El agente especial James J. Hunt, en su despacho, en Nueva York. FERNANDO ALONSO

 

El agente especial alerta de que interceptan en Nueva York 10 veces más heroína que hace siete u ocho años. La ciudad es "el gran hub" en Estados Unidos

 

El agente especial James J. Hunt, a cargo de la Agencia Antidroga de Nueva York (la DEA, en sus siglas en inglés), es un veterano en la batalla. Policía neoyorquino desde el 82 y formado en la academia de Quantico, ingresó a la agencia en el 85. A lo largo de su carrera, ha visto pasar el negocio de la droga de manos de la mafia a los cárteles de Colombia y México. Ha asistido a la caída de las familias italianas y de los reyes del narcotráfico. Cuando Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue extraditado, Hunt y sus hombres le esperaban en el aeropuerto. Pero nada de eso bastará, dice, mientras que haya demanda. Desde su despacho en el sur de Manhattan, aborda la epidemia de opiáceos que castiga a Estados Unidos y reconoce que Nueva York es el gran hub de la heroína del país. Evita pronunciarse, sin embargo, sobre el polémico proyecto de Donald Trump de construir un muro en la frontera mexicana.

 

Pregunta. Sabemos los nombres de esos narcos que controlan el tráfico de heroína desde México. ¿Pero quiénes llevan el negocio aquí?

Respuesta. Ha cambiado. Hace 40 años, la mafia traía la heroína de Europa, de Sicilia o de Turquía, y la vendía a traficantes afroamericanos, como Nicky Barnes o Frank Matthews, e hispanos. En Nueva York, sobre todo puertorriqueños. La mafia fue expulsada cuando los colombianos empezaron a producir heroína, sobre los 80 y los 90, porque bajaron el precio hasta alrededor de la mitad. Los colombianos la suministraban y en la calle la vendían pandillas dominicanas. Pero hace unos 15 años, los colombianos sufrieron un buen revés de la justicia y todos aquellos nombres, Ochoa, Escobar, Gacha... Todos están muertos o en la cárcel. Así que los colombianos listos decidieron que, en lugar de lidiar con los estadounidenses, sería mejor vender su mercancía a los mexicanos. Eso ocurrió en Nueva York y sobre todo en el corredor Este. Pero los mexicanos no están en la calle, ellos negocian con los dominicanos.

P. ¿Ya no interviene la mafia?

R. No pueden competir en precio. La mafia cobraba unos 200.000 dólares por kilo y los dominicanos están comprando esos kilos a los mexicanos por 60.000, 50.000 o 70.000 dólares. Antes todas las familias italianas estaban en eso. Los Bonano seguramente eran los principales y tenían una facción siciliana, gente no nacida en EE UU. Tenían las conexiones con Sicilia y Turquía. Pero desde la Pizza Connection [un famoso juicio de 1985 a una empresa mafiosa que distribuía droga] han sido casos esporádicos. Y nada comparado con los mexicanos. Hace unos años encerramos a un tipo de la mafia, Gene Gotti, que es el hermano de John Gotti, y estaba comerciando con cuatro o cinco kilos. Y era uno de los tipos grandes... Los dominicanos están moviendo entregas de 60 kilos.

P. ¿Y cuáles son los grandes nombres en Nueva York?

R. No hay una jerarquía como en las mafias, con un jefe, unos capitanes y unos soldados. Los traficantes dominicanos están muy fragmentados y negocian con los narcos mexicanos a nivel individual. Allí sí tienen esa estructura más o menos formal [de cárteles].

P. Eso les hace más débiles, en teoría, pero también más escurridizos.

R. Sí, porque no tienen esa estructura. Con la mafia en Nueva York solo tenías que sentarte delante de un club en Bensonhurst o la Avenida Pleasant y veías a todos los miembros de la familia, porque todos debían ir a despachar con el jefe de la familia una vez por semana, eran muy visibles. Ahora es más difícil. Además, muchos no son estadounidenses.

P. ¿Cómo se han construido esas redes?

R. Hace un tiempo arrestamos en el Bronx a tres traficantes dominicanos, les incautamos cuatro millones de dólares en efectivo y tres kilos de heroína. El dinero se iba de vuelta a México, a cambio de la heroína. Es un buen ejemplo de cómo funciona: me das un par de kilos de heroína y yo te envío el dinero de vuelta, la próxima vez te doy cuatro y haces igual, y así vas creando una confianza hasta que montas una estructura que crece exponencialmente. Nunca empiezas de golpe con 50 kilos.

P. Nueva York es un punto especialmente caliente.

R. Nueva York es el hub de la heroína en Estados Unidos. Se intercepta más aquí que en ningún otro sitio, de lejos, una tercera parte del total.

P. ¿Cuál es la principal vía de entrada? ¿El puerto?

R. Ya no llega tanta a través por ahí como antes. Los mexicanos no necesitan transportarla por barco, como los colombianos, la pueden pasar a través de la frontera. Miles de tráilers la cruzan cada día y ellos los usan. Ocurre lo mismo con el dinero. Una vez sabíamos que uno llevaba carga, pero lo habían escondido en el eje, así que nos llevó como un día y medio encontrarlo. En otra ocasión encontramos cuatro millones de dólares que estaban enviando a México dentro muebles, unos muebles que se habían fabricado especialmente con compartimentos secretos. También hemos descubierto muchos túneles.

P. ¿Cómo es la colaboración con las autoridades mexicanas?

R. Muy buena, trabajamos estrechamente. Han recorrido un gran camino, han avanzado mucho en la lucha contra los narcóticos. No tendríamos al Chapo si no fuera por sus fuerzas de seguridad y su Gobierno. Allí nosotros tenemos a gente, pero no somos una fuerza de seguridad.

P. También hay un gran flujo de armas ilegales en dirección a México.

R. Los tipos malos necesitan armas. En Estados Unidos tenemos muchas, muchas empresas que las fabrican y estos traficantes quieren tantas como puedan conseguir. Depende del estado en el que estés, es fácil comprarlas. Así que es una relación complementaria. Los de Nueva York son tipos que suelen ir a las Carolinas o a Virginia, hacen que vaya gente allí y se las compren.

P. ¿Cómo ha vivido en la DEA este boom de la heroína?

R. En Nueva York estamos interceptando 10 veces más heroína que hace siete u ocho años. Si me hubieran dicho entonces que cogeríamos tanta no me lo hubiera creído. Desde 2009 se ha ido duplicando cada año. El problema es que hay una gran población de adictos, y ese es nuestro reto, porque la heroína no tiene un valor intrínseco, no es como el oro. Si no tienes a quién vendérsela, solo es un montón de polvo. Puedes detener a hombres como El Chapo, pero mientras haya demanda, tendrás el problema. Hay que conseguir que las nuevas generaciones no prueben la heroína. Hay gente que prueba la cocaína, o la marihuana, luego madura, encuentra un trabajo y no lo vuelve a hacer. Pero la heroína toma todo tu cuerpo y tu alma.

 

 

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La guerra contra las drogas es la verdadera culpable

 

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

El 1 de julio de 2001, Portugal promulgó una ley que despenalizaba las drogas. Según esta ley, nadie puede ser detenido ni fichado por tenencia o consumo de narcóticos. Ni el consumo ni la posesión de drogas se considera un delito. En cambio, los usuarios pueden acceder a asesores y terapeutas que les ofrecen distintas opciones de tratamiento.

En 2008, siete años después de la aprobación de la ley, viajamos a Lisboa para estudiar sus efectos y elaborar uno de los primeros informes globales sobre esta política, que fue publicado por el Instituto Cato. Las conclusiones fueron claras y sorprendentes: este cambio radical en la legislación sobre drogas había obtenido un éxito substancial e innegable.

Mientras en la década de los noventa, Portugal (como la mayor parte de los países occidentales) se consumía debido a las muertes por sobredosis y a la por violencia y las enfermedades relacionadas con las drogas, cuando dejó de perseguir y tratar como delincuentes a los consumidores, alcanzó una de las primeras posiciones de todo tipo de estadísticas positivas. Estos resultados ofrecían un agudo contraste con los de los países que seguían usando el enfoque de la criminalización: cuantos más adictos detenían y más se insistía en la “guerra contra la drogas”, más empeoraban los problemas derivados de ella.

Con todo el dinero derrochado por Portugal en la persecución y detención de los consumidores de drogas ahora disponible para programas de tratamiento, y habiendo trocado el gobierno el miedo por la confianza, los que habían sido consumidores impenitentes empezaron a superar su adicción y a recobrar la salud, y los mensajes contra las drogas del gobierno empezaron a escucharse. El aumento previsto en los índices de toxicomanía nunca se llegó a producirse y, en algunas categorías demográficas, de hecho se redujo. El estudio de 2009 concluía que “los datos muestran que el modelo de despenalización de Portugal ha sido un éxito rotundo en prácticamente todas las variables”.

Durante el fin de semana, el enviado especial en Lisboa del New York Times, Nicholas Kristoff, revisó estas estadísticas, ahora más abundantes e incuestionables incluso que en 2009. Sus conclusiones fueron todavía más rotundas que las del informe Cato ocho años antes: Portugal había demostrado definitivamente lo ineficaz, irracional y contraproducente que es la prohibición de las drogas.

Esta conclusión se basa en el éxito absoluto obtenido por Portugal al descriminalizarlas, si se comparan sus datos con los trágicos fracasos de países como Estados Unidos y Brasil que continúan considerando la adicción como un problema moral y un delito más que como un problema de salud. Kristoff escribe:

“Después de más de 15 años de experiencia, es evidente qué enfoque funcionó mejor. El programa de narcóticos estadounidense ha fracasado espectacularmente y el país ha tenido tantas muertes por sobredosis (unas 64.000) como las que produjeron las guerras de Vietnam, Afganistán e Irak todas juntas.

Por el contrario, Portugal parece estar ganando la guerra contra las drogas, dándola por finalizada. En la actualidad, el Ministerio de Sanidad estima en unos 25.000 la cifra de consumidores de heroína en el país Cuando se inició el programa eran 100.00.

La cifra de muertos por sobredosis se desplomó más de un 85 por ciento antes de ascender ligeramente a consecuencia de la crisis económica de los últimos años. A pesar de ello, la tasa de mortalidad por drogas de Portugal es la más baja de los países de Europa Occidental: una décima parte de la británica o la danesa y alrededor de una quinceava parte de los datos más recientes en EE.UU.

Kristoff da una explicación a este triunfo: “Es incomparablemente más barato tratar a las personas que encarcelarlas”. Pero hay otras razones, incluyendo el hecho de que las iniciativas para persuadir a los adictos de someterse a una terapia “son mucho más sencillas cuando el consumo está despenalizado, porque ya no temen que les detengan”.

Pero tal vez la prueba más contundente del éxito portugués no sean los datos empíricos, sino la realidad política: a pesar de que la ley resultó muy polémica cuando fue aprobada hace 16 años, ahora apenas hay grupos políticos que promuevan su derogación o aboguen por una prohibición del consumo.

Esta evidencia es de crucial importancia para los ciudadanos de cualquier país que siga considerando a los consumidores y adictos como delincuentes. Es totalmente inadmisible romper las familias, obligar a los hijos a estar separados de los padres recluidos en prisión y convertir a los toxicómanos en delincuentes no aptos para el trabajo, cuando los datos demuestran que dichas políticas logran los resultados opuestos a los que pretenden.

Pero, cuestiones morales aparte, la violencia relacionada con las drogas que está arrasando Brasil, y en concreto la terrible guerra que está devorando la favela de Río de Janeiro Rocinha –apenas unas semanas después de que se declarara su “pacificación”– subrayan la importancia y la urgencia de que los brasileños y los ciudadanos de cualquier país consideren el tema (¿?). Brasil ha sido testigo de repetidos estallidos de gran violencia en las favelas de sus mayores ciudades, muchas de las cuales llevan tiempo gobernadas por bandas de narcotraficantes bien armadas. Pero la guerra de la pasada semana [18-24 de septiembre] en Rocinha (y eso es exactamente: una guerra), favela situada en mitad de la Zona Sul de Río, barrio de moda, ha sido particularmente impactante.

Las bandas rivales han “invadido” la favela y han mantenido una guerra abierta por el control del narcotráfico, forzando al cierre de las escuelas, a que los residentes se refugiaran en sus casas y a que las tiendas permanecieran cerradas. Tal y como informó Misha Glenny en The Intercept, “la causa inmediata de la violencia es la continua lucha entre facciones e incluso entre miembros de la misma facción”, pero la violencia presagia una guerra general por el control del comercio de drogas.

Cuando nos enfrentamos a la violencia relacionada con las drogas, existe la tentación de agarrarse a la solución aparentemente más sencilla: intensificación de la guerra, más arrestos de traficantes y de adictos, más policía y más prohibición.

Quienes propugnan este enfoque quieren que la gente se trague una secuencia lógica bastante simplona: la causa de los problemas relacionados con las drogas, como la violencia de las bandas de narcotraficantes, son las drogas. Por tanto, debemos eliminar las drogas. Por tanto, cuantos más problemas tengamos por las drogas, más empeño ponemos en deshacernos de ellas y de quienes las venden y las consumen.

Pero esta mentalidad se basa en una trágica y evidente falacia: que la guerra contra las drogas y su criminalización conseguirá eliminarlas o, al menos, reducir su disponibilidad. No obstante, décadas de fracasos demuestran la falsedad de esta hipótesis; más bien se produce el efecto contrario. Como en Estados Unidos, en Brasil existen cientos de miles de ciudadanos encarcelados por delitos relacionados con las drogas –la mayor parte de ellos, pobres y no blancos– y, aún así, el problema no ha hecho sino empeorar. Cualquier persona con un mínimo de sensatez tendría que admitir que este razonamiento es falso.

Apoyar una política fracasada con la esperanza de que algún día funcione por arte de magia es irracional por definición. En el caso de las leyes sobre drogas ­que generan miseria y sufrimiento, no solo es irracional sino cruel.

Un informe de 2011 del Comité Global de Política Antidrogas (que incluye a múltiples líderes mundiales entre los que están el exsecretario general de la ONU Kofi Annan y el expresidente de Brasil Henrique Cardoso) estudió todas las pruebas relevantes y fue muy claro: “La guerra global contra las drogas ha fracasado y ha provocado consecuencias devastadoras para individuos y sociedades de todo el mundo”.

El dato primordial de esta conclusión es de vital importancia. La causa fundamental de todas las patologías relacionadas con las drogas –en particular la violencia entre bandas del tipo que ahora devasta Rocinha– no son las propias drogas, sino la política de criminalización de las mismas y la guerra librada en su nombre.

La propia naturaleza de las drogas –su pequeño tamaño, la facilidad para traficar con ellas, el atractivo que tienen para los humanos– supone que nunca podrán ser eliminadas o reducidas significativamente mediante la fuerza. Únicamente los cambios en el comportamiento humano, que pueden producirse mediante el tratamiento prolongado y profesional, pueden promover esta mejora. El único resultado de la criminalización de las drogas, aparte del enorme despilfarro humano y financiero que supone encerrar a los adictos, es el aumento del poder y el enriquecimiento de las bandas de narcotráfico, al asegurarles que los beneficios que reporta la venta de un producto ilegal sigan siendo irresistiblemente elevados.

Por ese motivo, los más fervientes adversarios de la legalización o descriminalización son las propias bandas de narcotráfico. Nada conseguiría eliminar el poder de las bandas (como las que se enfrentan en Rocinha) tan rápida y radicalmente como la despenalización de las drogas. Los traficantes, como buenos empresarios que son, lo saben bien.

En 2016, el periodista Johann Hari, autor de uno de los libros más influyentes sobre adicción a las drogas, escribió un artículo en el Huffington Post titulado: “Lo único a lo que tienen miedo las bandas y los cárteles de las drogas es a la legalización”. En sus propias palabras:

“Cuando se penaliza una droga que cuenta con un gran mercado, esta no desaparece. El comercio, simplemente, se desplaza de los locales autorizados, las farmacias y los doctores a las bandas armadas de delincuentes. Con el fin de proteger su parcela y sus rutas de abastecimiento, dichas bandas se pertrechan y matan a cualquiera que se cruce en su camino. Se puede ver cualquier día en las calles de los barrios pobres de Londres o Los Ángeles, donde las bandas de adolescentes se apuñalan o disparan para conservar el control de un producto que ofrece márgenes de 3.000 por ciento de beneficios.

Hay una analogía histórica perfecta que demuestra este punto: la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años veinte. La ilegalización del alcohol no provocó su desaparición. Lo único que cambió fue el control de su venta y distribución: de la tienda de comestibles de la esquina a las bandas violentas del tipo a la que hizo famoso a Al Capone.

Es decir, la ilegalización del alcohol no hizo que la gente dejara de consumirlo. Lo que hizo fue aumentar el poder de las bandas del crimen organizado, capaces de hacer cualquier cosa o matar a cualquiera para proteger los enormes beneficios obtenidos por su venta.

Lo que finalmente acabó con esas peligrosas bandas de la prohibición no fue la policía ni la reclusión de los comerciantes o consumidores ilegales; durante la prohibición, cuando las bandas no podían sobornar a la policía, la disparaban. Lo que acabó con ellas fue la legalización del alcohol. Al regularizar su venta, el fin de la prohibición restó relevancia a las bandas, y estas desaparecieron.

Las bandas del narcotráfico no temen la guerra contra las drogas sino todo lo contrario. Como señala Hari, les encanta. Es la criminalización lo que hace su comercio tan rentable. Hari cita a un veterano agente antinarcóticos de Estados Unidos: “En la grabación encubierta de una conversación, el máximo jefe de uno de los cárteles, Jorge Román, se mostraba agradecido por la guerra contra las drogas y la calificaba de ‘una farsa montada de cara al contribuyente estadounidense´ que resultaba en realidad ‘buena para los negocios´.

En 2015, Danielle Allen, una teórica política de la Universidad de Harvard, escribió una columna de opinión en el Washington Post titulada “Por qué la guerra contra las drogas genera violencia”. En ella explicaba que una de las principales razones para despenalizar las drogas era el hecho de que su combate producía crímenes violentos, lo que a su vez aumentaba la cifra de reclusos y generaba otras consecuencias sociales indeseadas”. Según ella: “Es imposible interrumpir el manejo de 100.000 millones de dólares de un producto ilegal sin llevar a cabo un montón de operaciones armadas y homicidios. Esto debería ser fácil de entender o defender”.

¿Por qué Rocinha está llena de armas y controlada por bandas capaces de actuar con tanta violencia? ¿Cómo puede un influyente político brasileño, relacionado con algunas de las figuras más poderosas del país, contratar a un piloto previamente detenido por transportar un alijo de cocaína valorado en millones de dólares en un helicóptero propiedad de dicho político, y todo ello sin que nadie tenga que rendir cuentas?

La respuesta es evidente: porque las leyes que ilegalizan las drogas garantizan que el tráfico sea una actividad extremadamente rentable, lo que a su vez permite a las bandas del crimen organizado armarse y asesinar para mantener el control. Es lógico que Rocinha, situada en medio de la Zona Sul y con salidas fáciles, se convierta en un refugio de la droga para turistas ricos, profesionales de clase media y adictos empobrecidos. Las enormes sumas de beneficios que procura la guerra contra las drogas aseguran que las fuerzas de policía no solo estén pobremente armadas sino también que sean tan corruptas que sus acciones fracasen inevitablemente.

Ahora ya es indudable que es la propia guerra contra las drogas la que provoca la continua violencia relacionada con las drogas.

Si le horroriza la violencia que se ha adueñado de Rocinha o de lugares similares en el resto del mundo, lo último que debería hacer es respaldar nuevos programas que alimenten la violencia: a saber, la criminalización y la guerra contra las drogas. Hacerlo es como quejarse del cáncer y animar a la gente a fumar. Las estadísticas con las que contamos son suficientes para afirmar que quienes respaldan la actual criminalización son cómplices de esta violencia relacionada con las drogas y los problemas de adicción y sobredosis que conllevan.

Puede parecer ligeramente paradójico a primera vista, pero los datos no dejan lugar a dudas: la única manera de evitar violencia como la de Rocinha es la despenalización total de las drogas. Ya no es necesario que sigamos especulando sobre el tema. Gracias a Portugal, los resultados están ahí; y no podían ser más claros.

 

Glenn Greenwald es cofundador de The Intercept y veterano periodista e investigación, ganador de múltiples premios y difusor de las filtraciones de Snowden por todo el mundo.

David Miranda está casado con el anterior y es concejal del Ayuntamiento de Río de Janeiro.

 

Fuente:https://theintercept.com/2017/09/26/brazils-latest-outbreak-of-drug-gang-violence-highlights-the-real-culprit-the-war-on-drugs/

 

El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se nombre a sus autores, a su traductor y Rebelión como fuente de la traducción

 

 

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Domingo, 01 Octubre 2017 09:28

El retrato de una realidad permanente

Vigilancia policial y militar en la Rocinha esta semana.

 

Tras la invasión narco a la favela Rocinha, llegaron los militares en Brasil

Durante toda la semana de ocupación, y pese a los tiroteos, un único ramo de comercio no fue interrumpido: la venta de drogas, que no cesó. Cuando la tensión produce tiroteos, vienen las fuerzas armadas, se quedan un ratito y se van.

 

En la madrugada del domingo 17 de septiembre, un grupo de entre 60 y 90 hombres invadió la Rocinha, la más poblada y famosa favela de Río de Janeiro. Era un intento de retomar el control del muy lucrativo tráfico de drogas de la comunidad implantada en plena zona sur de la ciudad, donde viven los ricos más ricos. Lo que pasó a continuación fue algo muy semejante a una guerra civil en miniatura. Durante seis días con sus seis noches, frente a fuerzas de seguridad absolutamente inertes – hay escenas de grupos armados de fusiles y ametralladoras poderosas desfilando delante de policiales mal armados, mal preparados, mal pagados y frecuentemente corruptos – la Rocinha vivió momentos de horror.

Al mediar la tarde del viernes día 22 las fuerzas militares empezaron a ocupar la favela. Llegaron los blindados, los vehículos cargados de casi mil soldados subieron por las calles hasta donde ellas llegan. Lo que viene después es una intrincada red de callejones que se van estrechando hasta transformarse en pasillos. Todo un espectáculo, por cierto. Mientras duró la guerra entre los dos bandos de traficantes todo –todo– cerró en la favela habitada por al menos 80 mil personas: escuelas, comercio, puestos de salud, todo.

Algunos de los barrios más nobles de Río de Janeiro – San Conrado, Gávea, Jardin Botánico y Leblon, el metro cuadrado más caro de América Latina – vivieron en alarma permanente, con pavor de que sus calles fuesen escenario de tiroteos. Es que los traficantes son conocedores absolutos de la región de cerros cubiertos por la Floresta da Tijuca, una de las mayores matas urbanas del mundo. Saben cómo usar y cómo ocultarse en todas las trillas ocultas por árboles inmensos que unen la Rocinha al resto de la ciudad, especialmente los barrios limítrofes.

Los hombres del Ejército y la Marina se quedaron en la favela hasta el viernes 29. En esa semana hubo tiroteos intensos, algunos con más de media hora de duración. Resultado final del operativo: fueron aprehendidos 25 fusiles, 14 granadas, siete bombas caseras. Cuatro traficantes fueron muertos, otros 26 detenidos, de los cuales dos menores.

¿Qué cambió? Bueno, durante los días en que las tropas ocuparon la Rocinha se supo que “Rodrigo 157”, el narco que traicionó a su jefe – quien, por cierto, está en un presidio de seguridad máxima a miles de kilómetros de distancia pero aun así ordenó a sus aliados que habían sido expulsados de la región que la ocupasen para recuperar el negocio – y luego resistió a la invasión, había buscado abrigo en otra favela en otro extremo de la ciudad. Salen los del Ejército y la Marina, vuelve la tropa de elite de la Policía Militar. Si Rodrigo vuelve, las fuerzas armadas volverán, dijo el ministro de Defensa Raúl Jungmann. Pero, ¿dónde está Rodrigo? Nadie sabe. Lo más probable es que ya esté de regreso a su feudo.

Durante toda la semana de ocupación, y pese a los tiroteos, un único ramo de comercio no fue interrumpido: la venta de drogas no cesó. En volumen considerablemente menor, por cierto. Pero siguió. Los habitantes de la Rocinha vuelven, pues, al cotidiano: dominados por un traficante autoritario y violento, que además de extorsionarlos a cada tanto implanta el toque de queda en vastas áreas de la favela y que, cuando contrariado, no duda en ordenar puniciones que van de la amputación al estupro, llegando a sesiones de tortura o directamente al asesinato.

Un cotidiano, a propósito, que se repite –a veces de manera más perversa– en casi todas las favela’s de la región metropolitana de Río. La Rocinha, sin embargo, es diferente: está implantada en una región de espeluznante belleza natural. Y si otros barrios de clase media conviven con comunidades pobres con presencia de traficantes, la Rocinha colinda con zonas especialmente nobles de la ciudad. Un estudio conjunto de los servicios de inteligencia de las policías de Río, tanto la civil como la militar, y de las Fuerzas Armadas indica que existen en la región metropolitana 1.025 favela’s, y que el narcotráfico está instalado en 850 de ellas.

Además de los narcos, también están los ‘milicianos’, brigadas formadas por policías de ambas agrupaciones y hasta por bomberos. Los ‘milicianos’ rivalizan con los narcos en los abusos y excesos. Algunas favela’s son aisladas de otras, como la Rocinha, o agrupadas en comunidades, que son doce. Y nueve de ellas – las más pobladas– están directamente bajo control de los narcos (principalmente las que escurren de los cerros) o de los ‘milicianos’ (las horizontales, o sea, instaladas en terreno plano, como la Ciudad de Dios). Las más miserables están en la zona oeste o norte de la ciudad. Son también las más violentas.

Hace algunos años, el entonces gobernador de Río, Sergio Cabral, actualmente residiendo en un presidio y condenado (por ahora) a más de 40 años de cárcel por haber comandado un esquema de corrupción que se extendió por toda la administración y se hizo con al menos 200 millones de dólares, implantó las UPP’s (Unidad de Policía Pacificadora). El proyecto era ambicioso: además de ‘pacificar’, o sea, expulsar a los narcos, habría toda una amplia oferta de servicios como escuelas, cuadras deportivas, centros culturales, puestos de salud, escuelas. Lo que efectivamente hubo fue la ocupación de las favela’s por policiales militares. Todo lo demás quedó en promesa. Con el tiempo, los mismos policías pasaron a ser atraídos por los narcos, a base de soborno o amenaza.

Con la virtual quiebra de Río, todo se vino abajo. La violencia urbana de multiplicó por toda la ciudad, y en las favela’s el cuadro es de desesperanza. Líderes comunitarios repiten, en unísono, especialmente en las favela’s más pobres, que la tendencia es empeorar. Los más destacados estudiosos del cuadro coinciden en el desánimo. Para el sociólogo Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la universidad provincial de Río, a corto plazo todo lo que se puede esperar son intentos puntuales para parar los tiroteos. La socióloga Julita Lemgruber camina por la misma senda. Ella critica la opción de tratar la venta de drogas por la vía de la violencia, sin ninguna otra preocupación por cambiar la realidad de las comunidades.

Cuando la tensión produce tiroteos vienen las Fuerzas Armadas, se quedan un ratito y se van. Y la gente de las favela’s vuelve a su cotidiano de opresión y miedo. Si es así, ¿por qué tanto barullo por lo ocurrido en la Rocinha? La conclusión es una y una sola: porque está enclavada entre los ricos más ricos. Los que les tienen pavor a los pobres más pobres.

 

 

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Estados Unidos y el uso problemático de las drogas: De la paja en el ojo ajeno a la viga descomunal

El tema de la coca, su persistente sembrado en nuestro país y la problemática de salud que registran los Estados Unidos por el consumo de opioides, vuelve a primer plano. Aunque las cifras confirman que en el consumo de cocaína no está la explicación de tal problemática, todo parece indicar que su potencial geopolítico no será desaprovechado por el gobierno de Trump.

 

El incremento tanto del uso de cocaína como las muertes por sobredosis en Estados Unidos (EU) fue la conexión interna que William Brownfield estableció luego de denunciar el fuerte aumento del número de hectáreas de coca (130%) y del potencial de producción de cocaína (200%) de Colombia. Brownfield es el Secretario de Estado para Asuntos de Narcóticos y Cumplimiento de la ley de EU y expuso su argumento en una audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores en el Hemisferio Occidental sobre Asuntos de Crimen Transnacional, Seguridad Ciudadana, Democracia, Derechos Humanos y temas relacionados con la Mujer a nivel Global el pasado 2 de agosto de 2017. Este Subcomité es presidido por Marco Rubio, connotado senador conservador de la Florida.


La narrativa sobre drogas del funcionario establece una correlación entre producción colombiana y comportamiento de la demanda dentro de EU en razón a que el 90 por ciento de la cocaína incautada por la Drug Enforcement Administration DEA proviene de Colombia. El subsecretario guardó absoluto silencio sobre la intermediación de esa cocaína en manos de narcotraficantes mexicanos, cuya capacidad de traspaso fronterizo y distribución en el interior de EU crece vertiginosamente, sobre todo en la costa oeste, para luego ser distribuida hacia diferentes puntos del mercado interno. Esta intermediación compromete redes complejas de contactos, puntos seguros intermedios, corrupción extendida sobre todo en Centroamérica y el Caribe y en la misma frontera con México. Obviando este entramado, Brownfield sólo estableció una correlación entre cultivos de coca en Colombia y consumo de cocaína.


El argumento del consumo interno


Según informes de la DEA, la disponibilidad de cocaína en los EU se mantiene por debajo de los niveles de 2006. De acuerdo con indagaciones de las 21 oficinas regionales de campo (DEA Field Divisions Report) sólo en 5 lugares se reporta un incremento en el primer semestre de 2015 (Houston, New York, Philadelphia, Phoenix, y Washington) y comparado con el segundo semestre de 2014, solo una División (Dallas) de las 21, reporta una mayor disponibilidad de cocaína.Las 20 restantes señalan que ha sido estable.


Desde el punto de vista de precios y pureza de la cocaína, el contexto nacional refleja una situación sostenida de incrementos de precios hasta posicionarse en un alto nivel (149% entre enero de 2007 y marzo de 2015, es decir de US$98 a US$244 dólares por gramo) y una pureza que decreció en 35 por ciento al pasar de 67.1 por ciento a 43.6 por ciento en este período. Cabe recordar que la estrategia de reducción de la oferta que actualmente predomina en el contexto global busca, como efecto, generar precios altos y baja pureza como dos indicadores clave que disuadirían a los usuarios del uso de este y demás psicoactivos prohibidos. (Véase gráfico Nº1).

 


Tampoco los registros sobre casos de emergencia hospitalaria por uso de cocaína dan cuenta de una situación epidémica, sino todo lo contrario. Si se observa el gráfico Nº 2 puede apreciarse que el uso de cocaína es cada vez mejor manejado evitando estados de emergencia por sobredosis y que sus estados de salud puedan alterarse con gravedad tal como sucedía, por ejemplo en 2006, cuando se alcanza uno de los picos más altos de atención hospitalaria para este psicoactivo.


Es probable que esta situación se deba también a la pérdida de peso del consumo adictivo que prevaleció desde finales de los años ochenta e inicios de los noventa, cuando se generalizó la demanda de crack y una cocaína mal manejada que produjo daños en la salud, demanda que era sostenida por una generación de adictos y presidiarios y el surgimiento de nuevos usuarios ocasionales.


A modo de síntesis, tomando indicadores de disponibilidad, precio, pureza y contextos de emergencia hospitalaria por uso de cocaína, no existe en absoluto una situación que rompa abruptamente las tendencias, relativamente estables, de media y larga duración, que muestran las estadísticas que evalúan con detalle el comportamiento de esa sustancia en EU.


El problema de uso de drogas en EU mayor impacto


Estados Unidos presenta una realidad muy compleja en materia de uso problemático de algunas sustancias y en primer lugar de opioides tanto ilícitos como legales. El indicador de alarma son las muertes por sobredosis que han crecido dramáticamente entre 2000 y 2014. De manera muy sintética pueden observarse tres contextos donde se presenta una fuerte demanda de atención hospitalaria de emergencia por uso de opioides, escenarios todos interrelacionados: en primer lugar, un incremento exponencial del uso de heroína que creció sobre todo entre 2013 y 2014, generando casos de emergencia hospitalaria. En segundo lugar, un complejísimo problema de desviación de opioides con prescripción médica(POD por sus siglas en inglés) que también ha disparado los servicios de atención médica y, finalmente, una dramática situación de incremento del uso de heroína u opioides con cocaína, conocido como speedball, generando una mezcla letal y que ha incrementado el peligro de muerte de sus usuarios.


En el primer escenario (ver gráfico Nº3), se presenta un repunte en el número de usuarios sobre todo entre 2013 y 2014. Puede decirse que es una tendencia creciente desde 2002, confirmada por las cifras que muestran un incremento de 1.6 por 1.000 personas a 2.6 por 1.000 (1).

 

 


Al contrastar ese devenir con casos de emergencia hospitalaria, el problema de la heroína crece en la zona del Nor-Este específicamente en Nueva Inglaterra (Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut), con un aumento sobre todo en la población hispana y blanca así como para esta última en el medio Atlántico (Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey). En la parte central del Nor-Este se observa un incremento sobre todo en la población negra. En este caso, especialistas creen que hay una correlación entre el auge de la demanda opioides con prescripción (POD por sus siglas en inglés) y el uso exponencial de heroína.


En el caso del segundo escenario, la desviación de los POD con un uso problemático se torna dramático en la región del Atlántico Sur pero sobre todo en el Sur Este Central (Estados de Kentucky, Tennessi, Misisipi y Alabama) con una dramática afectación de población blanca, generalmente desempleada y empobrecida. En las estadísticas sobre las sustancias con prescripción aunque fuertemente controladas se encuentran 5 opioides (narcóticos) y dos drogas estimulantes sintéticas (2). De acuerdo con el Instituto sobre Abuso de Drogas, más de 90 estadounidenses mueren cada día por sobredosis de opiáceos, calificando el problema como una crisis de salud pública (3). Este escenario compromete seriamente las grandes empresas distribuidoras de medicamentos en EU.
Finalmente, en el tercer escenario reaparece un contraste muy fuerte: las muertes por sobredosis de cocaína en donde no se involucran opioides se incrementaron de 0.37 a 0.91 por 100.000 habitantes desde el 2000 al 2006 y luego declinaron a 0.78 por cien mil en el 2015 (4).


De otro lado, las muertes por sobredosis de uso de opioides en donde se combinó cocaína se incrementó de 0.37 a 0.91 entre el 2000 y 2006, declinó luego en el 2010 a 0.57 pero luego se disparó en 2015 a 1.36 contribuyendo a configurar una situación que junto con la explosión del opioide sintético Fentanyl y la desviación de las POD (véase gráfico Nº4), prende las alarmas y lleva incluso a que la presidencia declare una “emergencia nacional” por epidemia de heroína (5).

 

 

Esta información ratifica los hallazgos de la DEA y muestra el fuerte contraste entre la magnitud de las emergencias hospitalarias por uso de heroína y la fuerte reducción que se observa en el caso del uso de cocaína sin otros aditivos que pueden hacerla muy riesgosa (véase gráfico Nº 5).

 


De nuevo la perspectiva colombiana


Como se ha podido observar, el complejo entramado que hay detrás del crecimiento exponencial incluso epidémico de sustancias opioides tanto legales como ilegales hunde sus raíces en una múltiple y simbiótica relación con problemas socioeconómicos, culturales y de experiencias en el uso de drogas en donde son notorias circunstancias personales críticas. Allí mismo se percibe el uso de prácticas que denotan desconocimiento pero a la vez de aprendizaje en el manejo de psicoativos pero también, intereses comerciales salvajes que atropellan mínimos éticos frente al mercado, corrupción, crisis institucional, todo envuelto en contextos de vigencia de estrategias prohibicionistas, que claramente oscurecen e incluso agravan la posibilidad de un manejo desde una perspectiva de salud pública y de protección a derechos fundamentales de usuarios.


Lo anterior sin referir las estructuras de redes que caracteriza el tráfico mayorista y el mercado al detal de sustancias psicoactivas declaradas ilegales o legales bajo control, contexto en el cual se observa una multiplicidad de responsabilidades de diferentes instancias de control, principalmente de orden estatal.


Las circunstancias presentadas, desconocidas por miembros de alto rango de las decisiones sobre drogas de orden internacional, en este caso de EU, los lleva a que centren su discurso en una narrativa simplista, unívoca y de señalamiento acusador de la reiterada amenaza externa, en este caso la producción de hoja de coca en Colombia. Narrativa que culmina en descargar el centro del problema en un eslabón extremadamente débil como son los productores, acusando que la estrategia de uso de la fuerza colombiana “no guarda el ritmo frente a la explosión de los cultivos de coca, debiendo ser direccionada, actuando con el mismo vigor como lo hace la misión de interdicción”(6). Demandan por encima de todo, la reducción de áreas con plazos perentorios bajo la amenaza de la intervención coercitiva de las FFAA. Los productores son una parte vulnerable de la cadena de las drogas porque son sujetos de explotación económica por parte de intermediarios y compradores de materia prima; deben someterse a grupos armados ilegales que prestan servicios de seguridad; son objeto de la acción de cuerpos de seguridad del Estado tanto policía como fuerzas armadas, que erradican sus plantaciones aún después de haber firmado pactos de sustitución con el gobierno. En consecuencia, los cultivadores reciben las prácticas de una institucionalidad que manda señales confusas, al combinar indiscriminadamente el uso de la fuerza con iniciativas de sustitución, cuya sostenibilidad está directamente relacionada con soluciones complejas para los problemas estructurales que explican el crecimiento de áreas de cultivos de uso ilícito. Incrementos que se motivan y sostienen por la presencia de un mercado internacional en auge, donde EU sólo representa menos de una tercera parte (7).


De manera concluyente, se reitera que en materia de drogas no hay hechos en sí mismos sino hechos interpretados, verdades instauradas desde una posición de poder, es decir caracterizaciones que contienen su propio criterio de validación. Así se observa en las apreciaciones del funcionario de narcóticos internacional del Departamento de Estado, cuyo propósito estratégico puede inferirse a partir de la comprensión de su narrativa:

 

• Oxigenar una estrategia de reducción de la oferta en crisis, incorporando de nuevo el tema de drogas a una agenda de seguridad donde Washington se hace fuerte.
• Poner bases políticas para demandar el restablecimiento de las aspersiones aéreas con glifosato u otro herbicida en Colombia.
• Como efecto colateral, potenciar los discursos internos de orden político que demandan una vuelta a las acciones propias de la guerra contra las drogas y que indemostradamente reclaman disminuciones efectivas de áreas de coca por el uso de aspersiones y criminalización de productores.

 

El punto 4º de los acuerdos de paz sigue siendo central en la consolidación de la paz. Si el Estado colombiano, además de los problemas que ya tiene en el proceso de implementación sobre todo en los asociados a temas económicos y sociales principalmente del orden rural, permite la injerencia que se anuncia por parte de Washington y que violenta la autonomía nacional en el manejo de asuntos internos, sería un retroceso políticamente muy costoso y llevaría la construcción de paz a escenarios difícilmente manejables.


Esto supone reconocer que el tema de las drogas será un punto nodal en el seguimiento que estará haciendo Washington sobre el desenvolvimiento político interno, en el contexto de las elecciones presidenciales del 2018, observando con beneplácito las posiciones más afines a la restauración de la guerra antidrogas. Esto conduce a que las coaliciones alrededor de la implementación de los acuerdos de paz deben tener una postura muy clara frente a la continuidad de las presiones que ya se vislumbran por parte de la administración Trump y que hace gala hoy de un unilateralismo desafiante frente a países latinoamericanos como México e incluso en el marco de la crisis en Venezuela. 

1. Jay Unick, Ciccarone, Daniel, “US regional and demographic differences in prescription opioid and heroin-related overdose hospitalizations”, International Journal of Drug Policy, Nº46, 2007, pp. 112,119.
2. Se trata de los opioides: hidrocodona, oxicodona, metadona, morfina y codeína (categoría 2 en la clasificación de la Ley de Sustancias Controladas de EU. Entre los estimulantes Metifenidato (MFD) y Anfetamina (Categoría 2N). Véase “Drug Classifications, Schedule I, II, III, IV, V”. Fuente: https://medshadow.org/resource/drug-classifications-schedule-ii-iii-iv-v/
3. Véase Morgenson, Gretchen “Hard Questions for a Company at the Center of the Opioid Crisis, Fair Game”, The New York Times, julio 21, 2017.
4. Mc Call, C., Baldwin, G., Compton,W., Mc Call, C., Baldwin, G., Compton,W., “Recent Increases in Cocaine-Related Overdose Deaths and the Role of Opioids”, American Journal of Public Health, Vol 107, Nº 3, marzo 2017, pp. 430-432.
5. Véase, “Trump declara “emergencia nacional” la epidemia de heroína”, El País en https://elpais.com/internacional/2017/08/10/actualidad/1502396000_722428.html
6. Brownfield, W., “Assessing the Colombia Peace Process: The Way Forward in US-Colombia Relations”, agosto 2, 2017.
7. Vargas Ricardo, “Colombia y el Mercado mundial de la cocaína”, Razón Pública, julio 23 de 2017.

*Sociológo, consultor internacional en temas de desarrollo, ilegalidades y seguridad.

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Clamor de periodistas mexicanos desamparados

Expuestos a los impunes ataques del poder político y del crimen organizado, fueron abandonados a su suerte por gobiernos omisos y cómplices y en la mayor parte de los casos hasta por sus propios medios, que les dan la espalda.

 


“Nos están matando”, claman cientos de periodistas plantados la noche de ayer a las puertas de la Secretaría de Gobernación, en protesta por el asesinato del reportero Javier Valdez, el lunes pasado en Culiacán, Sinaloa. No es sólo una consigna, es ya una desesperada expresión del desamparo y vulnerabilidad de reporteros, fotógrafos y editores mexicanos frente a los impunes ataques del poder político y del crimen organizado, abandonados a su suerte por gobiernos omisos y cómplices, y en la mayor parte de los casos hasta por sus propios medios, que les dan la espalda.


En México se matan periodistas porque el Estado se ha encargado de garantizar la impunidad de sus perpetradores, ya sean narcos, políticos o narcopolíticos. En tanto, la sociedad es apenas un espectador más de lo que pareciera otra manifestación de la violencia y la descomposición que carcomen al país. Fuera de las pocas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, aquí nadie parece interesarse por la suerte de uno de los pilares fundamentales de lo que en otros países conocen como democracia.


En México no existe la libertad de expresión, silenciadas como están amplias zonas del país bajo control del crimen organizado, que impone la censura directa, y por la práctica de la autocensura casi como única mecanismo de protección.


Las últimas horas se cuentan entre las peores. La tarde del sábado pasado, siete periodistas fueron retenidos, asaltados y amenazados de muerte por un centenar de hombres armados que controlaban una de las principales rutas de acceso a la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero. Les robaron sus equipos y uno de los dos vehículos con los trataban de llegar al municipio de San Miguel Totolapan, donde el viernes se enfrentaron militares y policías con pobladores y autodefensas.


Cuando apenas se reaccionaba a este ataque, vino la conmoción por el homicidio de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa. En medio de una amplia cobertura local, nacional e internacional, dado el alto perfil del reportero asesinado, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada, poca atención recibió el ataque a tiros contra Sonia Córdova, subdirectora comercial del pequeño semanario El Costeño, en el municipio de Autlán, estado de Jalisco. La también esposa del director de ese medio resultó gravemente herida; su hijo, Jonathan Rodríguez, murió en el atentado.
En ambos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió a la administración de Enrique Peña Nieto sendas investigaciones profesionales y efectivas, en las que se privilegie el trabajo periodístico de las víctimas como línea principal de investigación. Uno de los últimos reportajes de Javier Valdez expuso la disputa por el control del Cártel de Sinaloa entre los hijos de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, por un lado, y por el otro el ex policía José Dámaso, alias El Licenciado, quien fue detenido el 2 de mayo. En tanto, el semanario El Costeño cubría la costa sur jalisciense, que fue plaza principal del Cártel Jalisco Nueva Generación.


La oleada de ataques provocó la reacción de organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo a la Unesco, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA). Incluso el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su condena por este crimen y reclamó a la OEA por no haberse expresado en este caso, al menos hasta la mañana de ayer. Junto con ellos protestaron el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras. Cientos de periodistas mexicanos marcharon en la Ciudad de México y en las principales ciudades de una docena de estados del país.


Ante la presión internacional, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, convocó a los gobernadores de todo el país a una reunión para “garantizar en todo el territorio nacional que los periodistas puedan ejercer su labor”. La iniciativa ocurre después de tres años y medio de gestión en la que la administración del presidente Enrique Peña Nieto acumula ya 32 periodistas asesinados.


La vulnerabilidad de la prensa mexicana acentúa la debilidad de una democracia de suyo incipiente. Por ello Ana Cristina Euelas, la directora de la oficina en México de la ONG defensora de la libertad de expresión y el acceso a la información Artículo 19, exigió resultados a las autoridades del país, “no más simulación de garantías”. Este crimen “extiende la sombra de silencio por todo el país”, alertó Joel Simon, director ejecutivo del CPJ.


Para los periodistas mexicanos, lo más dramático es el abandono social. La prensa es cazada sin que nadie levante un dedo por ella. En cinco años de marchas y paros por el asesinato de periodistas, desde el homicidio de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, en mayo de 2012, la sociedad mexicana ha decidido dejarlos solos.


Hace siete años, cuando fueron secuestrados cuatro periodistas mientras cubrían un motín en el penal de Gómez Palacio, estado de Durango, a unos 980 kilómetros al norte de la Ciudad de México, el gremio exigió su liberación con una consigna en formato de hashtag en las todavía incipientes redes sociales: #LosQueremosVivos. Hoy, luego de al menos 12 colegas desaparecidos y entre 105 y 119 asesinados (según quien cuente), se pasó del reclamo al grito de auxilio: #Nos EstánMatando, se clama en Twitter, en Facebook en blogs, en la calle. Y sólo el silencio responde.

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El golpe que el cine no hubiera imaginado

Un grupo comando arrasó la paraguaya Ciudad del Este para robar 40 millones de dólares



Durante tres horas, más de 40 delincuentes aterrorizaron la ciudad de la Triple Frontera. Quemaron autos, coparon rutas, apostaron francotiradores y dispararon a mansalva. Al llegar a la empresa Prosegur, mataron a un policía y la dinamitaron para alcanzar la bóveda. Sospechan de un grupo narco brasileño. Hay tres ladrones muertos.

Con un robo que incluyó bombas, francotiradores y fusiles antiaéreos, un grupo compuesto por al menos 40 personas explotó la sede de la empresa de transporte de caudales Prosegur en la localidad paraguaya de Ciudad del Este, asesinó al guardia de seguridad y se llevó de la bóveda del lugar una cifra cercana a los 40 millones de dólares. Además, los delincuentes detonaron explosivos en catorce autos distribuidos a lo largo de la ciudad –ubicada en la zona de la Triple Frontera junto con Argentina y Brasil– para distraer a los policías locales y facilitar la fuga. Horas más tarde, fuerzas de seguridad brasileñas mataron a tres de los ladrones y detuvieron a otros cuatros, quienes cruzaron la frontera en botes y lanchas.


Bajo escombros, autos incendiados, clavos “miguelito” en las calles y miles de balas, Ciudad del Este amaneció, ayer, en estado de shock. A la madrugada, más de cuarenta delincuentes arrasaron la ciudad paraguaya –limítrofe con Puerto Iguazú, en Misiones– durante más de tres horas en un orquestado operativo para robar el dinero guardado en la sede de Prosegur.


El primer paso del plan consistió en un ataque de distracción: a las 0.18, varios vehículos incendiados bloquearon la salida de la Jefatura de Policía y de comisarías locales. A su vez, los delincuentes lanzaron bombas molotov en distintos puntos de la ciudad para generar confusión entre las fuerzas de seguridad locales y así, acercarse a la puerta del local de la empresa de transporte de caudales.


Limpiar el tránsito de la Ruta Internacional 7, que conecta Ciudad del Este con Foz de Iguazú, era la segunda parte del operativo. Para ello, se volvieron a detonar explosivos en varios autos que bloquearon el paso de la autopista, mientras que francotiradores disparaban a cualquier vehículo que conseguía esquivar los autos incendiados, según relataron fuentes policiales.


Ya con el camino liberado, el grueso del grupo comando llegó con camionetas blindadas hasta la calle Cadete Pando, a 150 metros de la Ruta Internacional 7. La sede de Prosegur era custodiada por tres guardias en su interior, que controlaban su perímetro, además de la vigilancia policial que se hallaba en la calle. Esta vez, el turno le correspondía a Sabino Benítez, un agente del Grupo Especial de Operaciones de la Policía. Los asaltantes balearon a Benítez, quien falleció en el acto, y redujeron a los tres guardias de la empresa. Pero todavía faltaba el paso principal del golpe: llegar a la bóveda. Con una potente dinamita (se sospecha que se utilizó el explosivo C-4, una bomba de alto costo que ni siquiera tiene en su stock la Dirección de Material Bélico de Paraguay) derrumbaron las paredes de concreto del establecimiento, ingresaron a la sede y comenzaron a retirar centenares de bolsas con dólares. Para retirar el botín y encarar la fuga, arribaron a la sede de Prosegur otros tres vehículos –al parecer camiones blindados– también pertenecientes al grupo comando. Con el robo de aproximadamente 40 millones de dólares, la gran parte de la estrategia ya estaba cumplida. Y todo en menos de una hora.


“Hay que administrar las balas. No nos quedan más municiones.” Así se refería, en guaraní, uno de los policías que trató de detener la fuga, a toda velocidad, de la banda de asaltantes tras el saqueo de la bóveda. El contraste armamentístico entre ladrones y policías era llamativo: mientras que los delincuentes disparaban con ametralladoras de guerra y contaba con equipos de visión nocturna, los agentes sólo respondían con las armas reglamentarias. Es que el bloqueo con autos incendiados a la Jefatura de Policía había impedido que los efectivos se nutrieran de otras armas. El tiroteo entre ambos y el posterior escape de los asaltantes quedó registrado en decenas de filmaciones caseras que fueron subidas a Internet por distintos medios paraguayos, en las que se observan el sonido de los disparos y el estruendo de explosiones. Por otra parte, entre las imágenes que circularon por la web se observa cómo en los caminos que utilizaron los ladrones, se encontraban miles de clavos “miguelito” arrojados desde los autos del grupo comando para pinchar las ruedas de sus perseguidores.


En diálogo con el diario paraguayo ABC, la fiscal que investiga este asalto, Denise Duarte, anunció que el comando eran “más de treinta personas” y agregó que, de acuerdo con testigos, “todos hablaban en portugués e iban encapuchados”. La declaración de Duarte refuerza la hipótesis de que la banda correspondía a una ramificación de la organización delictiva brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), aunque fuentes de la investigación tampoco descartan conexiones con asaltantes paraguayos, además de la sospecha de una complicidad policial. “Nunca vimos nada igual. Estamos como en Siria”, cerró la fiscal.


La fuga se dividió, de acuerdo a los investigadores, en tres vías de escape: un grupo huyó con dirección a la capital de Paraguay, Asunción, mientras que parte de la banda se sospecha que siguió camino al sur, para traspasar la frontera argentina, ya sea por Formosa, Corrientes o Misiones. El último, en cambio, escapó en dirección a la ciudad de Hernandarias, ubicada a orillas del río Paraná, en el límite con Brasil. La ramificación, alrededor de las tres de la mañana, daba por terminado el plan de este ataque que arrasó Ciudad del Este.


El grupo que huyó con destino a Hernandarias fue interceptado, en el mediodía de ayer, por la Policía de Brasil en la localidad de Lago Itapú, a unos 70 kilómetros de Foz de Iguazú. Según informó el Ministerio del Interior de Paraguay, en el enfrentamiento fueron muertos tres ladrones, y al menos cuatro detenidos que habían llegado a territorio brasileño a través de lanchas que cruzaron el río limítrofe. “En la detenciones se hallaron chalecos antibalas, salvavidas, armamentos pesados y munición gruesa”, indicó Lorenzo Lezcano, ministro del Interior.


Tras este asalto –que varios medios locales ya lo califican como el Robo del Siglo– el comandante de la Policía Nacional, Luis Carlos Rojas, removió a toda la cúpula de esta fuerza de seguridad en Ciudad del Este. Rojas dispuso el cambio del director de zona, el jefe de policía, el jefe de Orden y el jefe y subjefe de Investigaciones, con el argumento de que existió “complicidad o, al menos, negligencia con el hecho”, tal cual relató a diarios de Paraguay.


En la misma línea siguió Lezcano, quien aseguró, de acuerdo a algunos indicios, que los policías no cumplieron “su labor a rajatabla”. El ministro del Interior anunció que “Asuntos Internos de la Policía Nacional investigará la labor de los anteriores jefes policiales”.


Testimonios de los vecinos


Una noche de terror

Tras el asalto que arrasó Ciudad del Este, varios testigos relataron el terror que vivieron durante la madrugada, cuando un grupo comando explotó la sede de Prosegur y robó aproximadamente 40 millones de dólares. “Pasamos la noche cuerpo a tierra, todos juntos con mucho miedo”, expresó un vecino cuya casa quedó en medio del tiroteo entre ladrones y agentes.


Los relatos de distintos vecinos se reprodujeron durante todo el día de ayer para explicar el asalto programado que puso en vilo a la segunda ciudad con mayor habitantes en Paraguay. En diálogo con el diario ABC, Liz Dávalos, administradora de un hotel cercano al edificio de Prosegur, explicó que “los vidrios de las instalaciones reventaron debido a la potencia de las bombas”. La empleada aseguró que al principio pensó que “se trataban de fuegos artificiales” pero que “a los pocos minutos se notaban que eran explosiones mucho más ruidosas”.


Antes de ingresar a la bóveda de Prosegur, los ladrones buscaron bloquear el ingreso de los autos en la Ruta Internacional 7. Un ciudadano del lugar –cuyo nombre quedó en reserva por motivos de seguridad– contó que en plena autopista, pinchó una rueda sin saber la causa. “Al instante, cuatro camionetas frenaron y de los vehículos bajaron 15 personas con armas y pasamontañas. Me tiraron al piso y a mi hija le pidieron que pasara al asiento trasero. Luego, no se por qué, me dijeron que vuelva al auto y que escape. Por la cantidad de miguelitos regados en la ruta, nos tuvimos que refugiar en una caseta de seguridad, al costado de la ruta”, expresó el testigo.


Otra de las víctimas del grupo comando relató a ABC que, durante la madrugada, fue interceptada por cuatro hombres fuertemente armados que la obligaron a abandonar el auto que conducía. “Al entrar en una cuadra me salieron ellos apuntándome la pistola en la cabeza. Dijeron: ‘Váyanse, váyanse, no miren hacia atrás”, explicó la mujer, cuya identidad también se resguarda por motivos de seguridad. Al igual que otros vecinos, la víctima aseguró que los ladrones “tenían la cabeza tapada” y “se comunicaban en portugués”.


Por último, el jefe de atención del 911 de Paraguay, Claudio Cardozo, aseguró que en la madrugada del lunes, “se recibieron 875 llamadas de auxilio. La mayoría de ellas vinculadas a la balacera en Ciudad del Este”. Cardozo comentó que una de las denuncias consistió en un robo en una estancia, donde se presume que funcionó como distracción al personal policial. Sobre los autos incendiados que bloquearon caminos, el subcomisario comentó que “en una de las cámaras de seguridad se observa a una persona bajar de un Volkswagen blanco y rociarlo con un líquido. Luego, quemó el auto y abordó otra camioneta que se encontraba a 10 metros de la escena”.

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México: las narco-fosas del narco-capitalismo

"El país se ha convertido en un inconmensurable tiradero de cadáveres", destaca el semanario Proceso en su cobertura sobre el gigantesco narco-cementerio descubierto en el estado de Veracruz (Proceso, 19 de marzo de 2017)


Todos los días, desde hace una década, se acumulan noticias macabras que elevan la cifra de muertos por la 'guerra contra el narcotráfico' a más de 200.000 personas y 30.000 desaparecidos.

Al día siguiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ONU-Mujeres apuntan al corredor Puebla-Tlaxcala como una de las principales zonas de captación y tránsito de personas con fines de explotación sexual, lo que sucede desde hace, al menos, 20 años, "sin que el Estado mexicano intervenga de manera decidida en un fenómeno delictivo que se extiende cada vez más" (La Jornada, 20 de marzo de 2017). El informe asegura que "México es país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, a lo cual contribuye su situación geográfica, dado que se ha convertido en paso obligado de los migrantes centroamericanos".


El mismo día, los medios informan del asesinato del periodista Ricardo Monlui Cabrera, propietario y director del portal El Político, cuando salía de un restaurante junto con su familia en el municipio de Yanga, en Veracruz. Sólo en ese estado, 24 periodistas y fotógrafos fueron asesinados durante las Administraciones de los miembros del PRI (Partido Revolucionario Institucional) Fidel Herrera y Javier Duarte. Este fue gobernador entre 2010 y 2016 y, desde hace seis meses, se encuentra prófugo de la justicia, que lo acusa por delitos de "delincuencia organizada", lo que habla de su vinculación con el narcotráfico.


Este breve panorama dibuja no obstante la lacerante actualidad de México, que sufre una guerra que se ha cobrado más víctimas que las guerras civiles centroamericanas en las décadas de 1980 y 1990. Hay tres aspectos que merecen ser destacados: la inacción del Estado, la connivencia de una parte de las instituciones con el narcotráfico y la acción de la sociedad civil organizada como única respuesta a la violencia.


El caso de Veracruz, que estos días ocupa las portadas de los medios, puede servir de muestra de lo que sucede en casi todo el país. Por un lado, aparece la disputa entre diversos carteles de la droga (Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, con apoyo de agentes policiales y de la Secretaría de Seguridad Pública, en asesinatos y desapariciones). Una de las luchas más crueles se registra por el control de puerto de Veracruz, sobre el golfo de México, el puerto marítimo y comercial más importante del país azteca. Por allí salen toneladas de droga e ingresan los preciados precursores químicos imprescindibles para fabricar estupefacientes.


Veracruz tiene 212 municipios y se han encontrado fosas clandestinas en 44 de ellos, sobre todo en el entorno del puerto. La más reciente es la descubierta en Colinas de Santa Fe, que alberga un mínimo de 250 cadáveres, pero que la Policía Científica estima que podrían superar los 600.


El narco opera de una manera directa. Cuando una autoridad no se pliega a sus negocios, ya sea participando o dejando hacer, la asesinan o crean una situación insostenible. Cuando Miguel Ángel Yunes, del PAN, asumió la gobernación de Veracruz (el 1 de diciembre de 2016), en sustitución del prófugo Duarte, se produjeron 600 homicidios en los primeros 100 días de su Administración. Un mensaje mafioso, una advertencia para que participe en los negocios ilícitos o por lo menos no se entrometa.


Pero uno de los hechos más elocuentes es el trabajo incansable de las madres de desaparecidos, que decidieron salir a buscar a sus hijos e hijas que no regresaron. Es el caso de Colectivo Solecito, que consiguió ubicar decenas de cuerpos y es el responsable del descubrimiento de la megafosa de Colinas de Santa Fe, probablemente la más grande hallada en América Latina.


Son apenas medio centenar de madres, que dedican todo su tiempo a realizar marchas, denuncias y a cavar en las fosas clandestinas con sus manos. Financian sus actividades con ventas de ropa en garajes, kermeses y rifas para apoyar a sus brigadas de búsqueda. El 10 de mayo del 2016, varios desconocidos se les acercaron en una marcha y les entregaron papeles con mapas dibujados a mano que les permitieron llegar a la fosa de Colinas de Santa Fe.


Las madres del Colectivo Solecito dijeron a Proceso que el fiscal general del Estado, Jorge Winckler (goo.gl/2tV08F), "se burla de nosotras en redes sociales, no nos atiende, no nos recibe", y desprecia el trabajo de las asociaciones de familiares de desaparecidos. En suma, que la complicidad del Estado en los crímenes del narcotráfico está fuera de duda. Por eso, el pasado 16 de febrero, las madres entraron a la fuerza a la Fiscalía empujando a los policías ministeriales, luego de que Winckler las hiciera esperar más de tres horas para recibirlas.


A las narco-fosas se suman las matanzas a cielo abierto. El 20 de septiembre de 2011, fueron abandonados 32 cadáveres en Boca del Río (Veracruz). Estaban maniatados, semidesnudos y con las letras Z talladas en las espaldas. Es una de las muchas matanzas con las cuales el narco pretende amedrentar a la población para que no interfiera en sus negocios.


Lo que llama la atención es que el Banco Mundial, además de otras instituciones y organismos como Forbes, consideran que México es el país que tiene mejor "clima de negocios" de la región, que se sitúa en el "grupo selecto de economías mundiales que han llevado a cabo reformas cada año desde 2004" y que, "una vez más, México es la economía mejor clasificada en la región".


¿Cómo podemos relacionar este 'clima de negocios' con una guerra desastrosa para la sociedad mexicana? Este es el punto clave que nos permite pensar que estamos ante un narco-capitalismo. Suele decirse que el de México es un 'narco-Estado". Pero esta realidad, que remacha el Banco Mundial con sus informes favorables sobre México, nos permite inferir que la guerra contra el narco encubre otra realidad más profunda y terrible: el capital funciona en algunos países en alianza con el narco, del cual toma prestados sus modos de operar, que consisten en hacer negocios aun al precio de destruir la sociedad.

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El papel del Estado en el mercado de las drogas ilícitas

En Honrarás a tu padre, publicada en 1971, Gay Tales escribió: «El mercado de la marihuana no había llamado la atención de la mafia (estadounidense) ni de sus asociados porque la marihuana entraba con demasiada facilidad por la frontera mexicana y porque el negocio estaba plagado de gánsteres independientes y jóvenes aventureros. Pero si los agentes del gobierno lograban limitar la oferta, si las leyes más severas inhibían y disminuían el número de importaciones y hacía subir el precio, los contrabandistas expertos del crimen organizado podían invadir el mercado de la marihuana, tal y como lo habían hecho con el contrabando del licor durante la prohibición» .


Conciso y sustancioso, este párrafo nos revela el papel jugado por el Estado en relación a los distintos mercados ilícitos: el papel de regulador. Este es quien se encarga de limitar la oferta de drogas ilícitas atacando, sobre todo, a los eslabones más débiles en la cadena: el consumidor y los pequeños productores. En eso consiste la política mundial contra las drogas ilícitas: en favorecer a los eslabones más fuertes al impedir que los precios bajen. Si bajaran, ya no sería un negocio fructífero y de seguro muchos productores, grandes o pequeños, dejarían de cultivarlo. Pero no sólo ellos se verían afectados, también lo estaría un sector al que poco mencionan dentro de esta cadena: el sistema bancario, uno de los más beneficiados con este tipo de mercados gracias a los lavados de activos.


Tal vez por esto causaron tanta preocupación los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el de la ONU, publicados a principios de mes. Los informes coincidían en advertir que los cultivos de coca aumentaron el último año en un cien por ciento y que Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína en el mundo. Así, frente a este panorama se volvió a abrir en el país el debate sobre las estrategias en la política antidroga, la cual ha sufrido leves cambios, principalmente por el proceso de paz. En este contexto se ha dicho que los cultivadores que hayan sembrado después del 10 de julio de 2016 “no serán beneficiados ni atendidos por el programa” de sustitución de cultivos. A su vez los guerrilleros ubicados en las Zonas Veredales tendrán que brindar información sobre los cultivos ilícitos que estaban a su cargo para beneficiarse con los programas que surjan de los acuerdos de paz. Así, muchos esperan que a mediano plazo los cultivos y la producción disminuyan.


Sin embargo, otros son menos optimistas y afirman que con o sin las Farc el negocio de las drogas ilícitas se mantendrá, sobre todo si la política mundial antidrogas continúa siendo prohibitiva. Lo mejor que podría hacer el Estado es enfocar la política hacia un problema de sanidad pública, y la forma más óptima para desestimular el consumo es hacer que se incrementen los precios a través de los impuestos, lo que implica su legalización.


Romper el mito impuesto con las drogas es eliminar su utilidad como instrumento de Estado, de gran utilidad, para acrecentar el miedo y la desconfianza social, para desunir, para que el aire del otro como mi enemigo pulule por toda la sociedad, legitimando con ello el espacio para su militarización y/o control policivo, y a esto difícilmente renunciarán.


Sin duda, los próximos informes de los organismos multilaterales continuarán indicando que los sembrados se mantienen, aquí o en cualquier otro país de la región. Sin duda, tendremos problemática de drogas para rato.

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El ministro colombiano del Posconflicto, Rafael Pardo, este jueves en Madrid.

 

 

La trayectoria del ministro colombiano del Posconflicto, Rafael Pardo (Bogotá, 1953), resume como pocas el cambio que ha experimentado el país en las últimas tres décadas. Titular de Defensa a principios de los años noventa, Pardo tuvo que combatir como primer civil que ocupaba el cargo en Colombia al poderoso Pablo Escobar y a las organizaciones guerrilleras y paramilitares que incendiaron el país. En su nueva tarea como alto consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, su tarea principal es lograr que la paz se consolide y que se implementen los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las FARC que dieron fin a más de medio siglo de guerra. El jueves a su paso por Madrid, Pardo expone la minuciosa estrategia pactada para hacer esto posible.

 

Pregunta. ¿En qué cambiaron las FARC estos años para que estuvieran dispuestas a firmar la paz?

Respuesta. Desde que fui ministro de Defensa hasta ahora las FARC encontraron los recursos de los cultivos de coca, que eran marginales a principios de los noventa. El país se volvió el primer productor mundial. Antes eran Perú y Bolivia, en Colombia se procesaba la hoja de coca, se producía cocaína y se exportaba. El segundo cambio es el contexto. En esa época estaba vigente la Guerra Fría, hoy no lo está. El otro elemento son los 25 años de intensidad en acción militar, que genera miles de víctimas de todos lados, desplazamiento... Entonces, el agotamiento de la guerra llega a las FARC.

 

P. ¿Qué amenaza representan para la implementación de los acuerdos los grupos herederos de los paramilitares?

R. La principal amenaza es la existencia de los cultivos de coca. Mientras haya una mata de coca hay quien compre las hojas, y ese ‘quien’ usualmente —o siempre— es alguien que tiene una organización armada, que está respaldado por una organización que ejerce violencia, que busca dirimir conflictos a partir de la violencia y que produce muerte. Si no se reduce drásticamente el cultivo de coca en Colombia la paz no será sostenible. Por eso el esfuerzo fundamental es reducirlos sustancialmente, bien sea por la vía de sustitución voluntaria, o por la de erradicación forzada frente a quien no acepte [la primera alternativa].

 

P. ¿Cómo va a ser esa sustitución voluntaria?

R. Se hacen acuerdos con la comunidad al nivel más bajo posible, al nivel de la vereda [la división administrativa elemental], en los que los campesinos se comprometen a erradicar la coca y a no volver a sembrar. El Gobierno les da un apoyo de un millón de pesos [cerca de 335 dólares] mensual por familia durante un año, más nueve millones el primer año y 10 el segundo para un proyecto productivo, así como 1,8 millones —una sola vez— para seguridad alimentaria. También habrá asistencia técnica, que está avaluada en 3,2 millones. Cada 60 familias tendrán un asesor técnico. Al final del proceso serán formalizados los títulos de propiedad de la tierra. Las cifras son parte del acuerdo con las FARC, centavo por centavo.

 

P. ¿Cuánto gana al mes una familia que cultiva la hoja?

R. La coca en promedio produce unos 900.000 pesos mensuales brutos, de acuerdo con encuestas muy precisas que tenemos. Por lo tanto ese millón no es una mala cifra. La cuarta parte del [dinero que entrega el Gobierno] no está condicionada, y [el resto se entrega por] un trabajo remunerado en construcción de vías o en adecuación de la tierra para sembrar otro producto. Esto va unido a focalizar la inversión pública en los municipios.

 

P. ¿Por qué han aumentado los cultivos ilícitos? Naciones Unidas afirma que la siembra creció un 40% de 2014 a 2015.

R. No hay una sola explicación. Hay gente que dice que aumentaron por el proceso de paz, que porque las FARC incentivaron la siembra [para obtener beneficios tras los acuerdos]. Es posible que haya sido así. Otra explicación es la devaluación de la moneda, que afecta todas las exportaciones. Si el peso estaba en 2013 a 1.800 por dólar y pasó a 3.200, los que trafican en dólares la droga le pueden pagar más al campesino que produce y mantener el margen de ganancia.

 

P. Según la agencia para los refugiados de la ONU este año ya ha habido más de 3.500 desplazados.

R. Las cifras de desplazamiento han disminuido drásticamente. Pero es evidente que hay acciones de grupos armados que buscan entrar a las zonas donde han estado las FARC o competencia [entre esas organizaciones] por zonas de producción de coca o de minería ilegal que acaban generando desplazamiento. Se ha reducido la violencia sustancialmente, se ha reducido en las regiones más afectadas del país, pero no estamos todavía en una situación que podamos llamar aceptable en términos de seguridad. Hay desplazamiento, hay asesinato de líderes [sociales], hay situaciones de seguridad que hay que controlar. La fuerza pública ha hecho un inmenso despliegue en las zonas donde estaban las FARC, ha movido más de 80.000 hombres a esas regiones. Pero es un proceso, no se puede pretender que todo ocurra en todas partes el mismo mes. Por eso se plantean 15 años de transformación de la vida rural.

 

P. Además de la coca y la seguridad, ¿cuáles son los principales retos para la implementación?

R. Hay que hacer normas. Hay que construir el plan marco, que debe estar listo este mes [define programas, proyectos y fuentes de financiación para cumplir lo acordado a lo largo de 15 años]. Pero antes de eso también hay unos planes concretos, que son el de respuesta rápida, una focalización de acciones en las regiones donde estaban las FARC para fortalecer la presencia del Estado; y el de 100 días, que comenzó en diciembre en los 26 municipios donde hay campamentos o zonas de agrupamiento de las FARC hoy, más los 30 municipios más productores de coca del país. Hay que crear las circunscripciones [especiales para la paz, 16 nuevos distritos electorales para elegir igual número de representantes a la Cámara], trabajar para quitar las minas antipersona de la tierra y sustituir la coca por otros productos.

 

P. ¿Por qué se retrasó la adecuación de las zonas de agrupamiento de la guerrilla?

R. Esa es una parte muy importante de los acuerdos porque ahí van a llevarse a cabo todos los procesos relacionados con la dejación de armas. Pero entre la falta de previsión del Gobierno y la velocidad en la necesidad de montar esos campamentos han hecho que en muchos de ellos no haya las condiciones [suficientes] todavía, a pesar de que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Eso ha tenido un efecto muy negativo sobre la credibilidad del proceso, pero hay que resaltar que se ha mantenido el cronograma de dejación de armas.

 

P. La misión de la ONU teme que el goteo de deserciones por esos problemas logísticos se convierta en hemorragia.

R. Es posible que eso haya tenido algún efecto. Pero yo he estado en algunas zonas veredales [donde se agrupa la guerrilla] y la gente está muy convencida, entusiasmada, decidida en que quiere entrar a la paz. Hay un número muy importante de mujeres embarazadas y lactantes que lo que más quieren es una reincorporación digna y productiva a la vida civil.

 

 

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En muchas zonas del Cauca es habitual sembrar en la montaña, en agudas pendientes | Berta Camprubí

 

Los trabajadores de la hoja de coca desconfían de la aplicación del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito pactado por el Gobierno y las FARC.


"Llevan décadas prometiendo muchos programas, acuerdos y planes que nunca han cumplido"

 

"Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros somos víctimas. Caímos en una trampa y tenemos que levantarnos poco a poco y volver a sembrar comida". Un líder social del departamento del Cauca habla ante una audiencia de unos 250 agricultores de coca y marihuana en la caseta comunal de su vereda para escuchar la propuesta oficial del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) pactado entre el Gobierno y las FARC.

Según datos del gobierno colombiano, el 81% de los cultivos de uso ilícito se concentra en seis de los 32 departamentos. El 43% de las aproximadamente 100.000 hectáreas sembradas con coca en todo el país está localizado en solo 10 localidades y, teniendo en cuenta esa concentración, 40 municipios están siendo priorizados para la aplicación del PNIS durante el primer año.

A la dificultad del proceso se añade el miedo. "Hacer el papel de líder social a veces da miedo. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no sabe quién le está escuchando ahí delante", se sincera el ponente –que prefiere mantener el anonimato–, después de hablar de la situación de los agricultores de coca delante de un centenar de personas.

No se equivoca. En esa misma línea trabajaba Faiver Cerón Gómez, líder social del municipio de Mercaderes, al sur del Cauca, cuando fue asesinado el 18 de febrero por grupos paramilitares, según la organización local. Cerón participaba en la resistencia regional a la minería y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Con él, al menos son 18 los líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia este año.

 

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Reunión de organizaciones sociales y delegados de las veredas con el alcalde de Corinto para debatir el PNIS el pasado 15 de febrero. BERTA CAMPRUBÍ

 

 

Sustituir los cultivos de coca

 

"Hay que entrar ahora al programa porque luego será un despelote", comenta una campesina en la reunión, refiriéndose a las interferencias que supondrá la campaña electoral para las elecciones presidenciales de mayo de 2018.

Estas serán decisivas debido a que, en el segundo acuerdo firmado el 24 de noviembre después de la victoria del 'no' en el plebiscito, la implementación de la mayor parte de los acuerdos de paz depende de decisiones políticas del Gobierno, y por tanto de los nuevos comicios.

El programa de sustitución sería el primer paso para la aplicación del punto cuarto de los acuerdos de paz, relativo a la búsqueda de una solución al problema de las drogas. También se trata de una de las medidas clave para llegar a cumplir el apartado uno, acerca de la Reforma Rural Integral, que no establece ningún mecanismo de redistribución de la tierra.

Los afectados, sin embargo, se muestran desconfiados. "Desde el Gobierno de Turbay –de 1978 a 1982– han prometido muchos programas, acuerdos y planes que nunca han cumplido", explica Benjamín Perales, vecino del municipio de Corinto, uno de los que serán prioritarios en la aplicación del PNIS. Perales se acuerda del programa Plante y Pa'lante para erradicar coca, marihuana y amapola que el Gobierno presentó en 1995 en varias regiones del país que aún esperan, en muchos casos, las medidas prometidas.

 

Qué supone acabar con los cultivos de coca

 

Hace 14 años que este agricultor empezó a cultivar coca, cuando la mancha de amapola había bajado mucho de precio. Él pensaba apostar por el cultivo de café pero, apunta, "resulta que en ese tiempo Álvaro Uribe –entonces presidente– decía que iba a acabar con el narcotráfico y con la guerrilla. Con eso, la coca se disparó. Estuvo a 75.000 pesos (25 euros) la arroba en 2003".

Él gestiona también un cibercafé con cuatro ordenadores y es mecánico de motos por las tardes. Sin embargo, su principal sustento es el cultivo de una hoja que sabe que atrae violencia y muerte.

Acabar con ella sería un cambio importante a nivel psicológico porque, apunta, ya no viviría continuamente pendiente de la posible llegada de los soldados a su zona. También económico. El colectivo sospecha que los agricultores pasarían a ganar menos.

Empieza el informativo de televisión de las siete de la tarde. Una periodista explica que las zonas de desmovilización para las FARC aún no están finalizadas. "Si no han podido acomodar a la guerrilla, ¿cómo van a poder acomodarnos a todos nosotros?", se pregunta Perales.

 

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Actualmente, los campesinos que cultivan coca cobran 1.000 pesos colombianos por kilo de hoja de coca. BERTA CAMPRUBÍ

 

La erradicación como primera opción

 

"No hay voluntad política de cumplir con el espíritu de los acuerdos", asegura en una entrevista telefónica Óscar Salazar, líder popular del sur del Cauca. Salazar es delegado de la Cumbre Agraria, organización que reúne a la mayoría de organizaciones y movimientos sociales rurales.

El cuarto punto del acuerdo final de paz predica que "a los cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades".

Según asegura Salazar, "la erradicación la están enfocando como primera opción" porque reina "la antigua visión, bastante dura, que el Estado y el Ejército se empeñan en tener". Los acuerdos de paz añaden que "el Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión". "Esto ya es un polvorín", evalúa el líder caucano.

Para la erradicación de plantaciones de coca, Colombia utilizó la técnica de la fumigación aérea con glifosato durante aproximadamente 30 años. En 2015 legalizó esta práctica, que acababa con la vida de ecosistemas y provocaba enfermedades a las comunidades colindantes a las plantaciones, además de eliminar otros cultivos de productos legales.

La intención pública era aplicar, de nuevo, programas de sustitución sostenible y desarrollo rural alternativo pero el único efecto visible de esa medida legal fue el incremento alarmante del número de hectáreas sembradas con coca en el país. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), de 2014 a 2016 pasaron de 69.000 a 96.000.

 

Organización contra erradicaciones

 

Desde entonces, el Estado ha seguido erradicando a través de fumigaciones terrestres con glifosato –a pesar de que el uso de este químico de Monsanto ha sido objeto de debate por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes y de movimientos de la sociedad civil– y de erradicaciones manuales con equipos especializados de la fuerza pública.

Las localidades del país afectadas por esta práctica han protagonizado protestas y concentraciones en sus plantaciones para denunciar que esas medidas se contradicen con lo pactado en los acuerdos de paz. Tratan de evitar que eliminen los cultivos que forman su sustento familiar.

Según varias asociaciones de campesinos, en los departamentos de Putumayo, Cauca, Nariño, Caquetá y Guaviare se han registrado varios centenares de erradicaciones forzadas en el último año.

 

Miedo y falta de garantías

 

Durante un plazo de dos años, los núcleos familiares de agricultores que arranquen voluntariamente las hojas de sus matas de coca recibirán, según el Gobierno, 327 euros al mes durante un año, así como materias primas, herramientas y asesoramiento técnico para proyectos agrícolas de larga duración por valor de 7.500 euros.

Esta es la opción que están barajando algunas de las familias de los 40 municipios priorizados. Muchas se preguntan si será cierto, si esta vez irá en serio. Si sus veredas dejarán de ser el escenario del primer escalón del narcotráfico.

Los miedos son varios. Miedo de arrancar los arbustos de coca, su sustento diario, y luego no recibir los recursos prometidos por el gobierno. De apuntarse, con nombre y apellidos, a una lista que recogerá información del campesinado cocalero que hasta hoy es criminalizado y perseguido judicialmente. Miedo de que la población no consiga vender a buen precio el plátano, el cacao o el aguacate que decidan plantar y, en consecuencia, se incrementen los robos y la violencia. La falta de garantías y el histórico incumplimiento gubernamental se suman a unas circunstancias globales que no apuntan hacia un cese del negocio del narcotráfico.

"Da miedo: matan a uno aquí, hay tiroteos allá. Luego vienen las autoridades y preguntan si vimos algo", se lamenta otro campesino del municipio de Corinto que también prefiere guardar el anonimato. Hace cosa de un año llegaron unos cuantos soldados y le pidieron permiso para entrar a erradicar sus plantas de coca. "Yo les dije que no, pero ellos entraron igualmente y tumbaron unas pocas de ese lado".

Al cabo de unas semanas, volviendo del funeral de un viejo amigo que fue asesinado se encontró con que los soldados habían regresado y no habían dejado ni una planta en pie. "Menos mal que yo tengo seis ganaditos, de eso vamos viviendo".

 

 

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