Viernes, 13 Julio 2018 08:11

¿Qué ocurre en la Comuna 13?

¿Qué ocurre en la Comuna 13?

Los habitantes de la Comuna 13 de Medellín sobreviven instalados en la pesadilla. Pero, ¿qué se oculta detrás de las noticias que muestran choques entre matones de poca monta? La ciudad de los prodigios económicos está bajo el control de las mafias. El poder real que necesita el poder formal.

Antes de la semana santa, la monja Rosa Cadavid ya sabía que las cosas se iban a complicar en la Comuna 13. Circulaban rumores de un nuevo grupo que había llegado al barrio buscando y presionando a los líderes comunales para que trabajaran con ellos. En el ambiente se percibía que otra confrontación podía estallar en Medellín y así se lo hicieron saber los dirigentes barriales y defensores de derechos humanos a las autoridades, pero la respuesta oficial fue la negación: “El secretario de seguridad [Andrés Felipe Tobón] nos decía que eso no era verdad”, asegura Rosa, misionera de las Lauritas que trabaja hace dos décadas al occidente de la ciudad acompañando procesos de víctimas y organizaciones sociales.


El domingo 22 de abril por la noche un tiroteo despejó los rumores. Sicarios fuertemente armados llegaron hasta la cancha de Santa Lucía, en el barrio La América; iban persiguiendo a Raúl Eduardo Álvarez, un hombre de 53 años que terminó asesinado en la mitad de un partido de futbol. Horas antes, otra balacera dejó tres heridos y un muerto en el barrio Juan XXIII. Los tiroteos continuaron esa semana en distintos sectores de las Comunas 12 y 13 sin que la opinión pública se diera por enterada, hasta que el 26 de abril dos pistoleros en moto interceptaron una buseta en el barrio San Javier y le prendieron fuego delante de pasajeros y transeúntes impávidos. Eran las cuatro de la tarde y la calle estaba repleta de gente, por eso los videos caseros del vehículo carbonizado hicieron la delicia de todos los noticieros.


Fue entonces cuando Federico Gutiérrez se pronunció. Fiel a su estilo de gobernar en una especie de reality show dónde alterna el papel de víctima de los delincuentes con el de hombre duro y bravucón dispuesto a combatirlos -y “atenderlos uno por uno”-, el alcalde de Medellín posó ante las pantallas de Telemedellín rodeado de burócratas, mandos militares y policías: aseguró que existía un complot de las bandas contra él, pues buscaban generar zozobra en retaliación por el éxito de los recientes operativos policiales, atribuyó toda la violencia de la Comuna 13 a alias “Juancito”, lo amenazó con que le quedaban “pocas horas de libertad”, y hasta filtró unas interceptaciones de alias “Pichi” y “Carlos Pesebre”, dos poderosos criminales que desde la cárcel controlan bandas en la ciudad. “¿Qué vamos a hacer con ese alcalde pirobo?”, preguntaba Pesebre, “hay que analizar los puntos débiles de él”, respondía Pichi, a lo que el otro agregaba: “Hay que hacerle saber que estamos dispuestos a todo”.


El alcalde visitó la Comuna 13 seguido por un peregrinaje de micrófonos y camarógrafos, ofreció más ruedas de prensa y presionó a la policía por resultados que no se hicieron esperar: hubo una veintena de capturas, allanamientos, incautaciones de armas y, por fin, el primero de mayo se entregó Juan Manuel Piedrahíta, jefe de la banda Betania. Federico Gutiérrez sacó pecho dando parte de victoria en un video que publicó por twitter: “Juancito no aguantó la presión de las autoridades. La Comuna 13 estará más tranquila sin él”.


Sin embargo, el alcalde se equivocaba. La guerra apenas estaba comenzando.


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El sábado 7 de julio mientras el subsecretario de derechos humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, se encaminaba hacia la Comuna acompañado de una veintena de chalecos con sus respectivos funcionarios dentro, entre los barrios Belencito y Corazón hubo otra balacera que no dejó víctimas. Eran poco menos de las nueve de la mañana, aún así a nadie se le hizo extraño el tiroteo porque, como me recordó Natalie*, “no hay día que no falte bala, a cualquier hora”. Natalie pertenece al colectivo Mujeres caminando por la verdad, una organización de víctimas que ha liderado varias de las movilizaciones recientes para frenar la confrontación en la Comuna. Un día antes, ella había presenciado otro enfrentamiento a las doce del día junto la terminal de buses de Belencito donde resultó herida una muchacha por una bala ‘perdida’. Por eso, explica, casi ninguna familia está enviando los niños al colegio.

Las cifras más conservadoras apuntan de 41 homicidios desde que se desataron los primeros choques, aunque podrían ser 57, e incluso más según otros reportes. Las empresas de transporte han declarado varios paros negándose a entrar a los barrios, el más largo de ellos duró 18 días. Hay centenares de amenazados y desplazados y los tiroteos ocurren casi a diario. Las bandas impusieron un toque de queda permanente en las noches, dicen que no responden por la vida de nadie.


Saliendo del barrio 20 de julio una mujer llamó a mi acompañante a un lado. Le imploró ayuda, decía que intentaron asesinar a su hija cerca a La Torre, que se salvó porque uno de los tipos la conocía, que no sabía qué hacer. Poco antes, acabábamos de asistir a un encuentro improvisado que sostuvo el subsecretario Carlos Arcila con la misionera Rosa Cadavid y varios pobladores y líderes de la Comuna aquel sábado. “No confiamos en la institucionalidad, y sobre todo no confiamos en la Policía”, dijo una defensora de derechos humanos que ha coordinado acciones de resistencia civil a los grupos armados en la zona. “Ya sabemos lo que está pasando ¿Qué más diagnósticos hacemos? ¿Cuánto hace que venimos hablando de esto? Los niños que hoy están en los combos son las alertas tempranas que hicimos en 2008. Esto no es nuevo, acá no se combate la criminalidad, la política es capturar unos cuántos pero la empresa criminal está intacta. Si la comunidad no puede confiar en la Policía ¿Qué nos queda?”.


Después de esta intervención se vino una avalancha de quejas y reclamos al subsecretario: que los policías están aliados con las bandas, que la gente los ve conversando con ellos, que hay personas que han escuchado desde las ventanas de sus casas como coordinan acciones entre uniformados y sicarios, que cómo son posibles tantas balaceras cuando la Comuna está llena de Fuerza Pública, que atropellan a los muchachos, los amenazan y golpean, que han recurrido a la vieja práctica de “banderear” a los jóvenes: los capturan en masa para luego liberarlos en barrios contrarios donde opera alguna banda rival que puede atentar contra ellos o matarlos. La primera semana de julio los policías incursionaron con brutalidad en Las Independencias, allanando casas de madrugada sin orden judicial y llevándose detenidos a todos los jóvenes que encontraron.


“Han matado dos a menos de cien metros del CAI móvil de Belencito”, señaló un líder comunitario, a lo que otro funcionario de la misma alcaldía respondió: “Digámoslo a carta abierta: la policía está atropellando la gente, hay que cambiar a toda la policía, acá no se trata de traer los de la Comuna 8 para la 13”. Natalie me había contado la historia del venezolano que mataron en Belencito mientras se jugaba un partido del mundial: el señor quedó tirado en la calle y nadie hizo nada, muy a pesar de que en el punto donde lo asesinaron siempre hay cuatro uniformados de guardia. “¿Dónde estaban a esa hora?” preguntó Natalie: “Sabían que lo iban a matar”.


“La gente no siente que la Fuerza Pública los este protegiendo, más bien ven que están al lado de los de las bandas”, me había dicho Rosa Cadavid un momento antes. Carlos Arcila, quien se mostró prudente y receptivo, evadió cualquier respuesta que lo pudiera comprometer aunque reconoció que había un problema grave con los policías y dijo que el General al mando quería hablar con la gente para atender sus reclamos. “¿Y quién habla?”, le respondieron a coro varias personas. “Nadie va a hablar”.


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Fernando Quijano, uno de los analistas que mejor conoce las dinámicas de la criminalidad en Medellín, asegura que acá no hay una pelea para ver quién se apodera de dos o tres expendios de drogas, como han querido vender los medios, ni tampoco una disputa de matoncitos de esquina, como suelen explicar el asunto los generales y coroneles. La eterna narrativa es que la violencia empieza porque alias “Samir” se enemistó con “Juancito”, o porque “Sombra” fue capturado, o porque el combo de “La Agonía” la emprendió contra la banda de los “Cocos” y así hasta el infinito. Quijano, quien hace poco reveló una filmación mostrando los arsenales de fusiles, lanzagranadas y rifles con miras telescópicas que poseen las organizaciones del crimen organizado, sostiene que hace décadas que en Medellín el control efectivo de la ciudad está en manos de las mafias y los grupos ilegales.


Un poder nominal da declaraciones por Telemedellín y reclama los avances en infraestructura, innovación, crecimiento económico, índices de cobertura educativa, mejoras en la seguridad ciudadana… Pero el poder real se agremia en la tenebrosa Oficina de Envigado, una federación de mafiosos y bandas criminales que opera en la sombra y controla los barrios populares del primero hasta el último, así como algunas zonas del centro.


La Oficina impone cobros a los negocios, a las empresas, a los transportadores, ajusta cuentas a bala, pistola en mano cobra las deudas perdidas, regula el precio de la marihuana y el perico, y hasta recupera carros robados cuando los ladrones actúan sin su permiso. La Oficina, fundada por Pablo Escobar en los ochenta, es una organización altamente sofisticada heredera de muchas vertientes: del Cartel de Medellín, de los grupos paramilitares desmovilizados, de las bandas de sicarios y atracadores que aparecieron en la ciudad a partir de los setenta. Está claro cuáles son los negocios ilegales de la Oficina, pero nadie podría decir a ciencia cierta hasta dónde llegan sus tentáculos ‘limpios’. Al contrario de lo que parece, ambos poderes se necesitan, en la práctica han cogobernado en Medellín y el Valle de Aburrá desde la desmovilización de los paramilitares.


Cada tensión al interior de La Oficina equivale a una nueva oleada de violencia. Entre 2007 y 2010 la confrontación de los capos Sebastián y Valenciano se saldó con 6.000 homicidios. Entre 2012 y julio de 2013, las Autodefensas Gaitanistas intentaron penetrar en Medellín y La Oficina respondió con otra guerra que acabó en un acuerdo conocido como “el pacto del fusil”: la tasa de homicidios cayó a niveles nunca vistos y la administración municipal se atribuyó el éxito de la paz que en realidad obedecía a un trato entre mafiosos. Entre 2014 y 2015 hubo otra disputa de las bandas conocidas como las “Convivir”, que se repartieron el control del centro de la ciudad. Desde entonces imperaba una tranquilidad relativa.


“No es fortuito que la guerra esté en la Comuna 13, el bastión más poderoso de Los Pesebreros, en la 7, en la 10 de manera silenciada. No es fortuito que la Comuna Centro tenga tantos muertos, que se estén presentando ataques muy fuertes en Comuna 15 y Comuna 8, hay cosas que no son normales, como que aparezcan cadáveres embolsados por una parte y ataques a jefes importantes de La Oficina por otro lado”, sostiene Fernando Quijano. “Los jefes de La Oficina todavía no se están disparando, lo que hacen es una guerra fría tratando de llegar a acuerdos. Pero estamos ante una disyuntiva: una línea mayoritaria, que es la más fuerte, y una línea minoritaria, que pareciera interesada en recuperar poder”. Esa línea minoritaria es la de Freyner Alonso Ramírez o “Carlos Pesebre”, un importante jefe de La Oficina que fue capturado en 2013 y el año pasado desde la cárcel dio la orden a sus bandas de recuperar territorios en los barrios. “A Pesebre lo veo desquiciado, siente que va a perder, siente que si no se fortalece lo van a sacar. Él es un lunar oscuro dentro de La Oficina, en cualquier momento lo sacan”, asegura Quijano.


El periodista Juan Miguel Álvarez reveló en un extenso reportaje que durante todo 2017 los principales miembros de la Oficina, encabezados por alias “Tom” (Juan Carlos Mesa), intentaron negociar un acuerdo con el gobierno nacional porque sentían que después de la paz con las FARC se abría un escenario político que no les favorecía. Buscaban la legalización de sus fortunas, rebajas de penas y la no extradición. El gobierno de Juan Manuel Santos impulsó una ley de sometimiento para bandas criminales –sancionada justo este 9 de julio– que resultó a la medida de las Autodefensas Gaitanistas, quienes de inmediato anunciaron que aceptaban las condiciones. La Oficina quedó rezagada con la captura de “Tom” en diciembre de 2017; aunque también podría favorecerse con dicha ley, llega dividida en medio de una situación imprevisible. Curiosamente, Juan Miguel Álvarez relató que algunos de sus contactos con los bandidos los consiguió a través de un funcionario cuyo despacho quedaba en la propia Alcaldía de Medellín.


Cuando le pregunté a Fernando Quijano si La Oficina tenía concejales o funcionarios en su nómina sonrío y dijo que se había vuelto diplomático para ese tipo de cuestiones. “Digamos que están muy metidos en política. Habrá que ver cuántos votos pusieron en estas elecciones”.


Desde la época de “Los Pepes” y aquella alianza de narcotraficantes, bandidos y matones que colaboraron codo a codo con la policía y la DEA para derrotar a Pablo Escobar, pasando por la terrible incursión del paramilitarismo a la confrontación urbana durante los noventa y rematando con el dominio absoluto de la Oficina después de la desmovilización de las Autodefensas, toda la historia reciente de Medellín es una sucesión de tratos y pactos tácitos con el poder mafioso para mantener el dominio sobre la ciudad.


“Donde hay pistolas ilegales es más difícil que la gente se organice”, concluyó Fernando Quijano. “Al poder real le es funcional el crimen. Lo formal es el alcalde, los concejales, la institucionalidad, pero para el poder real de esta ciudad, mucho del cual está mezclado entre economías legales e ilegales, el crimen urbano es un pilar fundamental de protección, de control, de que no se desaten insurrecciones, de que el pobre no explote, de que la protesta sea más mínima”.


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Al final de las escaleras eléctricas que construyó la administración de Sergio Fajardo en el barrio Las Independencias hay un gran mirador donde los niños piden limosna a los turistas a cambio de ejecutar algún baile, otros saben contar la historia de la Operación Orión en inglés. Un guía le dice a los visitantes que este es el mejor punto para hacerse fotos, muy al fondo se divisa la famosa Escombrera y antes el laberinto de callejones como túneles y escalinatas estrechísimas que se desgajan por la verticalidad aplastante de la Comuna. Esta sería una buena postal de Medellín: niños que no asisten a ninguna escuela pero sí saben narrar en perfecto inglés cómo los helicópteros black hawk del ejército colombiano bombardearon los techos de sus barrios en 2002, cuando ellos aún no habían nacido y cómo el presidente Álvaro Uribe ordenó la retoma militar y paramilitar de la Comuna 13, controlada hasta entonces por guerrilleros y milicias izquierdistas. El saldo de la Operación Orión está bien documentado: 350 detenidos, 80 heridos, 17 muertos por acción del Ejército y la Policía, 71 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a los paramilitares y 90 desaparecidos, muchos de ellos se presume que quedaron enterrados en la Escombrera.


Andrea, cuyo sobrino es uno de esos desaparecidos, me indica la casa de su madre debajo de La Torre, a menos de dos cuadras de donde hay unos funcionarios de la personería de Medellín con un grupo de policías. Cuenta que su madre y su hermana ajustan un mes desplazadas, igual que otras 300 personas, bien sea porque no soportan los tiroteos continuos o porque sufrieron amenazas directas en los últimos meses. Me dice que la casa quedó abandonada y que los pistoleros de las bandas no dejan alquilarla, si lo permiten es a condición de que ellos se queden el dinero del arrendamiento. Lisa, otra mujer que fue amenazada hace años y tuvo que huir del barrio El Corazón por buscar a su esposo desaparecido, me enseña un callejón angosto por el que los policías entraron de madrugada la primera semana de julio echando puertas abajo y llevándose a los muchachos detenidos. La gente contó que los uniformados iban con un encapuchado que señalaba a qué casa debían entrar y a quién capturar, una escena idéntica a las que se vivieron durante el año 2002, cuando el Ejército se hizo acompañar de paramilitares encapuchados que señalaban a los supuestos “colaboradores” de la insurgencia en la Comuna.


Durante el día, centenares de turistas extranjeros suben y bajan por las escaleras; gringos gordos en chancletas, asiáticas con sombreros, europeos delgaduchos, mexicanos o argentinos o cubanos de Miami que se hacen fotografiar junto a los grafitis y toman cerveza y guarapo criollo en los pequeños coffe shop adecuados por algunos vecinos de las casas aledañas. Hay ventas de artesanías y camisetas, bares, incluso un restaurante con menú vegetariano. Todos estos negocios le pagan un impuesto a las bandas, pero los extranjeros no lo saben, tampoco saben que al grupo de raperos que baila break dance a pocos pasos le falta un integrante: Alejandro Durango, quién fue rematado de ocho tiros acá mismo el 4 de julio a pleno medio día.

Al anochecer las escaleras quedan vacías, los turistas desaparecen y el aire denso pesa más que el plomo. Medellín, tan pujante, tan ella misma, es esa proeza incontenible, encerrada, aprisionada por montañas verticales y contradicciones antagónicas. Andrea me muestra el saliente de un callejón donde los de La Torre se han apostado todas estas noches para disparar sus fusiles contra los de Betania, en el barrio del frente. Esta sería otra buena postal de Medellín: la frontera entre ambos barrios, y por lo tanto entre las bandas, son las mismas escaleras eléctricas que mañana andarán otra vez rebosantes de turistas, rebosantes de dinero, de propagandas sobre la ciudad más innovadora, de niños que recuerdan bombardeos y matanzas de cuando ellos ni siquiera habían nacido.

 

Camilo Alzate
Colombia Plural


*Algunos nombres fueron cambiados.

Publicado enColombia
Los desafíos de la sustitución de hoja de coca en Puerto Asís

El programa de sustitución de cultivos ilícitos avanza con dificultades en Puerto Asís-Putumayo, el tercer municipio en Colombia con áreas de coca cultivada. La presión de grupos armados ilegales, además de las amenazas a líderes comunales, el proyecto de ley para el tratamiento penal de los pequeños cultivadores, la erradicación forzosa anunciada por el Gobierno y otros factores ponen en vilo la eficaz implementación de la sustitución.

 

Puerto Asís, con 7.453 hectáreas de coca cultivada, es el municipio que más coca sembrada tiene en todo el Putumayo, según lo reporta el último censo de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos publicado en julio de 2017. La oficina contra la Droga y el Delito señala que “el centro poblado de Puerto Vega y la cabecera municipal de Puerto Asís son los centros poblados más fuertemente relacionados con territorios afectados por cultivos de coca en Putumayo”, y siguen consolidándose los núcleos de cultivos de coca asociados a zonas de frontera.

 

Puerto Vega, a tan sólo unos minutos del casco urbano de Puerto Asís, tiene conexiones al sur, por el río Putumayo, con Puerto Leguízamo –con salida al Perú, y en el suroccidente hacia el Ecuador por el rio San Miguel.

 

En Puerto Vega, al atravesar el río Putumayo del lado de Puerto Asís hacia el otro costado, hay un tramo por tierra que lleva al Ecuador. A 30 minutos por carretera, aproximadamente, se llega a la vereda La Pradera donde se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las Farc. En esta zona el censo indica que “tiene la mayor presencia de coca en la región; a menos de 5 km se pasó de 251ha en 2015 a 385ha” registro del 2016 que puede variar porque es uno de los territorios donde inició la erradicación voluntaria.

 

Por este mismo corredor vial, a una hora de Puerto Asís, en la vereda Teteyé según la cuenta de twitter de la Sexta División del Ejército, el 20 de mayo el Batallón de Artillería N° 27 incautó 290 kilos de clorhidrato de cocaína que le asignan de propiedad a la disidencia de las Farc.

 

Los límites fronterizos de Puerto Asís, están convertidos en un territorio en disputa por los actores armados ilegales, como corredores para el tráfico de cocaína; en esa zona los campesinos sufren presión de parte de los armados para que desistan del Programa de sustitución.

 

Por ejemplo, una de las carreteras destapadas construidas por la empresa británica Amerisur Resources, a la cual le adjudicaron el bloque petrolero “Platanillo” que extrae de Colombia al Ecuador crudo con salida al Pacífico, allí “la Policía anda haciendo retenes y no dejando pasar nada de químicos para blanquear la coca, eso pone las cosas difíciles pero también con el tiempo los “duros” comienzan a negociar con ellos”, cuenta un mototaxista que transita recurrentemente por dicho tramo.

 

“Antes del Proceso de paz la cocaína estaba barata: a 1.300 el gramo (la primera etapa) y procesada (la base) hasta 1.200.000 o 2.100.000 un kilo, ahora está a 1.700.000 y 2.600.000 (…). Una tonelada de hoja de coca está valiendo 25.000 pesos”, menciona un habitante de Puerto Asís. Resulta ser “una puja entre los gobiernos, productores y narcotraficantes, en ultimas somos los campesinos los que estamos en medio”, considera Luis Olmedo, integrante de la Asociación Campesina Ascadis.

 

Un acuerdo a medias

 

Con el punto 4.1. del Acuerdo de Paz el Gobierno se comprometió a crear y poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), el cual es un componente de la Reforma Rural Integral y que contempla la construcción participativa y el desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (Pisda).

 

Yule Anzueta, integrante de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo enfatiza en “la desarticulación entre la formulación de los Pisda y los planes de desarrollo territorial”, que apunta de nuevo hacia un programa de sustitución sin transformaciones reales.

 

A marzo del 2018, un comunicado de la Alta Consejería para el Posconflicto reporta que en Putumayo “a la fecha están suscritos los acuerdos de sustitución con 11.385 familias, de las cuales 6.779 son cultivadores, 3.614 no cultivadores y 792 son recolectores”. Ha transcurrido más de un año desde la firma del Acuerdo de Paz, fuentes consultadas en Puerto Asís mencionan que el Programa avanza en la fase de vinculación, suscripción de acuerdos colectivos e individuales para iniciar el Plan de Atención Inmediata donde las familias recibirán el pago de un millón de pesos mensuales, mientras inicia un proyecto productivo. “El programa avanza lento, con mucha desconfianza de parte y parte, todos hemos manifestado nuestra voluntad” asegura Olmedo.

 

La hoja de coca y sus derivados ilícitos regulan la economía de Puerto Asís: “aquí, por lo menos cuando el precio de la coca baja, se pone malo hasta para los taxistas, los que venden comidita ahí en la calle… todo es como una cadena”, cuenta Jani Silva integrante de la Zona de Reserva Campesina ZRC de la Perla Amazónica, ubicada en Putumayo.

 

El 18 de febrero de 2017, después de dos años de negociaciones entre el gobierno nacional, la Mesa regional de organizaciones sociales y autoridades regionales, se avanzó en la construcción conjunta de un Plan para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el departamento del Putumayo y se firmó un preacuerdo regional para ejecutar la ruta de implementación del Programa.

 

El actual Programa es otro intento de los campesinos por la sustitución, el Plan Colombia, el programa “Raíz por raíz”, familias guardabosques, han dejado experiencias amargas: “aquí han llegado proyectos de escritorio, muchos dicen metansen con esto que es ¡buenísimo! y está garantizado el comercio. Primero fue la cúrcuma, luego el palmito, el açai, la pimienta, el sacha inchi, cacao… No se trata de sólo reemplazar un cultivo, todo el tema se va en la comercialización y en el transporte, algunos les toca por trocha o río para sacar su cosecha. Que nos den semillas es fácil, que nos pongan la carretera o el bote quién sabe”, reflexiona Jani.

 

Otro de los retos de la sustitución en Puerto Asís obedece a las características propias de la tierra, que implica pensar en cultivos rotativos y biodiversos, que en las prácticas de cultivo de la hoja de coca ha sido todo lo contrario: monocultivo de una planta que logra adaptarse a una capa de materia orgánica que llega como máximo a 20 cms de profundidad y luego aparecen las areniscas que constituyen un terreno poco fértil. “Con el boom del cacao, mientras la primera cosecha bien, pero de ahí en adelante la raíz coge esa greda y ya el cacao se apesta!, relata Jani.

 

Entre menos coca sembrada es delito

 

Con el numeral 4 del Acuerdo de Paz el Gobierno expresa su compromiso de tramitar los ajustes normativos para renunciar a la acción penal contra los pequeños cultivadores, y el Decreto por el cual se crea el Pnis define el tratamiento penal diferencial que se reglamentará “a la legislación que se expida sobre la materia en desarrollo del Acuerdo Final”; es por ello que el 20 de marzo pasado el Ministerio de Justicia radicó una nueva versión de la ley.

 

En el borrador para la discusión contempla que quienes tengan cultivos de 1.8 hectáreas de coca y derivados podrán ser judicializados; la primera versión mencionaba hasta 3.8 hectáreas, “Al parecer esto se le salió de las manos a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de los Acuerdos, que se supone debería presentar el proyecto de ley; desde quienes participamos del Programa se habían construido unos acuerdos”, expresa Anzueta.

 

Para muchos campesinos esto genera desconfianza en el Programa, porque firmaron los pactos colectivos de sustitución sin la reglamentación clara al respecto. “Al entrar al programa ellos dan una información, pero con ésta ahora podrían ser perjudicados”, advierte Anzueta.
“La cifra de 1.8 es preocupante. Hay personas que tienen más de esa cantidad, con la que sustentan a varias familias, uno no puede decir que esa persona que tenga más de las 6 hectáreas es rica ¡no! Tendrán la comodidad de tener un motor, una casita mejor, tener dos hijos estudiando afuera del pueblo. Esas serán las diferencias económicas que existan entre el que tiene una hectárea al que tiene más”, señala Jani.

 

Erradicación forzada

 

Cabe recordar que para el año 2016 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que militares de la Brigada 27 de Selva, que cuidaban la plataforma 9 de la petrolera Amerisur, “erradicaron forzosamente dos hectáreas de cultivos de coca en la ZRC, sin mediar palabra”, mientras se avanzaba en la concertación entre el Gobierno y los campesinos sobre el plan de sustitución voluntaria. El 3 de enero de 2018 militares ingresaron de manera irregular al caserío Comandante-Puerto Asís para erradicación forzada cuando aún en el municipio no se ha notificado esta acción.

 

En marzo, con la publicación del reporte sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, comenzó a insinuarse en la opinión pública que el Putumayo sería priorizado para la erradicación forzada. Aunque operaciones de éstas no se han generado en los últimos meses, en Puerto Asís crece la incertidumbre entre los campesinos. “Nuestra gente ha considerado que el programa deber ser manual, gradual y concertado y siempre ha manifestado su intención de sustitución pero por un cultivo que sea sostenible y que en realidad cubra las necesidades básicas que tienen las familias”, precisa Jani.

 

Se le suma a esto también la duda sobre los resultados operacionales de la Policía Antinarcóticos y el Ejército en cuanto al decomiso de cocaína: “la gente en sus casas hacen un proceso de mínima transformación, la hoja la convierten en pasta base –eso no es un secreto para nadie– el Gobierno ha querido mostrar esto como los grandes hallazgos de laboratorios, pero eso no son los grandes laboratorios […] es el afán de mostrar algunos resultados”, afirma Anzueta.

 

El acuerdo regional pone en riesgo a los líderes

 

El Acuerdo regional para la implementación del Pnis, estableció que fueran los presidentes de Juntas de Acción Comunal quienes, mediante asambleas, socializaran las acciones del Programa, y para la preinscripción de los beneficiarios sean quienes registraran el número de hectáreas sembradas por familia. En una rueda de prensa la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) señaló que esto ha causado que “muchos líderes comunitarios estén amenazados y hostigados”, lo cual no es extraño pues estamos “En un departamento donde confluyen tanto grupos paramilitares como grupos residuales pos desmovilización de las Farc, y hace poco recibimos denuncias de presencia del ELN”, menciona un representante de la Coccam.

 

Tras las amenazas a líderes campesinos de la ZRC, la Comisión Intereclesial menciona en un informe de abril que “al interior de los territorios apareció un grupo armado que se identifica como Frente 1 de las Farc y está ofreciendo 2 millones de pesos por vinculación”.

 

En diciembre del año pasado el Ministro del Interior llevó a cabo una reunión con líderes sociales que impulsan la sustitución voluntaria y defensores de derechos humanos, para adelantar medidas de protección, las mismas que “no han sido atendidas”, afirma Anzueta.

 

Pese a que la Procuraduría, a través de la directiva 002 de 2017, indica priorizar las medidas de seguridad y protección de los defensores, en relación a los homicidios ocurridos en su contra, “desafortunadamente en el tema investigativo no se han dado resultados. Hay investigaciones abiertas pero no tenemos mayores avances en términos de identificación de los actores intelectuales,aunque se señala algunos autores materiales, esto sigue en la impunidad”, afirma un dirigente de la Coccam.

 

Las demoras en la implementación del Pnis desarticulado de un desarrollo rural integral en marcha, es repetir en el municipio la ejecución de un programa asistencial más. Por otro lado, las disputas territoriales de los grupos armados que vienen ejerciendo hostigamiento a líderes comunales y campesinos para que sigan en la siembra de hoja de coca, genera que este nuevo intento por la sustitución fracase y el conflicto armado se intensifique en la región por la posición geoestratégica para el narcotráfico.

 


 

Recuadro


La sustitución en vilo


Hace más de un año, buscando estrategias que tranquilizaran al gobierno estadounidense, Juan Manuel Santos trazó una meta para la disminución de los cultivos de coca en el país; 50.000 hectáreas iban a ser erradicadas forzosamente por la fuerza pública, mientras que otras 50.000 serían sustituidas voluntariamente a través de la vinculación de las familias productoras y recolectoras de hoja de coca al Programa Nacional Integral de Sustitución – Pnis. Sin embargo, a finales del mes de mayo de este año, Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, declaró que la meta de sustitución no sería cumplida debido a dificultades en materia de seguridad y acceso a ciertas zonas del país.

 

Este incumplimiento no es ni la única, ni la mayor problemática que existe alrededor del Pnis, programa que surge con el punto 4 del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. La implementación de la sustitución, que al comienzo sonaba esperanzadora para aquellas familias que por años se dedicaron a cultivar y trabajar la coca debido al progresivo abandono estatal, es ahora una ilusión que se ve cada vez más lejana y se conjuga con el encarecimiento de la vida en las zonas cocaleras y la amenaza latente a la integridad de los líderes que impulsan la sustitución.

 

Pese a ello, hay que reconocer la importancia de la creación de un programa de sustitución en Colombia, ya que la política antidrogas que se viene aplicando en el país es hija de la guerra contra las drogas que nació en los Estados Unidos a finales de la década de los sesentas durante el gobierno de Richard Nixon, la cual desde su origen se enfocó en la criminalización de la producción y el consumo. Es por esto que el Punto 4 del acuerdo de paz resulta tan innovador, pues reconoce la vulnerabilidad de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: cultivadores y consumidores, y le apuesta a un trato diferencial para atacar de forma integral este flagelo.

 

No obstante, a pesar de este avance y de la voluntad de sustituir que han demostrado reiterativamente los cultivadores y trabajadores de la coca, el gobierno no renuncia a la estrategia militar de lucha contra las drogas y anuncia, entre otras cosas, futuras fumigaciones con drones, incremento de las erradicaciones manuales y la posibilidad de que regrese la fumigación aérea. A todo esto se suman las dificultades que ha tenido la institucionalidad para hacer presencia en los territorios en donde se siembra coca, que van desde inconvenientes en el acceso a las zonas, graves situaciones de orden público, hasta serios problemas de articulación institucional que han desembocado en una sensación generalizada de incertidumbre entre las familias que trabajan la mata.

 

En la ruta de implementación del Pnis se establece que después de firmado el acuerdo colectivo de sustitución, cada familia se inscribe individualmente al programa e inmediatamente empieza a recibir un subsidio de un millón de pesos mensuales durante un año, que está condicionado a la erradicación de la totalidad del cultivo y va de la mano de la implementación del Plan de Atención Inmediata y la Asistencia Técnica Integral, que buscan cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades. Los datos que presenta la Fundación Ideas para la Paz en su informe trimestral “¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?, La implementación, los rezagos y las tareas pendientes”, denotan que este proceso no está funcionando de la manera esperada.

 

Si bien el Pnis ha logrado acuerdos colectivos en 90 municipios, que incluyen un total de 123.225 familias, solo en 43 municipios se han firmado acuerdos individuales, es decir, hay 62.181 familias que poseen un total de 22.025 hectáreas de coca comprometidas con la sustitución. Sin embargo, solo 32.010 familias han recibido el primer pago del millón de pesos, 7.009 familias cuentan con asistencia técnica y nada más en 9 municipios se está empezando a formular el Plan de Atención Inmediata; cabe entonces preguntarse ¿qué está pasando con el resto de familias? Todo esto pareciera indicar que el afán de la Agencia Para la Sustitución de Cultivos Ilícitos es comprometer a los cultivadores y trabajadores de la mata de coca con el programa, antes de garantizar el cumplimiento de los componentes que garantizarían la reconversión económica hacia actividades legales.

 

Pero si el problema fuera solamente que el gobierno no cumple lo que firma no sería tan grave la situación. Hace un par de meses, la Defensoría del Pueblo anunció que son los líderes que impulsan la sustitución quienes más amenazados se encuentran, y esto es algo que debe alertar a la sociedad en general, pues desde la firma de los acuerdos con las Farc han asesinado impunemente más de 200 líderes y lideresas sociales, y el incumplimiento de los acuerdos aumenta el riesgo para todas aquellas personas que desde sus territorios trabajan para darle vida a la sustitución.

Publicado enColombia
Los desafíos de la sustitución de hoja de coca en Puerto Asís

El programa de sustitución de cultivos ilícitos avanza con dificultades en Puerto Asís-Putumayo, el tercer municipio en Colombia con áreas de coca cultivada. La presión de grupos armados ilegales, además de las amenazas a líderes comunales, el proyecto de ley para el tratamiento penal de los pequeños cultivadores, la erradicación forzosa anunciada por el Gobierno y otros factores ponen en vilo la eficaz implementación de la sustitución.

 

Puerto Asís, con 7.453 hectáreas de coca cultivada, es el municipio que más coca sembrada tiene en todo el Putumayo, según lo reporta el último censo de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos publicado en julio de 2017. La oficina contra la Droga y el Delito señala que “el centro poblado de Puerto Vega y la cabecera municipal de Puerto Asís son los centros poblados más fuertemente relacionados con territorios afectados por cultivos de coca en Putumayo”, y siguen consolidándose los núcleos de cultivos de coca asociados a zonas de frontera.

 

Puerto Vega, a tan sólo unos minutos del casco urbano de Puerto Asís, tiene conexiones al sur, por el río Putumayo, con Puerto Leguízamo –con salida al Perú, y en el suroccidente hacia el Ecuador por el rio San Miguel.

 

En Puerto Vega, al atravesar el río Putumayo del lado de Puerto Asís hacia el otro costado, hay un tramo por tierra que lleva al Ecuador. A 30 minutos por carretera, aproximadamente, se llega a la vereda La Pradera donde se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las Farc. En esta zona el censo indica que “tiene la mayor presencia de coca en la región; a menos de 5 km se pasó de 251ha en 2015 a 385ha” registro del 2016 que puede variar porque es uno de los territorios donde inició la erradicación voluntaria.

 

Por este mismo corredor vial, a una hora de Puerto Asís, en la vereda Teteyé según la cuenta de twitter de la Sexta División del Ejército, el 20 de mayo el Batallón de Artillería N° 27 incautó 290 kilos de clorhidrato de cocaína que le asignan de propiedad a la disidencia de las Farc.

 

Los límites fronterizos de Puerto Asís, están convertidos en un territorio en disputa por los actores armados ilegales, como corredores para el tráfico de cocaína; en esa zona los campesinos sufren presión de parte de los armados para que desistan del Programa de sustitución.

 

Por ejemplo, una de las carreteras destapadas construidas por la empresa británica Amerisur Resources, a la cual le adjudicaron el bloque petrolero “Platanillo” que extrae de Colombia al Ecuador crudo con salida al Pacífico, allí “la Policía anda haciendo retenes y no dejando pasar nada de químicos para blanquear la coca, eso pone las cosas difíciles pero también con el tiempo los “duros” comienzan a negociar con ellos”, cuenta un mototaxista que transita recurrentemente por dicho tramo.

 

“Antes del Proceso de paz la cocaína estaba barata: a 1.300 el gramo (la primera etapa) y procesada (la base) hasta 1.200.000 o 2.100.000 un kilo, ahora está a 1.700.000 y 2.600.000 (…). Una tonelada de hoja de coca está valiendo 25.000 pesos”, menciona un habitante de Puerto Asís. Resulta ser “una puja entre los gobiernos, productores y narcotraficantes, en ultimas somos los campesinos los que estamos en medio”, considera Luis Olmedo, integrante de la Asociación Campesina Ascadis.

 

Un acuerdo a medias

 

Con el punto 4.1. del Acuerdo de Paz el Gobierno se comprometió a crear y poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), el cual es un componente de la Reforma Rural Integral y que contempla la construcción participativa y el desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (Pisda).

 

Yule Anzueta, integrante de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo enfatiza en “la desarticulación entre la formulación de los Pisda y los planes de desarrollo territorial”, que apunta de nuevo hacia un programa de sustitución sin transformaciones reales.

 

A marzo del 2018, un comunicado de la Alta Consejería para el Posconflicto reporta que en Putumayo “a la fecha están suscritos los acuerdos de sustitución con 11.385 familias, de las cuales 6.779 son cultivadores, 3.614 no cultivadores y 792 son recolectores”. Ha transcurrido más de un año desde la firma del Acuerdo de Paz, fuentes consultadas en Puerto Asís mencionan que el Programa avanza en la fase de vinculación, suscripción de acuerdos colectivos e individuales para iniciar el Plan de Atención Inmediata donde las familias recibirán el pago de un millón de pesos mensuales, mientras inicia un proyecto productivo. “El programa avanza lento, con mucha desconfianza de parte y parte, todos hemos manifestado nuestra voluntad” asegura Olmedo.

 

La hoja de coca y sus derivados ilícitos regulan la economía de Puerto Asís: “aquí, por lo menos cuando el precio de la coca baja, se pone malo hasta para los taxistas, los que venden comidita ahí en la calle… todo es como una cadena”, cuenta Jani Silva integrante de la Zona de Reserva Campesina ZRC de la Perla Amazónica, ubicada en Putumayo.

 

El 18 de febrero de 2017, después de dos años de negociaciones entre el gobierno nacional, la Mesa regional de organizaciones sociales y autoridades regionales, se avanzó en la construcción conjunta de un Plan para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en el departamento del Putumayo y se firmó un preacuerdo regional para ejecutar la ruta de implementación del Programa.

 

El actual Programa es otro intento de los campesinos por la sustitución, el Plan Colombia, el programa “Raíz por raíz”, familias guardabosques, han dejado experiencias amargas: “aquí han llegado proyectos de escritorio, muchos dicen metansen con esto que es ¡buenísimo! y está garantizado el comercio. Primero fue la cúrcuma, luego el palmito, el açai, la pimienta, el sacha inchi, cacao… No se trata de sólo reemplazar un cultivo, todo el tema se va en la comercialización y en el transporte, algunos les toca por trocha o río para sacar su cosecha. Que nos den semillas es fácil, que nos pongan la carretera o el bote quién sabe”, reflexiona Jani.

 

Otro de los retos de la sustitución en Puerto Asís obedece a las características propias de la tierra, que implica pensar en cultivos rotativos y biodiversos, que en las prácticas de cultivo de la hoja de coca ha sido todo lo contrario: monocultivo de una planta que logra adaptarse a una capa de materia orgánica que llega como máximo a 20 cms de profundidad y luego aparecen las areniscas que constituyen un terreno poco fértil. “Con el boom del cacao, mientras la primera cosecha bien, pero de ahí en adelante la raíz coge esa greda y ya el cacao se apesta!, relata Jani.

 

Entre menos coca sembrada es delito

 

Con el numeral 4 del Acuerdo de Paz el Gobierno expresa su compromiso de tramitar los ajustes normativos para renunciar a la acción penal contra los pequeños cultivadores, y el Decreto por el cual se crea el Pnis define el tratamiento penal diferencial que se reglamentará “a la legislación que se expida sobre la materia en desarrollo del Acuerdo Final”; es por ello que el 20 de marzo pasado el Ministerio de Justicia radicó una nueva versión de la ley.

 

En el borrador para la discusión contempla que quienes tengan cultivos de 1.8 hectáreas de coca y derivados podrán ser judicializados; la primera versión mencionaba hasta 3.8 hectáreas, “Al parecer esto se le salió de las manos a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de los Acuerdos, que se supone debería presentar el proyecto de ley; desde quienes participamos del Programa se habían construido unos acuerdos”, expresa Anzueta.

 

Para muchos campesinos esto genera desconfianza en el Programa, porque firmaron los pactos colectivos de sustitución sin la reglamentación clara al respecto. “Al entrar al programa ellos dan una información, pero con ésta ahora podrían ser perjudicados”, advierte Anzueta.
“La cifra de 1.8 es preocupante. Hay personas que tienen más de esa cantidad, con la que sustentan a varias familias, uno no puede decir que esa persona que tenga más de las 6 hectáreas es rica ¡no! Tendrán la comodidad de tener un motor, una casita mejor, tener dos hijos estudiando afuera del pueblo. Esas serán las diferencias económicas que existan entre el que tiene una hectárea al que tiene más”, señala Jani.

 

Erradicación forzada

 

Cabe recordar que para el año 2016 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que militares de la Brigada 27 de Selva, que cuidaban la plataforma 9 de la petrolera Amerisur, “erradicaron forzosamente dos hectáreas de cultivos de coca en la ZRC, sin mediar palabra”, mientras se avanzaba en la concertación entre el Gobierno y los campesinos sobre el plan de sustitución voluntaria. El 3 de enero de 2018 militares ingresaron de manera irregular al caserío Comandante-Puerto Asís para erradicación forzada cuando aún en el municipio no se ha notificado esta acción.

 

En marzo, con la publicación del reporte sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, comenzó a insinuarse en la opinión pública que el Putumayo sería priorizado para la erradicación forzada. Aunque operaciones de éstas no se han generado en los últimos meses, en Puerto Asís crece la incertidumbre entre los campesinos. “Nuestra gente ha considerado que el programa deber ser manual, gradual y concertado y siempre ha manifestado su intención de sustitución pero por un cultivo que sea sostenible y que en realidad cubra las necesidades básicas que tienen las familias”, precisa Jani.

 

Se le suma a esto también la duda sobre los resultados operacionales de la Policía Antinarcóticos y el Ejército en cuanto al decomiso de cocaína: “la gente en sus casas hacen un proceso de mínima transformación, la hoja la convierten en pasta base –eso no es un secreto para nadie– el Gobierno ha querido mostrar esto como los grandes hallazgos de laboratorios, pero eso no son los grandes laboratorios […] es el afán de mostrar algunos resultados”, afirma Anzueta.

 

El acuerdo regional pone en riesgo a los líderes

 

El Acuerdo regional para la implementación del Pnis, estableció que fueran los presidentes de Juntas de Acción Comunal quienes, mediante asambleas, socializaran las acciones del Programa, y para la preinscripción de los beneficiarios sean quienes registraran el número de hectáreas sembradas por familia. En una rueda de prensa la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) señaló que esto ha causado que “muchos líderes comunitarios estén amenazados y hostigados”, lo cual no es extraño pues estamos “En un departamento donde confluyen tanto grupos paramilitares como grupos residuales pos desmovilización de las Farc, y hace poco recibimos denuncias de presencia del ELN”, menciona un representante de la Coccam.

 

Tras las amenazas a líderes campesinos de la ZRC, la Comisión Intereclesial menciona en un informe de abril que “al interior de los territorios apareció un grupo armado que se identifica como Frente 1 de las Farc y está ofreciendo 2 millones de pesos por vinculación”.

 

En diciembre del año pasado el Ministro del Interior llevó a cabo una reunión con líderes sociales que impulsan la sustitución voluntaria y defensores de derechos humanos, para adelantar medidas de protección, las mismas que “no han sido atendidas”, afirma Anzueta.

 

Pese a que la Procuraduría, a través de la directiva 002 de 2017, indica priorizar las medidas de seguridad y protección de los defensores, en relación a los homicidios ocurridos en su contra, “desafortunadamente en el tema investigativo no se han dado resultados. Hay investigaciones abiertas pero no tenemos mayores avances en términos de identificación de los actores intelectuales,aunque se señala algunos autores materiales, esto sigue en la impunidad”, afirma un dirigente de la Coccam.

 

Las demoras en la implementación del Pnis desarticulado de un desarrollo rural integral en marcha, es repetir en el municipio la ejecución de un programa asistencial más. Por otro lado, las disputas territoriales de los grupos armados que vienen ejerciendo hostigamiento a líderes comunales y campesinos para que sigan en la siembra de hoja de coca, genera que este nuevo intento por la sustitución fracase y el conflicto armado se intensifique en la región por la posición geoestratégica para el narcotráfico.

 


 

Recuadro


La sustitución en vilo


Hace más de un año, buscando estrategias que tranquilizaran al gobierno estadounidense, Juan Manuel Santos trazó una meta para la disminución de los cultivos de coca en el país; 50.000 hectáreas iban a ser erradicadas forzosamente por la fuerza pública, mientras que otras 50.000 serían sustituidas voluntariamente a través de la vinculación de las familias productoras y recolectoras de hoja de coca al Programa Nacional Integral de Sustitución – Pnis. Sin embargo, a finales del mes de mayo de este año, Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, declaró que la meta de sustitución no sería cumplida debido a dificultades en materia de seguridad y acceso a ciertas zonas del país.

 

Este incumplimiento no es ni la única, ni la mayor problemática que existe alrededor del Pnis, programa que surge con el punto 4 del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. La implementación de la sustitución, que al comienzo sonaba esperanzadora para aquellas familias que por años se dedicaron a cultivar y trabajar la coca debido al progresivo abandono estatal, es ahora una ilusión que se ve cada vez más lejana y se conjuga con el encarecimiento de la vida en las zonas cocaleras y la amenaza latente a la integridad de los líderes que impulsan la sustitución.

 

Pese a ello, hay que reconocer la importancia de la creación de un programa de sustitución en Colombia, ya que la política antidrogas que se viene aplicando en el país es hija de la guerra contra las drogas que nació en los Estados Unidos a finales de la década de los sesentas durante el gobierno de Richard Nixon, la cual desde su origen se enfocó en la criminalización de la producción y el consumo. Es por esto que el Punto 4 del acuerdo de paz resulta tan innovador, pues reconoce la vulnerabilidad de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: cultivadores y consumidores, y le apuesta a un trato diferencial para atacar de forma integral este flagelo.

 

No obstante, a pesar de este avance y de la voluntad de sustituir que han demostrado reiterativamente los cultivadores y trabajadores de la coca, el gobierno no renuncia a la estrategia militar de lucha contra las drogas y anuncia, entre otras cosas, futuras fumigaciones con drones, incremento de las erradicaciones manuales y la posibilidad de que regrese la fumigación aérea. A todo esto se suman las dificultades que ha tenido la institucionalidad para hacer presencia en los territorios en donde se siembra coca, que van desde inconvenientes en el acceso a las zonas, graves situaciones de orden público, hasta serios problemas de articulación institucional que han desembocado en una sensación generalizada de incertidumbre entre las familias que trabajan la mata.

 

En la ruta de implementación del Pnis se establece que después de firmado el acuerdo colectivo de sustitución, cada familia se inscribe individualmente al programa e inmediatamente empieza a recibir un subsidio de un millón de pesos mensuales durante un año, que está condicionado a la erradicación de la totalidad del cultivo y va de la mano de la implementación del Plan de Atención Inmediata y la Asistencia Técnica Integral, que buscan cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades. Los datos que presenta la Fundación Ideas para la Paz en su informe trimestral “¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?, La implementación, los rezagos y las tareas pendientes”, denotan que este proceso no está funcionando de la manera esperada.

 

Si bien el Pnis ha logrado acuerdos colectivos en 90 municipios, que incluyen un total de 123.225 familias, solo en 43 municipios se han firmado acuerdos individuales, es decir, hay 62.181 familias que poseen un total de 22.025 hectáreas de coca comprometidas con la sustitución. Sin embargo, solo 32.010 familias han recibido el primer pago del millón de pesos, 7.009 familias cuentan con asistencia técnica y nada más en 9 municipios se está empezando a formular el Plan de Atención Inmediata; cabe entonces preguntarse ¿qué está pasando con el resto de familias? Todo esto pareciera indicar que el afán de la Agencia Para la Sustitución de Cultivos Ilícitos es comprometer a los cultivadores y trabajadores de la mata de coca con el programa, antes de garantizar el cumplimiento de los componentes que garantizarían la reconversión económica hacia actividades legales.

 

Pero si el problema fuera solamente que el gobierno no cumple lo que firma no sería tan grave la situación. Hace un par de meses, la Defensoría del Pueblo anunció que son los líderes que impulsan la sustitución quienes más amenazados se encuentran, y esto es algo que debe alertar a la sociedad en general, pues desde la firma de los acuerdos con las Farc han asesinado impunemente más de 200 líderes y lideresas sociales, y el incumplimiento de los acuerdos aumenta el riesgo para todas aquellas personas que desde sus territorios trabajan para darle vida a la sustitución.

Publicado enEdición Nº247
“El Chapo Guzmán es la mayor ficción de la supuesta guerra del narco”

El académico Oswaldo Zavala presenta estos días en México ‘Los cárteles no existen’, un libro que dinamita el discurso oficial sobre la criminalidad en el país


¿De qué hablamos cuando hablamos del narco en México? ¿Qué significa que los cárteles ponen en jaque al estado, que la guerra arrecia en Guerrero, Tamaulipas, Jalisco o Michoacán? ¿Qué es un sicario, una plaza, un halcón, qué es esta matazón que desangra al país desde hace años?


Son palabras, expresiones, que aparecen en informes oficiales, en la prensa, las revistas, las novelas, las series de televisión... Y sin embargo, ¿qué significan? ¿Hacemos bien al usarlos, al decir "guerra del narco", al asegurar que El Chapo, Los Zetas o Jalisco Nueva Generación "controlan una plaza"? Oswaldo Zavala (Ciudad Juárez, 1975) dice que no. Un rotundo no.


Los Cárteles No Existen (Malpaso, 2018), su último ensayo, cuestiona la narrativa oficial construida en torno a la violencia en el país. Porque no hay guerra entre cárteles, dice Zavala, porque la guerra entre cárteles es una explicación entendible, digerible, de las decenas de miles de muertos y desaparecidos que deja el conflicto, carnaza de tuit. Por eso dice supuesta: supuesta guerra, supuestos cárteles, supuestos líderes criminales. Supuesto todo: "Mi interés es mostrar que hay un discurso que construye un enemigo que está por todas partes y que es el principal actor de la violencia. Y luego comprender qué hay detrás de él, un sistema político que echa mano del lenguaje para avanzar en estrategias que de otro modo resultarían inaceptables."


Pregunta: Y si lo cárteles no existen entonces, ¿qué existe?


Respuesta: Los carteles no existen pero la violencia de estado sí. Tenemos que comprender que estos tiempos violentos tienen relación con la historia del sistema político. El sistema político es la mayor condición de posibilidad de violencia en el país. A partir de la historia del estado podemos comprender qué es eso que llamamos narcotráfico. La idea de cartel es una idea recibida, creada por el discurso securitario de Estados Unidos en los 80, para hablar de los traficantes colombianos. Y que en México se volvió útil a la par de otra narrativa, que permite muy rápidamente, muy simplemente, darnos una idea concisa sobre la violencia. Y que permite justificar estrategias estatales.


P: Distingue tres fases en las relaciones entre los grupos delictivos y el estado. Una primera, primitiva, que corresponde al México previo al poderoso despliegue de la Dirección Federal de Seguridad -el temible órgano contrainsurgente del estado priista. La segunda que nace con la Operación Cóndor en los 70 y la organización de los traficantes sinaloenses en Guadalajara y luego el desmantelamiento de la DFS y la pérdida de poder del PRI ¿Y ahora qué?


R: Yo empezaría con la Operación Cóndor. En el 75 es la primera acción militarizada concertada entre EE UU y México para atacar el triángulo dorado -una región de cultivos de amapola y marihuana entre Sinaloa, Chihuahua y Durango. 10.000 efectivos llegan al triángulo dorado, quemando, despoblando. Hay un éxodo masivo de campesinos a Culiacán, Sinaloa... Eso no se vuelve a repetir hasta el Gobierno de Calderón. Al menos con esa gravedad. A partir de ahí, el sistema político concibe una estrategia nacional de gestión del tráfico. Marginan a los traficantes del poder político y producen la Federación, disciplinada por la DFS y el Ejército.


La segunda etapa inicia cuando se agota la amenaza comunista global y EE UU se queda sin enemigo securitario. Se cae la Unión Soviética y el presidente Reagan recodifica los objetivos securitarios para pensar ahora en el narcotráfico como la nueva agenda de seguridad nacional. Y se hace de un día para otro. Hasta entonces el narco era una cuestión policiaca (...) Aunque la agenda securitaria empieza en 1989 con CISEN -el servicio secreto, que sustituye a la DFS-, es con Calderón que se colombianiza México. Es decir, la verdadera colombianización no es el Chapo, o los narcos atacando a la sociedad civil, sino la respuesta del estado.


P: ¿Cómo casan sus argumentos con situaciones como las vividas en Jalisco estos meses, la desaparición de los estudiantes de cine y su asesinato; el atentado contra el exfiscal en pleno centro de Guadalajara? Si los cárteles no existen, entonces, ¿qué es todo eso?


R: Parte del problema es este. Queremos respuestas rápidas a lo que necesita trabajo periodístico. Estamos acostumbrados a recibir una explicación que nos tranquilice, que nos haga entender la lógica de la violencia. Y eso es parte de la manera en la que el discurso oficial se ha instalado en la esfera pública con tanto poder. Hay un tiroteo, la gente sale muerta e inmediatamente se significa para nosotros por medio de voceros oficiales: 'Es que está el Cartel Jalisco, que además tumbó un helicóptero y hay un operativo para detenerlos'. Y entonces todos los periodistas anotan todo, fue el cartel y se acabó. En un país con un índice de impunidad extraordinario, me sorprende la facilidad con que aceptamos el relato oficial.


P: Supongo entonces que El Chapo y su historia le parecen la mayor de las ficciones


R: Totalmente, cuando lo detienen en Sinaloa en el departamento (en febrero de 2014), está solo con su mujer. Y un reportero de The New York Times, azorado, dice, '¡qué loco, no hay túneles, soldados, no está su ejército y lo capturan ahí como si nada, increíble!'... ¡No, posiblemente es su realidad! Lo increíble es que creas que tiene 300 soldados. ¿Quién los ha visto? Nadie.


P: Sí. El Chapo es el actor principal de esta comedia que usted llama guerra del narco, supongo que la fuga del túnel es su historia favorita -en julio de 2015, las autoridades informaron de la fuga de El Chapo de una cárcel de máxima seguridad a través de un túnel.


R: No solo es inverosímil, sino que presenta un reto periodístico. ¿Quién produjo ese túnel? A mí me fascinó que todo el mundo se esmeró en describir el túnel, cómo estaba ventilado, pero nadie cuestionó que si lo había hecho o no la gente de El Chapo. Sí, se dijo que le ayudó gente de la prisión, que él corrompió. Pero fue de él la idea y gracias a sobornos lo logró. Es decir, nunca nada fuera de la narrativa oficial. Se sigue creyendo que él es factor de origen de estos eventos. Y me parece increíble que se obvie que hay intereses políticos en su fuga.


P: Entonces, ¿esta construcción teórica que usted denuncia sirve para tapar casos de corrupción? ¿O cuál es la intención? ¿Hay una, varias?


R: Hay una enorme discontinuidad en cómo se utilizan esas narrativas del narco. A veces hay recursos naturales de por medio, a veces una disputas entre grupos de poder. Tomemos el caso de Chihuahua. Allí son grupos de poder poderosísimos aliados con empresarios que están dilapidando la sierra, hay enorme extractivismo en la sierra, cosa que reporteó Miroslava Breach (asesinada hace poco más de un año). Esto que llamamos narcopoder en realidad son estos grupos de rapiña que están en la tala de árboles, haciendo chingadera y media y que se alían con empresarios y políticos, priistas en el caso de Chihuahua, que en la transición -el PAN alcanzó la gubernatura poco antes del asesinato de Miroslavas- estaban siendo amenazados. ¿Qué mejor idea que desestabilizar de entrada el estado, crear una nueva guerra y desviar la atención?

 

PABLO FERRI
México 9 JUN 2018 - 08:35 COT

Publicado enInternacional
Jueves, 31 Mayo 2018 06:05

La Cepal la quiere legal

La Cepal la quiere legal

En el Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe se planteó el fracaso de la política de “guerra a las drogas” y la necesidad de corregir las desigualdades sociales en la región.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena, dijo que América latina es la región “a la que más le conviene la legalización de las drogas y que ha llegado el momento de plantearlo seriamente” porque “la ilegalidad es lo que está matando a la gente”. El planteo lo hizo el lunes pasado, en un discurso durante el décimo Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe. En el ámbito local, la declaración deja en evidencia que la política de “guerra” contra las drogas del gobierno macrista va a contramano del mundo. Para el director del Area de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal (APP), Mariano Fusero, los dichos de la funcionaria reafirman “lo que vienen diciendo desde hace rato los miembros de la Comisión Global de Políticas de Drogas, integrada por ex presidentes, funcionarios e intelectuales” que proponen “regular para darle un golpe de mercado al narcotráfico quitándole el monopolio y descriminalizar el consumo de drogas”.


En el Ministerio de Economía y Finanzas francés, en París, la máxima autoridad de la Cepal –organismo de Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región– lanzó a su auditorio el desafío y anunció: “Voy a ser provocadora”. Luego se preguntó, de forma retórica: “¿A quién le conviene la legalización de la droga? ¡A América Latina y el Caribe, por Dios! Porque la ilegalidad es lo que está matando a la gente”, sostuvo la jefa del organismo que busca articular políticas para solucionar los problemas económicos y sociales de la región.


“Llegó la hora de plantearnos seriamente la legalización de la droga y de no entregarle al narcotráfico 165 millones de jóvenes que hoy se los estamos entregando en charola de plata porque no tenemos empleo ni instituciones”, remarcó, y planteó la necesidad de emprender transformaciones profundas en la región, a la que caracterizó por su falta de productividad y desigualdad, al cerrar el panel titulado Repensar las instituciones y Estados modernos.


Para la presidenta de Intercambios (asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas) e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, Graciela Touzé, que el planteo sea hecho por la titular de la Cepal “es importante y da una perspectiva clara de lo que las políticas están haciendo en la región”, y señaló que “no debe ser casual que sea mexicana. En México la política de guerra contra las drogas ha generado una catástrofe”. “La política de guerra termina poniendo su foco en los sectores más vulnerables y desprotegidos, los consumidores, autocultivadores, campesinos en países con producción, que son sobre quienes recae el peso de esas políticas. Poner fin a esa concepción es cuestionar la prohibición y empezar a hablar de regulación y del cuidado de la salud y no dejarlo librado a la nada, que es lo que ocurre con los mercados clandestinos”, explicó la especialista.


La propuesta de Bárcena ya viene siendo impulsada por la Comisión Global, conformada por los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo; el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan; la ex presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss; el ex secretario de Estado de Estados Unidos, George P. Shultz, y el escritor Mario Vargas LLosa, entre otras personalidades.


Para Fusero, el planteo de Bárcena se da en un contexto donde “en el país mentor de la cruzada bélica, Estados Unidos”, ya hay nueve estados y el Distrito de Columbia que permiten el uso de la marihuana con fines recreativos y treinta estados que permiten su uso médico, y en julio “se sumaría Canadá, un miembro del G-8”.


Sin embargo, el letrado advirtió que a contrapelo de lo que ocurre en el mundo “nuestra legislación es de las más antiguas y retrógradas, porque siguen poniendo penas a la tenencia personal y el cultivo”. Para dejarlo claro, remarcó que “la tenencia para consumo personal está penada”, y queda librada a la arbitrariedad del funcionario judicial, pese a los argumentosde la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del delito de tenencia para consumo personal (fallo Arriola 2009).
Fusero recordó que desde aquella resolución se han “presentado 25 iniciativas al Congreso para despenalizar la tenencia, transversales, de la izquierda, del peronismo, del Frente para la Victoria, pero también avaladas por Margarita Stolbizer, Ricardo Gil Lavedra y Elisa Carrió”.

Publicado enSociedad
La estética del miedo: el conflicto de la frontera norte ecuatoriana en los medios de comunicación

El cambio de gobierno en Ecuador a partir de la victoria del presidente Lenín Moreno ha traído novedades a un país que se había caracterizado por la reducción de homicidios y los episodios de violencia común en los últimos años.


Los atentados y el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas en la frontera norte con Colombia han desatado la alarma entre una población que podría llegar a apoyar el regreso de la base militar estadounidense expulsada durante el mandato de Rafael Correa. En este contexto, los medios de comunicación masivos parecen aceptar de manera poco crítica la dudosa gestión del suceso por parte de un gobierno que ha declarado la guerra a un disidente de las FARC, supuesto autor de los asesinatos y convertido en la cara visible de un conflicto de gran complejidad.


Esmeraldas es el nombre de la provincia que conecta a través de la costa a Ecuador con Colombia. La situación de aislamiento geográfico y la cercanía al territorio donde operan grupos criminales vinculados al narcotráfico hicieron de esta zona fronteriza un área de tránsito de gran complejidad que, a inicios de año, se convirtió en noticia tras los ataques con coche bomba a sedes de la Policía Nacional del Ecuador. Dos meses después, la sociedad quedaba conmocionada por el secuestro de tres periodistas del diario El Comercio que habían sido desplazados a la zona para cubrir lo que empezó a denominarse conflicto de la frontera norte.


Tras dieciocho días de secuestro, el presidente Lenín Moreno comunicaba a la población, con gran emotividad en sus palabras, la confirmación del asesinato de los tres ecuatorianos. El pronunciamiento oficial se producía después de que la noticia abriera los medios colombianos, dando lugar a especulaciones y confusión entre las familias de las víctimas. En ese momento, el presidente anunciaba un despliegue militar para capturar a Wálter Artizala, conocido como Guacho, supuesto responsable de la muerte de los tres periodistas y de otros miembros del ejército que fallecieron en el ataque.


El vídeo grabado por el periodista Javier Ortega como prueba de vida permitió identificar al Frente Oliver Sinisterra y a su líder, Guacho, como autores de los atentados y asesinatos que habían conmovido al país. Los medios de comunicación difundieron la imagen y el perfil del Guacho hasta la saciedad: el terrorista que había puesto en jaque al gobierno de Lenín Moreno era un joven semi-analfabeto, desvinculado de la guerrilla desmovilizada de las FARC, y conectado a organizaciones de narcotráfico con presencia en la zona.


Un mes después de que los asesinatos fueran confirmados, la presencia del ejército en el territorio de Esmeraldas aún no ha logrado la captura de Guacho ni la localización de los cuerpos de los periodistas asesinados, petición expresa de las familias al presidente Moreno.


Estrategias de terror


Los sucesos ocurridos en los últimos meses han posicionado en los medios de comunicación ecuatorianos una agenda informativa habitual en otros países de la región con presencia de organizaciones criminales y amenazas a las vidas de periodistas que no se daban en el país andino, hasta este momento. Las representaciones realizadas por los medios de un conflicto relativamente nuevo no pueden dejar de ser conectadas con otra serie de acontecimientos y cambios que se están produciendo en la actualidad, y que remiten a estrategias de terror identificadas en otras latitudes del continente.


La estética del miedo como arma de guerra psicológica es un recurso utilizado por los cárteles del narcotráfico para generar terror en la sociedad. La violencia empleada en los crímenes, las amenazas constantes, la exposición de muñecos ahorcados a la vista pública, se convierten en mensajes dirigidos a la población y amplificados por unos medios de comunicación que aún deben resolver el profundo desafío de cumplir con su labor informativa sin caer en el juego cómplice del poder.


Aunque se trata de hechos muy recientes, es posible percibir en la sociedad ecuatoriana una serie de discursos que evidenciarían el impacto del tratamiento informativo de los sucesos ocurridos. La difusión de la imagen de los periodistas con cadenas al cuello durante su captura y, posteriormente, de sus cadáveres, o la repetida de Guacho portando armas en actitud desafiante, representan una estética del miedo que termina generando una reacción de terror en la esfera pública.


Coincidiendo con otros episodios de violencia en los que se hizo hincapié en la nacionalidad del agresor, el miedo ha generado reacciones diversas en la sociedad ecuatoriana, casi todas ligadas a una emocionalidad desbordada y un dañino e inusual sentimiento nacionalista expresado en discursos xenófobos dirigidos hacia población colombiana y venezolana.


La percepción constante de una situación de amenaza y su direccionamiento hacia ese otro (un otro extranjero, violento, pobre) facilita el debilitamiento de resistencias a las formas de control, incluida la militarización del territorio que, en el caso de Esmeraldas, conforma una zona económicamente deprimida, con mayoría de población afrodescendiente y de escasas oportunidades laborales.


Consecuencias en lo político


Los episodios de violencia ocurridos en el norte ecuatoriano, acompañados de falsas amenazas de bomba en otros puntos del país, han provocado, o coincidido, con medidas que parecen delinear un nuevo escenario de alianzas de un gobierno cada vez más distanciado del legado de Rafael Correa.


Como consecuencia inmediata a la amenaza de Guacho (presentado siempre por su pasado vinculado a las FARC), el presidente Lenín Moreno anunció la retirada de Ecuador como facilitador de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de José Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), sin que aún haya sido aclarada la relación de la actividad de Guacho con un proceso de paz reclamado por el país vecino.


Con todo, lo que más incredulidad genera entre una parte de la población crítica con la gestión de la crisis es el acercamiento del gobierno ecuatoriano a Estados Unidos a través de un acuerdo de cooperación en materia de seguridad dirigido a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que se produce casi diez años después del cierre de la base militar ubicada en Manta.


El convenio, firmado recientemente, se llevó a cabo después de la notable cobertura a las declaraciones del embajador Todd Chapman sobre los sucesos ocurridos en la frontera y la eliminación, días antes de que se produjeran los secuestros, de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador, decisión tomada “recogiendo el clamor ético de la ciudadanía”, según anunció el presidente Moreno.


Las medidas tomadas por el Gobierno coinciden, también, con un contexto de acusaciones por parte de Moreno sobre una supuesta colaboración de su antecesor, Rafael Correa, con las bandas criminales que habrían desencadenado el episodio de violencia actual, así como con la salida a la luz de la situación en un territorio conocido en la ruta del narcotráfico hacia el norte, el lavado de dinero y el tráfico de drogas, personas, madera y minerales.


Estas medidas del gobierno y las nuevas alianzas en política exterior invitan a prever un escenario de durabilidad del conflicto para el que todavía no han dado respuesta unos medios de comunicación concentrados en el aspecto emocional de un suceso que de manera trágica ha impactado en la profesión. Hasta el momento son escasas las voces críticas que han denunciado la militarización de un territorio ya golpeado y cómo la coyuntura ha sido hábilmente utilizada por Estados Unidos para generar nuevas alianzas y ganar presencia en un contexto que en los últimos años había rechazado, y denunciado, su participación en cuestiones de índole interna.

 

Shura Rosero  / Mª Cruz Tornay
www.revistapueblos.org
2018-05-25 10:10:00

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El proceso de paz, en manos de la Fiscalía

La captura de Jesús Santrich, bajo escandalosas acusaciones de narcotráfico, tomó por sorpresa a todo el país. No tanto por la gravedad del crimen –que los gringos llaman “conspiración” pero en realidad es contrabando– cuanto por la enorme estupidez que representaría, impensable en un dirigente de sus calidades. ¡Una verdadera noticia de primera plana! Y, sin embargo, era enteramente previsible. No es más que un episodio de una cadena de maniobras encaminadas a sabotear el proceso de negociación y acuerdo con las Farc. O más exactamente, encaminadas a reducirlo a un proceso de derrota, rendición y hasta humillación del viejo grupo insurgente. Es el propósito inconfesado e inconfesable de la paz santista que poco a poco va mostrando su verdadero rostro. En eso se diferencia –y vale la pena advertirlo– de la hirsuta oposición uribista que simplemente ha querido hundir el proceso para seguir cosechando los frutos de la guerra y la estructura de la impunidad. Dos estrategias para dos fracciones de las clases dominantes; dos estrategias sostenidas y apoyadas mutuamente (la más fea embellece, por contraste, a la otra), llegando a venderse incluso como polarización.

La maniobra refleja, además, el estilo retorcido y astuto del fiscal Néstor Martínez Neira, cuyas afinidades y fidelidades son ampliamente conocidas. Ya lo había mostrado. Parece ser su tarea: hacer política desde el incontrolado poder acusatorio. El punto de partida siempre es un escándalo mediático. Unas veces para distraer con una cortina de humo (Odebrecht); otras para condenar sin formula de juicio, vía “opinión pública”. Y esto no es un asunto menor: la acusación en sí misma pierde importancia; al final, después de mucho tiempo, como suele suceder en Colombia, puede terminar en preclusión o absolución; pero el mal ya está hecho. Su blanco favorito son las Farc, aunque ya comienza a engolosinarse con el Eln. Hace algunas semanas el escándalo fue el de los “supermercados del testaferrato” de lo cual ahora poco o nada dicen. Pero la tarea está hecha. Antes, se ofrecía probar la existencia de las “enormes fortunas”, en el país y en el exterior, que las Farc supuestamente no habían declarado. Los comentadores oficiosos de la prensa se apresuraron a susurrar: fortunas provenientes del narcotráfico. El propósito ha sido instalar en la mentalidad colombiana la idea de que en la insurgencia no hay contenidos políticos sino un negocio criminal. Contrasta con su nula actuación en los centenares de casos de asesinatos de líderes sociales.

Todo parece indicar que se trata de un montaje. Para empezar, el origen de la acusación es ambiguo. A veces afirman que proviene exclusivamente de un Tribunal de los Estados Unidos, con lo cual solamente se corroboraría el sometimiento y la obsecuencia de nuestros órganos judiciales. La extradición, como han comentado ampliamente, era el trofeo que pretendían entregarle a Trump. Otras veces se elogia la capacidad investigativa de la Fiscalía. Sin embargo, dadas las implicaciones que tiene en la política doméstica (y los poderosos intereses en juego), lo más probable es que sea un matrimonio de conveniencias. No es difícil, téngase en cuenta que los aparatos militares y policíacos de ambos lados actúan siempre juntos. Por otra parte, la acusación, que no parece muy sólida, se aprovecha de la ventaja, propia de las calumnias y los rumores, de enriquecerse por sí misma en la medida en que avanza el anecdotario y la especulación. Bastó con entregar a los medios unos elementos sueltos cuyos cabos ata la propia Fiscalía. En el asunto hay además algunos rasgos confusos que llaman a sospecha. ¿Qué papel juegan los tres supuestos intermediarios? Cabría incluso la interpretación de que Santrich fue víctima de una celada. Ello está relacionado con otro factor que sí se acepta públicamente, esto es, la participación decisiva de un infiltrado de la DEA. Estos agentes, como todo el mundo sabe, no son simplemente informantes pasivos sino fabricantes de escenarios y dramatizados. ¿No fabrican también situaciones y por lo tanto “pruebas”?

Lo importante, sin embargo, es el escándalo en sí mismo y las funciones políticas que cumple. Queda establecida, arbitrariamente, la culpabilidad de Santrich, de modo que sólo restaría analizar el contexto y las implicaciones. Para la derecha guerrerista resulta una conveniente corroboración de su discurso; inmediatamente sacaron a relucir la teoría de la “punta del iceberg”. Pretenden evidenciar el aparato y la logística que debe estar detrás del intento de envío de las diez toneladas de cocaína. Las Farc, según sus voceros, continúa en su doble juego: un brazo legal reincorporado y otro, el de las “disidencias”, que se mantiene en el narcotráfico y el terrorismo. El proceso de paz, en consecuencia, fue un fracaso. Los autodenominados pacifistas ofrecen entonces una respuesta en la que se mezclan fariseísmo y oportunismo. Los más condescendientes le desean a Santrich que logre probar su inocencia pero dejando en claro que “es problema suyo”. Para otros su culpabilidad está probada. Pero todos confluyen en un viejo argumento: este caso, meramente individual, que permitirá a la justicia aplicar todo el peso de la ley, demuestra precisamente las bondades del acuerdo. El proceso de paz es todo un éxito.

El momento, además, no podía ser más oportuno. A pocas semanas de unas elecciones presidenciales. Una pretensión básica salta a la vista: que en la opinión pública se acentúe la desconfianza en el ordenamiento político y jurídico que salió del acuerdo de La Habana. Y tres objetivos concretos. Primero, introducir el desconcierto y una fundada desconfianza entre las filas de la “guerrillerada”. En segundo lugar, hacer visible la amenaza de los Estados Unidos que, pese a todo, siempre ha insistido en el carácter narcotraficante de las Farc. Como en el caso de los paramilitares, pueden preverse varias extradiciones. Finalmente, influir en la balanza electoral. Subirá la cotización de quienes se muestren más “duros” y bajará la de quienes se atrevan a manifestar algunas dudas. Es tan fuerte la presión que esto último no ha ocurrido hasta ahora, lo cual equivale a lograr un consenso en contra de las Farc.

De esta manera, el terreno de debate impuesto –una arena movediza– es, en todo caso, la defensa del proceso de paz. Para algunos, con este incidente, lo que se pone a prueba es la JEP. Un gran error de perspectiva. Digámoslo con todas sus letras: se trata de un nuevo ataque. Lo que estamos viendo es una erosión prematura del famoso modelo de justicia transicional que desde el principio fue desnaturalizado, continúa bloqueado y ahora lo someten a chantaje. En las actuales circunstancias, la JEP, cuya imparcialidad fue puesta en duda antes de que naciera, difícilmente se atreverá a desafiar el espíritu de linchamiento ya fabricado.

Una respuesta adecuada, por el contrario, debería comenzar por reconocer que el proceso, que se pretendió nos encaminara hacia una paz estable y duradera, terminó enredado en una trampa. No sólo se esfumaron las pocas ofertas de reforma económica y social, sino que la reincorporación eficaz de los combatientes, símbolo de la apertura democrática, parece ser una mentira. No es rescatando, en nombre de una actitud positiva, los minúsculos logros, sino denunciando y confrontando la mentira y la perfidia de quienes nunca han facilitado la más mínima concesión, como puede recuperarse un aliento popular.

En estas circunstancias, es claro que el proceso en contra de Jesús Santrich se prolongará por varios –quizás muchos– meses, y su desenlace tocará al próximo presidente. Pero el mal está hecho. Sin duda, la paz santista proseguirá su camino y carece de sentido gritar que se votará por el candidato que prometa la defensa del proceso. Lo que sí es cierto es que, después de lo ocurrido, difícilmente se logrará incorporar al Eln. Un mensaje para quienes, desde la sociedad civil, han tomado la tarea de “aconsejarlo” y regañarlo, haciéndolo aparecer como terco y “anacrónico”. La paz, definitivamente, sólo podrá resultar del avance de un movimiento popular con capacidad de poner las reglas. Algo de positivo tiene este acontecimiento. Nos despertó, como una campanada de alerta, en medio del embrujo electoral.

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El proceso de paz, en manos de la Fiscalía

La captura de Jesús Santrich, bajo escandalosas acusaciones de narcotráfico, tomó por sorpresa a todo el país. No tanto por la gravedad del crimen –que los gringos llaman “conspiración” pero en realidad es contrabando– cuanto por la enorme estupidez que representaría, impensable en un dirigente de sus calidades. ¡Una verdadera noticia de primera plana! Y, sin embargo, era enteramente previsible. No es más que un episodio de una cadena de maniobras encaminadas a sabotear el proceso de negociación y acuerdo con las Farc. O más exactamente, encaminadas a reducirlo a un proceso de derrota, rendición y hasta humillación del viejo grupo insurgente. Es el propósito inconfesado e inconfesable de la paz santista que poco a poco va mostrando su verdadero rostro. En eso se diferencia –y vale la pena advertirlo– de la hirsuta oposición uribista que simplemente ha querido hundir el proceso para seguir cosechando los frutos de la guerra y la estructura de la impunidad. Dos estrategias para dos fracciones de las clases dominantes; dos estrategias sostenidas y apoyadas mutuamente (la más fea embellece, por contraste, a la otra), llegando a venderse incluso como polarización.

La maniobra refleja, además, el estilo retorcido y astuto del fiscal Néstor Martínez Neira, cuyas afinidades y fidelidades son ampliamente conocidas. Ya lo había mostrado. Parece ser su tarea: hacer política desde el incontrolado poder acusatorio. El punto de partida siempre es un escándalo mediático. Unas veces para distraer con una cortina de humo (Odebrecht); otras para condenar sin formula de juicio, vía “opinión pública”. Y esto no es un asunto menor: la acusación en sí misma pierde importancia; al final, después de mucho tiempo, como suele suceder en Colombia, puede terminar en preclusión o absolución; pero el mal ya está hecho. Su blanco favorito son las Farc, aunque ya comienza a engolosinarse con el Eln. Hace algunas semanas el escándalo fue el de los “supermercados del testaferrato” de lo cual ahora poco o nada dicen. Pero la tarea está hecha. Antes, se ofrecía probar la existencia de las “enormes fortunas”, en el país y en el exterior, que las Farc supuestamente no habían declarado. Los comentadores oficiosos de la prensa se apresuraron a susurrar: fortunas provenientes del narcotráfico. El propósito ha sido instalar en la mentalidad colombiana la idea de que en la insurgencia no hay contenidos políticos sino un negocio criminal. Contrasta con su nula actuación en los centenares de casos de asesinatos de líderes sociales.

Todo parece indicar que se trata de un montaje. Para empezar, el origen de la acusación es ambiguo. A veces afirman que proviene exclusivamente de un Tribunal de los Estados Unidos, con lo cual solamente se corroboraría el sometimiento y la obsecuencia de nuestros órganos judiciales. La extradición, como han comentado ampliamente, era el trofeo que pretendían entregarle a Trump. Otras veces se elogia la capacidad investigativa de la Fiscalía. Sin embargo, dadas las implicaciones que tiene en la política doméstica (y los poderosos intereses en juego), lo más probable es que sea un matrimonio de conveniencias. No es difícil, téngase en cuenta que los aparatos militares y policíacos de ambos lados actúan siempre juntos. Por otra parte, la acusación, que no parece muy sólida, se aprovecha de la ventaja, propia de las calumnias y los rumores, de enriquecerse por sí misma en la medida en que avanza el anecdotario y la especulación. Bastó con entregar a los medios unos elementos sueltos cuyos cabos ata la propia Fiscalía. En el asunto hay además algunos rasgos confusos que llaman a sospecha. ¿Qué papel juegan los tres supuestos intermediarios? Cabría incluso la interpretación de que Santrich fue víctima de una celada. Ello está relacionado con otro factor que sí se acepta públicamente, esto es, la participación decisiva de un infiltrado de la DEA. Estos agentes, como todo el mundo sabe, no son simplemente informantes pasivos sino fabricantes de escenarios y dramatizados. ¿No fabrican también situaciones y por lo tanto “pruebas”?

Lo importante, sin embargo, es el escándalo en sí mismo y las funciones políticas que cumple. Queda establecida, arbitrariamente, la culpabilidad de Santrich, de modo que sólo restaría analizar el contexto y las implicaciones. Para la derecha guerrerista resulta una conveniente corroboración de su discurso; inmediatamente sacaron a relucir la teoría de la “punta del iceberg”. Pretenden evidenciar el aparato y la logística que debe estar detrás del intento de envío de las diez toneladas de cocaína. Las Farc, según sus voceros, continúa en su doble juego: un brazo legal reincorporado y otro, el de las “disidencias”, que se mantiene en el narcotráfico y el terrorismo. El proceso de paz, en consecuencia, fue un fracaso. Los autodenominados pacifistas ofrecen entonces una respuesta en la que se mezclan fariseísmo y oportunismo. Los más condescendientes le desean a Santrich que logre probar su inocencia pero dejando en claro que “es problema suyo”. Para otros su culpabilidad está probada. Pero todos confluyen en un viejo argumento: este caso, meramente individual, que permitirá a la justicia aplicar todo el peso de la ley, demuestra precisamente las bondades del acuerdo. El proceso de paz es todo un éxito.

El momento, además, no podía ser más oportuno. A pocas semanas de unas elecciones presidenciales. Una pretensión básica salta a la vista: que en la opinión pública se acentúe la desconfianza en el ordenamiento político y jurídico que salió del acuerdo de La Habana. Y tres objetivos concretos. Primero, introducir el desconcierto y una fundada desconfianza entre las filas de la “guerrillerada”. En segundo lugar, hacer visible la amenaza de los Estados Unidos que, pese a todo, siempre ha insistido en el carácter narcotraficante de las Farc. Como en el caso de los paramilitares, pueden preverse varias extradiciones. Finalmente, influir en la balanza electoral. Subirá la cotización de quienes se muestren más “duros” y bajará la de quienes se atrevan a manifestar algunas dudas. Es tan fuerte la presión que esto último no ha ocurrido hasta ahora, lo cual equivale a lograr un consenso en contra de las Farc.

De esta manera, el terreno de debate impuesto –una arena movediza– es, en todo caso, la defensa del proceso de paz. Para algunos, con este incidente, lo que se pone a prueba es la JEP. Un gran error de perspectiva. Digámoslo con todas sus letras: se trata de un nuevo ataque. Lo que estamos viendo es una erosión prematura del famoso modelo de justicia transicional que desde el principio fue desnaturalizado, continúa bloqueado y ahora lo someten a chantaje. En las actuales circunstancias, la JEP, cuya imparcialidad fue puesta en duda antes de que naciera, difícilmente se atreverá a desafiar el espíritu de linchamiento ya fabricado.

Una respuesta adecuada, por el contrario, debería comenzar por reconocer que el proceso, que se pretendió nos encaminara hacia una paz estable y duradera, terminó enredado en una trampa. No sólo se esfumaron las pocas ofertas de reforma económica y social, sino que la reincorporación eficaz de los combatientes, símbolo de la apertura democrática, parece ser una mentira. No es rescatando, en nombre de una actitud positiva, los minúsculos logros, sino denunciando y confrontando la mentira y la perfidia de quienes nunca han facilitado la más mínima concesión, como puede recuperarse un aliento popular.

En estas circunstancias, es claro que el proceso en contra de Jesús Santrich se prolongará por varios –quizás muchos– meses, y su desenlace tocará al próximo presidente. Pero el mal está hecho. Sin duda, la paz santista proseguirá su camino y carece de sentido gritar que se votará por el candidato que prometa la defensa del proceso. Lo que sí es cierto es que, después de lo ocurrido, difícilmente se logrará incorporar al Eln. Un mensaje para quienes, desde la sociedad civil, han tomado la tarea de “aconsejarlo” y regañarlo, haciéndolo aparecer como terco y “anacrónico”. La paz, definitivamente, sólo podrá resultar del avance de un movimiento popular con capacidad de poner las reglas. Algo de positivo tiene este acontecimiento. Nos despertó, como una campanada de alerta, en medio del embrujo electoral.

Publicado enEdición Nº245
La agonía del proceso de paz colombiano

Ni la guerra ni la coca, ni las armas desaparecieron con el acuerdo de paz

En los rincones empobrecidos de Colombia, como Catatumbo, Tumaco y Chocó, las balas retumban y las amenazas de los hombres alzados en armas –ex paras, disidencias de la guerrilla y nuevos paras– causan terror y muerte.

Campesinos que huyen, cadáveres de líderes, cartas de amenazas, periodistas baleados, paramilitar armado, ex paras extraditados y el líder rebelde Jesús Santrich aguantando sus últimos alientos en la Cárcel La Picota. La Colombia de esta semana no es una en paz como prometían los acuerdos. Los escándalos por la corrupción en el manejo de los dineros de la paz se atenúan con las escenas de sangre, terror y narcotráfico que recuerdan que ni la guerra, ni la coca, ni las armas, han desaparecido en un país a punto de elegir su próximo presidente. Como toda época de comicios, la violencia arrecia pero esta vez con una ex guerrilla de las FARC desarmada y uno de sus principales líderes tras las rejas, en huelga de hambre, y poniendo en agonía, además de sus órganos ya maltratados por huelgas similares en exigencia del cumplimiento de la amnistía y el Acuerdo de Paz, el futuro de la paz de Colombia. 

“Lo que pase con Jesús Santrich tendrá efectos no solo en la implementación inmediata del Acuerdo de Paz sino que definirá la historia próxima del país”, le dice a PáginaI12 Gustavo Gallardo, abogado de Seuxis Pausivas (Santrich) que no cesa de mandar mensajes desde su frío lugar de reclusión en el sur de Bogotá, a donde fue trasladado después de pasar los primeros días en el búnker de la Fiscalía donde la semana pasada una gran protesta que incomodó al Fiscal habría provocado el traslado al Pabellón de Alta Seguridad. En sus cartas a ex combatientes, al mismo Fiscal General, y a su familia, “Santrich” insiste en despedirse y dejar claro que ofrendará su vida ante el “fallido” proceso de paz en el cual se declara traicionado y víctima de un montaje de Estados Unidos y la derecha colombiana, interesada, dice, en no realizar la reforma rural, en no devolver la tierra robada a los campesinos, en continuar cultivando y exportando cocaína, en mantener el poder limitado para ellos, y en seguir acallando los movimientos sociales.


En los rincones empobrecidos de Colombia, como Catatumbo, Tumaco y Chocó, las balas retumban y las amenazas de los hombres alzados en armas –ex paras, bacrim, disidencias de la guerrilla, “elenos”, y nuevos paras– causan terror y muerte. Aún no se recuperan los cuerpos de los periodistas ecuatorianos asesinados por “Guacho” en la frontera con Ecuador, y la Mesa de Conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya fue expulsada de ese país dilatando así el nuevo cese al fuego que aliviaría a los negros, indígenas y campesinos que padecen los fusiles en las ricas y exuberantes sábanas de Catatumbo, o en las montañas de Antioquia, o entre los ríos del Pacífico donde los criminales aprovechan los vacíos de las Farc. Mientras tanto, los ahora integrantes del partido político –ya desarmados, sin dinero tras devolver sus bienes al gobierno, y en muchos casos sin alimento– esperan con las últimas gotas de paciencia a que el Estado cumpla con las tierras, los proyectos productivos y sobretodo la seguridad jurídica pactada en el Acuerdo que se negoció en La Habana durante cuatro años y uno de cuyos principales artífices está hoy detenido presionando con su propia vida para que su caso sea traslado a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tal como reza el Tratado de Paz que fue avalado por el Congreso, depositado como acuerdo humanitario especial y le valió el Nobel de Paz al Presidente Juan Manuel Santos.


“Estamos agotando la paciencia. Por ahora, seguiremos las directrices del Partido, pero si no vemos garantías futuras, si el camarada Santrich no es puesto en la JEP como debe ser, no por capricho de nadie sino por cumplir lo que pactamos, y sino vemos seguridad para nosotros, tendremos que tomar decisiones”, expresó desde un Espacio Territorial de Reincoporación y Capacitación (ETCR) antes Zonas Veredales el ex comandante “Silfredo Mendoza” quien recuerda que los centenares de hombres y mujeres que componían su tropa y siguen en la Zona tiene hoy comida y actividades productivas, “es gracias al propio esfuerzo nuestro porque el gobierno no solo nos está incumpliendo con las tierras, se está robando el recurso que llega de otros países, sino que arma montajes para poner nuestros líderes en la cárcel”.


Entre tanto, los temblores por el revolcón en el negocio de la coca pusieron en un avión de la DEA al ex paramilitar Daniel Rendón Herrera “Don Mario” el día de ayer; mientras las ciudades se desangraron como en los años noventa por cuenta de las disputas narcos. En las comunas populares de Medellín las balas tronaron y acabaron con la vida de 9 personas entre el domingo y el lunes; y panfletos amenazantes en apartadas zonas cocaleras donde un nuevo grupo paramilitar advierte que pondrá “orden” a su estilo, también circularon en las calles de la capital antioqueña.


Al mismo tiempo, se descubre que las Fuerzas Militares están desviando dinero de sus compras de logística, y que los agentes de seguridad de líderes sociales están actuando, en algunos casos, como mulas de narcotráfico, mientras los candidatos a la presidencia prometen una cosa y otra para salvar esta patria que se sacude, como durante décadas, derramando la sangre de los más inocentes y llenando los bolsillos de políticos y militares que son noticia de la semana.

Publicado enColombia
Confirmaron el asesinato de los tres periodistas

La muerte del cronista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del chofer Efraín Segarra, del diario ecuatoriano El Comercio, fue ratificada ayer por el presidente de ese país, Lenín Moreno, en un mensaje televisado.

 

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno confirmó ayer el asesinato del cronista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del chofer Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario local El Comercio, después de 19 días de incertidumbre. Los periodistas habían sido secuestrados el 26 de marzo por disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas, en Ecuador.


“El mensaje es a todas las ecuatorianas y ecuatorianos y es así: Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido, no hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”, reveló el mandatario. Los familiares de los asesinados rompieron en llanto al escuchar el mensaje, y gritaron en medio del abrazo de los presentes.


“Queridos ecuatorianos, ¡basta ya! Indignación, repugnancia, dolor e ira acompañan al corazón de todos los ecuatorianos. Hemos sido siempre un país de paz, de tolerancia, respeto. No podemos permitir que se juegue con ese bien que ha sido nuestro bien más preciado”, dijo el presidente Moreno en la conferencia de prensa en Quito, en la que no permitió preguntas.


El mandatario hizo el anuncio luego de una reunión del Consejo de Seguridad Pública de Ecuador (Cosepe), conformado por las principales autoridades civiles y militares del país. Asimismo, informó que se ha coordinado con actores de paz como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica para el rescate de los cadáveres en la zona fronteriza.


En la tarde de ayer el canal RCN de Colombia entregó fotografías que mostraban tres cuerpos fallecidos, pero hasta la noche las autoridades de Ecuador no pudieron confirmar su veracidad.


Moreno dijo, citado por el diario local El Comercio, que se han retomado las operaciones de seguridad en la zona del secuestro, suspendidas previamente cuando se buscaba la liberación de los periodistas, y dispuso siete medidas más, entre ellas que se levante la reserva sobre la información del manejo del secuestro.


También afirmó que incluyeron a Walger Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho –y al que calificó de narcoterrorista–, en la lista de los más buscados de Ecuador y ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su captura en Ecuador o en Colombia. Guacho, que comanda la columna Oliver Sinisterra de las ex FARC, había dicho en un primer comunicado sobre el secuestro de los periodistas que el gobierno ecuatoriano rechazaba que fuesen liberados a cambio de hacer lo propio con tres miembros de su grupo. Por ello, lanzó una operación militar ofensiva que, sostuvo, terminó con la muerte de los hombres de prensa.
“Nunca (los secuestradores) tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos”, señaló por su parte el presidente ante más de un centenar de medios de comunicación nacionales e internacionales.


Moreno canceló su visita a Perú y su participación en la Cumbre de las Américas y retornó a Quito, junto con familiares de los trabajadores de prensa fueron secuestrados el 26 de marzo 2018 en Mataje, Esmeraldas, cuando efectuaban un trabajo periodístico en la frontera con Colombia sobre la inseguridad en esa región. Los tres profesionales estaban llevando la investigación desde enero pasado.


Asimismo, el mandatario anunció una serie de medidas de seguridad, entre ellas la de declarar el área fronteriza con Colombia zona de seguridad, e incrementar los controles militares y policiales a fin de realizar, según dijo, acciones coordinadas en esa área. La coordinación de acciones en la zona fronteriza se realiza de manera conjunta con el alto mando militar y policial de Colombia, cuyos integrantes se encuentran en Quito.


“Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar, hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz”, sentenció el mandatario y aclaró: “Esto último bajo ninguna circunstancia significa que se quiera limitar la libertad de expresión”.


En ese sentido, Moreno pidió a los medios de comunicación que no dejasen de criticar: “Sabemos reconocer nuestros errores y todo esto nos permitirá reconocer si los ha habido”, dijo. “El pueblo perdona errores pero no que se le mienta; no vamos a mentir al pueblo ecuatoriano”, finalizó.


Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó el asesinato de los periodistas y ofreció toda la colaboración de su país para capturar a los responsables. Tras participar en una conferencia en la VIII Cumbre de las Américas, que se celebra en Lima, el mandatario aseguró: “Colaboraremos con Ecuador en todo lo que estime necesario para perseguir y capturar a los responsables”. En este sentido, el gobernante colombiano remarcó que ya comenzaron las operaciones en ambos lados de la frontera entre Ecuador y Colombia para hallar a los autores del crimen y descartó que los asesinos sean de las FARC porque afirmó que éstas dejaron de existir hace mucho tiempo.

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