Un nuevo escenario para pedir el cambio

En su debut como presidente pro témpore de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (Cicad), Rafael Bielsa planteó la necesidad de dar “un debate abierto, reflexivo y sin prejuicios” para cambiar el paradigma prohibicionista. “El problema mundial de las drogas continúa siendo un desafío frente al que resulta más preciso hablar de fracasos que de éxitos”, agregó el funcionario argentino, durante la reunión número 51 de este organismo de la Organización de Estados Americanos, de la que participaron representantes y expertos de 35 países del continente. El secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) también sugirió que se enfoque esta problemática desde una “óptica dinámica y multidisciplinaria con políticas sustentadas en la evidencia”. Es la primera vez que la delegación argentina sostiene su postura no criminalizadora ante la Cicad.
 

El objetivo de la reunión era analizar el mandato de la reciente Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias. Allí, en un encuentro de los jefes de delegaciones conocido como Los Retiros se coincidió en analizar los resultados de la guerra contra las drogas, lanzada por el presidente norteamericano Richard Nixon hace más de 40 años, y se confirió a la OEA la tarea de “informar opciones y escenarios para desarrollar nuevos enfoques”. Ayer hubo un almuerzo dedicado a un tema que Estados Unidos rechaza de plano: la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal.
 

Hace un año, cuando Argentina tomó la presidencia pro témpore de la Cicad y se festejó el vigesimoquinto aniversario de este organismo, se lanzó una consigna: “Mirar hacia el futuro”. Ayer, Bielsa volvió sobre este punto. “El futuro es hoy y el hoy nos impone como urgente necesidad el reconocimiento de que nos encontramos en un momento central en el abordaje del problema mundial de las drogas, en el que son muchas las voces que se han alzado en nuestra región reclamando una reflexión crítica respecto de los éxitos y fracasos de las estrategias y acciones que venimos materializando”, dijo.
 

El titular de la Sedronar recordó que en 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas planteó como meta, para los próximos diez años, vivir en “un mundo sin drogas”. “Tanto en materia de reducción de la oferta, como de reducción de la demanda, estas metas no han sido ni por lejos alcanzadas”, aseguró Bielsa. Más tarde, su colega norteamericano Gil Kerlikowske trató de contrarrestrarlo citando la evaluación de estos objetivos hecha en 2009 por la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, que desconoció el fracaso y lamentó “las consecuencias indeseadas” de la guerra (ver aparte).
 

Tras recordar el mandato de la última cumbre de presidentes americanos, Bielsa destacó: “El debate no sólo es necesario sino que nos pone frente al desafío de que además sea enriquecedor y no reitere viejas antinomias y dicotomías, que no hicieron más que llevarnos a consumir un tiempo valioso en discusiones estériles”. En ese sentido, el funcionario argentino abogó por la búsqueda de “un abordaje más eficaz del problema” y aunque observó que el debate “excede este período de sesiones”, invitó a los presentes a trabajar con un espíritu “reflexivo y abierto”.
 

Entre los temas a abordar en la reunión de la Cicad se mencionaron el impacto del narcotráfico en el desarrollo económico, el problema de la seguridad y las drogas, particularmente en la región del Caribe y en Centroamérica, la diseminación del consumo de heroína y el problema de la cocaína fumable o “paco” en América del Sur. “Analizaremos también la importancia de que las políticas nacionales se basen en la evidencia y las contribuciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas en materia de drogas”, agregó Bielsa.
 

El titular pro témpore de la Cicad cerró su discurso reconociendo el desafío que involucra la reflexión que demandó la última cumbre de presidentes americanos, ya que se arraiga “en los cimientos de cada una de las estrategias y acciones actuales”. Una fuente de la Sedronar adelantó que la propuesta argentina para la elaboración del informe encomendado consiste en que cada país proponga a un experto gubernamental y otro de la sociedad civil para acercar sus sugerencias. De otra forma, advirtió la fuente, “se corre el riesgo de que la Secretaría General de la OEA proponga a especialistas de la Cicad”.
 

Las palabras del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reforzaron esta sospecha. “En esta organización, en sus secretarías, radica la mayor experiencia política, jurídica y de seguridad para enfrentar el tema de las drogas. En esta Cicad, esta comisión, hay 25 años de trabajo constante”, destacó este funcionario chileno. Durante la reunión se firmó un acuerdo ente la OEA y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para reducir la demanda de estupefacientes, como un primer paso para revisar la estrategia actual.
 

La argentina Mirta Roses, titular de la OPS, declaró en febrero pasado que el fracaso de la guerra contra las drogas obliga a “estudiar todas las opciones, incluyendo la despenalización”. También se mencionó a la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para encargarse de los temas ligados al desarrollo social. “Se está dando una agenda de debate más interesante de lo habitual en la Cicad. Hay muchas posturas que recogen evidencia rigurosa y abren nuevas perspectivas”, explicó Graciela Touzé, de la Asociación Intercambios, presente en esta cumbre en Washington.
 

Ayer se acordó que el informe pedido en la última Cumbre de las Américas tendrá un perfil técnico y no se dará una instrucción única a futuro, sino distintas escenarios posibles y otras alternativas al sistema prohibicionista. Hoy habrá una mesa redonda donde las asociaciones civiles podrán, por primera vez, plantear sus contribuciones, pese a ser invitadas como observadoras. Intercambios, adelantó Touzé, pedirá que el informe incorpore “las perspectivas y opiniones” de las organizaciones civiles.
 

Insulza intentó poner paños fríos al incipiente debate al pedir que se avance de manera cauta y sin premura. “El mandato de Cartagena no nos pide decisiones ni propuestas únicas: nos pide abrir un abanico de opciones de fortalecimiento”, interpretó.


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Lunes, 30 Abril 2012 07:26

¿Drogas? Hablemos

¿Drogas? Hablemos

Un español maneja con destreza una tarjeta de crédito para preparar una dosis de cocaína; la Policía mexicana halla 14 cadáveres en una furgoneta; tres toneladas de opio afgano atraviesan Rusia; una madre colombiana entra en una prisión estadounidense para pasar la próxima década entre rejas por tráfico de estupefacientes; un joven neoyorquino muere de sobredosis en una fiesta y un marroquí lo hace en una patera al estallar la carga de su estómago. La secuencia no es real, que se sepa, pero algo parecido sucede cada día en todo el mundo. Son las consecuencias desiguales de un mismo tema, el vil aleteo de la mariposa o la teoría del caos. Las respuestas del tráfico de drogas, el mayor mercado del mundo.

 
 Hace 40 años el presidente de Estados Unidos Richard Nixon se dirigió a la nación: “El enemigo público número uno de Estados Unidos es el abuso de las drogas (…) Declaro la guerra contra las drogas”. Estaba el entonces mandatario inmerso en el conflicto de Vietnam, una de las guerras más largas que se atribuyen a la superpotencia, pero aunque comúnmente olvidado, el frente que abrió Nixon en 1971 ha sobrevivido a todos sus sucesores. Hasta ahora, porque las cosas están empezando a cambiar.

 
Los primeros en hablar de fracaso en esta guerra fueron los expresidentes de Brasil, Colombia y México, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, respectivamente. En los últimos meses, políticos en activo como el actual mandatario de Guatemala, Otto Pérez, o el de Colombia, Juan Manuel Santos, han seguido sus pasos para demandar la apertura de un debate sobre el tema, haciendo uso de la legitimidad que les otorga liderar los países que sufren la cara más trágica de las consecuencias de una guerra que suma víctimas a diario (aunque al sur del Río Grande). Honduras, con 82,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguido de El Salvador, encabezan la lista mundial por tasa de homicidios. México, inmerso desde hace seis años en la guerra contra el narcotráfico, suma ya casi 50.000 muertos y ha incrementado su tasa de homicidios desde 2005 en un 65%, según datos de la ONU.

 
Su legitimidad, unida a las cifras y los muertos, ha obligado al presidente de EE UU, Barack Obama, a mover ficha. El runrún que alentaba a un debate en el continente americano estalló el pasado 14 de abril. Como no podía ser de otra manera, de la voz de un sucesor de Nixon. “Somos conscientes de nuestra responsabilidad en este tema y creo que es completamente legítimo entablar una discusión sobre si las leyes que están ahora en vigor son leyes que quizá están causando más daños que beneficios en algunos campos”. Habló Obama y todos entendieron: ha llegado la hora de hablar de drogas. El tema ya está en la agenda.


Sobre el incipiente debate que se abre, hay quienes defienden que la regulación de las drogas reduciría el tráfico y acabaría con un negocio que mueve 216.000 millones de euros anuales en todo el mundo, según la ONU; o 19.000 millones de euros solo en México durante 2009, según EE UU. Otros no ven cómo regular podría mejorar la seguridad. Entre ellos el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, que considera que cualquier paso hacia la legalización “podría convertir a Centroamérica en un paraíso del tráfico y consumo de droga”. Funes aboga por implementar la ayuda para mejorar el nivel de vida de su país y luchar contra la pobreza y la exclusión. El debate en el continente americano no ha hecho más que empezar.

 
Si hay una palabra que se relaciona con la discusión sobre las drogas es legalización. Nada genera más rechazo o apoyo que abogar por ello. El presidente de Guatemala, Otto Pérez, fue el primero en pronunciarse ante un micrófono, mostrándose a favor, y el mismo Obama empezó su alocución en la Cumbre de las Américas del mes pasado marcando su posición en contra: “Legalizar no es la respuesta”.


Amira Armenta, miembro del Transnational Institute, un think tank internacional fundado en Amsterdam, explica que “la gente le tiene miedo a la legalización porque, presentada así, asusta”. Sin embargo, achaca a Pérez más un deseo de llamar la atención que de apoyar la legalización real. “Fue una presentación sobre todo mediática. Otto no dice ‘hagamos eso’, lo que dice es ‘discutamos eso’. Entre la actual política y la legalización hay muchas opciones. Habría que considerar las más realistas y con menos riesgos, que son concretamente las que tienen que ver con la despenalización y la discriminalización del consumo, del comercio y la producción”, argumenta.

 
La deriva que tome el debate es una incógnita para todos, pero las personas consultadas para este reportaje creen que la clave está en Estados Unidos. Después de una espera de años, nadie imagina que el cambio se produzca enseguida. Es más, con el actual presidente estadounidense inmerso en la precampaña electoral todos dudan de que haya una respuesta inmediata. “Obama no puede hablar de este asunto ahora, pero en un segundo mandato el campo es distinto. Tengo serias dudas de que sea un entusiasta promotor [de la regulación], pero sí creo que, en el fondo, no está en contra”, dice el presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas en México, Jorge Hernández.


El experto estadounidense Peter Reuter considera que las drogas no son un tema de interés público para la sociedad estadounidense. “En las campañas presidenciales no se hablará nada de drogas”, augura este profesor de la Universidad de Maryland (EE UU), que sí pone el acento, sin embargo, en el cambio de actitud hacia la legalización de la marihuana, aunque “no hacia otras drogas”. A finales de 2010, California, uno de los 14 estados en los que la marihuana es legal para usos médicos, hizo un referéndum para decidir si se legalizaba el consumo y el cultivo. En una ajustada votación, un 56% de los electores votaron en contra y se rechazó la medida. Solo un año después, la encuesta Gallup aseguró que el 50% de los estadounidenses estarían a favor de la legalización de la marihuana. Hernández sostiene que si Obama llegara a apoyarla sería un buen punto de partida para el cambio de paradigma global respecto a todas las drogas.

 
El cannabis es, con mucho, la droga más consumida a nivel global. Entre 125 y 203 millones de personas de todo el mundo la consumieron en 2009, según datos de la ONU. Las cifras del consumo de todas las drogas se disparan hasta los 149 y 272 millones, lo que supone del 3,3% al 6,1% de la población de 15 a 64 años. “Es absurdo pensar que la demanda va a acabar aquí o allá, hay que aceptarla y trabajar en aras de la seguridad”, dice el presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas en México.


Los especialistas hacen una clara diferenciación entre países productores y consumidores, para algunos lo que sirve para unos no sería bueno para los otros. Con el punto de partida marcado en la marihuana, valoran de forma desigual los beneficios reales que supondría la regulación para los países centroamericanos, que si bien no tienen un problema grave de consumo, sufren con la violencia la peor cara del tráfico de sustancias. “Al hablar de cambio de política se habla en realidad de legalización, regulación o despenalización de las drogas y, a pesar de que uno esté de acuerdo, la verdad es que no es un objetivo realista y a los países de producción y tráfico no nos serviría de mucho”, alerta el exguerrillero salvadoreño y experto en resolución de conflictos Joaquín Villalobos
 

Sin embargo, para el escritor mexicano Jorge Castañeda, que en “un mundo ideal defendería la liberalización total de todas las drogas”, que Obama regularizase la marihuana sí supondría un cambio importante, principalmente para México, gran exportador de cannabis al norte. “Los cárteles derivan parte de sus ganancias con la marihuana para extenderse y producir cocaína”, explica Castañeda. Eso no es suficiente para el politólogo mexicano especialista en temas de seguridad Alejandro Hope, que considera que en los países de América Latina los problemas de violencia y corrupción vinculados a las drogas “son un problema de cocaína”.

 
A la espera de ver qué votan los estadounidenses el próximo mes de noviembre, tímidos pasos del presidente Obama ya empiezan a materializar un incipiente cambio. Un nuevo enfoque y discurso. Nada más llegar de Cartagena de Indias (Colombia), donde pronunció sus palabras favorables al debate, el presidente de EE UU presentó un Plan Nacional de Drogas que por primera vez en 40 años ponía el objetivo en la prevención y el tratamiento de la drogadicción como una enfermedad más que en la acción policial. Solo unos meses antes, se conoció la rebaja de un 17% en 2013 respecto al año anterior en la inversión para la guerra global contra el tráfico de drogas, al pasar de 422 a 360 millones de euros.

 
El dinero estadounidense siempre ha financiado las guerras que libran los países centroamericanos contra las drogas. La más reciente, en México, comenzó con la Administración Bush y ha continuado con la de Obama. Tras seis años de guerra, desde la llegada al poder en México de Felipe Calderón, el consumo de drogas no ha caído y sobre el terreno, con el ejército desplegado en toda la República mexicana, el saldo humano se acerca ya a las 50.000 vidas. El presidente Calderón, de una manera más tímida que su homólogo colombiano, también es partidario de abrir el debate, aunque siempre se ha mostrado un acérrimo defensor del modelo prohibicionista. “Calderón es un cruzado antidrogas. Ahora es difícil que diga ‘mis muertos no sirvieron de nada, vamos a legalizar”, razona Castañeda.

 
Aunque para algunos expertos la política de Calderón ha sido un “rotundo fracaso” y una “carnicería”, que diría el escritor, Villalobos cree que “en algún sentido [la guerra en México] ha generado un sentido de urgencia para transformar la situación, hoy el estado tiene más capacidad que hace seis años, aunque eso no justifica que se haya hecho”. Así, defiende que el actual debate no se ha abierto por los últimos informes de la ONU o de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, como sí sostiene el experto colombiano Daniel Mejía, ni por las palabras de Otto Pérez o la mano tendida al diálogo del presidente Santos, sino por los “esfuerzos y sacrificios que México y Colombia han realizado para enfrentar al crimen organizado. Sin eso a EE UU y a muchos otros les seguiría sin importar el tema”. “Es falso que sea una alternativa al combate al crimen organizado. Lo progresista y avanzado en nuestro caso es que nos ocupemos de la construcción de Estado. Hay riesgo de que la demanda de legalización se convierta en un argumento para no hacer las reformas que se necesitan en seguridad y justicia en casi todos los países”, argumenta Villalobos.

 
La intervención militar es, por contra, para Hernández, una forma de “abdicación” del Gobierno y aboga por que “el Estado tome control de lo que está en manos del crimen”. Para el experto mexicano hablar de regulación “significa que, con o sin un marco prohibitivo, cada sociedad sea capaz de tener control del uso de las drogas legales o ilegales”. Habla de cambiar el uso de la fuerza por un enfoque social y preventivo. “El actual marco normativo supone que no existe ninguna otra forma de modelar la conducta de nuestra sociedad con respecto a sus prácticas, salvo la fuerza. Ha llegado la hora de ensayar nuevas cosas”, dice.
 

En esta línea, el profesor de la Universidad de Los Andes (Colombia) Daniel Mejía defiende la despenalización y la estrategia de poner el “énfasis en regular para quitarle los mercados al crimen organizado”. “El bloque centroamericano paga las consecuencias de la política de drogas que se impone. Esto no ha funcionado. ¿Por qué no pensar en un modelo para reducir los niveles de violencia?”, apoya Armenta desde Amsterdam.

 
Sin acuerdo sobre lo que está por llegar, sí hay consenso de que es ahora o nunca el momento de abrir un nuevo horizonte. El punto quizás más importante desde que Nixon declaró su guerra a las drogas. El inicio de algo que, como casi todo, empieza por una frase tan simple y a la vez tan difícil: “Hemos fracasado. Hablemos”.


Por Inés Santaeulalia 30 ABR 2012 - 03:34 CET
 

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La guerra contra las drogas sólo ha creado una amenaza para la seguridad internacional: IISS

Londres, 17 de abril. La llamada guerra contra las drogas creó una “amenaza para la seguridad internacional” que obliga a buscar alternativas a las políticas actuales, afirma un nuevo informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés) presentado hoy en Londres.
 

El documento titulado: Drogas, inseguridad y Estados fallidos: los problemas de la prohibición, fue dado a conocer dos días después de que los jefes de Estado del continente americano encomendaron a la Organización de Estados Americanos explorar nuevos enfoques para luchar contra el narcotráfico.
 

Tras examinar las políticas centradas en la prohibición de las últimas cuatro décadas, sus autores concluyeron que éstas no sólo no han impedido la producción, el tráfico y el consumo de drogas, sino que han provocado un aumento de violencia y la inestabilidad en el mundo.
 

“La prohibición ha fracasado en reducir el consumo mundial de drogas e involuntariamente ha regalado este comercio de miles de millones de dólares a criminales organizados”, afirmó Nigel Inkster, director de Amenazas Trasnacionales y Riesgos Políticos del prestigioso centro de estudios británico y coautor del estudio junto con la investigadora Virginia Comolli.
 

Además, “ha creado una amenaza importante contra la seguridad internacional”, dijo Inkster.
Debido al llamado “efecto globo”, la presión ejercida contra el narcotráfico en algunas zonas desplazó la producción y llevó a los narcotraficantes a buscar nuevas rutas en territorios hasta entonces inexplorados, como en el caso de América Central o más recientemente en África subsahariana.
 

Por eso, el informe del IISS aboga por un “debate mundial urgente” para estudiar todas las alternativas posibles al régimen de prohibición actual, incluidas la legalización y la despenalización.
 

Entre los modelos que podrían servir de base para ese debate figura el de Portugal, que despenalizó la posesión de drogas para uso personal desde hace una década, o incluso la política actual sobre el tabaco.
 

“El enfoque que trata la droga como un problema que hay que resolver debe ser sustituido por otro que considere la droga como un asunto que se debe gestionar”, estimó Inkster, quien advirtió que el cambio podría “implicar un mínimo de daños colaterales”, sin especificar cuáles.
 

En todo caso, el tema debe ser integrado en el debate mundial sobre el desarrollo económico y la seguridad internacional, y los estados consumidores deben “asumir una mayor responsabilidad” y proveer asistencia a los países afectados por la violencia, concluyó Inkster


Afp
 

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Honduras, en poder del narco y las maras, sufre baño de sangre

Los narcos pasean enseñoreados en zonas rurales, las pandillas se disputan los barrios con explosivos y AK-47, los policías extorsionan y los sicarios matan a plena luz del día: es Honduras, el país más mortífero del mundo.
 

“Volvamos a vivir en paz”, dice una valla gigante a la entrada de San Pedro Sula, 240 km al norte de Tegucigalpa, donde es más encarnizada la guerra del crimen organizado, que enluta con 20 asesinatos por día a este país centroamericano de 8,2 millones de habitantes.
 

Una orgía de violencia ligada al narcotráfico colocó a Honduras en 2010 al tope de la tasa mundial de homicidios, cuando registró 82 por cada 100.000 habitantes -11 veces más que la media mundial-, de acuerdo con la ONU.
 

La tasa volvió a subir, en 2011 a 86, según informes oficiales hondureños, mientras San Pedro, con 174 homicidios por cada 100.000, tiene el deshonroso mote de “capital mundial del crimen”.
 

Centroamérica, que es con México la vía por donde pasa el 90% de la cocaína que consume Estados Unidos, es la zona más violenta del mundo según la ONU. Con la ofensiva del gobierno mexicano, los cárteles de la droga desplazaron en los últimos seis años operaciones al istmo, y aliados con las pandillas locales siembran el terror.
 

Virtual toque de queda. Hombres fuertemente armados custodian empresas, restaurantes o pequeños comercios. Apenas anochece, barrios marginales de San Pedro Sula, corazón industrial de Honduras, parecen pueblos fantasmas. En Lomas del Carmen -”Lomas del crimen”, dicen algunos-, ni un alma hay en las calles. Son zonas bajo virtual toque de queda. “Tenemos un policía por unos 2.000 habitantes, lo idóneo es por cada 300.
 

No hay recursos materiales ni humanos”, dice el jefe policial de San Pedro Sula, Edgar Flores Padilla, entre decenas de agentes listos a salir en aparatoso patrullaje nocturno. Raudos, sorprenden a pandilleros que se atrevieron a ir a un bar y a un billar. Todo el que esté en la calle a esas horas es sospechoso.
 

“Son jóvenes sin remordimiento de matar a alguien por robarle un celular”, afirma el policía. En otro punto de la ciudad se reúnen en terapia unas 80 víctimas de la violencia: “A mi hijo le metieron ocho balas por robarle el carro. No sé quién lo mató. No investigan nada. Uno corre peligro por decir esto. Los muertos quedan en una estadística”, dice Blanca Salazar.
 

Dedicadas al “narcomenudeo”, al sicariato, a extorsionar transportistas, empresarios y hasta a la vendedora de tortillas de la esquina, las pandillas, como la Mara Salvatrucha (MS) y la Mara 18 (M18), libran una sangrienta lucha territorial.
 

En la celda donde están 90 miembros de la M18 en la cárcel de San Pedro Sula, ‘Flash’ explica a AFP: “Tenemos negocios (droga), cuidamos gente también que anda en eso (narcos). Los MS tienen sus territorios, nosotros los nuestros”. Está acusado de robo de autos, portación de arma de guerra y atentado contra el Estado.
 

Fue apresado tras enfrentar a la policía con granadas, narra mientras indica donde tiene esquirlas en su cuerpo tatuado. Pandilleros, narcos y delincuentes comunes están armados hasta los dientes. El 80% de los crímenes en Honduras son con armas de fuego. De tres millones que circulan en Centroamérica, unas 800.000 están en este país.
 

Manzanas podridas. Nadie confía en nadie ni se sabe de dónde viene el disparo. Mirando a todos lados en el parque de San Pedro Sula, una mujer relata, bajo anonimato, que la policía hizo desaparecer a su esposo por su activismo social en una colonia dominada por las maras.
 

“Unos policías le habían dicho que se callara, que lo tenían en la punta de la bala. ¿En quién podemos confiar? He estado recibiendo amenazas. Es terrible. Todo queda impune”, dice temblando. La rectora universitaria Julieta Castellanos sufrió en carne propia la corrupción policial. Su hijo murió bajo las balas de varios agentes hace seis meses, lo que destapó el involucramiento de cientos de policías en extorsiones, narcotráfico y sicariato.
 

“Tenemos que sacar las manzanas podridas. Estamos trabajando para ganar confianza en la población”, admitió Flores Padilla. La rectora, sin embargo, duda de una autodepuración policial: “No se pueden investigar a sí mismos”. La situación es tal que el obispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, va de cuartel en cuartel evangelizando policías. “Les hablo de dignidad, de honor y de Dios”, dice el prelado, que también trabaja con las maras.
 

Fusil en mano, en camiones, retenes y hasta a bordo de buses, más de 2.000 de los 11.000 militares hondureños patrullan con la policía en la “Operación Relámpago”, lanzada por el presidente Porfirio Lobo. “El Ejército no se debe salir de su competencia. No debe convertirse en el nuevo mesías”, dice Emiliani, tras recordar violaciones de derechos humanos de los militares en los años 80.
 

Bomba de tiempo. En esta espiral de violencia, las cárceles están colapsadas. Trece reos murieron en marzo en una reyerta en la sobrepoblada cárcel de San Pedro Sula, 45 días después del incendio en el penal de Comayagua que dejó 361 muertos, una de las peores tragedias carcelarias del mundo.
 

“Algunos presidios son auténticas mazmorras medievales, bombas de tiempo que han estallado varias veces, escuelas del crimen. El 60% de los presos está sin juicio”, ilustra el obispo. Manuel Lemus, ex pandillero de la MS, dice tras los barrotes que “al salir quisiera ser una nueva persona”.
 

“Pero no tengo el apoyo de nadie, no sé qué camino voy a tomar. Nadie nos da trabajo, la necesidad nos hace cometer delitos”, afirmó. Honduras sufre una mezcla explosiva que tiene como combustible la pobreza -70% de la población-, corrupción, impunidad y debilidad institucional, agravada tras el golpe de Estado de 2009. “Estamos impotentes. Nuestro país se desmorona”, resume Julia Alvarado, a quien le mataron una hija de 19 años.


Por Isabel Sánchez
AFP

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La ONU alerta contra la narcoviolencia en Centroamérica
La presión a que se ven sometidos los carteles de la droga en México ha disparado la violencia en Centroamérica hasta “alcanzar niveles alarmantes que no tienen precedentes”, según el informe anual de de la Junta Internacional para el Control de Estupefacientes de la ONU hecho público el martes. Los grupos de narcotraficantes mexicanos han trasladado sus operaciones a los países de América Central convirtiendo la región en una zona de tránsito y reexpedición de drogas con destino a EE UU. El documento constata que a partir de 2010 y por primera vez Costa Rica, Honduras y Nicaragua son ya rutas de paso para el contrabando de narcóticos.

La ONU advierte que la escalada de violencia en relación con las drogas, protagonizada por las organizaciones de narcotraficantes, bandas transnacionales y pandillas locales –“en la actualidad operan en Centroamérica más de 900 maras que tienen más de 70.000 miembros”- ha hecho que la región sea una de las más violentas del mundo y que las tasas de homicidios en El Salvador, Guatemala y Honduras alcancen el récord internacional.

El informe subraya que la desigualdad social de la zona, la pobreza y la falta de oportunidades económicas para los jóvenes en la región han permitido que prospere el narcotráfico y alimentado una corrupción que frena la productividad y el crecimiento de los países del área.

El 90% de la cocaína que llega a EE UU procedente de México pasa primero, “cada vez en una proporción mayor”, según la ONU, por las naciones de América Central y el valor del trasiego de coca por el corredor en que se ha convertido la región “equivale al 5% de su PIB”. Para colmo de males, el documento recoge la reciente y creciente fabricación ilegal de drogas sintéticas como metanfetaminas y éxtasis en Belice, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

Por su parte, EE UU, México y Canadá conforman el principal mercado mundial de consumo de marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas, si bien el consumo de coca ha seguido disminuyendo en estos países de forma sostenida desde 2006 mientras que aumentaba su demanda en Europa. La Interpol y la ONU calculan que el valor del mercado de cocaína a nivel mundial ronda los 80.000 millones de dólares. El documento de Naciones Unidas destaca que “en EE UU el número de muertes relacionadas con las drogas supera el de los causados por armas de fuego en el país en su conjunto, y en 17 Estados y el Distrito de Columbia ya supera el de los accidentes de automóvil”.

En cuanto a los países de América del Sur, el informe señala que la superficie total dedicada al cultivo de cocaína ha disminuido en Colombia, aumentado en Perú y permanecido estable en Bolivia. La ONU también expresa su preocupación por la intención del Gobierno de Evo Morales de lograr la legalización del cultivo de la hoja de coca al considerarlo un producto tradicional.
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Miércoles, 22 Febrero 2012 07:52

“Estudiar todas las opciones”

“Estudiar todas las opciones”
Durante una recorrida por un hospital guatemalteco, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideró que el fracaso de la política prohibicionista sobre ciertas drogas obliga a “estudiar todas las opciones, incluyendo la despenalización”. La argentina Mirta Roses no dijo esto a título personal ni fuera de contexto. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, viene insistiendo en que debe darse un debate hemisférico para regular los estupefacientes. “La postura (de OPS) está muy alineada con lo que dijo el presidente: hay que plantear un diálogo porque indudablemente las estrategias que se han llevado en las últimas cuatro o cinco décadas no han dado los resultados deseados”, dijo Roses.

Las declaraciones de quien dirige la OPS desde 2003 fueron hechas en una conferencia de prensa, junto al ministro de Salud Francisco Arredondo, tras recorrer el hospital Roosevelt y la Clínica del Niño Sano, el lunes pasado. Ese mismo día, el canciller guatemalteco, Harold Caballeros, viajó a Washington para reunirse con la secretaria de Estado Hillary Clinton. “Si ella no trata el tema, yo lo haré”, prometió el canciller al ser consultado sobre la propuesta despenalizadora de Pérez Molina.

“Lo que dijo el presidente Otto Pérez Molina es parte de un diálogo abierto por las Naciones Unidas”, afirmó Roses y recordó que una iniciativa similar fue presentada al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por “un consejo de notables”. La médica santafesina se refería a la Iniciativa Latinoamérica sobre Drogas y Democracia, integrada por varios ex presidentes de la región, periodistas, abogados, jueces y escritores consagrados: Mario Vargas Llosa, Paulo Cohelo y el recientemente fallecido Tomás Eloy Martínez.

Estas propuestas apuntan a centrarse en la atención sanitaria de los usuarios de drogas, apartándose del paradigma punitivo impulsado por los sucesivos gobiernos norteamericanos desde Richard Nixon en adelante. Por otro lado, buscar alternativas democráticas para enfrentar el fenómeno de la producción, tráfico y distribución de drogas ilegales. Se estima que la guerra contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en México sobrepasó las 50 mil muertes, en solo cinco años.

“Los expertos han hecho un informe donde plantean estudiar todas la opciones, incluida la despenalización para tratar este problema que se ha convertido en un virus maligno que infecta todas las áreas del Estado y la sociedad”, comentó Roses. Luego aclaró que despenalizar no es legalizar: “Es decir, ahora se puede producir la droga, se puede consumir la droga libremente, lo que se está planteando es regular y legislar de una manera distinta, para desmantelar el negocio que se ha ido construyendo en el combate al crimen organizado y el narcotráfico”.

La OPS tiene un fuerte vínculo institucional con la Organización Mundial de la Salud, aunque mantiene su independencia. Desde hace tres años auspicia las Conferencias Latinoamericanas sobre Política de Drogas, organizadas por la asociación argentina Intercambios. Además, fue pionera en adoptar la perspectiva de reducción de daños como forma posible de tratamiento para usuarios de drogas, en su Propuesta de Plan Estratégico 2008-2012. “Eso significó un salto político enorme porque implica el respeto por los derechos humanos de los usuarios. Que ahora planteen la despenalización me parece otro salto similar a ése”, advirtió Pablo Zimmerman, coordinador de relaciones institucionales de Intercambios. “Hay que sentarse a la mesa y ser capaz de ver las cosas de una manera diferente a ver si encontramos el camino, porque éste no nos a llevado al éxito, por el contrario, estamos en una situación mucho más crítica que dos décadas atrás”, reconoció Roses. Sus declaraciones volvieron a poner en el centro de la política sanitaria la despenalización, ya que la guerra contra las drogas mata a más personas que el consumo de éstas.

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Lunes, 20 Febrero 2012 06:36

La violencia incendia Centroamérica

La violencia incendia Centroamérica

La geografía de la violencia tiene en Centroamérica uno de sus puntos cardinales. El último informe sobre drogas de la ONU la define secamente como la región “más mortífera del mundo”, donde uno de cada 50 hombres morirá asesinado antes de los 31 años. Desentrañar esa frase pasa por una larga historia de pobreza, guerrillas, Estados frágiles, corrupción e impunidad. Pero otra vez la geografía, el hecho de estar situada en el principal canal de tránsito mundial de la droga hacia Estados Unidos —en particular Honduras, Guatemala y El Salvador, el llamado Triángulo del Norte— ha exacerbado esa tensión. Solo en Honduras hubo más asesinatos —6.236— el año pasado que víctimas de la represión en el mismo periodo de tiempo en Siria, inmersa en una guerra civil. El motín en la cárcel hondureña de Comayagua la pasada semana, que ha causado cerca de 400 muertos, hunde sus raíces en este panorama social de extrema violencia.

 
La situación ha llegado hasta tal punto que la semana pasada, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, desenterró el debate de la legalización del narcotráfico para frenar la sangría.

 
El Gobierno hondureño pidió el 1 de febrero “ayuda internacional” para combatir la delincuencia. El congreso aprobó un decreto para depurar la policía, la fiscalía y el Poder Judicial con la asesoría de expertos extranjeros. Los ministros de Seguridad y Defensa de El Salvador, Honduras y Guatemala se reunieron el viernes pasado para coordinar esfuerzos.


Mientras se libra la batalla, en Honduras se producen 82 homicidios por cada 100.000 habitantes al año. En Madrid es de uno por cada 100.000. Incluso en el violento y vecino México, son 18. “Es común ver asesinatos en la calle”, dice Omar Rivera, director del Grupo Sociedad Civil de Tegucigalpa. “Estás expuesto a que un tiroteo te alcance a ti o a tu familia, no sabes a quién recurrir. Un día común para un hondureño implica evitar la muerte”.

 
Este magma violento, que llega de diferentes actores (maras o pandillas juveniles violentas, delincuencia común, narcotráfico, pobreza), se ha ido filtrando en la vida cotidiana de las familias. “Uno cree que por no estar involucrado con el crimen está seguro”, cuenta por teléfono Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), “pero hay muchos casos como el mío”. A su hijo de 22 años lo acribillaron a balazos en octubre en Tegucigalpa cuando volvía de una fiesta en el coche de su madre. Iba con un amigo que también murió asesinado. Los sospechosos son policías. Todo el proceso de investigación ha estado plagado de obstáculos. “Desde el primer día, la policía no ha colaborado, ha destruido pruebas, ha amenazado a los fiscales... hubo cuatro arrestados con un proceso administrativo, confesaron, pero les dieron un permiso de fin de semana y están en fuga. Solo uno se ha entregado”, cuenta Castellanos.

 
En Honduras y El Salvador las violentas maras han llegado a una relación simbiótica con el narco. “Las maras sirven como mano de obra barata para el uso de la violencia al servicio de los grandes traficantes y de personas que contratan sus servicios como sicarios”, explica José Miguel Cruz, experto salvadoreño en maras de la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Además, “cobran en droga, y la distribuyen, lo que ha provocado el aumento del consumo local”.


En Guatemala, que todavía lucha por superar las secuelas de una brutal y dilatada guerra civil (1960-1996), la llegada del narcotráfico erosiona aún más las ya de por sí débiles instituciones del Estado. La violencia preexistente se multiplica. Con una tasa de homicidios de 41 por cada 100.000 habitantes, otro tipo de delitos acrecienta la sensación de inseguridad. Los delincuentes amenazan por teléfono a sus víctimas con hacer “lo que ya saben” si no les pagan. El ministerio público guatemalteco recibió más de 800 denuncias mensuales por extorsiones telefónicas en 2011. Y el fenómeno se extiende por la región. El Gobierno salvadoreño registró casi más de 3.000 casos similares el año pasado. Es común que pequeñas tiendas de barrio reciban la visita de pandilleros que exigen dinero a cambio de permiso para trabajar. En Honduras, Rivera afirma que la población tiene un “sentimiento de indefensión” ante las autoridades. “El ciudadano sabe que jueces, fiscales y la policía están directa o indirectamente coludidos [en connivencia] con los criminales. La gente les teme”.

 
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un organismo creado por la ONU para apoyar la investigación de aparatos de seguridad clandestinos que trabajan con el apoyo (directo o indirecto) del Estado. Opera como una fiscalía internacional bajo las leyes guatemaltecas. Para explicar las dificultades de las instituciones en encarar la violencia, el comisionado, Francisco Dall’Anese Ruiz, cuenta esto: “En Guatemala se pagan muy pocos impuestos, no hay dinero para nada. Los salarios de los policías son muy bajos. En muchos casos, la policía estaba implicada en el crimen”. O esto: “Hay zonas muy difíciles de controlar frente al narco, como Petén, fronteriza con México y muy grande. El representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Guatemala fue a hacer una visita el año pasado a esa región. Unos narcos le pararon y le pidieron que se identificara para decidir si le dejaban entrar”.

 
Junto a Petén, hay otras dos regiones que constituyen puntos estratégicos en el viaje de la droga hacia EE UU. Atlántida (en Mosquitia, Honduras) y Sonsonate (costa pacífica de El Salvador). Los tres enclaves registran niveles de asesinatos que superan el ya alto promedio regional.

 
Pese a la negrura del panorama, hay espacio para el moderado optimismo. Dall’Anese asegura que en 2011, en Guatemala, “el número de homicidios no ha aumentado, se ha mantenido. No es consolador, pero es un avance”. Cita como ejemplos que “el ministerio público ha actuado con mayor rapidez y ha logrado más arrestos y la Fiscalía General del Estado ha ejercido un liderazgo clave”. El mayor reto es desterrar la impunidad: en 2010, en Guatemala, hubo solo 3,5 condenas por cada 100 homicidios.


Por Verónica Calderón / Silvia Blanco Madrid 19 FEB 2012 - 18:52 CET
 

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Libre comercio, sus repercusiones en el narcotráfico

Mientras México copa los titulares de las crecientes cifras de asesinatos y las violentas bandas de la droga, el verdadero y dramático derramamiento de sangre tiene lugar más al sur. Las naciones mucho más pequeñas de Guatemala y El Salvador viven su peor violencia desde las guerras civiles de los años ochenta, mientras Honduras es actualmente la capital del mundo en asesinatos con 86 homicidios por cada 100.000 habitantes; una tasa de asesinatos cinco veces mayor que la de México.

Incluso la relativamente pacífica Costa Rica, que se enorgullece del mejor estándar de vida de Centroamérica, ha sufrido una duplicación de su tasa de asesinatos desde 2004 en una ola de violencia que las autoridades atribuyen en gran parte al narcotráfico. Como resultado, Washington alienta a sus aliados, sobre todo derechistas, en la región a seguir las mismas políticas de militarización que han devastado Colombia y México.
 

Centroamérica se incluyó originalmente en el paquete de seguridad de la Iniciativa Mérida firmado por el gobierno de Bush en 2008, que prometió 1.600 millones dólares a la región durante dos años; la gran mayoría destinados a México. Desde 2010, la ayuda a la región ha aumentado siguiendo la Iniciativa Centroamericana de Seguridad Regional (CARSI), un retoño del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
 

Como en el caso de México, la mayor parte de la ayuda vuelve directamente a EE.UU. en pago por el suministro de equipamiento y entrenamiento a las fuerzas militares y policiales de la región. El año pasado, la secretaria de Estado Hillary Clinton anunció un presupuesto de 1.000 millones de dólares para CARSI, incluida una contribución de EE.UU. de 300 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) aflojará gran parte del resto en préstamos.
 

Es un negocio lucrativo, por cierto. Uno de los personajes más derechistas de Latinoamérica, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, viaja actualmente por Centroamérica por cuenta de la firma de seguridad Continental Security & Interactive Solutions (CIS) con base en Virginia. Uribe, quien sigue recompensando a Washington por su apoyo acrítico de su duro régimen, promueve el uso de compañías privadas de seguridad al estilo de Blackwater para combatir el crimen.
 

EE.UU. y Colombia entrenarán conjuntamente unidades policiales centroamericanas en una nueva base en Panamá, donde antaño estuvo ubicada la infame Escuela de las Américas. El objetivo declarado de la academia, que todavía no tiene nombre, es entrenar a las fuerzas policiales de la región en el patrullaje fronterizo, operaciones antinarcóticos y “el combate contra personas indocumentadas”.
 

CARSI viene naturalmente envuelta en la retórica magnánima sobre la “seguridad ciudadana” y los “gobiernos fuertes, capaces y responsables”. Pero Centroamérica es una región desolada por la pobreza, empeorada por la reciente liberalización de sus economías hacia un “libre comercio” al estilo del NAFTA. Veinte años después de los sangrientos conflictos de la era de la Guerra Fría, la resistencia civil sigue siendo reprimida con violencia por las mismas fuerzas militares, policiales y de seguridad privada que el gobierno de Obama quiere reforzar.
 

La “Guerra de la Droga” renovada

Sin ninguna duda el reciente aumento de la violencia en Centroamérica está vinculado al narcotráfico. Según Washington, un 84% de la cocaína traficada de Suramérica a EE.UU. pasa ahora por el corredor centroamericano, en comparación con solo un 23% en 2006. En mayo pasado, la masacre y decapitación de 27 personas en una granja en Peten, Guatemala, se realacinó con la banda mexicana de la droga Los Zetas, que ha perpetrado atrocidades semejantes en su propio país.
 

A estas alturas, está bien documentado que las “guerras de la droga” en México y Colombia han fracasado estrpitosamente, tanto en términos de la derrota del narcotráfico como en el aumento de la seguridad en esos países. México ha sufrido por lo menos 50.000 asesinatos relacionados con las bandas desde que el presidente Felipe Calderón militarizó la guerra contra las drogas en 2006. Con la ayuda de una cultura política de corrupción e impunidad, las propias bandas se han militarizado y el flujo de drogas es constante.
 

Como tal, la represión contra el crimen organizado tiene raíces más profundas en la política de EE.UU. en Latinoamérica. Aunque Washington ha perdido gran parte de su influencia en Suramérica durante la última década gracias a una ola de gobiernos progresistas e independientes, México, Centroamérica y las naciones del Caribe (menos Cuba) están trabados en lucrativos acuerdos de libre comercio por un valor de miles de millones de dólares para los inversionistas de EE.UU.
 

El Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano (CAFTA) se implementó en la mayor parte de la región en 2006 (Panamá firmó un acuerdo de libre comercio separado con EE.UU. el año pasado). Un vástago del modelo del NAFTA, que ha dejado en ruinas la agricultura mexicana mediante importaciones subvencionadas, CAFTA fue, de muchas maneras, un premio de consuelo para Washington después de que una propuesta Área de Libre Comercio de las Américas fuera bloqueada por países de tendencia izquierdista en 2003. Como en el caso del NAFTA, los medios dominantes de EE.UU. informan poco sobre las protestas generalizadas y la oposición política al CAFTA.
 

No es una coincidencia que una reunión de representantes de México, Colombia y Centroamérica para discutir la integración regional se haya celebrado unos días después de la cumbre inaugural de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en Venezuela; un nuevo bloque regional que trata de contapesar la dominación de EE.UU. en el hemisferio.
 

Ha habido numerosos estudios que vinculan las políticas neoliberales como NAFTA y CAFTA con el crecimiento del narcotráfico, desde el caso de agricultores mexicanos que recurren al cultivo de marihuana ante la competencia estadounidense a los barcos costarricenses dedicados a la pesca de arrastre a los que les quedan pocas alternativas aparte del contrabando de cocaína.
 

Las mismas políticas han llevado también a un desplazamiento generalizado de personas de las áreas rurales a merced de grandes corporaciones mineras, energéticas y de la agroindustria. En México, Colombia y Centroamérica organizaciones sociales y sindicales que exigen opinar sobre el asunto han sido víctimas de violentos ataques de las fuerzas de seguridad, paramilitares y bandas criminales.
 

“Nuestros bastardos”

Honduras es en la actualidad el caso más obvio de gobiernos centroamericanos “fuertes, responsables” que realizan una violenta represión contra sus ciudadanos. El país ha vivido una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad desde que el presidente Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado apoyado por el gobierno de Obama en junio de 2009. Después de que Porfirio Lobo, respaldado por EE.UU., asumió la presidencia en 2010, las violaciones de los derechos humanos aumentaron considerablemente junto al intento de la derecha de purgar el disenso.
 

Junto a su estratosférica tasa de homicidios, Honduras tiene la calificación de país más peligroso del mundo para los periodistas, según Reporteros sin Fronteras, y ha sufrido la muerte de unos 120 activistas políticos, sociales y sindicales asesinados en los dos últimos años. Para asombro de los defensores de los derechos humanos, Washington ha elogiado repetidamente al gobierno de Lobo por su “administración democrática” y su “compromiso con la reconciliación”.
 

Como en la era de la Guerra Fría, el derrocamiento de Manuel Zelaya por parte de las elites hondureñas fue el resultado de políticas que afectaban a los intereses de grandes terratenientes e inversionistas estadounidenses. Aparte de proponer un referéndum para modificar la constitución (mostrado como un intento de aferrarse indefinidamente al poder), el gobierno de Zelaya quería aumentar el salario mínimo, redistribuir la tierra en una región dominada por el lucrativo negocio del aceite de palma, y se opuso a la privatización masiva de los servicios públicos.
 

El modelo puede verse en toda la región. El nuevo presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, llamó inmediatamente a los militares a tomar poderes policiales, afirmando que las fuerzas policiales en todo el país han sido infiltradas por bandas de la droga como los Zetas. Exgeneral y graduado de la Escuela de las Américas, Pérez Molina jugó un papel destacado en la violenta represión y tortura de ciudadanos en los años ochenta, cuando la sangrienta guerra civil del país llegaba a su clímax.
 

El presidente saliente Álvaro Colom llegó a afirmar que los Zetas controlan “siete u ocho provincias [o] entre el 35% y el 40% de nuestro territorio”. Después de la masacre de Peten en la primavera pasada, sin embargo, el Secretariado de Seguridad Pública de México, citó vínculos entre la organización y miembros pasados o actuales de loa Kaibiles, las Fuerzas Especiales de Guatemala entrenadas en EE.UU. No debería ser una sorpresa en vista de que los Zetas fueron fundados por mercenarios de la propia unidad de Fuerzas Especiales de México.
 

Pérez Molina y otros personajes que están a punto de sumarse a su gabinete también han servido para obstaculizar el progreso del Comité Internacional contra la Impunidad (CICIG) patrocinado por las Naciones Unidas, formado para combatir la corrupción y finalmente llevar ante la justicia a los violadores de los derechos humanos del período de la Guerra Civil. El nuevo presidente ha afirmado increíblemente que no hubo masacres, violaciones de los derechos humanos ni genocidio durante el conflicto de treinta años que causó 200.000 guatemaltecos muertos o desaparecidos.
 

En El Salvador, Washington se negó a entregar fondos del CARSI al país hasta que el presidente Mauricio Funes encontrara un nuevo ministro de seguridad. El saliente, Manuel Melgar, es un ex comandante del FMLN, el grupo guerrillero convertido en partido político que dirigió la lucha de la nación contra la dictadura durante su propia guerra civil. Washington prefería a otro exgeneral, David Munguia Payes, para esa tarea; el primer oficial militar nombrado a una alta posición civil desde los acuerdos de paz del país de 1992.
 

Parece que EE.UU. tiene la intención de restaurar en el poder a los mismos actores militares que realizaron atrocidades ampliamente documentadas en Centroamérica durante la Guerra Fría. Esta vez la excusa no es la expansión soviética sino el narcotráfico, pero el verdadero enemigo sigue siendo el mismo, los gobiernos independientes, socialdemócratas que quieren poner las necesidades de sus ciudadanos por sobre los intereses de los inversores extranjeros.
 

La política de la “Guerra contra la Droga” no resiste si se considera el desastre impuesto a México desde que salieron los soldados a las calles en 2006. Pero ha sido extremadamente lucrativa para la industria del armamento de EE.UU., así como para volver a consolidar la influencia de Washington en lo que siempre ha considerado su “patio trasero”.

 

Paul Imison*
CounterPunch


Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

*Paul Imison vive en Ciudad de México. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

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México no logra frenar la narcoviolencia

Dos decapitados más en la puerta de un negocio, un promedio de 48 ejecutados por día a lo largo de 2011 y un total de 12.903 muertos por la llamada “narcolucha” en los últimos nueve meses, las cifras de la violencia que azota a México desde que el presidente Felipe Calderón lanzó en 2006 la ofensiva contra los carteles de la droga revelan la amplitud permanente de la narcoviolencia. La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer esta semana los índices oficiales de narcomuertos. Las estadísticas globales pueden traducirse así: 27 personas muertas por día, 819 cada mes, 9830 por año para un total de 47.515 homicidios contabilizados hasta el 30 de septiembre del año pasado. Las ONG y los analistas calculan que si se alargan los cálculos hasta diciembre de 2011 y se incorporan a las estadísticas la violencia que impera en estados como el de Sinaloa y Morelos, donde los asesinatos aumentaron en 84 y 44 por ciento respectivamente, el año terminará con 17.000 víctimas de la guerra cruzada entre los carteles de la droga y del Estado contra éstos.
 

Según datos de la misma Procuraduría General de la República (PGR), el narcotráfico está controlado por dos poderosos grupos: el de Joaquim Guzmán, alias el Chapo, jefe del Cartel de Sinaloa, y el de Osiel Cárdenas, patrón del Cartel del Golfo, para quien trabaja otra red de sicarios denominada Los Zetas, que se ha convertido en un actor preponderante de la narcoviolencia. Estos son apenas las dos principales organizaciones criminales. La procuraduría contabilizó a siete carteles operando en el país: el Cartel del Golfo, el de Tijuana, el de Ciudad Juárez, el de Sinaloa, el Cartel de Colima, el de Milenio y el Cartel de Oaxaca. La DEA norteamericana estima que existen 30 organizaciones criminales de peso y la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada de México (Siedo) calcula que hay más de 130 células de delincuentes estructurados en el territorio mexicano. La DEA, por supuesto, incurre en las hipocresías de siempre. Las estadísticas norteamericanas casi siempre excluyen la aplastante responsabilidad de Estados Unidos en el drama mexicano. Washington no sólo es el principal consumidor de la droga que sale de México sino, también, el país donde los narcos adquieren todas las armas que se usan en la guerra. Las supuestas “ayudas” de Estados Unidos son ridículas comparadas con la cifra de negocios que mueve el narcotráfico. La llamada Iniciativa Mérida, activada por el ex presidente George W. Bush en 2008 para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México y Centroamérica, asciende a 1500 millones de dólares. Es una lágrima sobre un incendio al lado de los 20 mil millones de dólares anuales que representa el narconegocio.
 

La gran mayoría de las víctimas están ligadas al narcoconflicto. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) aunados a los de la PRG permiten establecer que el 75 por ciento de los homicidios están relacionados con los narcos. Otro de los datos oficiales diseña la geografía del crimen: gran parte de las ejecuciones se concentran en ocho estados de los 32 con los que cuenta México: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Estado de México. La PRG estima que en esos ocho estados están desplegados y enfrentados entre sí los carteles de Sinaloa, de Juárez, los Beltrán Leyva, el Cartel del Golfo, Los Zetas, La Familia y Los Caballeros Templarios. El organismo oficial asegura en su resumen que 2011 fue el año en el cual el porcentaje de homicidios resultó menos importante. Sin embargo, es lícito adelantar que se trata sólo de datos preliminares en donde falta el último trimestre. Comparativamente, en 2010 se produjeron 15.273 homicidios.
 

La publicación de las cifras interviene al cabo de una dura polémica entre los medios y el Ejecutivo. El diario Milenio y el portal animipolitico.com habían asegurado que el gobierno federal estaba encubriendo los homicidios relacionados con el narcotráfico. El informe de la procuraduría es más leve que los cálculos extraoficiales: éstos evocaban más de 55 mil muertos en los seis años de mandato de Felipe Calderón. Los dos partidos de oposición al oficialista PAN, PRI y PRD, estimaron que el volumen aplastante de víctimas pone al desnudo el fracaso de la política de seguridad avalada por el jefe del Estado. El senador del PRI Francisco Labastida Ochoa declaró que cuando concluya “el sexenio de Felipe Calderón, el país va a contar con un número de personas muertas en la estrategia contra el crimen organizado superior al que tuvieron los estadounidenses en la guerra de Vietnam”.
 

Se trata, además, de muertos sin justicia. La Justicia mexicana es prácticamente incapaz de investigar y arrestar a los responsables. En noviembre pasado, la ONG Human Rights Watch denunció el hecho de que a la par del aumento de la violencia no se constató “un incremento de la cantidad de juicios penales”. Muy por el contrario, apenas “en una fracción de estos casos se han iniciado investigaciones”. 2011 terminó con un muerto cada media hora y una Justicia que, si bien arrestó a miles de personas, pronunció muy pocas sentencias. Ciudad Juárez fue en 2011 el municipio donde se registró el número mayor de víctimas. No es un azar geográfico. Ciudad Juárez es la plataforma estratégica de donde parte la droga hacia Estados Unidos y, por consiguiente, una zona de disputa central por el control de ese territorio entre los carteles de la droga.


 

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Miércoles, 18 Febrero 2009 06:36

Auge de la 'narcoviolencia' en Perú

Las calles de la capital peruana, Lima, no son tan inseguras como las de Tijuana o Ciudad Juárez, en México, pero en algunos momentos llegan a parecerse. Hechos recientes han confirmado a los peruanos que los ajustes de cuentas y enfrentamientos derivados del narcotráfico no son un problema exclusivo de otros países. El domingo, un colombiano llamado Frank Tenorio Mesa, que había llegado hacía cerca de un mes a Perú declarando que venía para probar suerte como futbolista, apareció muerto de tres balazos en la cabeza en el distrito de Chorrillos, lejos de cualquier campo de fútbol. Según testigos, fue golpeado por dos personas, que le arrebataron un CD antes de liquidarlo. La policía, que detuvo a un compatriota de la víctima casi de inmediato y sigue buscando a otro, señaló que lo más probable es que se trate de un nuevo ajuste de cuentas entre narcotraficantes. El último de una lista cada vez más larga.
 
Al día siguiente ocurrió otro hecho: dos grupos de narcotraficantes se enfrentaron a balazos en una calle residencial del puerto del Callao. Nadie murió, pero en la vía pública quedaron varios charcos de sangre. Cuando la policía revisó la calle, encontró en una vivienda unos 300 kilos de cocaína, que luego resultó estar mezclada con harina. La versión que manejan las autoridades es que narcos colombianos ?posiblemente, relacionados con el crimen del día anterior? intentaron venderla a otro grupo de mexicanos, que, al darse cuenta de la adulteración, la emprendió a tiros contra los timadores.
 
Aunque la violencia del narcotráfico no es cosa de todos los días en Perú, la sensación es que hechos como éstos ocurren con una frecuencia creciente. "Desde el año pasado, estamos viviendo una intensificación de los ajustes de cuentas y enfrentamientos armados", señala el experto en narcotráfico Jaime Antezana. "Sea por problemas en el negocio o por la disputa de rutas para exportar la droga, lo cierto es que se empieza a reproducir el estilo mexicano y las organizaciones peruanas han empezado a demostrar fuerza".
 
De hecho, la narcoviolencia es mucho mayor y más frecuente en el interior del país, y especialmente en las zonas de producción y en las rutas de salida de la droga. Según Antezana, en lo que va de este año sólo en la ciudad de Huanuco, ubicada cerca de la zona cocalera del valle del alto Huallaga, se han registrado seis homicidios por ajuste de cuentas entre narcos. Y el año pasado se produjeron enfrentamientos entre bandas en la frontera entre Perú y Brasil, así como ataques a la policía en alejadas zonas de producción, por lo que han terminado pasando casi inadvertidos en los noticiarios. En cambio, los crímenes protagonizados por supuestos sicarios en los últimos dos años no llegan a la decena.
 
El Gobierno aún no muestra signos de estar especialmente alarmado. "Yo veo muy lejano que Perú llegue a los niveles de violencia que tuvo Colombia o tiene México, pero si no tenemos la previsión necesaria, podemos sufrir un incremento de la violencia y también de la corrupción", señala Rómulo Pizarro, presidente de Devida, el zar antidrogas de Perú. Desde el año 2000, aproximadamente, el negocio de la exportación de droga peruana está controlado por los carteles mexicanos, y en especial por el de Sinaloa, que, según datos de la oficina antidrogas estadounidense (DEA), controla la salida del 80% de los estupefacientes producidos en el país.
 
La red del negocio es cada vez más compleja. Los colombianos, que antes se llevaban la parte gruesa del negocio, ahora participan en labores como el transporte de la droga y mejoras en el cultivo de coca, mientras que los peruanos se ocupan mayoritariamente de la producción, según Pizarro. Hace poco, una delegación mexicana se reunió con sus pares peruanos con el fin de mejorar la coordinación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y, especialmente, generar canales de cooperación directos entre las policías y las autoridades judiciales.
 
Sin embargo, la mayoría de los crímenes violentos no los cometen las mafias mexicanas, que, según Antezana, se limitan al control de calidad y exportación de la droga. "Son los narcos peruanos, las firmas peruanas que proveen la droga, los responsables de esas acciones", señala el experto.
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