La Colombia que continúa bajo el yugo de la violencia

Human Rights Watch denuncia la indefensión de la población de Tumaco, clave en el tráfico de droga, frente a las disidencias de las FARC

La violencia que aún golpea a Colombia tiene una cara visible y se llama Tumaco. Lo que sufre este municipio de la costa del Pacífico, próximo a la frontera con Ecuador, es un reflejo de las carencias de la aplicación de los acuerdos con las FARC firmados hace dos años por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Una población azotada por el conflicto armado, rodeada de hectáreas de cultivos de hojas de coca, que ha asistido a un recrudecimiento de los abusos. Una investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) en junio y agosto de este año deja claro que allí la paz es todavía un espejismo.


"Concluimos que las deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC —y su reincorporación a la sociedad— contribuyeron a formar grupos disidentes de la guerrilla. Estos grupos han seguido cometiendo atrocidades similares a las que se atribuyeron a las FARC durante el conflicto. La proliferación del tráfico de drogas ha favorecido su crecimiento. Y los niveles de abusos graves nuevamente están aumentando en Tumaco", denuncia el informe de la organización, presentado este jueves en Bogotá.


Estas columnas armadas aterrorizan barrios y veredas, "matan y desaparecen a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse". A ellas se suman las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una banda que se formó tras la desmovilización paramilitar de principios de la pasada década que también cometió "graves abusos en Tumaco en 2016 y 2017, durante un intento mayormente infructuoso de tomar el control de partes de ese municipio".


“Los residentes de Tumaco esperaban que el acuerdo finalmente trajera paz a sus comunidades, pero sus esperanzas pronto se vieron frustradas”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Ese territorio encarna los peores males de Colombia, empezando por la violencia y los asesinatos. "Aunque no todos los homicidios en el municipio son atribuibles a grupos disidentes de las FARC, han aumentado los índices: en 2017, la tasa era cuatro veces mayor a la tasa nacional, y los datos hasta septiembre indican que en 2018 los asesinatos se incrementaron casi un 50%", continúa el informe. Es decir, el doble que una metrópoli como Cali.


Las víctimas incluyen a líderes comunitarios y golpean especialmente a las franjas más vulnerables de la población. En ningún otro lugar de Colombia, además, es tan extendida la violencia sexual perpetrada por grupos armados. Entre enero de 2017 y finales de septiembre de 2018, "74 personas en Tumaco fueron víctimas de delitos contra la integridad sexual -que incluyen la violación y otros delitos sexuales- relacionados con el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas de Colombia". Human Rights Watch relata el horror sufrido por una niña de 14 años, violada en una zona rural del municipio en octubre de 2017. "Cuatro hombres armados se presentaron en su vivienda una noche, cerca de las once de la noche y dijeron a sus padres que el jefe del grupo había preguntado por la niña. Se la llevaron y la regresaron al día siguiente con varias heridas. La niña contó a sus padres que varios hombres la habían violado".


En los episodios de violencia de las disidencias de las FARC hay un nombre recurrente. Se trata de alias Guacho. cabecilla del llamado Frente Oliver Sinisterra, responsable del secuestro y asesinato de un equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio. Los dos informadores y su conductor desaparecieron a finales de marzo en la frontera y sus cuerpos fueron encontrados a mediados de junio en los alrededores de Tumaco. El presidente colombiano, Iván Duque, quien asumió el cargo en agosto, fijó como prioridad la captura de ese criminal, aunque según HRW las actuaciones de las autoridades deben ir más allá.


“Es entendible que el gobierno se concentre en capturar a Guacho”, mantuvo Vivanco. “Pero los residentes de Tumaco que han sufrido años y años de abusos cometidos por múltiples actores armados necesitan mucho más que la captura de Guacho para que no se recicle una vez más la violencia en su municipio”. La organización recomienda al Gobierno, además, que los desplazados en Tumaco reciban rápidamente la asistencia humanitaria que les corresponde, que las fuerzas de seguridad pongan en marcha un plan de protección de los residentes y que redoble los esfuerzos para reducir los cultivos de coca en el municipio. Al mismo tiempo, solicita a la Fiscalía que aumente en Tumaco el número de investigadores y fiscales encargados de casos de desplazamiento forzado, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento ilícito y otros graves abusos.

Por F. MANETTO
Bogotá 14 DIC 2018 - 08:28 COT

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Viernes, 30 Noviembre 2018 06:13

Narcocrisis en Honduras

Narcocrisis en Honduras

Juan Orlando Hernandez está con el agua al cuello. El pasado 23 de noviembre su hermano, el exdiputado Tony Hernandez fue detenido en Miami por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. El departamento de Justicia lo acusa en un comunicado de estar “implicado en todas las instancias del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína”. También de coordinar “el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína”, e incluso de marcar los paquetes de cocaína con el símbolo “TH”, por Tony Hernandez.


Tras la detención, Juan Orlando Hernandez se ha desvinculado de su hermano asegurando que en su familia no les habían educado para acabar de esa forma y que en Honduras nadie está por encima de la ley. De esta forma, la versión oficial es que, si Tony es culpable, Juan Orlando no sabía nada. Algo difícil de creer, más teniendo en cuenta que según la justicia estadounidense, Tony Hernandez es un narcotraficante de altos vuelos, con acceso a laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras y que durante su carrera criminal “estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino”. ¿Es factible pensar que todas estas actividades se realizaron sin conocimiento de la inteligencia militar hondureña, y por ende del Presidente?


De lo que no cabe duda es de que, con anterioridad a su detención, ya existían fuertes señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de 2016, el entonces Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodriguez Orellana afirmó haber participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony. Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero, recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron 500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a aceptar estos sobornos, Rodriguez Orellana fue dado de baja de manera deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber nada. Rodriguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernandez, e incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al parecer con ayuda de altos mandos policiales. Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones de colusión entre Blanco y Tony Hernandez causaron gran revuelo en su momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón, unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernandez para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).


Si aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta del mandatario Juan Orlando Hernandez más bien indica que Tony era de su total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suarez (uno de los implicados en el caso pandora), que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan Orlando Hernandez tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernandez contra Suarez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado en caer sobre Tony Hernandez, y que ha sido fuera de Honduras. La justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma que la ley es igual para todos?


Pero los señalamientos que afectan a la familia Hernandez Alvarado no se limitan al caso de Tony. En el marco del denominado caso pandora también se vio involucrada otra hermana de Juan Orlando: Hilda Hernandez, fallecida en un confuso accidente de helicóptero a finales de 2017. Al parecer, el deceso de Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en el que si figura como acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En relación a este caso, el abogado de Suarez ha declarado que lo revelado por pandora es solo la punta del iceberg de una trama en la que se saquearon fondos públicos de diversas instituciones públicas, para favorecer las candidaturas presidenciales del propio Juan Orlando Hernandez. Según Suarez, la trama era dirigida de forma directa por Hilda Hernandez hasta su supuesto fallecimiento en 2017, con el conocimiento y beneplácito de los presidentes Hernández y Lobo.


Pero el involucramiento de los actuales gobernantes de Honduras con el narcotráfico va mucho más allá de estos casos. Así, en el caso de la familia del expresidente Porfirio Lobo (2009-2013), estos vínculos llegan hasta su hijo, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró ante una corte de Nueva York que su organización financió la campaña electoral de Lobo en 2010, y que incluso se celebró una fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas, junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Alvarez y a varios y alcaldes diputados nacionalistas.


En el nivel local el narcotráfico y el Partido Nacional también se han visto relacionados. Paradigmático es el caso del ex alcalde nacionalista de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe de campaña de Juan Orlando en su departamento en 2013, y actualmente está preso por liderar una banda de narcotraficantes y sicarios que todavía mantiene un férreo control político y criminal en su región. La hermana de Urbina fue diputada por el Partido Nacional y es la actual alcaldesa de Yoro. Otro caso relevante es el del municipio de El Paraíso (Copán), cuyo narco alcalde Alexander Ardón, del Partido Nacional (fugado en la actualidad) llegó a construir una réplica de la Casa Blanca como sede del gobierno local. En la actualidad el municipio es gobernado por un lugarteniente suyo bajo la égida del Partido Nacional. Ardón, que al parecer vive escondido en las montañas de Copán, llegó a realizar una aparición pública en la última campaña electoral para apoyar a su lugarteniente, que se presentaba bajo una de las listas que apoyaban la reelección de Juan Orlando Hernandez Alvarado. El hermano de Ardón fue durante años el director del Fondo Vial, desde el cual otorgó contratos de obra pública a los Cachiros.


Como se ve, los vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado existen en todos los niveles, revelando un patrón que podría considerarse sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la defensa del hijo de Pepe Lobo, de Tony Hernandez, y de Rafael Callejas genera la sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses que gira alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada por las declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que arremeten contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la defensa de la independencia de Honduras.


La Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 sufrió un marcado proceso de degradación política, que la llevo a convertirse en un auténtico narco estado. La llegada al poder en 2010 de un Partido Nacional que se sintió hegemónico creo una serie de incentivos perversos que llevaron al país por la senda de la violencia y la corrupción. En este contexto se produjo un gigantesco desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social, se financiaron campañas políticas con dinero destinado a apoyar a mujeres pobres, se dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y del Despacho de la Primera Dama y se crearon enormes redes de corrupción en gran parte de las instituciones públicas. Además, la vida política del país, que se había caracterizado por su escasa conflictividad, se volvió profundamente inestable. A finales de 2017, Juan Orlando Hernández logró presentarse a la reelección, violando lo dispuesto en la propia constitución del país, y se realizó el proceso electoral más polarizado en décadas en el país. Un conteo de votos plagado de irregularidades y caídas de sistema provocó una masiva movilización ciudadana contra el fraude, que degeneró en represión militar. Como resultado, más de 30 personas asesinadas. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó que se repitieran los comicios en el nivel presidencial, aunque su propuesta no fue atendida. En la actualidad, el mandatario Juan Orlando Hernández es ampliamente percibido como ilegitimo en Honduras. Sin embargo, el respaldo incondicional de sectores militares le permite continuar en el poder, con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un enigma.

Por Javier San Vicente Maeztu
Activista en defensa de los derechos humanos
30/11/2018

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¿Por qué murieron tres periodistas ecuatorianos en la frontera con Colombia?

Una veintena de periodistas de Ecuador y Colombia han seguido durante seis meses las pistas de sus colegas secuestrados y asesinados por una milicia colombiana. Las evidencias arrojan preguntas inquietantes sobre la actuación de ambos estados durante las negociaciones de rescate y sobre el proceso de paz

El pasado marzo, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario ecuatoriano El Comercio partieron hacia la provincia de Esmeraldas, en la frontera norte con Colombia. Querían llevar a cabo una investigación sobre el narcotráfico en la zona. Nunca más volvieron. “Nos faltan tres”, coreaban poco después manifestantes en Quito. La sociedad ecuatoriana se mostraba profundamente afectada por el crimen. Tres meses más tarde, en medio de la selva colombiana, los tres hombres eran hallados sin vida. Fueron baleados en la nuca a bocajarro, al parecer por miembros del grupo armado colombiano Frente Oliver Sinisterra, una escisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que continúa activa en la zona.


La investigación, titulada Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados , busca honrar la memoria de los periodistas asesinados y esclarecer qué ocurrió en los días previos a que se tuviese noticia del fallecimiento. Para ello han contado con el apoyo de la ONG Forbidden Stories. La periodista Soraya Constante ha participado en dicho consorcio de periodistas. Los registros muestran cómo tanto el gobierno de Ecuador como el de Colombia quisieron ocultar detalles de las negociaciones con el grupo de rebeldes. De hecho, en la primera rueda de prensa en la cual se informó del secuestro, ni siquiera se comunicó la identidad de los periodistas.


En un vídeo publicado una semana después del secuestro, los tres hombres aparecían encadenados. Javier Ortega aseguraba: “Presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas”. El grupo autor del secuestro exigía la liberación de tres miembros detenidos en Ecuador, así como la retirada de un acuerdo conjunto entre ambos países para acabar con el narcotráfico. El diario El tiempo de Bogotá llegó a anunciar la liberación de los periodistas en base a “fuentes oficiales” fiables. De hecho, un fiscal ecuatoriano les esperaba para llevarlos al aeropuerto de Esmeraldas, donde estaba planeado que tomasen un avión con rumbo a Quito. Lenín Moreno habría tenido una conferencia de prensa lista para anunciar la liberación de los periodistas. Según la versión del estado ecuatoriano, se llevó a cabo una negociación en lugar de apostar por la vía militar. Lo cierto es que al final los periodistas fueron asesinados y hasta hoy no se sabe el porqué.


Las FARC se distanciaron del asesinato


El secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos se atribuye al excombatiente de las FARC Walther Patricio Arizala Vernaza, conocido en Colombia como Luis Alfredo Pai Jiménez y que en ambos países responde al alias de ‘Guacho’. En la única entrevista en vídeo que se ha publicado hasta el momento, concedida al canal RCN, asegura haber sido comandante de las FARC y no estar de acuerdo con el proceso de paz. “Somos guerrilleros activos”, asegura, además de decir que llevan a cabo una “lucha proletaria”. La milicia que comanda tendría unas 250 unidades según sus propias palabras y asegura no tener relación alguna con las mafias de la droga. Según fuentes cercanas a las negociaciones que se llevaron a cabo en La Habana, el ‘Guacho’ habría sido expulsado durante dichas negociaciones de las FARC.

La organización FARC, que abandonó oficialmente la lucha armada en 2016 y pasó a ser un partido político llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, condenó “de manera rotunda” el asesinato de los periodistas de Ecuador, en palabras de su senador Pablo Catacumbo. Asimismo, el presidente de dicho partido, Rodrigo Londoño, escribió en Twitter: “Mis más sinceras condolencias con los familiares de los periodistas ecuatorianos tras la irreparable pérdida. Lo sucedido evidencia la necesidad de seguir trabajando por la paz”.

El proceso de desarme de las FARC, con la creación de los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, parece no estar funcionando todo lo bien que debiera. “El acuerdo de paz no se está cumpliendo”, explica Constante. “En uno de sus apartados, el tercero, se recoge que el estado colombiano se compromete a controlar que las disidencias de las FARC, que serían unos 1200 hombres, no formarán parte de bandas armadas en la frontera y el estado colombiano no lo está cumpliendo”.


Por otro lado, los crímenes de los que se acusa al ‘Guacho’ en ambos países incluyen no solo el narcotráfico en la región de Nariño al sur de Colombia, sino otros brutales asesinatos y secuestros, así como ataques con bomba que han tomado a la sociedad ecuatoriana por sorpresa. En enero volaron un artefacto en un cuartel policial y pocos días más tarde asesinaron a cuatro militares con una bomba que estalló al paso de un convoy militar. Las autoridades colombianas le buscan además por una matanza de campesinos en Tumaco.


Una frontera pobre altamente militarizada


Mientras los gobiernos mantienen la zona en un estado de práctica ocupación militar por ambas partes, como denuncia el grupo de periodistas autor de la investigación, los campesinos que viven en el área sur de Colombia se dedican sobre todo al cultivo de la coca. En una zona que el estado colombiano tiene marginada, las familias incluso financian los maestros con el usufructo de la venta de coca, como explica el alcalde de una de las localidades al programa de investigación Testigo Directo. El gobierno de Colombia estaría por tanto no solo dejando de lado esta zona de su país con sus habitantes, sino incumpliendo otro punto del acuerdo de paz, el cuarto, en el cual se recoge el fomento de cultivos alternativos a la coca, así como la protección de los agricultores frente a los grupos ilegales armados.

Soraya Constante explica que la región siempre se ha caracterizado por un alto desempleo y pobreza. El territorio está controlado por las mafias de la droga, con 19.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca y toneladas de cocaína producida cada mes con destino a México y los Estados Unidos. “Siempre ha sido una zona caliente por el tema de la droga, antes controlada por la guerrilla de las FARC, que se cree que podría haber tenido acuerdos con el gobierno de Ecuador, aunque todo ello está siendo investigado aún”, afirma la periodista. Según Constante, con el gobierno de Lenín Moreno esta política del “dejar hacer” habría cambiado hacia un mayor control. “Ahora lo que tenemos es una disputa de varias bandas criminales que son disidentes de las FARC y que pugnan entre ellos para controlar esa mina que supone el control de los campos de coca, así como las rutas de distribución”, diagnostica.

Hasta ahora los periodistas no se sentían amenazados en esta frontera y es por ello que sus colegas han levantado la voz de alarma y quieren sensibilizar más allá de sus países. “A ambos lados de la frontera operan dos disidencias de las FARC: el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, así como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas delincuenciales como Gaula NP y Las Lágrimas”, describen la situación. Los habitantes de la región siguen esperando la llegada de un estado que responda y condiciones de vida dignas y seguras, los familiares de los periodistas, por otro lado, aún esperan un esclarecimiento y explicaciones oficiales, así como la captura y condena de los responsables de la matanza.

Por Carmela Negrete

publicado
2018-11-04 07:00:00

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Un fracaso, la meta de eliminar o reducir el tráfico y uso de drogas

El mercado mundial es más grande que nunca, a pesar de los millones de dólares invertidos en 10 años: IDPC

Nueva York. El objetivo que hace 10 años se fijaron los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para "eliminar o reducir" el tráfico, consumo, producción y uso de drogas ilícitas en el mundo ha fracasado y a menudo ha sido contraproducente, apuntó un informe difundido este lunes.

Elaborado por el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), con base en datos de la ONU y de otros estudios académicos, el informe señaló que las "cifras desgarradoras" demuestran la carnicería que la "guerra contra las drogas" ha desatado en la última década.

"El mercado mundial de drogas es más grande y más robusto que nunca, a pesar de los millones de dólares invertidos en la reducción de la oferta y en el riguroso cumplimiento de la ley. En paralelo, los daños de los enfoques represivos han alcanzado proporciones épicas", dijo Ann Fordham, directora del IDPC.

Titulado Balance de una década de políticas de drogas, el documento destacó que ha habido un aumento de 145 por ciento en las muertes relacionadas con este flagelo en la última década, totalizando 450 mil durante 2015.

Subrayó, además, que al menos 3 mil 940 personas han sido sentenciadas a la pena de muerte y ejecutadas por un delito relacionado con las drogas en la última década en 33 países.

Asimismo, cerca de 27 mil ejecuciones extrajudiciales se han registrado por la campaña contra las drogas en Filipinas; en tanto que más de 71 mil muertes por sobredosis se reportaron en Estados Unidos sólo en 2017.

En el mundo, además, se ha registrado un encarcelamiento masivo alimentado por la criminalización de las personas que consumen drogas; uno de cada cinco presos ha sido privado de la libertad por delitos relacionados con éstas, principalmente por posesión para uso personal.

El documento indicó que el Informe Mundial sobre Drogas de 2018 elaborado por la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU señaló que "la gama de drogas y los mercados de se están expandiendo y diversificando como nunca antes".

Por un lado, países como Uruguay y Canadá han regulado el uso de la mariguana para uso recreativo en adultos; en tanto que se endurecen enfoques destructivos como el del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.

 

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“Es una tragedia que Pablo Escobar sea un ídolo para tanta gente”

El cineasta colombiano Ciro Guerra dirige junto a Cristina Gallego 'Pájaros de verano', una película sobre el origen del narcotráfico en Colombia que compite en el Festival de Cine de Los Cabos.

En Pájaros de verano no hay capos idolatrados, sino víctimas que al mismo tiempo son victimarios. En esta cinta no aparecen Pablos Escobares, ni Chapos Guzmanes. En ella, los narcos no son héroes. No tienen mansiones, ni coches de lujo y tampoco acaban transformados en celebridades. Aquí el narcotráfico es una cruel guerra en la que una familia puede acabar enfrentada.


Esta película, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, candidata a estar nominada para los Oscar y seleccionada para participar en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos –que se celebra del 7 al 11 de noviembre–, narra cómo el narcotráfico permeó en territorio colombiano. Se adentra en la comunidad wayúu, en su lengua y sus ancestrales tradiciones para retratar el comienzo de esta epidemia que asola el continente. Una narración sobre los primeros narcos alejada de las grandilocuencias de Hollywood y de las series sobre capos del país que se han exportado al mundo. “La mirada que hasta ahora se ha llevado al cine no ha sido reflexiva, sino que ha consistido en construir ídolos y celebrar la violencia y la cultura narco”, cuenta Guerra, que en la última edición de los Oscar su película El abrazo de la serpiente estuvo nominada a Mejor película de habla no inglesa.

Pregunta. ¿Adentrarse en los orígenes del narcotráfico, ayuda a encontrar soluciones para el presente?

Respuesta. El narcotráfico se ha vuelto un tabú para los cineastas colombianos. Existió durante mucho tiempo la idea de que en el cine se hablaba mucho de este tema, pero en realidad solo se ha abordado en un puñado de películas. Realmente hemos dejado este asunto en manos de las películas de Hollywood y de las series norteamericanas que han presentado, en muchos casos, una imagen caricaturizada de este problema. Nos parece importante que los cineastas asumamos esa historia y la contemos desde nuestra perspectiva, alejándola del espectáculo y el chiste.

P. ¿Por qué cree que se ha convertido en un tabú?

R. El narcotráfico sigue siendo una herida abierta para nuestra sociedad, continúa sintiéndose una gran vergüenza social. De hecho, hay un fuerte desconocimiento sobre cómo fueron sus orígenes en Colombia. La mirada que se ha llevado al cine no ha sido reflexiva, sino que ha consistido en construir ídolos y celebrar la violencia y la cultura narco.

P. ¿Cómo ocurrió con Pablo Escobar?

R. Sí, es una gran tragedia que alguien como Pablo Escobar sea un ídolo para mucha gente. Así ocurre cuando las historias se cuentan desde la perspectiva de los victimarios y desde la irreflexividad del espectáculo.

P. ¿Su película es una forma de reconciliar el cine colombiano con el narcotráfico?

R. Sentimos que esta historia solo había sido tratada desde una óptica celebratoria, desde la mirada de los criminales y los bandidos, pero no se había contado qué significó para los colombianos. Fue una gran tragedia que acabó destruyendo nuestra sociedad y nuestras raíces. Es la historia del derramamiento de sangre en nuestro país, la del inicio de nuestra modernidad y también la de la llegada del capitalismo más salvaje, sin ningún tipo de contención, ni regulación.

P. Pájaros de verano habla del narcotráfico desde el punto de vista femenino, algo muy poco habitual.

R. Cuando empezamos a investigar sobre esta historia nos pareció interesante que ocurriera en una sociedad matriarcal donde las mujeres son tan fuertes, son las que perpetúan la línea familiar y tienen una importante participación en el comercio, la cultura y la política. Creíamos que era una oportunidad para darle una vuelta de tuerca al género y hacer algo que no se había visto hasta ahora.


P. El tráfico de drogas sigue dejando demasiados muertos en Colombia, ¿hay esperanza en que la violencia disminuya?


R. Hace mucho que el narcotráfico dejó de ser un problema colombiano y pasó a ser mundial. Es una guerra declarada por razones completamente locales de Estados Unidos que se ha propagado por todo el planeta como una epidemia. Actualmente, países que nunca tuvieron problemas con el tráfico de drogas, lo están sufriendo. Mientras no se legalice seguirá siendo una enfermedad que se expande por el mundo. Los colombianos durante décadas hemos puesto los muertos, hemos sufrido la crisis social que implica ese tráfico.


P. Esta película la protagonizan los wayúu y en El abrazo de la serpiente retratan a las comunidades del Amazonas, ¿es una obsesión en su cine adentrarse en la cultura indígena?


R. No es un objetivo que me haya marcado, simplemente busco las historias que me interesan y muchas están en ese universo oculto que ha sido negado durante tanto tiempo. Al final, lo que sucede en la Colombia profunda puede hablarle a cualquier persona del mundo. No hay necesidad de copiar modelos [de hacer películas] de otros países.


P. Sin embargo, el público suele ver más películas estadounidenses que colombianas.


R. Tenemos que fortalecer la presencia de nuestro cine en nuestros países. Es fundamental que los latinoamericanos veamos cine latinoamericano tanto por el crecimiento de nuestra industria como por nuestro crecimiento espiritual.


P. ¿El principal problema sigue siendo la distribución?


R. Sí, es el tema neurálgico. Falta mucho camino por recorrer. En cuanto a la producción, se han hecho grandes avances y hoy en día la cantidad de películas latinoamericanas es importante, pero todavía queda pendiente que nuestro cine se vea en mejores condiciones, se distribuya y se le dé el valor que tiene.



Las películas nominadas en el Festival de Cine de Los Cabos


Además de Pájaros de verano, en la séptima edición del Festival de Cine de los Cabos competirán Bisbee'17 de Robert Greene, que retrata un viejo pueblo minero en la frontera de Arizona y México que ha sufrido la deportación de 1.200 inmigrantes.


El cineasta Julio Hernández Cordón presentará Cómprame un revólver, donde una niña tendrá que enfrentarse a un mundo cruel tras la captura de su padre por un capo local.
Genèse, una película sobre las turbulencias del primer amor, también competirá en este festival. Una cinta de Philippe Lesage que se adentra en un mundo cruel y machista.


El viaje de Philippe, un imitador de Chaplin, por Estados Unidos durante una guerra mundial interminable queda retratado en The Great Darkened Days, del director Maxime Giroux.


Lemonade, de Ioana Uricaru, se adentra en la lucha de los migrantes rumanos en Estados ante la burocracia y la policía. Mientras que en Skate Kitchen, Crystal Moselle cuenta la historia de un grupo de patinadoras que descubren que la amistad es la mejor manera de subsistir en ambientes adversos para las mujeres.


Josephine Decker retrata en Madeline's Madline el proyecto de Evangeline, una directora teatral que aprovecha el conflicto entre la protagonista de la obra y se madre para potenciar su proyecto.


En We the animal, de Jeremiah Zagar, la imaginación del menor de tres hermanos será el mejor aliado ante una familia en desintegración, con un padre temperamental y una madre deprimida.

Por Víctor Usón
México 16 OCT 2018 - 15:52 COT

Publicado enColombia
Jueves, 27 Septiembre 2018 10:05

Sumisos ante el poderoso

Sumisos ante el poderoso

La prevalencia de una agenda narcotizada es la peor de las vías para que algún día Colombia logre establecer una política diplomática sin sometimientos ni controles de todo tipo por parte de los Estados Unidos.

 

Esta realidad, que tanto le ha pesado a nuestro país, llevándolo a quedar como el peón más fiel de la potencia del Norte en todo el subcontinente e incluso más allá, como lo promete su inserción en la órbita de la Otan, se vuelve a evidenciar con la visita de una delegación de alto nivel de aquel país que el pasado 11 de septiembre se reunió con el presidente Duque.

 

Como es común en la diplomacia, las palabras o letras dicen de manera suave lo que de verdad el emisor espera del receptor. Ese es un principio impuesto por las ‘formas’, la cordialidad, el ‘respeto’ al otro, que sabrá leer entre líneas el mensaje real que se recibe.

 

Como una demostración de la fuerza indiscutida de ese lenguaje almibarado, en la citada reunión, James Carrol, subdirector de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, junto con Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera, acompañados de funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa, y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Norteamérica, le reclamaron al presidente colombiano por el crecimiento hasta 200 mil hectáreas de los cultivos ilícitos. Su fumigación hacia el año 2010, sin miramiento alguno, llegó a reducirlas hasta 50 mil hectáreas.

 

Según lo expresado por los emisarios de Trump, los altos niveles de siembra de coca y producción de cocaína son una herencia recibida por el nuevo gobierno; y enfatizan, además, que comprenden el tránsito en que se encuentra el país producto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, lo que implica ciertas condescendencias. Pese a ello, enfatizan en que el país se “está quedando atrás en la lucha contra las drogas”, realidad que daría para descertificarlo. El encuentro fue aprovechado para entregarle al nuevo regente de la Casa de Nariño una misiva del presidente Trump en la cual éste llama la atención por la realidad que sobre el tema de drogas vive Colombia, que afecta de manera negativa a los Estados Unidos.

 

El mensaje es claro: les damos un tiempo para que cumplan o…

 

El establecimiento sabe lo que significa este mensaje, que funciona como los elementos que sirvieron para que Pavlov demostrara ciertos procesos de aprendizaje basados en el reflejo condicionado, en este caso una descertificación de parte de sus tutores y protectores, con sus dolorosas consecuencias: recorte o eliminación de todo tipo de ayuda económica, aprobada con anterioridad; eliminación de beneficios comerciales y cualquier otra ventaja otorgada por la potencia a su vasallo.

 

Otra vuelta a la tuerca. El mismo 11 de septiembre fue emitido un memorando por parte de la Casa Blanca (“Principales países productores y de tránsito de drogas año fiscal 2019”), en el cual el jefe de Estado estadounidense le reclama a Colombia, lo mismo que a países como Afganistán y México, por el aumento de los cultivos ilícitos. Otra decena de países también fue cuestionada por ser parte de las rutas usadas por los narcotraficantes para el envío de estupefacientes hacia la Unión Americana. Colombia es señalada en este memorando como “el mayor productor de sustancias ilícitas”, para exigir a renglón seguido que sus autoridades deben mostrar mayores compromisos y resultados en la guerra contra las drogas.

 

Como se recordará, esta guerra fue diseñada en realidad como estrategia para ahondar el control de Estados Unidos en la geopolítica global: lo demás es mero discurso. Estamos ante una eficiente estrategia para el caso de América Latina, por lo menos, pero también hacia Europa, una parte de Asia y África. La cantidad de presos que llenan las cárceles de Estados Unidos también ratifica la funcionalidad de tal política para el control social interno, criminalizando y atomizando clases y sectores sociales muy identificados, e impidiendo así el crecimiento de las voces críticas de la política dominante en los Estados Unidos, lo que ellos llaman “enemigo interno”.

 

Lección aprendida

 

Como todo alumno ñoño o nerdo, el nuevo gobierno colombiano, adelantándose a estos llamados de atención, había expresado en público su preocupación por el incontrolado crecimiento de narcocultivos, así como su decisión de obligar a su erradicación, consentida o impuesta, enfatizando en reiteradas ocasiones que reestablecerá la fumigación con glifosato. Ante las protestas de diversos sectores por lo anunciado, y curándose en salud, reafirmó por boca del propio Presidente que llevará a cabo tal política garantizando los preceptos exigidos en abril de 2017 por la Corte Constitucional. Es decir, adelantará consultas previas con quienes pueblan los territorios afectados por la aspersión del herbicida, concertando con los mismos la forma de hacerlo, a la par que financiando la siembra de otros productos para que recojan de ellos lo necesario para vivir, con alertas a los centros de salud cercanos a las zonas fumigadas para que estén atentos a atender la población que resultare afectada en tal acción, y adelantando, por lo demás, la aspersión de manera tal que el químico no afecte otros sembrados allí existentes. Finalmente, donde no se logre concertar, se impondrá el criterio del gobierno central.

 

Es decir, en el afán por cumplir con la geopolítica imperial, lo que viene es guerra abierta contra los cultivadores y otros sectores campesinos que encontraron en el cultivo de coca un recurso para asegurar una vida en mejores condiciones que la brindada por la siembra y comercialización de yuca, maíz o cualquier otro producto de consumo tradicional. También fue anunciada la persecución a los consumidores de marihuana y otras sustancias psicoactivas en el territorio nacional. Es un camino ya recorrido y con resultados adversos a todo nivel, y que obliga a preguntar, ¿habrá cárcel para tanta gente?

 

¿Cómo lograr una efectiva motivación de los campesinos para que acepten una reconversión en sus sembrados? Difícil es el tema, ya que, como está demostrado, la agricultura tradicional en territorio de la cuenca amazónica, por sus altos costos en transporte, no es rentable, y la implementación de un subsidio atemporal desde el Estado no tiene soporte fiscal para garantizar la manutención de miles de familias campesinas.

 

En la política antidrogas que impondrá Duque, así la llame nueva, renovada, novedosa, integral, etcétera, nada hay de ello por fuera del estilo calculadamente suave con que está siendo presentada, en busca de neutralizar a una parte de los contradictores, y al tiempo eludir el espinoso tema de las consecuencias que tal política tendría sobre la salud de los habitantes de los territorios involucrados, y además sobre la naturaleza y todas las especies que la pueblan. Esperemos que, en este particular, Duque asuma el consejo del presidente de la Corte Constitucional: “(En el uso del glifosato y sus dañinos efectos sobre la salud), al final del día, si la evidencia científica no es conclusiva, se debe aplicar un principio que es muy importante en el Derecho ambiental, que es el principio de precaución”.

 

En todo caso, como es sabido, Bayer, la empresa hoy propietaria de la marca Monsanto, productora original del glifosato, recientemente fue condenada en Estados Unidos a pagar varios cientos de millones de dólares al demostrarse que el cáncer sufrido por un jardinero provenía del uso de tal sustancia en su trabajo. Pese a todo, en Colombia siguen arguyendo que no hay prueba científica que demuestre la intrínseca relación entre ciertos tipos de cáncer y el cuestionado herbicida.

 

En estas circunstancias, como sociedad, estamos parados ante la realidad que requiere una política de Estado, de verdad integral, la cual de alguna manera fue resumida en los recientes Acuerdos de paz firmados con las Farc, en cuyo punto 4 se estableció: a) No disociar la problemática de los cultivos ilícitos del desarrollo rural y la del consumo como asunto de salud pública y su respectivo enfoque de Derechos Humanos; b) generar condiciones de bienestar para quienes allí habitan, creando condiciones para su tránsito hacia una economía legal; c) darle curso a la transformación de las condiciones de pobreza y marginalidad que afectan a los pobladores del campo, además de resolver la débil presencia institucional que siempre reina en esta parte del país, dando cuenta a la par de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; d) garantizar una transformación estructural del campo, dándole vía a una Reforma rural integral: e) sustitución voluntaria y no resiembra; f) controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas; g) implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción, asociada al narcotráfico; h) una política nacional frente al consumo de drogas.

 

Como es de conocimiento público, nada o poco de esto se ha concretado en los dos años posteriores a la firma del mencionado Acuerdo, y, como todo lo indica, el futuro es poco prometedor. Asimismo, la voluntad de quienes han detentado el poder en nuestro país es contraria a la redistribución de la tierra y la implementación de una política soberana en el conjunto de la agenda estatal, con particularidades como la que nos ocupa, que implicaría una política agraria de carácter integral que esté dirigida a la soberanía alimentaria, priorizando para ello una producción limpia, para lo cual una condición sustancial debiera ser la motivación y la financiación del campesinado para que dejen de utilizar agrotóxicos.

 

Un liderazgo internacional para confrontar la guerra contra las drogas sería otra columna central de esta política soberana, unida a una agenda ambiental de protección de páramos y bosques de todo tipo, para lo cual es fundamental, además de desestimular el consumo de sustancias psicoactivas, la confrontación integral del narcotráfico, aislándolo socialmente, y dejando a un lado la política imperial de “Guerra contra las drogas”.

 

Una política en verdad soberana en todos los órdenes, he ahí el reto para quien de verdad busca un mejor futuro para los 49 millones que habitan este país. Contrario a ello, enardecidos por la anunciada visita de Trump en noviembre próximo, desde la Casa de Nariño se atizará la confrontación con uno de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos raspachines.

Publicado enColombia
Miércoles, 26 Septiembre 2018 10:53

Sumisos ante el poderoso

Sumisos ante el poderoso

La prevalencia de una agenda narcotizada es la peor de las vías para que algún día Colombia logre establecer una política diplomática sin sometimientos ni controles de todo tipo por parte de los Estados Unidos.

 

Esta realidad, que tanto le ha pesado a nuestro país, llevándolo a quedar como el peón más fiel de la potencia del Norte en todo el subcontinente e incluso más allá, como lo promete su inserción en la órbita de la Otan, se vuelve a evidenciar con la visita de una delegación de alto nivel de aquel país que el pasado 11 de septiembre se reunió con el presidente Duque.

 

Como es común en la diplomacia, las palabras o letras dicen de manera suave lo que de verdad el emisor espera del receptor. Ese es un principio impuesto por las ‘formas’, la cordialidad, el ‘respeto’ al otro, que sabrá leer entre líneas el mensaje real que se recibe.

 

Como una demostración de la fuerza indiscutida de ese lenguaje almibarado, en la citada reunión, James Carrol, subdirector de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, junto con Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera, acompañados de funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa, y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Norteamérica, le reclamaron al presidente colombiano por el crecimiento hasta 200 mil hectáreas de los cultivos ilícitos. Su fumigación hacia el año 2010, sin miramiento alguno, llegó a reducirlas hasta 50 mil hectáreas.

 

Según lo expresado por los emisarios de Trump, los altos niveles de siembra de coca y producción de cocaína son una herencia recibida por el nuevo gobierno; y enfatizan, además, que comprenden el tránsito en que se encuentra el país producto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, lo que implica ciertas condescendencias. Pese a ello, enfatizan en que el país se “está quedando atrás en la lucha contra las drogas”, realidad que daría para descertificarlo. El encuentro fue aprovechado para entregarle al nuevo regente de la Casa de Nariño una misiva del presidente Trump en la cual éste llama la atención por la realidad que sobre el tema de drogas vive Colombia, que afecta de manera negativa a los Estados Unidos.

 

El mensaje es claro: les damos un tiempo para que cumplan o…

 

El establecimiento sabe lo que significa este mensaje, que funciona como los elementos que sirvieron para que Pavlov demostrara ciertos procesos de aprendizaje basados en el reflejo condicionado, en este caso una descertificación de parte de sus tutores y protectores, con sus dolorosas consecuencias: recorte o eliminación de todo tipo de ayuda económica, aprobada con anterioridad; eliminación de beneficios comerciales y cualquier otra ventaja otorgada por la potencia a su vasallo.

 

Otra vuelta a la tuerca. El mismo 11 de septiembre fue emitido un memorando por parte de la Casa Blanca (“Principales países productores y de tránsito de drogas año fiscal 2019”), en el cual el jefe de Estado estadounidense le reclama a Colombia, lo mismo que a países como Afganistán y México, por el aumento de los cultivos ilícitos. Otra decena de países también fue cuestionada por ser parte de las rutas usadas por los narcotraficantes para el envío de estupefacientes hacia la Unión Americana. Colombia es señalada en este memorando como “el mayor productor de sustancias ilícitas”, para exigir a renglón seguido que sus autoridades deben mostrar mayores compromisos y resultados en la guerra contra las drogas.

 

Como se recordará, esta guerra fue diseñada en realidad como estrategia para ahondar el control de Estados Unidos en la geopolítica global: lo demás es mero discurso. Estamos ante una eficiente estrategia para el caso de América Latina, por lo menos, pero también hacia Europa, una parte de Asia y África. La cantidad de presos que llenan las cárceles de Estados Unidos también ratifica la funcionalidad de tal política para el control social interno, criminalizando y atomizando clases y sectores sociales muy identificados, e impidiendo así el crecimiento de las voces críticas de la política dominante en los Estados Unidos, lo que ellos llaman “enemigo interno”.

 

Lección aprendida

 

Como todo alumno ñoño o nerdo, el nuevo gobierno colombiano, adelantándose a estos llamados de atención, había expresado en público su preocupación por el incontrolado crecimiento de narcocultivos, así como su decisión de obligar a su erradicación, consentida o impuesta, enfatizando en reiteradas ocasiones que reestablecerá la fumigación con glifosato. Ante las protestas de diversos sectores por lo anunciado, y curándose en salud, reafirmó por boca del propio Presidente que llevará a cabo tal política garantizando los preceptos exigidos en abril de 2017 por la Corte Constitucional. Es decir, adelantará consultas previas con quienes pueblan los territorios afectados por la aspersión del herbicida, concertando con los mismos la forma de hacerlo, a la par que financiando la siembra de otros productos para que recojan de ellos lo necesario para vivir, con alertas a los centros de salud cercanos a las zonas fumigadas para que estén atentos a atender la población que resultare afectada en tal acción, y adelantando, por lo demás, la aspersión de manera tal que el químico no afecte otros sembrados allí existentes. Finalmente, donde no se logre concertar, se impondrá el criterio del gobierno central.

 

Es decir, en el afán por cumplir con la geopolítica imperial, lo que viene es guerra abierta contra los cultivadores y otros sectores campesinos que encontraron en el cultivo de coca un recurso para asegurar una vida en mejores condiciones que la brindada por la siembra y comercialización de yuca, maíz o cualquier otro producto de consumo tradicional. También fue anunciada la persecución a los consumidores de marihuana y otras sustancias psicoactivas en el territorio nacional. Es un camino ya recorrido y con resultados adversos a todo nivel, y que obliga a preguntar, ¿habrá cárcel para tanta gente?

 

¿Cómo lograr una efectiva motivación de los campesinos para que acepten una reconversión en sus sembrados? Difícil es el tema, ya que, como está demostrado, la agricultura tradicional en territorio de la cuenca amazónica, por sus altos costos en transporte, no es rentable, y la implementación de un subsidio atemporal desde el Estado no tiene soporte fiscal para garantizar la manutención de miles de familias campesinas.

 

En la política antidrogas que impondrá Duque, así la llame nueva, renovada, novedosa, integral, etcétera, nada hay de ello por fuera del estilo calculadamente suave con que está siendo presentada, en busca de neutralizar a una parte de los contradictores, y al tiempo eludir el espinoso tema de las consecuencias que tal política tendría sobre la salud de los habitantes de los territorios involucrados, y además sobre la naturaleza y todas las especies que la pueblan. Esperemos que, en este particular, Duque asuma el consejo del presidente de la Corte Constitucional: “(En el uso del glifosato y sus dañinos efectos sobre la salud), al final del día, si la evidencia científica no es conclusiva, se debe aplicar un principio que es muy importante en el Derecho ambiental, que es el principio de precaución”.

 

En todo caso, como es sabido, Bayer, la empresa hoy propietaria de la marca Monsanto, productora original del glifosato, recientemente fue condenada en Estados Unidos a pagar varios cientos de millones de dólares al demostrarse que el cáncer sufrido por un jardinero provenía del uso de tal sustancia en su trabajo. Pese a todo, en Colombia siguen arguyendo que no hay prueba científica que demuestre la intrínseca relación entre ciertos tipos de cáncer y el cuestionado herbicida.

 

En estas circunstancias, como sociedad, estamos parados ante la realidad que requiere una política de Estado, de verdad integral, la cual de alguna manera fue resumida en los recientes Acuerdos de paz firmados con las Farc, en cuyo punto 4 se estableció: a) No disociar la problemática de los cultivos ilícitos del desarrollo rural y la del consumo como asunto de salud pública y su respectivo enfoque de Derechos Humanos; b) generar condiciones de bienestar para quienes allí habitan, creando condiciones para su tránsito hacia una economía legal; c) darle curso a la transformación de las condiciones de pobreza y marginalidad que afectan a los pobladores del campo, además de resolver la débil presencia institucional que siempre reina en esta parte del país, dando cuenta a la par de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; d) garantizar una transformación estructural del campo, dándole vía a una Reforma rural integral: e) sustitución voluntaria y no resiembra; f) controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas; g) implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción, asociada al narcotráfico; h) una política nacional frente al consumo de drogas.

 

Como es de conocimiento público, nada o poco de esto se ha concretado en los dos años posteriores a la firma del mencionado Acuerdo, y, como todo lo indica, el futuro es poco prometedor. Asimismo, la voluntad de quienes han detentado el poder en nuestro país es contraria a la redistribución de la tierra y la implementación de una política soberana en el conjunto de la agenda estatal, con particularidades como la que nos ocupa, que implicaría una política agraria de carácter integral que esté dirigida a la soberanía alimentaria, priorizando para ello una producción limpia, para lo cual una condición sustancial debiera ser la motivación y la financiación del campesinado para que dejen de utilizar agrotóxicos.

 

Un liderazgo internacional para confrontar la guerra contra las drogas sería otra columna central de esta política soberana, unida a una agenda ambiental de protección de páramos y bosques de todo tipo, para lo cual es fundamental, además de desestimular el consumo de sustancias psicoactivas, la confrontación integral del narcotráfico, aislándolo socialmente, y dejando a un lado la política imperial de “Guerra contra las drogas”.

 

Una política en verdad soberana en todos los órdenes, he ahí el reto para quien de verdad busca un mejor futuro para los 49 millones que habitan este país. Contrario a ello, enardecidos por la anunciada visita de Trump en noviembre próximo, desde la Casa de Nariño se atizará la confrontación con uno de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos raspachines.

Publicado enEdición Nº250
Reconoce Ernesto Zedillo que se equivocó al combatir y no regular el uso de drogas

El ex presidente Ernesto Zedillo reconoció abiertamente haberse equivocado en la política de ¬"prohibición", "represión" y "criminalización" de drogas ejecutada durante su gobierno (1994-2000), en lugar de haber optado por regular su consumo.

Calificó de "muy lamentable" que algunos países, en el seno de las Naciones Unidas, pretendan continuar con esta política que ha fracasado rotundamente en todos los lugares en que se ha aplicado.

Primero al presentar el informe "Regulación: el control responsable de las drogas", elaborado por la Comisión Global sobre las Políticas de Drogas, y luego en una declaración, el ex mandatario dijo que se cometieron "terribles violaciones de derechos humanos" de los consumidores, pues el tema no fue visto como de salud pública, sino que se criminalizó.

Zedillo, quien visita muy poco el país y emite declaraciones con poca frecuencia sobre México, dijo no omitir su responsabilidad de lo hecho durante su gobierno, y reconoció: "Yo seguí una política equivocada" en materia de drogas.

En la presentación del informe, el ex presidente de Colombia César Gaviria, integrante de la Comisión Global, señaló que la política de prohibición de drogas "ha sido una pesadilla para México, para Centroamérica, para Colombia". Una pesadilla, añadió, en términos de muertos y el enorme daño que ha causado al tejido social, y la corrupción que ha propiciado.

Por ello, dijo, para América Latina no basta pedir una modificación frente al uso de drogas, sino que es necesario asumir una posición más radical, que es "presionar a Estados Unidos a que empiece a pensar en un cambio de política, porque nosotros no podemos seguir aportando decenas de miles de muertes sólo porque los estadunidenses no son capaces de dar ese paso".

En el informe, el tercero que presenta la Comisión Global –instancia dedicada al análisis de las políticas internacionales de drogas y constituida por 20 personalidades, entre ellas 12 ex gobernantes y dos premios Nobel–, se examina cómo pueden los gobiernos tomar el control de los mercados ilícitos de narcóticos mediante una regulación responsable, lo que debilita a las organizaciones criminales que ahora se benefician de ellas.

Gaviria refirió que Europa desde hace 20 años modificó sus políticas de drogas, que la llevó a salir de la violencia que conlleva el prohibicionismo. Y pese a que aún tiene un mercado ilegal de droga, en materia de uso avanzó dramáticamente.

"Esto se puede hacer y es lo que yo diría que México debería hacer, sin pretender hacerlo con todas las drogas y siguiendo un aprendizaje, donde vaya ensayando su propio camino", apuntó Gaviria.

De esta forma, ambos ex mandatarios señalaron que el documento, tras la revisión de múltiples experiencias en todo el mundo, sugiere a los estados una regulación del mercado de las drogas, pues la prohibición genera mafias y grupos ilegales que amenazan al Estado.

Zedillo apuntó que "con la prohibición también se han creado peores problemas de salud pública y terribles violaciones a los derechos fundamentales de las personas que usan drogas".

En su oportunidad, Ruth Dreifuss, ex presidenta de Suiza y actual presidenta de la comisión, dijo, en relación con México, que este informe no busca "interferir en asuntos internos".

 

Publicado enInternacional
Los narcocultivos baten un nuevo récord en Colombia

Las autoridades no logran revertir la tendencia alcista de los últimos años. En 2017, el número de hectáreas sembradas pasó de 146.000 a 171.000

Ya es oficial. A pesar de los enormes esfuerzos de los últimos años, Colombia no ha conseguido revertir el aumento constante de los cultivos ilícitos. El nuevo Gobierno, presidido por Iván Duque, se enfrenta al desafío de reducir la mayor cantidad de hectáreas de coca de las que se tenga registro. En 2017, según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), presentado este miércoles en Bogotá, se produjo un incremento del 17%, equivalente a 25.000 hectáreas sembradas. La extensión total creció de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila el tamaño agregado de estos cultivos.


“El 25% de la coca en el país se encuentra a menos de 20 kilómetros de una frontera”, siendo los límites con Venezuela y Ecuador donde más intenso es el fenómeno, subraya Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los departamentos de Nariño y Putumayo -ambos fronterizos con Ecuador- y Norte de Santander -que limita con Venezuela-, concentran en conjunto el 60% de los narcocultivos. La producción potencial de cocaína alcanzó un nuevo récord en 2017: 1.379 toneladas. “Colombia necesita asistencia para esta gran tarea”, subraya Mathiasen.


Los funcionarios del nuevo Gobierno colombiano admiten que, debido a la dinámica de los narcocultivos, la cifra probablemente seguirá al alza este año. “Esta es una curva que va a en ascenso permanente y no encuentra su punto de inflexión”, se lamentó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, sin ocultar su “inmensa” preocupación. “Este tema ya es tratado como un asunto de seguridad nacional”.


Las estadísticas, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen justo cuando en el país sudamericano se debate sobre la conveniencia o no de retomar las fumigaciones con glifosato. El Ejecutivo enfrenta fuertes presiones por mostrar resultados a Estados Unidos: Donald Trump visitará Colombia en diciembre y las autoridades ya han autorizado autorizaron el uso de drones cargados del potente herbicida. A finales del 2015 el Gobierno había suspendido las aspersiones aéreas con glifosato, potencialmente cancerígeno, ante un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).


En paralelo al crecimiento de los narcocultivos en Colombia ha aumentado también la tensión entre Bogotá y Washington, estrechos socios en la estrategia antinarcóticos desde 1999, cuando se concibió el Plan Colombia. Las hectáreas dedicadas a la hoja de coca pasaron de 168.000 en el año 2000 a 48.000 en 2012 y 2013, su nivel más bajo desde que hay datos. Desde entonces, no han dejado de crecer: de acuerdo con las mediciones del Simci, en 2014 había 69.000 hectáreas dedicadas a estos cultivos, 96.000 en 2015 y 146.000 en 2016.

La estrategia antidroga también ha sido motivo de agrios debates políticos desde la campaña que llevó al poder a Duque, que tomó posesión como presidente a principios de agosto. Su antecesor, Juan Manuel Santos, pidió en distintos foros internacionales cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico, enfatizando en los países consumidores y abordando el problema desde una óptica de defensa de los derechos humanos y de la salud pública. El nuevo Gobierno, por el contrario, apuesta por la erradicación forzosa en detrimento de las iniciativas voluntarias pactadas por Santos con las comunidades de campesinos. “Vamos a volver a la aspersión aérea y se va a instaurar la erradicación forzosa sin cerrarle la puerta a acuerdos de erradicación voluntaria que sean viables y eficaces”, explicó el canciller, Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista reciente con EL PAÍS.


Las drogas ilícitas han sido, por décadas, el principal combustible para el conflicto armado en Colombia. El reciente incremento del cultivo de coca ha coincidido con la negociación en La Habana del acuerdo de paz que Santos selló con las FARC a finales de 2016, a pesar de que la exguerrilla -hoy desarmada y convertida en partido político- se comprometió a romper cualquier vínculo con el narcotráfico y a ayudar a combatirlo. Sobreviven, en cualquier caso, diversos grupos armados que se lucran del narcotráfico, entre ellos las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz.


Los resultados del Simci, publicados tres meses después de la fecha en que habitualmente se divulgan, llegan después de la medición de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, que suele registrar un número mayor. Ese estudio señaló que los cultivos ilícitos en Colombia alcanzaron 209.000 hectáreas, un incremento anual de 11 %. Las dos mediciones utilizan distintas metodologías, y si bien los números difieren, muestran la misma tendencia al alza.

 

Bogotá 19 SEP 2018 - 17:58 COT

Publicado enColombia
La policía holandesa cifra en 18.900 millones el valor de las drogas sintéticas producidas en el país en 2017

El cuerpo culpa al Gobierno de "falta de interés" en la lucha contra el tráfico ilegal de éxtasis y speed

Los jefes de las drogas sintéticas en Holanda produjeron en 2017 pastillas de éxtasis y speed por valor de 18.900 millones de euros: “Más que el Producto Nacional Bruto (PIB) de Islandia, o el volumen de ventas de Philips”. La Academia Nacional de Policía ha calculado la cifra en función de su precio en el mercado, y dice que entre 3.000 y 5.000 millones de euros acaban en los bolsillos de los delincuentes. En un informe presentado este sábado sobre “el problema nacional de repercusiones internacionales para la imagen de Holanda, causado por este tráfico ilegal”, los agentes subrayan “la falta de interés del Gobierno y la escasez de efectivos para combatirlo”.

Holanda y las drogas sintéticas: una verdad incómoda, así se titula la versión en inglés del informe policial. En neerlandés el encabezamiento es algo distinto: Un país pequeño hecho grande: Holanda y las drogas sintéticas en los últimos 50 años. Dirigido por Pieter Tops, experto en administración pública, constata la “tolerancia hacia el consumo de drogas”, y el hecho de que “la sanidad pública, la economía y las relaciones internacionales son más importantes para Holanda que la lucha contra las drogas”. Los investigadores atribuyen el liderazgo nacional a “las excelentes infraestructuras que facilitan la exportación”. También al hecho de que el speed [sulfato de anfetamina] se fabrique desde 1970 a gran escala”. Con todo, “la especialidad nacional es mdma [3,4-metilendioximetanfetamina, conocida como éxtasis] producida desde 1985”. Elaborar una pastilla de éxtasis cuesta unos 20 céntimos de euro; en la calle, vale hasta 20 euros.


Si bien la mayoría de las sustancias químicas precursoras de estas drogas se importan en China, otras llegan de Polonia y Bélgica, según el trabajo. “Durante mucho tiempo, las redes criminales estaban formadas por holandeses del sur del país (…) últimamente hemos visto grupos de origen turco, polaco y marroquí en este mercado”. La Academia de Policía lamenta que “Holanda solo actúe contra las drogas sintéticas cuando la presionan a escala internacional. Ocurrió en los años 70, cuando Suecia se quejó de la presencia allí de grandes cantidades de pastillas holandesas de éxtasis. En 1980, cuando el mdma irrumpió en el mercado y solo lo prohibió en 1988. Y en 1990, cuando Estados Unidos calificó a Holanda de ´narcoestado´ y Francia la secundó”, reza el informe.


La producción interna holandesa ha aumentado, “y como ahora hay más competidores y violencia, las consecuencias se notan ya en la calle y el entorno”, asegura la policía. Se refieren a la presencia de laboratorios en barrios vecinales, “con el consiguiente peligro de peleas en la calle”, y “la contaminación derivada de los residuos abandonados en el campo”. También hay vertidos en alcantarillas y desagües, y mezclados con los fertilizantes para el campo.


En enero de 2016, las autoridades alimentarias hallaron los primeros restos tóxicos de esta clase en una plantación de maíz en la provincia de Eindhoven (sur del país). Los traficantes vaciaron sus bidones en la fosa séptica de la granja, y los principios activos del éxtasis acabaron, en bajas concentraciones, en el sembrado. Si bien el riesgo para la salud quedó descartado, desde entonces, han aparecido más bidones abandonados en prados y cobertizos. Tras la presentación del trabajo, Ferdinand Grapperhaus, ministro de Justicia, ha admitido que “no se ha prestado suficiente atención al problema”. Por ello, ha prometido una inyección de 100 millones de euros, y 1.100 agentes adicionales al año, entre ellos especialistas en drogas de diseño, “para reventar esta práctica delictiva”.

Por ISABEL FERRER
La Haya 26 AGO 2018 - 14:01 COT

Publicado enInternacional