Miércoles, 22 Febrero 2012 07:52

“Estudiar todas las opciones”

“Estudiar todas las opciones”
Durante una recorrida por un hospital guatemalteco, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideró que el fracaso de la política prohibicionista sobre ciertas drogas obliga a “estudiar todas las opciones, incluyendo la despenalización”. La argentina Mirta Roses no dijo esto a título personal ni fuera de contexto. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, viene insistiendo en que debe darse un debate hemisférico para regular los estupefacientes. “La postura (de OPS) está muy alineada con lo que dijo el presidente: hay que plantear un diálogo porque indudablemente las estrategias que se han llevado en las últimas cuatro o cinco décadas no han dado los resultados deseados”, dijo Roses.

Las declaraciones de quien dirige la OPS desde 2003 fueron hechas en una conferencia de prensa, junto al ministro de Salud Francisco Arredondo, tras recorrer el hospital Roosevelt y la Clínica del Niño Sano, el lunes pasado. Ese mismo día, el canciller guatemalteco, Harold Caballeros, viajó a Washington para reunirse con la secretaria de Estado Hillary Clinton. “Si ella no trata el tema, yo lo haré”, prometió el canciller al ser consultado sobre la propuesta despenalizadora de Pérez Molina.

“Lo que dijo el presidente Otto Pérez Molina es parte de un diálogo abierto por las Naciones Unidas”, afirmó Roses y recordó que una iniciativa similar fue presentada al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por “un consejo de notables”. La médica santafesina se refería a la Iniciativa Latinoamérica sobre Drogas y Democracia, integrada por varios ex presidentes de la región, periodistas, abogados, jueces y escritores consagrados: Mario Vargas Llosa, Paulo Cohelo y el recientemente fallecido Tomás Eloy Martínez.

Estas propuestas apuntan a centrarse en la atención sanitaria de los usuarios de drogas, apartándose del paradigma punitivo impulsado por los sucesivos gobiernos norteamericanos desde Richard Nixon en adelante. Por otro lado, buscar alternativas democráticas para enfrentar el fenómeno de la producción, tráfico y distribución de drogas ilegales. Se estima que la guerra contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en México sobrepasó las 50 mil muertes, en solo cinco años.

“Los expertos han hecho un informe donde plantean estudiar todas la opciones, incluida la despenalización para tratar este problema que se ha convertido en un virus maligno que infecta todas las áreas del Estado y la sociedad”, comentó Roses. Luego aclaró que despenalizar no es legalizar: “Es decir, ahora se puede producir la droga, se puede consumir la droga libremente, lo que se está planteando es regular y legislar de una manera distinta, para desmantelar el negocio que se ha ido construyendo en el combate al crimen organizado y el narcotráfico”.

La OPS tiene un fuerte vínculo institucional con la Organización Mundial de la Salud, aunque mantiene su independencia. Desde hace tres años auspicia las Conferencias Latinoamericanas sobre Política de Drogas, organizadas por la asociación argentina Intercambios. Además, fue pionera en adoptar la perspectiva de reducción de daños como forma posible de tratamiento para usuarios de drogas, en su Propuesta de Plan Estratégico 2008-2012. “Eso significó un salto político enorme porque implica el respeto por los derechos humanos de los usuarios. Que ahora planteen la despenalización me parece otro salto similar a ése”, advirtió Pablo Zimmerman, coordinador de relaciones institucionales de Intercambios. “Hay que sentarse a la mesa y ser capaz de ver las cosas de una manera diferente a ver si encontramos el camino, porque éste no nos a llevado al éxito, por el contrario, estamos en una situación mucho más crítica que dos décadas atrás”, reconoció Roses. Sus declaraciones volvieron a poner en el centro de la política sanitaria la despenalización, ya que la guerra contra las drogas mata a más personas que el consumo de éstas.

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Lunes, 20 Febrero 2012 06:36

La violencia incendia Centroamérica

La violencia incendia Centroamérica

La geografía de la violencia tiene en Centroamérica uno de sus puntos cardinales. El último informe sobre drogas de la ONU la define secamente como la región “más mortífera del mundo”, donde uno de cada 50 hombres morirá asesinado antes de los 31 años. Desentrañar esa frase pasa por una larga historia de pobreza, guerrillas, Estados frágiles, corrupción e impunidad. Pero otra vez la geografía, el hecho de estar situada en el principal canal de tránsito mundial de la droga hacia Estados Unidos —en particular Honduras, Guatemala y El Salvador, el llamado Triángulo del Norte— ha exacerbado esa tensión. Solo en Honduras hubo más asesinatos —6.236— el año pasado que víctimas de la represión en el mismo periodo de tiempo en Siria, inmersa en una guerra civil. El motín en la cárcel hondureña de Comayagua la pasada semana, que ha causado cerca de 400 muertos, hunde sus raíces en este panorama social de extrema violencia.

 
La situación ha llegado hasta tal punto que la semana pasada, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, desenterró el debate de la legalización del narcotráfico para frenar la sangría.

 
El Gobierno hondureño pidió el 1 de febrero “ayuda internacional” para combatir la delincuencia. El congreso aprobó un decreto para depurar la policía, la fiscalía y el Poder Judicial con la asesoría de expertos extranjeros. Los ministros de Seguridad y Defensa de El Salvador, Honduras y Guatemala se reunieron el viernes pasado para coordinar esfuerzos.


Mientras se libra la batalla, en Honduras se producen 82 homicidios por cada 100.000 habitantes al año. En Madrid es de uno por cada 100.000. Incluso en el violento y vecino México, son 18. “Es común ver asesinatos en la calle”, dice Omar Rivera, director del Grupo Sociedad Civil de Tegucigalpa. “Estás expuesto a que un tiroteo te alcance a ti o a tu familia, no sabes a quién recurrir. Un día común para un hondureño implica evitar la muerte”.

 
Este magma violento, que llega de diferentes actores (maras o pandillas juveniles violentas, delincuencia común, narcotráfico, pobreza), se ha ido filtrando en la vida cotidiana de las familias. “Uno cree que por no estar involucrado con el crimen está seguro”, cuenta por teléfono Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), “pero hay muchos casos como el mío”. A su hijo de 22 años lo acribillaron a balazos en octubre en Tegucigalpa cuando volvía de una fiesta en el coche de su madre. Iba con un amigo que también murió asesinado. Los sospechosos son policías. Todo el proceso de investigación ha estado plagado de obstáculos. “Desde el primer día, la policía no ha colaborado, ha destruido pruebas, ha amenazado a los fiscales... hubo cuatro arrestados con un proceso administrativo, confesaron, pero les dieron un permiso de fin de semana y están en fuga. Solo uno se ha entregado”, cuenta Castellanos.

 
En Honduras y El Salvador las violentas maras han llegado a una relación simbiótica con el narco. “Las maras sirven como mano de obra barata para el uso de la violencia al servicio de los grandes traficantes y de personas que contratan sus servicios como sicarios”, explica José Miguel Cruz, experto salvadoreño en maras de la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Además, “cobran en droga, y la distribuyen, lo que ha provocado el aumento del consumo local”.


En Guatemala, que todavía lucha por superar las secuelas de una brutal y dilatada guerra civil (1960-1996), la llegada del narcotráfico erosiona aún más las ya de por sí débiles instituciones del Estado. La violencia preexistente se multiplica. Con una tasa de homicidios de 41 por cada 100.000 habitantes, otro tipo de delitos acrecienta la sensación de inseguridad. Los delincuentes amenazan por teléfono a sus víctimas con hacer “lo que ya saben” si no les pagan. El ministerio público guatemalteco recibió más de 800 denuncias mensuales por extorsiones telefónicas en 2011. Y el fenómeno se extiende por la región. El Gobierno salvadoreño registró casi más de 3.000 casos similares el año pasado. Es común que pequeñas tiendas de barrio reciban la visita de pandilleros que exigen dinero a cambio de permiso para trabajar. En Honduras, Rivera afirma que la población tiene un “sentimiento de indefensión” ante las autoridades. “El ciudadano sabe que jueces, fiscales y la policía están directa o indirectamente coludidos [en connivencia] con los criminales. La gente les teme”.

 
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un organismo creado por la ONU para apoyar la investigación de aparatos de seguridad clandestinos que trabajan con el apoyo (directo o indirecto) del Estado. Opera como una fiscalía internacional bajo las leyes guatemaltecas. Para explicar las dificultades de las instituciones en encarar la violencia, el comisionado, Francisco Dall’Anese Ruiz, cuenta esto: “En Guatemala se pagan muy pocos impuestos, no hay dinero para nada. Los salarios de los policías son muy bajos. En muchos casos, la policía estaba implicada en el crimen”. O esto: “Hay zonas muy difíciles de controlar frente al narco, como Petén, fronteriza con México y muy grande. El representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Guatemala fue a hacer una visita el año pasado a esa región. Unos narcos le pararon y le pidieron que se identificara para decidir si le dejaban entrar”.

 
Junto a Petén, hay otras dos regiones que constituyen puntos estratégicos en el viaje de la droga hacia EE UU. Atlántida (en Mosquitia, Honduras) y Sonsonate (costa pacífica de El Salvador). Los tres enclaves registran niveles de asesinatos que superan el ya alto promedio regional.

 
Pese a la negrura del panorama, hay espacio para el moderado optimismo. Dall’Anese asegura que en 2011, en Guatemala, “el número de homicidios no ha aumentado, se ha mantenido. No es consolador, pero es un avance”. Cita como ejemplos que “el ministerio público ha actuado con mayor rapidez y ha logrado más arrestos y la Fiscalía General del Estado ha ejercido un liderazgo clave”. El mayor reto es desterrar la impunidad: en 2010, en Guatemala, hubo solo 3,5 condenas por cada 100 homicidios.


Por Verónica Calderón / Silvia Blanco Madrid 19 FEB 2012 - 18:52 CET
 

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Libre comercio, sus repercusiones en el narcotráfico

Mientras México copa los titulares de las crecientes cifras de asesinatos y las violentas bandas de la droga, el verdadero y dramático derramamiento de sangre tiene lugar más al sur. Las naciones mucho más pequeñas de Guatemala y El Salvador viven su peor violencia desde las guerras civiles de los años ochenta, mientras Honduras es actualmente la capital del mundo en asesinatos con 86 homicidios por cada 100.000 habitantes; una tasa de asesinatos cinco veces mayor que la de México.

Incluso la relativamente pacífica Costa Rica, que se enorgullece del mejor estándar de vida de Centroamérica, ha sufrido una duplicación de su tasa de asesinatos desde 2004 en una ola de violencia que las autoridades atribuyen en gran parte al narcotráfico. Como resultado, Washington alienta a sus aliados, sobre todo derechistas, en la región a seguir las mismas políticas de militarización que han devastado Colombia y México.
 

Centroamérica se incluyó originalmente en el paquete de seguridad de la Iniciativa Mérida firmado por el gobierno de Bush en 2008, que prometió 1.600 millones dólares a la región durante dos años; la gran mayoría destinados a México. Desde 2010, la ayuda a la región ha aumentado siguiendo la Iniciativa Centroamericana de Seguridad Regional (CARSI), un retoño del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
 

Como en el caso de México, la mayor parte de la ayuda vuelve directamente a EE.UU. en pago por el suministro de equipamiento y entrenamiento a las fuerzas militares y policiales de la región. El año pasado, la secretaria de Estado Hillary Clinton anunció un presupuesto de 1.000 millones de dólares para CARSI, incluida una contribución de EE.UU. de 300 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) aflojará gran parte del resto en préstamos.
 

Es un negocio lucrativo, por cierto. Uno de los personajes más derechistas de Latinoamérica, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, viaja actualmente por Centroamérica por cuenta de la firma de seguridad Continental Security & Interactive Solutions (CIS) con base en Virginia. Uribe, quien sigue recompensando a Washington por su apoyo acrítico de su duro régimen, promueve el uso de compañías privadas de seguridad al estilo de Blackwater para combatir el crimen.
 

EE.UU. y Colombia entrenarán conjuntamente unidades policiales centroamericanas en una nueva base en Panamá, donde antaño estuvo ubicada la infame Escuela de las Américas. El objetivo declarado de la academia, que todavía no tiene nombre, es entrenar a las fuerzas policiales de la región en el patrullaje fronterizo, operaciones antinarcóticos y “el combate contra personas indocumentadas”.
 

CARSI viene naturalmente envuelta en la retórica magnánima sobre la “seguridad ciudadana” y los “gobiernos fuertes, capaces y responsables”. Pero Centroamérica es una región desolada por la pobreza, empeorada por la reciente liberalización de sus economías hacia un “libre comercio” al estilo del NAFTA. Veinte años después de los sangrientos conflictos de la era de la Guerra Fría, la resistencia civil sigue siendo reprimida con violencia por las mismas fuerzas militares, policiales y de seguridad privada que el gobierno de Obama quiere reforzar.
 

La “Guerra de la Droga” renovada

Sin ninguna duda el reciente aumento de la violencia en Centroamérica está vinculado al narcotráfico. Según Washington, un 84% de la cocaína traficada de Suramérica a EE.UU. pasa ahora por el corredor centroamericano, en comparación con solo un 23% en 2006. En mayo pasado, la masacre y decapitación de 27 personas en una granja en Peten, Guatemala, se realacinó con la banda mexicana de la droga Los Zetas, que ha perpetrado atrocidades semejantes en su propio país.
 

A estas alturas, está bien documentado que las “guerras de la droga” en México y Colombia han fracasado estrpitosamente, tanto en términos de la derrota del narcotráfico como en el aumento de la seguridad en esos países. México ha sufrido por lo menos 50.000 asesinatos relacionados con las bandas desde que el presidente Felipe Calderón militarizó la guerra contra las drogas en 2006. Con la ayuda de una cultura política de corrupción e impunidad, las propias bandas se han militarizado y el flujo de drogas es constante.
 

Como tal, la represión contra el crimen organizado tiene raíces más profundas en la política de EE.UU. en Latinoamérica. Aunque Washington ha perdido gran parte de su influencia en Suramérica durante la última década gracias a una ola de gobiernos progresistas e independientes, México, Centroamérica y las naciones del Caribe (menos Cuba) están trabados en lucrativos acuerdos de libre comercio por un valor de miles de millones de dólares para los inversionistas de EE.UU.
 

El Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano (CAFTA) se implementó en la mayor parte de la región en 2006 (Panamá firmó un acuerdo de libre comercio separado con EE.UU. el año pasado). Un vástago del modelo del NAFTA, que ha dejado en ruinas la agricultura mexicana mediante importaciones subvencionadas, CAFTA fue, de muchas maneras, un premio de consuelo para Washington después de que una propuesta Área de Libre Comercio de las Américas fuera bloqueada por países de tendencia izquierdista en 2003. Como en el caso del NAFTA, los medios dominantes de EE.UU. informan poco sobre las protestas generalizadas y la oposición política al CAFTA.
 

No es una coincidencia que una reunión de representantes de México, Colombia y Centroamérica para discutir la integración regional se haya celebrado unos días después de la cumbre inaugural de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en Venezuela; un nuevo bloque regional que trata de contapesar la dominación de EE.UU. en el hemisferio.
 

Ha habido numerosos estudios que vinculan las políticas neoliberales como NAFTA y CAFTA con el crecimiento del narcotráfico, desde el caso de agricultores mexicanos que recurren al cultivo de marihuana ante la competencia estadounidense a los barcos costarricenses dedicados a la pesca de arrastre a los que les quedan pocas alternativas aparte del contrabando de cocaína.
 

Las mismas políticas han llevado también a un desplazamiento generalizado de personas de las áreas rurales a merced de grandes corporaciones mineras, energéticas y de la agroindustria. En México, Colombia y Centroamérica organizaciones sociales y sindicales que exigen opinar sobre el asunto han sido víctimas de violentos ataques de las fuerzas de seguridad, paramilitares y bandas criminales.
 

“Nuestros bastardos”

Honduras es en la actualidad el caso más obvio de gobiernos centroamericanos “fuertes, responsables” que realizan una violenta represión contra sus ciudadanos. El país ha vivido una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad desde que el presidente Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado apoyado por el gobierno de Obama en junio de 2009. Después de que Porfirio Lobo, respaldado por EE.UU., asumió la presidencia en 2010, las violaciones de los derechos humanos aumentaron considerablemente junto al intento de la derecha de purgar el disenso.
 

Junto a su estratosférica tasa de homicidios, Honduras tiene la calificación de país más peligroso del mundo para los periodistas, según Reporteros sin Fronteras, y ha sufrido la muerte de unos 120 activistas políticos, sociales y sindicales asesinados en los dos últimos años. Para asombro de los defensores de los derechos humanos, Washington ha elogiado repetidamente al gobierno de Lobo por su “administración democrática” y su “compromiso con la reconciliación”.
 

Como en la era de la Guerra Fría, el derrocamiento de Manuel Zelaya por parte de las elites hondureñas fue el resultado de políticas que afectaban a los intereses de grandes terratenientes e inversionistas estadounidenses. Aparte de proponer un referéndum para modificar la constitución (mostrado como un intento de aferrarse indefinidamente al poder), el gobierno de Zelaya quería aumentar el salario mínimo, redistribuir la tierra en una región dominada por el lucrativo negocio del aceite de palma, y se opuso a la privatización masiva de los servicios públicos.
 

El modelo puede verse en toda la región. El nuevo presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, llamó inmediatamente a los militares a tomar poderes policiales, afirmando que las fuerzas policiales en todo el país han sido infiltradas por bandas de la droga como los Zetas. Exgeneral y graduado de la Escuela de las Américas, Pérez Molina jugó un papel destacado en la violenta represión y tortura de ciudadanos en los años ochenta, cuando la sangrienta guerra civil del país llegaba a su clímax.
 

El presidente saliente Álvaro Colom llegó a afirmar que los Zetas controlan “siete u ocho provincias [o] entre el 35% y el 40% de nuestro territorio”. Después de la masacre de Peten en la primavera pasada, sin embargo, el Secretariado de Seguridad Pública de México, citó vínculos entre la organización y miembros pasados o actuales de loa Kaibiles, las Fuerzas Especiales de Guatemala entrenadas en EE.UU. No debería ser una sorpresa en vista de que los Zetas fueron fundados por mercenarios de la propia unidad de Fuerzas Especiales de México.
 

Pérez Molina y otros personajes que están a punto de sumarse a su gabinete también han servido para obstaculizar el progreso del Comité Internacional contra la Impunidad (CICIG) patrocinado por las Naciones Unidas, formado para combatir la corrupción y finalmente llevar ante la justicia a los violadores de los derechos humanos del período de la Guerra Civil. El nuevo presidente ha afirmado increíblemente que no hubo masacres, violaciones de los derechos humanos ni genocidio durante el conflicto de treinta años que causó 200.000 guatemaltecos muertos o desaparecidos.
 

En El Salvador, Washington se negó a entregar fondos del CARSI al país hasta que el presidente Mauricio Funes encontrara un nuevo ministro de seguridad. El saliente, Manuel Melgar, es un ex comandante del FMLN, el grupo guerrillero convertido en partido político que dirigió la lucha de la nación contra la dictadura durante su propia guerra civil. Washington prefería a otro exgeneral, David Munguia Payes, para esa tarea; el primer oficial militar nombrado a una alta posición civil desde los acuerdos de paz del país de 1992.
 

Parece que EE.UU. tiene la intención de restaurar en el poder a los mismos actores militares que realizaron atrocidades ampliamente documentadas en Centroamérica durante la Guerra Fría. Esta vez la excusa no es la expansión soviética sino el narcotráfico, pero el verdadero enemigo sigue siendo el mismo, los gobiernos independientes, socialdemócratas que quieren poner las necesidades de sus ciudadanos por sobre los intereses de los inversores extranjeros.
 

La política de la “Guerra contra la Droga” no resiste si se considera el desastre impuesto a México desde que salieron los soldados a las calles en 2006. Pero ha sido extremadamente lucrativa para la industria del armamento de EE.UU., así como para volver a consolidar la influencia de Washington en lo que siempre ha considerado su “patio trasero”.

 

Paul Imison*
CounterPunch


Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

*Paul Imison vive en Ciudad de México. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

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México no logra frenar la narcoviolencia

Dos decapitados más en la puerta de un negocio, un promedio de 48 ejecutados por día a lo largo de 2011 y un total de 12.903 muertos por la llamada “narcolucha” en los últimos nueve meses, las cifras de la violencia que azota a México desde que el presidente Felipe Calderón lanzó en 2006 la ofensiva contra los carteles de la droga revelan la amplitud permanente de la narcoviolencia. La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer esta semana los índices oficiales de narcomuertos. Las estadísticas globales pueden traducirse así: 27 personas muertas por día, 819 cada mes, 9830 por año para un total de 47.515 homicidios contabilizados hasta el 30 de septiembre del año pasado. Las ONG y los analistas calculan que si se alargan los cálculos hasta diciembre de 2011 y se incorporan a las estadísticas la violencia que impera en estados como el de Sinaloa y Morelos, donde los asesinatos aumentaron en 84 y 44 por ciento respectivamente, el año terminará con 17.000 víctimas de la guerra cruzada entre los carteles de la droga y del Estado contra éstos.
 

Según datos de la misma Procuraduría General de la República (PGR), el narcotráfico está controlado por dos poderosos grupos: el de Joaquim Guzmán, alias el Chapo, jefe del Cartel de Sinaloa, y el de Osiel Cárdenas, patrón del Cartel del Golfo, para quien trabaja otra red de sicarios denominada Los Zetas, que se ha convertido en un actor preponderante de la narcoviolencia. Estos son apenas las dos principales organizaciones criminales. La procuraduría contabilizó a siete carteles operando en el país: el Cartel del Golfo, el de Tijuana, el de Ciudad Juárez, el de Sinaloa, el Cartel de Colima, el de Milenio y el Cartel de Oaxaca. La DEA norteamericana estima que existen 30 organizaciones criminales de peso y la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada de México (Siedo) calcula que hay más de 130 células de delincuentes estructurados en el territorio mexicano. La DEA, por supuesto, incurre en las hipocresías de siempre. Las estadísticas norteamericanas casi siempre excluyen la aplastante responsabilidad de Estados Unidos en el drama mexicano. Washington no sólo es el principal consumidor de la droga que sale de México sino, también, el país donde los narcos adquieren todas las armas que se usan en la guerra. Las supuestas “ayudas” de Estados Unidos son ridículas comparadas con la cifra de negocios que mueve el narcotráfico. La llamada Iniciativa Mérida, activada por el ex presidente George W. Bush en 2008 para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México y Centroamérica, asciende a 1500 millones de dólares. Es una lágrima sobre un incendio al lado de los 20 mil millones de dólares anuales que representa el narconegocio.
 

La gran mayoría de las víctimas están ligadas al narcoconflicto. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) aunados a los de la PRG permiten establecer que el 75 por ciento de los homicidios están relacionados con los narcos. Otro de los datos oficiales diseña la geografía del crimen: gran parte de las ejecuciones se concentran en ocho estados de los 32 con los que cuenta México: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Estado de México. La PRG estima que en esos ocho estados están desplegados y enfrentados entre sí los carteles de Sinaloa, de Juárez, los Beltrán Leyva, el Cartel del Golfo, Los Zetas, La Familia y Los Caballeros Templarios. El organismo oficial asegura en su resumen que 2011 fue el año en el cual el porcentaje de homicidios resultó menos importante. Sin embargo, es lícito adelantar que se trata sólo de datos preliminares en donde falta el último trimestre. Comparativamente, en 2010 se produjeron 15.273 homicidios.
 

La publicación de las cifras interviene al cabo de una dura polémica entre los medios y el Ejecutivo. El diario Milenio y el portal animipolitico.com habían asegurado que el gobierno federal estaba encubriendo los homicidios relacionados con el narcotráfico. El informe de la procuraduría es más leve que los cálculos extraoficiales: éstos evocaban más de 55 mil muertos en los seis años de mandato de Felipe Calderón. Los dos partidos de oposición al oficialista PAN, PRI y PRD, estimaron que el volumen aplastante de víctimas pone al desnudo el fracaso de la política de seguridad avalada por el jefe del Estado. El senador del PRI Francisco Labastida Ochoa declaró que cuando concluya “el sexenio de Felipe Calderón, el país va a contar con un número de personas muertas en la estrategia contra el crimen organizado superior al que tuvieron los estadounidenses en la guerra de Vietnam”.
 

Se trata, además, de muertos sin justicia. La Justicia mexicana es prácticamente incapaz de investigar y arrestar a los responsables. En noviembre pasado, la ONG Human Rights Watch denunció el hecho de que a la par del aumento de la violencia no se constató “un incremento de la cantidad de juicios penales”. Muy por el contrario, apenas “en una fracción de estos casos se han iniciado investigaciones”. 2011 terminó con un muerto cada media hora y una Justicia que, si bien arrestó a miles de personas, pronunció muy pocas sentencias. Ciudad Juárez fue en 2011 el municipio donde se registró el número mayor de víctimas. No es un azar geográfico. Ciudad Juárez es la plataforma estratégica de donde parte la droga hacia Estados Unidos y, por consiguiente, una zona de disputa central por el control de ese territorio entre los carteles de la droga.


 

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Miércoles, 18 Febrero 2009 06:36

Auge de la 'narcoviolencia' en Perú

Las calles de la capital peruana, Lima, no son tan inseguras como las de Tijuana o Ciudad Juárez, en México, pero en algunos momentos llegan a parecerse. Hechos recientes han confirmado a los peruanos que los ajustes de cuentas y enfrentamientos derivados del narcotráfico no son un problema exclusivo de otros países. El domingo, un colombiano llamado Frank Tenorio Mesa, que había llegado hacía cerca de un mes a Perú declarando que venía para probar suerte como futbolista, apareció muerto de tres balazos en la cabeza en el distrito de Chorrillos, lejos de cualquier campo de fútbol. Según testigos, fue golpeado por dos personas, que le arrebataron un CD antes de liquidarlo. La policía, que detuvo a un compatriota de la víctima casi de inmediato y sigue buscando a otro, señaló que lo más probable es que se trate de un nuevo ajuste de cuentas entre narcotraficantes. El último de una lista cada vez más larga.
 
Al día siguiente ocurrió otro hecho: dos grupos de narcotraficantes se enfrentaron a balazos en una calle residencial del puerto del Callao. Nadie murió, pero en la vía pública quedaron varios charcos de sangre. Cuando la policía revisó la calle, encontró en una vivienda unos 300 kilos de cocaína, que luego resultó estar mezclada con harina. La versión que manejan las autoridades es que narcos colombianos ?posiblemente, relacionados con el crimen del día anterior? intentaron venderla a otro grupo de mexicanos, que, al darse cuenta de la adulteración, la emprendió a tiros contra los timadores.
 
Aunque la violencia del narcotráfico no es cosa de todos los días en Perú, la sensación es que hechos como éstos ocurren con una frecuencia creciente. "Desde el año pasado, estamos viviendo una intensificación de los ajustes de cuentas y enfrentamientos armados", señala el experto en narcotráfico Jaime Antezana. "Sea por problemas en el negocio o por la disputa de rutas para exportar la droga, lo cierto es que se empieza a reproducir el estilo mexicano y las organizaciones peruanas han empezado a demostrar fuerza".
 
De hecho, la narcoviolencia es mucho mayor y más frecuente en el interior del país, y especialmente en las zonas de producción y en las rutas de salida de la droga. Según Antezana, en lo que va de este año sólo en la ciudad de Huanuco, ubicada cerca de la zona cocalera del valle del alto Huallaga, se han registrado seis homicidios por ajuste de cuentas entre narcos. Y el año pasado se produjeron enfrentamientos entre bandas en la frontera entre Perú y Brasil, así como ataques a la policía en alejadas zonas de producción, por lo que han terminado pasando casi inadvertidos en los noticiarios. En cambio, los crímenes protagonizados por supuestos sicarios en los últimos dos años no llegan a la decena.
 
El Gobierno aún no muestra signos de estar especialmente alarmado. "Yo veo muy lejano que Perú llegue a los niveles de violencia que tuvo Colombia o tiene México, pero si no tenemos la previsión necesaria, podemos sufrir un incremento de la violencia y también de la corrupción", señala Rómulo Pizarro, presidente de Devida, el zar antidrogas de Perú. Desde el año 2000, aproximadamente, el negocio de la exportación de droga peruana está controlado por los carteles mexicanos, y en especial por el de Sinaloa, que, según datos de la oficina antidrogas estadounidense (DEA), controla la salida del 80% de los estupefacientes producidos en el país.
 
La red del negocio es cada vez más compleja. Los colombianos, que antes se llevaban la parte gruesa del negocio, ahora participan en labores como el transporte de la droga y mejoras en el cultivo de coca, mientras que los peruanos se ocupan mayoritariamente de la producción, según Pizarro. Hace poco, una delegación mexicana se reunió con sus pares peruanos con el fin de mejorar la coordinación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico y, especialmente, generar canales de cooperación directos entre las policías y las autoridades judiciales.
 
Sin embargo, la mayoría de los crímenes violentos no los cometen las mafias mexicanas, que, según Antezana, se limitan al control de calidad y exportación de la droga. "Son los narcos peruanos, las firmas peruanas que proveen la droga, los responsables de esas acciones", señala el experto.
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