Proyecto de la FAO prevé combatir la pobreza rural en 100 territorios de AL

Rezagados y vulnerables son los 100 territorios de América Latina en los que la Organización de las Naciones Unidas pondrá el foco para contener la pobreza rural, estrategia que busca mejorar la vida de las comunidades y evitar conflictos como los generados por las migraciones masivas y el narcotráfico.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) presentó este martes en Santiago de Chile su estrategia Cien Territorios Libres de Pobreza y Hambre, que busca intervenir en el contexto de políticas públicas y trabajar junto con gobiernos, organizaciones, empresas y otros actores civiles, con el objetivo de combatir nudos de extrema pobreza que ponen en riesgo la vida de unos 40 millones de latinoamericanos.

En una primera etapa, la FAO trabajará con Colombia, Guatemala, Honduras, Salvador y República Dominicana, y luego espera que se sumen otros países de América Latina, donde casi la mitad de la población rural vive en la pobreza, según datos del organismo.

Las áreas rezagadas son "muchas veces tierras invisibles y otra veces territorios a los que estamos llevando las soluciones equivocadas", por eso la FAO decidió “poner el foco de atención ahí", señaló Julio Berdegué, representante regional de la organización, con sede en Roma.

Hasta ahora la FAO ha identificado mil 975 municipios en 14 países que agrupan a más de 40 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria. De éstos, la mitad (20.9 millones) vive en el campo y el resto en pueblos y pequeñas ciudades. Casi uno de cada cinco son indígenas o afrodescencientes y uno de cada cinco hogares está liderado por una mujer.

Con 547 municipios, México lidera la lista de zonas rurales más rezagadas, seguido de Perú, con 422, Brasil con 229 y Colombia con 213.

El representante señaló que cuando las zonas rurales quedan rezagadas y viven en pobreza pueden ser fuentes de conflictos vinculados al narcotráfico, como la producción de coca o amapola para heroína, el desarrollo de economías ilegales o generar migraciones masivas.

"Los problemas de las caravanas gigantescas de migrantes en Centroamérica, que cruzan México y quieren llegar a Estados Unidos, generan todo tipo de problemas internacionales", apuntó Berdegué.

"Nadie dice que el origen de eso son los territorios de extrema pobreza y el abandono, sino que le ponemos atención hasta que tenemos un problema", señaló.

Tras años de buenas noticias y grandes avances en la lucha contra la pobreza, la región está "caminando hacia atrás" con aumentos en las tasas de extrema pobreza global y con casi la mitad de los habitantes de zonas rurales de América Latina inmersos en la pobreza, advierte la organización.

Para Berdegué, estos territorios rezagados son como lugares detenidos en el tiempo. "Incluso en los países con los mayores avances hay territorios rurales que se han quedado atrás, donde las personas viven en condiciones sociales que se asemejan a las que había hace 50 años", dice.

Hacerse cargo de estas localidades perdidas es necesario "no sólo por el motivo ético de que estas personas, niños vivan una mejor vida, sino porque son fuente de enormes conflictos, de enormes tensiones para el conjunto de los países", agregó el funcionario.

Según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el número de personas que vive en la pobreza aumentó en 2017 a un máximo en una década.

En el caso de las zonas rurales, la pobreza alcanza 48.6 por ciento de la población y en algunas áreas más vulnerables el porcentaje se eleva a 70 puntos, de acuerdo con datos de la FAO.

Mariana Escobar, consultora de la FAO especialista en desarrollo rural, especificó que en momentos de contracción de las economías de la región, es necesario mejorar la coordinación, el uso de datos y aplicar la creatividad frente al exceso de burocracia.

También destacó la necesidad de fortalecer a los actores locales y líderes sociales en estos territorios.

"La tarea de avanzar en este reto tan grande de la pobreza rural es tarea de los gobiernos, pero éstos no pueden solos", apuntó.

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En la imagen, una escena de la película 'Pajaros de verano'.

Ciro Guerra y Cristina Gallego cuentan la verdadera historia del narcotráfico en Colombia en ‘Pájaros de verano’, historia trágica de la irrupción salvaje del capitalismo en la comunidad indígena wayuu y de la fractura de la identidad colombiana provocada por EE.UU.

“Esta es una historia dolorosa, muy dura, pero así somos nosotros”. Hastiados, irritados y ofendidos por la imagen que el cine norteamericano ha creado del pueblo colombiano, Ciro Guerra y Cristina Gallego decidieron contar la verdad sobre “el origen del narcotráfico en el mundo, la historia original, el inicio de todo”. Lo han hecho en Pájaros de verano, una espléndida película, de fascinante belleza visual y una de las mejores de 2018.

Esta no es otra película de narcos. Es cine de género, sí, pero y es una tragedia clásica, es una reflexión sobre la fractura de la identidad colombiana provocada por EE.UU., un valioso relato sobre la irrupción salvaje del capitalismo en una sociedad de tradiciones milenarias, el retrato de una familia “que metafóricamente es como una nación” y el descubrimiento de la cultura wayuu, un mundo matrilineal, de sueños, muertos y espíritus “de donde bebe buena parte de García Márquez”.

Estrenada en la Quincena de Realizadores de Cannes y presente en la sección Perlas de San Sebastián y en Toronto, Pájaros de verano se alzó con el premio a la Mejor Película en La Habana y en los Premios Fénix. Ambientada en los 70, cuenta cómo la afición de la cultura hippie americana a la marihuana convirtió a los agricultores del pueblo indígena wayuu en empresarios. El liderazgo, la codicia, el poder transformó una vida pacífica en una guerra fratricida, en la que “Colombia se ha llevado toda la sangre y los muertos”. Los directores explican en esta entrevista con Público todas las claves de su película.

 

Ciro Guerra y Cristina Gallego,sentados, en el rodaje.

Ciro Guerra y Cristina Gallego,sentados, en el rodaje.
 


Los wayuu cultivaban café y lo cambiaron por el cultivo de marihuana en los años 70. ¿Ahí nace todo?

Sí. Ese es el origen del narcotráfico en el mundo, la historia original, el inicio de todo. Es una especie de leyenda, una historia mítica en el Caribe colombiano, nunca representada por el cine. Primero fue el cultivo de café, luego el tráfico de marihuana y luego el de cocaína. Los wayuu viven en una región muy apartada, son una sociedad tradicional. Y por ahí fue por donde empezó la transformación social del pueblo colombiano. Llegó el capitalismo y la modernidad de una forma despiadada y violenta.


Esta historia del narcotráfico tiene poco que ver con la que se cuenta desde EE.UU.

Cuando pensamos en hacer una nueva película, nos preguntamos qué historia podíamos contar y qué podíamos traer nuevo al cine. Las aventuras de los exploradores siempre se han contado desde otras cinematografías, ahora íbamos a contarla desde la colombiana, no desde la gringa. La imagen que ha dado el cine de los colombianos no es una visión nada cómoda, no hemos sido retratados con justicia. En realidad la historia del narcotráfico es la historia trágica de una nación, de cómo irrumpe el capitalismo, y ahora ya es la historia de Latinoamérica.


¿El mundo de la droga desde perspectivas opuestas?

Sí. Hay una doble moral sobre el tema de las drogas. En EE.UU. se permite para usos médicos, pero en Latinoamérica ha sido una tragedia. Y Colombia se ha llevado toda la sangre y los muertos. En Colombia había un tabú respecto a hablar del narco como colombiano. Estamos cansados de películas colombianas de narcos, cuando todo se ha provocado desde EE.UU.


¿Qué piensan de la glorificación de los mafiosos que ha hecho el cine?

La glorificación de los mafiosos y de los asesinos. El retrato que han hecho los gringos de nosotros es como si la guerra la contaran los nazis. ¡Hoy hay jóvenes que son fans de Pablo Escobar! Y en realidad esta es la historia de la destrucción de las bases de una sociedad, de la imposibilidad de asumir la modernidad de forma normal.


¿Se puede ver entonces a la familia de esta historia como una alegoría de Colombia?

Sí, es una familia que metafóricamente es como una nación. En esa familia hay unos códigos, pero nosotros no queríamos hablar de buenos y malos, ni siquiera queríamos hablar de narcotráfico, sino del momento en que se quiebra todo en una familia. Es el momento en que se manejan las relaciones de poder en una familia. Ahí está el punto en el que la película logra conectarse con los espectadores.


¿Se plantearon la película desde el género?

Claro. Investigando, escuchamos muchas historias que sonaban a western y a gangsters, pero la lucha entre clanes nos recordaba también a la tragedia griega.


¿Pretendían, de algún modo, reivindicar la cultural del pueblo indígena wayuu?

Era esencial. En la cultura wayuu, las mujeres son las que guían el comercio, la política y las relaciones con el mundo de los sueños y de los muertos. El mundo wayuu es de donde bebe buena parte de García Márquez. Los géneros de la literatura y el cine son tradicionalmente machistas, por eso una mujer fuerte como la de nuestra película renueva el género. La sociedad wayuu vive en el desierto, es la población indígena colombiana más grande. Está en la frontera con Venezuela y tiene 400.000 habitantes aproximadamente. Es muy rica. Tiene la mina a cielo abierto de carbón más grande del mundo. Sin embargo, es el departamento que tiene más corrupción y más muertes por desnutrición infantil en Colombia.


¿Ahora están alejados del narcotráfico?

Sí. Cuando California empezó a producir marihuana, todo desapareció. Los wayuus prefirieron combatir a los narcos, enfrentarse a ellos, que seguir con la guerra entre ellos, no quisieron más de eso después de lo que pasó. Pero ahí quedó la corrupción y la lucha entre clanes.


¿Quieren decir que la llegada del capitalismo y la codicia les han colonizado?

Así es. Esta historia es la historia de la colonización, la misma que la de gran parte del mundo que no es europeo. La historia del mestizaje de Latinoamérica. Después de 1800, toda la política y economía se asentaron sobre las bases de la colonización. Pero esa es una visión incómoda de muchos aspectos históricos.
En la imagen, una escena de la película 'Pajaros de verano'.

 

 

En la imagen, una escena de la película 'Pajaros de verano'.

En la imagen, una escena de la película 'Pajaros de verano'.

 


¿También una visión incómoda del narcotráfico?

El narcotráfico es ahora un problema mundial. Es la base para la economía subterránea, donde la ley muere y se negocia con las armas, la gente, los órganos... Solo se benefician los bancos y los estados. Nosotros fuimos el chivo expiatorio. Ahora estamos viviendo una crisis de opiáceos gigante, en la que hay varios países exportadores.


Volviendo a los wayuus, ¿cómo han recibido ellos la película?

La película se ha hecho con la comunidad wayuu. De ella es parte del equipo técnico y del elenco. Está representada de manera muy cercana, han formado parte del proceso de guion. Ellos están orgullosos de la manera en que aparecen representados en la película. Ahora se pueden ver su idioma, sus mitos y tradiciones representadas. Y hay un nivel de la película que solo pueden ver ellos. Eso es muy emocionante.


¿Cómo es posible que se sepa tan poco de ellos?

En realidad, no sabemos nada de ellos tampoco en Colombia. Siempre ha habido miedo a mostrarles, ahora también, porque la película tampoco les saca muy bien parados. Ellos dicen que esta es una “historia dolorosa, muy dura, pero así somos”. Creemos que Pájaros de verano añade dignidad a sus comunidades. Hasta hora el estado colombiano es súper paternalista con ellos y eso les quita la dignidad.

 

Trailer de Pájaros de verano

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Lunes, 18 Febrero 2019 05:59

El Chapo y el fracaso de la guerra

El Chapo y el fracaso de la guerra

Después de más de tres meses de cubrir el "juicio del siglo" del “narco más poderoso del mundo”, culminando con las palabra "culpable" seguido de grandes proclamaciones de las autoridades y gobernantes estadunidenses sobre "este gran triunfo de su guerra contra las drogas" (uno afirmó que el caso demostraba que los que dudan de esa guerra "están equivocados"), todos sabemos que esto no cambia nada.

SÍ algo, el juicio El Chapo sólo comprobó una vez más el fracaso de la guerra antinarcóticos impulsada hace casi medio siglo. Desde que el capo fue arrestado y encarcelado por última vez en México en 2016, y luego extraditado aquí, hay más drogas ilícitas disponibles en Estados Unidos y en el mundo.

Hay más cocaína que nunca en las calles de este país y su producción mundial llegó a un récord histórico, igual que la de opio, según cifras oficiales de Estados Unidos y la ONU.

En Estados Unidos hay una epidemia oficial que mató por sobredosis de droga a más de 72 mil estadunidenses en 2017 (las cifras oficiales más recientes) más que el total de fallecimientos estadunidenses en las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán combinadas. Esa epidemia es impulsada sobre todo por opiáceos responsables de unas 50 mil muertes, incluida la heroína, pero también medicamentos legales obtenidos con receta médica. O sea, algunos de los Chapos de este negocio están vestidos de doctores y de ejecutivos de farmacéuticas estadunidenses.

Al festejar el juicio exitoso contra El Chapo, tanto los fiscales como sus jefes en Washington repitieron que tanto los narcos "extranjeros" como los mexicanos y los colombianos, "envenenan" y "destruyen" a los ciudadanos estadunidenses con sus drogas (aparentemente, los estadunidenses jamás consumirían tales cosas sin que los "hombres malos" los obliguen).

El propio bufón peligroso en la Casa Blanca usa ese mismo pretexto casi todos los días con el argumento para su muro y sus políticas antimigrantes. Y el juicio a El Chapo sirvió para nutrir esta narrativa y para justificar su guerra fracasada en la que invierten unos 50 mil millones de dólares al año.

Esa "guerra contra las drogas" fue primero declarada por el presidente Richard Nixon en 1971 con propósitos políticos, para criminalizar la creciente ola disidente contra la guerra y la militancia de los afroestadunidenses, tal como lo confesó uno de los asesores clave del presidente.

Los costos humanos comprueban que esta es una guerra contra los pobres: del lado mexicano no necesitamos repetir las estadísticas inaguantables que toda persona semiconsciente conoce, demasiados no sólo por lo que leen, sino por lo que han sufrido. De este lado, en Estados Unidos, las estadísticas demuestran algo similar en términos de quiénes son los que pagan los costos: los pobres, los más vulnerables.

Desde que se lanzó la "guerra contra las drogas" las prisiones de Estados Unidos se llenaron de jóvenes pobres afroestadunidenses, latinos y, sí, blancos a tal nivel que ahora la población estadunidense es la más encarcelada del mundo (en 2016, 2.2 millones estaban en la cárcel), y de ellos, casi medio millón por delitos no violentos de droga. Hubo 1.6 millones de arrestos por drogas, la gran mayoría sólo por posesión; 46.9 por ciento de éstos eran afroestadunidenses o latinos, a pesar de que sólo representan 31.5 de la población y de que sus índices de consumo son parecidos a los de los blancos.

Esa guerra es un negocio, como todas. Los que no estaban en el banquillo de los acusados en este juicio son los verdaderos responsables, mucho más que el "padrino de capos" sentado ahí, por la catástrofe humana que ha provocado la guerra contra y por las drogas. Éstos incluyen a los políticos y sus comandantes que han librado y diseñado la "guerra contra las drogas" tanto aquí como en los países que se metieron a este esquema made in USA, generando negocio para los comerciantes de armas, los profesionales de inteligencia, los del negocio de seguridad, de prisiones y los constructores de muros, entre otros contratistas de todo lo que se necesita para hacer una guerra.

El caso de El Chapo se vuelve justificación para todo esto, tanto la retórica como el negocio político y empresarial de la guerra por y contra las drogas. La DEA lo usó para reclutar: inmediatamente después del juicio, circuló por tuit un anuncio: “¿Quieres perseguir a los narcotraficantes más grandes del mundo; capos como El Chapo? ¿Quieres hacer una diferencia como un agente especial de la DEA?” y ofreció una dirección para ver los requisitos

Pero como afirmó el propio Chapo, igual que lo había dicho anteriormente su socio El Mayo Zambada, “el día que yo no exista, no se reducirá de ninguna manera… este negocio continuará”.

La guerra contra las drogas –y los políticos y "expertos" que la impulsaron– son los que deberían rendir cuentas, incluso tal vez ante un tribunal, a los pueblos de Estados Unidos y América Latina (entre otros). Ese sí sería "el juicio del siglo".

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Un hombre camina frente a un vehículo quemado tras un ataque el 5 de enero de 2019 en Fortaleza (Brasil). EFE

Tres bandas diferentes de narcotraficantes se han unido para llevar a cabo más de 150 ataques como represalia por una propuesta para acabar con la separación de los miembros de las diferentes bandas en las prisiones brasileñas


El episodio de violencia es uno de los primeros desafíos al nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que llegó al poder con propuestas de línea dura contra el crimen

 

Carlos Robério y sus colegas sabían que un ataque sobre el minibús de su cooperativa, radicada en Fortaleza, al noreste de Brasil, era solo cuestión de tiempo. En las últimas noches, miembros de pandillas ya habían destrozado uno de sus vehículos y habían incendiado decenas de autobuses urbanos.


Cuando finalmente llegó el ataque, Robério no pudo hacer mucho más que quedarse mirando las cámaras de vigilancia mientras un grupo de jóvenes bañaba con gasolina uno de sus puestos y le prendía fuego. "Estaba desesperado", cuenta Robério. "Es nuestra propiedad y así es como nos ganamos la vida y apoyamos a nuestras familias".


Las autoridades en el estado de Ceará se han visto superadas por un episodio de violencia que ya cumple más de una semana y que ha sido especialmente intenso en la capital, Fortaleza, una región metropolitana donde viven 4 millones de personas.


Las fuerzas de seguridad señalan que tres bandas diferentes de narcotraficantes se han unido para llevar a cabo más de 150 ataques como represalia por una propuesta para acabar con la separación de los miembros de las diferentes bandas en las prisiones brasileñas.


Se han incendiado autobuses, camiones de correos y coches. Comisarías, edificios del Ayuntamiento y bancos han sido atacados con cócteles molotov y explosivos. El domingo, los pandilleros hicieron explotar una central telefónica dejando 12 ciudades sin servicio de telefonía. Otras explosiones han dañado un paso elevado de autopista y un puente.


El episodio de violencia es uno de los primeros desafíos del nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que llegó al poder con sus propuestas de línea dura contra el crimen, entre las que se incluyen tomas militares de ciudades brasileñas y tácticas de seguridad consistentes en disparar a matar.


Hasta ahora, no ha habido muertos, pero el estallido de violencia ha paralizado Fortaleza: autobuses y taxis han interrumpido sus servicios, las tiendas han cerrado durante días y muchos residentes atemorizados se niegan a salir de casa.


Unos 500 miembros de la Guardia Nacional han sido desplegados en la región. Camilo Santana, gobernador del estado de Ceará, señaló el lunes que las autoridades han efectuado 148 detenciones relacionadas con los disturbios. Al menos 20 presos sospechosos de ordenar los actos de violencia han sido transferidos de prisiones estatales a federales.


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A pesar del caos, el Gobierno ha afirmado que no dará marcha atrás en su plan de combatir las actividades de las bandas en las prisiones.


Fortaleza y otras ciudades al noreste de Brasil han sufrido un aumento de los homicidios en los últimos años, a medida que las bandas más infames del país, Primeiro Comando da Capital (PCC) de Sao Paulo, y Comando Vermelho, de Río de Janeiro, empezaron a invadir la región, la cual se disputan con los Guardiões do Estado, radicados en Fortaleza, y con Família do Norte, del estado de Amazonas.


El PCC y el Comando Vermelho están atrapados en una dura batalla por el control del tráfico de drogas en Brasil y la ciudad de Fortaleza es percibida como un premio estratégico porque es el puerto grande más cercano a Europa y África.


"Solíamos ver este tipo de salvajismo únicamente en Río de Janeiro a través de la televisión. Las cosas solían estar tranquilas aquí", cuenta Robério, que añade que el caos le ha llevado a querer adquirir un arma."Es un absoluto caos y me siento como si estuviera en medio del océano sin un bote salvavidas", señala.


Bolsonaro se aprovechó de tales sentimientos durante las elecciones y propuso facilitar la adquisición de armamento y premiar a la policía por llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Las fuerzas de seguridad de Brasil ya son violentas y en 2017 mataron a 5.000 personas, una media de 14 muertos al día.


"Bolsonaro promovió una retórica bélica durante su campaña que no solucionará el problema de Brasil con la violencia", señala Renato Sergio de Lima, presidente del Foro Brasileño de Seguridad Pública.


De Lima cuenta que Bolsonaro y muchos políticos antes que él tienden a proponer más violencia en lugar de estrategias más efectivas como invertir en mejorar las capacidades de inteligencia para las investigaciones policiales y reformar el actual sistema de prisiones.


El presidente del Foro Brasileño de Seguridad Pública cita la propuesta del ministro de Justicia, Sergio Moro, de investigar el blanqueo de capitales de las bandas para asfixiarlas económicamente, pero señala que las propuestas duras de Bolsonaro hacen de ciudades violentas como Fortaleza una "bomba de relojería". "Realmente son la policía y las instituciones locales las que tienen que apagar las llamas de estas propuestas bélicas de los políticos", añade.

Por Anna Jean Kaiser - Río de Janeiro
10/01/2019 - 20:22h
Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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Lunes, 07 Enero 2019 06:51

Ausentes en el juicio del Chapo

Ausentes en el juicio del Chapo

En el juicio en curso contra el Chapo en Nueva York hay un notable ausente. El desfile de testigos cooperantes, hasta ahora exclusivamente narcotraficantes mexicanos y colombianos, junto con un amplio reparto de policías estadunidenses que divulgan detalles sobre su lucha contra estos malos son el elenco de esta obra que los medios nacionales y locales aquí resumen con títulos como México es aún más corrupto de lo que se suponía.


Mexico, a través del prisma de este juicio, se ve como un país no sólo violento y corrupto, sino uno que aparentemente ya se rindió ante ello. No se mencionan la ira, las protestas masivas, los movimientos nacionales y locales, la valentía de periodistas en respuesta a lo que ocurre, ni la elección nacional que en parte fue un Ya basta masivo a todo esto.
Todos saben que el negocio de los empresarios de droga ilícita bajo juicio aquí depende de una sola cosa: el apetito aparentemente insaciable de estadunidenses por la cocaína y la heroína, entre otras. Se sabe que este negocio depende de canales financieros, incluyendo bancos y empresas de traslado y/o blanqueo de dinero de este lado de la frontera; y, se sabe que este negocio requiere de armas, las cuales se fabrican y compran –legalmente– en Estados Unidos.


También se sabe que, a pesar de que la política antinarcóticos es un fracaso espectacular tanto aquí como allá, políticos de ambos lados de la frontera curiosamente están de acuerdo con narcotraficantes en una cosa: apoyan la política antinarcóticos (por diversas razones).


Pero en el tribunal en Nueva York no están presentes representantes del mercado de consumo de estas drogas, no está ningún profesional rico, ni un niño bien, ni una estrella u otros a quienes les encanta compartir coca sin importarle su costo real, ni participar en ninguna lucha por su derecho a su droga (o sea, su legalización).


También están ausentes los banqueros. Ya se ha comprobado anteriormente que varios de los bancos más grandes –Citibank, HSBC (el cual lavó casi mil millones para el cártel de Sinaloa), Wachovia, Bank of America y tantos más– han violado sistemáticamente leyes antilavado. Pero ni un solo ejecutivo ha sido encarcelado por ello (los bancos sólo han pagado multas cuando estos crímenes han sido detectados, y en el caso de HSBC, fue el procurador general de Barack Obama quien decidió no levantar cargos contra sus directivos).
Tampoco están presentes en este tribunal los políticos que impulsan la llamada guerra contra las drogas, quienes rehúsan rendir cuentas o aceptar responsabilidad por las consecuencias de sus políticas para comunidades pobres en América Latina y para sectores marginados dentro de Estados Unidos, los cuaes son quienes pagan la cuenta en sangre, sufrimiento y vidas devastadas.


De hecho, aun después de que ElChapo y tantos otros capos del narcotráfico fueron arrestados o aniquilados –y cientos de miles de pobres asesinados o encarcelados– bajo las políticas antinarcóticos diseñadas, impulsadas y financiadas por Washington en México, Colombia y este mismo país, el hecho es que hoy día, según las cifras más recientes de la Oficina de Drogas de la ONU, se registra un récord histórico en la oferta de cocaína y opio en el mundo. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de cocaína (aproximadamente un tercio), con 90 por ciento del producto llegando aquí desde Colombia a través de Centroamérica y México e ingresando por las entradas fronterizas legales a este país (contrario a la versión actual que maneja Trump para justificar su muro), según la propia Casa Blanca.


Tal vez se podría hacer un juicio, o varios, en México, paralelos al del Chapo aquí, convocando o solicitando la extradición de consumidores, banqueros, comerciantes de armas y políticos estadunidenses para que sean interrogados y compartan todos sus secretos sobre la corrupción oficial y empresarial en Estados Unidos, como el manejo de presupuestos, operaciones encubiertas de inteligencia con narcos, y otros detalles sobre el gran negocio ilícito de drogas de este lado de la frontera.
A eso se le podría llamar responsabilidad compartida.

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La Colombia que continúa bajo el yugo de la violencia

Human Rights Watch denuncia la indefensión de la población de Tumaco, clave en el tráfico de droga, frente a las disidencias de las FARC

La violencia que aún golpea a Colombia tiene una cara visible y se llama Tumaco. Lo que sufre este municipio de la costa del Pacífico, próximo a la frontera con Ecuador, es un reflejo de las carencias de la aplicación de los acuerdos con las FARC firmados hace dos años por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Una población azotada por el conflicto armado, rodeada de hectáreas de cultivos de hojas de coca, que ha asistido a un recrudecimiento de los abusos. Una investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) en junio y agosto de este año deja claro que allí la paz es todavía un espejismo.


"Concluimos que las deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC —y su reincorporación a la sociedad— contribuyeron a formar grupos disidentes de la guerrilla. Estos grupos han seguido cometiendo atrocidades similares a las que se atribuyeron a las FARC durante el conflicto. La proliferación del tráfico de drogas ha favorecido su crecimiento. Y los niveles de abusos graves nuevamente están aumentando en Tumaco", denuncia el informe de la organización, presentado este jueves en Bogotá.


Estas columnas armadas aterrorizan barrios y veredas, "matan y desaparecen a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse". A ellas se suman las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una banda que se formó tras la desmovilización paramilitar de principios de la pasada década que también cometió "graves abusos en Tumaco en 2016 y 2017, durante un intento mayormente infructuoso de tomar el control de partes de ese municipio".


“Los residentes de Tumaco esperaban que el acuerdo finalmente trajera paz a sus comunidades, pero sus esperanzas pronto se vieron frustradas”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Ese territorio encarna los peores males de Colombia, empezando por la violencia y los asesinatos. "Aunque no todos los homicidios en el municipio son atribuibles a grupos disidentes de las FARC, han aumentado los índices: en 2017, la tasa era cuatro veces mayor a la tasa nacional, y los datos hasta septiembre indican que en 2018 los asesinatos se incrementaron casi un 50%", continúa el informe. Es decir, el doble que una metrópoli como Cali.


Las víctimas incluyen a líderes comunitarios y golpean especialmente a las franjas más vulnerables de la población. En ningún otro lugar de Colombia, además, es tan extendida la violencia sexual perpetrada por grupos armados. Entre enero de 2017 y finales de septiembre de 2018, "74 personas en Tumaco fueron víctimas de delitos contra la integridad sexual -que incluyen la violación y otros delitos sexuales- relacionados con el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas de Colombia". Human Rights Watch relata el horror sufrido por una niña de 14 años, violada en una zona rural del municipio en octubre de 2017. "Cuatro hombres armados se presentaron en su vivienda una noche, cerca de las once de la noche y dijeron a sus padres que el jefe del grupo había preguntado por la niña. Se la llevaron y la regresaron al día siguiente con varias heridas. La niña contó a sus padres que varios hombres la habían violado".


En los episodios de violencia de las disidencias de las FARC hay un nombre recurrente. Se trata de alias Guacho. cabecilla del llamado Frente Oliver Sinisterra, responsable del secuestro y asesinato de un equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio. Los dos informadores y su conductor desaparecieron a finales de marzo en la frontera y sus cuerpos fueron encontrados a mediados de junio en los alrededores de Tumaco. El presidente colombiano, Iván Duque, quien asumió el cargo en agosto, fijó como prioridad la captura de ese criminal, aunque según HRW las actuaciones de las autoridades deben ir más allá.


“Es entendible que el gobierno se concentre en capturar a Guacho”, mantuvo Vivanco. “Pero los residentes de Tumaco que han sufrido años y años de abusos cometidos por múltiples actores armados necesitan mucho más que la captura de Guacho para que no se recicle una vez más la violencia en su municipio”. La organización recomienda al Gobierno, además, que los desplazados en Tumaco reciban rápidamente la asistencia humanitaria que les corresponde, que las fuerzas de seguridad pongan en marcha un plan de protección de los residentes y que redoble los esfuerzos para reducir los cultivos de coca en el municipio. Al mismo tiempo, solicita a la Fiscalía que aumente en Tumaco el número de investigadores y fiscales encargados de casos de desplazamiento forzado, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento ilícito y otros graves abusos.

Por F. MANETTO
Bogotá 14 DIC 2018 - 08:28 COT

Publicado enColombia
Viernes, 30 Noviembre 2018 06:13

Narcocrisis en Honduras

Narcocrisis en Honduras

Juan Orlando Hernandez está con el agua al cuello. El pasado 23 de noviembre su hermano, el exdiputado Tony Hernandez fue detenido en Miami por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. El departamento de Justicia lo acusa en un comunicado de estar “implicado en todas las instancias del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína”. También de coordinar “el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína”, e incluso de marcar los paquetes de cocaína con el símbolo “TH”, por Tony Hernandez.


Tras la detención, Juan Orlando Hernandez se ha desvinculado de su hermano asegurando que en su familia no les habían educado para acabar de esa forma y que en Honduras nadie está por encima de la ley. De esta forma, la versión oficial es que, si Tony es culpable, Juan Orlando no sabía nada. Algo difícil de creer, más teniendo en cuenta que según la justicia estadounidense, Tony Hernandez es un narcotraficante de altos vuelos, con acceso a laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras y que durante su carrera criminal “estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino”. ¿Es factible pensar que todas estas actividades se realizaron sin conocimiento de la inteligencia militar hondureña, y por ende del Presidente?


De lo que no cabe duda es de que, con anterioridad a su detención, ya existían fuertes señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de 2016, el entonces Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodriguez Orellana afirmó haber participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony. Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero, recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron 500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a aceptar estos sobornos, Rodriguez Orellana fue dado de baja de manera deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber nada. Rodriguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernandez, e incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al parecer con ayuda de altos mandos policiales. Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones de colusión entre Blanco y Tony Hernandez causaron gran revuelo en su momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón, unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernandez para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).


Si aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta del mandatario Juan Orlando Hernandez más bien indica que Tony era de su total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suarez (uno de los implicados en el caso pandora), que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan Orlando Hernandez tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernandez contra Suarez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado en caer sobre Tony Hernandez, y que ha sido fuera de Honduras. La justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma que la ley es igual para todos?


Pero los señalamientos que afectan a la familia Hernandez Alvarado no se limitan al caso de Tony. En el marco del denominado caso pandora también se vio involucrada otra hermana de Juan Orlando: Hilda Hernandez, fallecida en un confuso accidente de helicóptero a finales de 2017. Al parecer, el deceso de Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en el que si figura como acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En relación a este caso, el abogado de Suarez ha declarado que lo revelado por pandora es solo la punta del iceberg de una trama en la que se saquearon fondos públicos de diversas instituciones públicas, para favorecer las candidaturas presidenciales del propio Juan Orlando Hernandez. Según Suarez, la trama era dirigida de forma directa por Hilda Hernandez hasta su supuesto fallecimiento en 2017, con el conocimiento y beneplácito de los presidentes Hernández y Lobo.


Pero el involucramiento de los actuales gobernantes de Honduras con el narcotráfico va mucho más allá de estos casos. Así, en el caso de la familia del expresidente Porfirio Lobo (2009-2013), estos vínculos llegan hasta su hijo, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró ante una corte de Nueva York que su organización financió la campaña electoral de Lobo en 2010, y que incluso se celebró una fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas, junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Alvarez y a varios y alcaldes diputados nacionalistas.


En el nivel local el narcotráfico y el Partido Nacional también se han visto relacionados. Paradigmático es el caso del ex alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe de campaña de Juan Orlando en su departamento en 2013, y actualmente está preso por liderar una banda de narcotraficantes y sicarios que todavía mantiene un férreo control político y criminal en su región. La hermana de Urbina fue diputada por el Partido Nacional y es la actual alcaldesa de Yoro. Otro caso relevante es el del municipio de El Paraíso (Copán), cuyo narco alcalde Alexander Ardón, del Partido Nacional (fugado en la actualidad) llegó a construir una réplica de la Casa Blanca como sede del gobierno local. En la actualidad el municipio es gobernado por un lugarteniente suyo bajo la égida del Partido Nacional. Ardón, que al parecer vive escondido en las montañas de Copán, llegó a realizar una aparición pública en la última campaña electoral para apoyar a su lugarteniente, que se presentaba bajo una de las listas que apoyaban la reelección de Juan Orlando Hernandez Alvarado. El hermano de Ardón fue durante años el director del Fondo Vial, desde el cual otorgó contratos de obra pública a los Cachiros.


Como se ve, los vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado existen en todos los niveles, revelando un patrón que podría considerarse sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la defensa del hijo de Pepe Lobo, de Tony Hernandez, y de Rafael Callejas genera la sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses que gira alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada por las declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que arremeten contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la defensa de la independencia de Honduras.


La Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 sufrió un marcado proceso de degradación política, que la llevo a convertirse en un auténtico narco estado. La llegada al poder en 2010 de un Partido Nacional que se sintió hegemónico creo una serie de incentivos perversos que llevaron al país por la senda de la violencia y la corrupción. En este contexto se produjo un gigantesco desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social, se financiaron campañas políticas con dinero destinado a apoyar a mujeres pobres, se dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y del Despacho de la Primera Dama y se crearon enormes redes de corrupción en gran parte de las instituciones públicas. Además, la vida política del país, que se había caracterizado por su escasa conflictividad, se volvió profundamente inestable. A finales de 2017, Juan Orlando Hernández logró presentarse a la reelección, violando lo dispuesto en la propia constitución del país, y se realizó el proceso electoral más polarizado en décadas en el país. Un conteo de votos plagado de irregularidades y caídas de sistema provocó una masiva movilización ciudadana contra el fraude, que degeneró en represión militar. Como resultado, más de 30 personas asesinadas. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que se repitieran los comicios en el nivel presidencial, aunque su propuesta no fue atendida. En la actualidad, el mandatario Juan Orlando Hernández es ampliamente percibido como ilegitimo en Honduras. Sin embargo, el respaldo incondicional de sectores militares le permite continuar en el poder, con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un enigma.

Por Javier San Vicente Maeztu
Activista en defensa de los derechos humanos
30/11/2018

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¿Por qué murieron tres periodistas ecuatorianos en la frontera con Colombia?

Una veintena de periodistas de Ecuador y Colombia han seguido durante seis meses las pistas de sus colegas secuestrados y asesinados por una milicia colombiana. Las evidencias arrojan preguntas inquietantes sobre la actuación de ambos estados durante las negociaciones de rescate y sobre el proceso de paz

El pasado marzo, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario ecuatoriano El Comercio partieron hacia la provincia de Esmeraldas, en la frontera norte con Colombia. Querían llevar a cabo una investigación sobre el narcotráfico en la zona. Nunca más volvieron. “Nos faltan tres”, coreaban poco después manifestantes en Quito. La sociedad ecuatoriana se mostraba profundamente afectada por el crimen. Tres meses más tarde, en medio de la selva colombiana, los tres hombres eran hallados sin vida. Fueron baleados en la nuca a bocajarro, al parecer por miembros del grupo armado colombiano Frente Oliver Sinisterra, una escisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que continúa activa en la zona.


La investigación, titulada Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados , busca honrar la memoria de los periodistas asesinados y esclarecer qué ocurrió en los días previos a que se tuviese noticia del fallecimiento. Para ello han contado con el apoyo de la ONG Forbidden Stories. La periodista Soraya Constante ha participado en dicho consorcio de periodistas. Los registros muestran cómo tanto el gobierno de Ecuador como el de Colombia quisieron ocultar detalles de las negociaciones con el grupo de rebeldes. De hecho, en la primera rueda de prensa en la cual se informó del secuestro, ni siquiera se comunicó la identidad de los periodistas.


En un vídeo publicado una semana después del secuestro, los tres hombres aparecían encadenados. Javier Ortega aseguraba: “Presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas”. El grupo autor del secuestro exigía la liberación de tres miembros detenidos en Ecuador, así como la retirada de un acuerdo conjunto entre ambos países para acabar con el narcotráfico. El diario El tiempo de Bogotá llegó a anunciar la liberación de los periodistas en base a “fuentes oficiales” fiables. De hecho, un fiscal ecuatoriano les esperaba para llevarlos al aeropuerto de Esmeraldas, donde estaba planeado que tomasen un avión con rumbo a Quito. Lenín Moreno habría tenido una conferencia de prensa lista para anunciar la liberación de los periodistas. Según la versión del estado ecuatoriano, se llevó a cabo una negociación en lugar de apostar por la vía militar. Lo cierto es que al final los periodistas fueron asesinados y hasta hoy no se sabe el porqué.


Las FARC se distanciaron del asesinato


El secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos se atribuye al excombatiente de las FARC Walther Patricio Arizala Vernaza, conocido en Colombia como Luis Alfredo Pai Jiménez y que en ambos países responde al alias de ‘Guacho’. En la única entrevista en vídeo que se ha publicado hasta el momento, concedida al canal RCN, asegura haber sido comandante de las FARC y no estar de acuerdo con el proceso de paz. “Somos guerrilleros activos”, asegura, además de decir que llevan a cabo una “lucha proletaria”. La milicia que comanda tendría unas 250 unidades según sus propias palabras y asegura no tener relación alguna con las mafias de la droga. Según fuentes cercanas a las negociaciones que se llevaron a cabo en La Habana, el ‘Guacho’ habría sido expulsado durante dichas negociaciones de las FARC.

La organización FARC, que abandonó oficialmente la lucha armada en 2016 y pasó a ser un partido político llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, condenó “de manera rotunda” el asesinato de los periodistas de Ecuador, en palabras de su senador Pablo Catacumbo. Asimismo, el presidente de dicho partido, Rodrigo Londoño, escribió en Twitter: “Mis más sinceras condolencias con los familiares de los periodistas ecuatorianos tras la irreparable pérdida. Lo sucedido evidencia la necesidad de seguir trabajando por la paz”.

El proceso de desarme de las FARC, con la creación de los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, parece no estar funcionando todo lo bien que debiera. “El acuerdo de paz no se está cumpliendo”, explica Constante. “En uno de sus apartados, el tercero, se recoge que el estado colombiano se compromete a controlar que las disidencias de las FARC, que serían unos 1200 hombres, no formarán parte de bandas armadas en la frontera y el estado colombiano no lo está cumpliendo”.


Por otro lado, los crímenes de los que se acusa al ‘Guacho’ en ambos países incluyen no solo el narcotráfico en la región de Nariño al sur de Colombia, sino otros brutales asesinatos y secuestros, así como ataques con bomba que han tomado a la sociedad ecuatoriana por sorpresa. En enero volaron un artefacto en un cuartel policial y pocos días más tarde asesinaron a cuatro militares con una bomba que estalló al paso de un convoy militar. Las autoridades colombianas le buscan además por una matanza de campesinos en Tumaco.


Una frontera pobre altamente militarizada


Mientras los gobiernos mantienen la zona en un estado de práctica ocupación militar por ambas partes, como denuncia el grupo de periodistas autor de la investigación, los campesinos que viven en el área sur de Colombia se dedican sobre todo al cultivo de la coca. En una zona que el estado colombiano tiene marginada, las familias incluso financian los maestros con el usufructo de la venta de coca, como explica el alcalde de una de las localidades al programa de investigación Testigo Directo. El gobierno de Colombia estaría por tanto no solo dejando de lado esta zona de su país con sus habitantes, sino incumpliendo otro punto del acuerdo de paz, el cuarto, en el cual se recoge el fomento de cultivos alternativos a la coca, así como la protección de los agricultores frente a los grupos ilegales armados.

Soraya Constante explica que la región siempre se ha caracterizado por un alto desempleo y pobreza. El territorio está controlado por las mafias de la droga, con 19.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca y toneladas de cocaína producida cada mes con destino a México y los Estados Unidos. “Siempre ha sido una zona caliente por el tema de la droga, antes controlada por la guerrilla de las FARC, que se cree que podría haber tenido acuerdos con el gobierno de Ecuador, aunque todo ello está siendo investigado aún”, afirma la periodista. Según Constante, con el gobierno de Lenín Moreno esta política del “dejar hacer” habría cambiado hacia un mayor control. “Ahora lo que tenemos es una disputa de varias bandas criminales que son disidentes de las FARC y que pugnan entre ellos para controlar esa mina que supone el control de los campos de coca, así como las rutas de distribución”, diagnostica.

Hasta ahora los periodistas no se sentían amenazados en esta frontera y es por ello que sus colegas han levantado la voz de alarma y quieren sensibilizar más allá de sus países. “A ambos lados de la frontera operan dos disidencias de las FARC: el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, así como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas delincuenciales como Gaula NP y Las Lágrimas”, describen la situación. Los habitantes de la región siguen esperando la llegada de un estado que responda y condiciones de vida dignas y seguras, los familiares de los periodistas, por otro lado, aún esperan un esclarecimiento y explicaciones oficiales, así como la captura y condena de los responsables de la matanza.

Por Carmela Negrete

publicado
2018-11-04 07:00:00

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Un fracaso, la meta de eliminar o reducir el tráfico y uso de drogas

El mercado mundial es más grande que nunca, a pesar de los millones de dólares invertidos en 10 años: IDPC

Nueva York. El objetivo que hace 10 años se fijaron los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para "eliminar o reducir" el tráfico, consumo, producción y uso de drogas ilícitas en el mundo ha fracasado y a menudo ha sido contraproducente, apuntó un informe difundido este lunes.

Elaborado por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), con base en datos de la ONU y de otros estudios académicos, el informe señaló que las "cifras desgarradoras" demuestran la carnicería que la "guerra contra las drogas" ha desatado en la última década.

"El mercado mundial de drogas es más grande y más robusto que nunca, a pesar de los millones de dólares invertidos en la reducción de la oferta y en el riguroso cumplimiento de la ley. En paralelo, los daños de los enfoques represivos han alcanzado proporciones épicas", dijo Ann Fordham, directora del IDPC.

Titulado Balance de una década de políticas de drogas, el documento destacó que ha habido un aumento de 145 por ciento en las muertes relacionadas con este flagelo en la última década, totalizando 450 mil durante 2015.

Subrayó, además, que al menos 3 mil 940 personas han sido sentenciadas a la pena de muerte y ejecutadas por un delito relacionado con las drogas en la última década en 33 países.

Asimismo, cerca de 27 mil ejecuciones extrajudiciales se han registrado por la campaña contra las drogas en Filipinas; en tanto que más de 71 mil muertes por sobredosis se reportaron en Estados Unidos sólo en 2017.

En el mundo, además, se ha registrado un encarcelamiento masivo alimentado por la criminalización de las personas que consumen drogas; uno de cada cinco presos ha sido privado de la libertad por delitos relacionados con éstas, principalmente por posesión para uso personal.

El documento indicó que el Informe Mundial sobre Drogas de 2018 elaborado por la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU señaló que "la gama de drogas y los mercados de se están expandiendo y diversificando como nunca antes".

Por un lado, países como Uruguay y Canadá han regulado el uso de la mariguana para uso recreativo en adultos; en tanto que se endurecen enfoques destructivos como el del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.

 

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“Es una tragedia que Pablo Escobar sea un ídolo para tanta gente”

El cineasta colombiano Ciro Guerra dirige junto a Cristina Gallego 'Pájaros de verano', una película sobre el origen del narcotráfico en Colombia que compite en el Festival de Cine de Los Cabos.

En Pájaros de verano no hay capos idolatrados, sino víctimas que al mismo tiempo son victimarios. En esta cinta no aparecen Pablos Escobares, ni Chapos Guzmanes. En ella, los narcos no son héroes. No tienen mansiones, ni coches de lujo y tampoco acaban transformados en celebridades. Aquí el narcotráfico es una cruel guerra en la que una familia puede acabar enfrentada.


Esta película, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, candidata a estar nominada para los Oscar y seleccionada para participar en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos –que se celebra del 7 al 11 de noviembre–, narra cómo el narcotráfico permeó en territorio colombiano. Se adentra en la comunidad wayúu, en su lengua y sus ancestrales tradiciones para retratar el comienzo de esta epidemia que asola el continente. Una narración sobre los primeros narcos alejada de las grandilocuencias de Hollywood y de las series sobre capos del país que se han exportado al mundo. “La mirada que hasta ahora se ha llevado al cine no ha sido reflexiva, sino que ha consistido en construir ídolos y celebrar la violencia y la cultura narco”, cuenta Guerra, que en la última edición de los Oscar su película El abrazo de la serpiente estuvo nominada a Mejor película de habla no inglesa.

Pregunta. ¿Adentrarse en los orígenes del narcotráfico, ayuda a encontrar soluciones para el presente?

Respuesta. El narcotráfico se ha vuelto un tabú para los cineastas colombianos. Existió durante mucho tiempo la idea de que en el cine se hablaba mucho de este tema, pero en realidad solo se ha abordado en un puñado de películas. Realmente hemos dejado este asunto en manos de las películas de Hollywood y de las series norteamericanas que han presentado, en muchos casos, una imagen caricaturizada de este problema. Nos parece importante que los cineastas asumamos esa historia y la contemos desde nuestra perspectiva, alejándola del espectáculo y el chiste.

P. ¿Por qué cree que se ha convertido en un tabú?

R. El narcotráfico sigue siendo una herida abierta para nuestra sociedad, continúa sintiéndose una gran vergüenza social. De hecho, hay un fuerte desconocimiento sobre cómo fueron sus orígenes en Colombia. La mirada que se ha llevado al cine no ha sido reflexiva, sino que ha consistido en construir ídolos y celebrar la violencia y la cultura narco.

P. ¿Cómo ocurrió con Pablo Escobar?

R. Sí, es una gran tragedia que alguien como Pablo Escobar sea un ídolo para mucha gente. Así ocurre cuando las historias se cuentan desde la perspectiva de los victimarios y desde la irreflexividad del espectáculo.

P. ¿Su película es una forma de reconciliar el cine colombiano con el narcotráfico?

R. Sentimos que esta historia solo había sido tratada desde una óptica celebratoria, desde la mirada de los criminales y los bandidos, pero no se había contado qué significó para los colombianos. Fue una gran tragedia que acabó destruyendo nuestra sociedad y nuestras raíces. Es la historia del derramamiento de sangre en nuestro país, la del inicio de nuestra modernidad y también la de la llegada del capitalismo más salvaje, sin ningún tipo de contención, ni regulación.

P. Pájaros de verano habla del narcotráfico desde el punto de vista femenino, algo muy poco habitual.

R. Cuando empezamos a investigar sobre esta historia nos pareció interesante que ocurriera en una sociedad matriarcal donde las mujeres son tan fuertes, son las que perpetúan la línea familiar y tienen una importante participación en el comercio, la cultura y la política. Creíamos que era una oportunidad para darle una vuelta de tuerca al género y hacer algo que no se había visto hasta ahora.


P. El tráfico de drogas sigue dejando demasiados muertos en Colombia, ¿hay esperanza en que la violencia disminuya?


R. Hace mucho que el narcotráfico dejó de ser un problema colombiano y pasó a ser mundial. Es una guerra declarada por razones completamente locales de Estados Unidos que se ha propagado por todo el planeta como una epidemia. Actualmente, países que nunca tuvieron problemas con el tráfico de drogas, lo están sufriendo. Mientras no se legalice seguirá siendo una enfermedad que se expande por el mundo. Los colombianos durante décadas hemos puesto los muertos, hemos sufrido la crisis social que implica ese tráfico.


P. Esta película la protagonizan los wayúu y en El abrazo de la serpiente retratan a las comunidades del Amazonas, ¿es una obsesión en su cine adentrarse en la cultura indígena?


R. No es un objetivo que me haya marcado, simplemente busco las historias que me interesan y muchas están en ese universo oculto que ha sido negado durante tanto tiempo. Al final, lo que sucede en la Colombia profunda puede hablarle a cualquier persona del mundo. No hay necesidad de copiar modelos [de hacer películas] de otros países.


P. Sin embargo, el público suele ver más películas estadounidenses que colombianas.


R. Tenemos que fortalecer la presencia de nuestro cine en nuestros países. Es fundamental que los latinoamericanos veamos cine latinoamericano tanto por el crecimiento de nuestra industria como por nuestro crecimiento espiritual.


P. ¿El principal problema sigue siendo la distribución?


R. Sí, es el tema neurálgico. Falta mucho camino por recorrer. En cuanto a la producción, se han hecho grandes avances y hoy en día la cantidad de películas latinoamericanas es importante, pero todavía queda pendiente que nuestro cine se vea en mejores condiciones, se distribuya y se le dé el valor que tiene.



Las películas nominadas en el Festival de Cine de Los Cabos


Además de Pájaros de verano, en la séptima edición del Festival de Cine de los Cabos competirán Bisbee'17 de Robert Greene, que retrata un viejo pueblo minero en la frontera de Arizona y México que ha sufrido la deportación de 1.200 inmigrantes.


El cineasta Julio Hernández Cordón presentará Cómprame un revólver, donde una niña tendrá que enfrentarse a un mundo cruel tras la captura de su padre por un capo local.
Genèse, una película sobre las turbulencias del primer amor, también competirá en este festival. Una cinta de Philippe Lesage que se adentra en un mundo cruel y machista.


El viaje de Philippe, un imitador de Chaplin, por Estados Unidos durante una guerra mundial interminable queda retratado en The Great Darkened Days, del director Maxime Giroux.


Lemonade, de Ioana Uricaru, se adentra en la lucha de los migrantes rumanos en Estados ante la burocracia y la policía. Mientras que en Skate Kitchen, Crystal Moselle cuenta la historia de un grupo de patinadoras que descubren que la amistad es la mejor manera de subsistir en ambientes adversos para las mujeres.


Josephine Decker retrata en Madeline's Madline el proyecto de Evangeline, una directora teatral que aprovecha el conflicto entre la protagonista de la obra y se madre para potenciar su proyecto.


En We the animal, de Jeremiah Zagar, la imaginación del menor de tres hermanos será el mejor aliado ante una familia en desintegración, con un padre temperamental y una madre deprimida.

Por Víctor Usón
México 16 OCT 2018 - 15:52 COT

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