Jueves, 08 Febrero 2018 06:38

Drogas, un mundo sin fin

Drogas, un mundo sin fin

National Geographic Channel ha lanzado, vía Netflix, una serie de capítulos bajo el título Drugs, Inc. Se trata de un documental sobre el consumo y venta de drogas, además del combate respectivo, en diversas ciudades de Estados Unidos y de otros países como Canadá, Reino Unido, República Dominicana, Jamaica (con 10 veces más violencia por armas que el promedio de Estados Unidos), etcétera. Puerto Rico es un caso verdaderamente dramático por su deterioro social y de salud.

Entre 2012 y 2013 –se mencionó en la serie citada– el negocio de la droga equivalió a 350 mil millones de dólares anuales y las policías comunes y especializadas han llegado a la conclusión de que es un tema que está muy lejos de ser resuelto, si es que se resolverá. Combaten las drogas y sobre todo a quienes las suministran, pero están absolutamente rebasadas y reconocen que nunca van a ganar. Mientras exista demanda la oferta continuará y crecerá. Más todavía, el número de drogas y variantes de las mismas aumenta por días, incluso el de medicamentos con recetas y de venta libre que, mezclados con otros productos, son consumidos por personas para quienes la muerte no es una advertencia o foco rojo sino, en ocasiones, un estímulo para seguir consumiéndolas. Sorprendentemente, hay drogas que sus consumidores saben que los van a matar en cualquier momento y, conforme crece el número de muertos, aumenta la demanda. La locura. No hay límite en el horizonte ni solución a la vista ni en la imaginación de quienes se dicen expertos.

Detrás de las fachadas lujosas de residencias y edificios de algunas ciudades y barrios, hay un mundo de drogadicción y de venta callejera, por teléfono e Internet y hasta por correo para todas las clases sociales y niveles de edad, con muertos por todos lados y por diferentes motivos. No hay drogas sin armas y violencia, como tampoco hay prostitución masculina y femenina sin drogas u otros medios de dominación y control. Nada de esto ve el ciudadano común y corriente ni el turista que no busca ocasionalmente o por hábito drogas o prostitución. Ni siquiera la gente que vive en suburbios y zonas caras está a salvo de caer en la tentación de consumir alguna droga y muchas de esas sustancias son adictivas con sólo probarlas una o dos veces.

El mundo de las drogas no duerme ni descansa, sea donde sea y no sólo en Las Vegas, que presume de funcionar 24 por siete por 365. Hay drogas de cinco a 500 dólares la dosis, unas en las calles para los pobres y otras en su casa vía special delivery para ricos, igual sean músicos o actores que corredores de bolsa o hijos aburridos de millonarios. Los pobres, como en todos lados, se droguen o no, son obviamente los menos favorecidos, pero los pobres y drogadictos son verdaderamente lastimosos, peores que un perro callejero con sarna, tumores en el cuerpo y sin comida. Buena parte de ellos terminan tirados en las calles, vivos o muertos. Se les trata de ayudar (ocasionalmente), pero viven para las drogas y mueren por ellas. No hay modo de hacerlos abandonarlas, aunque algunos, muy pocos, lo logran. Muchos de ellos matarían a su propia madre por cinco gramos de crack o de heroína. Y los vendedores se justifican diciendo que ellos sólo suministran placer y que no obligan a nadie a consumir. Suelen decir, también a manera de descargo, que si no venden ellos otros lo harán. Y ni modo, así es; el negocio es el negocio aunque en él les vaya la vida o la libertad.

Las antiguas drogas, como las opioides, siguen usándose, y cada vez más fuertes. Tanto que muchos drogadictos consumen incluso carfentanilo, de uso veterinario para anestesiar elefantes (es 100 veces más potente que el fentanilo y 10 mil veces más que la morfina). Obviamente la mayoría de los consumidores de estas drogas muere en el intento de escaparse de su realidad, normalmente mala o sin alternativas. La cocaína sigue usándose también y representa, junto con la heroína, una de las drogas más redituables para las mafias que la producen y comercializan (de ambas, alrededor de 153 mil millones de dólares anuales en el mercado mundial). Sin embargo, el mercado estadunidense se ha visto invadido crecientemente por metanfetaminas que son fáciles de sintetizar y relativamente menos costosas que sus predecesoras. Son más poderosas que las anfetaminas y más adictivas que éstas. Ambas, como adicción, son sumamente peligrosas para los consumidores. Sus estragos son indescriptibles y muchos terminan como zombis. Buena parte de la producción de anfetaminas es mexicana, para depender cada vez menos de la cocaína colombiana y suele usarse inhalada o fumada en su formato de cristales molidos. El MDMA, también conocido como éxtasis, pertenece también a la familia de las anfetaminas y se consume principalmente en fiestas por sus efectos en el estado de ánimo (enorme alegría) e hiperactividad.

Hay ciudades, como Detroit (para sólo citar un ejemplo altamente significativo), donde la gente huye abandonando incluso sus casas, mismas que son ocupadas en corto plazo por personas que las usan para drogarse y morir en condiciones de degradación en todos los sentidos (40 por ciento o más de la población ha abandonado Detroit, más que otras ciudades con altos niveles de desempleo y de pobreza). Cuando uno ve series como Grey’s Anatomy, por mencionar alguna, uno no se imagina lo que realmente sucede con el trasiego y consumo de drogas en Seattle, Washington, donde supuestamente se desarrolla. Y así, lo mismo, en las principales ciudades de Estados Unidos y algunas también de Canadá.

¿Y qué pueden hacer las autoridades? Muy poco, incluso con la mejor intención y sin corruptelas de por medio. ¿Legalizarlas o no? ¿Tolerarlas o proscribirlas? No se sabe, bien a bien. El antecedente más citado es el del alcohol, su prohibición y el fin de ésta. El alcohol, como el tabaco, son legales, pero esto no ha impedido el contrabando ni el mercado negro, sobre todo de productos adulterados, más baratos que los de marca reconocida. El contrabando es un delito, como el trasiego de drogas, normalmente acompañado de armas y otros medios igualmente ilícitos. Se intenta legalizar o despenalizar el consumo de mariguana (en algunos lugares ya existe), pero como no es universal persiste el contrabando. Pero el consumo de cannabis, comparado incluso con el alcohol, es menos perjudicial socialmente, como el tabaco: no figuran en las estadísticas quienes hayan asesinado por conseguir un porro, una copa de ron o un cigarro. En cambio sí se sabe que por las otras drogas mencionadas los adictos son capaces de todo, incluso de morir en la calle por sobredosis o por deterioro físico y mental.

¿Qué hacer? Si no lo saben los expertos, menos yo. Por lo pronto se antoja falso aquello que dice que problema que no tiene solución no es problema.

rodriguezaraujo.unam.mx

Publicado enSociedad
Miércoles, 07 Febrero 2018 06:40

Santos recibe señales mixtas

Santos recibe señales mixtas

Trump había amenazado la semana pasada con suspender la ayuda financiera a países que “se ríen de los EE.UU.”

 

El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson visitó ayer la capital colombiana con la misión de reasegurar al gobierno de Juan Manuel Santos de que Washington sigue comprometido con la lucha contra el narcotráfico y el proceso de paz en el país sudamericano, informó el diario The Los Angeles Times. En contraste, el presidente Trump había amenazado la semana pasada con suspender la ayuda financiera a países que, según él, “se están riendo de los estadounidenses”, al llevarse el dinero de ayuda directa sin comprometerse con la lucha antinarco. Tillerson ha intentado suavizar las palabras de su presidente durante sus visitas a México, Argentina y Perú, parte de la gira de una semana por América latina y el Caribe.


En Lima, por ejemplo, ayer dijo que ha llevado el tema de la cooperación bilateral en la lucha contra las drogas “en todas las paradas que hago a lo largo del hemisferio”. Y agregó: “Esto es verdaderamente un desafío hemisférico y cada país tiene su propio desafío. cuanto más podamos compartir, y más podamos conectar nuestras actividades, mayor progreso podremos alcanzar en las disrupción de estas organizaciones criminales.” En conversaciones con periodistas en viaje a Colombia, Tillerson rechazó sugerencias de que su mensaje no era bien recibido. “He tendido todo el acceso que he necesitado y cumplido con prácticamente todos los objetivos de mi viaje,” escribió Tracy Wilkinson, periodista estrella del Los Angeles Times.


La producción de coca ha crecido un cincuenta por ciento en los últimos dos años, según funcionarios estadounidenses. Más aún cada hectárea cultivada ha aumentado su producción. Ante semejante aumento, Trump ha amenazado con poner a Colombia en la lista negra de los países que no cooperan con la lucha antinarco, lo que significaría que la ayuda económica a ese país se suspendería o se reduciría hasta que progreso en ese aspecto pueda verificarse. Todavía no ha actuado sobre esa amenaza, pero su gobierno ha renegado de la promesa de la administración de Obama de proveer 4,500 millones de dólares en ayuda directa en los próximos 10 años. Un primer tramo de ese paquete fue desembolsado en los últimos días de la presidencia de Obama . Los colombianos están enojados, se sienten ninguneados, dijo Bruce Bagley, un profesor colombiano que enseña en la Universidad de Miami.


Washington gastó 10,000 millones de dólares para ayudar a Colombia terminar con su guerra civil y ahora el país, mientras busca reinsertar a miles de guerrilleros a la vida civil y encontrar un lugar para miles de desplazados, podría convertirse en un lugar muy peligroso, dijo el profesor. “este es un momento crucial en el proceso de paz,” dijo Bagley. Tillerson aterrizo en Bogotá a las cinco y media de la tarde hora local, y tenía previsto ir directamente al palacio Nariño para reunirse con Santos antes de viajar a Jamaica, la última parada de su gira.

Publicado enColombia
Domingo, 26 Noviembre 2017 07:40

Río tiene a tres ex gobernadores presos

Garotinho y su esposa Rosinha, arrestados el miércoles por una causa de corrupción.

 

Crisis económica, narcoviolencia y corrupción en el estado vidriera de Brasil

Este combo, al que se le agrega el récord de policías asesinados y de violencia criminal en las favelas y en los barrios tradicionales, está teñido del color verde oliva de las tropas del Ejército que ocupan la ciudad.

 

Río de Janeiro, la vidriera global de Brasil, se desangra por la crisis económica, el aumento de la violencia y también por una degradación de su clase política, reflejada en la detención por corrupción de los últimos tres ex gobernadores, apenas un año después de haber albergado los Juegos Olímpicos. Para completar el cuadro de este carnaval decadente, el ex presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos Río 2016, Carlos Nuzman, fue detenido acusado de haber pagado votos de países africanos en 2009 para la elección de la ciudad como sede olímpica con dinero desviado de contratos del gobierno estadual.

Este combo, al que se le agrega el récord de policías asesinados y de violencia criminal en las favelas y en los barrios tradicionales, está teñido del color verde oliva de las tropas del Ejército que ocupan la ciudad para colaborar con la seguridad pública, que generó conflictos legales porque la justicia común no tiene competencia para juzgar posibles abusos de los militares. La policía, los maestros y otros empleados públicos del estado sufren atrasos en el pago. El gobierno estadual el año pasado se declaró en bancarrota por una serie de factores, como la baja de la recaudación petrolera, en medio de la Operación Lava Jato, que detuvo grandes proyectos de la industria de hidrocarburos y refinerías sospechados de corrupción.

“Muchos gobernantes se relajaron esperando el milagro fiscal del ingreso por regalías del petróleo. Esto se convirtió en una desventaja, empujada por malas gestiones porque la estructura estatal de Río es muy pesada. El petróleo, el turismo y algo de industria mantienen al estado”, dijo el economista Fernando Pinho, de la Universidad Mackenzie.

La Operación Lava Jato se posó sobre el estado de Río de Janeiro de la mano del juez Marcelo Bretas, llamado “el Sérgio Moro carioca” por implementar la prisión preventiva y organizar operativos espectaculares contra políticos y empresarios. El primer caído fue el diputado Eduardo Cunha, mano derecha de Temer en el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) que motorizó como presidente de la cámara baja el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff.

El PMDB, que tiene en Río uno de sus principales bastiones de poder, quedó arrasado, pero aún mantiene las riendas mediante el gobernador Luiz Fernando Pezao, acusado de recibir sobornos. Su jefe, el ex gobernador Sergio Cabral (2006-2014) está detenido condenado a 45 años de prisión por cobrar sobornos millonarios de empresas contratistas que hasta le compraban joyas a su esposa, Adriana Anselmo, en una sentencia polémica dictada por el mediático juez Bretas.

En los últimos diez días fueron detenidos los ex gobernadores Anthony Garotinho (candidato presidencial en 2002) y su esposa Rosinha Matheus por comprar votos en la elección municipal de 2016 en el municipio y polo petrolero de Campos dos Goytacazes, bastión de la dupla del Partido de la República. El día anterior, el martes, tres diputados del PMDB de Temer, caciques de la política tradicional de Río, fueron eje e un papelón institucional: un tribunal de segunda instancia envió a prisión a Jorge Picciani –presidente de la Asamblea Legislativa de Río y padre del ministro de Deportes, Leandro Picciani–, y de sus antecesores Edson Albertassi y Paulo Melo.

Fueron liberados por la Asamblea Legislativa, pero se entregaron nuevamente porque el tribunal consideró que la libertad de estos políticos “atenta contra la paz social de la comunidad”, ya que durante tres décadas instalaron una red de sobornos, dice la acusación, alimentada por la llamada “mafia del transporte”. Picciani se entregó en la sede de la policía federal a bordo de un Porsche. “Río se transformó en una tierra sin ley”, dijo la fiscal general, Raquel Dodge, designada por Temer, al mediar entre la disputa entre poderes, tal cual se da a nivel nacional.

Los contratos fraudulentos con el Estado de Río alcanzaron también a empresas constructoras y proveedores e incluso rozaron al conductor televisivo Luciano Huck, sondeado como candidato presidencial, un aliado del senador Aecio Neves. El socio de Huck en la red de gimnasios más grande de Brasil, Claudio Accioly, fue llevado a declarar por la fuerza para que explique por qué el gobierno de Cabral lo benefició con la baja de impuestos.

Para el columnista Bernardo Mello Franco, del diario Folha de Sao Paulo, “muchos cariocas festejan las detenciones de políticos como el inicio de la salvación, pero estas simbolizan una tragedia. Hace poco más de un año que Río se enorgullecía por ser sede olímpica. Hoy la policía sufre la violencia fuera de control y el cierre de restaurantes populares y bibliotecas”. Declarado en bancarrota a mediados de 2016, dos meses antes de los Juegos, parte de los empleados públicos no cobraron el aguinaldo de ese año. El estado aceptó un pacto fiscal de auxilio del gobierno de Temer que lo obliga a privatizar empresas públicas, como ocurrió con la de saneamiento urbano CEDAE, donde hubo manifestaciones y represión, y el ministro de Economía, Henrique Meirelles, recomendó privatizar la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ).

El aumento de la violencia del delito, los tiroteos entre los grupos narcos de las favelas, el asesinato récord de policías y la intervención de las Fuerzas Armadas en las ciudades se suman a la crisis de identidad del segundo estado más rico del país, que fue capital del Imperio y de la República hasta 1960 y que ahora baila al ritmo de la canción compuesta por Baden Powell, “Samba Triste”. Según una encuesta de Datafolha, 7 de 10 habitantes de la ciudad de Río de Janeiro dejarían de vivir en la ciudad maravillosa por causa de la violencia. En el último año, incluso, la degradación económica se vio reflejada con la aparición en situación de calle de ex gerentes y universitarios que perdieron todo, arrastrados al ritmo de este samba triste.

 

 

Publicado enInternacional
Viernes, 24 Noviembre 2017 06:43

Brasil, reserva regional de conservadurismo

Brasil, reserva regional de conservadurismo

El miedo provoca reacciones defensivas irracionales. Todos hemos observado que cuando un avión se menea más de la cuenta, o un autobús amenaza salirse del camino, los pasajeros se persignan, aunque no sean creyentes, o se aferran a algún objeto, incluso a personas cercanas con las que nunca tendrían contacto físico. En efecto, el miedo nos lleva hacia actitudes extremas.

Días atrás en la ciudad de Brasilia escuché, en diferentes espacios, un relato que me dejó perplejo. Una madre salía del cine abrazada a su hija, en un shopping lujoso de clase alta. Fueron golpeadas porque las confundieron con lesbianas.

Días después, la feminista Judith Butler fue acosada y violentada en un aeropuerto de Sao Paulo por su "ideología de género". Se realizó una manifestación en su contra, y otra en favor, se juntaron más de 300 mil firmas para impedir su conferencia y se sucedieron varias acciones agresivas.

Cuando se escuchan los argumentos de los detractores, aparece el miedo en primer plano. "El sueño de Judith Butler: destruir la identidad sexual de nuestros hijos", podía leerse en uno de los carteles. "Hombre es hombre, mujer es mujer. No aceptamos que se difunda la idea de que un niño puede ser una niña. Y viceversa. Porque biológicamente es imposible", dice un texto difundido por WhatsApp.

Los conservadores, agrupados en el Movimiento Brasil Libre (MBL) y en la Escuela Sin Partido, consiguieron que se retirara un anuncio de jabón en la televisión, que decía: "Vamos a reflexionar. Jugar a las casitas es cosa de niñas. Montar en patineta es cosa de niños. Esas reglas parecen cosa del pasado, ¿verdad? Deje a su hijo saltar y explorar con libertad" (goo.gl/qqFrSm).

El vocablo "fascista" viene rápidamente a la mente para dar cuenta de semejante intransigencia, sumada a una ignorancia rayana en la estupidez. Sin embargo, tiene escasa utilidad para comprender a esOs señores y esos jóvenes que realmente sienten miedo, y asco, ante la posibilidad de que sus hijas sean lesbianas o sus hijos gays. O que opten por sexualidades que, sencillamente, no comprenden como transgénero, transexual o intersexual, que van más allá del binarismo homo/hetero.

No conozco a nadie que tenga hijos e hijas, que nunca haya sentido preocupación ante la posible opción sexual heterodoxa de sus hijos-hijas, aunque esté predispuesto a apoyarlos. Aceptarlos supone un trabajo interior que muchas personas no están dispuestas a realizar, porque implica desprenderse de valores, juicios y sobre todo prejuicios. Lo que quiero reflexionar es porqué personas comunes adoptan esas actitudes, más allá de las usinas ideológicas que las difunden.

Me parece importante, además, intentar comprender porqué Brasil se ha convertido, aquí y ahora, en un reservorio de conservadurismo que puede ser tan intenso como para influir en toda la región sudamericana, con la misma fuerza que una década atrás influyeron las propuestas de integración regional y el proyecto de convertir a Brasil en potencia global.

Encuentro tres problemas a debatir.

Uno, la enorme desigualdad existente en Brasil, el país más desigual del mundo. El 1 por ciento acumula entre 25 y 30 por ciento de la renta, y eso se ha mantenido sin cambios a lo largo del tiempo, de modo que la desigualdad se ha naturalizado en una sociedad donde, además, el ascenso social históricamente ha estado reservado a los ricos, blancos y varones con formación académica.

Dos, el colonialismo y el racismo, que son el núcleo duro de la desigualdad. Algo más de la mitad de población, 100 millones de personas, se consideran negros y negras. Ocupan los escalones más bajos de la pirámide de ingresos, viven en los barrios más precarios (en general en favelas) y tienen los puestos de trabajo menos cualificados y precarios.

El colonialismo nunca terminó en Brasil. Más aún, se viene reforzando con el modelo económico de acumulación por desposesión/guerra contra los pueblos, ya que excluye a la mitad de la población que no tiene derechos, sólo son beneficiarios de programas sociales.

Tres, el pentecostalismo y el narcotráfico refuerzan las tendencias anteriores y, además, defienden un patriarcado fundamentalista, con la intención de retrotraer las relaciones sociales al siglo XIX.

Narcos y pentecostales atacan la cultura negra para disciplinar a los más pobres, que encuentran en las religiones de origen africano formas de relacionarse sin mediaciones, horizontales y con cierta autonomía en espacios propios, como los terreiros. En apenas cinco años las denuncias por "intolerancia religiosa" crecieron 4 mil 960 por ciento, de 15 en 2011 a 759 en 2016 (goo.gl/5B6xPZ).

La mayoría son ataques a terreiros umbandas y candomblé, siendo la Baixada Fluminense (13 municipios pobres del estado de Río de Janeiro) uno de sus objetivos. Los traficantes y los pentecostales se han convertido en la nueva inquisición. Los evangélicos figuran entre los que participan en mayor porcentaje en las agresiones.

La alianza entre pentecostales y narcos se está fraguando en las prisiones, algo casi invisible para los analistas académicos. La Iglesia Universal del Reino de Dios marcha a la cabeza, ya que firmó acuerdos para reformar o construir templos en 51 prisiones. Según sus datos, ella sola atiende a 80 por ciento de la población carcelaria del país (medio millón de personas, más sus familiares), ofreciendo cursos, "realizando un trabajo de resocialización" para los presos y las familias, en lo que no pocos denominan como "tráfico evangelizado".

Además, la crisis económica, el consumismo y el ascenso de nuevas clases medias (que necesitan diferenciarse de los más pobres/más negros) crearon un coctel devastador en las relaciones sociales.

No alcanza con denunciar que "alguien" está planificando una alianza narco/evangélica/patriarcal para amarrar a los pobres con las cadenas de la dominación. Debemos preguntarnos: ¿Recuerdan cuando los militantes hacíamos trabajo en las cárceles, en las favelas, con los enfermos mentales y los consumidores?

Publicado enInternacional
Chomsky: “EE UU es el origen del problema del narco”

El intelectual estadounidense arremete en México contra la incapacidad de la clase política liberal de su país para conectar con la clase trabajadora blanca

Un gobernante habilidoso y demagogo, que ha sabido conectar con los “miedos legítimos” de parte de la sociedad, “como antes lo hicieron Hitler o Mussolini”. Así dibujó este miércoles a Donald Trump el intelectual vivo de la izquierda clásica más importante de su país, Noam Chomsky, en una escueta rueda de prensa en Ciudad de México.
“Trump es un fenómeno que refleja el momento en que se encuentra el país después de décadas de políticas que han concentrado el poder político y económico en unos pocos, y que han deformado la capacidad de las instituciones para servir a sus ciudadanos”, añadió el profesor emérito del Massachusetts Institute of Technology (MIT) invitado a México por su universidad insignia, UNAM, al ciclo de conferencias Los acosos a la civilización.De Muro a muro, organizado en alianza con la Universidad Estatal de Arizona.


El ascenso del magnate republicano es para el lingüista de 88 años, que empezó su activismo político contra la guerra de Vietnam, resultado del vacío, el desamparo y hasta la humillación que siente la clase trabajadora blanca ante el establishment político estadounidense. “Especialmente el partido demócrata, que se ha olvidado de atender las cuestiones materiales y en ocasiones ha tratado como estúpidos a estas capas de la sociedad”.


“Trump ha conseguido que sientan que es el único político que les da voz, que defiende sus tradiciones y su cultura, que sienten amenazada. Además, ha construido un enemigo externo: los mexicanos, los asiáticos, los migrantes. Es la misma lógica que utilizó Hitler con los judíos, aunque obviamente ni los judíos iban a destruir Alemania ni los migrantes lo van a hacer con EE UU”.


Sobre la renegociación del tratado de libre comercio norteamericano (TLC), el filósofo interpretó la postura intransigente de EE UU como una oportunidad para los otros dos socios “México y Canadá deberían aprovechar para introducir elementos que favorezcan a sus ciudadanos, como los derechos sindicales”, además de subrayar que “el origen del problema del narco en México es EE UU”, recordando que del vecino del norte proceden la mayor demanda de drogas y la mayor oferta de armas.


La emergencia de los nuevos movimientos sociales contra las políticas neoliberales de finales de los noventa, conocidos como antiglobalización, recuperaron la figura del veterano filósofo con títulos como Miedo a la democracia o Como nos venden la moto, donde aterrizaba con lenguaje sencillo y voluntad pedagógica los peligros de la desregularización de los mercados, la entronización de las finanzas y el debilitamiento de los sindicatos.


Aplicadas, por ejemplo, al fenómeno del calentamiento global, sus tesis sonaron así este miércoles en México: “Si tú eres una empresa petrolera, tu único interés y objetivo es el lucro inmediato. En tus planes operativos no concibes que lo que estés haciendo pueda acabar con la vida de tus hijos. Todo lo que no beneficio es considerado una externalidad, algo accesorio. Ese es el corazón de la economía capitalista, un sistema que está destinado a la autodestrucción”

Publicado enInternacional
El agente especial James J. Hunt, en su despacho, en Nueva York. FERNANDO ALONSO

 

El agente especial alerta de que interceptan en Nueva York 10 veces más heroína que hace siete u ocho años. La ciudad es "el gran hub" en Estados Unidos

 

El agente especial James J. Hunt, a cargo de la Agencia Antidroga de Nueva York (la DEA, en sus siglas en inglés), es un veterano en la batalla. Policía neoyorquino desde el 82 y formado en la academia de Quantico, ingresó a la agencia en el 85. A lo largo de su carrera, ha visto pasar el negocio de la droga de manos de la mafia a los cárteles de Colombia y México. Ha asistido a la caída de las familias italianas y de los reyes del narcotráfico. Cuando Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue extraditado, Hunt y sus hombres le esperaban en el aeropuerto. Pero nada de eso bastará, dice, mientras que haya demanda. Desde su despacho en el sur de Manhattan, aborda la epidemia de opiáceos que castiga a Estados Unidos y reconoce que Nueva York es el gran hub de la heroína del país. Evita pronunciarse, sin embargo, sobre el polémico proyecto de Donald Trump de construir un muro en la frontera mexicana.

 

Pregunta. Sabemos los nombres de esos narcos que controlan el tráfico de heroína desde México. ¿Pero quiénes llevan el negocio aquí?

Respuesta. Ha cambiado. Hace 40 años, la mafia traía la heroína de Europa, de Sicilia o de Turquía, y la vendía a traficantes afroamericanos, como Nicky Barnes o Frank Matthews, e hispanos. En Nueva York, sobre todo puertorriqueños. La mafia fue expulsada cuando los colombianos empezaron a producir heroína, sobre los 80 y los 90, porque bajaron el precio hasta alrededor de la mitad. Los colombianos la suministraban y en la calle la vendían pandillas dominicanas. Pero hace unos 15 años, los colombianos sufrieron un buen revés de la justicia y todos aquellos nombres, Ochoa, Escobar, Gacha... Todos están muertos o en la cárcel. Así que los colombianos listos decidieron que, en lugar de lidiar con los estadounidenses, sería mejor vender su mercancía a los mexicanos. Eso ocurrió en Nueva York y sobre todo en el corredor Este. Pero los mexicanos no están en la calle, ellos negocian con los dominicanos.

P. ¿Ya no interviene la mafia?

R. No pueden competir en precio. La mafia cobraba unos 200.000 dólares por kilo y los dominicanos están comprando esos kilos a los mexicanos por 60.000, 50.000 o 70.000 dólares. Antes todas las familias italianas estaban en eso. Los Bonano seguramente eran los principales y tenían una facción siciliana, gente no nacida en EE UU. Tenían las conexiones con Sicilia y Turquía. Pero desde la Pizza Connection [un famoso juicio de 1985 a una empresa mafiosa que distribuía droga] han sido casos esporádicos. Y nada comparado con los mexicanos. Hace unos años encerramos a un tipo de la mafia, Gene Gotti, que es el hermano de John Gotti, y estaba comerciando con cuatro o cinco kilos. Y era uno de los tipos grandes... Los dominicanos están moviendo entregas de 60 kilos.

P. ¿Y cuáles son los grandes nombres en Nueva York?

R. No hay una jerarquía como en las mafias, con un jefe, unos capitanes y unos soldados. Los traficantes dominicanos están muy fragmentados y negocian con los narcos mexicanos a nivel individual. Allí sí tienen esa estructura más o menos formal [de cárteles].

P. Eso les hace más débiles, en teoría, pero también más escurridizos.

R. Sí, porque no tienen esa estructura. Con la mafia en Nueva York solo tenías que sentarte delante de un club en Bensonhurst o la Avenida Pleasant y veías a todos los miembros de la familia, porque todos debían ir a despachar con el jefe de la familia una vez por semana, eran muy visibles. Ahora es más difícil. Además, muchos no son estadounidenses.

P. ¿Cómo se han construido esas redes?

R. Hace un tiempo arrestamos en el Bronx a tres traficantes dominicanos, les incautamos cuatro millones de dólares en efectivo y tres kilos de heroína. El dinero se iba de vuelta a México, a cambio de la heroína. Es un buen ejemplo de cómo funciona: me das un par de kilos de heroína y yo te envío el dinero de vuelta, la próxima vez te doy cuatro y haces igual, y así vas creando una confianza hasta que montas una estructura que crece exponencialmente. Nunca empiezas de golpe con 50 kilos.

P. Nueva York es un punto especialmente caliente.

R. Nueva York es el hub de la heroína en Estados Unidos. Se intercepta más aquí que en ningún otro sitio, de lejos, una tercera parte del total.

P. ¿Cuál es la principal vía de entrada? ¿El puerto?

R. Ya no llega tanta a través por ahí como antes. Los mexicanos no necesitan transportarla por barco, como los colombianos, la pueden pasar a través de la frontera. Miles de tráilers la cruzan cada día y ellos los usan. Ocurre lo mismo con el dinero. Una vez sabíamos que uno llevaba carga, pero lo habían escondido en el eje, así que nos llevó como un día y medio encontrarlo. En otra ocasión encontramos cuatro millones de dólares que estaban enviando a México dentro muebles, unos muebles que se habían fabricado especialmente con compartimentos secretos. También hemos descubierto muchos túneles.

P. ¿Cómo es la colaboración con las autoridades mexicanas?

R. Muy buena, trabajamos estrechamente. Han recorrido un gran camino, han avanzado mucho en la lucha contra los narcóticos. No tendríamos al Chapo si no fuera por sus fuerzas de seguridad y su Gobierno. Allí nosotros tenemos a gente, pero no somos una fuerza de seguridad.

P. También hay un gran flujo de armas ilegales en dirección a México.

R. Los tipos malos necesitan armas. En Estados Unidos tenemos muchas, muchas empresas que las fabrican y estos traficantes quieren tantas como puedan conseguir. Depende del estado en el que estés, es fácil comprarlas. Así que es una relación complementaria. Los de Nueva York son tipos que suelen ir a las Carolinas o a Virginia, hacen que vaya gente allí y se las compren.

P. ¿Cómo ha vivido en la DEA este boom de la heroína?

R. En Nueva York estamos interceptando 10 veces más heroína que hace siete u ocho años. Si me hubieran dicho entonces que cogeríamos tanta no me lo hubiera creído. Desde 2009 se ha ido duplicando cada año. El problema es que hay una gran población de adictos, y ese es nuestro reto, porque la heroína no tiene un valor intrínseco, no es como el oro. Si no tienes a quién vendérsela, solo es un montón de polvo. Puedes detener a hombres como El Chapo, pero mientras haya demanda, tendrás el problema. Hay que conseguir que las nuevas generaciones no prueben la heroína. Hay gente que prueba la cocaína, o la marihuana, luego madura, encuentra un trabajo y no lo vuelve a hacer. Pero la heroína toma todo tu cuerpo y tu alma.

 

 

Publicado enInternacional
La guerra contra las drogas es la verdadera culpable

 

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

El 1 de julio de 2001, Portugal promulgó una ley que despenalizaba las drogas. Según esta ley, nadie puede ser detenido ni fichado por tenencia o consumo de narcóticos. Ni el consumo ni la posesión de drogas se considera un delito. En cambio, los usuarios pueden acceder a asesores y terapeutas que les ofrecen distintas opciones de tratamiento.

En 2008, siete años después de la aprobación de la ley, viajamos a Lisboa para estudiar sus efectos y elaborar uno de los primeros informes globales sobre esta política, que fue publicado por el Instituto Cato. Las conclusiones fueron claras y sorprendentes: este cambio radical en la legislación sobre drogas había obtenido un éxito substancial e innegable.

Mientras en la década de los noventa, Portugal (como la mayor parte de los países occidentales) se consumía debido a las muertes por sobredosis y a la por violencia y las enfermedades relacionadas con las drogas, cuando dejó de perseguir y tratar como delincuentes a los consumidores, alcanzó una de las primeras posiciones de todo tipo de estadísticas positivas. Estos resultados ofrecían un agudo contraste con los de los países que seguían usando el enfoque de la criminalización: cuantos más adictos detenían y más se insistía en la “guerra contra la drogas”, más empeoraban los problemas derivados de ella.

Con todo el dinero derrochado por Portugal en la persecución y detención de los consumidores de drogas ahora disponible para programas de tratamiento, y habiendo trocado el gobierno el miedo por la confianza, los que habían sido consumidores impenitentes empezaron a superar su adicción y a recobrar la salud, y los mensajes contra las drogas del gobierno empezaron a escucharse. El aumento previsto en los índices de toxicomanía nunca se llegó a producirse y, en algunas categorías demográficas, de hecho se redujo. El estudio de 2009 concluía que “los datos muestran que el modelo de despenalización de Portugal ha sido un éxito rotundo en prácticamente todas las variables”.

Durante el fin de semana, el enviado especial en Lisboa del New York Times, Nicholas Kristoff, revisó estas estadísticas, ahora más abundantes e incuestionables incluso que en 2009. Sus conclusiones fueron todavía más rotundas que las del informe Cato ocho años antes: Portugal había demostrado definitivamente lo ineficaz, irracional y contraproducente que es la prohibición de las drogas.

Esta conclusión se basa en el éxito absoluto obtenido por Portugal al descriminalizarlas, si se comparan sus datos con los trágicos fracasos de países como Estados Unidos y Brasil que continúan considerando la adicción como un problema moral y un delito más que como un problema de salud. Kristoff escribe:

“Después de más de 15 años de experiencia, es evidente qué enfoque funcionó mejor. El programa de narcóticos estadounidense ha fracasado espectacularmente y el país ha tenido tantas muertes por sobredosis (unas 64.000) como las que produjeron las guerras de Vietnam, Afganistán e Irak todas juntas.

Por el contrario, Portugal parece estar ganando la guerra contra las drogas, dándola por finalizada. En la actualidad, el Ministerio de Sanidad estima en unos 25.000 la cifra de consumidores de heroína en el país Cuando se inició el programa eran 100.00.

La cifra de muertos por sobredosis se desplomó más de un 85 por ciento antes de ascender ligeramente a consecuencia de la crisis económica de los últimos años. A pesar de ello, la tasa de mortalidad por drogas de Portugal es la más baja de los países de Europa Occidental: una décima parte de la británica o la danesa y alrededor de una quinceava parte de los datos más recientes en EE.UU.

Kristoff da una explicación a este triunfo: “Es incomparablemente más barato tratar a las personas que encarcelarlas”. Pero hay otras razones, incluyendo el hecho de que las iniciativas para persuadir a los adictos de someterse a una terapia “son mucho más sencillas cuando el consumo está despenalizado, porque ya no temen que les detengan”.

Pero tal vez la prueba más contundente del éxito portugués no sean los datos empíricos, sino la realidad política: a pesar de que la ley resultó muy polémica cuando fue aprobada hace 16 años, ahora apenas hay grupos políticos que promuevan su derogación o aboguen por una prohibición del consumo.

Esta evidencia es de crucial importancia para los ciudadanos de cualquier país que siga considerando a los consumidores y adictos como delincuentes. Es totalmente inadmisible romper las familias, obligar a los hijos a estar separados de los padres recluidos en prisión y convertir a los toxicómanos en delincuentes no aptos para el trabajo, cuando los datos demuestran que dichas políticas logran los resultados opuestos a los que pretenden.

Pero, cuestiones morales aparte, la violencia relacionada con las drogas que está arrasando Brasil, y en concreto la terrible guerra que está devorando la favela de Río de Janeiro Rocinha –apenas unas semanas después de que se declarara su “pacificación”– subrayan la importancia y la urgencia de que los brasileños y los ciudadanos de cualquier país consideren el tema (¿?). Brasil ha sido testigo de repetidos estallidos de gran violencia en las favelas de sus mayores ciudades, muchas de las cuales llevan tiempo gobernadas por bandas de narcotraficantes bien armadas. Pero la guerra de la pasada semana [18-24 de septiembre] en Rocinha (y eso es exactamente: una guerra), favela situada en mitad de la Zona Sul de Río, barrio de moda, ha sido particularmente impactante.

Las bandas rivales han “invadido” la favela y han mantenido una guerra abierta por el control del narcotráfico, forzando al cierre de las escuelas, a que los residentes se refugiaran en sus casas y a que las tiendas permanecieran cerradas. Tal y como informó Misha Glenny en The Intercept, “la causa inmediata de la violencia es la continua lucha entre facciones e incluso entre miembros de la misma facción”, pero la violencia presagia una guerra general por el control del comercio de drogas.

Cuando nos enfrentamos a la violencia relacionada con las drogas, existe la tentación de agarrarse a la solución aparentemente más sencilla: intensificación de la guerra, más arrestos de traficantes y de adictos, más policía y más prohibición.

Quienes propugnan este enfoque quieren que la gente se trague una secuencia lógica bastante simplona: la causa de los problemas relacionados con las drogas, como la violencia de las bandas de narcotraficantes, son las drogas. Por tanto, debemos eliminar las drogas. Por tanto, cuantos más problemas tengamos por las drogas, más empeño ponemos en deshacernos de ellas y de quienes las venden y las consumen.

Pero esta mentalidad se basa en una trágica y evidente falacia: que la guerra contra las drogas y su criminalización conseguirá eliminarlas o, al menos, reducir su disponibilidad. No obstante, décadas de fracasos demuestran la falsedad de esta hipótesis; más bien se produce el efecto contrario. Como en Estados Unidos, en Brasil existen cientos de miles de ciudadanos encarcelados por delitos relacionados con las drogas –la mayor parte de ellos, pobres y no blancos– y, aún así, el problema no ha hecho sino empeorar. Cualquier persona con un mínimo de sensatez tendría que admitir que este razonamiento es falso.

Apoyar una política fracasada con la esperanza de que algún día funcione por arte de magia es irracional por definición. En el caso de las leyes sobre drogas ­que generan miseria y sufrimiento, no solo es irracional sino cruel.

Un informe de 2011 del Comité Global de Política Antidrogas (que incluye a múltiples líderes mundiales entre los que están el exsecretario general de la ONU Kofi Annan y el expresidente de Brasil Henrique Cardoso) estudió todas las pruebas relevantes y fue muy claro: “La guerra global contra las drogas ha fracasado y ha provocado consecuencias devastadoras para individuos y sociedades de todo el mundo”.

El dato primordial de esta conclusión es de vital importancia. La causa fundamental de todas las patologías relacionadas con las drogas –en particular la violencia entre bandas del tipo que ahora devasta Rocinha– no son las propias drogas, sino la política de criminalización de las mismas y la guerra librada en su nombre.

La propia naturaleza de las drogas –su pequeño tamaño, la facilidad para traficar con ellas, el atractivo que tienen para los humanos– supone que nunca podrán ser eliminadas o reducidas significativamente mediante la fuerza. Únicamente los cambios en el comportamiento humano, que pueden producirse mediante el tratamiento prolongado y profesional, pueden promover esta mejora. El único resultado de la criminalización de las drogas, aparte del enorme despilfarro humano y financiero que supone encerrar a los adictos, es el aumento del poder y el enriquecimiento de las bandas de narcotráfico, al asegurarles que los beneficios que reporta la venta de un producto ilegal sigan siendo irresistiblemente elevados.

Por ese motivo, los más fervientes adversarios de la legalización o descriminalización son las propias bandas de narcotráfico. Nada conseguiría eliminar el poder de las bandas (como las que se enfrentan en Rocinha) tan rápida y radicalmente como la despenalización de las drogas. Los traficantes, como buenos empresarios que son, lo saben bien.

En 2016, el periodista Johann Hari, autor de uno de los libros más influyentes sobre adicción a las drogas, escribió un artículo en el Huffington Post titulado: “Lo único a lo que tienen miedo las bandas y los cárteles de las drogas es a la legalización”. En sus propias palabras:

“Cuando se penaliza una droga que cuenta con un gran mercado, esta no desaparece. El comercio, simplemente, se desplaza de los locales autorizados, las farmacias y los doctores a las bandas armadas de delincuentes. Con el fin de proteger su parcela y sus rutas de abastecimiento, dichas bandas se pertrechan y matan a cualquiera que se cruce en su camino. Se puede ver cualquier día en las calles de los barrios pobres de Londres o Los Ángeles, donde las bandas de adolescentes se apuñalan o disparan para conservar el control de un producto que ofrece márgenes de 3.000 por ciento de beneficios.

Hay una analogía histórica perfecta que demuestra este punto: la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años veinte. La ilegalización del alcohol no provocó su desaparición. Lo único que cambió fue el control de su venta y distribución: de la tienda de comestibles de la esquina a las bandas violentas del tipo a la que hizo famoso a Al Capone.

Es decir, la ilegalización del alcohol no hizo que la gente dejara de consumirlo. Lo que hizo fue aumentar el poder de las bandas del crimen organizado, capaces de hacer cualquier cosa o matar a cualquiera para proteger los enormes beneficios obtenidos por su venta.

Lo que finalmente acabó con esas peligrosas bandas de la prohibición no fue la policía ni la reclusión de los comerciantes o consumidores ilegales; durante la prohibición, cuando las bandas no podían sobornar a la policía, la disparaban. Lo que acabó con ellas fue la legalización del alcohol. Al regularizar su venta, el fin de la prohibición restó relevancia a las bandas, y estas desaparecieron.

Las bandas del narcotráfico no temen la guerra contra las drogas sino todo lo contrario. Como señala Hari, les encanta. Es la criminalización lo que hace su comercio tan rentable. Hari cita a un veterano agente antinarcóticos de Estados Unidos: “En la grabación encubierta de una conversación, el máximo jefe de uno de los cárteles, Jorge Román, se mostraba agradecido por la guerra contra las drogas y la calificaba de ‘una farsa montada de cara al contribuyente estadounidense´ que resultaba en realidad ‘buena para los negocios´.

En 2015, Danielle Allen, una teórica política de la Universidad de Harvard, escribió una columna de opinión en el Washington Post titulada “Por qué la guerra contra las drogas genera violencia”. En ella explicaba que una de las principales razones para despenalizar las drogas era el hecho de que su combate producía crímenes violentos, lo que a su vez aumentaba la cifra de reclusos y generaba otras consecuencias sociales indeseadas”. Según ella: “Es imposible interrumpir el manejo de 100.000 millones de dólares de un producto ilegal sin llevar a cabo un montón de operaciones armadas y homicidios. Esto debería ser fácil de entender o defender”.

¿Por qué Rocinha está llena de armas y controlada por bandas capaces de actuar con tanta violencia? ¿Cómo puede un influyente político brasileño, relacionado con algunas de las figuras más poderosas del país, contratar a un piloto previamente detenido por transportar un alijo de cocaína valorado en millones de dólares en un helicóptero propiedad de dicho político, y todo ello sin que nadie tenga que rendir cuentas?

La respuesta es evidente: porque las leyes que ilegalizan las drogas garantizan que el tráfico sea una actividad extremadamente rentable, lo que a su vez permite a las bandas del crimen organizado armarse y asesinar para mantener el control. Es lógico que Rocinha, situada en medio de la Zona Sul y con salidas fáciles, se convierta en un refugio de la droga para turistas ricos, profesionales de clase media y adictos empobrecidos. Las enormes sumas de beneficios que procura la guerra contra las drogas aseguran que las fuerzas de policía no solo estén pobremente armadas sino también que sean tan corruptas que sus acciones fracasen inevitablemente.

Ahora ya es indudable que es la propia guerra contra las drogas la que provoca la continua violencia relacionada con las drogas.

Si le horroriza la violencia que se ha adueñado de Rocinha o de lugares similares en el resto del mundo, lo último que debería hacer es respaldar nuevos programas que alimenten la violencia: a saber, la criminalización y la guerra contra las drogas. Hacerlo es como quejarse del cáncer y animar a la gente a fumar. Las estadísticas con las que contamos son suficientes para afirmar que quienes respaldan la actual criminalización son cómplices de esta violencia relacionada con las drogas y los problemas de adicción y sobredosis que conllevan.

Puede parecer ligeramente paradójico a primera vista, pero los datos no dejan lugar a dudas: la única manera de evitar violencia como la de Rocinha es la despenalización total de las drogas. Ya no es necesario que sigamos especulando sobre el tema. Gracias a Portugal, los resultados están ahí; y no podían ser más claros.

 

Glenn Greenwald es cofundador de The Intercept y veterano periodista e investigación, ganador de múltiples premios y difusor de las filtraciones de Snowden por todo el mundo.

David Miranda está casado con el anterior y es concejal del Ayuntamiento de Río de Janeiro.

 

Fuente:https://theintercept.com/2017/09/26/brazils-latest-outbreak-of-drug-gang-violence-highlights-the-real-culprit-the-war-on-drugs/

 

El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se nombre a sus autores, a su traductor y Rebelión como fuente de la traducción

 

 

Publicado enPolítica
Domingo, 01 Octubre 2017 09:28

El retrato de una realidad permanente

Vigilancia policial y militar en la Rocinha esta semana.

 

Tras la invasión narco a la favela Rocinha, llegaron los militares en Brasil

Durante toda la semana de ocupación, y pese a los tiroteos, un único ramo de comercio no fue interrumpido: la venta de drogas, que no cesó. Cuando la tensión produce tiroteos, vienen las fuerzas armadas, se quedan un ratito y se van.

 

En la madrugada del domingo 17 de septiembre, un grupo de entre 60 y 90 hombres invadió la Rocinha, la más poblada y famosa favela de Río de Janeiro. Era un intento de retomar el control del muy lucrativo tráfico de drogas de la comunidad implantada en plena zona sur de la ciudad, donde viven los ricos más ricos. Lo que pasó a continuación fue algo muy semejante a una guerra civil en miniatura. Durante seis días con sus seis noches, frente a fuerzas de seguridad absolutamente inertes – hay escenas de grupos armados de fusiles y ametralladoras poderosas desfilando delante de policiales mal armados, mal preparados, mal pagados y frecuentemente corruptos – la Rocinha vivió momentos de horror.

Al mediar la tarde del viernes día 22 las fuerzas militares empezaron a ocupar la favela. Llegaron los blindados, los vehículos cargados de casi mil soldados subieron por las calles hasta donde ellas llegan. Lo que viene después es una intrincada red de callejones que se van estrechando hasta transformarse en pasillos. Todo un espectáculo, por cierto. Mientras duró la guerra entre los dos bandos de traficantes todo –todo– cerró en la favela habitada por al menos 80 mil personas: escuelas, comercio, puestos de salud, todo.

Algunos de los barrios más nobles de Río de Janeiro – San Conrado, Gávea, Jardin Botánico y Leblon, el metro cuadrado más caro de América Latina – vivieron en alarma permanente, con pavor de que sus calles fuesen escenario de tiroteos. Es que los traficantes son conocedores absolutos de la región de cerros cubiertos por la Floresta da Tijuca, una de las mayores matas urbanas del mundo. Saben cómo usar y cómo ocultarse en todas las trillas ocultas por árboles inmensos que unen la Rocinha al resto de la ciudad, especialmente los barrios limítrofes.

Los hombres del Ejército y la Marina se quedaron en la favela hasta el viernes 29. En esa semana hubo tiroteos intensos, algunos con más de media hora de duración. Resultado final del operativo: fueron aprehendidos 25 fusiles, 14 granadas, siete bombas caseras. Cuatro traficantes fueron muertos, otros 26 detenidos, de los cuales dos menores.

¿Qué cambió? Bueno, durante los días en que las tropas ocuparon la Rocinha se supo que “Rodrigo 157”, el narco que traicionó a su jefe – quien, por cierto, está en un presidio de seguridad máxima a miles de kilómetros de distancia pero aun así ordenó a sus aliados que habían sido expulsados de la región que la ocupasen para recuperar el negocio – y luego resistió a la invasión, había buscado abrigo en otra favela en otro extremo de la ciudad. Salen los del Ejército y la Marina, vuelve la tropa de elite de la Policía Militar. Si Rodrigo vuelve, las fuerzas armadas volverán, dijo el ministro de Defensa Raúl Jungmann. Pero, ¿dónde está Rodrigo? Nadie sabe. Lo más probable es que ya esté de regreso a su feudo.

Durante toda la semana de ocupación, y pese a los tiroteos, un único ramo de comercio no fue interrumpido: la venta de drogas no cesó. En volumen considerablemente menor, por cierto. Pero siguió. Los habitantes de la Rocinha vuelven, pues, al cotidiano: dominados por un traficante autoritario y violento, que además de extorsionarlos a cada tanto implanta el toque de queda en vastas áreas de la favela y que, cuando contrariado, no duda en ordenar puniciones que van de la amputación al estupro, llegando a sesiones de tortura o directamente al asesinato.

Un cotidiano, a propósito, que se repite –a veces de manera más perversa– en casi todas las favela’s de la región metropolitana de Río. La Rocinha, sin embargo, es diferente: está implantada en una región de espeluznante belleza natural. Y si otros barrios de clase media conviven con comunidades pobres con presencia de traficantes, la Rocinha colinda con zonas especialmente nobles de la ciudad. Un estudio conjunto de los servicios de inteligencia de las policías de Río, tanto la civil como la militar, y de las Fuerzas Armadas indica que existen en la región metropolitana 1.025 favela’s, y que el narcotráfico está instalado en 850 de ellas.

Además de los narcos, también están los ‘milicianos’, brigadas formadas por policías de ambas agrupaciones y hasta por bomberos. Los ‘milicianos’ rivalizan con los narcos en los abusos y excesos. Algunas favela’s son aisladas de otras, como la Rocinha, o agrupadas en comunidades, que son doce. Y nueve de ellas – las más pobladas– están directamente bajo control de los narcos (principalmente las que escurren de los cerros) o de los ‘milicianos’ (las horizontales, o sea, instaladas en terreno plano, como la Ciudad de Dios). Las más miserables están en la zona oeste o norte de la ciudad. Son también las más violentas.

Hace algunos años, el entonces gobernador de Río, Sergio Cabral, actualmente residiendo en un presidio y condenado (por ahora) a más de 40 años de cárcel por haber comandado un esquema de corrupción que se extendió por toda la administración y se hizo con al menos 200 millones de dólares, implantó las UPP’s (Unidad de Policía Pacificadora). El proyecto era ambicioso: además de ‘pacificar’, o sea, expulsar a los narcos, habría toda una amplia oferta de servicios como escuelas, cuadras deportivas, centros culturales, puestos de salud, escuelas. Lo que efectivamente hubo fue la ocupación de las favela’s por policiales militares. Todo lo demás quedó en promesa. Con el tiempo, los mismos policías pasaron a ser atraídos por los narcos, a base de soborno o amenaza.

Con la virtual quiebra de Río, todo se vino abajo. La violencia urbana de multiplicó por toda la ciudad, y en las favela’s el cuadro es de desesperanza. Líderes comunitarios repiten, en unísono, especialmente en las favela’s más pobres, que la tendencia es empeorar. Los más destacados estudiosos del cuadro coinciden en el desánimo. Para el sociólogo Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la universidad provincial de Río, a corto plazo todo lo que se puede esperar son intentos puntuales para parar los tiroteos. La socióloga Julita Lemgruber camina por la misma senda. Ella critica la opción de tratar la venta de drogas por la vía de la violencia, sin ninguna otra preocupación por cambiar la realidad de las comunidades.

Cuando la tensión produce tiroteos vienen las Fuerzas Armadas, se quedan un ratito y se van. Y la gente de las favela’s vuelve a su cotidiano de opresión y miedo. Si es así, ¿por qué tanto barullo por lo ocurrido en la Rocinha? La conclusión es una y una sola: porque está enclavada entre los ricos más ricos. Los que les tienen pavor a los pobres más pobres.

 

 

Publicado enInternacional
Estados Unidos y el uso problemático de las drogas: De la paja en el ojo ajeno a la viga descomunal

El tema de la coca, su persistente sembrado en nuestro país y la problemática de salud que registran los Estados Unidos por el consumo de opioides, vuelve a primer plano. Aunque las cifras confirman que en el consumo de cocaína no está la explicación de tal problemática, todo parece indicar que su potencial geopolítico no será desaprovechado por el gobierno de Trump.

 

El incremento tanto del uso de cocaína como las muertes por sobredosis en Estados Unidos (EU) fue la conexión interna que William Brownfield estableció luego de denunciar el fuerte aumento del número de hectáreas de coca (130%) y del potencial de producción de cocaína (200%) de Colombia. Brownfield es el Secretario de Estado para Asuntos de Narcóticos y Cumplimiento de la ley de EU y expuso su argumento en una audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores en el Hemisferio Occidental sobre Asuntos de Crimen Transnacional, Seguridad Ciudadana, Democracia, Derechos Humanos y temas relacionados con la Mujer a nivel Global el pasado 2 de agosto de 2017. Este Subcomité es presidido por Marco Rubio, connotado senador conservador de la Florida.


La narrativa sobre drogas del funcionario establece una correlación entre producción colombiana y comportamiento de la demanda dentro de EU en razón a que el 90 por ciento de la cocaína incautada por la Drug Enforcement Administration DEA proviene de Colombia. El subsecretario guardó absoluto silencio sobre la intermediación de esa cocaína en manos de narcotraficantes mexicanos, cuya capacidad de traspaso fronterizo y distribución en el interior de EU crece vertiginosamente, sobre todo en la costa oeste, para luego ser distribuida hacia diferentes puntos del mercado interno. Esta intermediación compromete redes complejas de contactos, puntos seguros intermedios, corrupción extendida sobre todo en Centroamérica y el Caribe y en la misma frontera con México. Obviando este entramado, Brownfield sólo estableció una correlación entre cultivos de coca en Colombia y consumo de cocaína.


El argumento del consumo interno


Según informes de la DEA, la disponibilidad de cocaína en los EU se mantiene por debajo de los niveles de 2006. De acuerdo con indagaciones de las 21 oficinas regionales de campo (DEA Field Divisions Report) sólo en 5 lugares se reporta un incremento en el primer semestre de 2015 (Houston, New York, Philadelphia, Phoenix, y Washington) y comparado con el segundo semestre de 2014, solo una División (Dallas) de las 21, reporta una mayor disponibilidad de cocaína.Las 20 restantes señalan que ha sido estable.


Desde el punto de vista de precios y pureza de la cocaína, el contexto nacional refleja una situación sostenida de incrementos de precios hasta posicionarse en un alto nivel (149% entre enero de 2007 y marzo de 2015, es decir de US$98 a US$244 dólares por gramo) y una pureza que decreció en 35 por ciento al pasar de 67.1 por ciento a 43.6 por ciento en este período. Cabe recordar que la estrategia de reducción de la oferta que actualmente predomina en el contexto global busca, como efecto, generar precios altos y baja pureza como dos indicadores clave que disuadirían a los usuarios del uso de este y demás psicoactivos prohibidos. (Véase gráfico Nº1).

 


Tampoco los registros sobre casos de emergencia hospitalaria por uso de cocaína dan cuenta de una situación epidémica, sino todo lo contrario. Si se observa el gráfico Nº 2 puede apreciarse que el uso de cocaína es cada vez mejor manejado evitando estados de emergencia por sobredosis y que sus estados de salud puedan alterarse con gravedad tal como sucedía, por ejemplo en 2006, cuando se alcanza uno de los picos más altos de atención hospitalaria para este psicoactivo.


Es probable que esta situación se deba también a la pérdida de peso del consumo adictivo que prevaleció desde finales de los años ochenta e inicios de los noventa, cuando se generalizó la demanda de crack y una cocaína mal manejada que produjo daños en la salud, demanda que era sostenida por una generación de adictos y presidiarios y el surgimiento de nuevos usuarios ocasionales.


A modo de síntesis, tomando indicadores de disponibilidad, precio, pureza y contextos de emergencia hospitalaria por uso de cocaína, no existe en absoluto una situación que rompa abruptamente las tendencias, relativamente estables, de media y larga duración, que muestran las estadísticas que evalúan con detalle el comportamiento de esa sustancia en EU.


El problema de uso de drogas en EU mayor impacto


Estados Unidos presenta una realidad muy compleja en materia de uso problemático de algunas sustancias y en primer lugar de opioides tanto ilícitos como legales. El indicador de alarma son las muertes por sobredosis que han crecido dramáticamente entre 2000 y 2014. De manera muy sintética pueden observarse tres contextos donde se presenta una fuerte demanda de atención hospitalaria de emergencia por uso de opioides, escenarios todos interrelacionados: en primer lugar, un incremento exponencial del uso de heroína que creció sobre todo entre 2013 y 2014, generando casos de emergencia hospitalaria. En segundo lugar, un complejísimo problema de desviación de opioides con prescripción médica(POD por sus siglas en inglés) que también ha disparado los servicios de atención médica y, finalmente, una dramática situación de incremento del uso de heroína u opioides con cocaína, conocido como speedball, generando una mezcla letal y que ha incrementado el peligro de muerte de sus usuarios.


En el primer escenario (ver gráfico Nº3), se presenta un repunte en el número de usuarios sobre todo entre 2013 y 2014. Puede decirse que es una tendencia creciente desde 2002, confirmada por las cifras que muestran un incremento de 1.6 por 1.000 personas a 2.6 por 1.000 (1).

 

 


Al contrastar ese devenir con casos de emergencia hospitalaria, el problema de la heroína crece en la zona del Nor-Este específicamente en Nueva Inglaterra (Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut), con un aumento sobre todo en la población hispana y blanca así como para esta última en el medio Atlántico (Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey). En la parte central del Nor-Este se observa un incremento sobre todo en la población negra. En este caso, especialistas creen que hay una correlación entre el auge de la demanda opioides con prescripción (POD por sus siglas en inglés) y el uso exponencial de heroína.


En el caso del segundo escenario, la desviación de los POD con un uso problemático se torna dramático en la región del Atlántico Sur pero sobre todo en el Sur Este Central (Estados de Kentucky, Tennessi, Misisipi y Alabama) con una dramática afectación de población blanca, generalmente desempleada y empobrecida. En las estadísticas sobre las sustancias con prescripción aunque fuertemente controladas se encuentran 5 opioides (narcóticos) y dos drogas estimulantes sintéticas (2). De acuerdo con el Instituto sobre Abuso de Drogas, más de 90 estadounidenses mueren cada día por sobredosis de opiáceos, calificando el problema como una crisis de salud pública (3). Este escenario compromete seriamente las grandes empresas distribuidoras de medicamentos en EU.
Finalmente, en el tercer escenario reaparece un contraste muy fuerte: las muertes por sobredosis de cocaína en donde no se involucran opioides se incrementaron de 0.37 a 0.91 por 100.000 habitantes desde el 2000 al 2006 y luego declinaron a 0.78 por cien mil en el 2015 (4).


De otro lado, las muertes por sobredosis de uso de opioides en donde se combinó cocaína se incrementó de 0.37 a 0.91 entre el 2000 y 2006, declinó luego en el 2010 a 0.57 pero luego se disparó en 2015 a 1.36 contribuyendo a configurar una situación que junto con la explosión del opioide sintético Fentanyl y la desviación de las POD (véase gráfico Nº4), prende las alarmas y lleva incluso a que la presidencia declare una “emergencia nacional” por epidemia de heroína (5).

 

 

Esta información ratifica los hallazgos de la DEA y muestra el fuerte contraste entre la magnitud de las emergencias hospitalarias por uso de heroína y la fuerte reducción que se observa en el caso del uso de cocaína sin otros aditivos que pueden hacerla muy riesgosa (véase gráfico Nº 5).

 


De nuevo la perspectiva colombiana


Como se ha podido observar, el complejo entramado que hay detrás del crecimiento exponencial incluso epidémico de sustancias opioides tanto legales como ilegales hunde sus raíces en una múltiple y simbiótica relación con problemas socioeconómicos, culturales y de experiencias en el uso de drogas en donde son notorias circunstancias personales críticas. Allí mismo se percibe el uso de prácticas que denotan desconocimiento pero a la vez de aprendizaje en el manejo de psicoativos pero también, intereses comerciales salvajes que atropellan mínimos éticos frente al mercado, corrupción, crisis institucional, todo envuelto en contextos de vigencia de estrategias prohibicionistas, que claramente oscurecen e incluso agravan la posibilidad de un manejo desde una perspectiva de salud pública y de protección a derechos fundamentales de usuarios.


Lo anterior sin referir las estructuras de redes que caracteriza el tráfico mayorista y el mercado al detal de sustancias psicoactivas declaradas ilegales o legales bajo control, contexto en el cual se observa una multiplicidad de responsabilidades de diferentes instancias de control, principalmente de orden estatal.


Las circunstancias presentadas, desconocidas por miembros de alto rango de las decisiones sobre drogas de orden internacional, en este caso de EU, los lleva a que centren su discurso en una narrativa simplista, unívoca y de señalamiento acusador de la reiterada amenaza externa, en este caso la producción de hoja de coca en Colombia. Narrativa que culmina en descargar el centro del problema en un eslabón extremadamente débil como son los productores, acusando que la estrategia de uso de la fuerza colombiana “no guarda el ritmo frente a la explosión de los cultivos de coca, debiendo ser direccionada, actuando con el mismo vigor como lo hace la misión de interdicción”(6). Demandan por encima de todo, la reducción de áreas con plazos perentorios bajo la amenaza de la intervención coercitiva de las FFAA. Los productores son una parte vulnerable de la cadena de las drogas porque son sujetos de explotación económica por parte de intermediarios y compradores de materia prima; deben someterse a grupos armados ilegales que prestan servicios de seguridad; son objeto de la acción de cuerpos de seguridad del Estado tanto policía como fuerzas armadas, que erradican sus plantaciones aún después de haber firmado pactos de sustitución con el gobierno. En consecuencia, los cultivadores reciben las prácticas de una institucionalidad que manda señales confusas, al combinar indiscriminadamente el uso de la fuerza con iniciativas de sustitución, cuya sostenibilidad está directamente relacionada con soluciones complejas para los problemas estructurales que explican el crecimiento de áreas de cultivos de uso ilícito. Incrementos que se motivan y sostienen por la presencia de un mercado internacional en auge, donde EU sólo representa menos de una tercera parte (7).


De manera concluyente, se reitera que en materia de drogas no hay hechos en sí mismos sino hechos interpretados, verdades instauradas desde una posición de poder, es decir caracterizaciones que contienen su propio criterio de validación. Así se observa en las apreciaciones del funcionario de narcóticos internacional del Departamento de Estado, cuyo propósito estratégico puede inferirse a partir de la comprensión de su narrativa:

 

• Oxigenar una estrategia de reducción de la oferta en crisis, incorporando de nuevo el tema de drogas a una agenda de seguridad donde Washington se hace fuerte.
• Poner bases políticas para demandar el restablecimiento de las aspersiones aéreas con glifosato u otro herbicida en Colombia.
• Como efecto colateral, potenciar los discursos internos de orden político que demandan una vuelta a las acciones propias de la guerra contra las drogas y que indemostradamente reclaman disminuciones efectivas de áreas de coca por el uso de aspersiones y criminalización de productores.

 

El punto 4º de los acuerdos de paz sigue siendo central en la consolidación de la paz. Si el Estado colombiano, además de los problemas que ya tiene en el proceso de implementación sobre todo en los asociados a temas económicos y sociales principalmente del orden rural, permite la injerencia que se anuncia por parte de Washington y que violenta la autonomía nacional en el manejo de asuntos internos, sería un retroceso políticamente muy costoso y llevaría la construcción de paz a escenarios difícilmente manejables.


Esto supone reconocer que el tema de las drogas será un punto nodal en el seguimiento que estará haciendo Washington sobre el desenvolvimiento político interno, en el contexto de las elecciones presidenciales del 2018, observando con beneplácito las posiciones más afines a la restauración de la guerra antidrogas. Esto conduce a que las coaliciones alrededor de la implementación de los acuerdos de paz deben tener una postura muy clara frente a la continuidad de las presiones que ya se vislumbran por parte de la administración Trump y que hace gala hoy de un unilateralismo desafiante frente a países latinoamericanos como México e incluso en el marco de la crisis en Venezuela. 

1. Jay Unick, Ciccarone, Daniel, “US regional and demographic differences in prescription opioid and heroin-related overdose hospitalizations”, International Journal of Drug Policy, Nº46, 2007, pp. 112,119.
2. Se trata de los opioides: hidrocodona, oxicodona, metadona, morfina y codeína (categoría 2 en la clasificación de la Ley de Sustancias Controladas de EU. Entre los estimulantes Metifenidato (MFD) y Anfetamina (Categoría 2N). Véase “Drug Classifications, Schedule I, II, III, IV, V”. Fuente: https://medshadow.org/resource/drug-classifications-schedule-ii-iii-iv-v/
3. Véase Morgenson, Gretchen “Hard Questions for a Company at the Center of the Opioid Crisis, Fair Game”, The New York Times, julio 21, 2017.
4. Mc Call, C., Baldwin, G., Compton,W., Mc Call, C., Baldwin, G., Compton,W., “Recent Increases in Cocaine-Related Overdose Deaths and the Role of Opioids”, American Journal of Public Health, Vol 107, Nº 3, marzo 2017, pp. 430-432.
5. Véase, “Trump declara “emergencia nacional” la epidemia de heroína”, El País en https://elpais.com/internacional/2017/08/10/actualidad/1502396000_722428.html
6. Brownfield, W., “Assessing the Colombia Peace Process: The Way Forward in US-Colombia Relations”, agosto 2, 2017.
7. Vargas Ricardo, “Colombia y el Mercado mundial de la cocaína”, Razón Pública, julio 23 de 2017.

*Sociológo, consultor internacional en temas de desarrollo, ilegalidades y seguridad.

Publicado enColombia
Clamor de periodistas mexicanos desamparados

Expuestos a los impunes ataques del poder político y del crimen organizado, fueron abandonados a su suerte por gobiernos omisos y cómplices y en la mayor parte de los casos hasta por sus propios medios, que les dan la espalda.

 


“Nos están matando”, claman cientos de periodistas plantados la noche de ayer a las puertas de la Secretaría de Gobernación, en protesta por el asesinato del reportero Javier Valdez, el lunes pasado en Culiacán, Sinaloa. No es sólo una consigna, es ya una desesperada expresión del desamparo y vulnerabilidad de reporteros, fotógrafos y editores mexicanos frente a los impunes ataques del poder político y del crimen organizado, abandonados a su suerte por gobiernos omisos y cómplices, y en la mayor parte de los casos hasta por sus propios medios, que les dan la espalda.


En México se matan periodistas porque el Estado se ha encargado de garantizar la impunidad de sus perpetradores, ya sean narcos, políticos o narcopolíticos. En tanto, la sociedad es apenas un espectador más de lo que pareciera otra manifestación de la violencia y la descomposición que carcomen al país. Fuera de las pocas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, aquí nadie parece interesarse por la suerte de uno de los pilares fundamentales de lo que en otros países conocen como democracia.


En México no existe la libertad de expresión, silenciadas como están amplias zonas del país bajo control del crimen organizado, que impone la censura directa, y por la práctica de la autocensura casi como única mecanismo de protección.


Las últimas horas se cuentan entre las peores. La tarde del sábado pasado, siete periodistas fueron retenidos, asaltados y amenazados de muerte por un centenar de hombres armados que controlaban una de las principales rutas de acceso a la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero. Les robaron sus equipos y uno de los dos vehículos con los trataban de llegar al municipio de San Miguel Totolapan, donde el viernes se enfrentaron militares y policías con pobladores y autodefensas.


Cuando apenas se reaccionaba a este ataque, vino la conmoción por el homicidio de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa. En medio de una amplia cobertura local, nacional e internacional, dado el alto perfil del reportero asesinado, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada, poca atención recibió el ataque a tiros contra Sonia Córdova, subdirectora comercial del pequeño semanario El Costeño, en el municipio de Autlán, estado de Jalisco. La también esposa del director de ese medio resultó gravemente herida; su hijo, Jonathan Rodríguez, murió en el atentado.
En ambos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió a la administración de Enrique Peña Nieto sendas investigaciones profesionales y efectivas, en las que se privilegie el trabajo periodístico de las víctimas como línea principal de investigación. Uno de los últimos reportajes de Javier Valdez expuso la disputa por el control del Cártel de Sinaloa entre los hijos de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, por un lado, y por el otro el ex policía José Dámaso, alias El Licenciado, quien fue detenido el 2 de mayo. En tanto, el semanario El Costeño cubría la costa sur jalisciense, que fue plaza principal del Cártel Jalisco Nueva Generación.


La oleada de ataques provocó la reacción de organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo a la Unesco, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA). Incluso el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su condena por este crimen y reclamó a la OEA por no haberse expresado en este caso, al menos hasta la mañana de ayer. Junto con ellos protestaron el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras. Cientos de periodistas mexicanos marcharon en la Ciudad de México y en las principales ciudades de una docena de estados del país.


Ante la presión internacional, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, convocó a los gobernadores de todo el país a una reunión para “garantizar en todo el territorio nacional que los periodistas puedan ejercer su labor”. La iniciativa ocurre después de tres años y medio de gestión en la que la administración del presidente Enrique Peña Nieto acumula ya 32 periodistas asesinados.


La vulnerabilidad de la prensa mexicana acentúa la debilidad de una democracia de suyo incipiente. Por ello Ana Cristina Euelas, la directora de la oficina en México de la ONG defensora de la libertad de expresión y el acceso a la información Artículo 19, exigió resultados a las autoridades del país, “no más simulación de garantías”. Este crimen “extiende la sombra de silencio por todo el país”, alertó Joel Simon, director ejecutivo del CPJ.


Para los periodistas mexicanos, lo más dramático es el abandono social. La prensa es cazada sin que nadie levante un dedo por ella. En cinco años de marchas y paros por el asesinato de periodistas, desde el homicidio de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, en mayo de 2012, la sociedad mexicana ha decidido dejarlos solos.


Hace siete años, cuando fueron secuestrados cuatro periodistas mientras cubrían un motín en el penal de Gómez Palacio, estado de Durango, a unos 980 kilómetros al norte de la Ciudad de México, el gremio exigió su liberación con una consigna en formato de hashtag en las todavía incipientes redes sociales: #LosQueremosVivos. Hoy, luego de al menos 12 colegas desaparecidos y entre 105 y 119 asesinados (según quien cuente), se pasó del reclamo al grito de auxilio: #Nos EstánMatando, se clama en Twitter, en Facebook en blogs, en la calle. Y sólo el silencio responde.

Publicado enSociedad