La estética del miedo: el conflicto de la frontera norte ecuatoriana en los medios de comunicación

El cambio de gobierno en Ecuador a partir de la victoria del presidente Lenín Moreno ha traído novedades a un país que se había caracterizado por la reducción de homicidios y los episodios de violencia común en los últimos años.


Los atentados y el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas en la frontera norte con Colombia han desatado la alarma entre una población que podría llegar a apoyar el regreso de la base militar estadounidense expulsada durante el mandato de Rafael Correa. En este contexto, los medios de comunicación masivos parecen aceptar de manera poco crítica la dudosa gestión del suceso por parte de un gobierno que ha declarado la guerra a un disidente de las FARC, supuesto autor de los asesinatos y convertido en la cara visible de un conflicto de gran complejidad.


Esmeraldas es el nombre de la provincia que conecta a través de la costa a Ecuador con Colombia. La situación de aislamiento geográfico y la cercanía al territorio donde operan grupos criminales vinculados al narcotráfico hicieron de esta zona fronteriza un área de tránsito de gran complejidad que, a inicios de año, se convirtió en noticia tras los ataques con coche bomba a sedes de la Policía Nacional del Ecuador. Dos meses después, la sociedad quedaba conmocionada por el secuestro de tres periodistas del diario El Comercio que habían sido desplazados a la zona para cubrir lo que empezó a denominarse conflicto de la frontera norte.


Tras dieciocho días de secuestro, el presidente Lenín Moreno comunicaba a la población, con gran emotividad en sus palabras, la confirmación del asesinato de los tres ecuatorianos. El pronunciamiento oficial se producía después de que la noticia abriera los medios colombianos, dando lugar a especulaciones y confusión entre las familias de las víctimas. En ese momento, el presidente anunciaba un despliegue militar para capturar a Wálter Artizala, conocido como Guacho, supuesto responsable de la muerte de los tres periodistas y de otros miembros del ejército que fallecieron en el ataque.


El vídeo grabado por el periodista Javier Ortega como prueba de vida permitió identificar al Frente Oliver Sinisterra y a su líder, Guacho, como autores de los atentados y asesinatos que habían conmovido al país. Los medios de comunicación difundieron la imagen y el perfil del Guacho hasta la saciedad: el terrorista que había puesto en jaque al gobierno de Lenín Moreno era un joven semi-analfabeto, desvinculado de la guerrilla desmovilizada de las FARC, y conectado a organizaciones de narcotráfico con presencia en la zona.


Un mes después de que los asesinatos fueran confirmados, la presencia del ejército en el territorio de Esmeraldas aún no ha logrado la captura de Guacho ni la localización de los cuerpos de los periodistas asesinados, petición expresa de las familias al presidente Moreno.


Estrategias de terror


Los sucesos ocurridos en los últimos meses han posicionado en los medios de comunicación ecuatorianos una agenda informativa habitual en otros países de la región con presencia de organizaciones criminales y amenazas a las vidas de periodistas que no se daban en el país andino, hasta este momento. Las representaciones realizadas por los medios de un conflicto relativamente nuevo no pueden dejar de ser conectadas con otra serie de acontecimientos y cambios que se están produciendo en la actualidad, y que remiten a estrategias de terror identificadas en otras latitudes del continente.


La estética del miedo como arma de guerra psicológica es un recurso utilizado por los cárteles del narcotráfico para generar terror en la sociedad. La violencia empleada en los crímenes, las amenazas constantes, la exposición de muñecos ahorcados a la vista pública, se convierten en mensajes dirigidos a la población y amplificados por unos medios de comunicación que aún deben resolver el profundo desafío de cumplir con su labor informativa sin caer en el juego cómplice del poder.


Aunque se trata de hechos muy recientes, es posible percibir en la sociedad ecuatoriana una serie de discursos que evidenciarían el impacto del tratamiento informativo de los sucesos ocurridos. La difusión de la imagen de los periodistas con cadenas al cuello durante su captura y, posteriormente, de sus cadáveres, o la repetida de Guacho portando armas en actitud desafiante, representan una estética del miedo que termina generando una reacción de terror en la esfera pública.


Coincidiendo con otros episodios de violencia en los que se hizo hincapié en la nacionalidad del agresor, el miedo ha generado reacciones diversas en la sociedad ecuatoriana, casi todas ligadas a una emocionalidad desbordada y un dañino e inusual sentimiento nacionalista expresado en discursos xenófobos dirigidos hacia población colombiana y venezolana.


La percepción constante de una situación de amenaza y su direccionamiento hacia ese otro (un otro extranjero, violento, pobre) facilita el debilitamiento de resistencias a las formas de control, incluida la militarización del territorio que, en el caso de Esmeraldas, conforma una zona económicamente deprimida, con mayoría de población afrodescendiente y de escasas oportunidades laborales.


Consecuencias en lo político


Los episodios de violencia ocurridos en el norte ecuatoriano, acompañados de falsas amenazas de bomba en otros puntos del país, han provocado, o coincidido, con medidas que parecen delinear un nuevo escenario de alianzas de un gobierno cada vez más distanciado del legado de Rafael Correa.


Como consecuencia inmediata a la amenaza de Guacho (presentado siempre por su pasado vinculado a las FARC), el presidente Lenín Moreno anunció la retirada de Ecuador como facilitador de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de José Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), sin que aún haya sido aclarada la relación de la actividad de Guacho con un proceso de paz reclamado por el país vecino.


Con todo, lo que más incredulidad genera entre una parte de la población crítica con la gestión de la crisis es el acercamiento del gobierno ecuatoriano a Estados Unidos a través de un acuerdo de cooperación en materia de seguridad dirigido a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que se produce casi diez años después del cierre de la base militar ubicada en Manta.


El convenio, firmado recientemente, se llevó a cabo después de la notable cobertura a las declaraciones del embajador Todd Chapman sobre los sucesos ocurridos en la frontera y la eliminación, días antes de que se produjeran los secuestros, de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador, decisión tomada “recogiendo el clamor ético de la ciudadanía”, según anunció el presidente Moreno.


Las medidas tomadas por el Gobierno coinciden, también, con un contexto de acusaciones por parte de Moreno sobre una supuesta colaboración de su antecesor, Rafael Correa, con las bandas criminales que habrían desencadenado el episodio de violencia actual, así como con la salida a la luz de la situación en un territorio conocido en la ruta del narcotráfico hacia el norte, el lavado de dinero y el tráfico de drogas, personas, madera y minerales.


Estas medidas del gobierno y las nuevas alianzas en política exterior invitan a prever un escenario de durabilidad del conflicto para el que todavía no han dado respuesta unos medios de comunicación concentrados en el aspecto emocional de un suceso que de manera trágica ha impactado en la profesión. Hasta el momento son escasas las voces críticas que han denunciado la militarización de un territorio ya golpeado y cómo la coyuntura ha sido hábilmente utilizada por Estados Unidos para generar nuevas alianzas y ganar presencia en un contexto que en los últimos años había rechazado, y denunciado, su participación en cuestiones de índole interna.

 

Shura Rosero  / Mª Cruz Tornay
www.revistapueblos.org
2018-05-25 10:10:00

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El proceso de paz, en manos de la Fiscalía

La captura de Jesús Santrich, bajo escandalosas acusaciones de narcotráfico, tomó por sorpresa a todo el país. No tanto por la gravedad del crimen –que los gringos llaman “conspiración” pero en realidad es contrabando– cuanto por la enorme estupidez que representaría, impensable en un dirigente de sus calidades. ¡Una verdadera noticia de primera plana! Y, sin embargo, era enteramente previsible. No es más que un episodio de una cadena de maniobras encaminadas a sabotear el proceso de negociación y acuerdo con las Farc. O más exactamente, encaminadas a reducirlo a un proceso de derrota, rendición y hasta humillación del viejo grupo insurgente. Es el propósito inconfesado e inconfesable de la paz santista que poco a poco va mostrando su verdadero rostro. En eso se diferencia –y vale la pena advertirlo– de la hirsuta oposición uribista que simplemente ha querido hundir el proceso para seguir cosechando los frutos de la guerra y la estructura de la impunidad. Dos estrategias para dos fracciones de las clases dominantes; dos estrategias sostenidas y apoyadas mutuamente (la más fea embellece, por contraste, a la otra), llegando a venderse incluso como polarización.

La maniobra refleja, además, el estilo retorcido y astuto del fiscal Néstor Martínez Neira, cuyas afinidades y fidelidades son ampliamente conocidas. Ya lo había mostrado. Parece ser su tarea: hacer política desde el incontrolado poder acusatorio. El punto de partida siempre es un escándalo mediático. Unas veces para distraer con una cortina de humo (Odebrecht); otras para condenar sin formula de juicio, vía “opinión pública”. Y esto no es un asunto menor: la acusación en sí misma pierde importancia; al final, después de mucho tiempo, como suele suceder en Colombia, puede terminar en preclusión o absolución; pero el mal ya está hecho. Su blanco favorito son las Farc, aunque ya comienza a engolosinarse con el Eln. Hace algunas semanas el escándalo fue el de los “supermercados del testaferrato” de lo cual ahora poco o nada dicen. Pero la tarea está hecha. Antes, se ofrecía probar la existencia de las “enormes fortunas”, en el país y en el exterior, que las Farc supuestamente no habían declarado. Los comentadores oficiosos de la prensa se apresuraron a susurrar: fortunas provenientes del narcotráfico. El propósito ha sido instalar en la mentalidad colombiana la idea de que en la insurgencia no hay contenidos políticos sino un negocio criminal. Contrasta con su nula actuación en los centenares de casos de asesinatos de líderes sociales.

Todo parece indicar que se trata de un montaje. Para empezar, el origen de la acusación es ambiguo. A veces afirman que proviene exclusivamente de un Tribunal de los Estados Unidos, con lo cual solamente se corroboraría el sometimiento y la obsecuencia de nuestros órganos judiciales. La extradición, como han comentado ampliamente, era el trofeo que pretendían entregarle a Trump. Otras veces se elogia la capacidad investigativa de la Fiscalía. Sin embargo, dadas las implicaciones que tiene en la política doméstica (y los poderosos intereses en juego), lo más probable es que sea un matrimonio de conveniencias. No es difícil, téngase en cuenta que los aparatos militares y policíacos de ambos lados actúan siempre juntos. Por otra parte, la acusación, que no parece muy sólida, se aprovecha de la ventaja, propia de las calumnias y los rumores, de enriquecerse por sí misma en la medida en que avanza el anecdotario y la especulación. Bastó con entregar a los medios unos elementos sueltos cuyos cabos ata la propia Fiscalía. En el asunto hay además algunos rasgos confusos que llaman a sospecha. ¿Qué papel juegan los tres supuestos intermediarios? Cabría incluso la interpretación de que Santrich fue víctima de una celada. Ello está relacionado con otro factor que sí se acepta públicamente, esto es, la participación decisiva de un infiltrado de la DEA. Estos agentes, como todo el mundo sabe, no son simplemente informantes pasivos sino fabricantes de escenarios y dramatizados. ¿No fabrican también situaciones y por lo tanto “pruebas”?

Lo importante, sin embargo, es el escándalo en sí mismo y las funciones políticas que cumple. Queda establecida, arbitrariamente, la culpabilidad de Santrich, de modo que sólo restaría analizar el contexto y las implicaciones. Para la derecha guerrerista resulta una conveniente corroboración de su discurso; inmediatamente sacaron a relucir la teoría de la “punta del iceberg”. Pretenden evidenciar el aparato y la logística que debe estar detrás del intento de envío de las diez toneladas de cocaína. Las Farc, según sus voceros, continúa en su doble juego: un brazo legal reincorporado y otro, el de las “disidencias”, que se mantiene en el narcotráfico y el terrorismo. El proceso de paz, en consecuencia, fue un fracaso. Los autodenominados pacifistas ofrecen entonces una respuesta en la que se mezclan fariseísmo y oportunismo. Los más condescendientes le desean a Santrich que logre probar su inocencia pero dejando en claro que “es problema suyo”. Para otros su culpabilidad está probada. Pero todos confluyen en un viejo argumento: este caso, meramente individual, que permitirá a la justicia aplicar todo el peso de la ley, demuestra precisamente las bondades del acuerdo. El proceso de paz es todo un éxito.

El momento, además, no podía ser más oportuno. A pocas semanas de unas elecciones presidenciales. Una pretensión básica salta a la vista: que en la opinión pública se acentúe la desconfianza en el ordenamiento político y jurídico que salió del acuerdo de La Habana. Y tres objetivos concretos. Primero, introducir el desconcierto y una fundada desconfianza entre las filas de la “guerrillerada”. En segundo lugar, hacer visible la amenaza de los Estados Unidos que, pese a todo, siempre ha insistido en el carácter narcotraficante de las Farc. Como en el caso de los paramilitares, pueden preverse varias extradiciones. Finalmente, influir en la balanza electoral. Subirá la cotización de quienes se muestren más “duros” y bajará la de quienes se atrevan a manifestar algunas dudas. Es tan fuerte la presión que esto último no ha ocurrido hasta ahora, lo cual equivale a lograr un consenso en contra de las Farc.

De esta manera, el terreno de debate impuesto –una arena movediza– es, en todo caso, la defensa del proceso de paz. Para algunos, con este incidente, lo que se pone a prueba es la JEP. Un gran error de perspectiva. Digámoslo con todas sus letras: se trata de un nuevo ataque. Lo que estamos viendo es una erosión prematura del famoso modelo de justicia transicional que desde el principio fue desnaturalizado, continúa bloqueado y ahora lo someten a chantaje. En las actuales circunstancias, la JEP, cuya imparcialidad fue puesta en duda antes de que naciera, difícilmente se atreverá a desafiar el espíritu de linchamiento ya fabricado.

Una respuesta adecuada, por el contrario, debería comenzar por reconocer que el proceso, que se pretendió nos encaminara hacia una paz estable y duradera, terminó enredado en una trampa. No sólo se esfumaron las pocas ofertas de reforma económica y social, sino que la reincorporación eficaz de los combatientes, símbolo de la apertura democrática, parece ser una mentira. No es rescatando, en nombre de una actitud positiva, los minúsculos logros, sino denunciando y confrontando la mentira y la perfidia de quienes nunca han facilitado la más mínima concesión, como puede recuperarse un aliento popular.

En estas circunstancias, es claro que el proceso en contra de Jesús Santrich se prolongará por varios –quizás muchos– meses, y su desenlace tocará al próximo presidente. Pero el mal está hecho. Sin duda, la paz santista proseguirá su camino y carece de sentido gritar que se votará por el candidato que prometa la defensa del proceso. Lo que sí es cierto es que, después de lo ocurrido, difícilmente se logrará incorporar al Eln. Un mensaje para quienes, desde la sociedad civil, han tomado la tarea de “aconsejarlo” y regañarlo, haciéndolo aparecer como terco y “anacrónico”. La paz, definitivamente, sólo podrá resultar del avance de un movimiento popular con capacidad de poner las reglas. Algo de positivo tiene este acontecimiento. Nos despertó, como una campanada de alerta, en medio del embrujo electoral.

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El proceso de paz, en manos de la Fiscalía

La captura de Jesús Santrich, bajo escandalosas acusaciones de narcotráfico, tomó por sorpresa a todo el país. No tanto por la gravedad del crimen –que los gringos llaman “conspiración” pero en realidad es contrabando– cuanto por la enorme estupidez que representaría, impensable en un dirigente de sus calidades. ¡Una verdadera noticia de primera plana! Y, sin embargo, era enteramente previsible. No es más que un episodio de una cadena de maniobras encaminadas a sabotear el proceso de negociación y acuerdo con las Farc. O más exactamente, encaminadas a reducirlo a un proceso de derrota, rendición y hasta humillación del viejo grupo insurgente. Es el propósito inconfesado e inconfesable de la paz santista que poco a poco va mostrando su verdadero rostro. En eso se diferencia –y vale la pena advertirlo– de la hirsuta oposición uribista que simplemente ha querido hundir el proceso para seguir cosechando los frutos de la guerra y la estructura de la impunidad. Dos estrategias para dos fracciones de las clases dominantes; dos estrategias sostenidas y apoyadas mutuamente (la más fea embellece, por contraste, a la otra), llegando a venderse incluso como polarización.

La maniobra refleja, además, el estilo retorcido y astuto del fiscal Néstor Martínez Neira, cuyas afinidades y fidelidades son ampliamente conocidas. Ya lo había mostrado. Parece ser su tarea: hacer política desde el incontrolado poder acusatorio. El punto de partida siempre es un escándalo mediático. Unas veces para distraer con una cortina de humo (Odebrecht); otras para condenar sin formula de juicio, vía “opinión pública”. Y esto no es un asunto menor: la acusación en sí misma pierde importancia; al final, después de mucho tiempo, como suele suceder en Colombia, puede terminar en preclusión o absolución; pero el mal ya está hecho. Su blanco favorito son las Farc, aunque ya comienza a engolosinarse con el Eln. Hace algunas semanas el escándalo fue el de los “supermercados del testaferrato” de lo cual ahora poco o nada dicen. Pero la tarea está hecha. Antes, se ofrecía probar la existencia de las “enormes fortunas”, en el país y en el exterior, que las Farc supuestamente no habían declarado. Los comentadores oficiosos de la prensa se apresuraron a susurrar: fortunas provenientes del narcotráfico. El propósito ha sido instalar en la mentalidad colombiana la idea de que en la insurgencia no hay contenidos políticos sino un negocio criminal. Contrasta con su nula actuación en los centenares de casos de asesinatos de líderes sociales.

Todo parece indicar que se trata de un montaje. Para empezar, el origen de la acusación es ambiguo. A veces afirman que proviene exclusivamente de un Tribunal de los Estados Unidos, con lo cual solamente se corroboraría el sometimiento y la obsecuencia de nuestros órganos judiciales. La extradición, como han comentado ampliamente, era el trofeo que pretendían entregarle a Trump. Otras veces se elogia la capacidad investigativa de la Fiscalía. Sin embargo, dadas las implicaciones que tiene en la política doméstica (y los poderosos intereses en juego), lo más probable es que sea un matrimonio de conveniencias. No es difícil, téngase en cuenta que los aparatos militares y policíacos de ambos lados actúan siempre juntos. Por otra parte, la acusación, que no parece muy sólida, se aprovecha de la ventaja, propia de las calumnias y los rumores, de enriquecerse por sí misma en la medida en que avanza el anecdotario y la especulación. Bastó con entregar a los medios unos elementos sueltos cuyos cabos ata la propia Fiscalía. En el asunto hay además algunos rasgos confusos que llaman a sospecha. ¿Qué papel juegan los tres supuestos intermediarios? Cabría incluso la interpretación de que Santrich fue víctima de una celada. Ello está relacionado con otro factor que sí se acepta públicamente, esto es, la participación decisiva de un infiltrado de la DEA. Estos agentes, como todo el mundo sabe, no son simplemente informantes pasivos sino fabricantes de escenarios y dramatizados. ¿No fabrican también situaciones y por lo tanto “pruebas”?

Lo importante, sin embargo, es el escándalo en sí mismo y las funciones políticas que cumple. Queda establecida, arbitrariamente, la culpabilidad de Santrich, de modo que sólo restaría analizar el contexto y las implicaciones. Para la derecha guerrerista resulta una conveniente corroboración de su discurso; inmediatamente sacaron a relucir la teoría de la “punta del iceberg”. Pretenden evidenciar el aparato y la logística que debe estar detrás del intento de envío de las diez toneladas de cocaína. Las Farc, según sus voceros, continúa en su doble juego: un brazo legal reincorporado y otro, el de las “disidencias”, que se mantiene en el narcotráfico y el terrorismo. El proceso de paz, en consecuencia, fue un fracaso. Los autodenominados pacifistas ofrecen entonces una respuesta en la que se mezclan fariseísmo y oportunismo. Los más condescendientes le desean a Santrich que logre probar su inocencia pero dejando en claro que “es problema suyo”. Para otros su culpabilidad está probada. Pero todos confluyen en un viejo argumento: este caso, meramente individual, que permitirá a la justicia aplicar todo el peso de la ley, demuestra precisamente las bondades del acuerdo. El proceso de paz es todo un éxito.

El momento, además, no podía ser más oportuno. A pocas semanas de unas elecciones presidenciales. Una pretensión básica salta a la vista: que en la opinión pública se acentúe la desconfianza en el ordenamiento político y jurídico que salió del acuerdo de La Habana. Y tres objetivos concretos. Primero, introducir el desconcierto y una fundada desconfianza entre las filas de la “guerrillerada”. En segundo lugar, hacer visible la amenaza de los Estados Unidos que, pese a todo, siempre ha insistido en el carácter narcotraficante de las Farc. Como en el caso de los paramilitares, pueden preverse varias extradiciones. Finalmente, influir en la balanza electoral. Subirá la cotización de quienes se muestren más “duros” y bajará la de quienes se atrevan a manifestar algunas dudas. Es tan fuerte la presión que esto último no ha ocurrido hasta ahora, lo cual equivale a lograr un consenso en contra de las Farc.

De esta manera, el terreno de debate impuesto –una arena movediza– es, en todo caso, la defensa del proceso de paz. Para algunos, con este incidente, lo que se pone a prueba es la JEP. Un gran error de perspectiva. Digámoslo con todas sus letras: se trata de un nuevo ataque. Lo que estamos viendo es una erosión prematura del famoso modelo de justicia transicional que desde el principio fue desnaturalizado, continúa bloqueado y ahora lo someten a chantaje. En las actuales circunstancias, la JEP, cuya imparcialidad fue puesta en duda antes de que naciera, difícilmente se atreverá a desafiar el espíritu de linchamiento ya fabricado.

Una respuesta adecuada, por el contrario, debería comenzar por reconocer que el proceso, que se pretendió nos encaminara hacia una paz estable y duradera, terminó enredado en una trampa. No sólo se esfumaron las pocas ofertas de reforma económica y social, sino que la reincorporación eficaz de los combatientes, símbolo de la apertura democrática, parece ser una mentira. No es rescatando, en nombre de una actitud positiva, los minúsculos logros, sino denunciando y confrontando la mentira y la perfidia de quienes nunca han facilitado la más mínima concesión, como puede recuperarse un aliento popular.

En estas circunstancias, es claro que el proceso en contra de Jesús Santrich se prolongará por varios –quizás muchos– meses, y su desenlace tocará al próximo presidente. Pero el mal está hecho. Sin duda, la paz santista proseguirá su camino y carece de sentido gritar que se votará por el candidato que prometa la defensa del proceso. Lo que sí es cierto es que, después de lo ocurrido, difícilmente se logrará incorporar al Eln. Un mensaje para quienes, desde la sociedad civil, han tomado la tarea de “aconsejarlo” y regañarlo, haciéndolo aparecer como terco y “anacrónico”. La paz, definitivamente, sólo podrá resultar del avance de un movimiento popular con capacidad de poner las reglas. Algo de positivo tiene este acontecimiento. Nos despertó, como una campanada de alerta, en medio del embrujo electoral.

Publicado enEdición Nº245
La agonía del proceso de paz colombiano

Ni la guerra ni la coca, ni las armas desaparecieron con el acuerdo de paz

En los rincones empobrecidos de Colombia, como Catatumbo, Tumaco y Chocó, las balas retumban y las amenazas de los hombres alzados en armas –ex paras, disidencias de la guerrilla y nuevos paras– causan terror y muerte.

Campesinos que huyen, cadáveres de líderes, cartas de amenazas, periodistas baleados, paramilitar armado, ex paras extraditados y el líder rebelde Jesús Santrich aguantando sus últimos alientos en la Cárcel La Picota. La Colombia de esta semana no es una en paz como prometían los acuerdos. Los escándalos por la corrupción en el manejo de los dineros de la paz se atenúan con las escenas de sangre, terror y narcotráfico que recuerdan que ni la guerra, ni la coca, ni las armas, han desaparecido en un país a punto de elegir su próximo presidente. Como toda época de comicios, la violencia arrecia pero esta vez con una ex guerrilla de las FARC desarmada y uno de sus principales líderes tras las rejas, en huelga de hambre, y poniendo en agonía, además de sus órganos ya maltratados por huelgas similares en exigencia del cumplimiento de la amnistía y el Acuerdo de Paz, el futuro de la paz de Colombia. 

“Lo que pase con Jesús Santrich tendrá efectos no solo en la implementación inmediata del Acuerdo de Paz sino que definirá la historia próxima del país”, le dice a PáginaI12 Gustavo Gallardo, abogado de Seuxis Pausivas (Santrich) que no cesa de mandar mensajes desde su frío lugar de reclusión en el sur de Bogotá, a donde fue trasladado después de pasar los primeros días en el búnker de la Fiscalía donde la semana pasada una gran protesta que incomodó al Fiscal habría provocado el traslado al Pabellón de Alta Seguridad. En sus cartas a ex combatientes, al mismo Fiscal General, y a su familia, “Santrich” insiste en despedirse y dejar claro que ofrendará su vida ante el “fallido” proceso de paz en el cual se declara traicionado y víctima de un montaje de Estados Unidos y la derecha colombiana, interesada, dice, en no realizar la reforma rural, en no devolver la tierra robada a los campesinos, en continuar cultivando y exportando cocaína, en mantener el poder limitado para ellos, y en seguir acallando los movimientos sociales.


En los rincones empobrecidos de Colombia, como Catatumbo, Tumaco y Chocó, las balas retumban y las amenazas de los hombres alzados en armas –ex paras, bacrim, disidencias de la guerrilla, “elenos”, y nuevos paras– causan terror y muerte. Aún no se recuperan los cuerpos de los periodistas ecuatorianos asesinados por “Guacho” en la frontera con Ecuador, y la Mesa de Conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya fue expulsada de ese país dilatando así el nuevo cese al fuego que aliviaría a los negros, indígenas y campesinos que padecen los fusiles en las ricas y exuberantes sábanas de Catatumbo, o en las montañas de Antioquia, o entre los ríos del Pacífico donde los criminales aprovechan los vacíos de las Farc. Mientras tanto, los ahora integrantes del partido político –ya desarmados, sin dinero tras devolver sus bienes al gobierno, y en muchos casos sin alimento– esperan con las últimas gotas de paciencia a que el Estado cumpla con las tierras, los proyectos productivos y sobretodo la seguridad jurídica pactada en el Acuerdo que se negoció en La Habana durante cuatro años y uno de cuyos principales artífices está hoy detenido presionando con su propia vida para que su caso sea traslado a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tal como reza el Tratado de Paz que fue avalado por el Congreso, depositado como acuerdo humanitario especial y le valió el Nobel de Paz al Presidente Juan Manuel Santos.


“Estamos agotando la paciencia. Por ahora, seguiremos las directrices del Partido, pero si no vemos garantías futuras, si el camarada Santrich no es puesto en la JEP como debe ser, no por capricho de nadie sino por cumplir lo que pactamos, y sino vemos seguridad para nosotros, tendremos que tomar decisiones”, expresó desde un Espacio Territorial de Reincoporación y Capacitación (ETCR) antes Zonas Veredales el ex comandante “Silfredo Mendoza” quien recuerda que los centenares de hombres y mujeres que componían su tropa y siguen en la Zona tiene hoy comida y actividades productivas, “es gracias al propio esfuerzo nuestro porque el gobierno no solo nos está incumpliendo con las tierras, se está robando el recurso que llega de otros países, sino que arma montajes para poner nuestros líderes en la cárcel”.


Entre tanto, los temblores por el revolcón en el negocio de la coca pusieron en un avión de la DEA al ex paramilitar Daniel Rendón Herrera “Don Mario” el día de ayer; mientras las ciudades se desangraron como en los años noventa por cuenta de las disputas narcos. En las comunas populares de Medellín las balas tronaron y acabaron con la vida de 9 personas entre el domingo y el lunes; y panfletos amenazantes en apartadas zonas cocaleras donde un nuevo grupo paramilitar advierte que pondrá “orden” a su estilo, también circularon en las calles de la capital antioqueña.


Al mismo tiempo, se descubre que las Fuerzas Militares están desviando dinero de sus compras de logística, y que los agentes de seguridad de líderes sociales están actuando, en algunos casos, como mulas de narcotráfico, mientras los candidatos a la presidencia prometen una cosa y otra para salvar esta patria que se sacude, como durante décadas, derramando la sangre de los más inocentes y llenando los bolsillos de políticos y militares que son noticia de la semana.

Publicado enColombia
Confirmaron el asesinato de los tres periodistas

La muerte del cronista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del chofer Efraín Segarra, del diario ecuatoriano El Comercio, fue ratificada ayer por el presidente de ese país, Lenín Moreno, en un mensaje televisado.

 

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno confirmó ayer el asesinato del cronista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del chofer Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario local El Comercio, después de 19 días de incertidumbre. Los periodistas habían sido secuestrados el 26 de marzo por disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas, en Ecuador.


“El mensaje es a todas las ecuatorianas y ecuatorianos y es así: Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido, no hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”, reveló el mandatario. Los familiares de los asesinados rompieron en llanto al escuchar el mensaje, y gritaron en medio del abrazo de los presentes.


“Queridos ecuatorianos, ¡basta ya! Indignación, repugnancia, dolor e ira acompañan al corazón de todos los ecuatorianos. Hemos sido siempre un país de paz, de tolerancia, respeto. No podemos permitir que se juegue con ese bien que ha sido nuestro bien más preciado”, dijo el presidente Moreno en la conferencia de prensa en Quito, en la que no permitió preguntas.


El mandatario hizo el anuncio luego de una reunión del Consejo de Seguridad Pública de Ecuador (Cosepe), conformado por las principales autoridades civiles y militares del país. Asimismo, informó que se ha coordinado con actores de paz como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica para el rescate de los cadáveres en la zona fronteriza.


En la tarde de ayer el canal RCN de Colombia entregó fotografías que mostraban tres cuerpos fallecidos, pero hasta la noche las autoridades de Ecuador no pudieron confirmar su veracidad.


Moreno dijo, citado por el diario local El Comercio, que se han retomado las operaciones de seguridad en la zona del secuestro, suspendidas previamente cuando se buscaba la liberación de los periodistas, y dispuso siete medidas más, entre ellas que se levante la reserva sobre la información del manejo del secuestro.


También afirmó que incluyeron a Walger Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho –y al que calificó de narcoterrorista–, en la lista de los más buscados de Ecuador y ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su captura en Ecuador o en Colombia. Guacho, que comanda la columna Oliver Sinisterra de las ex FARC, había dicho en un primer comunicado sobre el secuestro de los periodistas que el gobierno ecuatoriano rechazaba que fuesen liberados a cambio de hacer lo propio con tres miembros de su grupo. Por ello, lanzó una operación militar ofensiva que, sostuvo, terminó con la muerte de los hombres de prensa.
“Nunca (los secuestradores) tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos”, señaló por su parte el presidente ante más de un centenar de medios de comunicación nacionales e internacionales.


Moreno canceló su visita a Perú y su participación en la Cumbre de las Américas y retornó a Quito, junto con familiares de los trabajadores de prensa fueron secuestrados el 26 de marzo 2018 en Mataje, Esmeraldas, cuando efectuaban un trabajo periodístico en la frontera con Colombia sobre la inseguridad en esa región. Los tres profesionales estaban llevando la investigación desde enero pasado.


Asimismo, el mandatario anunció una serie de medidas de seguridad, entre ellas la de declarar el área fronteriza con Colombia zona de seguridad, e incrementar los controles militares y policiales a fin de realizar, según dijo, acciones coordinadas en esa área. La coordinación de acciones en la zona fronteriza se realiza de manera conjunta con el alto mando militar y policial de Colombia, cuyos integrantes se encuentran en Quito.


“Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar, hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz”, sentenció el mandatario y aclaró: “Esto último bajo ninguna circunstancia significa que se quiera limitar la libertad de expresión”.


En ese sentido, Moreno pidió a los medios de comunicación que no dejasen de criticar: “Sabemos reconocer nuestros errores y todo esto nos permitirá reconocer si los ha habido”, dijo. “El pueblo perdona errores pero no que se le mienta; no vamos a mentir al pueblo ecuatoriano”, finalizó.


Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó el asesinato de los periodistas y ofreció toda la colaboración de su país para capturar a los responsables. Tras participar en una conferencia en la VIII Cumbre de las Américas, que se celebra en Lima, el mandatario aseguró: “Colaboraremos con Ecuador en todo lo que estime necesario para perseguir y capturar a los responsables”. En este sentido, el gobernante colombiano remarcó que ya comenzaron las operaciones en ambos lados de la frontera entre Ecuador y Colombia para hallar a los autores del crimen y descartó que los asesinos sean de las FARC porque afirmó que éstas dejaron de existir hace mucho tiempo.

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Jesús Santrich, advertencia de lo que se viene

Hay quienes dicen que el problema de Colombia es que su pueblo no tiene memoria. Sin embargo, esa es sólo parte del problema. La otra parte del problema, quizás la más importante, es que la oligarquía colombiana tiene demasiada memoria. Es una oligarquía rencorosa y vengativa que no olvida y que no perdona a quienes osen cuestionar sus privilegios o siquiera perturbar su digestión. Como los déspotas de antaño, ellos pueden matar, desaparecer, violar, reprimir, mutilar y no pasa nada… ¡pero ay de quien ponga en entredicho la legitimidad de sus riquezas acumuladas mediante el fraude y la violencia desnuda! Así pasen décadas, apenas tengan la oportunidad de cobrarse en sangre algún susto que les hayan hecho pasar, se la cobran. La insistencia de las FARC en la reconciliación cae en oídos sordos, porque no hay con quien reconciliarse. A esta oligarquía –de médula terrateniente- no le interesa otra cosa que la más cochina venganza en contra de quienes participaron de un movimiento insurgente de fuerte raigambre campesina, un movimiento que buscó la justicia para los del campo y una transformación del país, pero terminó entrampada en un acuerdo de paz hecho a la medida del gobierno de Santos en el cual las estructuras opresivas contra las que alguna vez se alzaron en armas, quedaron intactas. Ahora que están sin armas y aisladas, tanto de sus bases sociales después de su salida de los territorios en que hacían presencia, como de una izquierda que no ha sabido construir procesos de unidad, la oligarquía tiene la oportunidad para hacer leña del árbol caído.


El último golpe que recibe este fracasado proceso de paz –convertido a pasos acelerados en una humillante rendición-, es la captura de Jesús Santrich por orden de Estados Unidos, quienes quieren extraditarlo a sus mazmorras para tenerlo junto a Simón Trinidad, como los cazadores cuelgan cabezas de bestias salvajes en sus roñosos muros. Todo se coordinó para que coincidiera con la visita de Míster Trump el sábado. Pero Míster Trump dejó a Míster Santos con los crespos hechos, porque ha dado prioridad a sus delirios bélicos en Siria. Sin embargo, Santrich está ahí, en la cárcel, a la espera. Santos, el Nóbel de la Paz, hizo correr sangre campesina con la masacre del Tandil (Tumaco), en Octubre del pasado año –bastó que el gobierno de EEUU exigiera respuestas en la lucha contra los cultivos de coca, para que Santos regara sangre colombiana para su amo [1] . Ahora, quieren ver rodar las cabezas de farianos, y Santos, que fantasea con ver a toda la dirigencia fariana muerta o tras las rejas, concurre de manera entusiasta. Acá no hay mera sumisión del gobierno colombiano –no se puede culpar sólo a los EEUU. Acá el Estado colombiano es igualmente responsable, y si cabe, aún más. El gobierno de EEUU puede tener la influencia que tiene en Colombia porque la oligarquía colombiana, en cabeza de este gobierno, se lo permite.


¿Por qué Santrich?


¿Por qué empezó el gobierno esta cacería de brujas con Santrich? Vieron a quién era al primero que había que callar y usarlo como una advertencia de lo que les puede pasar a los farianos desmovilizados que no se porten bien. Santrich es uno de los pocos de la dirigencia de las FARC que ha hablado con claridad sobre el fracaso del proceso de paz, sin temor a meter repetidamente el dedo en la llaga. Santrich no ha mostrado un arrepentimiento de Magdalena, defendiendo la legitimidad de la rebelión de la que hizo parte por casi tres décadas. Esta actitud de dignidad, que para la oligarquía es arrogancia, ha hecho que le tengan una animosidad particularmente enconada: él ha soportado durante meses la más grotesca persecución por parte de los medios e incluso por parte de ciertos dirigentes de las FARC arrepentidos, que deploran su radicalidad, y no han vacilado en atacarlo –directa o indirectamente- en sendas diatribas. Santrich se movilizó por la liberación de los presos, aun sufriendo una miserable campaña de desprestigio por parte de quienes afirmaban que buscaba quitarle protagonismo al acto de entrega de armas. Y por último, Santrich criticó de manera abierta la entrega apresurada de armas. En sus propias palabras:


“En la base del pensamiento genuinamente fariano nunca estuvo presupuestado entregarle a nadie, menos a un tercero las armas, y en esto quiero recordar las palabras del camarada Manuel cuando dijo a un periodista argentino: ‘De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir’. (…) Creo que estas palabras tienen absoluta vigencia. Llevan a pensar que, como FARC, conociendo la catadura históricamente traicionera de este régimen, cometimos un error estratégico y estructural al haber convertido la dejación en entrega de armas sin que los aspectos centrales del Acuerdo se hubiesen concretado, al menos en sus bases y en el diseño fáctico de sus garantías de cumplimento.” [2]
Van por todos


Jesús Santrich es el primero que buscan encarcelar y extraditar, pero la intención del gobierno y del bloque oligárquico es ver a toda la dirigencia –y también la base- fariana tras las rejas, deportada o muerta. Esta intención ya quedó clara con el montaje que se hizo con los supermercados Supercundi, tras lo cual la voz unánime del establecimiento llamó a quitarle los “beneficios” a los ex comandantes guerrilleros [3] . También queda claro por donde quieren seguir: en el grupo de cuatro arrestados, se encuentra también un sobrino de Iván Márquez, otro de los que identifican como de la “línea dura” a la que hay que aplastar. Pero van por todos, hasta por los más blandos. Habrá a quienes los utilicen durante algún tiempo, para pasearlos por todo el país pidiendo perdón y llamando a la calma a unas bases que se han visto burladas, pero que no quepa la menor duda de que cuando ya no les sirvan, se desharán de ellos de manera para nada ceremoniosa. Es su naturaleza y lo han venido demostrando históricamente en todos los procesos de paz. Esto no había que ser un genio para verlo venir. El mismo Santrich, de manera profética, lo había previsto respecto a la Justicia Especial para la Paz:


“Esta JEP quedó convertida en una letal trampa para colocar solo a la insurgencia en el banquillo de los acusados, mientras se amplía el manto de impunidad para los militares y los llamados terceros agentes del Estado. Tal trampa buscará, con la ayuda de la corrupta fiscalía, colocarnos en manos de la venal y descompuesta justicia ordinaria hasta llevarnos a la cárcel. En este plano lo que se viene para los excombatientes de las FARC es la más pertinaz y vengativa persecución judicial, que irá de la mano de la persecución paramilitar e incumplimientos de todo tipo, como el de terminar de liberar a los más de medio millar de compañeros y compañeras que siguen en prisión.” [4]


Pero el gobierno se adelantó y ni siquiera han querido esperar a la JEP para adelantar el linchamiento jurídico de los ex guerrilleros, mientras garantiza la impunidad para agentes de Estado, así como para los oligarcas que financiaron y se enriquecieron con el paramilitarismo. Esto a lo que asistimos no es más que un burdo montaje mediante el cual pretenden asesinar la personalidad de Santrich y denigrarlo como si se tratara de un narcotraficante. ¿Cómo podría Santrich haberse involucrado en las actividades mafiosas que, sin aun entregar pruebas, los EEUU y la Fiscalía afirman que abría tomado parte, si vivía en un barrio rodeado de ejército y acompañado permanente por miembros de la Unidad Nacional de Protección del Estado? Exigir al Estado colombiano, ante lo espurio de estos cargos, un proceso “legal, transparente y justo para Jesús Santrich” [5] es una soberana estupidez. Este Estado no puede garantizar nada de esto. ¿Es necesario insistir, a esta altura del partido, que esto es un remedo de juicio político, y que, por lo mismo, no hay ni habrá garantías de ninguna clase? Esta actitud suplicante recuerda las patéticas cartas del partido socialista italiano, en pleno auge del fascismo, pidiendo a Mussolini que ordenara a las bandas fascistas que dejaran de matar a sus militantes [6] . Es hora de abandonar los eufemismos y cualquier ingenua ilusión en la naturaleza dizque democrática del gobierno de Santos. Al montaje hay que llamarlo por su nombre y hay que exigir la liberación inmediata de Santrich.


Acabando con la ilusión de la paz a garrotazos


A garrotazo limpio están acabando con lo poco o nada que iba quedando del proceso de paz. No hay que esperar a Iván Duque para que haga trizas el acuerdo de paz: en realidad esta tarea ya se ha adelantado eficazmente en el gobierno de Santos. No se puede seguir tapando el sol con un dedo e insistir que solamente se trata de tropiezos, de dificultades pasajeras, o de “desafíos”. En lugar de abrir un espacio político, las FARC se han ido progresivamente quedando sin espacio alguno, en parte por sus propios errores, pero sobre todo por la guerra sucia que la oligarquía en su conjunto ha venido librando para impedir que puedan desarrollar su actividad política, guerra en la cual los garrotazos al acuerdo de paz y los incumplimientos de éste, cumplen un rol primordial. Que no se hagan ilusiones en las FARC que llegarán a ocupar sus curules: por medios legales o extralegales, la oligarquía neolaureanista está determinada a no permitirlo y a tratar de acabar con toda la izquierda en el Parlamento –el caso del senador Alberto Castilla como botón de muestra. En lugar de permitir un avance de los movimientos populares y de la izquierda “legal”, como pronosticaban los socialbacanos seguidores ciegos de las tarugadas de Daniel Pecaut, la desmovilización de las FARC-EP ha sido seguida de un incremento de los asesinatos a líderes sociales y el copamiento paramilitar de los territorios, bajo las narices del propio Ejército que hoy ocupa gran parte del territorio abandonado por los ex insurgentes. Mientras tanto, los mismos que se enriquecieron con la guerra –más algunos cuantos advenedizos de todo el espectro político que olieron la oportunidad de negocios que se cocinaba en la Habana- ahora buscan enriquecerse con la paz [7] . Con paz o con guerra, es la misma oligarquía de siempre la que seguirá enriqueciéndose a manos llenas mientras el pueblo acumula solamente carencias.


En medio de la desmovilización, en medio del aislamiento en el que quedó esta nueva-vieja fuerza política, hay que buscar la manera de practicar la solidaridad con Jesús Santrich, quien ha dado nuevamente una muestra de dignidad al adelantar una huelga de hambre. Esto no es fácil. El retroceso del movimiento popular respecto a los niveles de movilización del 2012-2013 es evidente y el tema del acuerdo de paz no ocupa un lugar central en la agenda popular. Pero la represión que enfrenta Santrich avanza a todo el movimiento popular y a dirigentes de izquierda, que enfrentan los montajes judiciales de la Fiscalía y el plomo paramilitar. Como dice un proverbio haitiano, el pavo nunca debe reírse cuando despluman al pollo. Hoy, la exigencia de libertad para Santrich y para todos los presos políticos y de guerra que abarrotan las cárceles, debe ir de la mano de un cuidadoso recalibramiento político, de una lectura crítica y franca de los errores cometidos, de una renovación de la agenda política por la transformación social y la unidad de todos los sectores golpeados por este modelo económico-social.

Notas
[1] http://anarkismo.net/article/30570 y http://anarkismo.net/article/30580
[2] https://lanzasyletras.org/2018/04/10/para-los-excombatientes-de-farc-se-viene-la-mas-pertinaz-y-vengativa-persecucion-judicial-jesus-santrich/#more-2001
[3] https://www.lafm.com.co/politica/todo-esta-contemplado-no-estamos-negociando-con-angelitos-santos-sobre-supercundi/
[4] https://lanzasyletras.org/2018/04/10/para-los-excombatientes-de-farc-se-viene-la-mas-pertinaz-y-vengativa-persecucion-judicial-jesus-santrich/#more-2001
[5] https://prensarural.org/spip/spip.php?article22934
[6] Una colección de estas cartas se encuentra en la obra de Daniel Guérin, “Fascismo y Gran Capital”.
[7] https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/el-laberinto-de-los-dineros-de-la-paz-articulo-748709

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Detenido Jesús Santrich, exlíder de las FARC, por narcotráfico a petición de Estados Unidos

Interpol solicita la extradición de uno de los líderes del partido de la exguerrilla capturado en su casa de Bogotá por la Fiscalía de Colombia

 

La Fiscalía de Colombia ha detenido la noche del lunes a Jesús Santrich, excomandante de la ya extinta guerrilla de las FARC. La orden de captura ha sido emitida por Interpol después de que un juzgado de Nueva York realizara el miércoles una acusación por narcotráfico contra el que es uno de los actuales líderes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido de la exinsurgencia. "Tenemos copiosas pruebas de un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos con un precio en el mercado local de 320 millones de dólares", ha explicado el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Santrich forma parte de una supuesta red que, según la documentación facilitada por la Fiscalía, llevaría delinquiendo desde junio de 2017, seis meses después del acuerdo final de paz del 1 de diciembre de 2016. La fecha es clave: según lo pactado entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, solo podrán beneficiarse de la Justicia Especial para la Paz (JEP), el organismo ideado para juzgar los crímenes de más de medio siglo de guerra, quienes se acojan a esta jurisprudencia por delitos cometidos antes de la firma. Es decir, Santrich no tendría acceso a los beneficios judiciales de este sistema aunque se haya acogido al proceso de paz y haya firmado las actas para someterse al mismo.
"La circular de Interpol indica que los acusados tenían acceso a aviones registrados en Estados Unidos para transportar la droga, a laboratorios para suministrar la cocaína y hay evidencia de su acceso a toneladas de cocaína", ha explicado el fiscal con información de un operativo de investigación adelantado por agentes federales de la DEA y fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.


La orden de captura tiene como objetivo último la extradición de Jesús Santrich, cuyo nombre civil es Seusis Pausivas Hernández, de Marlon Marín, Armando Gómez, alias “El doctor”, y Fabio Simón Younes Arboleda, todos excombatientes farianos. "Si con pruebas irrefutables hay lugar a la extradición, no me temblará la mano para autorizarla, previo concepto de la Corte Suprema", ha dicho Juan Manuel Santos durante la comparecencia conjunta con el fiscal general de Colombia.


Patricia Linares, presidenta de la JEP, ha declarado que la Sección de Revisión de este organismo tendrá que analizar la documentación para concluir si el delito se cometió antes o después de la firma del acuerdo y así determinar si el caso se juzga a través de la jurisdicción especial o se remite a la justicia ordinaria. Solo en el segundo caso, si el proceso sigue su curso en la Fiscalía, sería posible la extradición.


En este momento, los acusados están a detenidos en las dependencias del organismo judicial. "No extraditaré a nadie por delitos cometidos antes de la firma del acuerdo y con ocasión del conflicto. El acuerdo es claro y lo cumpliré de manera estricta", ha reiterado Santos.


"Bajo montaje y de forma aleve se realizó captura de @JSantrich_FARC. Este es el peor momento que está atravesando este proceso de #Paz, el gobierno debe actuar e impedir que montajes jurídicos desemboquen en hechos como este que generan una gran desconfianza", ha dicho en la cuenta del partido FARC Iván Márquez, uno los máximos líderes de la formación. "Esto demuestra la inseguridad jurídica de los integrantes que hemos hecho este tránsito", ha asegurado Victoria Sandino, otra de las portavoces.


La captura se produce a menos de una semana de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, visite por primera vez Colombia. Uno de los temas en la agenda es el narcotráfico. Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo.


Santrich, un cargo electo


La tarde del lunes, Jesús Santrich fue detenido en su casa en Bogotá como representante electo en la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia. El que fuera miembro del Estado Mayor Central de las FARC, el principal órgano de mando de la guerrilla, es uno de los beneficiarios de los 10 escaños que la antigua guerrilla pactó con el Ejecutivo con independencia de los votos que obtuvieran en las pasadas elecciones legislativas.


Antes, había dirigido durante años el bloque de combatientes que operaba en el Caribe colombiano. Cuando comenzaron las negociaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, fue elegido por la insurgencia para viajar a La Habana, sede de la negociación, como delegado.

Bogotá 9 ABR 2018 - 20:09 COT

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Viernes, 02 Marzo 2018 06:36

Brasil tras los pasos de México

Brasil tras los pasos de México

El gobierno de Michel Temer entregó la seguridad de Río de Janeiro a las fuerzas armadas, el pasado 16 de febrero. Desde los cuerpos policiales hasta los bomberos y las cárceles, pasaron a ser gestionados por los militares. La excusa, como siempre, es la violencia y el narcotráfico; que existen y son enormemente peligrosos para la población.
Río es una de las ciudades más violentas del mundo. En 2017 hubo 6 mil 731 muertos y 16 tiroteos diarios con un saldo mínimo de dos personas muertas en cada uno, casi siempre negros. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 19 son brasileñas y 43 latinoamericanas (goo.gl/CvnFQU). En paralelo, Brasil está entre los 10 países más desiguales del mundo, algunos de ellos también los más violentos, como Haití, Colombia, Honduras, Panamá y México (goo.gl/XPKd7Y).


En el caso de Río de Janeiro, la actuación de los uniformados tiene una característica especial: se focaliza en las favelas, o sea va en contra de la población pobre, negra y joven. En las 750 favelas de Río donde viven 1.5 de los 6 millones de habitantes de la ciudad. Los militares se colocan en las salidas y fotografían a todas las personas, les piden documentos y confirman su identidad. Nunca se había hecho este tipo de control de forma tan masiva y tan específica.


No es la primera vez que los militares se encargan del orden público en Brasil. En Río los militares intervinieron 11 veces en el año anterior, en el contexto de las misiones Garantía de Ley y Orden (GLO), una legislación que se aplicó en grandes actividades como las visitas el Papa y el Mundial de Futbol. Desde 2008, en 14 ocasiones asumieron funciones de policía. Sin embargo, ahora se trata de una ocupación militar que abarca todo el estado.


Muchos analistas han enfatizado que la intervención está destinada al fracaso, ya que las anteriores, aun siendo puntuales, no consiguieron gran cosa. Agregan el fracaso de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que en su momento fueron glorificadas como la gran solución al problema de la inseguridad, ya que se instalaban en las propias favelas, como una policía de cercanía.


En paralelo, los analistas recuerdan que la guerra contra las drogas en México es un fracaso estrepitoso, que por ahora se ha saldado con más de 200 mil muertos y 30 mil desaparecidos, mientras el narcotráfico está lejos de haber sido derrotado y se ha fortalecido.


Sin embargo, creo que habría que señalar que estas lecturas son parciales, porque en realidad estas intervenciones son sumamente exitosas para alcanzar los objetivos no confesables de las clases dominantes y sus gobiernos: el control y exterminio de la población potencialmente rebelde o no integrable. Esta es la razón que mueve a militarizar países enteros en América Latina, sin tocar la desigualdad, que es la causa de fondo de la violencia.


Pienso que hay cuatro razones que avalan la impresión de que estamos ante intervenciones sumamente exitosas, en Brasil, pero también en Centroamérica, México y Colombia, por poner los casos más evidentes.


La primera es que la militarización de la seguridad consigue blindar al Estado como garante de los intereses del 1 por ciento más rico, de las grandes multinacionales, de los aparatos estatales armados y de los gobiernos. Cabe preguntarse porqué es necesario, en este periodo de la historia, blindar a esos sectores. La respuesta: porque dos terceras partes de la población está a la intemperie, sin derechos sociales, a expensas de la acumulación por despojo/cuarta guerra mundial.


El sistema no le da nada a las mayorías negras (51 por ciento en Brasil), indígenas y mestizas. Sólo pobreza y pésimos servicios de salud, educación y transporte. No les ofrece empleo digno ni remuneraciones adecuadas, las empuja al subempleo y la mal llamada informalidad. A largo plazo, una población que no recibe nada o casi nada del sistema, está llamada a rebelarse. Por eso militarizan, tarea que están cumpliendo exitosamente, por ahora.


La segunda es que la militarización a escala macro se complementa con un control cada vez más refinado, que apela a las nuevas tecnologías para vigilar desde cerca y desde adentro a las comunidades que considera peligrosas. No puede ser casualidad que en todos los países son los más pobres, o sea los que pueden desestabilizar al sistema, los que están siendo controlados de modo más implacable.


Apenas un ejemplo. Cuando donaron láminas para las viviendas en Chiapas, se cuidaron de pintarlas para que desde arriba pudieran identificar a las familias no zapatistas. Las políticas sociales que ensalzan los progresistas, forman parte de esos modos de control que en los hechos funcionan como métodos de contrasubversión.
La tercera cuestión es que el doble control, macro y micro, general y singular, está atenazando a las sociedades en todo el mundo. En Europa son multas o cárcel a quienes se salen del libreto. En América Latina es muerte y desaparición para quienes se rebelan o, sencillamente, a los que denuncian y se movilizan. Ya no se reprime sólo a los que se levantan en armas, como en los años 60 y 70, sino a toda la población.


Esta mutación de los modos de control, aislando y sujetando a los que pueden llegar a ser rebeldes, o no obedientes, es uno de los cambios más notables que está aplicando el sistema en este periodo de caos, que puede terminar con el capitalismo y la dominación del 1 por ciento.


La cuarta son preguntas. ¿Qué quiere decir gobernar cuando estamos ante formas de control que sólo aceptan votar cada cuatro, cinco o seis años? ¿Qué utilidad tiene poner todo el empeño político en las urnas si hacen fraude y lo consolidan con los militares en la calle, como sucede en Honduras? No digo que no haya que votar. Me pregunto para qué.


Se trata de seguir reflexionando nuestras estrategias. El Estado es una hidra monstruosa al servicio del 1 por ciento. Eso no va a cambiar si nosotros llegáramos al timón de mando, porque en el tope de la pirámide seguirán los mismos, con todo el poder para desalojarnos cuando lo estimen conveniente.

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Para los desplazados la guerra no termina

 A un año de la tregua con las FARC, en vez de conocer la paz, la zona vive una tragedia similar a la de los peores años del conflicto armado. Esta vez, por cuenta de las bandas armadas que pelean por el control del territorio.

 

Desde Cáceres, Antioquía


Todavía no pronuncia bien las palabras. No sabe ni caminar, pero ya conoce el desarraigo. “Vamos pa’ la cacha, vamos pa la cacha”, repite el bebé ahogado en llanto y sudando en los brazos de su madre que también llora, pero en silencio. “Ya casi nos vamos, tranquilo papi, ru ru ru”, susurra la señora, mordiéndose la mentira, porque mientras sigan cayendo las balas en la puerta de su humilde casa, ni ella ni los 1500 que han salido huyendo podrán regresar.
Están en Cáceres, un pequeño pueblo a cinco horas de Medellín. Y han llegado en grupos de 200 y 300 personas desde enero, cuando inició la pelea a sangre y fuego entre los grupos ilegales de una zona convulsionada en la región del Bajo Cauca antioqueño, donde la tradición mafiosa e ilegal que enriquece a unos pocos ha sumido en el dolor y la pobreza a la mayoría de los lugareños: indígenas y mestizos que viven de la tierra, los ríos, la minería y el comercio.
La temperatura marca 35 grados y la señora y su bebé pasarán la noche en el suelo. Un par de costales serán su colchón después de una cena de arroz y plátano, sin carne, igual a la de centenares de campesinos desterrados que ocupan la Casa Indígena de esta tierra calurosa donde, a un año de la firma del Acuerdo entre gobierno y FARC, en vez de conocer la paz se vive una tragedia similar a la de los peores años del conflicto armado en Colombia. Esta vez, por cuenta de los enfrentamientos armados entre los delincuentes que quieren el control del territorio plagado de cultivos y laboratorios de cocaína, tras la salida de la ex guerrilla Farc y la división interna entre el llamado Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
La captura de Jose Bayron Piedrahita, capo de capos del Bajo Cauca, en septiembre de 2017, podría tener que ver con el desorden actual en un territorio donde ni la presencia del Ejército ha logrado cesar el peligro. “Antes más peligroso, menos que se puede volver, porque también el Ejército está disparando, se están combatiendo todos, y hasta dicen que hay guerrilla del ELN, entonces resulta uno disparado, y qué, nadie responde porque ni se sabe quién disparó. Yo me vine cuando mataron una muchacha y no se supo ni cómo le cayó la bala, salimos corriendo al otro día”, le cuenta a este diario la señora, pidiendo que oculten su identidad y no se publique ninguna foto de ella porque, “queriendo Dios” regresará a su finca esta semana para alimentar los peces y los cerdos y, aunque regrese a bordo de una moto que irá a toda velocidad esquivando los enfrentamientos, teme que los diversos soldados tomen represalias contra ella por hablar con la prensa.
Además de la crisis de institucionalidad del pequeño poblado en el norte de la región de Antioquía, mientras su actual alcalde está en la cárcel a la espera de un juicio por posibles nexos con los paramilitares, los pobladores de Cáceres soportan su peor crisis humanitaria. Las autoridades tienen registro de 1447 hombres y mujeres, entre ellos 500 niños, que están desplazados en diversos lugares de Cáceres. En la Casa Indígena se albergan hoy unos 200, y los demás se ubicaron en el Parque Educativo, donde a la mañana se recogen colchonetas y costales y se ubican sillas para dar las clases a los chicos que, por fortuna, acompañan a sus maestros también desplazados, a quienes el Consejo Noruego para Refugiados surtió con útiles escolares y libros desde la primera semana de desplazamiento en enero, cuando las autoridades nacionales fueron de visita dejándolos de nuevo solo, apenas con funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Semanas después se dio la captura del Alcalde José Berrío y la angustia acrecentó. Ya nadie en la Alcaldía respondía teléfonos para avisar que se acababa la comida o que estaba llegando más y más gente desplazada a la Casa Indígena, donde el espacio se copó y empezaron los problemas de salud y convivencia. Campesinos e indígenas cocinaban platos que los otros no comían. Sin embargo la solidaridad se impuso y, aún sin instituciones que los apoyaran –además de los abogados del Ministerio Público– solucionaron las diferencias y llegó más alimento.
La Unidad de Víctimas se hizo presente con bonos para comprar alimentos recién el viernes pasado, pues, explican, el deber de atender un desplazamiento le corresponde primero al gobierno de la provincia y a la Alcaldía local. Pero con el Alcalde apresado y las autoridades de la Gobernación de Antioquia tergiversando las cifras y la dimensión del drama, a la gente le tocó solucionar el problema por sí misma. Al inicio, la Gobernación aseguraba que se trataba de tan solo 60 familias. Hoy hacen presencia con el departamento de atención de desastres y por fin convocaron al Ministro del Interior para buscar una solución. A más de un mes de iniciada la crisis humanitaria, acaban de suscribir un Plan de Contingencia, justo después de la alerta de Naciones Unidas que, preocupada por la poca eficiencia en la respuesta del Estado, se pronunció públicamente. La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) también lanzó una alerta por el alza en los homicidios en Cáceres, pero además incluyó los vecinos municipios de Tarazá y Caucasia.
En la Iglesia evangélica y el parque donde pasan las noche otros centenares de desterrados con rostros de cansancio, así como en las esquinas de Cáceres, se palpa el miedo por la amenaza de los grupos armados. En el pueblo las tiendas cierran cuando llega la noche y los religiosos y maestros recomiendan a los forasteros no salir después de las seis de la tarde. “No sabemos quién es quien, esa gente (las bandas armadas) están por ahí como cualquiera haciendo inteligencia y buscándose entre ellos, mirando los albergues de desplazados incluso para llevar información al monte y luego volver a cazar sus presas”, le dice un hombre a este diario solicitando, como todo aquel que abre la boca, que no se diga quién es. Por su parte, un líder social de la zona hace un llamado al gobierno nacional para que su prestación no se limite a la visita de un ministro, sino que tome medidas e implemente procesos eficientes para garantizar la seguridad de la población. “Que nos den garantías de verdad para volver a la casita, mire que lo poco que tenemos, los animalitos, se están muriendo, y la cosecha se va a perder sin meterle mano,” implora. Para el señor, la única forma de sentir seguridad es que las diversas facciones que se están enfrentando hagan un pacto de cesar la confrontación y de respetar a la población civil. Por eso piden la pronta participación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y solicitan también la solidaridad de los vecinos de Bajo Cauca y Medellín para reunir elementos de aseo personal y colchones pues, como la señora que pidió no ser identificada, más de la mitad de las víctimas siguen pasando la noche en el suelo, hacinados, seguramente recordando los momentos más tristes de una guerra que esperaban terminar con los procesos de paz pero que sigue activa como un monstruo que no se muere ni se va, ante el olvido y la ausencia del Estado.

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¿Es en realidad la migración de venezolanos "el problema más serio" de Colombia?

El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, ha asegurado este lunes que su dolor de cabeza más fuerte se lo provoca la migración de venezolanos hacia territorio neogranadino. ¿Cuánto de cierto hay en esa afirmación?

 

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró este lunes que su dolor de cabeza más grave es culpa de su vecino: Venezuela.
En una entrevista en la emisora Blue Radio, el mandatario afirmó que la migración de venezolanos a Colombia "es tal vez el problema más serio" de la nación suramericana. Y de inmediato se mostró dispuesto a recibir dinero de otros países porque "el número de personas que van a ser atendidas crece exponencialmente y ningún Estado tiene la capacidad de absorberlo".


"Hemos enviado misiones a otros sitios, como por ejemplo Turquía, para poder aprender cómo han lidiado ellos con los refugiados sirios", aseveró el mandatario neogranadino. Pero, ¿cómo de dramática es la situación de la migración venezolana para eclipsar el resto de problemas de Colombia?


Más desplazados


El mandatario colombiano ha asegurado que su país no tiene experiencia en refugiados porque jamás ha "vivido ese problema", lo que ha obligado a sus autoridades a viajar a Turquía para aprender cómo se lidia con la situación. La afirmación resulta sorprendente cuando se constata que Colombia es país del mundo con mayor cantidad de desplazados internos, con 7,4 millones de personas, según la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas (ONU). El 'ranking' lo sigue Siria con 6,3 millones.


En Venezuela residen más de cinco millones de colombianos. La mayoría de ellos migró a territorio venezolano desde la década de 1960 para huir del conflicto armado que asoló al país durante más de medio siglo y que ahora, a pesar de haberse firmado un acuerdo de paz con la guerrilla, ha mutado en otras formas de violencia.


Relación migratoria


Un informe del Gobierno colombiano publicado a finales del año pasado detallaba que hay 550.000 ciudadanos venezolanos en el país neogranadino. Sin embargo, solo 50.000 posee cédula de residencia. Los flujos, además, son variados: unos forman parte de migración pendular en la frontera (entran y salen sin permanecer en el país), otros están en condición irregular y un último grupo solo lo usa de tránsito hacia una tercera nación.


En el documento se precisa que cerca del 40% de las personas que ingresan por la frontera colombiana "son portadores de la doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos".


Es decir, del total de inmigrantes que cruzan hacia Colombia desde Venezuela, el 70% tiene derecho a transitar porque tiene nacionalidad colombiana. Más que una diáspora foránea, podría hablarse de un 'retorno' de colombianos a su país.


Economía de frontera


Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros. Esa costura imaginaria ha sufrido cambios significativos por el intenso flujo de personas, bienes y hasta problemas comunes.


Colombia, al ser el primer productor de cocaína del mundo, ha utilizado históricamente el territorio venezolano como "corredor" de rutas para el narcotráfico, mientras que Venezuela —con la gasolina más económica del globo y laxitud en el control de sus fronteras— es presa fácil para el contrabando de extracción de combustible hacia el país vecino.


Esa situación, aunada a la extracción de alimentos subsidiados por el Ejecutivo venezolano, la acción de grupos al margen de la ley y las distorsiones cambiarias que condujeron a la depreciación del bolívar, llevaron al presidente Nicolás Maduro a restringir el paso para intentar contener esos fenómenos. La situación aún no se ha regularizado.


"Enemigo externo"


Las tensiones entre Caracas y Bogotá han vuelto a su punto más crítico en meses luego de que Santos descalificara al Gobierno de Maduro y asegurara que había que "restaurar el cauce democrático" en Venezuela durante su reunión con el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson.


El Gobierno venezolano denunció que detrás de esas declaraciones y el llamado a "aceptar ayuda humanitaria" de Colombia y la "comunidad internacional" estaba el deseo de propiciar una "invasión militar" comandada por Washington. El tono de las declaraciones se hace a las puertas de una reelección presidencial en ambos países.


Santos afirmó este lunes que el Gobierno venezolano utiliza "el fantasma de la agresión externa para reprimir internamente" y destacó que "el punto más crítico de la relación" entre Caracas y Bogotá fue cuando el presidente Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente. A juicio del mandatario colombiano, aunque refrendada mediante el voto, esta es solo "la protocolización de una república democrática al estilo de la Unión Soviética", refiere Panorama.


Las declaraciones de Santos se producen justo cuando su popularidad no supera el 15% y el proceso de paz peligra por el asesinato sistemático de líderes sociales, el golpe a las circunscripciones de paz y los atentados del ELN. Según información publicada por los medios locales, Colombia mantiene el primer lugar como productor de cocaína del mundo y el segundo puesto como el más desigual de América Latina; y está a la cabeza en abstención electoral por la desconfianza en el sistema democrático. Resulta curioso que el "problema más serio" de ese país sea, según su presidente, la migración venezolana.

 

Publicado: 20 feb 2018 17:45 GMT

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