Narco política en Colombia: un mal indecible

 


Por: tuto Flórez
@tuto201333

 

“De lo que no se puede hablar hay que callar”, este celebre aforismo del filósofo y matemático austriaco Ludwig Wittgenstein; tal vez tenga plena cabida dentro del contexto comunicativo y periodístico de un país como Colombia, donde pese a que se conceptúa desde la carta magna, la consagración de un estado social de derecho y como tal se concibe a un país cuya forma de organización política es democrática, pareciera inaudito entonces hablar de temas como la censura en el periodismo hoy en pleno siglo XXI.

Sin embargo y en contra de esta apariencia engañosa, vale la pena resaltar de forma enfática, que así como los medios pueden ser usados para desinformar, tergiversar y manipular, también pueden convertirse en instrumentos reales de denuncia, y de una participación activa y dinámica sobre problemas coyunturales y de interés público para un país. En el caso específico que aquí nos ocupa, el silencio pareciera la opción más viable y por lo demás la menos cuestionable, toda vez, que al tratar de temas delicados y sensitivos como lo es el narcotráfico, los cuales se asocian con las clases políticas dominantes, trae como resultado, un desasosiego e intranquilidad, tanto para quien informa, como para el establishment socio político colombiano.

Como quiera que sea el tema de la narco política, más que un anatema u objeto de debate académico, hoy por hoy se ha convertido en un tema accesorio al discurso popular, en el que recurrentemente, se vinculan nombres de figuras públicas del sector estatal, junto a empresas, grupos privados y desde luego los lugartenientes y criminales que desde diferentes zonas de Colombia, dirigen los imperios de la cocaína, el testaferrato, la corrupción y la violencia por nombrar aquí solo algunos de los males más representativos de este fenómeno que lastimosamente no quiere desligarse del núcleo de la sociedad colombiana. En este sentido, la máxima de Wittgenstein, obedece no tanto a un llamado a la prudencia, sino más bien al rigor, que se debe guardar sobre aquello que se ha de decir, más aun, cuando el tema es altamente sensible para un público en general. En Colombia el narcotráfico, se vincula con la institucionalización de las bandas criminales, a mediados de la década de los años 70 y posteriormente se habrá de afianzar con el asentamiento de los dos carteles de las drogas, más impecables y sangrientos de todos los tiempos; a saber: el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Desde que inicia entonces, la lucha institucional por parte del estado Colombiano, contra las drogas ilícitas, inicia una actividad en el terreno político, en el que los narcotraficantes ya fuese indirectamente a través de candidatos o representantes colocados por el dinero de las drogas o directamente como en el caso del renombrado y mediatizado Pablo Escobar, tratarían de hacer un espacio “legitimo” a través de plazas y puesto de orden público y político como tal.

A este último respecto y como fenómeno resultante de los intentos por parte del narcotráfico para infiltrarse en la clase política, es que habría de surgir una nueva anomalía aún más lesiva para la sociedad colombiana, tal y como lo ha sido la denominada narco-política. Resulta entonces necesario,hablar de la infiltración contundente del narcotráfico en todos los niveles y esferas de la sociedad, tales como el entretenimiento, los propios medios de comunicación, el sector financiero, el deportivo, entre otros más; al argüir, que convirtió su actividad económica ilícita, en una actividad tan rentable y lucrativa, que se permeo la base económica legitima de los países, no solo de Colombia.

Se debe observar igualmente, que el dinero, lo que hace es manipular e influir de forma contundente, sobre las personas, y las decisiones que se toman, no solo políticas, sino también a nivel económico, militar y social. Así también, el narcotráfico, comenzó a permear, las altas esferas socio económicas, las cuales fungían como financistas de los grupos políticos dominantes, donde lo que se buscaba era unificar criterios, para disimular la activad ilícita y permitir a los grandes capos dela droga llevar a cabo sus actividades, sin que el estado interviniese de forma acertada y precisa.

Así pues, tal y como lo señala la socióloga mexicana Nora Pérez Rayón, el caso del narcotráfico que de hecho se “profesionalizo” y robusteció durante la década de los años 80, no es muy distinto de lo ocurrido en el contexto colombiano, al exponer que:

LOS LLAMADOS “CÁRTELES DE LA DROGA” mexicanos se han venido fortaleciendo desde la década de 1980; el narcotráfico constituye actualmente uno de los peligros más severos para la seguridad nacional, tanto del gobierno como del Estado y la sociedad mexicana. En nuestro país el problema de las drogas se ha expresado, sin menospreciar el creciente consumo interno, sobre todo por la capacidad de corrupción que genera la producción y el tráfico de estupefacientes y el peligro de desestabilización política que conlleva. (Pérez, 2006)


El anterior caso expuesto para México, encuentra plenas similitudes con lo acaecido para Colombia, desde mediados de los años 80, más aun cuando hoy en día, existe una documentada relación y vínculo entre los carteles de la droga mexicanos y quienes lideran actualmente el narcotráfico en Colombia. Siguiendo esta línea argumentativa, observa el investigador José Luis Cadena Montenegro, en el trabajo titulado: Geopolítica del narcotráfico, México y Colombia: la equivocación en el empleo de las fuerzas militares; el describir de forma enfática que:

El fenómeno del narcotráfico, aunque no es de los más nuevos actores, se ha convertido en uno de los más difíciles de combatir por parte del Estado. Su poder corruptor ha infiltrado y penetrado los estamentos oficiales y privados con dinero proveniente del macabro negocio, el cual deja ganancias astronómicas y contribuye a dañar la salud de millones de ciudadanos en diferentes partes del mundo, a la vez que afecta la cultura e incrementa la aparición de fenómenos colaterales relacionados con la pérdida de principios y valores ciudadanos.

En este contexto, México y Colombia tienen una larga tradición de socios en este criminal negocio y en los últimos años. La privilegiada situación geográfica de los dos países ha permitido el crecimiento del mismo, generando tensiones regionales y globales por el impacto violento de las actividades de los carteles que operan el tráfico clandestino y que utilizan el territorio como plataforma para actividades agrícolas, industriales y de servicios que complementan lo que podríamos denominar la industria más productiva en los nuevos tiempos. Una investigación convertida en exitoso libro, muestra esta vieja relación y presenta a los principales actores, entre los que destacan dos colombianos descendientes de familias pertenecientes a la clase política corrupta que, por décadas, ha estado incrustada en el poder. (Cadena, 2010)

Finalmente queda por agregar, que en países como Colombia la lucha frontal contra el narcotráfico, ha sido impulsada no solo desde el marco ejecutivo y legislativo, sino como medida de mitigación a un fenómeno que resulta tan lesivo para el conjunto de la sociedad colombiana, que se ha convertido en una tarea colectiva, la erradicación de un mal tan reprochable y que a su vez alimenta la narco política, como lo es, el de la corrupción.

Así por ejemplo, la corrupción en Colombia desde el punto de vista jurídico; se articuló con la creación del estatuto anticorrupción.

En efecto cuando hablamos de corrupción, estamos hablando entonces de un fenómeno multifactorial, ello en la medida en que se atiende a las múltiples aristas, en la cuales es posible encontrarnos frente a este fenómeno. Podemos entonces hablar; de manera sintética de corrupción política, corrupción administrativa publica, corrupción corporativa, por nombrar solo algunos de los tipos más comunes respecto a aquello que da cuenta de la corrupción en las diferentes esferas de la sociedad. Siguiendo esta línea argumental, resulta imperativo lograr una comprensión y entendimiento, en relación al fenómeno de la corrupción en Colombia, pero visto y abordado desde el marco jurídico y particularmente a partir del denominado estatuto anticorrupción, el cual se condensa bajo la ley 1474 del 2011 y cuyos ejes temáticos se centran en la elaboración, articulación y aplicación de un conjunto de normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Pese a que por ejemplo el estatuto anticorrupción se aboca principalmente hacia la regulación de la gestión pública, no por ello deja de servir como precedente legal, de aquello que desde el ámbito legal y jurídico se puede efectuar, para luchar de forma eficaz, contra la narco política en Colombia.

Igualmente cabe mencionar aquí, que es un fenómeno que por su amplitud, alcance y características se convierte más que en un anatema, en un problema que compete por igual a todos los miembros de la sociedad colombiana, debido precisamente al nivel de infiltración que maneja el narcotráfico; velar por los intereses de la nación y del bien público, empieza, por un compromiso de parte de la sociedad misma y de sus diversos actores, para garantizar la democracia y tratar un problema, que pese a haberse insertado como mal indecible en la base del pueblo colombiano, debe ser combatido y erradicado, por medio de diferentes mecanismos y con lo ayuda de herramientas legitimas.

 

 

REFERENCIAS


Álvarez García, E. Andrés. (2007). La lucha contra la corrupción en Colombia como herramienta para un control social exacerbado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Recuperado de:http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24506.pdf


Cadena Montenegro, José Luis. (2010). Geopolítica del narcotráfico, México y Colombia: la equivocación en el empleo de las fuerzas militares. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 52(210), 45-58. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182010000300003


Pérez Rayón Elizundia, N; (2006). Iglesia católica, Estado y narcotráfico. Un desafío hacia el siglo XXI. Sociológica, 21() 139-173. Recuperado de:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305024679007

 

LEYES:


LEY 1474 del 2011. Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html

 

 

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Martes, 14 Febrero 2017 08:04

EE.UU. abre otro frente

EE.UU. abre otro frente

 

Estados Unidos impuso sanciones financieras contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, a quien acusa de supuestos vínculos con el narcotráfico internacional, abriendo un nuevo frente con América latina. El Aissami, un influyente dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, designado vicepresidente por el presidente Nicolás Maduro el 4 de enero (foto), fue incluido en una lista de sanciones de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), una oficina del departamento del Tesoro estadounidense. El Aissami se convirtió en el funcionario venezolano de mayor rango sancionado por Estados Unidos. Sin duda, esta medida generará fuertes tensiones entre Washington y Caracas.

El Departamento del Tesoro incluyó a El Aissami y a un socio suyo, el empresario Samark José López Bello, en la lista “Kingpin”, una nómina donde se registran a los narcotraficantes. López Bello será juzgado por proporcionar asistencia material y financiar las supuestas actividades ilegales de vicepresidente. La inclusión en ese listado supone la congelación de cualquier activo que tengan bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a cualquier ciudadano norteamericano de hacer transacciones con ellos.

Fuentes de la administración Trump quisieron aclarar que no se trata de una represalia diplomática o política, sino que el vicepresidente debe responder a la investigación por narcotráfico. “Las acciones de la OFAC son la culminación de una investigación de varios años contra los importantes traficantes de narcóticos en Venezuela y demuestra que el poder y la influencia no protege a aquellos que realizan estas actividades ilegales”, manifestó su director interino, John Smith, según la nota difundida por el Tesoro norteamericano. El Aissami, que fue gobernador del estado Aragua y ministro del Interior, “facilitó los cargamentos de narcóticos desde Venezuela”, detalló la oficina gubernamental, señalando que el funcionario supervisó o fue dueño parcial de cargamentos con más de mil kilogramos de droga, que salieron de Venezuela con destino a México y Estados Unidos. Según la acusación, el ex ministro habría recibido supuestamente pagos del narcotraficante venezolano Walid Makled y también tendría lazos con el cartel mexicano Los Zetas, reza la denuncia el Tesoro.

A principios de febrero, 34 legisladores de Estados Unidos solicitaron al presidente Trump que tomara medidas para sancionar a funcionarios del gobierno venezolano que “están beneficiándose por las violaciones de derechos humanos” que, según ellos, sufre el país sudamericano.

 

 


 

 

El País

 

 

ALFREDO MEZA

Caracas 14 FEB 2017

 

 

Dos socios al descubierto

 

Samark López, el empresario socio del vicepresidente Tareck El Aissami, se hizo millonario tras ser director de Planificación del Gobierno de Mérida

 

Samark López en una imagen de su web.  SAMARKLOPEZ.ORG

 

 

Era un secreto a voces en Venezuela hasta que este lunes una dependencia oficial ha confirmado la relación entre el vicepresidente Tareck El Aissami y el empresario Samarck José López Bello, quien ha sido incluido junto al funcionario venezolano en la lista negra de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) -una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos-, por sus supuesta relación con el narcotráfico y prácticas de lavado de dinero.

Una nota de prensa de la OFAC afirma que López, nacido en julio de 1974, “ha proporcionado asistencia material y financiera en bienes y servicios para apoyar en las actividades de tráfico de sustancias ilegales actuando por o en nombre de El Aissami”. Economista y empresario venezolano del sector alimentario y de la construcción, López trabajó como director de Planificación del Gobierno de Mérida (oeste de Venezuela), la provincia de donde es oriundo el vicepresidente. A partir de ese momento forjó un espectacular ascenso que lo convirtió en un hombre poderoso. Hasta hoy de él solo se hablaba en susurros.

López, siempre según la OFAC, supervisa una red internacional, compuesta por compañías de petróleo, distribución, ingeniería, telecomunicaciones y compañías de activos, que tiene contratos con el Gobierno venezolano. 13 de ellas han sido bloqueadas tras la medida anunciada por Washington.

Su nombre se dio a conocer por primera vez en Venezuela en el año 2009, cuando una concejala de la provincia denunció que una de sus empresas, Grupo Sahect, era la responsable de que caducaran toneladas de alimentos básicos importados por la estatal Pdval. López sobrevivió a ese escándalo, aunque comenzó a ser señalado por la prensa local. Todos apuntaban a una idea que hoy suscribe la OFAC: el empresario era utilizado como testaferro por el vicepresidente para amasar una fortuna. “También maneja los arreglos comerciales y financieros que generan beneficios significativos a El Aissami”, afirma esta dependencia del Departamento del Tesoro.

La página web Poderopedia asegura que López es el responsable de la compra de la Cadena Capriles (hoy Grupo Últimas Noticias), que hasta que fue vendido poseía tres exitosas cabeceras periodísticas: los diarios populares Últimas Noticias y Líder en Deportes y el económico El Mundo. Esta adquisición fue la primera de una serie de operaciones que acabaron con el poder de la prensa tradicional en Venezuela y se colocó al servicio del régimen bolivariano.

Fue la primera compra de un gran medio que se vincula al vicepresidente. Desde que llegó al Gobierno del Estado de Aragua, en 2012, El Aissami se propuso invertir en el negocio de la televisión para procurarse una imagen de político exitoso. En los últimos tiempos, a través del productor de televisión Esteban Trapiello, mejoró la red estatal de medios audiovisuales e invirtió en un poderoso canal, llamado La Tele Tuya, que hoy transmite en exclusiva los grandes eventos deportivos de Venezuela.

En la base de datos del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Samarck López aparece como empleado de Profit Corporation, una empresa de ingeniería, que ha obtenido contratos en el área de hidrocarburos y el sector eléctrico y que es una de las 13 sancionadas por la OFAC. Según el organismo cobra un salario de 46.890,17 bolívares mensuales (unos 12 dólares, según la tasa de cambio del mercado negro). La información oficial trata de desviar la atención sobre el verdadero poder acumulado por López, hijo de una pareja de educadores que trabajaron en el Estado de Delta Amacuro, en el extremo oriente de Venezuela, uno de los más pobres del país. Su ascenso, en cualquier caso, también coincide con el poder creciente que ha acumulado el vicepresidente luego de la muerte de Hugo Chávez. Se las ha arreglado para ser el escudero de Maduro en medio de la peor crisis económica de la historia republicana de Venezuela.

El largo camino que desembocó en las sanciones anunciadas por Washington contra El Aissami empezó en 2010, según fuentes consultadas por este diario. Poco antes, en agosto de 2009, fue capturado el narcotraficante venezolano Walid Makled en la frontera con Colombia. Makled aseguró, en entrevistas concedidas a la prensa colombiana tras su detención, que los cargamentos pasaron sin supervisión por Venezuela hacia su destino final gracias a un pacto con El Aissami, entonces viceministro del Interior.

Se desconoce si esas afirmaciones fueron ratificadas en el juicio, que se celebró sin presencia de público, y culminó en una condena de 15 años de prisión para el capo. El alto funcionario negó una y otra vez esas acusaciones calificándolas de infamias y de ser en realidad una represalia contra Venezuela por expulsar a la DEA en 2005. Pero el Departamento del Tesoro dice tener pruebas de que el hoy vicepresidente facilitó el traslado de más de 1.000 kilos de droga en varias ocasiones desde Venezuela hacia Estados Unidos y México, que iban destinadas al cártel de Los Zetas. Además también asegura que brindó protección a otros dos narcotraficantes. En su defensa, El Aissami ha dicho que durante su gestión como responsable de la seguridad del Estado venezolano se capturó a más narcotraficantes que en ninguna otra época.

El Gobierno de Venezuela no había respondido a la decisión estadounidense entrada la noche de este lunes. Quien sí lo hizo fue Samark López a través de su página web, donde asegura ser un empresario “que trae dignidad a la gente”. “El listado no contiene ninguna evidencia fáctica o justificación legal respecto de la razón por la cual Samark López debe ser colocado en ese listado, más allá de que Samark Lopez y Tareck El Aissami se conocen personalmente. El listado parece estar motivado políticamente (...) Samark Lopez ejercerá todos los recursos legales, administrativos y judiciales posibles”, dice.

 

 

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Lunes, 09 Enero 2017 06:14

Temer, impotente ante las matanzas

Temer, impotente ante las matanzas

El Partido de los Trabajadores y un grupo de juristas solicitaron la renuncia del ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, quien negó apoyo federal al estado Roraima, pese a que éste había alertado de un inminente choque entre reclusos.


Luego de afirmar que está “todo bajo control” el gobierno de Michel Temer parece impotente para frenar las matanzas en las cárceles del norte, que podrían ser la chispa que haga estallar levantamientos en presidios de todo Brasil.


Cuatro presos fueron asesinados ayer, al menos dos degollados, en el presidio Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, de Manaos, capital del estado de Amazonas, el más extenso y uno de los menos poblados del país, fronterizo con Colombia, Perú y Venezuela.


Esa unidad penitenciaria había sido inhabilitada por su mal estado de conservación pero fue reactivada la semana pasada para alojar a algunos de los sobrevivientes de la masacre del Complejo Penitenciario Anisio Jobim, también en Manaos, que dejó 60 muertos, entre los cuales hubo 40 mutilados.


A través de la decapitación de sus víctimas las gavillas dejan constancia de que se trata de una venganza contra un grupo enemigo. Son los códigos de las cárceles dominadas por organizaciones con poder de fuego y dinero para comprar policías, jueces y hasta gobernadores.


La más importante de ellas es el Primer Comando de la Capital, surgida en San Pablo, en la década del 90, que ha extendido su brazo de poder a la Amazonia, Paraguay y se sospecha que intenta desembarcar en otros países de la región.


Cien personas fueron ejecutadas entre el 1 y 8 de enero en los dos reclusorios de Manaos y el otro de Roraima, región amazónica, como parte de una guerra en espiral de los grupos Familia del Norte y Primer Comando de la Capital.
Investigadores universitarios, parlamentarios y periodistas coinciden en que está en curso una contienda entre la Familia, aliada al Comando Vermelho, contra el Primer Comando de la Capital.


A poco días de cumplir su octavo mes en la presidencia el mandatario no electo Michel Temer intentó eludir el tema y su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, lo imitó al decir que los hechos en la cárceles no pasaban de incidentes locales.
El Partido de los Trabajadores y un grupo de juristas solicitó la renuncia del ministro Moraes, quien negó apoyo federal a Roraima, luego de recibir un pedido formal de la gobernación de ese estado que advirtió sobre una inminente matanza de reclusos.


El teólogo Frei Betto considera que más allá de la negligencia del ministro De Moraes, el responsable último de la “barbarie” es el presidente.


“La actuación de Temer no fue digna de un jefe de Estado, se hizo el desentendido después de la matanza de Manaos (1 de enero), y sólo se dio por aludido cuando el papa Francisco” planteó sus críticas, dijo ayer el teólogo Frei Betto.
Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se aliaron al Papa en las críticas al gobierno cuya imagen internacional está en declive.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia sobre el golpe que destituyó a Dilma Rousseff y permitió el ascenso de Temer y Naciones Unidas comenzó a analizar una acusación de Luiz Inácio Lula da Silva quien presentó un extenso dossier sobre la violación de su derecho de defensa y persecución judicial.


Advertido del impacto de la crisis carcelaria en instituciones y medios del exterior Temer mudó de táctica y ayer ordenó el envío de apoyo federal a Amazonas y Roraima, y también a Mato Grosso y Rondonia, donde se teme que puedan ocurrir otros levantamientos. Algunos medios reportaron ayer que fueron reforzadas las medidas de seguridad en las cárceles de Río de Janeiro, donde manda el Comando Vermelho, y San Pablo, el estado hegemonizado por el Primer Comando.


La contienda entre esas dos organizaciones comenzó meses atrás en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, con el cinematográfico asesinato del narco Jorge Rafaat Toumani.


La disputa por los corredores de cocaína, armas y marihuana a través del Río Solimoes, en la Amazonia, y Paraguay, en el sur, es el motor de esta guerra entre las bandas que controlan el narco y los presidios. Contienda que amenaza incendiar al país.


El crecimiento del Primer Comando ocurrió en paralelo con el salto de la población carcelaria de 232 mil en 2000 a 622 mil en 2014, según cifras que podrían ser más altas pues la titular del Supremo Tribunal Federal Carmen Lucia aceptó, antes de reunirse con Temer, que hay fallas en la recolección de datos.


El 28 % de los presos hacinados en las cárceles purgan condenas por tráfico de estupefacientes, una cifra que irá en aumento si se pone en vigor la política antidrogas ideada por el ministro Alexandre de Moraes.


A contramano de lo que opina el propio líder de su partido, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, De Moraes es un apologeta de la “guerra contra las drogas”.


Con uniforme de comando policial y borceguíes Alexandre De Moraes, o un sosias, fue filmado mientras cortaba, facón en mano, plantas de marihuana en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero donde declaró que erradicar el cannabis de Sudamérica “es una de las prioridades del gobierno del presidente Michel Temer”.


Probablemente los planteos del ministro a quien Temer le confió la tarea de resolver la crisis en las cárceles serían considerados extravagantes por el conservador colombiano Juan Manuel Santos y el demócrata estadounidense Barack Obama.


Tras su paso por Paraguay De Moraes presentó su plan contra la marihuana en San Pablo, dos semanas antes de la masacre en Amazonas.


La investigadora Julista Lemgruber, de la Universidad Cándido Mendes consideró “absolutamente irreal querer reducir drásticamente la circulación de marihuana en América del Sur, sería repetir los conceptos del Plan Colombia”.

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Guerra entre narcos, una excusa para militarizar

La idea de que el ejército tome cartas en el enfrentamiento al narcotráfico encaja con la nueva concepción de “fronteras calientes” defendida por Temer. Existe un fuerte descontento en los sindicatos que representan a las policías locales.

 


Guerra en el paraíso: la masacre de 56 presos ligados a una organización mafiosa en una cárcel del estado de Amazonas, fronterizo con Colombia, le abrió un nuevo frente de tormenta al presidente Michel Temer y reavivó la recurrente tentación, que no es solo brasileña, de militarizar la seguridad interna.


Temer evitó formular declaraciones sobre la matanza ocurrida el domingo en el Complejo Penitenciario Anício Jobim de Manaos, capital amazónica, con la aparente intención de eludir el costo de un hecho que repercutió en la prensa y organismos internacionales de derechos humanos.


Su situación política es tan incierta que suspendió el viaje al Forum Económico de Davos donde lo representará Henrique Meirelles, el ministro de Hacienda autor del plan de austeridad (austericidio) que amenaza llevar a la quiebra a varios estados provinciales donde se dejaron de pagar salarios y suspendieron servicios esenciales.


Esta limitación de gastos afectó también a las policías provinciales, con más de 1 millón de hombres en armas, y los servicios penitenciarios.
Hay un explícito descontento en los sindicatos que representan a las fuerzas de seguridad de varias provincias como Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande do Sul a donde fueron enviadas tropas federales.


Precisamente para recortar gastos el estado de Amazonas privatizó el presidio Anício Jobim donde miembros de la organización La Familia del Norte mató, y en algunos casos degolló el domingo, a integrantes del Primer Comando de la Capital.


En un comunicado divulgado ayer en Ginebra Naciones Unidas responsabilizó al gobierno de Temer por la masacre y exigió que prohíba “la tortura y del trato degradante e inhumano de los presos”. “Pedimos a las autoridades que tomen medidas para evitar” otro crimen similar en los centros de detención brasileño donde se alojan, en su mayoría hacinados, más 650 mil reclusos.


Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Orden de Abogados de Brasil se sumaron a las críticas.


El gobierno envió ayer a Manaos al ministro de Justicia Alexandre de Moraes, al tiempo que realizó una serie de consultas al Gabinete de Seguridad Institucional dirigido por el general Sergio Wesphalen Etchegoyen, según dejaron trascender informantes próximos al Palacio del Planalto.


Los servicios de inteligencia bajo el mando del general Etchegoyen habrían obtenidos informaciones sobre un plan para vengar a los muertos del PCC fallecidos en el estado de Amazonas donde ayer continuaba la “cacería” de más de 100 presos fugados el domingo.


Está en curso una guerra entre la Familia del Norte y el PCC, una facción surgida en San Pablo luego de la masacre de 111 detenidos en la cárcel de Carandirú, en 1992.


El Primer Comando de la Capital cuenta con una organización piramidal dirigida por Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola, que presume de haber leído El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo y conocer la biografía y tácticas guerrilleras de Ernesto Che Guevara.


“Marcola” es idolatrado por los soldados del PCC, el grupo que domina la mayoría de las cárceles de San Pablo y decenas en todo el país, junto al establecimiento de “células dormidas” en las favelas paulistas.


En mayo de 2006 una orden impartida por Marcola desde la cárcel desató el levantamiento simultáneo de más de 70 presidios y ataques relámpagos que mataron a unos 40 policías y agentes penitenciarios.


Un día después de las primeras acciones se desató una guerra entre fuerzas del orden y “milicias “ del PCC que hizo colapsar a San Pablo con un saldo de cerca de 600 muertos.


En la contienda entre el PCC y la Familia del Norte se disputa la hegemonía en el sistema carcelario de la Amazonia, por su proximidad a la “Ruta del Río Solimoes”, principal vía de ingreso de la cocaína de Colombia y Perú.


El polvo que llega a Manaos luego se embarca hacia Europa o los cada vez más rentables mercados de San Pablo y Río de Janeiro.


Por lo pronto ese dinero sucio es la fuente de ingresos de la Familia del Norte, con la que se pagan armamentos y se compran los favores de policías, guardiacárceles y políticos. Así es como esa organización asumió el mando de los centros reclusorios amazónicos y logró proyección nacional, al punto de animarse a presentarle batalla al PCC.


De acuerdo con informaciones de la Policía Federal a las que tuvo acceso el diario Estado de San Pablo, la Familia cuenta con unos 200 mil afiliados, entre quienes están los presos y sus allegados fuera de las cárceles, quienes realizarían aportes a cambio de los cuales reciben seguridad.


Con esa estructura en alza la Familia se asoció a otro grupo de peso,el Comando Vermelho, con base en Río de Janeiro, que mantiene una disputa con el PCC.


El innegable poder de fuego, organización y logística de estas fuerzas irregulares trajo otra vez al ruedo el debate sobre la necesidad de involucrar a los militares en el combate al crimen organizado.


Algunos formadores de opinión respaldaron esa idea, entre ellos Merval Pereira, el comentarista en jefe del grupo Globo.


Ayer Pereira dijo en una radio de esa corporación que no se puede “seguir posponiendo” la decisión de que el Ejército y otros fuerzas federales tomen cartas en el enfrentamiento al narcotráfico, y eligió como modelo a Colombia.


Militarizar la seguridad interna encaja con la nueva concepción de “fronteras calientes” defendida por la administración Temer.


Hace dos meses en una de las pocas reuniones diplomáticas realizadas en Brasilia con representantes sudamericanos fue expresada esa concepción.
El encuentro fue cerrado con una conferencia a en la que participaron el canciller José Serra, el general Etchegoyen y el ministro de Defensa Raúl Jungman.


“Los crímenes son cada vez más transnacionales y tienen que ser enfrentados” conjuntamente por los países sudamericanos, y ojalá que cada vez más puedan actuar “las Fuerzas Armadas de modo preventivo y represivo (..) en las fronteras”, dijeron las autoridades brasileñas.

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La militarización del muro Trump, al estilo israelí

Abunda la flagrante desinformación sobre la construcción del "muro Trump", sobre todo del lado más afectado, el mexicano, que jugó al avestruz durante un cuarto de siglo, hasta que el destino lo alcanzó.

El portal texano-israelí Stratfor (https://goo.gl/CoCifG), que se ostenta como la "CIA de los empresarios", rememora el cuarto de siglo (sic) del inicio de la construcción del muro por varias administraciones de Estados Unidos (EU) ante la pusilanimidad de cinco presidentes "mexicanos" en turno, quienes impulsaron la vulgar mercantilización en detrimento de la seguridad nacional:

1. A inicios de la década de 1990: se empezó a construir en áreas urbanas, con tapetes metálicos y material de la guerra de Vietnam.

2. En 1995: Sandia National Laboratories creó una barrera de tres capas de profundidad con vigilancia tecnológica: cámaras, imágenes termales y sensores.

3. En 2006: Secure Fence Act extendió los muros (sic) existentes (el “muro Baby Bush”) a un costo de 3 mil 400 millones de dólares, pagado por Seguridad del Hogar, que completó mil 30 kilómetros de los programados mil 50 km.

Baby Bush construyó la tercera parte del muro, con apoyo de la senadora de Nueva York, Hillary Clinton, ante las narices de los panistas Fox y Calderón, quienes no protestaron en absoluto, como ahora en forma cacofónica, quizá por sus fuertes vínculos con George Soros.

4. 2016/2017: Proyecto de terminar la construcción de sus 2/3 partes (el "muro Trump"), con excepción de 322 km al sur de Texas, a un costo entre 7 mil millones y 10 mil millones de dólares, por la empresa israelí Magal Security Systems (https://goo.gl/Diia5V).

Trump seleccionó al general retirado John Kelly como jefe de la Seguridad del Hogar, quien estará a cargo de terminar el muro (https://goo.gl/f4oxvf).

Kelly jefaturó el Comando Sur –que se traslapa con el Comando Norte en referencia al desahuciado y desaseado “México neoliberal itamita”–, y ha sido feroz crítico de la "amenaza de terroristas y el contrabando de los narcotraficantes en la transfrontera con México".

Sin contar al flamante director de la CIA, Mike Pompeo, quien se formó en la Academia Militar de West Point, el gabinete Trump profundiza su militarización, con tres militares seleccionados (http://goo.gl/QFXdZc).

A quien hay que seguir en forma estrecha sobre el devenir del "muro Trump" es a Michael McCaul, representante texano (sic) del Partido Republicano y jefe del Comité Camaral de la Seguridad del Hogar, quien ha externado la "securitización de la transfrontera" y la "confrontación de la emigración ilegal", y ha prometido colocar a México en un "plan de pagos (sic)" para financiar la terminación del muro.

Mientras el Congreso de EU trabaja su "plan de emergencia (sic)" para obliterar la transfrontera, el frívolo Senado "mexicano", después de haber exhibido en forma degradante sus camisetas "pro Hillary", ahora en un acto de exorcismo folclórico golpea una piñata con la efigie de Trump (http://goo.gl/D3lK1S). ¡No, bueno!

McCaul expone la militarización del muro (http://goo.gl/sOM6uz), que profundizó en The Heritage Foundation (http://goo.gl/mEVjyr): “Es más que un muro. Hablamos de un sistema histórico (sic) de defensa (¡supersic!) de varias capas (sic) para que los cárteles de la droga y los terroristas (sic) no puedan insinuarse a través de sus grietas”, lo cual significa "más agentes de patrulla fronteriza (nota: quienes, como los maltratados Veteranos, votaron en forma masiva a favor de Trump), nuevas autoridades, vigilancia aérea, sensores y otras tecnologías para sellar nuestro territorio de los ilegales".

El abordaje será de "tipo militar" otorgando a las "agencias de inmigración y de la frontera el real comando y control".

No sólo el Congreso de EU participará en el "esfuerzo de financiamiento", sino también "los vecinos (sic) quienes han fracasado en contener la crisis dentro de sus propios países", por lo que se ha colocado a México en un "plan de pagos", a lo que aporta varias ideas "razonables": nuevas "tarifas de inmigración", "cuotas de peaje de seguridad en la transfrontera", “captura y congelamiento de los activos de los cárteles de la droga”.

¿Se le ocurrirá al texano McCaul pagos a varios años sin intereses, ventas nocturnas con descuentos o un consumista "Buen Fin"?

Toda la securitización y matriculación de la transfrontera no será limitada a México y tendrá en la mira a "otros países en Latinoamérica (¡supersic!) que han contribuido a la crisis y fracasado en frenar el caos, por lo que deben también pagar para arreglar la situación". Algo así como "dime de dónde provienes y te diré cuánto debes pagar".

Hay que prepararse para el modelo mural israelí, impuesto en Gaza y Cisjordania, que sería implementado en las dos fronteras del fallido “México neoliberal itamita”: en el próspero norte y en el miserable sur.

¿Se contempla otro muro entre Chiapas y Guatemala y/o entre Chetumal y Belice, con supervisión israelí-estadunidense?

A McCaul se le olvida que él mismo es producto de la migración europea a EU y sentencia que el gabinete Trump "tomará acciones inmediatas para buscar (¡supersic!) y deportar a todos los extranjeros criminales" y "asegurarse que sus gobiernos los reciban (sic)".

Las medidas serán extremas, de corte persecutorio, y con una severa "investigación de los antecedentes" con el fin de detener a los yihadistas que exploten el sistema inmigratorio para entrar a EU como "turistas, inmigrantes y refugiados".

¿Tiene contemplado la novicia secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz, entronizada en el peor momento imaginable como "Reina del guacamole", dónde colocar a millones de "ilegales mexicanos"?

Más que a la terminación del muro, el consenso en el Congreso se encamina a una trifecta: una combinación de tecnología, vigilancia policiaca y construcción física, como aduce el presbiteriano Dennis Ross, representante republicano de Florida (sic) y miembro del equipo de transición, para quien el "término muro" es una metáfora, cuando "en realidad se refiere a seguridad" y puede ser también una "valla" (http://goo.gl/4YoTTn).

Si el "muro Trump" representó un exitoso ingrediente mercadotécnico –79 por ciento de quienes lo apoyaron insisten en frenar la inmigración–, su implementación por el Congreso no será automática, ya que en el Senado requiere de 60 votos para su aprobación cuando los republicanos sólo controlan 52.

¿Quién protegerá a los dreamers: 800 mil jóvenes indocumentados que han sido abrigados en forma temporal de la deportación, gracias a una orden ejecutiva de Obama en 2012?

Increíble: su "protección" no provendrá aquende el río Bravo, sino allende, donde se prepara una legislación bipartidista al respecto (http://goo.gl/Z1rLgB).

Sin que yo ampare el híper-complejo crimen transfronterizo, McCaul soslaya que la gran mayoría de "migrantes" de México/Centroamérica son "refugiados económicos" quienes, debido al neoliberalismo global que impuso el decálogo del Consenso de Washington por la unilateralidad geoestratégica de EU, huyen de sus países plutocráticos, donde no encuentran "libertad económica" para laborar y quienes, por efecto de ósmosis demográfica, se refugian en los países de mayor prosperidad.

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México y su guerra contra el narco: diez años, 50.000 millones de dólares y más de 200.000 cadáveres

La guerra contra las drogas en México cumple diez años, ¿qué se ha conseguido hasta ahora?
México se ha gastado 50.000 millones de euros en seguridad y defensa desde el comienzo de la guerra y EEUU ha aportado alrededor de 1.405 millones
Desde 2007, casi 200.000 personas han sido asesinadas y más de 28.000 declaradas desaparecidas

 

¿Por qué se lanzó la guerra contra las drogas?


El 10 de diciembre de 2006, el recién investido presidente, Felipe Calderón, lanzó la guerra de México contra las drogas con el envío de 6.500 soldados a su Estado natal, Michoacán, donde cárteles enemigos, en su lucha por el control del lucrativo territorio, participaban en matanzas de venganza. La ola de violencia había estallado en 2005 y una serie de operaciones policiales y militares lanzadas por el anterior presidente, Vicente Fox, no habían logrado contener el derramamiento de sangre.


Calderón declaró la guerra tan solo ocho días después de ocupar el cargo, una decisión ampliamente percibida como un intento de impulsar su legitimidad tras una dura victoria electoral. En un periodo de dos meses, alrededor de 20.000 soldados participaron en operaciones en todo el país, que inicialmente gozaron de un apoyo generalizado en las comunidades, cansadas de tiroteos, ejecuciones horripilantes y corrupción policial.


¿Cuánto ha costado la guerra hasta ahora?


Estados Unidos ha aportado al menos 1.405 millones de euros desde 2008 a través de la Iniciativa Mérida (el Congreso ha aprobado otros 937 millones de euros). Por su parte, México se ha gastado, por lo menos, 50.600 millones de euros en seguridad y defensa desde el año 2007. Los críticos denuncian que este flujo de dinero ha permitido crear una industria de seguridad opaca abierta a la corrupción en todos sus niveles.


Pero los mayores costes han sido humanos: desde 2007, casi 200.000 personas han sido asesinadas y más de 28.000 declaradas desaparecidas. En septiembre de 2014, 43 profesores en prácticas desaparecieron y se presume que fueron asesinados tras ser atacados por agentes de policía corruptos y entregados a miembros de los cárteles de las drogas. El caso, en el cual el Ejército mexicano y políticos corruptos estuvieron implicados, se ha convertido en ejemplo emblemático de la violencia perpetrada en zonas altamente militarizadas.


Grupos defensores de los derechos humanos han registrado un aumento de abusos de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, presionados para llevar a cabo arrestos, obtener confesiones y justificar la guerra. Las informaciones sobre tortura por las fuerzas de seguridad incrementaron un 600% entre 2003 y 2013, según Amnistía Internacional.


Mientras los cárteles se han dividido y diversificado, otros crímenes violentos como el secuestro y la extorsión se han disparado. En 2010, el cártel Los Zetas, fundado por un grupo de desertores de las fuerzas especiales mexicanas, masacraron a 72 migrantes que fueron secuestrados cuando intentaban llegar a Estados Unidos.


Cientos de miles de personas han sido desplazadas por la violencia y han surgido grupos de autodefensa y vigilancia en varios estados, incluido Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde las comunidades han tomado las armas en un intento de protegerse a sí mismos. Algunas de esas milicias han sido atacadas una por una por las fuerzas estatales o apropiadas por el crimen organizado.


¿Qué se ha conseguido?


La colaboración reforzada entre los servicios de inteligencia y de seguridad de México y Estados Unidos ha resultado en numerosos arrestos de destacadas figuras e importantes redadas antidroga. Las autoridades aseguran que 25 de los 37 narcotraficantes más buscados en la lista del expresidente Calderón han sido encarcelados, extraditados a Estados Unidos o asesinados, aunque no se han comprobado todos estos datos de forma independiente. Durante la legislatura de Calderón, más de 110.000 toneladas de cocaína fueron decomisadas y se destruyeron casi 180.000 hectáreas de marihuana y opio.


Desde que el sucesor de Calderón y actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, tomase posesión en diciembre de 2012, 101 de su lista de 122 capos más buscados están muertos o bajo custodia policial; de nuevo, no todas las supuestas muertes y detenciones han sido corroboradas de forma independiente.


La mayor victoria, y error garrafal, bajo el liderazgo de Peña Nieto fue la captura, huida y nueva captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Guzmán está luchando contra su extradición a EEUU, aunque esta parece cada vez más clara. Mientras tanto, sus rivales llevan a cabo audaces estrategias para hacerse con sus lucrativas rutas, provocando una nueva ola de violencia en estados como Colima, Baja California y Sinaloa.


La represión y captura de los cerebros de las bandas se ha ganado las alabanzas de Estados Unidos y de los medios de comunicación, pero ha hecho muy poco por reducir la violencia o instaurar el Estado de derecho.


¿Cómo ha evolucionado la guerra?


Bajo la presión de las autoridades, algunas facciones criminales se han dividido para reagruparse y volver a emerger como grupos más pequeños pero más despiadados.


Al mismo tiempo, han brotado nuevas batallas en lo que antes eran estados pacíficos. Esto se debe a que las operaciones militares han incitado a las bandas a encontrar nuevas rutas para el tráfico de drogas en territorios rivales.


Las políticas de Calderón han permanecido prácticamente intactas bajo el liderazgo de Peña Nieto, aunque la retórica ha cambiado notablemente en lo que ha sido un intento de reconstruir la imagen de México y de atraer inversión extranjera. “Mientras la Administración de Calderón estaba obsesionada con la seguridad, el presidente Peña Nieto se ha obsesionado en no obsesionarse con la seguridad”, señala David Shrik, experto en seguridad.


Bajo el nuevo Gobierno, el presupuesto de seguridad y defensa ha seguido creciendo, como también lo ha hecho el derramamiento de sangre. Unas 63.000 personas fueron as

esinadas en la primera mitad del mandato de Peña Nieto, un 50% más que durante los tres primeros años de Calderón.
Además, inmensas cantidades de droga siguen llegando a Estados Unidos. El consumo de drogas en Estados Unidos, el mayor mercado mundial, sigue creciendo con 24,6 millones de consumidores en 2013, lo que equivale al 9,4% de la población mayor de 12 años. En 2002 esta cifra era de un 8,3%.


El consumo de drogas tiende a crecer y decrecer, en parte reflejando los esfuerzos de los cuerpos de seguridad. De este modo, aunque el consumo de cocaína se ha reducido levemente, el de marihuana, heroína y metanfetaminas están en alza.


La legalización de la marihuana en un creciente número de estados reducirá la demanda desde México, pero el resto del mercado está en pleno auge. Se estima que los cárteles mexicanos obtienen entre 17.900 y 27.300 millones de euros al año por la venta de drogas en Estados Unidos.


¿Qué papel ha jugado Estados Unidos?


La doctrina de 'guerra contra las drogas' se atribuye generalmente al presidente Richard Nixon, quien creó la agencia contra las drogas (DEA, Drug Enforcement Administration) en 1973 para declarar “una guerra sin cuartel contra la amenaza de las drogas”.


Desde entonces, Estados Unidos se ha gastado más de 2,3 billones de euros luchando contra este enemigo indeterminado a través de la prohibición y militarización. Durante las pasadas cuatro décadas, el modelo estadounidense ha sido exportado a Latinoamérica, especialmente a Colombia y México.


La guerra contra las drogas en México cumple 10 años y nunca hubiese sido posible sin la inmensa inyección de dinero y cooperación militar estadounidense bajo la Iniciativa Mérida. Los flujos han continuado a pesar de las crecientes evidencias de serias violaciones de derechos humanos.

Nina Lakhani - Ciudad de México
09/12/2016 - 19:42h

theguardian

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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Viernes, 22 Julio 2016 08:24

“Bienvenidos al infierno”

“Bienvenidos al infierno”

Con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, la violencia en las favelas se ha disparado y ha sacado a la luz la guerra silenciosa entre policías y narcotraficantes. Los habitantes de estas comunidades son las principales víctimas del fuego cruzado. Tan sólo en mayo la policía mató a una persona cada nueve horas. Tres de cada cuatro eran jóvenes negros.

 

El miércoles 6 un grupo de policías se manifestaba en el aeropuerto internacional Galeão, de Rio de Janeiro, con una pancarta con la que provocaban a los turistas que recién llegaban a la “ciudad maravillosa”: “Bienvenidos al infierno”, decía. Esta era la respuesta de las fuerzas del orden ante el aumento de agentes asesinados en la guerra que se juega a diario en las favelas cariocas entre fuerzas armadas y facciones del tráfico de drogas.

 


Esa misma semana un informe de Human Rights Watch (Hrw) confirmaba que por cada policía asesinado en 2015, las fuerzas de seguridad mataron a 25 personas. En este sentido, los habitantes de los morros hace tiempo que viven en un infierno. Jóvenes, niños, adultos, muertos por balas perdidas, por estar en el lugar y el momento equivocados.

 


Desde que se supo que Brasil albergaría la Copa del Mundo, y después Rio de Janeiro los Juegos Olímpicos, la violencia en las favelas no ha hecho más que aumentar. Según datos de Amnistía Internacional, en los últimos seis años la policía carioca fue responsable de entre 13 y 21 por ciento del total de asesinatos en la ciudad. En 2015 fueron asesinadas 645 personas, y una de cada cinco murió por “homicidio derivado de acción policial”. El director de Amnistía Internacional de Brasil, Atila Roque, advierte que ese número “podría ser más elevado” ya que muchos de los asesinatos son registrados como “homicidios”, una etiqueta genérica que sirve para no colocar la culpa en las fuerzas de seguridad. Eso fue lo que sucedió con Eduardo Jesús, un niño de 10 años, asesinado por la Policía en abril de 2015 en la puerta de su casa, mientras esperaba que su hermana volviera de la escuela: “Como maté a tu hijo puedo matarte a vos también, porque él era un hijo de bandido”, le dijo el policía a la madre de Eduardo Jesús, mientras ella le gritaba desesperada.

 


El Instituto de Seguridad Pública reconoció que entre febrero y mayo de 2016 las muertes por acción policial aumentaron 78 por ciento con relación al año anterior. El 30 de junio la policía asesinó brutalmente a Jonathan Dalber, un menor de 16 años que salía de la casa de su tío, en el morro de Borel, con una bolsa de pop en la mano. Sin mediar palabra, un agente le pegó un tiro en la cabeza al pensar que lo que llevaba en la mano era una bolsa con droga. Los vecinos de la comunidad grabaron un video donde se ve cómo los policías, al darse cuenta del error, intentan socorrer al chico pero acaban abandonándolo y huyendo.

 

Asesinatos extrajudiciales, abuso de fuerza, invención de la escena del crimen y amenazas a posibles testigos forman parte del día a día de la Policía Militar, según denuncia el informe de Hrw “El buen policía tiene miedo: Los costos de la violencia policial en Rio de Janeiro”. La impunidad y el “vale todo” en aras de la seguridad permiten que la lógica de la vulneración de derechos humanos se mantenga: “Pocas veces llegan a la justicia los casos de policías que han hecho abuso de poder. La mayoría de las confrontaciones son encubiertas como legítima defensa”, reconoce el fiscal general Marfan Martins Vieira en ese documento.

 

LÓGICA DE GUERRA.

 

Rio de Janeiro es el estado brasileño con tasas de mortalidad más elevadas en el transcurso de operaciones policiales. En los últimos diez años más de 8 mil personas fueron asesinadas en el curso de invasiones “pacificadoras” en las favelas. Las políticas de seguridad pública se basan en la militarización de estas comunidades. Por un lado, desde las Unidades de Policía Pacificadora (Upp), y, por otro, desde operativos de guerra con tanques y armas letales.

 

La diferencia entre ambos tipos de control policial apenas existe: “Las Upp eran una buena idea y se convirtieron en un fracaso porque no trabajan como policía comunitaria sino como unidades militarizadas de control y represión”, le cuenta a Brecha Atila Roque.

 

Después de diez años de Upp el balance de los vecinos es desalentador: “Los militares que suben son muy jóvenes, sin experiencia, se ponen a pegar tiros en cualquier momento, entran en nuestras casas, nos roban, nos amenazan; es una pesadilla”, cuenta Irone Santiago, cuyo hijo fue tiroteado por la policía y hoy se encuentra parapléjico y con una pierna amputada. “Sabemos que en cualquier momento van a subir y volveremos a vivir entre los tiros”, dice Santiago, habitante de la favela de La Maré desde hace más de treinta años.

 

El Complejo de la Maré, una comunidad formada por 16 favelas donde viven alrededor de 140 mil personas, fue invadido por la Policía Militar poco antes de que empezara el Mundial. La previsión inicial era que se quedaran durante el evento, pero la Policía Militar permaneció allí un año más, hasta julio de 2015. En estos días están a punto de volver.

 

El secretario de Seguridad Pública del estado de Rio de Janeiro, Jose Mariano Beltrame, anunció que 60 mil policías y 20 mil militares ocuparán la ciudad para actuar durante los Juegos Olímpicos. No especificó cuántos de ellos “subirían” a las favelas, ni tampoco dejó claro cuánto tiempo se quedarían allí. En abril, Beltrame, tras la muerte de un integrante del Batallón de Operaciones Especiales a manos de un comando de narcotraficantes, había advertido que quien “se atreva a disparar a un policía va a recibir un tiro”.

 

Las muertes de policías también han aumentado en momentos en que el estado de Rio de Janeiro se encuentra en “estado de calamidad”. Las fuerzas de seguridad, al igual que los profesores, los funcionarios públicos y el personal sanitario, reciben sus salarios con atraso. En todos esos sectores los recortes han sido muy duros.

 

“Por un lado el policía es un verdugo, porque mata a una escala inaceptable, pero también es una víctima. La mayoría tienen el mismo perfil que sus víctimas, son negros o pardos, jóvenes y de origen humilde”, explica Roque. Desde Amnistía Internacional reconocen que la precariedad que sufre la policía de Rio de Janeiro por la crisis económica hace que “aumente el estrés y también la violencia”. Pero ello no justifica de manera alguna que se vulneren los derechos humanos: “No puede haber un estado de excepción para justificar la seguridad en los Juegos Olímpicos”, dice Atila Roque. El director de Amnistía Internacional no sólo se refiere a la militarización de las favelas y al aumento de los asesinatos sino también a la nueva ley antiterrorista, que desde el 4 de junio criminaliza cualquier manifestación que se haga en determinados puntos de la ciudad hasta pasados los Juegos Olímpicos. “Durante el Mundial fue lo mismo, hubo periodistas y activistas de derechos humanos presos e incluso heridos. No podemos permitir que avasallen la libertad de expresión”, apunta el militante humanitario.

 

“UN TIPO NORMAL.”

 

A sus 30 años, Víctor Santiago se ha convertido, junto a su madre, Irone, en un activista social de la favela de La Maré. Después de lo que le sucedió dice que lo único que le queda es denunciar su caso “para mostrar al mundo” lo que sucede a diario en las favelas de Rio de Janeiro, donde el Estado sólo llega en forma de fusil o de tanque.

 

Víctor repite constantemente que siempre fue un “hombre normal”: pagaba sus cuentas, trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde para ser técnico en seguridad. Explica todo esto para justificar “el absurdo” de lo que le sucedió la madrugada de aquel sábado de febrero de 2015 cuando volvía a casa en el coche de un amigo. Primero los paró un primer control militar para pedirles documentos. Pudieron seguir adelante esa vez, pero antes de llegar a su casa se toparon con un segundo control. Esta vez los militares, sin intercambiar palabra, comenzaron a disparar contra el vehículo. El conductor recibió un tiro y Víctor Santiago dos. Víctor estuvo una semana en coma y tres meses hospitalizado con el pulmón perforado y sesiones de hemodiálisis.

 

Las dos balas que recibió lo dejaron parapléjico y con una pierna menos. Él responsabiliza al estado de Rio. “Fue culpa de la incompetencia de los gobernantes, a quienes no les importamos nada”, dice. Cuenta que una de las cosas que más le dolió fue salir del hospital en silla de ruedas y sin ningún tipo de ayuda. “El Estado no me ha dado ni una curita.”

 

La silla de ruedas con la que se mueve, la cama de hospital en la que pasa prácticamente las 24 horas del día y los pañales que usa para sus necesidades son donaciones de los vecinos de la comunidad. Su madre dejó su trabajo de costurera para cuidarlo, y el resto del tiempo lo dedica a intentar conseguir que se haga justicia. “Recién un año después de los hechos vino la Policía Federal para hacer una pericia del cuerpo de Víctor, y lo más absurdo de todo es que en este caso mi hijo constaba como testigo y no como víctima”, se lamenta Irone.

 

La mujer afirma no tener miedo de posibles represalias. Sabe que la policía suele amenazar a los familiares de las víctimas, pero hasta ahora nadie le ha dicho nada. Asegura que como su hijo hay otras muchas personas, que tienen miedo de hablar: “No se imagina la cantidad de gente mutilada que hay en La Maré, por no hablar de los asesinatos. Quieren acabar con todos nosotros, no tenemos derecho a nada”.

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Sábado, 09 Julio 2016 08:23

Al sustituir la eficiencia cocalera

Al sustituir la eficiencia cocalera

 

En víspera del inicio -este 10 de julio- del piloto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, bien vale felicitar a las valientes familias del Orejón y veredas aledañas, quienes afrontan este estratégico plan. Resaltando que en la mesa de La Habana, se acordó iniciar su implementación antes de la firma del Acuerdo Final.

 

Estos campesinos enfrentan todo el catálogo de falacias fabricado por la guerra antidroga, como ejemplos : una mitomanía rancia y una reciente. En 1984 -en repetición goebbeliana- el embajador Tambs acuñó el mito de la “narco-guerrilla” que a punta de fusil obliga campesinos a cultivar coca. Desde 2014, la ONUDC repite que las 2/3 partes de los cultivadores hoy venden hoja de coca en finca, absteniéndose de agregar valor.

 

Cuando el poder global fabrica mitos, lo hace por algo.

 

En primer lugar cuando inventa el mito del cultivador obligado, esconde las causas que arrastran al campesinado hacia los cultivos declarados ilegales. Estas son:

 

1. Históricamente el Estado ha eludido el reparto de tierras dentro de la frontera agrícola, porque coludido con el latifundio y usando guerra o “reforma agraria”, ha desplazado a los campesinos hacia baldíos selváticos.

 

2. Se desplaza hacia tierras aisladas y lejanas sin presencia del Estado, donde no hay salud ni educación, y tampoco hay vías para sacar los productos legales al mercado.

 

3. Estos territorios tienen suelos de baja calidad o vocación agrícola diversa, que limitan o impiden el cultivo y cría de especies normales dentro de la frontera agrícola. Pero estos suelos selváticos, aceptan bien especies amazónicas como la coca.

 

4. Gracias al neoliberalismo, los cultivos y crías legales tienen competencia desleal de productos importados desde países que subsidian las mercancías agropecuarias.

 

En segundo lugar el mito de la no agregación de valor, esconde las características de eficiencia productiva que tiene la economía campesina cocalera. Estas son:

 

1. La cercanía al ecuador geográfico, y su origen amazónico, provoca la rápida rotación del cultivo de coca, siendo 6 cosechas anuales nuestro promedio. Ningún otro cultivo genera ingresos bimestrales.

 

2. El inicio del proceso transformador de la coca -el que va de hoja a pasta básica de cocaína PBC- se realiza en el campo. Al margen de ser ilegal, esto es una conquista de la economía campesina, que así se apropia parcialmente del valor agregado.

 

3. En esa parte del proceso, la tasa media de reducción del volumen es 550 veces: de una arroba de hoja se obtienen en promedio 22 gramos de PBC. La producción de 1 ha promedia 50-70 arrobas de hoja de coca por cosecha, entonces su producido se puede transportar en los bolsillos del acopiador rural, y así sacarlo desde territorios sin vías.

 

4. La propaganda reza que el exorbitante precio de la cocaína en el mercado terminal, llega a los cultivadores. Al contrario -en 25 años, y en los 3 países productores Bolivia, Perú y Colombia- el PBC ha mantenido un precio rígido, oscilando en torno a 700 dólares por kilo. Al cultivo no lo estimula un precio alto, sino uno estable que cubre los costos de subsistencia, algo anormal para la economía campesina legal.

 

Si consideramos las causas y características económicas descritas, se concluye que el producto sustituto debe ser competitivo frente a la eficiencia de los cultivos de uso ilícito. Algunas sugerencias para una sustitución competitiva:

 

1. La participación debe superar lo formal, llegando hasta la consulta previa campesina, que respete sus diversidades. Solo los campesinos organizados podrán garantizar se cumplan los cronogramas de sustitución y no resiembra. Vale imitar la herramienta de Control Social boliviana, cimentada en la alianza de cocaleros y gobierno.

 

2. Las familias expulsadas fuera de la frontera agrícola, ayudadas por los cultivos de uso ilícito crearon nueva frontera. Su organización garantiza que no sean de nuevo despojados, o que a cambio los relocalicen en los valles fértiles interandinos y caribes.

 

3. Los programas de sustitución deben incluir acciones formativas para reconvertir laboralmente los recolectores, y asistencia técnica para los nuevos cultivos.

 

4. Las zonas aisladas y lejanas deben recibir inversiones en salud y educación, también en vías y comunicaciones, y así garantizar el acceso al mercado.

 

5. La pobreza de los suelos que asientan mayormente los cultivos de uso ilícito, necesita de financiamiento público de nutrientes, para poder superar gradualmente tales condiciones. Las hojas de coca son un fertilizante natural.

 

6. En algunas zonas la coca es el producto con más rendimiento o el único que rinde. En áreas especiales se puede adelantar la sustitución del uso, como en Bolivia, Perú y el Cauca, con derivados alimenticios, medicinales, forrajeros y fertilizantes.

 

7. Ningún cultivo tiene tan rápida rotación como la coca. Con escalamiento de siembras y cosechas, y manejo financiero, se pueden conseguir ingresos bimestrales con otros cultivos. No hay un producto único, se debe identificar el aplicable en cada región.

 

8. La transformación en el campo, es imprescindible para la sustitución eficaz, el subdesarrollo equivale a no agregar valor. Además estas agroindustrias tienen que ser propiedad cooperativa del campesinado.

 

9. La agroindustria también garantiza reducir el volumen del producto, y así que los ingresos campesinos no se diluyan en el transporte hasta una fábrica citadina.

 

10. La estabilidad y seguridad de precios que cubren los costos en los cultivos de uso ilícito, se deberá conseguir en cualquier plan de sustitución.

 

La Reforma Rural Integral, podrá beneficiar a las familias con cultivos de uso ilícito, cuando se neutralicen paramilitarismo y narcotráfico, sino estos sabotearan la sustitución con dinero o violencia. También saboteará el neoliberalismo, al hacer competir a nuestros campesinos vs. granjeros norteamericanos y europeos subsidiados.

 

La demanda mundial de cocaína se suple con la oferta de los tres países productores. De eliminar alguna de estas ofertas, aparecería en otro lugar, porque al estar prohibida su producción genera ganancias extraordinarias y violencia. Así que toda solución será parcial, mientras no se regule democráticamente el mercado. La sustitución voluntaria campesina tendrá que enfrentar estos riesgos.

 

 

 

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Bolivia, Colombia y Perú son los principales productores mundiales de coca y también de su derivado ilegal, la cocaína.
El número de hectáreas sembradas pasó de 69.000 a 96.000, una de las cifras más altas de los últimos años

 

Nuevamente Colombia registra un amento en el número de cultivos ilícitos. En los últimos tres años las cifras han mostrado un crecimiento constante. Entre 2014 y 2015, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), hubo un incremento del 39% en hectáreas sembradas. La cifra pasó de 69.000 a 96.000. Un número comparable con el que se registró en el año 2007, cuando llegó a 99.000 hectáreas. Una de las más altas en la historia reciente del país.

 

Para el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la explicación al crecimiento de los cultivos de coca se debe principalmente a la suspensión de la fumigación aérea y a factores climáticos. Según Villegas, la nueva política antidrogas tendrá como misión la disminución y erradicación de estas plantaciones, a través de la creación de nuevos comandos contra el narcotráfico y el aumento de 16 a 60 de los grupos de erradicación manual, sobre la que aseguró que se están probando nuevos métodos. Según el Ministerio de Defensa, en el primer semestre de este año se han incautado más de 160 toneladas de cocaína, destruido 3.000 laboratorios y suprimidas 10.178 hectáreas, de las 16.000 que se tienen proyectadas para antes de que termine el 2016.

 

Las cifras, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen unos meses después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), un órgano que integran ministros y otros funcionarios del Estado, autorizó el uso del glifosato para fumigar cultivos ilícitos pero solo de forma terrestre. Un año antes, la misma instancia había determinado que no se podría usar de ninguna manera, pero ante el aumento de cultivos tuvo que revertir la decisión. La fumigación bajó de 50.554 hectáreas en el 2014 a 28.075 en el año siguiente.

 

El informe señala que cinco departamentos, de los 23 afectados por cultivo de coca, tienen el 81% del área sembrada y en solo un municipio de estos (Tumaco, en Nariño) hay al menos 16.000, que representa el 17% de lo que se produce en todo el país, en donde del 2013 al 2104 pasó de 48.189 hectáreas a 64.132. “Esto indica que a pesar del fuerte incremento del área sembrada, las comunidades afectadas deben seguir siendo las mismas”, apunta la ONU, que también registra que tres departamentos están libres de coca. Caldas, La Guajira y Cundinamarca completan cuatro años sin cultivos.

 

“Al suscribirse el acuerdo final con las FARC, los temas relacionados con narcotráfico deberán registrar progresivamente un mejor desempeño”, dijo Villegas, al referirse a uno de los compromisos que ha asumido esta guerrilla en el marco de los diálogos de paz y que se trata de la erradicación por de cultivos en zonas donde han tenido influencia. En Briceño (Antioquia) se adelanta un plan piloto para ello.

 

 

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"En Colombia tenemos unas 20.000 mujeres presas por delitos de narcotráfico que no son violentos”
Marta Restrepo, de la Red Feminista Antimilitarista, deshoja la lógica a la que ha respondido la política antidrogas en Colombia y describe los avances que supondrían los acuerdos de paz que se están negociando en La Habana.

 

Una sonrisa cómplice asoma en la cara de Marta Restrepo mientras va deshojando la lógica a la que ha respondido la política antidrogas en Colombia. La integrante de la Red Feminista Antimilitarista expone que tras la lucha por erradicar los cultivos ilícitos se esconde el combate a la insurgencia armada y, tras éste, la codicia de las multinacionales por los recursos del país.


Esa táctica de perseguir las plantaciones en el campo, junto con la persecución al microtráfico en las ciudades, hace que quienes terminan en la cárcel sean los eslabones más débiles de la cadena, fácilmente sustituibles. Así se explica cómo las millonarias inversiones en esta lucha apenas rozan la estructura en la que se fundamenta el negocio, la de los grandes narcotraficantes, los del lavado de dinero, los que entran y salen del país sin despeinarse y le hablan de tú a la clase política, indudable cómplice.


Restrepo habla de cómo las mujeres ocupan los peldaños inferiores en la jerarquía laboral del narcotráfico, lo que las convierte en las más expuestas, las que menos beneficios obtienen y las que con mayor asiduidad terminan entre rejas.


Pero todo esto está empezando a transformarse tenuemente. Vibra la esperanza en su rostro cuando afirma que los acuerdos de paz que están siendo negociados en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP dibujan la posibilidad de un cambio de escenario en el modelo de persecución a las drogas.


¿Cuál ha sido el modelo de persecución a las drogas en Colombia?


Es imposible no ver la historia del combate a las drogas en Colombia en una relación de dependencia hacia los Estados Unidos porque, básicamente, las políticas antidrogas en Colombia han sido un mandato producto de una supuesta vía de cooperación entre Estados. Los intereses que han primado realmente son los que los Estados Unidos tienen en ese combate.


En Colombia, esa política antidrogas ha estado fundamentalmente ligada a una problemática contrainsurgente. Es una práctica militarista que privilegia el control territorial militar más que perseguir realmente el negocio transnacional, que significa perseguir a los que fabrican los químicos con los que se modifica la pasta de coca, perseguir el lavado de capitales, la plata que sale hacia los paraísos fiscales o la relación entre políticos y narcotráfico. Es más fácil desarrollar esa política sobre la vía de la erradicación del cultivo, que pone de inmediato el militarismo en el territorio rural, en donde se ha librado históricamente la guerra de guerrillas que vive este país.


El componente de la política antidrogas, que en su momento se llamó el Plan Colombia, siempre decía que había un componente militar y un componente social. Por un lado se fumigaba químicamente con glifosato y supuestamente se intervenía socialmente para que esas comunidades transitaran hacia otra economía. Realmente eso nunca se dio. Además, esa lucha antidrogas se desentendió de una política de salud pública en el territorio colombiano para disminuir el consumo. Entonces encontramos una guerra militarista en el territorio y un aumento del consumo y el microtráfico en la ciudad.


¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Colombia?


Colombia tiene aguas en dos mares, es el país con mayor biodiversidad del mundo, tiene agua dulce, tiene minería, tiene petróleo, tiene carbón... tiene todo. Entonces el suelo de Colombia es de importancia estratégica para los Estados Unidos en términos de poder acceder a su riqueza mediante las multinacionales.


Hasta 2010 hubo un plan por el que los Estados Unidos establecen cinco bases militares. Eso no sucede sino en campos de guerra. Estados Unidos pensó que la derrota militar de la insurgencia era estratégica para poder acceder a ese territorio que todavía, de alguna manera, las insurgencias custodian. Por supuesto, cada vez menos. No es lo mismo la insurgencia antes del Plan Colombia que la de ahora.


Esa cooperación militar significó traer tropas, dinero, armas, inteligencia militar y generó muchas pérdidas a las FARC, pero todo eso venía enmascarado como un plan de cooperación antidrogas. No en una intervención directa como en el caso de los contras nicaragüenses o Iraq, que fuimos porque allá había una guerra y había que perseguir a unos rebeldes y matarlos. Aquí ellos nunca dijeron eso. Ni el Congreso colombiano habría aprobado eso. Se presentó un plan de cooperación técnica, militar y social para erradicar el narcotráfico a una sociedad que había vivido los 80 y 90 asfixiada por la criminalidad del narcotráfico.


Desde el Gobierno también se ha acusado a la guerrilla de dedicarse al narcotráfico.


La teoría de los gobiernos colombianos siempre ha sido que la guerra se financia con el dinero del narcotráfico. Ese argumento ha sido el combustible de la guerra, pero eso no siempre fue así. La presencia de las insurgencias en el tráfico de drogas no es de más de 50 años de guerra. Sólo que, como esos territorios rurales siempre han estado en disputa, los impuestos, el efectivo, han estado mediados por quien tiene el control del territorio, en algún momento las insurgencias o los paramilitares y en otros territorios exclusivamente los narcotraficantes, sin ninguna afiliación ideológica. Pero es una realidad de subsistencia en el territorio. Es el negocio del momento, el negocio que es posible por el empobrecimiento del campo, por los tratados de libre comercio. El campesinado no encuentra qué hacer.


¿Por qué se persiguen los delitos menores y no los delitos estructurales vinculados al narcotráfico?


Porque en Colombia es imposible mirar el mantenimiento, el auge y el crecimiento de los cultivos y del narcotráfico y lo exitoso del negocio si no entiendes que hay políticos detrás, que hay corrupción, que hay financiación de campañas electorales, que hay cambio de leyes. No se puede entender que haya crecido una mafia sin una relación con la política. Y eso no es exclusivo nuestro, una mafia sin políticos es imposible.


Dentro de esta lógica, ¿quiénes van a las cárceles colombianas por narcotráfico?


Cuando cogen un laboratorio, toman presas a personas que hacen diferentes trabajos. En el narcotráfico hay una división del trabajo y también es sexual. Está el químico, el raspachín y el propietario del pedacito de tierra.


El raspachín es el que siembra la mata, la saca, la pisa, y ahí entra el quimiquero, que en muchas regiones del país son hoy mujeres, que son las que adicionan los químicos. Nos encontramos con que cocaleros, cocaleras, raspachines o quimiqueras, que son la base del trabajo productivo, son los que son encarcelados. Igual, cuando hay extinción de dominio se extingue sobre una familia campesina que son dos viejitos y hay 300 o 400 matas ahí. ¿Qué es la extinción de dominio? Si usted en su propiedad tiene un negocio de droga, yo, Estado, le quito su propiedad porque entiendo que es producto de ese negocio ilícito, pero además le llevo a la cárcel.


¿Cómo afecta este modelo de persecución a las mujeres?


En muchas regiones del país, producto de la guerra contrainsurgente, las mujeres se quedaron solas en el campo. Ellas son las que siembran, son las cocaleras. En Arauca y en Bocoa, al suroriente del país, ellas son mayoritariamente las que conforman las asociaciones cocaleras. También porque en algún momento pensaron que ser mujeres las iba a proteger de la criminalización.


En la parte urbana cada vez más se desempeñan como microtraficantes. Son las que arman, empacan y, en algunos casos, venden en una plaza o en una casa. Los hombres ocupan un lugar de cuidado, de seguridad. Al momento de hacer la persecución al microtráfico ahí están las mujeres, que están casi siempre solas porque están en un escenario de narcotráfico que ha tenido sicariato. Muchas han perdido a sus maridos por haberse enlistado militarmente en las mafias. Otras vinieron desplazadas, vienen solas porque a sus maridos los perdieron o se quedaron en la guerra. Son mujeres solas con hijos e hijas.


A esas mujeres es a las que se les aplica la extinción de dominio. Alrededor del 60% de la gente que va a la cárcel en Colombia es por drogas y, en ese porcentaje, entre el 11% y el 15% son mujeres.


En el país podemos tener alrededor de 20.000 mujeres presas por microtráfico, o sea, por delitos de narcotráfico que no son violentos, lo que quiere decir que ellas no han asesinado a nadie, no han portado un arma, no han producido un desplazamiento forzado por eso, sino que se han dedicado a vender en la plaza. Muchas de ellas en relaciones de control social territorial donde no hay otra opción. Otras, sus compañeros las meten al negocio, les dejan la mercancía para que ellas la vendan. Ellas ni siquiera saben cómo llegó ni nada, sino que son simplemente las que están detrás de una puertica, venden, entregan y reciben el dinero. Ellas no saben más del negocio porque se mantienen al margen.


Las mujeres que terminan vinculadas al microtráfico lo hacen como una salida última, por no tener la posibilidad de tener otro empleo o por ser un empleo que podría representar algún nivel de autonomía y que está asociado con la necesidad de estar en casa y cuidar a los hijos e hijas porque no hay nadie más que apoye en el cuidado.


Dices que muchas acaban en prisión, ¿el encarcelamiento les afecta de manera diferente?


Lo que sigue pareciendo para esta sociedad natural es que exclusivamente las mujeres se hacen cargo de las familias. Si las mujeres llevan la carga de la familia, al ponerlas en la cárcel eso pone en mayor vulnerabilidad al resto del grupo familiar. Como ella era la única fuente de ingreso, puede que miembros más jóvenes de su familia se desplieguen hacia esa o cualquier otra actividad ilegal o que ella, desde la cárcel, tenga que estar en constante preocupación por sus hijos e hijas.


Además, a veces también fue delatada porque es más fácil entregar a esta mujer, que con eso damos un positivo (una captura falsa) en la policía, y la policía muestra la gran captura, pero ella es la más débil de la cadena. El más grande de la cadena, el que acumula, el que viaja entre París, Nueva York, Argentina, Brasil, Chile..., ése no, ése además puede salir del país todas las veces que quiera.


Las mujeres están confinadas territorialmente en una casa, y ahí está su mayor vulnerabilidad porque, aunque supuestamente han cometido un delito que atenta contra la salud pública, son mujeres sin ningún poder en lo social.


Ese tipo de cosas hace que el castigo que se produce sobre las mujeres sea absolutamente desproporcionado. La política antidrogas de persecución al microtráfico en Colombia, además de que ya de por sí es injusta, representa una desproporción en términos de la aplicación de justicia y eso constituye una vulneración de derechos humanos de parte del Estado colombiano.


Eso tiene que cambiar, tendría que ser abolida esa persecución. Todos esos recursos en la persecución del microtráfico y ese silencio respecto a los grandes responsables, lo que hacen es que toda la cadena crezca, pero además se abandona una política de salud pública que respete los derechos de los consumidores y las consumidoras y que tienda cada vez más hacia un escenario de regularización.


Existen varios puntos en los acuerdos de paz que se han firmado entre el gobierno y las FARC-EP donde se abordan aspectos relativos a las drogas ilícitas. ¿Qué aportan a esta problemática?


El acuerdo de tierras aporta en tanto que nombra por primera vez la necesidad de subsidiar el campo colombiano. Esto es que el campesinado pueda sostenerse cultivando los alimentos que necesitamos para vivir, siendo la pertenencia de la tierra del campesinado. Eso es un elemento que sería vital para no tener que depender del cultivo de la coca y de la amapola. Que la vida campesina pueda desarrollarse en un trabajo digno que dé ingresos para el sustento familiar quita un factor de desplazamiento hacia la ciudad. Además, el acuerdo de tierras plantea programas de soberanía alimentaria. En el campo colombiano se podrían producir todos los nutrientes para alimentar a un ser humano, pero no sucede así.


¿Este acuerdo de tierras hace alguna referencia explícita a las mujeres?


En el acuerdo se plantea la titulación de la tierra como un patrimonio de familia, favoreciendo la devolución y la titulación de tierras a quienes la han habitado, privilegiando que eso se haga a nombre de las mujeres. Siempre han sido las mujeres las que más siembran el pancoger (cultivos que satisfacen parte de las necesidad alimenticias) para la autonomía familiar. A la mujer le cuesta más asalariarse en el jornal en el campo porque sólo lo puede hacer como empleada doméstica. En cambio, el hombre se puede vender a múltiples tareas.


El acuerdo tiene una dificultad, y es la expansión del agronegocio, de que las personas, si no hay todo lo demás coadyuvante, prefieran vender la tierra al agronegocio y venirse a la ciudad. Eso puede ser si la identidad o el arraigo campesino no se protegen, protegiendo el territorio de nuevos hechos de violencia, de control militar y si se hace todo lo que el acuerdo pide en términos de inversión en el campo. El acuerdo dice que en el campo tiene que haber salud, educación, electrificación, vías. Eso sería un coadyuvante.


Además del acuerdo de tierras, ¿en qué aportan los acuerdos?


En el específico de drogas plantea que en las zonas donde hay coca se va a hacer un proceso de sustitución. No se va a fumigar más, no se va a llevar cuadrillas a que arranquen, sino que los cocaleros y las cocaleras van a poder decidir planes municipales participativos para la erradicación. Ya no vendrá un gran plan nacional, sino que las comunidades, de acuerdo a su realidad, se organizarán, pactarán un plan con el Estado colombiano con unas metas y desarrollarán ese proceso de sustitución. El cambio fundamental es que habrá participación, se convierte al cocalero o cocalera en un actor político para el campo. Eso es vital.


El otro componente que tiene es el de la salud pública con un cambio del tratamiento a los y las consumidoras. El acuerdo es muy enunciativo, habrá que ver cómo se aterriza en transformaciones jurídicas, institucionales y políticas, que es donde nos toca hacer la fuerza.


¿Ya no se va a perseguir a quienes cultivan coca?


No, es más, ya se viene haciendo en el sur del país el plan piloto de sustitución. Tienen que ver cómo funciona la cooperación insurgencia-Estado-comunidades. El año pasado hubo un encuentro de unos 350 cocaleros y cocaleras que se reunieron por primera vez de manera pública a pensarse, y ellos son los que producen gran parte del insumo que va a la mesa de negociación. Fue importante que salieran a nombrarse como cocaleros y cocaleras. Eso en Colombia no se había dado antes, eran criminales. Fue con el apoyo de una fundación internacional, Open Society, la de George Soros, el mecenas estadounidense. Él fue el que financió ese encuentro.


¿Esto significa que ya no se encarcelará a las cocaleras?


Las mujeres que hoy se encuentran presas porque estaban en funciones de microtráfico, cocaleras y eso, tendrán que quedar libres bajo el acuerdo de justicia.


¿De qué cifra estamos hablando?


Estamos hablando de que podrían salir más de 20.000 mujeres. Con los análisis que hemos hecho con compañeras y compañeros del acuerdo de justicia, calculamos que en un término de dos años podrían salir de la cárcel unas 40.000 personas. Eso incluiría a muchas mujeres que están como insurgentes por ser cocaleras. En prisiones hay 17.000 mujeres por delitos asociados al narcotráfico. Lo que ahora están estableciendo es cuántas de ésas son asociadas al delito de rebelión. Pero las otras, que no tienen ninguna relación con la insurgencia, se dice que habrá un cambio en la política en la que ese delito no será objeto de prisión.


¿Será penado de otra manera?


Lo que pasa es que si cambia la política yo ya no voy a seguir persiguiendo el microtráfico. Yo me voy a ir a las estructuras criminales que sé dónde cruzan, que sé por dónde sacan la droga, por el mar, las que mueven grandes capitales, yo me voy a ir a perseguir eso. Y si además hago un pacto y cada vez tiendo más a la liberación regulada, pues eso ya no va a ser tan buen negocio, entonces cada vez voy a tener menos gente que quiera ser parte de eso porque ya no va a ser rentable.

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