Martes, 21 Agosto 2018 07:34

De cultivos y buques militares

De cultivos y buques militares

El tema de siempre, los cultivos de hoja de coca en Colombia, y el tema de moda, Venezuela, fueron tratados en las conversaciones entre funcionarios colombianos y James Mattis. Preocupa el envío del buque USNS Comfort.

 Para Estados Unidos, que el hemisferio occidental sea un lugar próspero y seguro depende de las relaciones entre Estados, como lo dejó claro en su visita a América Latina el secretario de Defensa de Washington, James Mattis. En su paso por Colombia, el enviado del Pentágono se reunió con su homólogo, Guillermo Botero, ministro de Defensa, y el recién posesionado mandatario Iván Duque, con quienes de una vez acordó traer a aguas colombianas un buque norteamericano para, según dijeron, atender refugiados venezolanos con recursos y personal médico norteamericano. La noticia levantó, sin embargo, críticas pues podría tratarse de una provocación del Norte o bien de un asiento estratégico militarmente pese a que, según explicó Mattis, la embarcación solo incorporará personal humanitario y no soldados.


El tema de siempre, los cultivos de hoja de coca en Colombia, y el tema de moda, Venezuela, fueron tratados en las conversaciones entre mandatarios. A la potencia mundial y al gobierno de Duque les preocupa que en los últimos años, tras las conversaciones de paz entre Farc y el gobierno de Santos, las hectáreas de cultivos se duplicaran en vez de reducirse. Según EE.UU. en 2017 los cultivos de coca en Colombia aumentaron en un 11 % alcanzando 209.000 hectáreas. Por su parte, en su informe del mismo año la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito informó que dichos cultivos aumentaron en 52% pasando de 96 mil hectáreas sembradas a 146 mil.


“Buscaremos fortalecer los lazos de amistad y cooperación, por primera vez con el nuevo Gobierno, en pro de los intereses binacionales, enmarcado en el concepto de corresponsabilidad”, dijo el ministro colombiano de Defensa sin referirse al tema siempre vedado: la responsabilidad de América del Norte en el consumo, tráfico y lavado de activos del narcotráfico.


Estados Unidos es el país que más consume drogas en todo el mundo, tal como lo reconoció Rex Tillerson, Secretario de Estado de Trump a inicios de este año. En su visita a Perú, en febrero pasado, Tillerson aseguró: “Tenemos que reconocer que nuestro país es el mayor consumidor de drogas ilícitas. Desde ahora comenzaremos a trabajar en ese problema”. De todas formas, en su paso por Colombia el secretario de Defensa no hizo mención a posibles compromisos de su país en ese sentido aunque sí acentuó en que le preocupa que la producción de cocaína en Colombia esté por las 921 toneladas anuales.


La guerra contra las drogas que se libra ferozmente en Colombia desde los años noventa, pero de a poco en la gran potencia, ha dejado millones de víctimas mortales y tiene hoy bajo amenaza a los sectores más desprotegidos del país: los campesinos e indígenas que se dedican al cultivo de la hoja en territorios apartados y pobres donde la única posibilidad de obtener ingresos para comer y sobrevivir es esta actividad ilícita. Allí los ilegales han copado toda la economía amenazando a los locales de trabajar para ellos y así evitar asesinarles”en caso de no cooperar”.


Pese a que gracias al Acuerdo de Paz se pactó con las comunidades un plan amplio de sustitución voluntaria que empezó su marcha, el recién llegado ministro de Defensa anunció que pondrá mano firme a la erradicación forzosa. La presión de Estados Unidos por disminuir las hectáreas y la obsesión de la derecha por mostrarle resultados al gobierno de Trump, parecieron ponerse de prioridad ante el compromiso firmado entre el gobierno y las Farc –el mayor controlador de territorios sembrados de coca antes de la dejación de armas– la tensión, unas 125 mil familias campesinas en todo Colombia.


El narcotráfico siempre ha sido el tema número uno en la agenda Colombia-Estados Unidos pero la visita del Pentágono tras la llegada de Duque a Casa de Nariño tiene un componente especial: con el acuerdo de paz que goza de toda legitimidad constitucional y entre la comunidad internacional la prioridad es la sustitución voluntaria que evite más derramamiento de sangre. Comprendiendo el marco jurídico, quizá, el presidente Duque alivianó los anuncios del ministro Botero y dijo la semana anterior, después de la visita de la Casa Blanca, que los acuerdos sobre sustitución de cultivos ilícitos se cumplirán tal y como fueron suscritos. Pero que quiere ver resultados.


Sin embargo, la prioridad en la visita James Mattis a Colombia fue el vecino país de Venezuela. Al volver a Washington los funcionarios de Trump dieron detalles sobre el buque que Colombia aceptó tener en sus aguas. “Miembros de las FF.AA. y profesionales médicos trabajarán junto con los socios regionales para apoyar sus esfuerzos que incluyen, entre otros, hacer frente al impacto de la crisis humanitaria venezolana”, dijo el Pentágono en un comunicado del viernes pasado. Después se supo que la embarcación que llegará será el USNS Comfort que, según el portavoz, “cuenta con los equipos necesarios para ayudar al sistema sanitario de Colombia”.


Unos 900 mil venezolanos ingresaron a Colombia el año pasado según la Cancillería colombiana y al gobierno Trump le preocupa su salud. Algunos críticos opinan que la calidad de “humanitaria” de la embarcación es sospechosa y que podría cambiar su estatus a militar a antojo de la Casa Blanca. Teniendo en cuenta que Colombia suele ceder ante las peticiones de Estados Unidos pues se trata de su principal socio en la región logrando presencia militar autorizada en siete bases militares de todo el país y estadía de unos 600 “contratistas” del gobierno de Estados Unidos en tareas militares.


“El USNS Comfort, además de más de mil camas, cuenta con una docena de salas de operación, servicios radiológicos digitales, un laboratorio y una farmacia; al igual que un helipuerto habilitado para el aterrizaje de aeronaves de gran tamaño”, señalaron las comunicaciones.

 

Publicado enColombia
Martes, 07 Agosto 2018 08:36

Lo que no hay que hacer

Lo que no hay que hacer

Desde México y América Central hasta Argentina y Brasil, pasando por Perú, gobiernos de distinto signo defienden la participación de los militares en la seguridad interna. Es la única forma eficaz de disminuir la delincuencia, afirman. La experiencia concreta lo desmiente.


A fines de diciembre pasado el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgó una ley de seguridad interior que autoriza la participación de las fuerzas armadas “para enfrentar amenazas a la seguridad interior, cuando estas comprometan o superen las capacidades de las autoridades, y cuando haya amenazas originadas por la falta o insuficiente colaboración de las entidades y municipios en la preservación de la seguridad nacional”. Fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y por las propias Naciones Unidas, la ley mexicana legitima la “guerra contra las drogas” lanzada por el presidente Felipe Calderón en 2006, que militarizó el combate a los cárteles del narcotráfico. Desde entonces, no sólo no ha disminuido la inseguridad en México, sino que se ha multiplicado. Las cifras de homicidios ligados a esa “guerra” se dispararon año tras año: en 2009 eran el doble que en 2007, y en la larga década pasada hasta ahora los muertos han superado los 250 mil, según datos oficiales, y los 300 mil de acuerdo a asociaciones de derechos humanos. “El aumento de la presencia de fuerzas militares y policíacas a lo largo y ancho del país no ha logrado reducir el tráfico de drogas ni los crímenes; al contrario, en ciertas ciudades, como Ciudad Juárez, la presencia castrense y policial ha desatado una ola de violencia sin precedentes y el número de ejecuciones, extorsiones y secuestros aumentó de forma alarmante desde la llegada de las ‘fuerzas del orden’”, advertían ya en 2012 militantes de grupos humanitarios al hacer un balance de la “guerra contra las drogas” (desinformemonos.org, 20-VIII-12).


El concepto de “seguridad interior”, escribía a fines del año pasado en una columna el diputado Vidal Llerenas (eleconomista.mx, 30-XI-17), “se inspira en las leyes patrióticas de Estados Unidos, que otorgan poderes ilimitados a las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo. Con eso se vuelve permanente el exceso de facultades militares. (…) Ahora, en México, el concepto se quiere reutilizar para otorgar al Ejército atribuciones para, en los hechos, participar en tareas de seguridad pública, para lo cual se eliminan controles, se renuncia a todo tipo de transparencia en la información y se abre la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos crezcan aun más. Se desliza la idea de que, en sus acciones de seguridad interior, como sucede en las leyes patrióticas, se van a permitir ciertas violaciones a las garantías civiles, porque son ‘necesarias’ para garantizar la seguridad de la sociedad ante peligros ‘mayores’ a los que normalmente ponen en riesgo a los individuos”.


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En Rio de Janeiro la militarización de la seguridad interior fue decidida por el presidente Michel Temer en febrero, con el pretexto de terminar con la violencia. En los cinco meses transcurridos desde entonces, señala Fuego Cruzado, una plataforma web creada por Amnistía Internacional para dar cuenta de los tiroteos en Rio, la violencia en la ciudad se acentuó en todos los niveles: los tiroteos aumentaron 37 por ciento respecto al comienzo de la operación militar y crecieron las muertes de delincuentes, de policías, de habitantes víctimas de “balas perdidas”. Unos pocos días antes de ser asesinada –el 14 de marzo, justo un mes después del lanzamiento de la intervención militar– por integrantes de una banda formada, entre otros, por ex policías, la activista Marielle Franco advirtió que el involucramiento de las fuerzas armadas en la seguridad interior sólo podía acrecentar los niveles de violencia en las favelas, el foco central de la intervención, y dejar a sus habitantes cada vez más indefensos ante el fuego cruzado entre militares y narcos. “Hay además –decía Franco– una tradición de relativa convivencia y de reparto de territorios entre fuerzas de seguridad y narcotraficantes.”


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En varios países centroamericanos la participación de los militares en la seguridad interior se remonta a mucho tiempo atrás, a comienzos de los años dos mil. En República Dominicana, señala la socióloga Lilian Bobea, directora académica de la Plataforma Centroamérica-Caribe para la Seguridad Ciudadana, la tasa de muertes violentas pasó de 13,9 cada 100 mil habitantes en el año 2000 a 26,7 en 2005. Ese año, el presidente Leonel Fernández impulsó una reforma para desmilitarizar a la Policía. Un año después, la tasa de muertes violentas en el país volvió a caer: del 26, 7 cada 100 mil a 17.


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El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, propias de un país en guerra, o incluso peores (81,7 homicidios cada 100 mil habitantes, según datos del año pasado). Desde hace 15 años las fuerzas armadas intervienen en la seguridad interna, con el pretexto de combatir “amenazas emergentes”, como la ligada a las pandillas narco del tipo de la Mara Salvatrucha o Barrio 18. El Plan Mano Dura, de 2003, el Plan Súper Mano Dura, de 2004, y el Plan Antidelincuencial, de 2006, fueron variantes de una misma fórmula que asociaba a los militares con la Policía Nacional en la seguridad interna y se acompañaba de toda una serie de medidas “de excepción” que minaban los controles sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Se suponía que la llegada del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (Fmln) al gobierno, en 2009, provocaría un cambio de esa política, pero tras un período de negociación con las pandillas, que se conoció como “la tregua”, se volvió a la mano dura. “El mayor problema de esa negociación es que no se hizo de manera abierta y de cara a la sociedad”, dijo esta semana (30-VII-18) al diario argentino Página 12 Amparo Marroquín Parducci, profesora de la Universidad Centroamericana, que investiga la violencia en El Salvador. “Se prometió a los pandilleros cosas como aminorar el tipo de castigo en las cárceles de máxima seguridad y otra serie de prerrogativas que terminaron generando malestar entre los pandilleros que no estaban en las cárceles y, por supuesto, con la población salvadoreña. En forma paralela a esta tregua, se aprovecharon los altos niveles de enfrentamiento y violencia para impulsar una política crecientemente punitiva.”


El de El Salvador es casi un caso de escuela sobre la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interior, decidida con el argumento de que la Policía Nacional Civil no bastaba para quebrarle la yugular a la delincuencia. “Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han apostado de manera sistemática a medidas de seguridad de tolerancia cero, y lo único que lograron es aumentar la violencia” y “criminalizar a los jóvenes pobres”.


La investigadora cita a otro gran protagonista del combo securitario: los medios de comunicación. “Antes de que la violencia alcanzara estos niveles, los medios ya habían construido al gran monstruo”, dice. “Primero, el culpable del problema del desarrollo del país fue el indígena, posteriormente se echó la culpa a los comunistas y a los estudiantes revoltosos, durante la guerra civil fue por culpa de la guerrilla… y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se quedaron sin nadie a quien culpar. Es entonces cuando quizá algún creativo del marketing político inventó a los nuevos culpables: los pandilleros”. La prensa, piensa la universitaria, contribuyó a blanquear la deteriorada imagen de las fuerzas armadas tras el fin de la guerra interna y presentarlas “como una institución que verdaderamente nos puede salvar, que es incorruptible. En los últimos ochos años, la remilitarización ha sido mucho mayor. El agravante de la militarización es que el Ejército, al igual que otras estructuras del Estado, es infiltrado y termina sirviendo al crimen organizado”.
Marroquín señala que en este segundo período de gobierno de un Fmln ya muy debilitado se han tomado medidas que hasta hace poco parecían inimaginables para un partido de izquierda. Hoy “se permite apresar más fácilmente a un sospechoso y tenerlo detenido durante un tiempo largo (…). Y el mayor peligro es que volvemos a presenciar una judicialización y una condena de la pobreza a priori. Cada vez más la Policía local apresa a los chicos porque sí: porque son skaters, porque tienen tatuajes, porque ‘parecen pandilleros’, porque son pobres”, dice. Y apunta: “Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad. ‘Vean lo que nos pasó, no repitan esa estrategia’, sería el mensaje”.



Con Dawn Marie Paley, autora de “Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo”1

La experiencia mexicana


Diego Castro


El narcotráfico está en el centro de las polémicas sobre seguridad en la mayoría de los países del mundo. Es utilizado para dar legitimidad al aumento de armas y otros equipamientos policiales y militares, y es fuente de justificación de miles de muertes. México, con la ayuda de Estados Unidos, libra su “guerra contra las drogas” desde 2006; el resultado: desapariciones, asesinatos y mucha impunidad.


A los pocos días [de asumir como presidente] y sin haber dicho una palabra en su campaña electoral al respecto, Felipe Calderón lanzó la denominada “guerra contra el narco” a mediados de diciembre de 2006. La inauguró con una operación en el estado de Michoacán que, según nos cuenta Dawn Marie, marcaría la modalidad de intervención: miles de efectivos del Ejército y la Policía Federal destinados supuestamente a controlar el flujo y la producción de amapola. “El sexenio de Calderón supuso la experimentación de una guerra contra la gente, con niveles de violencia no conocidos hasta entonces, cuando la cifra de homicidios venía bajando. Desde entonces hay documentadas 35 mil personas desaparecidas, y más de 260 mil asesinadas.”


En esos años la atención de Estados Unidos, que antes se encontraba [puesta] en Colombia, pasó a enfocarse en México, con la Iniciativa Mérida –una propuesta similar al Plan Colombia–, que comenzó a funcionar en 2008. Esto supuso el aumento en la transferencia de dinero de Estados Unidos a México con destino a la seguridad. Según Dawn Marie, “a la vez que iba aumentando la ‘ayuda económica’ de Estados Unidos, en México aumentaban los muertos”.


¿Qué relación tuvo la intensificación de la lucha social y la declaración de guerra contra el narco? Para Dawn Marie fue directa. Insiste en que la denominada guerra contra el narco no es otra cosa que la justificación de la existencia de un enemigo interno para multiplicar el ataque contra el pueblo mexicano, contra su entramado comunitario, contra sus formas de vida y resistencia. Las víctimas serían fundamentalmente hombres jóvenes, los motivos inexistentes. Las matanzas no tienen un patrón común, en general los jóvenes asesinados no están vinculados a grupos del crimen organizado, aunque el discurso oficial siempre los intente conectar. El resultado: miedo, terror, confinamiento forzado a espacios privados, ruptura del tejido social. “Esta no es una estrategia que tenga que ver con controlar las drogas. Por ejemplo, el Plan Colombia no fue exitoso en disminuir la cantidad de cocaína que se consume en Estado Unidos, lo cual era su pretexto. Pero fue efectivo en otras cosas, abrir mercados, mayor apertura económica, hacer reformas políticas, todo con el mismo dinero y el discurso de la prosperidad para salir del ‘flagelo’ del narcotráfico. Y también se comprobó con el Plan Colombia que la militarización para la prohibición es funcional al capital, aquélla se relaciona a todos los casos de despojo extremo para liberar territorio para la caña de azúcar, para la palma. También acabar con sindicatos como en los casos de Chiquita y Coca Cola, contratando paramilitares para asesinar a gente organizada. Este despojo liberó territorios para la ampliación de actividades económicas que permitieron mayor acumulación de capital.”

Por Daniel Gatti
3 agosto, 2018

1. 2008. Libertad bajo Palabra.

(Brecha publica, con la autorización de su autor, estos fragmentos de la entrevista con Dawn Marie Paley publicada previamente en zur.org.uy)

Publicado enSociedad
En materia de paz, “Santos se va con un sabor agridulce”

En Colombia estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra.

 

Después de paladear por instantes la alegría suprema de contemplar franjas enteras de la nación reunidas en torno al anhelo de construir desde abajo un país cercano a los más hermosos sueños largo tiempo anhelados, vino el chaparrón de dura y fría realidad. Con una votación en la que varios millones de personas sufragaron en contra de sus propios intereses, se impuso la opción presidencial elegida por las corporaciones multinacionales, los más poderosos gremios del país, y los sectores beneficiados por la guerra y la economía del narcotráfico.

 

Alirio Uribe Muñoz vislumbró desde la campaña por el Congreso la posibilidad cierta que se respiró en el país de cambiar el manejo y la orientación del Estado con el ascenso de diversas fuerzas sociales que participaban en la contienda política, gracias a los acuerdos de paz suscritos en el 2016. Su propio ejemplo de triunfo, imprevisible en el 2014, alentó la participación de varias candidaturas que prosperaron y que terminaron por afectarlo en su pretensión de mantener su lugar en la asimétrica batalla librada en un Congreso con mayorías no comprometidas con la tarea de consolidar el proceso de paz con las Farc y consolidar el proceso que ahora se adelanta con el Eln.

 

Su voz curtida en años de dura brega en torno a los desarrollos legislativos del Acuerdo de paz, nos permite elevar la comprensión del periodo que se cierra con el retorno al poder del uribismo, y los desafíos que se abren en esta nueva fase.

 

Héctor Arenas (HA): ¿Cuál es su balance de la política de paz adelantada durante los dos periodos presidenciales del gobierno de Santos?
Alirio Uribe (AU): Lo primero que hay que reconocer es que Juan Manuel Santos se la jugó por la paz. Fue un gobierno que le apostó a lograr un Acuerdo de paz, ese es su mérito a lo largo de sus dos periodos de gobierno y el hecho que determinó que no sólo los sectores de la Unidad Nacional, sino los sectores que estamos naturalmente en la oposición, apoyáramos su postulación reeleccionista.

 

HA: ¿Recuerda algunas de las personas y organizaciones que lo apoyaron?
AU: Fueron diversos: Gustavo Petro, desde la Alcaldía; sectores de la izquierda tradicional, del PDA. El apoyo estaba dado en función de que hiciera la paz. Su mérito fue haberse mantenido durante los seis años finales de su gobierno en una meta clara, precisa, de lograr ponerle fin al conflicto armado con las Farc, que tenían más de 53 años activas.

 

HA: ¿Y el resultado?
AU: El resultado es cierto. Es indudable que hubo una dejación total de armas. Es el proceso de paz del mundo en el que más armas se han entregado: 1.6 por persona. En procesos como el de Afganistán se entregaron 0.16 armas por persona. Con los paras en Colombia cerca de 0.48 armas por persona. Con las Farc, 1.6, hubo 8.144 armas, incluyendo revólveres, armas largas, fusilería, pero también lanzacohetes y armas de guerra de mayor alcance. Hubo concentración de tropas, así como un proceso de verificación muy bueno por parte de Naciones Unidas. La buena fe realza en la actuación de las Farc, que le apostaron a la creación de su partido político, hecho que debe resaltarse. Participaron en las elecciones con 73 candidatos y tienen diez congresistas.

 

Creo que hay que reconocerle a Juan Manuel Santos eso: que después de más de cincuenta años fue el único gobierno que abrió la puerta para avanzar en serio en una mesa de negociaciones y firmar y refrendar unos acuerdos.

 

También creo que el error crucial en este proceso, enraizado en la ceguera de la prepotencia, se ubica en la refrendación de los acuerdos del dos de octubre de 2016. No se necesitaba. Fue un error histórico haber apostado a las urnas y desencadenar una renegociación de los acuerdos, que no se cerró en diciembre de ese año con los ajustes realizados con base en las exigencias del Centro Democrático, sino que se mantiene hasta la fecha.

 

HA: ¿Cuáles han sido los efectos benéficos del Acuerdo de Paz?
AU: Bueno, hay impactos que tienen que ver con varios aspectos: reducción de la confrontación armada, reflejada con claridad en la mejoría de muchos indicadores de violencia en el país, por ejemplo, la tasa de homicidios más baja en los últimos 42 años: diez mil ochocientos asesinados en el 2017, mientras que hasta hace poco el dato anual rondaba los 30 mil homicidios.

 

También bajaron las muertes en combate y los desplazamientos forzados. Hubo treinta mil desplazados en el 2017. La cifra histórica oscilaba entre 300.000 y 500.000. Otro tanto ocurrió con el descenso de los secuestros, que durante los años de la Seguridad Democrática promediaron los 3.500 al año, para reducirse a 190 en el 2017. Algo similar sucedió con las víctimas de las minas antipersonales, que durante la Seguridad Democrática promediaron las 1.300 –en el 2007–, y en el 2017 sus víctimas descendieron a 8..

 

Estos datos no implican la persistencia de graves problemáticas, pero sí revelan impactos indudables en favor de la vida, relacionados con el fin del conflicto, con la paz.

 

En el campo democrático, político-electoral es necesario señalar la concreción de una apertura democrática. En las elecciones presidenciales aumentaron los votantes en siete millones. La apertura política no se reveló en los votos que obtuvo el nuevo partido político de las Farc, sino en los ocho millones de votos obtenidos por la Colombia Humana. en la segunda vuelta. Y en los nueve millones y medio alcanzados por Petro y Fajardo en la primera vuelta.

 

HA: ¿Y que no se logró con este Acuerdo de Paz?
AU: Hay coincidencia de distintos actores de este proceso en señalar que muchas de las cosas que no pasaron, o que no llegaron a tiempo, en términos de desarrollo de lo acordado, son responsabilidad de Juan Manuel Santos. Incluso hay personas que afirman que los acuerdos no serían hechos trizas durante el gobierno de Duque, sino que ya lo estaban con el gobierno Santos. Es decir, al propio gobierno le faltó voluntad política en muchísimos aspectos que no requerían marcos jurídicos. Hubo voluntad para firmar lo acordado, para adelantar la dejación de armas, el fin de la confrontación, e iniciar la reincorporación, pero al Gobierno le faltó igual determinación, eficacia y celeridad para realizar las apropiaciones presupuestales necesarias, adecuar las zonas veredales, poner en marcha los proyectos productivos, y allegar los proyectos de ley que desarrollaban a tiempo lo estipulado entre las partes.

 

HA: Con relación a la labor adelantada por el gobierno en el Congreso, en específico las normas que desarrollaban los acuerdos, ¿cuál es el balance?
AU: ¿Qué fue positivo? Se tramitaron siete reformas constitucionales, incluyendo la que creaba el procedimiento legislativo especial para la paz; y también la que creaba las curules especiales de paz, que se embolató al final del año pasado en Senado y Cámara.

 

Esas reformas constituyen la columna vertebral de este Acuerdo. Tengamos presente que si el dos de octubre de 2016 se hubiera aprobado el referendo, todos los acuerdos entraban a formar parte de la Constitución, que era lo pactado. Como ese no fue el resultado, hubo una puja muy fuerte para tratar de elevar a rango constitucional aspectos fundamentales del Acuerdo. Sin embargo, no es tan fácil que el gobierno que inicia labores el 7 de agosto desmonte esas reformas constitucionales, pero lo puede hacer y lo va a intentar. Esas reformas constitucionales le dan fuerza vinculante al Acuerdo de Paz y establecen que lo allí estipulado debe aplicarse de buena fe. También establecen que deben aplicarse en su integralidad durante los próximos doce años. Son acuerdos de Estado que vinculan a los gobiernos que vienen, vinculan a los Congresos, y a los jueces, Cortes y a los organismos de control. Creo que este marco constitucional es fundamental, así hay que reconocerlo.

 

Por otra parte, se aprobaron leyes estatutarias y ordinarias, en total más de cien normas. Unas, vía decretos leyes, y otras, decretos ordinarios. Constituyen el marco jurídico de la implementación de lo acordado. Incluyendo la norma sobre procedimiento y prueba de la JEP. Esta es una norma muy problemática porque se aprobaron artículos que son abiertamente inconstitucionales. Esto sucedió porque el Gobierno se demoró en presentar ese proyecto de Ley y el proyecto se votó de manera concomitante con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 17 de junio, cuyo resultado condujo a una reconfiguración del Congreso, cambio que facilitó la aprobación de dos artículos muy graves, liderados por el Centro Democrático: el que crea un procedimiento especial para los militares, que prácticamente los saca de la Justicia Especial de Paz. Y otro que tiene que ver con la extradición de Santrich, la posibilidad de practicar pruebas y la posibilidad de que la justicia especial de paz se pronuncie sobre la extradición.

 

Estos son los costos que estamos pagando por la moratoria del Gobierno en la tarea de presentar estos proyectos de ley. Ese último día también se aprobó el proyecto de ley que trata del sometimiento de las bandas criminales, norma que deja abierta la puerta al desmonte de las estructuras paramilitares.

 

Es decir, al nuevo gobierno le queda el desafío de implementar los acuerdos, de no hacerlos trizas. Le queda el desafío de someter las bandas paramilitares, al Clan del Golfo, a los Pelusos, a todos estos grupos a un proceso de paz, y le queda el desafío de avanzar en un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Como puede deducirse ahí están las matrices de violencia, pueden mantenerse abiertas o pueden cerrarse

 

HA: ¿Hay alguna otra dimensión relevante en los incumplimientos de lo acordado?
AU: Sí, la seguridad física de los otrora insurgentes: han matado ya más de sesenta y tres. Muchos también han denunciado amenazas y persecuciones. Durante la campaña electoral tuvieron que suspender su tarea de comunicación política producto de las agresiones planificadas y las amenazas. Esto pone en duda también la seguridad de participar en política.

 

Además, también se ha dado una inseguridad jurídica. Sobre este particular dos grandes baches: Por una parte, algunos jueces se resistieron a aplicar la Ley de Amnistía, incluso el gobierno tuvo que expedir decretos para que los jueces acataran la Ley y ordenasen la amnistía de los guerrilleros que estaba en las cárceles. Según el nuevo partido de la Fuerza Alternativa del Común, aún tienen más de 300 guerrilleros en las cárceles.

 

Por otra parte, el otro gran bache en este aspecto es la extradición. Hay que señalar la forma burda y arbitraria como se ha utilizado el mecanismo de la extradición para atacar la alta dirección de los negociadores de las Farc, que tienen hoy la representación política de la Fuerza Alternativa del Común en el Congreso.

 

Creo que la extradición no debería operar, no debería ser utilizada para atacar los acuerdos de paz. De hecho, lo que dice el Acuerdo de Paz es que hay un derecho de no extradición. Quienes lo firmaron tienen una garantía constitucional de no ser extraditados. Lo que estamos viendo es que la DEA está haciendo un montaje con la Fiscalía, a pesar de que Santrich no tiene ninguna investigación en su contra en Colombia. Santrich puede terminar extraditado si el sobrino de Iván Márquez (que es hoy un agente de los organismos de inteligencia estadounidenses), termina declarando contra él como, se presume que suceda en ese proceso.

 

Este es un tema muy sensible para la implementación de lo firmado. Si van a empezar a poner en duda la participación de la dirección política del nuevo partido de la Farc a través de montajes o de otros expedientes, ponen en grave riesgo el fruto de lo negociado. El propio Iván Duque dijo, después de su elección, que él no quería que se posesionaran quienes tuvieran antecedentes, y este punto es una de las médulas del Acuerdo: compareciendo ante la JEP pueden participar en política. Por eso se inscribieron como candidatos. Quieren afectar entonces, con medios jurídicos, el tránsito pactado de pasar de echar bala a echar lengua.

HA: ¿Y con relación al tema de la seguridad económica de los excombatientes?
AU: Vimos que se hicieron los pagos individuales de las mesadas pactadas, y que hubo las afiliaciones a la seguridad social, pero también vimos que no se cumplió con el punto de la puesta en marcha de los proyectos productivos colectivos en las zonas veredales que, además, fueron levantadas en casi todos los casos con el esfuerzo y los elementos aportados por las Farc.

 

Lo que privilegiaron las entidades oficiales relacionadas con estos temas fue privilegiar las medidas que alentaron la reincorporación individual y la salida de las zonas veredales de cada excombatiente, por sobre los proyectos productivos pactados que permitían la reincorporación colectiva. También reinó un retraso total en los planes de desarrollo territorial. Estos hechos han favorecido la determinación de algunos miembros de la guerrilla desmovilizada, consistente en considerar mejor trabajar con grupos delincuenciales de la mafia, del narcotráfico, lo cual es muy grave. El nuevo Presidente ha expresado su voluntad de proteger lo pactado en reincorporación.

 

HA: ¿Qué es posible hacer frente a este escenario de inseguridades?
AU: Espero que la bancada democrática que llegó al Congreso, unos treinta en el Senado, más veinte en la Cámara, y eventualmente algunos de otros partidos, puedan evitar que se reviertan muchos de los puntos de lo firmado. A la par, tendremos que hacer una movilización sin precedentes: una gran movilización social por la paz para que el gobierno de Duque cumpla con la implementación del Acuerdo.

 

Con el balance que presento, creo que Santos se va con un sabor agridulce. Muchos y vitales logros en términos de alcanzar acuerdos y producir la desmovilización, pero también muchos conejos a la implementación de los acuerdos de paz.

 

HA: ¿Qué podría anotar con relación a la institucionalidad para el Acuerdo de Paz?
AU: Hay instituciones que ya existían, por ejemplo la Unidad de Victimas, que con el Acuerdo se esperaba avanzar más en la reparación individual y colectiva. También la Unidad de Tierras, con la que se esperaba avanzar más en la restitución de tierras.

 

No veo avances en el punto de allegar más recursos para las víctimas, pese a que estaba pactado. Otro tanto la restitución de tierras, como con el cumplimiento de las sentencias, porque además hay cientos, sino miles de sentencias, que ordenaban reparación individual y colectiva. Y estas sentencias no se han cumplido.

 

Pero, en la parte constructiva del balance que estamos formulando, es necesario tener en cuenta que la creación de tres figuras nuevas, que es necesario contemplar y saber que están andando.

 

- Se creó la Comisión de Esclarecimiento y Verdad Histórica. Esta Comisión ya tiene su equipo, está trabajando, y tiene tres años para producir un informe sobre el tema.
- Está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que también está funcionando. Tiene una directora, que está conformando su equipo de trabajo.
- Y está la Justicia Especial de Paz, que ha recibido múltiples ataques, pero existe, tiene todos los magistrados, y tiene sus oficinas, sus equipos, y ha comenzado a funcionar.

 

Por otra parte, en la Policía Nacional se creó el Cuerpo Élite contra el crimen organizado. Se suponía que este Cuerpo sería destinado al ataque de uno de los riesgos más graves que tiene este Proceso de Paz, a saber: el asesinato de excombatientes, pero no solamente estas acciones, también los asesinatos en los territorios de los líderes sociales. Lo que hemos visto es que este Cuerpo no ha actuado, o ha actuado de manera no eficaz, dándose el asesinato de 63 excombatientes, y una ola de trescientos asesinatos de líderes sociales.

 

Estamos en un momento de transición de altísimo riesgo porque ni responde el gobierno que se va, ni responde el gobierno que llega. Creo que estos meses, hasta septiembre, pueden ser un tiempo de altísima dosis de guerra sucia.

 

HA: Hay algún otro mecanismo que considerar en este escenario de la lucha por librar contra el paramilitarismo?
AU: Sí, hay otro mecanismo: la Unidad especial de investigación de la Fiscalía para combatir los crímenes de los grupos paramilitares. Esta Unidad existe pero, por lo que ha acontecido en cuanto a asesinatos, es evidente que hasta ahora no está funcionado de manera eficaz.

 

También está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se ha reunido muy poco. A pesar de que tiene componentes de alto nivel del gobierno, de los desmovilizados de las Farc, de las Ongs, de la sociedad civil, no ha logrado su cometido, que es garantizarle la vida y la seguridad a la gente.

 

También fue creado un Sistema Integrado de Seguridad y Protección que, insisto, todos estos mecanismos están funcionando, pero hay que profundizar su accionar para que cumplan con su misión institucional.

 

HA: Y con relación a la reforma rural integral, ¿qué decir?
AU: El Punto uno del Acuerdo es el más rezagado en cuanto a su cumplimiento. Se trata del punto que aborda el origen del conflicto: todo lo relacionado con tierras.

 

Hay un Fondo especial para el acceso a tierras, pero no ha iniciado su labor de manera real para entregar tierras a los campesinos.

 

Hay un Programa Nacional Integral para sustitución de cultivos de uso ilícito, los llamados Pennis. Su aplicación ha sido muy precaria, en mi consideración. Se han combinado dos políticas: una violenta, de fuerza, que es la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, y una política derivada del Acuerdo, que es la de sustitución voluntaria, con planes de desarrollo regional y territorial, para que la gente deje de sembrar coca y siembre otros productos.

 

Es lógico, sin resolver plenamente el tema de la tierra, así como distintas problemáticas asociadas a la misma, no serán desinflados aspectos estructurales que sirvieron como aliento para el origen y prolongación de este conflicto. Podría retornar su ritmo, en menor, igual o mayor escala sino se cumple con lo acordado sobre este particular. Es decir, estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra en nuestra sociedad. El tapón para no regresar por caminos ya transitados está en manos de la sociedad. Vienen meses de mucha confrontación social.

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En materia de paz, “Santos se va con un sabor agridulce”

En Colombia estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra.

 

Después de paladear por instantes la alegría suprema de contemplar franjas enteras de la nación reunidas en torno al anhelo de construir desde abajo un país cercano a los más hermosos sueños largo tiempo anhelados, vino el chaparrón de dura y fría realidad. Con una votación en la que varios millones de personas sufragaron en contra de sus propios intereses, se impuso la opción presidencial elegida por las corporaciones multinacionales, los más poderosos gremios del país, y los sectores beneficiados por la guerra y la economía del narcotráfico.

 

Alirio Uribe Muñoz vislumbró desde la campaña por el Congreso la posibilidad cierta que se respiró en el país de cambiar el manejo y la orientación del Estado con el ascenso de diversas fuerzas sociales que participaban en la contienda política, gracias a los acuerdos de paz suscritos en el 2016. Su propio ejemplo de triunfo, imprevisible en el 2014, alentó la participación de varias candidaturas que prosperaron y que terminaron por afectarlo en su pretensión de mantener su lugar en la asimétrica batalla librada en un Congreso con mayorías no comprometidas con la tarea de consolidar el proceso de paz con las Farc y consolidar el proceso que ahora se adelanta con el Eln.

 

Su voz curtida en años de dura brega en torno a los desarrollos legislativos del Acuerdo de paz, nos permite elevar la comprensión del periodo que se cierra con el retorno al poder del uribismo, y los desafíos que se abren en esta nueva fase.

 

Héctor Arenas (HA): ¿Cuál es su balance de la política de paz adelantada durante los dos periodos presidenciales del gobierno de Santos?
Alirio Uribe (AU): Lo primero que hay que reconocer es que Juan Manuel Santos se la jugó por la paz. Fue un gobierno que le apostó a lograr un Acuerdo de paz, ese es su mérito a lo largo de sus dos periodos de gobierno y el hecho que determinó que no sólo los sectores de la Unidad Nacional, sino los sectores que estamos naturalmente en la oposición, apoyáramos su postulación reeleccionista.

 

HA: ¿Recuerda algunas de las personas y organizaciones que lo apoyaron?
AU: Fueron diversos: Gustavo Petro, desde la Alcaldía; sectores de la izquierda tradicional, del PDA. El apoyo estaba dado en función de que hiciera la paz. Su mérito fue haberse mantenido durante los seis años finales de su gobierno en una meta clara, precisa, de lograr ponerle fin al conflicto armado con las Farc, que tenían más de 53 años activas.

 

HA: ¿Y el resultado?
AU: El resultado es cierto. Es indudable que hubo una dejación total de armas. Es el proceso de paz del mundo en el que más armas se han entregado: 1.6 por persona. En procesos como el de Afganistán se entregaron 0.16 armas por persona. Con los paras en Colombia cerca de 0.48 armas por persona. Con las Farc, 1.6, hubo 8.144 armas, incluyendo revólveres, armas largas, fusilería, pero también lanzacohetes y armas de guerra de mayor alcance. Hubo concentración de tropas, así como un proceso de verificación muy bueno por parte de Naciones Unidas. La buena fe realza en la actuación de las Farc, que le apostaron a la creación de su partido político, hecho que debe resaltarse. Participaron en las elecciones con 73 candidatos y tienen diez congresistas.

 

Creo que hay que reconocerle a Juan Manuel Santos eso: que después de más de cincuenta años fue el único gobierno que abrió la puerta para avanzar en serio en una mesa de negociaciones y firmar y refrendar unos acuerdos.

 

También creo que el error crucial en este proceso, enraizado en la ceguera de la prepotencia, se ubica en la refrendación de los acuerdos del dos de octubre de 2016. No se necesitaba. Fue un error histórico haber apostado a las urnas y desencadenar una renegociación de los acuerdos, que no se cerró en diciembre de ese año con los ajustes realizados con base en las exigencias del Centro Democrático, sino que se mantiene hasta la fecha.

 

HA: ¿Cuáles han sido los efectos benéficos del Acuerdo de Paz?
AU: Bueno, hay impactos que tienen que ver con varios aspectos: reducción de la confrontación armada, reflejada con claridad en la mejoría de muchos indicadores de violencia en el país, por ejemplo, la tasa de homicidios más baja en los últimos 42 años: diez mil ochocientos asesinados en el 2017, mientras que hasta hace poco el dato anual rondaba los 30 mil homicidios.

 

También bajaron las muertes en combate y los desplazamientos forzados. Hubo treinta mil desplazados en el 2017. La cifra histórica oscilaba entre 300.000 y 500.000. Otro tanto ocurrió con el descenso de los secuestros, que durante los años de la Seguridad Democrática promediaron los 3.500 al año, para reducirse a 190 en el 2017. Algo similar sucedió con las víctimas de las minas antipersonales, que durante la Seguridad Democrática promediaron las 1.300 –en el 2007–, y en el 2017 sus víctimas descendieron a 8..

 

Estos datos no implican la persistencia de graves problemáticas, pero sí revelan impactos indudables en favor de la vida, relacionados con el fin del conflicto, con la paz.

 

En el campo democrático, político-electoral es necesario señalar la concreción de una apertura democrática. En las elecciones presidenciales aumentaron los votantes en siete millones. La apertura política no se reveló en los votos que obtuvo el nuevo partido político de las Farc, sino en los ocho millones de votos obtenidos por la Colombia Humana. en la segunda vuelta. Y en los nueve millones y medio alcanzados por Petro y Fajardo en la primera vuelta.

 

HA: ¿Y que no se logró con este Acuerdo de Paz?
AU: Hay coincidencia de distintos actores de este proceso en señalar que muchas de las cosas que no pasaron, o que no llegaron a tiempo, en términos de desarrollo de lo acordado, son responsabilidad de Juan Manuel Santos. Incluso hay personas que afirman que los acuerdos no serían hechos trizas durante el gobierno de Duque, sino que ya lo estaban con el gobierno Santos. Es decir, al propio gobierno le faltó voluntad política en muchísimos aspectos que no requerían marcos jurídicos. Hubo voluntad para firmar lo acordado, para adelantar la dejación de armas, el fin de la confrontación, e iniciar la reincorporación, pero al Gobierno le faltó igual determinación, eficacia y celeridad para realizar las apropiaciones presupuestales necesarias, adecuar las zonas veredales, poner en marcha los proyectos productivos, y allegar los proyectos de ley que desarrollaban a tiempo lo estipulado entre las partes.

 

HA: Con relación a la labor adelantada por el gobierno en el Congreso, en específico las normas que desarrollaban los acuerdos, ¿cuál es el balance?
AU: ¿Qué fue positivo? Se tramitaron siete reformas constitucionales, incluyendo la que creaba el procedimiento legislativo especial para la paz; y también la que creaba las curules especiales de paz, que se embolató al final del año pasado en Senado y Cámara.

 

Esas reformas constituyen la columna vertebral de este Acuerdo. Tengamos presente que si el dos de octubre de 2016 se hubiera aprobado el referendo, todos los acuerdos entraban a formar parte de la Constitución, que era lo pactado. Como ese no fue el resultado, hubo una puja muy fuerte para tratar de elevar a rango constitucional aspectos fundamentales del Acuerdo. Sin embargo, no es tan fácil que el gobierno que inicia labores el 7 de agosto desmonte esas reformas constitucionales, pero lo puede hacer y lo va a intentar. Esas reformas constitucionales le dan fuerza vinculante al Acuerdo de Paz y establecen que lo allí estipulado debe aplicarse de buena fe. También establecen que deben aplicarse en su integralidad durante los próximos doce años. Son acuerdos de Estado que vinculan a los gobiernos que vienen, vinculan a los Congresos, y a los jueces, Cortes y a los organismos de control. Creo que este marco constitucional es fundamental, así hay que reconocerlo.

 

Por otra parte, se aprobaron leyes estatutarias y ordinarias, en total más de cien normas. Unas, vía decretos leyes, y otras, decretos ordinarios. Constituyen el marco jurídico de la implementación de lo acordado. Incluyendo la norma sobre procedimiento y prueba de la JEP. Esta es una norma muy problemática porque se aprobaron artículos que son abiertamente inconstitucionales. Esto sucedió porque el Gobierno se demoró en presentar ese proyecto de Ley y el proyecto se votó de manera concomitante con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 17 de junio, cuyo resultado condujo a una reconfiguración del Congreso, cambio que facilitó la aprobación de dos artículos muy graves, liderados por el Centro Democrático: el que crea un procedimiento especial para los militares, que prácticamente los saca de la Justicia Especial de Paz. Y otro que tiene que ver con la extradición de Santrich, la posibilidad de practicar pruebas y la posibilidad de que la justicia especial de paz se pronuncie sobre la extradición.

 

Estos son los costos que estamos pagando por la moratoria del Gobierno en la tarea de presentar estos proyectos de ley. Ese último día también se aprobó el proyecto de ley que trata del sometimiento de las bandas criminales, norma que deja abierta la puerta al desmonte de las estructuras paramilitares.

 

Es decir, al nuevo gobierno le queda el desafío de implementar los acuerdos, de no hacerlos trizas. Le queda el desafío de someter las bandas paramilitares, al Clan del Golfo, a los Pelusos, a todos estos grupos a un proceso de paz, y le queda el desafío de avanzar en un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Como puede deducirse ahí están las matrices de violencia, pueden mantenerse abiertas o pueden cerrarse

 

HA: ¿Hay alguna otra dimensión relevante en los incumplimientos de lo acordado?
AU: Sí, la seguridad física de los otrora insurgentes: han matado ya más de sesenta y tres. Muchos también han denunciado amenazas y persecuciones. Durante la campaña electoral tuvieron que suspender su tarea de comunicación política producto de las agresiones planificadas y las amenazas. Esto pone en duda también la seguridad de participar en política.

 

Además, también se ha dado una inseguridad jurídica. Sobre este particular dos grandes baches: Por una parte, algunos jueces se resistieron a aplicar la Ley de Amnistía, incluso el gobierno tuvo que expedir decretos para que los jueces acataran la Ley y ordenasen la amnistía de los guerrilleros que estaba en las cárceles. Según el nuevo partido de la Fuerza Alternativa del Común, aún tienen más de 300 guerrilleros en las cárceles.

 

Por otra parte, el otro gran bache en este aspecto es la extradición. Hay que señalar la forma burda y arbitraria como se ha utilizado el mecanismo de la extradición para atacar la alta dirección de los negociadores de las Farc, que tienen hoy la representación política de la Fuerza Alternativa del Común en el Congreso.

 

Creo que la extradición no debería operar, no debería ser utilizada para atacar los acuerdos de paz. De hecho, lo que dice el Acuerdo de Paz es que hay un derecho de no extradición. Quienes lo firmaron tienen una garantía constitucional de no ser extraditados. Lo que estamos viendo es que la DEA está haciendo un montaje con la Fiscalía, a pesar de que Santrich no tiene ninguna investigación en su contra en Colombia. Santrich puede terminar extraditado si el sobrino de Iván Márquez (que es hoy un agente de los organismos de inteligencia estadounidenses), termina declarando contra él como, se presume que suceda en ese proceso.

 

Este es un tema muy sensible para la implementación de lo firmado. Si van a empezar a poner en duda la participación de la dirección política del nuevo partido de la Farc a través de montajes o de otros expedientes, ponen en grave riesgo el fruto de lo negociado. El propio Iván Duque dijo, después de su elección, que él no quería que se posesionaran quienes tuvieran antecedentes, y este punto es una de las médulas del Acuerdo: compareciendo ante la JEP pueden participar en política. Por eso se inscribieron como candidatos. Quieren afectar entonces, con medios jurídicos, el tránsito pactado de pasar de echar bala a echar lengua.

HA: ¿Y con relación al tema de la seguridad económica de los excombatientes?
AU: Vimos que se hicieron los pagos individuales de las mesadas pactadas, y que hubo las afiliaciones a la seguridad social, pero también vimos que no se cumplió con el punto de la puesta en marcha de los proyectos productivos colectivos en las zonas veredales que, además, fueron levantadas en casi todos los casos con el esfuerzo y los elementos aportados por las Farc.

 

Lo que privilegiaron las entidades oficiales relacionadas con estos temas fue privilegiar las medidas que alentaron la reincorporación individual y la salida de las zonas veredales de cada excombatiente, por sobre los proyectos productivos pactados que permitían la reincorporación colectiva. También reinó un retraso total en los planes de desarrollo territorial. Estos hechos han favorecido la determinación de algunos miembros de la guerrilla desmovilizada, consistente en considerar mejor trabajar con grupos delincuenciales de la mafia, del narcotráfico, lo cual es muy grave. El nuevo Presidente ha expresado su voluntad de proteger lo pactado en reincorporación.

 

HA: ¿Qué es posible hacer frente a este escenario de inseguridades?
AU: Espero que la bancada democrática que llegó al Congreso, unos treinta en el Senado, más veinte en la Cámara, y eventualmente algunos de otros partidos, puedan evitar que se reviertan muchos de los puntos de lo firmado. A la par, tendremos que hacer una movilización sin precedentes: una gran movilización social por la paz para que el gobierno de Duque cumpla con la implementación del Acuerdo.

 

Con el balance que presento, creo que Santos se va con un sabor agridulce. Muchos y vitales logros en términos de alcanzar acuerdos y producir la desmovilización, pero también muchos conejos a la implementación de los acuerdos de paz.

 

HA: ¿Qué podría anotar con relación a la institucionalidad para el Acuerdo de Paz?
AU: Hay instituciones que ya existían, por ejemplo la Unidad de Victimas, que con el Acuerdo se esperaba avanzar más en la reparación individual y colectiva. También la Unidad de Tierras, con la que se esperaba avanzar más en la restitución de tierras.

 

No veo avances en el punto de allegar más recursos para las víctimas, pese a que estaba pactado. Otro tanto la restitución de tierras, como con el cumplimiento de las sentencias, porque además hay cientos, sino miles de sentencias, que ordenaban reparación individual y colectiva. Y estas sentencias no se han cumplido.

 

Pero, en la parte constructiva del balance que estamos formulando, es necesario tener en cuenta que la creación de tres figuras nuevas, que es necesario contemplar y saber que están andando.

 

- Se creó la Comisión de Esclarecimiento y Verdad Histórica. Esta Comisión ya tiene su equipo, está trabajando, y tiene tres años para producir un informe sobre el tema.
- Está la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que también está funcionando. Tiene una directora, que está conformando su equipo de trabajo.
- Y está la Justicia Especial de Paz, que ha recibido múltiples ataques, pero existe, tiene todos los magistrados, y tiene sus oficinas, sus equipos, y ha comenzado a funcionar.

 

Por otra parte, en la Policía Nacional se creó el Cuerpo Élite contra el crimen organizado. Se suponía que este Cuerpo sería destinado al ataque de uno de los riesgos más graves que tiene este Proceso de Paz, a saber: el asesinato de excombatientes, pero no solamente estas acciones, también los asesinatos en los territorios de los líderes sociales. Lo que hemos visto es que este Cuerpo no ha actuado, o ha actuado de manera no eficaz, dándose el asesinato de 63 excombatientes, y una ola de trescientos asesinatos de líderes sociales.

 

Estamos en un momento de transición de altísimo riesgo porque ni responde el gobierno que se va, ni responde el gobierno que llega. Creo que estos meses, hasta septiembre, pueden ser un tiempo de altísima dosis de guerra sucia.

 

HA: Hay algún otro mecanismo que considerar en este escenario de la lucha por librar contra el paramilitarismo?
AU: Sí, hay otro mecanismo: la Unidad especial de investigación de la Fiscalía para combatir los crímenes de los grupos paramilitares. Esta Unidad existe pero, por lo que ha acontecido en cuanto a asesinatos, es evidente que hasta ahora no está funcionado de manera eficaz.

 

También está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Se ha reunido muy poco. A pesar de que tiene componentes de alto nivel del gobierno, de los desmovilizados de las Farc, de las Ongs, de la sociedad civil, no ha logrado su cometido, que es garantizarle la vida y la seguridad a la gente.

 

También fue creado un Sistema Integrado de Seguridad y Protección que, insisto, todos estos mecanismos están funcionando, pero hay que profundizar su accionar para que cumplan con su misión institucional.

 

HA: Y con relación a la reforma rural integral, ¿qué decir?
AU: El Punto uno del Acuerdo es el más rezagado en cuanto a su cumplimiento. Se trata del punto que aborda el origen del conflicto: todo lo relacionado con tierras.

 

Hay un Fondo especial para el acceso a tierras, pero no ha iniciado su labor de manera real para entregar tierras a los campesinos.

 

Hay un Programa Nacional Integral para sustitución de cultivos de uso ilícito, los llamados Pennis. Su aplicación ha sido muy precaria, en mi consideración. Se han combinado dos políticas: una violenta, de fuerza, que es la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, y una política derivada del Acuerdo, que es la de sustitución voluntaria, con planes de desarrollo regional y territorial, para que la gente deje de sembrar coca y siembre otros productos.

 

Es lógico, sin resolver plenamente el tema de la tierra, así como distintas problemáticas asociadas a la misma, no serán desinflados aspectos estructurales que sirvieron como aliento para el origen y prolongación de este conflicto. Podría retornar su ritmo, en menor, igual o mayor escala sino se cumple con lo acordado sobre este particular. Es decir, estamos caminando por el filo de una navaja, y aún no está totalmente claro qué sucederá con la realidad de la guerra en nuestra sociedad. El tapón para no regresar por caminos ya transitados está en manos de la sociedad. Vienen meses de mucha confrontación social.

Publicado enEdición Nº248
Viernes, 20 Julio 2018 09:31

Narco-estados contra la libertad

Narco-estados contra la libertad

La riqueza acumulada por el uno por ciento está siendo blindada por una alianza entre las redes del narcotráfico y sectores del aparato estatal, que sirven a los intereses de las grandes multinacionales pero se han conformado, a la vez, como un importante factor de poder. Esta alianza opera despejando territorios para los emprendimientos minero-energéticos, de los que se beneficia creando amplios espacios bajo su control que utiliza para lubricar sus negocios ilegales.

Recién en años previos empiezan a publicarse análisis sobre esta realidad que, bajo el nombre de narcotráfico, designa un modo de dominación y control de las poblaciones. No deberíamos perder de vista que los narco-estados no son desviaciones de la tradición de los estados-nación, sino su nueva configuración a la medida del extractivismo/cuarta guerra mundial, lo que complejiza tanto las resistencias de los sectores populares como la lucha emancipatoria en general.

La conformación de narco-estados (y narco-instituciones) parece estar creciendo y no se restringe al espacio latinoamericano. En algunos países de Europa las mafias aliadas con políticos consiguen sentar sus reales en municipios y hasta en regiones enteras, llegando a influir de forma determinante en la configuración del mapa político, en particular en Italia.

En varios países de América Latina esta alianza opera junto a las iglesias evangélicas y pentecostales, sobre todo en Brasil y Colombia, donde apoyan a los partidos y candidatos de la derecha, aunque algunas de ellas llegaron a sostener durante años al gobierno de Lula para dar luego un brusco giro en sentido contrario.

En los meses recientes reapareció un violento conflicto por el control de la ciudad de Medellín (Colombia), que había sido colocada como paradigma de la pacificación de una de las ciudades más violentas, gracias a una gestión municipal que utilizó la arquitectura urbana para generar una cultura de paz. El rebrote de la violencia en esta ciudad-escaparate, muestra tanto los límites de las políticas públicas para controlar el narcotráfico, así como desnuda sus alianzas y modos de operar.

Un excelente reportaje del periodista Camilo Alzate sobre la guerra en curso en la Comuna 13, asegura que la ciudad de los prodigios económicos está bajo el control de las mafias y agrega una frase reveladora: El poder real que necesita el poder formal ( goo.gl/6DKjTg ). Luego de la gestión progresista del alcalde Sergio Fajardo (2004-2007) la ciudad se había convertido en la vidriera de la pacificación y cobijó foros internacionales de negocios para las élites globales.

En algunos países, como en Uruguay durante la presidencia de José Mujica, se puso a Medellín como ejemplo del combate exitoso a la delincuencia, que se resolvería construyendo espacios deportivos, bibliotecas públicas y lugares de encuentro donde los jóvenes descubrirían las maravillas de la vida y se alejarían de las bandas criminales.

La idea de fondo es que una buena gestión puede resolver las desigualdades estructurales sin tocar privilegios, incluyendo la corrupción endémica del aparato estatal. Se recuperó el concepto de acupuntura urbana que había funcionado décadas antes en la brasileña Curitiba, para resolver problema sociales mediante intervenciones puntuales en la ciudad.

Lo cierto es que aquella experiencia for export, fracasó sin que los responsables dieran la cara. Los dirigentes sociales de la Comuna 13 le dijeron a las autoridades: No confiamos en la institucionalidad, y sobre todo no confiamos en la policía. Y concluyen: Si la comunidad no puede confiar en la policía, ¿qué nos queda?.

Este es el punto central. No hay políticas sectoriales para resolver el problema del narcotráfico, porque ya se ha integrado en el aparato estatal, el verdadero poder que utiliza las instituciones. En Medellín hay centenares de amenazados y desplazados por las bandas criminales que impusieron un toque de queda permanente en las noches. La policía se limita a atacar a los jóvenes a los que considera siempre sospechosos, mientras protege a las mafias.

En varias visitas a Medellín pude comprobar cómo en las comunas este poder narco controla el transporte forzando a los choferes a pagarles cuota, así como a todos los comercios a partir de un límite territorial que ellos controlan. El negocio de las garrafas de gas, de los celulares y la televisión, están todos en manos de los narcos, en una amplia geografía que va desde Medellín a Río de Janeiro, pasando por buena parte de las ciudades del continente.

 

¿Cómo se desmonta este poder narco-estatal?

 

Imposible hacerlo desde adentro, como demuestran todas las experiencias conocidas.

Para los movimientos antisistémicos es un tema central, ya que este poder se dedica a destruir toda organización popular porque ambicionan el control completo de los territorios. Por lo que conocemos, sólo organizándonos al margen de estos poderes será posible construir movimientos emancipatorios sólidos y duraderos.

Publicado enInternacional
Viernes, 13 Julio 2018 08:11

¿Qué ocurre en la Comuna 13?

¿Qué ocurre en la Comuna 13?

Los habitantes de la Comuna 13 de Medellín sobreviven instalados en la pesadilla. Pero, ¿qué se oculta detrás de las noticias que muestran choques entre matones de poca monta? La ciudad de los prodigios económicos está bajo el control de las mafias. El poder real que necesita el poder formal.

Antes de la semana santa, la monja Rosa Cadavid ya sabía que las cosas se iban a complicar en la Comuna 13. Circulaban rumores de un nuevo grupo que había llegado al barrio buscando y presionando a los líderes comunales para que trabajaran con ellos. En el ambiente se percibía que otra confrontación podía estallar en Medellín y así se lo hicieron saber los dirigentes barriales y defensores de derechos humanos a las autoridades, pero la respuesta oficial fue la negación: “El secretario de seguridad [Andrés Felipe Tobón] nos decía que eso no era verdad”, asegura Rosa, misionera de las Lauritas que trabaja hace dos décadas al occidente de la ciudad acompañando procesos de víctimas y organizaciones sociales.


El domingo 22 de abril por la noche un tiroteo despejó los rumores. Sicarios fuertemente armados llegaron hasta la cancha de Santa Lucía, en el barrio La América; iban persiguiendo a Raúl Eduardo Álvarez, un hombre de 53 años que terminó asesinado en la mitad de un partido de futbol. Horas antes, otra balacera dejó tres heridos y un muerto en el barrio Juan XXIII. Los tiroteos continuaron esa semana en distintos sectores de las Comunas 12 y 13 sin que la opinión pública se diera por enterada, hasta que el 26 de abril dos pistoleros en moto interceptaron una buseta en el barrio San Javier y le prendieron fuego delante de pasajeros y transeúntes impávidos. Eran las cuatro de la tarde y la calle estaba repleta de gente, por eso los videos caseros del vehículo carbonizado hicieron la delicia de todos los noticieros.


Fue entonces cuando Federico Gutiérrez se pronunció. Fiel a su estilo de gobernar en una especie de reality show dónde alterna el papel de víctima de los delincuentes con el de hombre duro y bravucón dispuesto a combatirlos -y “atenderlos uno por uno”-, el alcalde de Medellín posó ante las pantallas de Telemedellín rodeado de burócratas, mandos militares y policías: aseguró que existía un complot de las bandas contra él, pues buscaban generar zozobra en retaliación por el éxito de los recientes operativos policiales, atribuyó toda la violencia de la Comuna 13 a alias “Juancito”, lo amenazó con que le quedaban “pocas horas de libertad”, y hasta filtró unas interceptaciones de alias “Pichi” y “Carlos Pesebre”, dos poderosos criminales que desde la cárcel controlan bandas en la ciudad. “¿Qué vamos a hacer con ese alcalde pirobo?”, preguntaba Pesebre, “hay que analizar los puntos débiles de él”, respondía Pichi, a lo que el otro agregaba: “Hay que hacerle saber que estamos dispuestos a todo”.


El alcalde visitó la Comuna 13 seguido por un peregrinaje de micrófonos y camarógrafos, ofreció más ruedas de prensa y presionó a la policía por resultados que no se hicieron esperar: hubo una veintena de capturas, allanamientos, incautaciones de armas y, por fin, el primero de mayo se entregó Juan Manuel Piedrahíta, jefe de la banda Betania. Federico Gutiérrez sacó pecho dando parte de victoria en un video que publicó por twitter: “Juancito no aguantó la presión de las autoridades. La Comuna 13 estará más tranquila sin él”.


Sin embargo, el alcalde se equivocaba. La guerra apenas estaba comenzando.


§§

El sábado 7 de julio mientras el subsecretario de derechos humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, se encaminaba hacia la Comuna acompañado de una veintena de chalecos con sus respectivos funcionarios dentro, entre los barrios Belencito y Corazón hubo otra balacera que no dejó víctimas. Eran poco menos de las nueve de la mañana, aún así a nadie se le hizo extraño el tiroteo porque, como me recordó Natalie*, “no hay día que no falte bala, a cualquier hora”. Natalie pertenece al colectivo Mujeres caminando por la verdad, una organización de víctimas que ha liderado varias de las movilizaciones recientes para frenar la confrontación en la Comuna. Un día antes, ella había presenciado otro enfrentamiento a las doce del día junto la terminal de buses de Belencito donde resultó herida una muchacha por una bala ‘perdida’. Por eso, explica, casi ninguna familia está enviando los niños al colegio.

Las cifras más conservadoras apuntan de 41 homicidios desde que se desataron los primeros choques, aunque podrían ser 57, e incluso más según otros reportes. Las empresas de transporte han declarado varios paros negándose a entrar a los barrios, el más largo de ellos duró 18 días. Hay centenares de amenazados y desplazados y los tiroteos ocurren casi a diario. Las bandas impusieron un toque de queda permanente en las noches, dicen que no responden por la vida de nadie.


Saliendo del barrio 20 de julio una mujer llamó a mi acompañante a un lado. Le imploró ayuda, decía que intentaron asesinar a su hija cerca a La Torre, que se salvó porque uno de los tipos la conocía, que no sabía qué hacer. Poco antes, acabábamos de asistir a un encuentro improvisado que sostuvo el subsecretario Carlos Arcila con la misionera Rosa Cadavid y varios pobladores y líderes de la Comuna aquel sábado. “No confiamos en la institucionalidad, y sobre todo no confiamos en la Policía”, dijo una defensora de derechos humanos que ha coordinado acciones de resistencia civil a los grupos armados en la zona. “Ya sabemos lo que está pasando ¿Qué más diagnósticos hacemos? ¿Cuánto hace que venimos hablando de esto? Los niños que hoy están en los combos son las alertas tempranas que hicimos en 2008. Esto no es nuevo, acá no se combate la criminalidad, la política es capturar unos cuántos pero la empresa criminal está intacta. Si la comunidad no puede confiar en la Policía ¿Qué nos queda?”.


Después de esta intervención se vino una avalancha de quejas y reclamos al subsecretario: que los policías están aliados con las bandas, que la gente los ve conversando con ellos, que hay personas que han escuchado desde las ventanas de sus casas como coordinan acciones entre uniformados y sicarios, que cómo son posibles tantas balaceras cuando la Comuna está llena de Fuerza Pública, que atropellan a los muchachos, los amenazan y golpean, que han recurrido a la vieja práctica de “banderear” a los jóvenes: los capturan en masa para luego liberarlos en barrios contrarios donde opera alguna banda rival que puede atentar contra ellos o matarlos. La primera semana de julio los policías incursionaron con brutalidad en Las Independencias, allanando casas de madrugada sin orden judicial y llevándose detenidos a todos los jóvenes que encontraron.


“Han matado dos a menos de cien metros del CAI móvil de Belencito”, señaló un líder comunitario, a lo que otro funcionario de la misma alcaldía respondió: “Digámoslo a carta abierta: la policía está atropellando la gente, hay que cambiar a toda la policía, acá no se trata de traer los de la Comuna 8 para la 13”. Natalie me había contado la historia del venezolano que mataron en Belencito mientras se jugaba un partido del mundial: el señor quedó tirado en la calle y nadie hizo nada, muy a pesar de que en el punto donde lo asesinaron siempre hay cuatro uniformados de guardia. “¿Dónde estaban a esa hora?” preguntó Natalie: “Sabían que lo iban a matar”.


“La gente no siente que la Fuerza Pública los este protegiendo, más bien ven que están al lado de los de las bandas”, me había dicho Rosa Cadavid un momento antes. Carlos Arcila, quien se mostró prudente y receptivo, evadió cualquier respuesta que lo pudiera comprometer aunque reconoció que había un problema grave con los policías y dijo que el General al mando quería hablar con la gente para atender sus reclamos. “¿Y quién habla?”, le respondieron a coro varias personas. “Nadie va a hablar”.


§§


Fernando Quijano, uno de los analistas que mejor conoce las dinámicas de la criminalidad en Medellín, asegura que acá no hay una pelea para ver quién se apodera de dos o tres expendios de drogas, como han querido vender los medios, ni tampoco una disputa de matoncitos de esquina, como suelen explicar el asunto los generales y coroneles. La eterna narrativa es que la violencia empieza porque alias “Samir” se enemistó con “Juancito”, o porque “Sombra” fue capturado, o porque el combo de “La Agonía” la emprendió contra la banda de los “Cocos” y así hasta el infinito. Quijano, quien hace poco reveló una filmación mostrando los arsenales de fusiles, lanzagranadas y rifles con miras telescópicas que poseen las organizaciones del crimen organizado, sostiene que hace décadas que en Medellín el control efectivo de la ciudad está en manos de las mafias y los grupos ilegales.


Un poder nominal da declaraciones por Telemedellín y reclama los avances en infraestructura, innovación, crecimiento económico, índices de cobertura educativa, mejoras en la seguridad ciudadana… Pero el poder real se agremia en la tenebrosa Oficina de Envigado, una federación de mafiosos y bandas criminales que opera en la sombra y controla los barrios populares del primero hasta el último, así como algunas zonas del centro.


La Oficina impone cobros a los negocios, a las empresas, a los transportadores, ajusta cuentas a bala, pistola en mano cobra las deudas perdidas, regula el precio de la marihuana y el perico, y hasta recupera carros robados cuando los ladrones actúan sin su permiso. La Oficina, fundada por Pablo Escobar en los ochenta, es una organización altamente sofisticada heredera de muchas vertientes: del Cartel de Medellín, de los grupos paramilitares desmovilizados, de las bandas de sicarios y atracadores que aparecieron en la ciudad a partir de los setenta. Está claro cuáles son los negocios ilegales de la Oficina, pero nadie podría decir a ciencia cierta hasta dónde llegan sus tentáculos ‘limpios’. Al contrario de lo que parece, ambos poderes se necesitan, en la práctica han cogobernado en Medellín y el Valle de Aburrá desde la desmovilización de los paramilitares.


Cada tensión al interior de La Oficina equivale a una nueva oleada de violencia. Entre 2007 y 2010 la confrontación de los capos Sebastián y Valenciano se saldó con 6.000 homicidios. Entre 2012 y julio de 2013, las Autodefensas Gaitanistas intentaron penetrar en Medellín y La Oficina respondió con otra guerra que acabó en un acuerdo conocido como “el pacto del fusil”: la tasa de homicidios cayó a niveles nunca vistos y la administración municipal se atribuyó el éxito de la paz que en realidad obedecía a un trato entre mafiosos. Entre 2014 y 2015 hubo otra disputa de las bandas conocidas como las “Convivir”, que se repartieron el control del centro de la ciudad. Desde entonces imperaba una tranquilidad relativa.


“No es fortuito que la guerra esté en la Comuna 13, el bastión más poderoso de Los Pesebreros, en la 7, en la 10 de manera silenciada. No es fortuito que la Comuna Centro tenga tantos muertos, que se estén presentando ataques muy fuertes en Comuna 15 y Comuna 8, hay cosas que no son normales, como que aparezcan cadáveres embolsados por una parte y ataques a jefes importantes de La Oficina por otro lado”, sostiene Fernando Quijano. “Los jefes de La Oficina todavía no se están disparando, lo que hacen es una guerra fría tratando de llegar a acuerdos. Pero estamos ante una disyuntiva: una línea mayoritaria, que es la más fuerte, y una línea minoritaria, que pareciera interesada en recuperar poder”. Esa línea minoritaria es la de Freyner Alonso Ramírez o “Carlos Pesebre”, un importante jefe de La Oficina que fue capturado en 2013 y el año pasado desde la cárcel dio la orden a sus bandas de recuperar territorios en los barrios. “A Pesebre lo veo desquiciado, siente que va a perder, siente que si no se fortalece lo van a sacar. Él es un lunar oscuro dentro de La Oficina, en cualquier momento lo sacan”, asegura Quijano.


El periodista Juan Miguel Álvarez reveló en un extenso reportaje que durante todo 2017 los principales miembros de la Oficina, encabezados por alias “Tom” (Juan Carlos Mesa), intentaron negociar un acuerdo con el gobierno nacional porque sentían que después de la paz con las FARC se abría un escenario político que no les favorecía. Buscaban la legalización de sus fortunas, rebajas de penas y la no extradición. El gobierno de Juan Manuel Santos impulsó una ley de sometimiento para bandas criminales –sancionada justo este 9 de julio– que resultó a la medida de las Autodefensas Gaitanistas, quienes de inmediato anunciaron que aceptaban las condiciones. La Oficina quedó rezagada con la captura de “Tom” en diciembre de 2017; aunque también podría favorecerse con dicha ley, llega dividida en medio de una situación imprevisible. Curiosamente, Juan Miguel Álvarez relató que algunos de sus contactos con los bandidos los consiguió a través de un funcionario cuyo despacho quedaba en la propia Alcaldía de Medellín.


Cuando le pregunté a Fernando Quijano si La Oficina tenía concejales o funcionarios en su nómina sonrío y dijo que se había vuelto diplomático para ese tipo de cuestiones. “Digamos que están muy metidos en política. Habrá que ver cuántos votos pusieron en estas elecciones”.


Desde la época de “Los Pepes” y aquella alianza de narcotraficantes, bandidos y matones que colaboraron codo a codo con la policía y la DEA para derrotar a Pablo Escobar, pasando por la terrible incursión del paramilitarismo a la confrontación urbana durante los noventa y rematando con el dominio absoluto de la Oficina después de la desmovilización de las Autodefensas, toda la historia reciente de Medellín es una sucesión de tratos y pactos tácitos con el poder mafioso para mantener el dominio sobre la ciudad.


“Donde hay pistolas ilegales es más difícil que la gente se organice”, concluyó Fernando Quijano. “Al poder real le es funcional el crimen. Lo formal es el alcalde, los concejales, la institucionalidad, pero para el poder real de esta ciudad, mucho del cual está mezclado entre economías legales e ilegales, el crimen urbano es un pilar fundamental de protección, de control, de que no se desaten insurrecciones, de que el pobre no explote, de que la protesta sea más mínima”.


§§


Al final de las escaleras eléctricas que construyó la administración de Sergio Fajardo en el barrio Las Independencias hay un gran mirador donde los niños piden limosna a los turistas a cambio de ejecutar algún baile, otros saben contar la historia de la Operación Orión en inglés. Un guía le dice a los visitantes que este es el mejor punto para hacerse fotos, muy al fondo se divisa la famosa Escombrera y antes el laberinto de callejones como túneles y escalinatas estrechísimas que se desgajan por la verticalidad aplastante de la Comuna. Esta sería una buena postal de Medellín: niños que no asisten a ninguna escuela pero sí saben narrar en perfecto inglés cómo los helicópteros black hawk del ejército colombiano bombardearon los techos de sus barrios en 2002, cuando ellos aún no habían nacido y cómo el presidente Álvaro Uribe ordenó la retoma militar y paramilitar de la Comuna 13, controlada hasta entonces por guerrilleros y milicias izquierdistas. El saldo de la Operación Orión está bien documentado: 350 detenidos, 80 heridos, 17 muertos por acción del Ejército y la Policía, 71 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a los paramilitares y 90 desaparecidos, muchos de ellos se presume que quedaron enterrados en la Escombrera.


Andrea, cuyo sobrino es uno de esos desaparecidos, me indica la casa de su madre debajo de La Torre, a menos de dos cuadras de donde hay unos funcionarios de la personería de Medellín con un grupo de policías. Cuenta que su madre y su hermana ajustan un mes desplazadas, igual que otras 300 personas, bien sea porque no soportan los tiroteos continuos o porque sufrieron amenazas directas en los últimos meses. Me dice que la casa quedó abandonada y que los pistoleros de las bandas no dejan alquilarla, si lo permiten es a condición de que ellos se queden el dinero del arrendamiento. Lisa, otra mujer que fue amenazada hace años y tuvo que huir del barrio El Corazón por buscar a su esposo desaparecido, me enseña un callejón angosto por el que los policías entraron de madrugada la primera semana de julio echando puertas abajo y llevándose a los muchachos detenidos. La gente contó que los uniformados iban con un encapuchado que señalaba a qué casa debían entrar y a quién capturar, una escena idéntica a las que se vivieron durante el año 2002, cuando el Ejército se hizo acompañar de paramilitares encapuchados que señalaban a los supuestos “colaboradores” de la insurgencia en la Comuna.


Durante el día, centenares de turistas extranjeros suben y bajan por las escaleras; gringos gordos en chancletas, asiáticas con sombreros, europeos delgaduchos, mexicanos o argentinos o cubanos de Miami que se hacen fotografiar junto a los grafitis y toman cerveza y guarapo criollo en los pequeños coffe shop adecuados por algunos vecinos de las casas aledañas. Hay ventas de artesanías y camisetas, bares, incluso un restaurante con menú vegetariano. Todos estos negocios le pagan un impuesto a las bandas, pero los extranjeros no lo saben, tampoco saben que al grupo de raperos que baila break dance a pocos pasos le falta un integrante: Alejandro Durango, quién fue rematado de ocho tiros acá mismo el 4 de julio a pleno medio día.

Al anochecer las escaleras quedan vacías, los turistas desaparecen y el aire denso pesa más que el plomo. Medellín, tan pujante, tan ella misma, es esa proeza incontenible, encerrada, aprisionada por montañas verticales y contradicciones antagónicas. Andrea me muestra el saliente de un callejón donde los de La Torre se han apostado todas estas noches para disparar sus fusiles contra los de Betania, en el barrio del frente. Esta sería otra buena postal de Medellín: la frontera entre ambos barrios, y por lo tanto entre las bandas, son las mismas escaleras eléctricas que mañana andarán otra vez rebosantes de turistas, rebosantes de dinero, de propagandas sobre la ciudad más innovadora, de niños que recuerdan bombardeos y matanzas de cuando ellos ni siquiera habían nacido.

 

Camilo Alzate
Colombia Plural


*Algunos nombres fueron cambiados.

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Los desafíos de la sustitución de hoja de coca en Puerto Asís

El programa de sustitución de cultivos ilícitos avanza con dificultades en Puerto Asís-Putumayo, el tercer municipio en Colombia con áreas de coca cultivada. La presión de grupos armados ilegales, además de las amenazas a líderes comunales, el proyecto de ley para el tratamiento penal de los pequeños cultivadores, la erradicación forzosa anunciada por el Gobierno y otros factores ponen en vilo la eficaz implementación de la sustitución.

 

Puerto Asís, con 7.453 hectáreas de coca cultivada, es el municipio que más coca sembrada tiene en todo el Putumayo, según lo reporta el último censo de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos publicado en julio de 2017. La oficina contra la Droga y el Delito señala que “el centro poblado de Puerto Vega y la cabecera municipal de Puerto Asís son los centros poblados más fuertemente relacionados con territorios afectados por cultivos de coca en Putumayo”, y siguen consolidándose los núcleos de cultivos de coca asociados a zonas de frontera.

 

Puerto Vega, a tan sólo unos minutos del casco urbano de Puerto Asís, tiene conexiones al sur, por el río Putumayo, con Puerto Leguízamo –con salida al Perú, y en el suroccidente hacia el Ecuador por el rio San Miguel.

 

En Puerto Vega, al atravesar el río Putumayo del lado de Puerto Asís hacia el otro costado, hay un tramo por tierra que lleva al Ecuador. A 30 minutos por carretera, aproximadamente, se llega a la vereda La Pradera donde se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las Farc. En esta zona el censo indica que “tiene la mayor presencia de coca en la región; a menos de 5 km se pasó de 251ha en 2015 a 385ha” registro del 2016 que puede variar porque es uno de los territorios donde inició la erradicación voluntaria.

 

Por este mismo corredor vial, a una hora de Puerto Asís, en la vereda Teteyé según la cuenta de twitter de la Sexta División del Ejército, el 20 de mayo el Batallón de Artillería N° 27 incautó 290 kilos de clorhidrato de cocaína que le asignan de propiedad a la disidencia de las Farc.

 

Los límites fronterizos de Puerto Asís, están convertidos en un territorio en disputa por los actores armados ilegales, como corredores para el tráfico de cocaína; en esa zona los campesinos sufren presión de parte de los armados para que desistan del Programa de sustitución.

 

Por ejemplo, una de las carreteras destapadas construidas por la empresa británica Amerisur Resources, a la cual le adjudicaron el bloque petrolero “Platanillo” que extrae de Colombia al Ecuador crudo con salida al Pacífico, allí “la Policía anda haciendo retenes y no dejando pasar nada de químicos para blanquear la coca, eso pone las cosas difíciles pero también con el tiempo los “duros” comienzan a negociar con ellos”, cuenta un mototaxista que transita recurrentemente por dicho tramo.

 

“Antes del Proceso de paz la cocaína estaba barata: a 1.300 el gramo (la primera etapa) y procesada (la base) hasta 1.200.000 o 2.100.000 un kilo, ahora está a 1.700.000 y 2.600.000 (…). Una tonelada de hoja de coca está valiendo 25.000 pesos”, menciona un habitante de Puerto Asís. Resulta ser “una puja entre los gobiernos, productores y narcotraficantes, en ultimas somos los campesinos los que estamos en medio”, considera Luis Olmedo, integrante de la Asociación Campesina Ascadis.

 

Un acuerdo a medias

 

Con el punto 4.1. del Acuerdo de Paz el Gobierno se comprometió a crear y poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), el cual es un componente de la Reforma Rural Integral y que contempla la construcción participativa y el desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (Pisda).

 

Yule Anzueta, integrante de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo enfatiza en “la desarticulación entre la formulación de los Pisda y los planes de desarrollo territorial”, que apunta de nuevo hacia un programa de sustitución sin transformaciones reales.

 

A marzo del 2018, un comunicado de la Alta Consejería para el Posconflicto reporta que en Putumayo “a la fecha están suscritos los acuerdos de sustitución con 11.385 familias, de las cuales 6.779 son cultivadores, 3.614 no cultivadores y 792 son recolectores”. Ha transcurrido más de un año desde la firma del Acuerdo de Paz, fuentes consultadas en Puerto Asís mencionan que el Programa avanza en la fase de vinculación, suscripción de acuerdos colectivos e individuales para iniciar el Plan de Atención Inmediata donde las familias recibirán el pago de un millón de pesos mensuales, mientras inicia un proyecto productivo. “El programa avanza lento, con mucha desconfianza de parte y parte, todos hemos manifestado nuestra voluntad” asegura Olmedo.

 

La hoja de coca y sus derivados ilícitos regulan la economía de Puerto Asís: “aquí, por lo menos cuando el precio de la coca baja, se pone malo hasta para los taxistas, los que venden comidita ahí en la calle… todo es como una cadena”, cuenta Jani Silva integrante de la Zona de Reserva Campesina ZRC de la Perla Amazónica, ubicada en Putumayo.

 

El 18 de febrero de 2017, después de dos años de negociaciones entre el gobierno nacional, la Mesa regional de organizaciones sociales y autoridades regionales, se avanzó en la construcción conjunta de un Plan para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el departamento del Putumayo y se firmó un preacuerdo regional para ejecutar la ruta de implementación del Programa.

 

El actual Programa es otro intento de los campesinos por la sustitución, el Plan Colombia, el programa “Raíz por raíz”, familias guardabosques, han dejado experiencias amargas: “aquí han llegado proyectos de escritorio, muchos dicen metansen con esto que es ¡buenísimo! y está garantizado el comercio. Primero fue la cúrcuma, luego el palmito, el açai, la pimienta, el sacha inchi, cacao… No se trata de sólo reemplazar un cultivo, todo el tema se va en la comercialización y en el transporte, algunos les toca por trocha o río para sacar su cosecha. Que nos den semillas es fácil, que nos pongan la carretera o el bote quién sabe”, reflexiona Jani.

 

Otro de los retos de la sustitución en Puerto Asís obedece a las características propias de la tierra, que implica pensar en cultivos rotativos y biodiversos, que en las prácticas de cultivo de la hoja de coca ha sido todo lo contrario: monocultivo de una planta que logra adaptarse a una capa de materia orgánica que llega como máximo a 20 cms de profundidad y luego aparecen las areniscas que constituyen un terreno poco fértil. “Con el boom del cacao, mientras la primera cosecha bien, pero de ahí en adelante la raíz coge esa greda y ya el cacao se apesta!, relata Jani.

 

Entre menos coca sembrada es delito

 

Con el numeral 4 del Acuerdo de Paz el Gobierno expresa su compromiso de tramitar los ajustes normativos para renunciar a la acción penal contra los pequeños cultivadores, y el Decreto por el cual se crea el Pnis define el tratamiento penal diferencial que se reglamentará “a la legislación que se expida sobre la materia en desarrollo del Acuerdo Final”; es por ello que el 20 de marzo pasado el Ministerio de Justicia radicó una nueva versión de la ley.

 

En el borrador para la discusión contempla que quienes tengan cultivos de 1.8 hectáreas de coca y derivados podrán ser judicializados; la primera versión mencionaba hasta 3.8 hectáreas, “Al parecer esto se le salió de las manos a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de los Acuerdos, que se supone debería presentar el proyecto de ley; desde quienes participamos del Programa se habían construido unos acuerdos”, expresa Anzueta.

 

Para muchos campesinos esto genera desconfianza en el Programa, porque firmaron los pactos colectivos de sustitución sin la reglamentación clara al respecto. “Al entrar al programa ellos dan una información, pero con ésta ahora podrían ser perjudicados”, advierte Anzueta.
“La cifra de 1.8 es preocupante. Hay personas que tienen más de esa cantidad, con la que sustentan a varias familias, uno no puede decir que esa persona que tenga más de las 6 hectáreas es rica ¡no! Tendrán la comodidad de tener un motor, una casita mejor, tener dos hijos estudiando afuera del pueblo. Esas serán las diferencias económicas que existan entre el que tiene una hectárea al que tiene más”, señala Jani.

 

Erradicación forzada

 

Cabe recordar que para el año 2016 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que militares de la Brigada 27 de Selva, que cuidaban la plataforma 9 de la petrolera Amerisur, “erradicaron forzosamente dos hectáreas de cultivos de coca en la ZRC, sin mediar palabra”, mientras se avanzaba en la concertación entre el Gobierno y los campesinos sobre el plan de sustitución voluntaria. El 3 de enero de 2018 militares ingresaron de manera irregular al caserío Comandante-Puerto Asís para erradicación forzada cuando aún en el municipio no se ha notificado esta acción.

 

En marzo, con la publicación del reporte sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, comenzó a insinuarse en la opinión pública que el Putumayo sería priorizado para la erradicación forzada. Aunque operaciones de éstas no se han generado en los últimos meses, en Puerto Asís crece la incertidumbre entre los campesinos. “Nuestra gente ha considerado que el programa deber ser manual, gradual y concertado y siempre ha manifestado su intención de sustitución pero por un cultivo que sea sostenible y que en realidad cubra las necesidades básicas que tienen las familias”, precisa Jani.

 

Se le suma a esto también la duda sobre los resultados operacionales de la Policía Antinarcóticos y el Ejército en cuanto al decomiso de cocaína: “la gente en sus casas hacen un proceso de mínima transformación, la hoja la convierten en pasta base –eso no es un secreto para nadie– el Gobierno ha querido mostrar esto como los grandes hallazgos de laboratorios, pero eso no son los grandes laboratorios […] es el afán de mostrar algunos resultados”, afirma Anzueta.

 

El acuerdo regional pone en riesgo a los líderes

 

El Acuerdo regional para la implementación del Pnis, estableció que fueran los presidentes de Juntas de Acción Comunal quienes, mediante asambleas, socializaran las acciones del Programa, y para la preinscripción de los beneficiarios sean quienes registraran el número de hectáreas sembradas por familia. En una rueda de prensa la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) señaló que esto ha causado que “muchos líderes comunitarios estén amenazados y hostigados”, lo cual no es extraño pues estamos “En un departamento donde confluyen tanto grupos paramilitares como grupos residuales pos desmovilización de las Farc, y hace poco recibimos denuncias de presencia del ELN”, menciona un representante de la Coccam.

 

Tras las amenazas a líderes campesinos de la ZRC, la Comisión Intereclesial menciona en un informe de abril que “al interior de los territorios apareció un grupo armado que se identifica como Frente 1 de las Farc y está ofreciendo 2 millones de pesos por vinculación”.

 

En diciembre del año pasado el Ministro del Interior llevó a cabo una reunión con líderes sociales que impulsan la sustitución voluntaria y defensores de derechos humanos, para adelantar medidas de protección, las mismas que “no han sido atendidas”, afirma Anzueta.

 

Pese a que la Procuraduría, a través de la directiva 002 de 2017, indica priorizar las medidas de seguridad y protección de los defensores, en relación a los homicidios ocurridos en su contra, “desafortunadamente en el tema investigativo no se han dado resultados. Hay investigaciones abiertas pero no tenemos mayores avances en términos de identificación de los actores intelectuales,aunque se señala algunos autores materiales, esto sigue en la impunidad”, afirma un dirigente de la Coccam.

 

Las demoras en la implementación del Pnis desarticulado de un desarrollo rural integral en marcha, es repetir en el municipio la ejecución de un programa asistencial más. Por otro lado, las disputas territoriales de los grupos armados que vienen ejerciendo hostigamiento a líderes comunales y campesinos para que sigan en la siembra de hoja de coca, genera que este nuevo intento por la sustitución fracase y el conflicto armado se intensifique en la región por la posición geoestratégica para el narcotráfico.

 


 

Recuadro


La sustitución en vilo


Hace más de un año, buscando estrategias que tranquilizaran al gobierno estadounidense, Juan Manuel Santos trazó una meta para la disminución de los cultivos de coca en el país; 50.000 hectáreas iban a ser erradicadas forzosamente por la fuerza pública, mientras que otras 50.000 serían sustituidas voluntariamente a través de la vinculación de las familias productoras y recolectoras de hoja de coca al Programa Nacional Integral de Sustitución – Pnis. Sin embargo, a finales del mes de mayo de este año, Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, declaró que la meta de sustitución no sería cumplida debido a dificultades en materia de seguridad y acceso a ciertas zonas del país.

 

Este incumplimiento no es ni la única, ni la mayor problemática que existe alrededor del Pnis, programa que surge con el punto 4 del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. La implementación de la sustitución, que al comienzo sonaba esperanzadora para aquellas familias que por años se dedicaron a cultivar y trabajar la coca debido al progresivo abandono estatal, es ahora una ilusión que se ve cada vez más lejana y se conjuga con el encarecimiento de la vida en las zonas cocaleras y la amenaza latente a la integridad de los líderes que impulsan la sustitución.

 

Pese a ello, hay que reconocer la importancia de la creación de un programa de sustitución en Colombia, ya que la política antidrogas que se viene aplicando en el país es hija de la guerra contra las drogas que nació en los Estados Unidos a finales de la década de los sesentas durante el gobierno de Richard Nixon, la cual desde su origen se enfocó en la criminalización de la producción y el consumo. Es por esto que el Punto 4 del acuerdo de paz resulta tan innovador, pues reconoce la vulnerabilidad de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: cultivadores y consumidores, y le apuesta a un trato diferencial para atacar de forma integral este flagelo.

 

No obstante, a pesar de este avance y de la voluntad de sustituir que han demostrado reiterativamente los cultivadores y trabajadores de la coca, el gobierno no renuncia a la estrategia militar de lucha contra las drogas y anuncia, entre otras cosas, futuras fumigaciones con drones, incremento de las erradicaciones manuales y la posibilidad de que regrese la fumigación aérea. A todo esto se suman las dificultades que ha tenido la institucionalidad para hacer presencia en los territorios en donde se siembra coca, que van desde inconvenientes en el acceso a las zonas, graves situaciones de orden público, hasta serios problemas de articulación institucional que han desembocado en una sensación generalizada de incertidumbre entre las familias que trabajan la mata.

 

En la ruta de implementación del Pnis se establece que después de firmado el acuerdo colectivo de sustitución, cada familia se inscribe individualmente al programa e inmediatamente empieza a recibir un subsidio de un millón de pesos mensuales durante un año, que está condicionado a la erradicación de la totalidad del cultivo y va de la mano de la implementación del Plan de Atención Inmediata y la Asistencia Técnica Integral, que buscan cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades. Los datos que presenta la Fundación Ideas para la Paz en su informe trimestral “¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?, La implementación, los rezagos y las tareas pendientes”, denotan que este proceso no está funcionando de la manera esperada.

 

Si bien el Pnis ha logrado acuerdos colectivos en 90 municipios, que incluyen un total de 123.225 familias, solo en 43 municipios se han firmado acuerdos individuales, es decir, hay 62.181 familias que poseen un total de 22.025 hectáreas de coca comprometidas con la sustitución. Sin embargo, solo 32.010 familias han recibido el primer pago del millón de pesos, 7.009 familias cuentan con asistencia técnica y nada más en 9 municipios se está empezando a formular el Plan de Atención Inmediata; cabe entonces preguntarse ¿qué está pasando con el resto de familias? Todo esto pareciera indicar que el afán de la Agencia Para la Sustitución de Cultivos Ilícitos es comprometer a los cultivadores y trabajadores de la mata de coca con el programa, antes de garantizar el cumplimiento de los componentes que garantizarían la reconversión económica hacia actividades legales.

 

Pero si el problema fuera solamente que el gobierno no cumple lo que firma no sería tan grave la situación. Hace un par de meses, la Defensoría del Pueblo anunció que son los líderes que impulsan la sustitución quienes más amenazados se encuentran, y esto es algo que debe alertar a la sociedad en general, pues desde la firma de los acuerdos con las Farc han asesinado impunemente más de 200 líderes y lideresas sociales, y el incumplimiento de los acuerdos aumenta el riesgo para todas aquellas personas que desde sus territorios trabajan para darle vida a la sustitución.

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Los desafíos de la sustitución de hoja de coca en Puerto Asís

El programa de sustitución de cultivos ilícitos avanza con dificultades en Puerto Asís-Putumayo, el tercer municipio en Colombia con áreas de coca cultivada. La presión de grupos armados ilegales, además de las amenazas a líderes comunales, el proyecto de ley para el tratamiento penal de los pequeños cultivadores, la erradicación forzosa anunciada por el Gobierno y otros factores ponen en vilo la eficaz implementación de la sustitución.

 

Puerto Asís, con 7.453 hectáreas de coca cultivada, es el municipio que más coca sembrada tiene en todo el Putumayo, según lo reporta el último censo de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos publicado en julio de 2017. La oficina contra la Droga y el Delito señala que “el centro poblado de Puerto Vega y la cabecera municipal de Puerto Asís son los centros poblados más fuertemente relacionados con territorios afectados por cultivos de coca en Putumayo”, y siguen consolidándose los núcleos de cultivos de coca asociados a zonas de frontera.

 

Puerto Vega, a tan sólo unos minutos del casco urbano de Puerto Asís, tiene conexiones al sur, por el río Putumayo, con Puerto Leguízamo –con salida al Perú, y en el suroccidente hacia el Ecuador por el rio San Miguel.

 

En Puerto Vega, al atravesar el río Putumayo del lado de Puerto Asís hacia el otro costado, hay un tramo por tierra que lleva al Ecuador. A 30 minutos por carretera, aproximadamente, se llega a la vereda La Pradera donde se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las Farc. En esta zona el censo indica que “tiene la mayor presencia de coca en la región; a menos de 5 km se pasó de 251ha en 2015 a 385ha” registro del 2016 que puede variar porque es uno de los territorios donde inició la erradicación voluntaria.

 

Por este mismo corredor vial, a una hora de Puerto Asís, en la vereda Teteyé según la cuenta de twitter de la Sexta División del Ejército, el 20 de mayo el Batallón de Artillería N° 27 incautó 290 kilos de clorhidrato de cocaína que le asignan de propiedad a la disidencia de las Farc.

 

Los límites fronterizos de Puerto Asís, están convertidos en un territorio en disputa por los actores armados ilegales, como corredores para el tráfico de cocaína; en esa zona los campesinos sufren presión de parte de los armados para que desistan del Programa de sustitución.

 

Por ejemplo, una de las carreteras destapadas construidas por la empresa británica Amerisur Resources, a la cual le adjudicaron el bloque petrolero “Platanillo” que extrae de Colombia al Ecuador crudo con salida al Pacífico, allí “la Policía anda haciendo retenes y no dejando pasar nada de químicos para blanquear la coca, eso pone las cosas difíciles pero también con el tiempo los “duros” comienzan a negociar con ellos”, cuenta un mototaxista que transita recurrentemente por dicho tramo.

 

“Antes del Proceso de paz la cocaína estaba barata: a 1.300 el gramo (la primera etapa) y procesada (la base) hasta 1.200.000 o 2.100.000 un kilo, ahora está a 1.700.000 y 2.600.000 (…). Una tonelada de hoja de coca está valiendo 25.000 pesos”, menciona un habitante de Puerto Asís. Resulta ser “una puja entre los gobiernos, productores y narcotraficantes, en ultimas somos los campesinos los que estamos en medio”, considera Luis Olmedo, integrante de la Asociación Campesina Ascadis.

 

Un acuerdo a medias

 

Con el punto 4.1. del Acuerdo de Paz el Gobierno se comprometió a crear y poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), el cual es un componente de la Reforma Rural Integral y que contempla la construcción participativa y el desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (Pisda).

 

Yule Anzueta, integrante de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo enfatiza en “la desarticulación entre la formulación de los Pisda y los planes de desarrollo territorial”, que apunta de nuevo hacia un programa de sustitución sin transformaciones reales.

 

A marzo del 2018, un comunicado de la Alta Consejería para el Posconflicto reporta que en Putumayo “a la fecha están suscritos los acuerdos de sustitución con 11.385 familias, de las cuales 6.779 son cultivadores, 3.614 no cultivadores y 792 son recolectores”. Ha transcurrido más de un año desde la firma del Acuerdo de Paz, fuentes consultadas en Puerto Asís mencionan que el Programa avanza en la fase de vinculación, suscripción de acuerdos colectivos e individuales para iniciar el Plan de Atención Inmediata donde las familias recibirán el pago de un millón de pesos mensuales, mientras inicia un proyecto productivo. “El programa avanza lento, con mucha desconfianza de parte y parte, todos hemos manifestado nuestra voluntad” asegura Olmedo.

 

La hoja de coca y sus derivados ilícitos regulan la economía de Puerto Asís: “aquí, por lo menos cuando el precio de la coca baja, se pone malo hasta para los taxistas, los que venden comidita ahí en la calle… todo es como una cadena”, cuenta Jani Silva integrante de la Zona de Reserva Campesina ZRC de la Perla Amazónica, ubicada en Putumayo.

 

El 18 de febrero de 2017, después de dos años de negociaciones entre el gobierno nacional, la Mesa regional de organizaciones sociales y autoridades regionales, se avanzó en la construcción conjunta de un Plan para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el departamento del Putumayo y se firmó un preacuerdo regional para ejecutar la ruta de implementación del Programa.

 

El actual Programa es otro intento de los campesinos por la sustitución, el Plan Colombia, el programa “Raíz por raíz”, familias guardabosques, han dejado experiencias amargas: “aquí han llegado proyectos de escritorio, muchos dicen metansen con esto que es ¡buenísimo! y está garantizado el comercio. Primero fue la cúrcuma, luego el palmito, el açai, la pimienta, el sacha inchi, cacao… No se trata de sólo reemplazar un cultivo, todo el tema se va en la comercialización y en el transporte, algunos les toca por trocha o río para sacar su cosecha. Que nos den semillas es fácil, que nos pongan la carretera o el bote quién sabe”, reflexiona Jani.

 

Otro de los retos de la sustitución en Puerto Asís obedece a las características propias de la tierra, que implica pensar en cultivos rotativos y biodiversos, que en las prácticas de cultivo de la hoja de coca ha sido todo lo contrario: monocultivo de una planta que logra adaptarse a una capa de materia orgánica que llega como máximo a 20 cms de profundidad y luego aparecen las areniscas que constituyen un terreno poco fértil. “Con el boom del cacao, mientras la primera cosecha bien, pero de ahí en adelante la raíz coge esa greda y ya el cacao se apesta!, relata Jani.

 

Entre menos coca sembrada es delito

 

Con el numeral 4 del Acuerdo de Paz el Gobierno expresa su compromiso de tramitar los ajustes normativos para renunciar a la acción penal contra los pequeños cultivadores, y el Decreto por el cual se crea el Pnis define el tratamiento penal diferencial que se reglamentará “a la legislación que se expida sobre la materia en desarrollo del Acuerdo Final”; es por ello que el 20 de marzo pasado el Ministerio de Justicia radicó una nueva versión de la ley.

 

En el borrador para la discusión contempla que quienes tengan cultivos de 1.8 hectáreas de coca y derivados podrán ser judicializados; la primera versión mencionaba hasta 3.8 hectáreas, “Al parecer esto se le salió de las manos a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de los Acuerdos, que se supone debería presentar el proyecto de ley; desde quienes participamos del Programa se habían construido unos acuerdos”, expresa Anzueta.

 

Para muchos campesinos esto genera desconfianza en el Programa, porque firmaron los pactos colectivos de sustitución sin la reglamentación clara al respecto. “Al entrar al programa ellos dan una información, pero con ésta ahora podrían ser perjudicados”, advierte Anzueta.
“La cifra de 1.8 es preocupante. Hay personas que tienen más de esa cantidad, con la que sustentan a varias familias, uno no puede decir que esa persona que tenga más de las 6 hectáreas es rica ¡no! Tendrán la comodidad de tener un motor, una casita mejor, tener dos hijos estudiando afuera del pueblo. Esas serán las diferencias económicas que existan entre el que tiene una hectárea al que tiene más”, señala Jani.

 

Erradicación forzada

 

Cabe recordar que para el año 2016 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que militares de la Brigada 27 de Selva, que cuidaban la plataforma 9 de la petrolera Amerisur, “erradicaron forzosamente dos hectáreas de cultivos de coca en la ZRC, sin mediar palabra”, mientras se avanzaba en la concertación entre el Gobierno y los campesinos sobre el plan de sustitución voluntaria. El 3 de enero de 2018 militares ingresaron de manera irregular al caserío Comandante-Puerto Asís para erradicación forzada cuando aún en el municipio no se ha notificado esta acción.

 

En marzo, con la publicación del reporte sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, comenzó a insinuarse en la opinión pública que el Putumayo sería priorizado para la erradicación forzada. Aunque operaciones de éstas no se han generado en los últimos meses, en Puerto Asís crece la incertidumbre entre los campesinos. “Nuestra gente ha considerado que el programa deber ser manual, gradual y concertado y siempre ha manifestado su intención de sustitución pero por un cultivo que sea sostenible y que en realidad cubra las necesidades básicas que tienen las familias”, precisa Jani.

 

Se le suma a esto también la duda sobre los resultados operacionales de la Policía Antinarcóticos y el Ejército en cuanto al decomiso de cocaína: “la gente en sus casas hacen un proceso de mínima transformación, la hoja la convierten en pasta base –eso no es un secreto para nadie– el Gobierno ha querido mostrar esto como los grandes hallazgos de laboratorios, pero eso no son los grandes laboratorios […] es el afán de mostrar algunos resultados”, afirma Anzueta.

 

El acuerdo regional pone en riesgo a los líderes

 

El Acuerdo regional para la implementación del Pnis, estableció que fueran los presidentes de Juntas de Acción Comunal quienes, mediante asambleas, socializaran las acciones del Programa, y para la preinscripción de los beneficiarios sean quienes registraran el número de hectáreas sembradas por familia. En una rueda de prensa la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) señaló que esto ha causado que “muchos líderes comunitarios estén amenazados y hostigados”, lo cual no es extraño pues estamos “En un departamento donde confluyen tanto grupos paramilitares como grupos residuales pos desmovilización de las Farc, y hace poco recibimos denuncias de presencia del ELN”, menciona un representante de la Coccam.

 

Tras las amenazas a líderes campesinos de la ZRC, la Comisión Intereclesial menciona en un informe de abril que “al interior de los territorios apareció un grupo armado que se identifica como Frente 1 de las Farc y está ofreciendo 2 millones de pesos por vinculación”.

 

En diciembre del año pasado el Ministro del Interior llevó a cabo una reunión con líderes sociales que impulsan la sustitución voluntaria y defensores de derechos humanos, para adelantar medidas de protección, las mismas que “no han sido atendidas”, afirma Anzueta.

 

Pese a que la Procuraduría, a través de la directiva 002 de 2017, indica priorizar las medidas de seguridad y protección de los defensores, en relación a los homicidios ocurridos en su contra, “desafortunadamente en el tema investigativo no se han dado resultados. Hay investigaciones abiertas pero no tenemos mayores avances en términos de identificación de los actores intelectuales,aunque se señala algunos autores materiales, esto sigue en la impunidad”, afirma un dirigente de la Coccam.

 

Las demoras en la implementación del Pnis desarticulado de un desarrollo rural integral en marcha, es repetir en el municipio la ejecución de un programa asistencial más. Por otro lado, las disputas territoriales de los grupos armados que vienen ejerciendo hostigamiento a líderes comunales y campesinos para que sigan en la siembra de hoja de coca, genera que este nuevo intento por la sustitución fracase y el conflicto armado se intensifique en la región por la posición geoestratégica para el narcotráfico.

 


 

Recuadro


La sustitución en vilo


Hace más de un año, buscando estrategias que tranquilizaran al gobierno estadounidense, Juan Manuel Santos trazó una meta para la disminución de los cultivos de coca en el país; 50.000 hectáreas iban a ser erradicadas forzosamente por la fuerza pública, mientras que otras 50.000 serían sustituidas voluntariamente a través de la vinculación de las familias productoras y recolectoras de hoja de coca al Programa Nacional Integral de Sustitución – Pnis. Sin embargo, a finales del mes de mayo de este año, Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, declaró que la meta de sustitución no sería cumplida debido a dificultades en materia de seguridad y acceso a ciertas zonas del país.

 

Este incumplimiento no es ni la única, ni la mayor problemática que existe alrededor del Pnis, programa que surge con el punto 4 del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. La implementación de la sustitución, que al comienzo sonaba esperanzadora para aquellas familias que por años se dedicaron a cultivar y trabajar la coca debido al progresivo abandono estatal, es ahora una ilusión que se ve cada vez más lejana y se conjuga con el encarecimiento de la vida en las zonas cocaleras y la amenaza latente a la integridad de los líderes que impulsan la sustitución.

 

Pese a ello, hay que reconocer la importancia de la creación de un programa de sustitución en Colombia, ya que la política antidrogas que se viene aplicando en el país es hija de la guerra contra las drogas que nació en los Estados Unidos a finales de la década de los sesentas durante el gobierno de Richard Nixon, la cual desde su origen se enfocó en la criminalización de la producción y el consumo. Es por esto que el Punto 4 del acuerdo de paz resulta tan innovador, pues reconoce la vulnerabilidad de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: cultivadores y consumidores, y le apuesta a un trato diferencial para atacar de forma integral este flagelo.

 

No obstante, a pesar de este avance y de la voluntad de sustituir que han demostrado reiterativamente los cultivadores y trabajadores de la coca, el gobierno no renuncia a la estrategia militar de lucha contra las drogas y anuncia, entre otras cosas, futuras fumigaciones con drones, incremento de las erradicaciones manuales y la posibilidad de que regrese la fumigación aérea. A todo esto se suman las dificultades que ha tenido la institucionalidad para hacer presencia en los territorios en donde se siembra coca, que van desde inconvenientes en el acceso a las zonas, graves situaciones de orden público, hasta serios problemas de articulación institucional que han desembocado en una sensación generalizada de incertidumbre entre las familias que trabajan la mata.

 

En la ruta de implementación del Pnis se establece que después de firmado el acuerdo colectivo de sustitución, cada familia se inscribe individualmente al programa e inmediatamente empieza a recibir un subsidio de un millón de pesos mensuales durante un año, que está condicionado a la erradicación de la totalidad del cultivo y va de la mano de la implementación del Plan de Atención Inmediata y la Asistencia Técnica Integral, que buscan cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades. Los datos que presenta la Fundación Ideas para la Paz en su informe trimestral “¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?, La implementación, los rezagos y las tareas pendientes”, denotan que este proceso no está funcionando de la manera esperada.

 

Si bien el Pnis ha logrado acuerdos colectivos en 90 municipios, que incluyen un total de 123.225 familias, solo en 43 municipios se han firmado acuerdos individuales, es decir, hay 62.181 familias que poseen un total de 22.025 hectáreas de coca comprometidas con la sustitución. Sin embargo, solo 32.010 familias han recibido el primer pago del millón de pesos, 7.009 familias cuentan con asistencia técnica y nada más en 9 municipios se está empezando a formular el Plan de Atención Inmediata; cabe entonces preguntarse ¿qué está pasando con el resto de familias? Todo esto pareciera indicar que el afán de la Agencia Para la Sustitución de Cultivos Ilícitos es comprometer a los cultivadores y trabajadores de la mata de coca con el programa, antes de garantizar el cumplimiento de los componentes que garantizarían la reconversión económica hacia actividades legales.

 

Pero si el problema fuera solamente que el gobierno no cumple lo que firma no sería tan grave la situación. Hace un par de meses, la Defensoría del Pueblo anunció que son los líderes que impulsan la sustitución quienes más amenazados se encuentran, y esto es algo que debe alertar a la sociedad en general, pues desde la firma de los acuerdos con las Farc han asesinado impunemente más de 200 líderes y lideresas sociales, y el incumplimiento de los acuerdos aumenta el riesgo para todas aquellas personas que desde sus territorios trabajan para darle vida a la sustitución.

Publicado enEdición Nº247
“El Chapo Guzmán es la mayor ficción de la supuesta guerra del narco”

El académico Oswaldo Zavala presenta estos días en México ‘Los cárteles no existen’, un libro que dinamita el discurso oficial sobre la criminalidad en el país


¿De qué hablamos cuando hablamos del narco en México? ¿Qué significa que los cárteles ponen en jaque al estado, que la guerra arrecia en Guerrero, Tamaulipas, Jalisco o Michoacán? ¿Qué es un sicario, una plaza, un halcón, qué es esta matazón que desangra al país desde hace años?


Son palabras, expresiones, que aparecen en informes oficiales, en la prensa, las revistas, las novelas, las series de televisión... Y sin embargo, ¿qué significan? ¿Hacemos bien al usarlos, al decir "guerra del narco", al asegurar que El Chapo, Los Zetas o Jalisco Nueva Generación "controlan una plaza"? Oswaldo Zavala (Ciudad Juárez, 1975) dice que no. Un rotundo no.


Los Cárteles No Existen (Malpaso, 2018), su último ensayo, cuestiona la narrativa oficial construida en torno a la violencia en el país. Porque no hay guerra entre cárteles, dice Zavala, porque la guerra entre cárteles es una explicación entendible, digerible, de las decenas de miles de muertos y desaparecidos que deja el conflicto, carnaza de tuit. Por eso dice supuesta: supuesta guerra, supuestos cárteles, supuestos líderes criminales. Supuesto todo: "Mi interés es mostrar que hay un discurso que construye un enemigo que está por todas partes y que es el principal actor de la violencia. Y luego comprender qué hay detrás de él, un sistema político que echa mano del lenguaje para avanzar en estrategias que de otro modo resultarían inaceptables."


Pregunta: Y si lo cárteles no existen entonces, ¿qué existe?


Respuesta: Los carteles no existen pero la violencia de estado sí. Tenemos que comprender que estos tiempos violentos tienen relación con la historia del sistema político. El sistema político es la mayor condición de posibilidad de violencia en el país. A partir de la historia del estado podemos comprender qué es eso que llamamos narcotráfico. La idea de cartel es una idea recibida, creada por el discurso securitario de Estados Unidos en los 80, para hablar de los traficantes colombianos. Y que en México se volvió útil a la par de otra narrativa, que permite muy rápidamente, muy simplemente, darnos una idea concisa sobre la violencia. Y que permite justificar estrategias estatales.


P: Distingue tres fases en las relaciones entre los grupos delictivos y el estado. Una primera, primitiva, que corresponde al México previo al poderoso despliegue de la Dirección Federal de Seguridad -el temible órgano contrainsurgente del estado priista. La segunda que nace con la Operación Cóndor en los 70 y la organización de los traficantes sinaloenses en Guadalajara y luego el desmantelamiento de la DFS y la pérdida de poder del PRI ¿Y ahora qué?


R: Yo empezaría con la Operación Cóndor. En el 75 es la primera acción militarizada concertada entre EE UU y México para atacar el triángulo dorado -una región de cultivos de amapola y marihuana entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. 10.000 efectivos llegan al triángulo dorado, quemando, despoblando. Hay un éxodo masivo de campesinos a Culiacán, Sinaloa... Eso no se vuelve a repetir hasta el Gobierno de Calderón. Al menos con esa gravedad. A partir de ahí, el sistema político concibe una estrategia nacional de gestión del tráfico. Marginan a los traficantes del poder político y producen la Federación, disciplinada por la DFS y el Ejército.


La segunda etapa inicia cuando se agota la amenaza comunista global y EE UU se queda sin enemigo securitario. Se cae la Unión Soviética y el presidente Reagan recodifica los objetivos securitarios para pensar ahora en el narcotráfico como la nueva agenda de seguridad nacional. Y se hace de un día para otro. Hasta entonces el narco era una cuestión policiaca (...) Aunque la agenda securitaria empieza en 1989 con CISEN -el servicio secreto, que sustituye a la DFS-, es con Calderón que se colombianiza México. Es decir, la verdadera colombianización no es el Chapo, o los narcos atacando a la sociedad civil, sino la respuesta del estado.


P: ¿Cómo casan sus argumentos con situaciones como las vividas en Jalisco estos meses, la desaparición de los estudiantes de cine y su asesinato; el atentado contra el exfiscal en pleno centro de Guadalajara? Si los cárteles no existen, entonces, ¿qué es todo eso?


R: Parte del problema es este. Queremos respuestas rápidas a lo que necesita trabajo periodístico. Estamos acostumbrados a recibir una explicación que nos tranquilice, que nos haga entender la lógica de la violencia. Y eso es parte de la manera en la que el discurso oficial se ha instalado en la esfera pública con tanto poder. Hay un tiroteo, la gente sale muerta e inmediatamente se significa para nosotros por medio de voceros oficiales: 'Es que está el Cartel Jalisco, que además tumbó un helicóptero y hay un operativo para detenerlos'. Y entonces todos los periodistas anotan todo, fue el cartel y se acabó. En un país con un índice de impunidad extraordinario, me sorprende la facilidad con que aceptamos el relato oficial.


P: Supongo entonces que El Chapo y su historia le parecen la mayor de las ficciones


R: Totalmente, cuando lo detienen en Sinaloa en el departamento (en febrero de 2014), está solo con su mujer. Y un reportero de The New York Times, azorado, dice, '¡qué loco, no hay túneles, soldados, no está su ejército y lo capturan ahí como si nada, increíble!'... ¡No, posiblemente es su realidad! Lo increíble es que creas que tiene 300 soldados. ¿Quién los ha visto? Nadie.


P: Sí. El Chapo es el actor principal de esta comedia que usted llama guerra del narco, supongo que la fuga del túnel es su historia favorita -en julio de 2015, las autoridades informaron de la fuga de El Chapo de una cárcel de máxima seguridad a través de un túnel.


R: No solo es inverosímil, sino que presenta un reto periodístico. ¿Quién produjo ese túnel? A mí me fascinó que todo el mundo se esmeró en describir el túnel, cómo estaba ventilado, pero nadie cuestionó que si lo había hecho o no la gente de El Chapo. Sí, se dijo que le ayudó gente de la prisión, que él corrompió. Pero fue de él la idea y gracias a sobornos lo logró. Es decir, nunca nada fuera de la narrativa oficial. Se sigue creyendo que él es factor de origen de estos eventos. Y me parece increíble que se obvie que hay intereses políticos en su fuga.


P: Entonces, ¿esta construcción teórica que usted denuncia sirve para tapar casos de corrupción? ¿O cuál es la intención? ¿Hay una, varias?


R: Hay una enorme discontinuidad en cómo se utilizan esas narrativas del narco. A veces hay recursos naturales de por medio, a veces una disputas entre grupos de poder. Tomemos el caso de Chihuahua. Allí son grupos de poder poderosísimos aliados con empresarios que están dilapidando la sierra, hay enorme extractivismo en la sierra, cosa que reporteó Miroslava Breach (asesinada hace poco más de un año). Esto que llamamos narcopoder en realidad son estos grupos de rapiña que están en la tala de árboles, haciendo chingadera y media y que se alían con empresarios y políticos, priistas en el caso de Chihuahua, que en la transición -el PAN alcanzó la gubernatura poco antes del asesinato de Miroslavas- estaban siendo amenazados. ¿Qué mejor idea que desestabilizar de entrada el estado, crear una nueva guerra y desviar la atención?

 

PABLO FERRI
México 9 JUN 2018 - 08:35 COT

Publicado enInternacional
Jueves, 31 Mayo 2018 06:05

La Cepal la quiere legal

La Cepal la quiere legal

En el Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe se planteó el fracaso de la política de “guerra a las drogas” y la necesidad de corregir las desigualdades sociales en la región.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena, dijo que América latina es la región “a la que más le conviene la legalización de las drogas y que ha llegado el momento de plantearlo seriamente” porque “la ilegalidad es lo que está matando a la gente”. El planteo lo hizo el lunes pasado, en un discurso durante el décimo Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe. En el ámbito local, la declaración deja en evidencia que la política de “guerra” contra las drogas del gobierno macrista va a contramano del mundo. Para el director del Area de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal (APP), Mariano Fusero, los dichos de la funcionaria reafirman “lo que vienen diciendo desde hace rato los miembros de la Comisión Global de Políticas de Drogas, integrada por ex presidentes, funcionarios e intelectuales” que proponen “regular para darle un golpe de mercado al narcotráfico quitándole el monopolio y descriminalizar el consumo de drogas”.


En el Ministerio de Economía y Finanzas francés, en París, la máxima autoridad de la Cepal –organismo de Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región– lanzó a su auditorio el desafío y anunció: “Voy a ser provocadora”. Luego se preguntó, de forma retórica: “¿A quién le conviene la legalización de la droga? ¡A América Latina y el Caribe, por Dios! Porque la ilegalidad es lo que está matando a la gente”, sostuvo la jefa del organismo que busca articular políticas para solucionar los problemas económicos y sociales de la región.


“Llegó la hora de plantearnos seriamente la legalización de la droga y de no entregarle al narcotráfico 165 millones de jóvenes que hoy se los estamos entregando en charola de plata porque no tenemos empleo ni instituciones”, remarcó, y planteó la necesidad de emprender transformaciones profundas en la región, a la que caracterizó por su falta de productividad y desigualdad, al cerrar el panel titulado Repensar las instituciones y Estados modernos.


Para la presidenta de Intercambios (asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas) e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, Graciela Touzé, que el planteo sea hecho por la titular de la Cepal “es importante y da una perspectiva clara de lo que las políticas están haciendo en la región”, y señaló que “no debe ser casual que sea mexicana. En México la política de guerra contra las drogas ha generado una catástrofe”. “La política de guerra termina poniendo su foco en los sectores más vulnerables y desprotegidos, los consumidores, autocultivadores, campesinos en países con producción, que son sobre quienes recae el peso de esas políticas. Poner fin a esa concepción es cuestionar la prohibición y empezar a hablar de regulación y del cuidado de la salud y no dejarlo librado a la nada, que es lo que ocurre con los mercados clandestinos”, explicó la especialista.


La propuesta de Bárcena ya viene siendo impulsada por la Comisión Global, conformada por los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo; el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan; la ex presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss; el ex secretario de Estado de Estados Unidos, George P. Shultz, y el escritor Mario Vargas LLosa, entre otras personalidades.


Para Fusero, el planteo de Bárcena se da en un contexto donde “en el país mentor de la cruzada bélica, Estados Unidos”, ya hay nueve estados y el Distrito de Columbia que permiten el uso de la marihuana con fines recreativos y treinta estados que permiten su uso médico, y en julio “se sumaría Canadá, un miembro del G-8”.


Sin embargo, el letrado advirtió que a contrapelo de lo que ocurre en el mundo “nuestra legislación es de las más antiguas y retrógradas, porque siguen poniendo penas a la tenencia personal y el cultivo”. Para dejarlo claro, remarcó que “la tenencia para consumo personal está penada”, y queda librada a la arbitrariedad del funcionario judicial, pese a los argumentosde la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del delito de tenencia para consumo personal (fallo Arriola 2009).
Fusero recordó que desde aquella resolución se han “presentado 25 iniciativas al Congreso para despenalizar la tenencia, transversales, de la izquierda, del peronismo, del Frente para la Victoria, pero también avaladas por Margarita Stolbizer, Ricardo Gil Lavedra y Elisa Carrió”.

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