estudiantes de magisterio, llamados normalistas, forman desde hace décadas un colectivo muy ideologizado, con una vida casi autónoma. El viernes 25 de septiembre habían acudido a Iguala a recaudar fondos para sus actividades. Al anochecer se dirigieron a la central de autobuses y se apoderaron de tres vehículos. Una práctica habitual y consentida por las empresas de transporte parte evitar males mayores. A la salida de la estación, en sucesivos encontronazos, fueron atacados a balazos por la policía municipal y grupos de sicarios. Los estudiantes iban desarmados. Sobre el asfalto quedaron seis muertos y 17 heridos.

Este salvaje estallido de violencia, una letal advertencia del narco ante un movimiento autónomo y rebelde como el de los normalistas, espantó a México. La impunidad con la que actuaron los agentes, ametrallando sin contemplaciones autobuses cargados de alumnos, y la enloquecida crueldad con que se desolló y vació los ojos a una de las víctimas, destaparon el infierno que se vive en algunos estados como Guerrero, donde la autoridad presidencial es lejana y gran parte de los centros de poder locales están sometidos a los dictados de organizaciones criminales, como los Rojos o Guerreros Unidos, cuya actividad, más allá de la droga, se ha extendido a casi toda la esfera económica gracias a la extorsión y el secuestro.


El hallazgo de los cadáveres de Iguala ha puesto en pie de guerra a los compañeros de los estudiantes. Los normalistas forman una estructura muy organizada, de carácter asambleario e ideología socialista radical. Las escuelas, nutridas en su mayoría por jóvenes de extracción campesina, han sido durante décadas un semillero de jefes guerrilleros como Lucio Cabañas (1938-1978) o Genaro Vázquez Rojas (1931- 1972). Con nueve centros en Guerrero, cuentan en sus filas con miles de jóvenes. En días pasados, en señal de protesta, han tomado el control de carreteras federales y puestos de peaje. También han atacado con cócteles molotov la Casa del Gobernador en Chilpancingo. La confesión de los sicarios puede actuar como detonante de acciones mayores. Ante esta posibilidad, el mismo día del hallazgo de las fosas, cuando aún no se había atribuido oficialmente los cadáveres a los estudiantes, el gobernador de Guerrero, Ángel Vallejo, se apresuró a pedir calma: "Hago un llamado mantener la concordia y evitar por todos los cauces la violencia, hoy como nunca se requiere de la unidad de todos, sería lamentable que alguien sacara provecho político".


Difícilmente en este torbellino de sangre y dolor van a ser atendidas las palabras del gobernador. "Vamos a tomar acciones radicales, asaltaremos si hace falta el Palacio del Gobernador. Y actuaremos junto a los padres", afirmó anoche a este periódico un compañero de las víctimas y dirigentes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.


 

Ayotzinapa, crimen de Estado

IMANOL ORDORIKA/ADOLFO GILLY

La desaparición y matanza de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es un crimen de Estado, cometido en un país donde la tortura, las desapariciones y las muertes violentas se han convertido en hechos cotidianos. Están ya confirmados el asesinato de tres estudiantes y cuatro ciudadanos y la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.


Las víctimas son jóvenes estudiantes que, en el contexto de privaciones y pobreza de sus propias familias, luchan por la defensa de la educación pública en medio de las difíciles condiciones de las Escuelas Normales Rurales, objeto de acoso estatal y federal durante décadas.

Estos crímenes han sido cometidos, según todas las evidencias, por elementos de la fuerza pública en colusión y coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero. Se produjeron con la complicidad activa del gobierno municipal encabezado por José Luis Abarca, ahora prófugo, y la pasividad total, cuando menos, del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Las familias y compañeros de las víctimas han rechazado con indignación las explicaciones del gobernador y sus colaboradores, a quienes consideran responsables y cómplices de los ejecutores de este crimen.


Las autoridades federales, el Presidente y sus secretarios de Gobernación y de Educación, frente a una tragedia de esta envergadura, hasta ahora no han informado ni dado razones a la ciudadanía, abrumada por la ola de crímenes, desapariciones, violaciones y torturas que se abaten sobre la nación mexicana.

En la matanza de estudiantes de Ayotzinapa la represión gubernamental contra una movilización social ha puesto también a su servicio la violencia del crimen organizado. Se trata de un crimen de Estado. La actitud omisa del Poder Ejecutivo federal y el autismo de la clase política en su conjunto le dan además la dimensión de una crisis de Estado.


Es responsabilidad del gobierno federal la presentación con vida de los estudiantes secuestrados y el castigo penal de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos. Es su responsabilidad encontrar y decir la verdad. A cuarenta y seis años de la masacre del 2 de octubre podemos impedir que se repitan las mentiras y la impunidad de los gobiernos, sus funcionarios y sus cómplices.

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Miércoles, 24 Septiembre 2014 07:31

Más salud pública que represión

Más salud pública que represión

El último documento que acaba de lanzar la Comisión Global de Políticas de Drogas señala que "los enfoques previos que se basaban en el paradigma punitivo han fracasado enfáticamente". Opina el documento de los expertos que "la aplicación de este modelo ha tenido como resultado más violencia, el aumento de la población carcelaria y la erosión de los gobiernos alrededor del mundo". Al mismo tiempo, "los daños a la salud derivados del consumo de drogas no han disminuido, sino incluso han empeorado". Por eso, "la Comisión aboga por un enfoque centrado en la salud pública, la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el desarrollo".

El documento puede ser leído completo haciendo click en el link http://bit.ly/1trl13r.


En el prólogo, el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso dice que sería malo llegar a 2016, cuando se celebrará una reunión especial de la Asamblea General de la ONU, con "una declaración trillada" o la promesa de una solución facilista para el problema. "No existen respuestas fáciles para el problema de la droga", sostiene.


El facilismo no sólo sería ineficaz. También peligroso, porque se sumaría a los obstáculos que hoy impiden reformar la política de drogas. Una traba reside en "las poderosas burocracias nacionales e internacionales a cargo del control de las drogas", porque "son acérrimas defensoras de las políticas del statu quo y rara vez cuestionan la posibilidad de que su rol y sus tácticas puedan hacer más daño que bien". Otro obstáculo son los medios de comunicación, que "con frecuencia exhiben una tendencia al sensacionalismo ante cada nueva 'alarma de droga'". En cuanto a los políticos, "normalmente se adhieren a la atractiva retórica de la 'tolerancia cero' y a la creación de sociedades 'libres de drogas', en lugar de buscar enfoques informados, basados en la evidencia de lo que funciona". El riesgo estaría, por ejemplo, en repetir la asociación entre drogas ilícitas y minorías étnicas y raciales, porque siempre el miedo inspira "leyes severas".


El criterio recomendado sería reemplazar "las medidas duras con base en ideologías represoras" por políticas "más humanas y eficaces, diseñadas teniendo en cuenta la evidencia científica, los principios de salud pública y los derechos humanos".


Un ejemplo apuntaría a no penalizar más la tenencia o el consumo de drogas y a esquivar recetas como el tratamiento obligatorio en beneficio de una mayor oferta de informaciones y servicios de salud.


Bolivia se retiró de la Convención sobre Estupefacientes en defensa del cultivo de coca. Volvió recién cuando su reserva sobre el tema fue admitida por el resto de los países.


Pensar que la solución es apresar a los elabones más débiles de la cadena, como las mulas que transportan pequeñas cantidades o los campesinos forzados por la miseria a producir materias primas, también según la comisión es una perspectiva equivocada.
En cambio, no está mal alentar la experimentación de regulaciones de ciertas sustancias como el cannabis.
Tratamiento sin llegada


Los expertos se proponen insistir en su plataforma de ideas, aunque a la vez reconocen que el mundo ya comenzó a trabajar con ellas en oposición a lo que llaman "narrativa de la amenaza y el miedo".


La comisión que preside Cardoso está integrada por el ex secretario general de la ONU Kofi Anan, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la ex alta comisionada para Derechos Humanos Ghana Louise Arbour, el ex intendente de Praga Pavel Bém, el fundador del grupo Virgin Richard Branson, la ex secretaria de la Cámara Internacional de Comercio Maria Cattaui, la ex canciller suiza Ruth Dreifuss, el ex presidente colombiano César Gaviria, el ex director del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida Michel Kazatckine, el ex presidente polaco Aleksander Kwasniewski, el ex presidente chileno Ricardo Lagos, el ex premier griego George Papandreu, el ex presidente portugués Jorge Sampaio, el ex secretario de Estado norteamericano George Schultz, el ex funcionario de la Unión Europea Javier Solana, el ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker y el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo.


Para ese mosaico de dirigentes políticos, el enfoque punitivo y hasta de guerra sobre las drogas, que rige desde la década de 1960, fracasó y al mismo tiempo evitó que los tratamientos posibles llegaran a sus destinatarios.


Está el caso de Rusia, donde el 37 por ciento de los casi dos millones de personas que se inyectan drogas están infectados con VIH. Y como existe la tendencia a penalizar a los usuarios, "los servicios de reducción de daños que salvan vidas, como los programas de intercambio de jeringas y agujas, son sumamente limitados o, en el caso de los programas de tratamiento con derivados opiáceos (PTDO), totalmente prohibidos".


En los Estados Unidos, en 2010 hubo 10 mil muertes por sobredosis con drogas.


En China y países del sudeste asiático hay 235 mil personas detenidas en causas relacionadas con drogas.


La Argentina figura como ejemplo en el informe. Un 68 por ciento de las mujeres encarceladas lo está por cuestiones vinculadas con las drogas.


En los Estados Unidos, los afrodescendientes representan el 13 por ciento de la población. Pero ocupan el 33 por ciento de los arrestados por drogas.


El comercio mundial mayorista llegó a los 94 mil millones de dólares en 2005, una cifra mayor que el comercio de granos, vino, cerveza, café y tabaco.


Desde que México transformó la política de drogas en una guerra, en 2006, murieron entre 60 mil y 100 mil personas.
Desde 2011 los narcos mexicanos y colombianos lavaron por año alrededor de 39 mil millones de dólares. En 1998 los mexicanos gastaron unos 500 millones de dólares en sobornos, más que el presupuesto de la procuración antidrogas.


Una interpretación lúcida de este panorama produjo cambios en todo el mundo. El informe los detalla.


Avances


En los propios Estados Unidos, veintitrés estados legalizaron la marihuana para uso medicinal y diecisiete despenalizaron la tenencia y el consumo.


Holanda regula la venta minorista de drogas desde 1976. Muchos gobiernos municipales quieren que se regule también la producción.
Colorado y Washington ya tienen mercado regulado de cannabis sin fines medicinales desde 2012. Uruguay lo puso en práctica en 2013.
Suiza, Alemania, Dinamarca y Holanda avanzaron en reducción de daños, desde el cambio de jeringas para evitar contagios hasta la sustitución con opiáceos y la heroína administrada. Lo mismo sucede en la India con la población en general y en Irán y Moldavia con la población carcelaria. En 2004 se sumaron a la reducción de daños países de la magnitud de Vietnam y, sobre todo, China.


Puestos a sugerir políticas de difusión, los expertos creen que el "decile no a la ignorancia" es mejor que los lemas al estilo de "decile no a las drogas", sobre todo si este último viene acompañado de represión.


También recomiendan garantizar el acceso a medicamentos contra el dolor derivados del opio.


En otras de sus críticas al simplismo punitivo argumentan en favor de la selección de blancos. "Los gobiernos deben ser mucho más estratégicos, anticipando las maneras en que ciertas iniciativas de aplicación de la ley, en particular las operaciones de mano dura militarizadas, pueden muchas veces exacerbar la violencia criminal y la inseguridad pública sin de hecho detener la producción, el tráfico o el consumo de drogas. Desplazar la producción de drogas ilícitas de un lugar a otro o el control de una ruta de tráfico de una organización criminal a otra muchas veces causa más daño que beneficios. Los objetivos de la represión de la oferta deben reorientarse desde la inalcanzable erradicación del mercado hacia posibles reducciones de la violencia y los daños asociados con el tráfico. Los recursos de la aplicación de la ley deben dirigirse hacia los elementos más violentos, perturbadores y problemáticos del mercado, juntamente con la cooperación internacional para combatir el lavado de activos y la corrupción. Militarizar los esfuerzos antidrogas rara vez es efectivo y a menudo es contraproducente."


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Miércoles, 17 Septiembre 2014 06:07

Un milagro en el auto del cardenal

Un milagro en el auto del cardenal

La guardia aduanera francesa, en el peaje de la autopista E70, al norte de la ciudad de Chambery, en los Alpes franceses y cercana a la frontera italiana, el domingo pasado pasó por un sobresalto, incluidas miradas al cielo y no se descuenta que alguna oración. Ocurrió cuando los aduaneros decidieron revisar el baúl de un Ford con patente del Vaticano tan alejado de su sede aunque sin motivos valederos ya que se sabe, Dios está en todas partes. El revuelo tenía sus motivos. El vehículo, perteneciente al cardenal argentino José María Mejía, bibliotecario emérito de la Santa Sede, tenía en su baúl una valija en cuyo interior hallaron un paquete con cuatro kilos de cocaína y 150 gramos de hachís listo como quien dice para una fumata. En el auto viajaban dos italianos sin sotana que fueron inmediatamente detenidos. El Vaticano admitió la presencia del auto, pero rechazó cualquier vinculación de los dos italianos con la Santa Sede.


La detención del Ford tuvo lugar en el peaje de Chambery, sobre la E70. Chambery es una ciudad francesa ubicada en los Alpes, al sur de Ginebra y muy cerca de la frontera italiana que accede a la ciudad de Torino. El Ford con patente de la delegación francesa del Vaticano llegaba desde España y se dirigía hacia Italia, presumiblemente hacia Roma, aunque no se informó sobre su ruta de navegación ni sus paradas si es que las tenía programadas.


Precisamente la patente vaticana que aparentemente fue considerada como un escudo de inmunidad fue lo que provocó la curiosidad de los sabuesos franceses. La detención a un costado del peaje derivó en la revisión del baúl, donde hallaron el paquete de cocaína y los 150 gramos de hachís.


Los italianos que conducían el Ford negaron conocer la existencia de la droga. Uno de ellos tiene 41 años y el otro, 30. La comunicación con el Vaticano derivó en una explicación: el auto pertenece al cardenal argentino Mejía, de 91 años, que oficia como bibliotecario emérito de la Santa Sede. En 2013 sufrió un infarto que lo mantiene bastante alejado de la actividad y con una salud precaria.


El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, informó oficialmente que Mejía no utiliza su vehículo sino, habitualmente, su secretario. Este entregó el Ford al taller para hacer una revisión mecánica. Los dos italianos, aparentemente, están vinculados con el taller. Según la sospecha purpurada utilizaron la patente para viajar a España, comprar la droga y trasladarla a Italia. "Confirmo que el coche es del cardenal Mejía y que ha sido interceptado en Francia. No estoy en condiciones de decir cuántas personas estaban a bordo, pero puedo afirmar que no involucra a personas de la Santa Sede, ni obviamente al cardenal. Corresponde a las autoridades policiales proseguir las investigaciones", declaró ayer Lombardi, después de que la radio francesa RTL filtrara la noticia. "Pero afirmo que no hay implicadas personas de la Santa Sede ni, obviamente, el cardenal Mejía, anciano y enfermo", agregó Lombardi. "Evidentemente han hecho un mal uso del coche", concluyó el vocero del Vaticano refiriéndose a los dos italianos detenidos.

Los dos italianos, que no tienen documentación diplomática, insistieron en que la droga no les pertenecía y que únicamente oficiaban de conductores del Ford, quedaron detenidos a disposición de la policía judicial de Lyon, a pocos kilómetros al oeste de Chambery, acusados de tráfico de estupefacientes.

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Viernes, 02 Mayo 2014 06:20

El mito perpetuo

El mito perpetuo

Es importante que el debate generado por el avance del narcotráfico en el país se incremente, tanto en calidad como en cantidad. Ello es una prueba de que los argentinos no buscamos negar el fenómeno. Ahora bien, esta deliberación incipiente sería aún más productiva si se recurriese a la evidencia más que a la retórica.


Una y otra vez, desde hace años y meses, resurge la idea de establecer una ley para derribar aviones. Hace tiempo una coalición de legisladores del PRO y del Peronismo Federal impulsó una normatividad al respecto. En 2013, los senadores de la UCR Luis Naidenoff y Nito Artaza promovieron iniciativas en esa misma dirección. Lo propio hizo el diputado de UNIR, Alberto Asseff, hoy enrolado en las filas del Frente Renovador. En medio de un entonces incipiente debate nacional sobre el derribo de aviones, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, indicó que ese "es un debate que hay que dar". Ya en 2014 la controversia revivió de la mano de varios políticos. Algunos ex ministros de Defensa del peronismo y del radicalismo se manifestaron favorables a esa táctica antidrogas. En días más próximos, el hoy diputado y ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, junto a legisladores de Unión por Córdoba, también se pronunció a favor de una ley de derribo. En breve, esta idea resurge cada cierto tiempo. Idea que, parafraseando a Rory Stephen Brown del European University Institute, resulta "ilegal, inmoral y francamente estúpida". Los ejemplos regionales sustentan esta calificación.

En Perú, el abatimiento de aviones contó con el entusiasta apoyo de Estados Unidos y su programa Air Bridge Denial (ABD), a cargo de la CIA, que contemplaba el uso de fuerza letal para tumbar aviones. Inicialmente los resultados parecían exitosos: se redujeron plantaciones de coca en territorio peruano y fueron incrementándose en territorio colombiano. En abril de 2001 un avión con misioneros estadounidenses fue rastreado por la CIA e identificado por la fuerza aérea peruana para su derribo; hubo dos muertos y tres sobrevivientes. Por un breve tiempo el programa se suspendió y después se reinició en 2003. Con bajas y alzas la siembra de coca continuó en Perú a tal punto que nuevamente sobrepasó a Colombia en hectáreas cultivadas durante los últimos años. A pesar de que, según una reciente nota (12-3-2014) de Lucien Chauvin en el Christian Science Monitor, el país se ha transformado, nuevamente, en el principal productor de cocaína y que la interdicción alcanza sólo al 8 por ciento, varios legisladores vienen promoviendo el restablecimiento de la política de derribo de aviones.


En Colombia, a su turno, esa política se implementó mediante un Acta Reservada del 7 de diciembre de 1993 por la cual el comandante de la Fuerza Aérea autorizaba el recurso a la fuerza contra un avión. Varios factores incidieron en aquella decisión. Primero, Perú había recurrido al abatimiento de avionetas y Estados Unidos lo mostraba como un ejemplo exitoso a seguir. Segundo, Washington estaba impaciente con la reforma constitucional de 1991 que prohibía la extradición de nacionales y establecía el sistema de plea bargain a la colombiana que había llevado a Pablo Escobar a una presunta cárcel de máxima seguridad. Tercero, los militares colombianos, estimulados por el "éxito" peruano y el "coqueteo" estadounidense, procuraron que el gobierno les proveyera la "bala mágica" –el derribo de aviones– que terminara con el "flagelo" del narcotráfico. Cuarto, el deterioro de la política de sometimiento y la muerte el 2 de diciembre de 1993 de Pablo Escobar crearon las condiciones para firmar el Acta reservada del 7 de diciembre.


También en el caso colombiano se acordó un programa ABD con Washington. Después de años de utilización de esta táctica, en 2005 la Auditoría General de Estados Unidos produjo un informe en el que se señalaba que a pesar de los recaudos adoptados por los militares colombianos, los resultados concretos en materia de reducción de la oferta de drogas eran poco conclusivos. Tres años después otro informe de la misma entidad indicaba que si bien Estados Unidos había logrado algunos objetivos con el programa ABD, su eficacia era difícil de evaluar. En breve, ni a nivel oficial en Estados Unidos ni entre expertos independientes en y fuera de ese país hay quien afirme que la táctica de abatir avionetas del narcotráfico haya sido promisoria y no haya estado exenta de controversias. Se podrá argumentar que los grandes carteles (de Cali y de Medellín, por ejemplo) han desaparecido, pero ello no tiene mucho que ver con el derribo de aviones. Más aún, el desvanecimiento de esos conglomerados mafiosos –por vía de la muerte, la cárcel y la extradición– ha estado acompañado de la multiplicación de decenas de "pequeños cartelitos" (que algunos especialistas denominan "boutique cartels") que operan de manera descentralizada, como redes con fuertes contactos transnacionales, y que manejan lo que aún es un fabuloso negocio, pues si bien el país tiene hoy una menor superficie de cultivos ilícitos, la producción total para exportación no ha variado.


A pesar de los magros resultados de esta política, otros gobiernos de la región la han implementado y Washington la continúa recomendando. Con base en acuerdos con Estados Unidos para la cooperación en materia de inteligencia que no establecían el abatimiento de narcoaviones, y sin una legislación expresa, Honduras tumbó aviones en 2012, lo que motivó la suspensión temporal del suministro de información por parte del Comando Sur localizado en Miami. Finalmente, en enero de 2014 el legislativo hondureño aprobó una ley que lo autoriza. Ello ocurre en momentos en que la violencia generada por el crimen organizado sigue en ascenso: la tasa de asesinatos es de 90,4 por cada 100.000 habitantes (en la Argentina es de 5,5), dos tercios del 1,8 millón de las armas livianas que circulan en el país son ilegales y ya se han descubierto plantaciones de opio en Honduras.


La táctica de derribamiento de aviones no es patrimonio de gobiernos con ideologías restauradoras. Administraciones que se pregonan progresistas también la han instaurado. Venezuela la aprobó durante la gestión de Nicolás Maduro y la puso en práctica en unas treinta ocasiones generando, en algunos casos, roces con países como México. Esta nueva "mano dura" venezolana no ha impedido el alza de la violencia criminal, el avance del narcotráfico y especialmente el uso de su espacio aéreo para el transporte de cocaína (desde el área andina y de Centroamérica) hacia Europa. Más recientemente, en marzo de este año, el Senado de Bolivia le dio sanción definitiva a una ley de derribo que había sido aprobada por la Cámara de Diputados a comienzos de 2014. Es esperable que en el caso boliviano esa política resulte tan ineficaz como en el resto de la región. Poco hará el abatimiento de aviones para limitar el auge pandillero en ese país: según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana boliviano hoy existen 762 pandillas.


En la Argentina, precandidatos presidenciales y actores políticos de manera elocuente, pero ignorante, proclaman las virtudes de una política que ha probado ser fallida. Es fundamental, como se indicó al inicio, multiplicar y mejorar la discusión pública sobre el inquietante auge del narcotráfico en el país. Pero es tiempo de evidencia empírica y no de retórica vacua. El mal diagnóstico siempre conduce a peores políticas públicas.

 

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Estulin asegura que EEUU mueve más drogas que narcos latinoamericanos

En la última edición del programa Desde la sombra, Daniel Estulin revela los lazos existentes entre la CIA y el mayor narcotraficante en la historia de Estados Unidos, que semanas antes de ser asesinado amenazó con delatar a sus superiores.


Encierra la muerte del narcotraficante Barry Seal gran parte de la desagradable historia de las operaciones encubiertas estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX, afirma el escritor e investigador ruso.

Seal, principal operador en el tráfico de cocaína en la década de los 80, fue asesinado a balazos en 1986 porque amenazó con delatar a sus superiores.


Si Seal hubiera sacado a la luz el secreto mejor guardado –que el Gobierno estadounidense mueve más droga que todos los narcobarones latinoamericanos juntos–, habría provocado la caída del Gobierno de Reagan-Bush.

Aunque fue una figura clave en el narcotráfico, su nombre resulta desconocido por buena parte de los ciudadanos norteamericanos, que creen que los mayores capos de la droga son de países latinoamericanos.


Según explica Estulin, este legendario contrabandista de drogas de la CIA era un experimentado piloto.


"Puso en práctica la logística militar y solucionó el problema de la distribución (...). Esa vía logística que estableció continuó y las drogas volvieron a entrar en el mercado estadounidense de forma oficial como si se tratarse de papel higiénico", afirmó el periodista Daniel Hopsicker, autor del libro 'Barry and the Boys', en el programa.


Comenzó a tener problemas legales en 1986 con agencias del Gobierno de EE.UU. y ni siquiera sus vínculos con la CIA lo salvaron. Fue entonces cuando amenazó con revelar los vínculos del entonces vicepresidente George Herbert Walker Bush con el comercio internacional de drogas y la operación Irán-Contra, en la que el Gobierno de EE.UU. vendió armas al Gobierno iraní y financió el movimiento conocido como 'Contra' en Nicaragua en 1985 y 1986. Dos semanas más tarde, Seal fue asesinado.


Los tres colombianos condenados por el crimen trabajaban para el teniente coronel Oliver North, miembro del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno de EE.UU. Además, después del asesinato se descubrió que Seal llevaba en su bolsillo el número de teléfono de George Bush padre.
Las drogas que importó Seal se distribuyeron por todo el territorio estadounidense, causando una epidemia de 'crack' sin precedentes en la historia del país en la que murieron cientos de miles de jóvenes estadounidenses y que destruyó la vida de millones de personas.


(Con información de Russia Today)

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