Guatemala reitera su voluntad de legalizar la marihuana y la amapola

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, reiteró este miércoles en Panamá su intención de legalizar los cultivos de marihuana y amapola en algunas zonas vigiladas del país para satisfacer las demandas de las farmacéuticas. El mandatario explicó que una comisión específica, creada por el Gobierno para estudiar el tema, hará un informe sobre los impactos que la despenalización tendría en el país. "Si el informe es favorable... el Ejecutivo enviará una iniciativa en tal sentido al Congreso (legislativo, unicameral) y ese será el debate desde aquí hasta octubre", añadió Pérez Molina.


La despenalización, anunciada en su discurso de toma de posesión el 14 de enero de 2012, causó sorpresa en Guatemala. Durante su campaña ofreció luchar contra las bandas de narcotraficantes empleando a los kaibiles –tropas de élite del Ejército– para neutralizar esas bandas.
Geográficamente, Guatemala es la penúltima frontera que los productores suramericanos de la droga tienen que superar antes de llegar al mercado estadounidense. Las luchas por el territorio entre carteles rivales ha elevado la violencia hasta colocar a Guatemala como uno de los países más violentos de América, solo superado por Honduras y El Salvador.


La guerra declarada por el expresidente de México, Felipe Calderón, en contra de las mafias de narcotraficantes, provocó que sus líderes se movieran hacia el sur y encontraran en la fragilidad extrema de este país un centro de operaciones para sus actividades. Esta realidad y la impotencia del Estado para combatir a grupos económicamente superiores y mejor armados hizo que Pérez llegara a la conclusión de que esta es una guerra perdida. Solicitó a la comunidad internacional un planteamiento distinto que, en el caso de Guatemala, se traduciría en la legalización de la producción de la marihuana y la amapola, esta última la materia prima para producir la heroína y la morfina.


En las poblaciones guatemaltecas fronterizas con México estos cultivos han sustituido a los tradicionales de maíz y frijol entre comunidades paupérrimas. Lo agreste del terreno, que siempre fue un obstáculo para sacar los productos al mercado, se ha tornado en una ventaja estratégica, a la hora de burlar los esfuerzos de las autoridades guatemaltecas para la erradicación de esos cultivos 'ilegales'.
Las fuerzas de seguridad visitan esas zonas dos veces al año, según el mandatario, para destruir los cultivos. "No se captura a nadie porque tendríamos que detener a familias completas", dijo el presidente.


Muchos sectores de la sociedad guatemalteca se resisten a la posibilidad de la legalización porque consideran que convertiría al país en un paraíso para los productores y traficantes de las sustancias ilícitas.

El obispo Álvaro Ramazzini, que por décadas ha realizado su labor pastoral en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, donde el fenómeno se da con más frecuencia, advierte a sus feligreses que aunque el cultivo de la amapola les permite obtener ganancias mucho mayores a las de la siembra de granos básicos deben pensar en los daños que causan en los adictos y sus familias. "¿Quién y cómo los va a regular?", se pregunta el obispo, que recuerda que el Estado se ha mostrado incapaz de controlar la venta de productos que requieren receta médica para ser adquiridos.

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Jueves, 03 Abril 2014 09:18

Perú: El narco Estado

Perú: El narco Estado

Un tema recurrente de los últimos veinte años en el análisis político latinoamericano ha sido si existen los narco estados y qué los define. Está el marco referencial de México y lo que parece como un antiguo acuerdo de pase de drogas. El narcotraficante iba con el seudónimo de El Señor de los Cielos y pasaba la droga por aire en un acuerdo con un ministro de Estado del PRI de los años 50 que era vecino de su casa de campo. En México no hay nadie de alto nivel en la cárcel por narcotráfico y el control del territorio se perdió en varios estados.

 

Luego está el caso colombiano donde hay financiamiento de los carteles de las drogas a los partidos políticos. El caso más ruidoso fue el financiamiento de Ernesto Samper a la Presidencia de la República siendo puente del dinero Fernando Botero, hijo del pintor y Ministro de Estado. Samper mismo quedó impoluto y Botero en la cárcel con un grupo grande de su partido político. El siguiente caso importante fue el escándalo de la venta de armas a las Farc a cambio de drogas donde el ministro de Defensa de Colombia acusó a Fujimori y Montesinos en el 2000, pocos meses antes de la caída de Montesinos[i] y luego de Fujimori. Esto fue acompañado de eventos aislados durante el fujimorismo de naves del Estado peruano llenas de toneladas de cocaína, tanto barcos de la Marina de Guerra como el avión presidencial. En los casos peruanos no cayó ningún responsable político a pesar de las acusaciones. El poder judicial eximió en todos los casos tanto a Montesinos como a Fujimori.

 

El caso más nuevo y complicado es el del ex presidente Alan García donde el mismo parece ser cómplice del narcotráfico en el "sólido norte", área geográfica donde su partido político ha predominado históricamente. El APRA se fundó en Trujillo en la costa norte. La complicidad parece tener la forma de indultos a sentenciados por narcotráfico. Esto no tendría cariz de complicidad si no se tratara de números masivos de narcos dejados libres y de los procedimientos empleados.

 

En el semanario limeño Hildebrandt en sus Trece del 28 de marzo del 2014, el periodista Carlos León Moya señala varias cosas. El informe de la Megacomisión "da cuenta de un uso sin precedentes" de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, "al punto de constituir en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este".

 

Asimismo, encuentra "alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada". En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada.

 

En sus declaraciones a la comisión, García argumentó que las gracias presidenciales se debían a su objetivo de "erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales". Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas.

 

A esto se suma que se otorgó 371 conmutaciones a condenados que estaban con semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las cárceles. De estos, 268 eran condenados también por tráfico ilícito de drogas.

 

Para entregar esta cantidad de indultos y conmutaciones, fue necesario modificar la normativa existente. Por una parte, se flexibilizaron los requisitos y las exigencias. Por otra, se fusionaron las comisiones que veían los casos a ser beneficiados, centralizando el manejo en una sola: la Comisión de Gracias Presidenciales. Esta sufrió modificaciones con respecto a su antecesora: se redujo el quórum de su instalación de 4 a 3 miembros, se cambió su composición –de profesionales especializados a un nombramiento simple–, se eliminó el sorteo para la distribución de las solicitudes entre los comisionados y también se eliminó la obligación de archivar las solicitudes de indulto denegadas. Hasta acá la cita del artículo del semanario.

 

Todo parece sugerir que el ex presidente García sería cómplice de los narcoraficantes en general y de los mexicanos en especial que operan en el Perú donde han traslado algunas de las técnicas que usan en su país, incluyendo el sicariato, los secuestros y los infalibles dedos y orejas cortados. El tipo de violencia del narcotráfico desalienta tanto a los inversionistas como a los ciudadanos en este buen momento de la economía peruana. La relación del ex Presidente con el narcotráfico es una mala noticia para el país. Que no se juzgue el caso será una peor noticia.

 

La interrogante, dado que se trata de un ex jefe de estado, es lo que implica para los que están detrás de él en la vida política. Por ejemplo, ¿los grupos financieros y mineros que lo sostienen sabían de esta complicidad? ¿El diario donde escribe el ex Presidente jurando su inocencia tiene conocimiento de estas operaciones? Al margen de lo que ocurra con el informe en la vía penal, la información hecha pública indica que hay complicidad presidencial con el narcotráfico por al menos segunda vez en el Perú a nivel presidencial: primero Fujimori y después García.

 

¿Cómo son las reacciones institucionales internas como son? ¿Qué piensa la Policía Nacional sobre la captura de narcos, al riesgo de sus vidas y la de sus familias, que luego su presidente liberó? ¿Cuál es la posición de las Fuerzas Armadas ante esta información? Al fin y al cabo quedaron muy afectadas por el narcotráfico en los años de Fujimori y el general Malca sigue prófugo teóricamente en México donde fue embajador hasta el 2000. Las Fuerzas Armadas están en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) peleando contra el narcotráfico, pero, ¿luego de capturados los narcos eran igualmente liberados? El juicio de la opinión pública en el caso de los narco indultos presidenciales es muy pesado, otra carrera a la presidencia de García pondría en claro quiénes son sus patrocinadores. Ahora sí, nadie puede decir que no sabían en que anda y con quien el ex presidente.

 

La violencia en el sólido norte creció en los años de García y la nueva captura de los mismos liberados hace pensar que operan libremente con la confianza de tener influencia al más alto nivel. Este caso ya no se trata de administración del Estado sino simple y llanamente de narcotráfico, que por cierto puede ser denunciado ante un tribunal internacional, en caso que no prosperen los procedimientos internos peruanos. Como corresponde a este nivel de corrupción, se está entorpeciendo al más alto nivel la lectura del informe. Incluso, durante el proceso de investigación, el presidente y los miembros de la comisión fueron amenazados repetidamente y los prestigios de sus familias puestos en cuestión, como evidencia que lo hallado es verdad. García ha hecho que la Corte Suprema anule todo lo actuado en la comisión el día mismo que apareció el informe. Como no puede haber interferencias entre poderes del Estado, lo que corresponde es que se presente el informe completo ante el pleno del Congreso peruano para que luego de ser aprobado pase a la subcomisión de acusaciones constitucionales.

 

El trabajo de la comisión ya está hecho y debe ser publicado a la brevedad para que se comience la búsqueda de la articulación del narcotráfico peruano con el mexicano para acabar con esta lacra. Eso ya le corresponde a inteligencia y a la DEA que se tienen que dar por informados ahora. El congresista Sergio Tejada y todos los comisionados merecen una felicitación por este extraordinario trabajo hecho bajo amenaza de muerte, que ahora se puede ver que es posible hacerlo. Si algo le ocurre a alguno de los miembros de la comisión estará claro quién fue.

 

Nota:
[i] . Tráfico de armas, una de las causas de la crisis de Vladimiro
Montesinos http://tlahui.com/politic/politi00/politi10/pe10-10.htm

- Oscar Ugarteche, economista peruano, es Coordinador del Observatorio
Económico de América Latina (OBELA), Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM, México - www.obela.org. Miembro del SNI/Conacyt y presidente de ALAI www.alainet.org

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Narconovelas. "Se miran para escandalizarse, pero también para reconocerse"

El periodista y ensayista colombiano afirma que ciclos como Escobar, el patrón del mal son "producciones televisivas alucinantes en su verdad neorrealista", lo que lleva a los espectadores a disfrutarlas "como documentos de ese mundo popular mágico de 'Narcolombia'".

 


A comienzos de año, oír al pasar que en cualquier calle de la Argentina alguien pronunciara palabras y modismos como "achicopalado", "berraco", "camellar", "chupar cana", "coronar una vuelta" o "embolatar" resultaba toda una rareza. Era imposible no mirar a quien emitiera alguna de estas expresiones, tan ajenas al lenguaje cotidiano argentino. El estreno el segundo día hábil del año de Escobar, el patrón del mal, por la pantalla de Canal 9 (diariamente a las 22.30), extendió entre sus fanáticos el uso de estas expresiones, propias del narcotráfico y de la región andina de América latina. La popularidad que en el país alcanzó la serie que hace foco en la vida de Pablo Escobar Gaviria, el ex jefe del cartel de Medellín, terminó por instalar en el país no sólo estos pintorescos modismos (más allá de sus significados), sino también la problemática del narcotráfico en los medios y en la sociedad. La "narconovela", entonces, llegó al país con toda su potencia.


La serie producida por Caracol, que diariamente promedia cerca de 10 puntos en pleno prime time, es un verdadero fenómeno televisivo y social. La ficción en la que Andrés Parra interpreta magníficamente a Escobar Gaviria logró, desde el mismo día de su estreno, atrapar a una audiencia impensada para la franja de las 22 en el 9. Aunque al comienzo se creyó que era consecuencia de la rareza de la tonada y de las palabras utilizadas por sus personajes, el paso del tiempo y el incremento del rating terminaron por poner en claro que su alto encendido trascendía la simpatía inicial. Evidentemente, hay muchas otras razones que explican la atracción de la ficción que instaló deinitivamente la "narconovela" en la TV argentina y en el resto de los países de la región. ¿Su buena audiencia será, acaso, consecuencia de la calidad técnica y artística que tiene esta millonaria supreproducción colombiana? ¿O, en realidad, es la figura del narcotráficante más conocido de este lado del mundo la que hipnotiza al público argentino?


Periodista, ensayista y uno de los analistas más destacados de Colombia, Omar Rincón es una de las voces más autorizadas para examinar el fenómeno de las "narconovelas", tanto en el significado social que tiene en su país como en la buena recepción que alcanzó fronteras afueras. En efecto, la "narconovela" no es un fenómeno aislado: desde el 2003 al 2013, en Colombia se produjeron en total 17 ficciones alrededor de la temática del narcotráfico (ver aparte). Además, la mayoría de estas producciones de RCN o Caracol tuvieron una gran penetración internacional, en mercados tan distantes geográfica como culturalmente. Incluso, el 9 puso al aire El señor de los cielos (a las 22), otra ficción centrada en la vida del ex jefe del cartel de Juárez, y también supera la media de la emisora. ¿Qué son, entonces, las "narconovelas"? ¿Cómo surgieron como un subgénero de la ficción?


"En Colombia llevamos 40 años conviviendo con el narco, que evidentemente es nuestro gran tema nacional", confiesa el especialista en la entrevista con Página/12. "El fenómeno televisivo de las 'narconovelas' de este siglo se da porque Colombia, de algún modo más simbólico que real, siente que el problema narco ya no es nuestro presente, que es cosa del pasado y que ahora ese fenómeno es más de los mexicanos y del resto de Latinoamérica. Este sentimiento apareció en los ocho años del gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010), que poco volvió a hablar del narco y, vía la desmovilización de los paramilitares, se blanquearon muchas fortunas narcos. Entonces, el foco de tragedia de la nación se concentró en el terrorismo de la guerrilla de las FARC. Entonces, como ya es un problema simbólicamente superado, ya es posible contarlo en TV."


–¿A qué aspectos televisivos y sociales de las "narconovelas" le atribuye su atracción en buena parte del mundo?
–Escobar, el patrón del mal y todas las "narconovelas" están muy bien hechas en lo actoral, las historias, sus lenguajes y estéticas. Como producto televisivo, son una innovación colombiana que deja atrás el melodrama y se adentra en la tragicomedia: personajes muy malos, pero contados en clave de comedia trágica. Todas son producciones bien hechas en fotografía, actuaciones, ritmo y fuerza brutal del lenguaje guerrero. Contundencia en las escenas. Alucinante la capacidad actoral de los colombianos para representar a los bandidos de cualquier bando. Sabemos hacer narco-para-acción. El hecho de que sean producciones televisivas alucinantes en su verdad neorrealista nos lleva a disfrutarlas como documentos de ese mundo popular mágico de "Narcolombia".


–Y socialmente, ¿cuál cree que es su encanto?
–Se miran porque es una posibilidad catártica para el televidente de cualquier país de echarle una miradita a ese mundo extraño, pero atractivo del narco: sacamos el voyeurista y lo ponemos a gozar conociendo ese mundo prohibido y excesivo del narco. Se mira para escandalizarse, pero también para reconocerse. Y lo mejor es que es un asunto de los colombianos; entonces, uno como argentino o chileno no se siente identificado sino alucinado y fascinado viendo esos mundos extraños de los narcos. Y es que es una gozada mirar ese mundo de los narcos y es divertido escandalizarse con sus valores del todo vale, sus mujeres-silicona, sus hombres-abusadores, sus estéticas, lenguajes y músicas populares.


–¿Qué representan para el pueblo colombiano las "narconovelas"? ¿Cree que sirven para abrirles los ojos a los televidentes y que tomen conciencia de la problemática o, en general, lo único que hacen es "endiosar" a determinados personajes non sanctos?
–Las "narconovelas" están siempre en primer lugar en sintonía... pero siempre que no sean críticas frente al fenómeno, sino que sean historias indulgentes con los narcos. Cuando hubo telenovelas muy críticas y que no endiosaban sino envilecían a los narcos, el rating fue bajo; ése fue el caso de Los protegidos, Las muñecas de la mafia y El mexicano. Así, el narcotraficante es un héroe popular. Se dice popularmente que "se le cree más a un narco que a un político". Los narcos generan identificación porque hablan de una realidad conocida, y reconocimiento por cuanto se refiere a una manera "paralegal", pero legítima, de ascender en Colombia. ¿Por qué se identifican? Porque los colombianos sabemos más de narcos y "paras" que de democracia y derechos humanos. Los reconocemos como parte de nuestras referencias culturales, pues mediáticamente los narcos han sido convertidos en celebrities y ahora en héroes de ficción.


–¿Cuál fue el aporte de llevar la problemática a la ficción en el seno de la sociedad colombiana?
–El debate se ha dado, muy académicamente, sobre el tipo de héroes que se presentan y la memoria que se produce sobre nuestras violencias. Y en este debate se comprueba que la TV colombiana sufre del síndrome de "incoherencia moral": productores, autores y directores dicen que quieren "criticar y demostrar la maldad de los narcos como los villanos que han acabado con Colombia", pero aparecen historias y actuaciones que justifican su destino. O sea: no es que quisieron ser malos, la realidad social los obligó y terminan como hombres sin atributos que pudieron llegar a ser importantes en la sociedad... Hay "narcovelas" porque nuestras realidades (Panamá, Venezuela y Colombia) son "narcosociedades"; gustan porque en sociedades de extremas izquierdas y derechas lo narco es una vía "paralegal" para ser exitosos. Las "narconovelas" sirven de espejo porque generan reconocimiento. Poco se ha discutido sobre por qué "el narco es la marca Colombia", por qué todos llevamos "un narquito en el corazón", por qué llevamos más de cuarenta años viviendo en estos entornos de lo narco, por qué los colombianos hemos adoptado para la vida diaria el modo de pensar, actuar, soñar y expresar narco. Deberíamos aceptar que mirarnos en el espejo de las "narcotevés" nos da un reflejo deforme del nosotros mismos, pero que nos plantea preguntas sobre cómo venimos siendo como sociedad.


–En la Argentina sucedió que, a partir de la proyección de Escobar, el patrón..., el narcotráfico pasó a ser tema de agenda mediática y pública. ¿En Colombia pasó algo similar? ¿Cree que un debate tan serio puede darse al calor de una ficción?
–Ha habido escándalo, pero más moralista que sobre la temática, más sobre si se deben presentar esos contenidos o no, poco sobre esa realidad que nos marca como país. El diario El Colombiano se quejó de que la TV "está de espaldas a la realidad", que la gente decente tiene un sentimiento de rechazo contra estas apologías de la cultura mafiosa y que eso es cosa del pasado. Un correo electrónico colectivo que circuló decía "no más 'narconovelas', 'narcoseries' y 'narcopelículas', no más 'narcotelevidentes'", porque hay millones de personas ignorantes, carentes de personalidad y desafortunadas que ven en esos personajes de TV modelos a seguir. El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, de derecha, exigió que les cambiaran el horario de las telenovelas colombianas debido a que estaban haciendo un gran daño a su país "porque exaltan el narcotráfico, el robo y el atraco", y corrompen los "valores morales". El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de izquierda, acusó a los contenidos de los programas y películas de fomentar la "cultura de la violencia", que estaría sembrando la muerte en las calles venezolanas, en especial las telenovelas, pues "transmiten antivalores de la muerte, culto a las drogas, a las armas, culto a la violencia. Incitan al odio en la sociedad y lucran con el dolor ajeno". Estos extremistas morales están de acuerdo en ver el mal en otra parte: en las "narconovelas"... Y es porque éstas afectan a las "personas ignorantes" que ven TV, mientras ellos son "gente decente" que no son afectados. No ven telenovelas y tienen la verdad moral: son iluminados de fe.


–Tiene una visión negativa, entonces, del uso social y político de la ficción televisiva bajo esta temática.
–Por ahora, hay una obra que muestra el otro modo de hacer: uno que no eleve a héroes a los narcos sino los represente como un mal nacional. En El mexicano, escrita por Mauricio Navas Talero, se cuenta al famoso narcotraficante Rodríguez Gacha, pero lo hace desde la conciencia de no hacer apología sino crítica al narco: lo cuenta en su faceta diabólica, camorrista, malévola, retorcida. Un relato con conciencia de que en este señor del narco no había nada justificable. Mientras que Pablo Escobar y Carlos Castaño para todo tenían buenas razones y se manejaban por códigos de lealtad, amistad, religión y familia (por lo menos eso mostraban sus series en televisión), Rodríguez Gacha sólo sabe ser un desalmado criminal que no tiene ni motivos ni ética ni nada: un matoncito nada más. Nada que admirar.

–¿Cómo respondió la audiencia a ese relato narco distinto?

–El rating no fue tan bueno, porque presentar a un narco sin heroísmo y pleno de villanía no genera reconocimiento: aquí se puede constatar la falta de conciencia de la sociedad colombiana, que nos lleva a creer que los narcos son otro producto más de la exclusión de este país, y a justificar su maldad porque es de los pocos caminos que nos quedan para ser exitosos. A los sobrevivientes de Colombia poco les gusta verse en el espejo deforme del narco y la corrupción: y esta serie tiene conciencia de la maldad de los narcos: y eso no gusta, molesta. La "narconovela" es exitosa porque representa la entrada en escena de la nueva cultura popular, esa del billete/consumo; esa que cuenta que el narco es el nuevo privilegio, la nueva forma de "superación" y revanchismo social.

 

–¿No cree, como algunos, que las "narconovelas" están construyendo un ejercicio de la memoria reciente?
–El asunto de la memoria es más complicado, porque se está construyendo una historia del país desde los narcos y los victimarios, y no aparecen las versiones de las víctimas, de los periodistas, de los empresarios, de los luchadores de derechos humanos. Y vemos que mientras en el proyecto de Memoria Histórica hay una memoria diversa y conflictiva desde las víctimas, en RCN y Caracol se produce una memoria desde los victimarios y la barbarie. ¿Por qué? Porque, de alguna forma, en el imaginario colectivo producido por ocho años por el innombrable (¡da mala suerte mencionarlo!) se instaló que los malos son los guerrilleros, los paracos son pasado y el narco es tema mexicano. Luego, paracos y narcos son los nuevos héroes de ficción. Y además se celebra su estética y modo de habitar el mundo, que es similar al de los nuevos ricos: son una especie de El lobo de Wall Street, sólo que al ser narco ese kitsch se "juzga" como grotesco y como un síntoma del mal gusto popular. Así aparecen historias que celebran los métodos paralegales para ascender socialmente, la compra de los privilegios y placeres, la moral de "billete mata cabeza", la ética de que toda ley se puede torcer a favor de uno. Se celebra el triunfo express: una cultura de billete, armas, trago, mujeres, sexo... Y todo adobado con la moral católica.

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La ONU se pronuncia a favor de la despenalización del consumo de drogas

Alrededor de 200.000 personas mueren anualmente a consecuencia del uso indebido de estupefacientes, mientras que el comercio clandestino de drogas genera aproximadmente 230.000 millones de euros al año, según datos de David Dadge, portavoz de UNODC en Viena.


Esta es la primera vez que el principal órgano mundial que combate al narcotráfico se distancia con tanta claridad de la estrategia de guerra contra las drogas impulsada por los EEUU en las últimas décadas. Sin embargo, esto no implica una aprobación de liberalización de la producción y del consumo, ni un visto bueno a los experimentos de legalización de drogas puestos en marcha en Uruguay, el primer país que aprobó una ley para la venta y producción de marihuana, o de los Estados de Colorado y Washington en EEUU, que han legalizado la venta de cannabis bajo licencia."La legalización no es la solución al problema de las drogas", ha declarado el director ejecutivo de la ONUDD, Yuri Fedotov, refiriéndose a Uruguay.

El informe, que analiza la evolución de los últimos cinco años, considera que "la prevención , el tratamiento basado en los derechos y la rehabilitación de los consumidores de drogas es el remedio más eficaz", y crítica que "algunos regímenes nacionales se apoyen todavía excesivamente en las sanciones y encarcelamiento y no en la atención sanitaria" . Países como Rusia, Pakistán o Egipto, mantienen la política de mano dura, mientras otros europeos y algunos de América Latina abogan por tomar en consideración las ventajas de la liberalización.
La ONU considera que el acceso no controlado a las drogas aumentaría su accesibilidad, por lo que la "fiscalización", es decir, la prohibición, reduce la disponibilidad y hace que los precios sean más altos. Como argumento se agarra a que las sustancias adictivas legales, como el alcohol o el tabaco, causan más daño que las que están prohibidas. "Mientras que al año mueren en el mundo 0,2 millones de personas por consumo de drogas ilícitas, el alcohol acaba con la vida de 2,3 millones de personas, y el tabaco causa la muerte de 5,1 millones", afirma.


Por otro lado, se admite que despenalizar el consumo contribuye a "descongestionar las cárceles y redistribuir recursos para asignarlos al tratamiento y facilitar la rehabilitación", así como a abordar el problema "en base a datos científicos y en pleno respeto de los Derechos Humanos"

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Queda claro que la ONU prefiere ahora el enfoque centrado en la salud, tras constatar que produce resultados más efectivos: "Por cada dólar que se invierte en prevención se ahorran como mínimo 10 dólares en costos futuros en servicios sociales y sanitarios." O lo que es lo mismo: Sí a la despenalización del consumo, pero no a la legalización de la producción y el comercio.

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Pablo Escobar y la nueva geopolítica del narcotráfico

Fracasada desde cualquier punto de vista, la guerra contra las drogas lanzada por Estados Unidos en los '70 se basa en la idea de reducir el consumo mediante el control de la oferta. En Globalización, narcotráfico y violencia (Norma), Juan Gabriel Tokatlian explica de manera sencilla pero clarísima el carácter quimérico de esta cruzada, que asume que una represión eficiente y sostenible permitirá, en algún momento, extinguir el problema. En otras palabras, la ilusión prohibicionista de que será posible, por vía del combate duro, lograr la abstinencia total.


Nada de esto ha sucedido, por supuesto. Pese a los esfuerzos guerreros, la prevalencia del consumo de drogas se ha mantenido más o menos igual en los últimos años. Según Naciones Unidas, sólo el 5 por ciento del total de la población mundial adulta –208 millones de personas– consumió algún tipo de estupefaciente prohibido en los últimos doce meses, mientras que solamente el 0,6 por ciento registra un patrón problemático de consumo. La marihuana, la droga más difundida, es consumida por el 4 por ciento de la población (unos 165 millones de personas), y hay alrededor de 16 millones de consumidores de cocaína y 24 millones de anfetaminas. Colateralmente, la guerra contra las drogas ha generado efectos sociales, medioambientales y de derechos humanos muy negativos. Y también consecuencias políticas impensadas, como la emergencia del liderazgo de Evo Morales, que no se entiende sin considerar la brutal represión a los cocaleros del Chapare por las fuerzas de seguridad bolivianas asistidas por la DEA.


Pero no sólo la demanda, también la oferta se mantiene estable, lo que ha llevado a algunos buenos lectores de Adam Smith, como el escritor Mario Vargas Llosa o los editores de The Economist, a inscribirse en el cada vez más nutrido bando de la despenalización. La producción de cocaína, tras el descenso experimentado luego del boom de los '80 es más o menos la misma desde hace una década. Lo mismo sucede con la de marihuana, en tanto que la producción de heroína y drogas sintéticas se ha incrementado.

Pero lo más notable del análisis de la oferta es su especialización geográfica en territorios con fuerte influencia político-militar de Estados Unidos: Afganistán produce el 80 por ciento de la heroína del mundo, el 60 por ciento de la cual se concentra en la provincia de Helmand, en el sur del país. Los talibán, que en el pasado combatieron las plantaciones de amapola por motivos religiosos, aprendieron la lección y ahora las administran (y se benefician de ellas), lo que demuestra que cuando hay dinero de por medio incluso las interpretaciones islamistas más fanáticas se flexibilizan. En cuanto a la cocaína, casi la totalidad se produce en tres países: dos de ellos, Colombia y Perú, son aliados estratégicos de Washington (el tercero es Bolivia). La marihuana, en cambio, se cultiva prácticamente en todos lados, pues alcanza con una maceta y un poco de sol. Hasta en Cuba, que combate las drogas con rigor stalinista, es posible ver las plantas a la vera de algunas rutas.

Todo cambia


Pero que la guerra contra las drogas haya fracasado no implica que no haya producido efectos. El más importante es una reconfiguración del narconegocio a nivel global que incluye el traslado de los centros estratégicos de decisión de Colombia a México y la caída de los grandes carteles de los '80/'90, en un proceso que tuvo su punto más alto con la muerte de Pablo Escobar Gaviria, el capo del Cartel de Medellín que había llegado a controlar el 80 por ciento de la cocaína del mundo, que llegó a ser el séptimo hombre más rico del planeta según Forbes y que en su gigantesca hacienda de Antioquia contaba con un zoológico privado por donde se paseaban hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y avestruces. La serie que lo retrata –El patrón del mal– se ha convertido en un justificado un éxito de rating.


¿Qué es lo que sucedió? Básicamente, que la ofensiva antidroga arrinconó a los tradicionales carteles andinos y se sumó a las nuevas tecnologías de comunicaciones (GPS y celulares) y a los avances en el campo de la aeronáutica (sistemas de bombeo para recargar combustible en vuelo y ganar autonomía) para definir una reconversión a gran escala, a la que también contribuyeron ciertas transformaciones económicas, como la mayor fluidez del comercio internacional y el perfeccionamiento de los mecanismos de lavado de dinero. Como consecuencia de estos cambios, la estructura piramidal anterior, que implicaba una integración vertical de los diferentes eslabones de la cadena de producción en una relación cara a cara bajo un único liderazgo al estilo Escobar, fue reemplazada por organizaciones autónomas que operan bajo la forma de un circuito de postas, en donde cada paso del proceso (cultivo, primer procesamiento en bruto, refinación, corte y distribución) queda a cargo de una banda diferente, muchas veces situada en un país distinto (Juan Cruz Vázquez, La sombra del narcotráfico, Editorial Capital Intelectual)

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Esto le da al narco actual un carácter más descentralizado, transnacional y elusivo. Cada eslabón de la cadena conoce sólo al anterior y al siguiente, de modo que, si cae, no arrastra al resto, que pueden ser reemplazados con facilidad. Y produce también una cierta economía de la violencia. ¿Qué significa esto? Por sus características, el negocio del narcotráfico es eminentemente territorial: requiere zonas de cultivo, rutas de traslado y áreas de distribución (y ejércitos para protegerlas). Es este carácter de frontera, más que la maldad intrínseca de los capos, lo que explica su estilo violento. Pero los narcos aprendieron de la experiencia de líderes como Escobar, que inauguraba partidos de fútbol, se hacía elegir diputado y conquistaba a periodistas despampanantes, y tienden a comportarse, cada vez más, de manera sigilosa y mimética, camuflados en la "vida normal" de la ciudad. Por eso, a diferencia de lo que sucedía hasta hace unos años, hoy ya no conocemos los nombres de las narcoestrellas, que recién cuando son detenidas nos revelan todo su mal gusto para las casas (grandes), los autos (deportivos) y las chicas (siliconadas).


En casa. El lugar de Argentina en esta nueva geopolítica narco también ha cambiado.


En los últimos años, las presiones de Estados Unidos y la cooperación con las agencias de seguridad local fueron limitando las posibilidades de las organizaciones del área andina para operar en sus países. La radarización de las zonas selváticas de Perú, Ecuador y sobre todo Colombia limitó los vuelos desde los lugares de producción hacia el mercado norteamericano y forzó a las redes ilegales a ensayar triangulaciones y nuevas rutas. En esta nueva división regional del trabajo, Argentina dispone de algunas ventajas comparativas: cuenta con el puerto más importante de Sudamérica, aeropuertos muy transitados y 15 mil kilómetros de fronteras escasamente custodiadas (más por la ausencia de conflictos limítrofes que por una especial desidia gubernamental).


El aumento de la producción de coca en un país limítrofe como Bolivia, admitido por el mismísimo Evo Morales, el desplazamiento de parte de los cultivos colombianos a Perú y el auge de las plantaciones de marihuana en Paraguay terminaron de cerrar el círculo. La consecuencia de este nuevo contexto es la radicación en territorio nacional del último eslabón de la cadena de producción: la transformación de la pasta base en cocaína en las llamadas "cocinas", que además aprovechan la amplia disponibilidad de solventes ácidos y oxidantes de la industria química local, la segunda más importante de la región, y el desconocimiento –o complicidad– de policías poco acostumbrados a lidiar con bandas narco profesionales.


Si Argentina fue durante años un país de tránsito y más tarde un país de tránsito lento, hoy es un centro de producción con destino a los lucrativos mercados del Primer Mundo. Se estima que la mayor parte de la droga sale por el puerto de Buenos Aires y que el resto se traslada en vuelos comerciales, fundamentalmente desde Ezeiza, como confirma la decisión de las autoridades del Hospital Teresa de Calcuta, cercano al aeropuerto, de acondicionar una sala de terapia intensiva especialmente destinada a los capsuleros, las mulas que son detectadas con droga dentro de sus estómagos, e incluso prevé contar con médicos que hablen francés, inglés y portugués para atenderlos.


Uno de los efectos colaterales del nuevo lugar de Argentina en el entramado narco es el aumento del consumo local. Los especialistas coinciden en que los niveles de prevalencia se acercan hoy a los de los mercados maduros de Europa y Estados Unidos. Sucede que, bajo las nuevas condiciones de organización intermodal del negocio, se ha generalizado el pago en drogas, que bajan por las rutas que conectan los puntos de ingreso en la frontera noroeste y noreste con las ciudades de Córdoba, Rosario y Buenos Aires. La utilización de la misma droga como moneda de cambio obliga a las bandas a buscar mercados, o a pelear por ellos, y el procesamiento en las cocinas permite utilizar los desechos para producir paco.

El resultado es una montaña de dinero para comprar policías y jueces y, como sostiene Marcelo Saín, el quiebre del tradicional pacto de regulación del delito con las fuerzas de seguridad, lo que a su vez explica la disparada fenomenal de la violencia en algunos puntos, como Rosario, donde el año pasado se registraron 200 homicidios intencionales, una tasa superior a los 20 homicidios cada 100 mil habitantes de, por ejemplo, San Pablo.


Confusiones


El debate acerca de la incidencia del narcotráfico, necesario y urgente, debería, sin embargo, evitar simplificaciones y lugares comunes. Por ejemplo, la confusión acerca de la mejor forma de combatir el negocio, que depende mucho menos de radares y scanners que del trabajo paciente y silencioso de las agencias de Inteligencia, como demuestra el hecho de que la droga sigue ingresando a Estados Unidos por la frontera mexicana a pesar de los 40 mil agentes que la custodian, el muro artillado de mil kilómetros y los drones que la sobrevuelan día y noche. También convendría poner en cuestión el entusiasmo un poco irresponsable con el que algunos impulsan la creación de policías municipales, que pueden ser útiles para acercar la seguridad a los vecinos pero que, sin un adecuado sistema de supervisión, podrían derivar en pequeñas bandas armadas fácilmente corrompibles. Esto es justamente lo que sucede en México, donde hay más de tres mil cuerpos de policía (que se entienda: no tres mil agentes sino tres mil instituciones de policía) que se disputan el servicio de albergue a los grupos narco en verdaderas subastas de protección. Para evitarlo, el único camino conocido es la conducción efectiva por parte del poder político, algo que, como demostraron los amotinamientos de diciembre, está lejos de suceder.


Por otra parte, aunque la tan mentada relación entre pobreza y drogas es más compleja de lo que habitualmente se piensa, resulta difícil entender el auge del narcotráfico sin considerar su función social. En efecto, si se analiza el conjunto del negocio es fácil comprobar que los oligopolios se sitúan sobre todo en la producción, y que a medida que se desciende en la cadena se van multiplicando los actores hasta llegar a una amplia atomización en el último nivel. Sucede que, a diferencia de lo que ocurre con los productos legales, cuya comercialización se concentra en las grandes cadenas –de supermercados o ropa o lo que sea–, en el caso de las drogas es imposible, por motivos de seguridad, oligopolizar la distribución minorista, que recae en miles y miles de dealers individuales, en general pertenecientes a los sectores excluidos. Según los números de Iban de Rementería (revista Nueva Sociedad, Nº 222), ellos se quedan con el 57 por ciento del ingreso total. Los datos coinciden con los de Mauro Federico, que en su libro Mi sangre explica que un kilo de coca cuesta 250 euros en Bolivia, 950 en la localidad salteña de Salvador Mazza, 2500 en Buenos Aires y 35.000 en las calles de Barcelona. Para decirlo con las palabras de moda, las drogas contribuyen a la redistribución del ingreso.


Advirtamos por último sobre las comparaciones apresuradas. Argentina, contra lo que se escucha a veces, no podrá ser nunca Colombia sencillamente por una cuestión topográfica: no existen aquí selvas y montañas aptas para los cultivos ni porciones sustanciales del territorio sustraídas al control del Estado durante décadas, las "zonas marrones" sobre las que prevenía Guillermo O'Donnell. Tampoco México, que comparte 3300 kilómetros de frontera con el principal país consumidor del planeta. La idea de que Rosario es la "Medellín argentina" no pasa por lo tanto de una exageración televisiva. Pero Argentina sí puede acercarse a Brasil (no a Río, porque las favelas son verdaderos fuertes controlables por los narcos desde sus cuarteles en las alturas, como muestra bien esa enorme película que es Tropa de Elite) sino a San Pablo, megalópolis de llanura en la que, como en Buenos Aires o Rosario, la pobreza más extrema convive pornográficamente con la opulencia más absoluta.

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México, el nuevo referente de Estados Unidos

Hay un gran lobby mediático internacional –en que el grupo Prisa juega rol de motor– que, incomodado con el éxito de los gobiernos progresistas latinoamericanos y para defender los intereses de grandes corporaciones internacionales en la región, busca hacer de sus sueños realidad. La Alianza del Pacífico sería el sector dinámico de América latina y, como corolario, México y no Brasil, sería el gran líder continental.
La Alianza del Pacífico es la versión para el siglo XXI de otros proyectos fracasados de Estados Unidos para intentar extender a todo el continente un área de libre comercio. La primera versión fue el Nafta –Area de Libre Comercio de América del Norte–, firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, en 1994, cuyos planes iniciales eran ir incorporando a países del continente, conforme sus gobiernos correspondieran a las normas del Consenso de Washington.


Después de México, Chile se presentó como el próximo pretendiente a ingresar al Nafta. Pero en el mismo año de la firma del acuerdo –1994– México vivió una gran crisis, la primera crisis específicamente neoliberal en América latina, al mismo tiempo que el levantamiento de Chiapas alzaba su grito que llamaba a la resistencia al neoliberalismo.

EE.UU. tuvo que cambiar su estrategia. No había cómo seguir invitando a países latinoamericanos a seguir a México en su opción, cuando los primeros resultados ya habían sido negativos. Washington elaboró entonces otra versión: el Area de Libre Comercio de Américas, ALCA.
Aparentemente el camino estaba despejado para que EE.UU. consolidara su hegemonía económica hacia el conjunto del continente. Sin embargo, a la crisis mexicana –1994–, seguiría la brasileña –1999– y la argentina –2001/2001–, mientras se extendían las movilizaciones continentales en contra del ALCA.


En su fase final, Brasil y EE. UU. debían concluir los acuerdos y poner en práctica el ALCA. Pero el fracaso de los gobiernos neoliberales y el rechazo de los latinoamericanos, mediante la elección de gobiernos de resistencia al área de libre comercio, empezaba a extenderse. Brasil sucedió a Venezuela y el cambio de gobierno –de Cardoso a Lula, en 2003– representó un freno al ALCA, porque el nuevo gobierno brasileño se opuso a concluir esos acuerdos.


La multiplicación de gobiernos antineoliberales en la región en los años siguientes –en Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador– constituyó un conjunto de gobiernos que, en lugar de firmar Tratados de Libre Comercio con los EE.UU., han privilegiado los procesos de integración regional –Mercosur, Unasur, Banco del Sur, Consejo Sudamericano de Defensa, ALBA, Celac, entre otros.


Entonces EE.UU. cambió de estrategia y pasó a firmar acuerdos bilaterales con gobiernos de la región que han mantenido la opción por el libre comercio: Chile, Perú, Colombia, varios de Centroamérica y el Caribe.


Los países con gobiernos posneoliberales se han consolidado con gran apoyo popular, eligiendo y reeligiendo a sus presidentes, ya a lo largo de más de diez años en algunos casos, por lo menos siete u ocho años en otros, proyectando liderazgos populares en la región y hacia el mundo, disminuyendo la desigualdad, la pobreza y la miseria. Mientras que los otros han perpetuado la concentración de renta, la exclusión social, con gobiernos que se alternan, sin lograr la estabilidad política, el desarrollo social y la proyección internacional de políticas externas soberanas.
La Alianza del Pacífico es un nuevo intento norteamericano. Trajo a México de América del Norte y lo juntó con Colombia, Chile y Perú. No es un conjunto dinámico con prestigio y fuerza en la región, para empezar porque esos países no tienen gobiernos estables, ni tampoco han logrado disminuir la desigualdades, la pobreza y la miseria.


Como correlato al intento de proyectar a la Alianza del Pacífico está el difícil intento –en que se esmera particularmente El País– de promover a México como líder de América latina. Pero en más de dos décadas de neoliberalismo, México ha visto aumentar la pobreza, la miseria, la desigualdad y la exclusión social. Asimismo, la diseminación del narcotráfico ha multiplicado cruelmente la violencia en varias provincias del país. Para EE.UU., México es la referencia, porque es el país que sigue de forma más estricta las orientaciones de FMI y del Banco Mundial.
La Alianza del Pacífico es una alternativa para que EE.UU. intente superar su aislamiento en el continente pero, de ninguna forma, es alternativa para los países de la región que deseen superar las políticas exportadas por Washington, que efectos tan negativos ya han producido en Latinoamérica.

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Lunes, 13 Enero 2014 05:39

Las autodefensas vs. los narcos

Las autodefensas vs. los narcos

Grupos civiles armados de autodefensa tomaron ayer el poblado de Nueva Italia, una ciudad de 32.500 habitantes y segundo bastión del cartel de los Caballeros Templarios, ubicado en el oeste de México, en medio de una lucha entre estos sectores y el crimen organizado, que se apoya en el narcotráfico. "Hemos llegado a Nueva Italia, somos el Consejo de las Autodefensas Unidas de Michoacán, llegamos a apoyarlos", informó una fuente vinculada con ese grupo a través de las redes sociales. Los también llamados guardias o policías comunitarios ingresaron a ese poblado a bordo de decenas de camionetas a través de una zona conocida como Cuatro Caminos, ruta que conecta con el municipio de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán. Según lo primeros informes, al menos 150 camionetas repletas de gente armada con rifles de alto poder llegaron a esa localidad. Los pobladores recibieron a los grupos armados con comida, mientras que las mujeres y niños los vitoreaban con aplausos y carteles en los que se leía "Vivan los autodefensas".


El arribo de estos policías comunitarios tuvo lugar sin que el ejército, que resguarda los accesos a esa localidad desde hace algún tiempo, tuviera algún tipo de intervención. El grupo armado, que surgió en febrero del año pasado, argumenta que dejarán las armas cuando hayan terminado con el crimen organizado, que tiene una amplia presencia en Michoacán. La toma pacífica de Nueva Italia se produjo horas después de que las autodefensas ingresaran a las comunidades de El Ceñidor, en el municipio de Parácuaro, y de Zapotán, municipio costero de Coahuayana, con lo que suman 16 las poblaciones de ese estado en esa situación.


El jefe de las autodefensas en La Ruana, Hipólito Mora, declaró que seguirán su avance en los municipios de Uruapan, Los Reyes, Apatzingán y Quiroga, donde los habitantes solicitaron la entrada de los líderes de las autodefensas ante las extorsiones, abusos y cobro de peaje de los Caballeros Templarios. Apatzingán es una ciudad clave del transporte de droga. Las ocupaciones de las nuevas localidades tienen lugar después de una serie de bloqueos de rutas, incendio intencional de vehículos de pasajeros y de carga y la quema de las oficinas del ayuntamiento, de un supermercado y de tiendas.


La violencia ocurre una semana después de que las autodefensas desarmaran a once policías del poblado de Parácuaro, instalaran puestos de control y tomaran la seguridad en sus manos, ante la inacción de las autoridades para hacer frente a los grupos narco. El gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto afirmó el viernes pasado que los grupos civiles de autodefensa se encuentran al margen de la ley y no cuentan con ningún tipo de reconocimiento social.


A todo esto, en los últimos días se ha producido la quema de camiones de empresas como Coca-Cola o la cervecería Corona, unidades que fueron atravesadas, en llamas, en la ruta, para bloquear el tránsito. Tales acciones son lideradas por pobladores que se oponen a la presencia de las autodefensas. Estos guardias surgieron en febrero del año pasado, en la zona de Michoacán, para defenderse de las extorsiones y secuestros organizados por los Caballeros Templarios. Algunos de estos grupos fueron acusados de trabajar para el cartel rival Jalisco Nueva Generación. Desde que entraron en acción, las bandas civiles toman el control de la seguridad en una decena de municipios, donde vigilan la entrada y salida de vehículos, y patrullan las calles.


En tanto, el líder del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, manifestó que la situación en ese estado del noroeste del país azteca no se resolverá hasta concretar un acuerdo entre diversos sectores sociales. Asimismo, Zambrano insistió en que la presencia del ejército y la policía federal en la zona no es suficiente para devolver la tranquilidad a sus pobladores.


A pesar del recrudecimiento de la crisis en Michoacán, el presidente Peña Nieto dio un mensaje de dos minutos y medio de comienzo de año en el que no aparecieron los términos violencia, criminales o paz: "Felicitaciones a los mexicanos. Retos para el 2014". Fin del mensaje.


En otras ocasiones, el mandatario del PRI insistió en que el tema de la violencia es un asunto de regiones más que nacional. Las cifras oficiales registran una disminución de los homicidios en Nuevo León y Chihuahua, pero en una decena de estados son moneda corriente el secuestro y la extorsión, como en Michoacán, Morelos, Guerrero, Tamaulipas y el propio estado de México. A lo largo de su primer año de gobierno, Peña Nieto ha destacado que su estrategia se compone de la coordinación entre el Ejecutivo y los gobernadores, quienes se dividieron en cinco grupos y con quienes se reúnen los ministros de Defensa, Marina, Gobernación y el comisionado de seguridad nacional. En esas reuniones se comparte información y se toman decisiones en el terreno.


Sin embargo, a pesar de las varias intervenciones del gobierno en Michoacán, hoy hay una guerra abierta en la región de la Tierra Caliente entre las autodefensas y el cartel de los Templarios.

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Martes, 17 Diciembre 2013 06:32

Uruguay: Cómo ganar la guerra perdida

Uruguay: Cómo ganar la guerra perdida

En un hecho sin precedente, el Senado de la República del Uruguay aprobó el pasado martes 10 de diciembre un proyecto de ley por el cual el Estado regulará y controlará toda la producción y el comercio de la mariguana. Se trata de una medida que no tiene antecedentes, no sólo en América Latina, sino en el mundo entero, ya que no se limita sólo al tema del consumo –cuya legalización es elemento central de las reformas emprendidas en algunos países–, sino además abarca la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, adquisición, almacenamiento y distribución de cannabis.


Son varias las motivaciones que llevaron a los legisladores de la nación sudamericana a adoptar esta singular medida. La principal es el evidente fracaso de la guerra contra el narcotráfico, que ha traído consecuencias adversas para las naciones de la región. Y lo peor: han sido países pobres los que han dilapidado en ello recursos que no tienen, dejando de aplicarlos en actividades que no pueden esperar. Por ejemplo: las necesidades básicas de sus pueblos y hasta el combate a la verdadera delincuencia, dice un texto de la Comisión Especial de Drogas y Adicciones que acompaña el proyecto que fue votado.

Entre los objetivos de la iniciativa, que ya había sido aprobada en julio por los diputados, se destaca: Desarrollar una política decidida e innovadora de enfrentamiento al crimen organizado vinculado al narcotráfico, al arrebatarle un negocio que en nuestro país según estimaciones primarias se encuentra entre los 30 y 40 millones de dólares anuales y que implica una potencial fuente de corrupción y violencia para el conjunto de la sociedad, dice el texto citado.


Los legisladores uruguayos hablan por su país, sí, pero en mi opinión lo hacen por toda la región latinoamericana, al examinar una realidad que lastima a todos los pueblos desde el lado sur del Río Bravo hasta la Patagonia: El narcotráfico socava la democracia de nuestras repúblicas; tiene el poder y los recursos para corromper los sistemas de justicia, policiales, políticos, en suma, las instituciones. Una parte de la violencia, la inseguridad, y la corrupción proviene de éste. Por ello, es tan importante repensar las políticas de combate al narcotráfico y, no solo hacerlo desde una perspectiva bélica, sino también innovar en regulaciones y controles que contemplen los derechos humanos y las posibilidades de los Estados de América Latina.


La prohibición hizo surgir un negocio multimillonario (datos de la Organización de las Naciones Unidas citadas en el documento, señalan que el narcotráfico genera 320 mil millones de dólares de ingresos al año y representa 1.5 por ciento del producto interno bruto mundial). Nuestros países, son los terrenos de siembra, cultivo, cosecha y almacenamiento de la mariguana, que es la droga ilegal de mayor consumo a nivel mundial. De aquí se transporta la cannabis y otras sustancias ilícitas a los grandes centros de consumo en el norte.


Una política hipócrita de prohibición y combate selectivo de bandas criminales, aunada a la obediencia ciega de los gobiernos de la región, ha desatado una ola de violencia sin precedente en la historia de América Latina. Una guerra con cientos de miles de muertos, sacrificio inútil, pues el consumo aumenta y las drogas circulan por doquier. Como se ha dicho hasta la saciedad, ellos ponen las armas (ellos, los grandes centros de consumo) y nosotros a los muertos.


La ley que se ha aprobado en Uruguay es una especie de expropiación, en la que no queda un solo resquicio para la acción de las bandas criminales. Si no la malogran los grupos opositores (entre los que hay personas bien intencionadas y beneficiarios del negocio), será un golpe mortal al narcotráfico: la gran victoria en una guerra que ya parecía perdida, en la que simplemente se cambió la estrategia, renunciando al empleo de las armas y privilegiando la razón.


La ley aprobada por el Senado y que está en curso de ser promulgada por el presidente de Uruguay, José Alberto Mujica, es una decisión que también está orientada a enfrentar el consumo, no mediante los castigos y la cárcel, sino mediante la educación y la prevención. Se trata de una medida seria y responsable sobre la que ahora se concentra la atención del mundo, pues es la oportunidad para poner al descubierto mitos y suposiciones que han pretendido colocar la prohibición sobre la libertad.

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Pastrana remueve viejas heridas de nexos de la mafia con políticos colombianos

Si hay una herida que aún no ha cerrado el expresidente conservador Andrés Pastrana es la derrota sufrida a manos del liberal Ernesto Samper en las elecciones de 1994, a quien la mafia de Cali financió su campaña a la presidencia, pero por la que el político salió indemne y pudo asumir su mandato. La financiación a Samper desató la peor crisis de la historia política de Colombia que se conoció como el Proceso 8.000.

 

Pero ese capítulo parece no haberse cerrado. Así lo dejó en evidencia Pastrana con el lanzamiento de su libro Memorias olvidadas, una serie de relatos periodísticos sobre su vida política y que ya desató una nueva tormenta mediática.


Lo primero que hizo Pastrana fue revelar el nombre de la persona que le entregó los llamados narcocasetes, unas interceptaciones telefónicas al capo Miguel Rodríguez Orejuela con uno de sus relacionistas públicos, en las que confirmaba la entrada de dinero de los narcotraficantes a las campañas presidenciales de 1994. Se trata de un oficial de la policía, el teniente coronel Carlos Barragán, quien en ese momento trabajaba como miembro de uno de los organismos de inteligencia que perseguía al cartel de Cali.


Con esta revelación, Pastrana insinuó que el gobierno sabía que los narcotraficantes de Cali estaban aportando dineros a la campaña de Samper porque miembros de sus organismos de inteligencia fueron los que interceptaron las llamadas que lo confirmaban.


Pastrana sostiene en su libro que, por consejo de su padre, el expresidente conservador Misael Pastrana, le llevó las grabaciones al entonces presidente César Gaviria antes de realizarse las elecciones presidenciales, quien lo atendió con su ministro de Defensa, Rafael Pardo. La cita se dio en el palacio presidencial, donde Pastrana pidió una grabadora para reproducir las grabaciones y contó que luego de escucharlas, Gaviria y Pardo se miraron entre sí sorprendidos por el hecho de que él tuviera los casetes, "como si ya supieran de ellos", contó ante un auditorio que congregó a políticos y antiguos colaboradores de su administración (1998-2002). "Aquí hemos hablado de que Samper sabía, porque lógicamente él recibió el dinero. Se ha hablado de que los (narcotraficantes) Rodríguez Orejuela sabían, porque ellos dieron dinero. Pero el eslabón perdido del Proceso 8.000 es Cesar Gaviria", agregó.

 

Gaviria reaccionó la mañana del viernes acusando a Pastrana de no haber tenido el coraje para denunciar la filtración del dinero de la mafia, ya que en las grabaciones se mencionaba a las dos campañas (la suya y la de Samper). "El cuento del eslabón perdido no lo entiendo, sino como el remordimiento que debe acompañar al doctor Pastrana de no haber tenido el coraje para poner en conocimiento de los electores las grabaciones antes de la elección presidencial y no con posterioridad al certamen electoral", dijo Gaviria en una rueda de prensa.
Además agregó que lamentaba las declaraciones del expresidente "tan reñidas con la verdad y que fue incapaz de poner en conocimiento de las autoridades y de los medios solo veinte años después". Dijo también que Pastrana "no aporta pruebas sino afirmaciones mentirosas. Yo tengo mi conciencia tranquila sobre la rectitud de mi conducta y no estoy seguro de si algún día no aparezcan las pruebas que vinculen la campaña de Andrés Pastrana con el cartel de Cali como lo mencionan las grabaciones", con lo que insinuó que también quedaron pendientes las investigaciones sobre la posible financiación de la mafia a la candidatura de Pastrana.


El expresidente también reveló en su libro, el facsímil de una carta fechada el 12 de junio de 2000 –que mantiene en una caja de seguridad– en la que los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela le confirman que financiaron la campaña de Ernesto Samper, quien finalmente fue absuelto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.


"Si bien es cierto que en algún momento de nuestras vidas cometimos el error de contribuirle al señor Ernesto Samper Pizano y a sus más inmediatos colaboradores, con el dinero para su campaña presidencial, no fue a sus espaldas ni mucho menos a espaldas de los directivos de la campaña como lo pregonan en las plazas públicas", dice una parte de la carta.


Otra revelación que hace Pastrana en su libro es que sostuvo un encuentro con el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, cuando fue secuestrado por siete días en 1998. Allí, en medio de un ambiente tenso, se encontró cara a cara con el narcotraficante con quien discutió de la extradición, el negocio de las drogas, de las bombas y hasta de la familia.


Pastrana relató que en un posterior encuentro con uno de los lugartenientes de Escobar, Jhon Jairo Velásquez alias Popeye, este le contó que el político liberal Alberto Santofimio Sarmiento le había pedido al capo del cartel de Medellín que lo asesinara porque podía llegar a ser presidente y sería un problema para los narcotraficantes, que en ese momento enfrentaban al Estado que los perseguía para extraditarlos. Popeye le aseguró al político conservador que Escobar no dio la orden porque le servía más vivo que muerto.


Otra revelación que hizo Pastrana en su libro fue que al finalizar su gobierno, en 2002, fue el mediador de una reunión secreta entre Bill Clinton, que ya no era presidente de EEUU y el canciller de Cuba, Felipe Pérez Roque. El exmandatario colombiano contó que aprovechando que se realizaba en Cartagena una cumbre de empresarios a la que asistía Clinton y otra reunión con Pérez Roque para evaluar acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, este último le pidió que mediara en el encuentro del que nadie podía enterarse. "El encuentro fue marcadamente amistoso y el expresidente estaba en verdad satisfecho de compartir con el cubano", dice en su libro.

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Jueves, 28 Noviembre 2013 07:57

"No cuestionan el modelo económico"

Hugo Moldiz

El director del semanario La Epoca señaló que a la derecha boliviana no le conviene poner en duda la política de inclusión del gobierno, que es exitosa. En cambio, la oposición desarrolla la idea de que "Bolivia es un narco-Estado".

 

Ante el éxito del modelo económico actual, la derecha boliviana está utilizando nuevas estrategias para desgastar al presidente Evo Morales, advirtió Hugo Moldiz, director del semanario La Epoca, analista político e intelectual próximo al gobierno. Invitado por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para cerrar las jornadas "El legado político e ideológico de Hugo Chávez", accedió a dialogar con Página/12 sobre los retos de Morales y el futuro del Estado plurinacional.

 

"La derecha no va a cuestionar el modelo económico boliviano porque es exitoso y un cuestionamiento de ese modelo le haría perder votos. No va a cuestionar la política de inclusión, porque eso significaría, en el imaginario colectivo, volver a la política de la racialización. Lo que se va a hacer es desarrollar algunas líneas de opinión", afirmó. Entre ellas, la idea de que Bolivia es un narco-Estado, que el gobierno es complaciente con la corrupción y que el presidente está dispuesto a desconocer la Constitución para presentarse a un nuevo mandato.


"Esto juega con la subjetividad de la población, porque nadie apoyaría a un gobierno vinculado con el narcotráfico", sostuvo Moldiz. Como ejemplo citó el caso del general René Sanabria, que fue detenido en Panamá por llevar un cargamento de droga hacia los Estados Unidos: "Es decir, el general Sanabria fue convertido de colaborador de la DEA en narcotraficante. La pregunta es si la DEA desconocía sus pasos o los conocía y sacó provecho, como en su momento el caso Irán-contra, o si Sanabria es parte del plan que estamos empezando a advertir".


En relación con la corrupción, aseguró que el gobierno de Morales es el que más militantes propios ha encarcelado por actuar fuera de la ley.
Moldiz también defendió la postulación del presidente a un tercer mandato. "La legislación comparada establece que cuando hay un cambio de Constitución comienza una nueva época. Y el presidente Morales fue a su primera elección con la vieja Constitución, por tanto el 2009 es su primera elección con la nueva Constitución y bajo el nuevo Estado. La derecha dice que no es así. Van a decir entonces que Evo Morales es un candidato ilegítimo", dijo.


Al mismo tiempo, Moldiz consideró que el tema de la persecución política se está convirtiendo en una fachada que trata de posicionar un discurso político y encubrir delitos cometidos en el cumplimiento de las funciones públicas. "Mario Cossío, Manfred Reyes Villa y Roger Pinto han sido procesados por delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Y sus procesos han sido abiertos incluso por sectores no oficialistas. En el caso de Pinto ha sido denunciado por funcionarios del Departamento Pando que lo denunciaron por la apropiación ilegal de recursos económicos, cuando ejercía las funciones de prefecto (gobernador)", explicó en relación con los tres opositores que recibieron asilo político en Paraguay, Estados Unidos y Brasil, respectivamente.


A diferencia de lo ocurrido en 2008, cuando el Oriente boliviano estaba el borde de la insubordinación y se erigía como bastión contra el oficialismo, ahora el presidente Morales y su partido –el Movimiento Al Socialismo, MAS– han crecido considerablemente en esa región. "Ese cambio en el Oriente boliviano tiene que ver con dos cosas: por un lado, haber demostrado que este modelo es exitoso, que esos rumores de expropiación del sector eran fantasmas alimentados por una oposición interesada y que tenía la idea de un tipo de socialismo que correspondió al pasado. La idea de que todo tenía que pertenecer al Estado nunca pasó por la mente del gobierno. Y lo segundo es la derrota política y moral de la ultraderecha en 2008", dijo Moldiz, quien recordó que el objetivo en aquel año era dividir al país para generar un proceso de desestabilización.


"A diferencia de lo que ocurría con Europa del Este, ahora hemos demostrado que no hay un solo proyecto no capitalista, hay diferentes proyectos no capitalistas, llámese 'buen vivir' o 'socialismo del siglo XXI'", destacó Moldiz como uno de los principales logros de Morales, en particular, y de los diferentes líderes sudamericanos en general. Además, señaló que el mandatario boliviano sintetiza la lucha por una igualación social, no sólo desde la clase, sino también desde lo nacional y cultural. "Este país era un apartheid, donde la política, el Estado, la cultura, todo estaba racializado. Esto es algo que los sectores conservadores se niegan a admitir. Eso ha sido roto por el liderazgo sólido del presidente Morales", agregó.


Moldiz sostuvo que ahora el Estado plurinacional deberá avanzar en otros temas, estructurales y culturales, como la cuestión de la tierra y el matrimonio igualitario. "El matrimonio es un tema que no va a poder ser ignorado por el impulso que está viniendo de otras partes del mundo y por el impulso igualitario del proceso boliviano. La democracia intercultural no es sólo entre pueblos indígenas, lo intercultural es también admitir que hay otras diversidades, como las sexuales, que deben tener la protección del Estado", apuntó. "En 2009, lo importante era que se aprobara la Constitución. Porque era a todo o nada y uno puede correr el riesgo de quedarse con nada. El tema tierra, el tema matrimonio igualitario, seguramente serán tratados en el próximo gobierno", concluyó.


Entrevista: Patricio Porta.

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