El golpe que el cine no hubiera imaginado

Un grupo comando arrasó la paraguaya Ciudad del Este para robar 40 millones de dólares



Durante tres horas, más de 40 delincuentes aterrorizaron la ciudad de la Triple Frontera. Quemaron autos, coparon rutas, apostaron francotiradores y dispararon a mansalva. Al llegar a la empresa Prosegur, mataron a un policía y la dinamitaron para alcanzar la bóveda. Sospechan de un grupo narco brasileño. Hay tres ladrones muertos.

Con un robo que incluyó bombas, francotiradores y fusiles antiaéreos, un grupo compuesto por al menos 40 personas explotó la sede de la empresa de transporte de caudales Prosegur en la localidad paraguaya de Ciudad del Este, asesinó al guardia de seguridad y se llevó de la bóveda del lugar una cifra cercana a los 40 millones de dólares. Además, los delincuentes detonaron explosivos en catorce autos distribuidos a lo largo de la ciudad –ubicada en la zona de la Triple Frontera junto con Argentina y Brasil– para distraer a los policías locales y facilitar la fuga. Horas más tarde, fuerzas de seguridad brasileñas mataron a tres de los ladrones y detuvieron a otros cuatros, quienes cruzaron la frontera en botes y lanchas.


Bajo escombros, autos incendiados, clavos “miguelito” en las calles y miles de balas, Ciudad del Este amaneció, ayer, en estado de shock. A la madrugada, más de cuarenta delincuentes arrasaron la ciudad paraguaya –limítrofe con Puerto Iguazú, en Misiones– durante más de tres horas en un orquestado operativo para robar el dinero guardado en la sede de Prosegur.


El primer paso del plan consistió en un ataque de distracción: a las 0.18, varios vehículos incendiados bloquearon la salida de la Jefatura de Policía y de comisarías locales. A su vez, los delincuentes lanzaron bombas molotov en distintos puntos de la ciudad para generar confusión entre las fuerzas de seguridad locales y así, acercarse a la puerta del local de la empresa de transporte de caudales.


Limpiar el tránsito de la Ruta Internacional 7, que conecta Ciudad del Este con Foz de Iguazú, era la segunda parte del operativo. Para ello, se volvieron a detonar explosivos en varios autos que bloquearon el paso de la autopista, mientras que francotiradores disparaban a cualquier vehículo que conseguía esquivar los autos incendiados, según relataron fuentes policiales.


Ya con el camino liberado, el grueso del grupo comando llegó con camionetas blindadas hasta la calle Cadete Pando, a 150 metros de la Ruta Internacional 7. La sede de Prosegur era custodiada por tres guardias en su interior, que controlaban su perímetro, además de la vigilancia policial que se hallaba en la calle. Esta vez, el turno le correspondía a Sabino Benítez, un agente del Grupo Especial de Operaciones de la Policía. Los asaltantes balearon a Benítez, quien falleció en el acto, y redujeron a los tres guardias de la empresa. Pero todavía faltaba el paso principal del golpe: llegar a la bóveda. Con una potente dinamita (se sospecha que se utilizó el explosivo C-4, una bomba de alto costo que ni siquiera tiene en su stock la Dirección de Material Bélico de Paraguay) derrumbaron las paredes de concreto del establecimiento, ingresaron a la sede y comenzaron a retirar centenares de bolsas con dólares. Para retirar el botín y encarar la fuga, arribaron a la sede de Prosegur otros tres vehículos –al parecer camiones blindados– también pertenecientes al grupo comando. Con el robo de aproximadamente 40 millones de dólares, la gran parte de la estrategia ya estaba cumplida. Y todo en menos de una hora.


“Hay que administrar las balas. No nos quedan más municiones.” Así se refería, en guaraní, uno de los policías que trató de detener la fuga, a toda velocidad, de la banda de asaltantes tras el saqueo de la bóveda. El contraste armamentístico entre ladrones y policías era llamativo: mientras que los delincuentes disparaban con ametralladoras de guerra y contaba con equipos de visión nocturna, los agentes sólo respondían con las armas reglamentarias. Es que el bloqueo con autos incendiados a la Jefatura de Policía había impedido que los efectivos se nutrieran de otras armas. El tiroteo entre ambos y el posterior escape de los asaltantes quedó registrado en decenas de filmaciones caseras que fueron subidas a Internet por distintos medios paraguayos, en las que se observan el sonido de los disparos y el estruendo de explosiones. Por otra parte, entre las imágenes que circularon por la web se observa cómo en los caminos que utilizaron los ladrones, se encontraban miles de clavos “miguelito” arrojados desde los autos del grupo comando para pinchar las ruedas de sus perseguidores.


En diálogo con el diario paraguayo ABC, la fiscal que investiga este asalto, Denise Duarte, anunció que el comando eran “más de treinta personas” y agregó que, de acuerdo con testigos, “todos hablaban en portugués e iban encapuchados”. La declaración de Duarte refuerza la hipótesis de que la banda correspondía a una ramificación de la organización delictiva brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), aunque fuentes de la investigación tampoco descartan conexiones con asaltantes paraguayos, además de la sospecha de una complicidad policial. “Nunca vimos nada igual. Estamos como en Siria”, cerró la fiscal.


La fuga se dividió, de acuerdo a los investigadores, en tres vías de escape: un grupo huyó con dirección a la capital de Paraguay, Asunción, mientras que parte de la banda se sospecha que siguió camino al sur, para traspasar la frontera argentina, ya sea por Formosa, Corrientes o Misiones. El último, en cambio, escapó en dirección a la ciudad de Hernandarias, ubicada a orillas del río Paraná, en el límite con Brasil. La ramificación, alrededor de las tres de la mañana, daba por terminado el plan de este ataque que arrasó Ciudad del Este.


El grupo que huyó con destino a Hernandarias fue interceptado, en el mediodía de ayer, por la Policía de Brasil en la localidad de Lago Itapú, a unos 70 kilómetros de Foz de Iguazú. Según informó el Ministerio del Interior de Paraguay, en el enfrentamiento fueron muertos tres ladrones, y al menos cuatro detenidos que habían llegado a territorio brasileño a través de lanchas que cruzaron el río limítrofe. “En la detenciones se hallaron chalecos antibalas, salvavidas, armamentos pesados y munición gruesa”, indicó Lorenzo Lezcano, ministro del Interior.


Tras este asalto –que varios medios locales ya lo califican como el Robo del Siglo– el comandante de la Policía Nacional, Luis Carlos Rojas, removió a toda la cúpula de esta fuerza de seguridad en Ciudad del Este. Rojas dispuso el cambio del director de zona, el jefe de policía, el jefe de Orden y el jefe y subjefe de Investigaciones, con el argumento de que existió “complicidad o, al menos, negligencia con el hecho”, tal cual relató a diarios de Paraguay.


En la misma línea siguió Lezcano, quien aseguró, de acuerdo a algunos indicios, que los policías no cumplieron “su labor a rajatabla”. El ministro del Interior anunció que “Asuntos Internos de la Policía Nacional investigará la labor de los anteriores jefes policiales”.


Testimonios de los vecinos


Una noche de terror

Tras el asalto que arrasó Ciudad del Este, varios testigos relataron el terror que vivieron durante la madrugada, cuando un grupo comando explotó la sede de Prosegur y robó aproximadamente 40 millones de dólares. “Pasamos la noche cuerpo a tierra, todos juntos con mucho miedo”, expresó un vecino cuya casa quedó en medio del tiroteo entre ladrones y agentes.


Los relatos de distintos vecinos se reprodujeron durante todo el día de ayer para explicar el asalto programado que puso en vilo a la segunda ciudad con mayor habitantes en Paraguay. En diálogo con el diario ABC, Liz Dávalos, administradora de un hotel cercano al edificio de Prosegur, explicó que “los vidrios de las instalaciones reventaron debido a la potencia de las bombas”. La empleada aseguró que al principio pensó que “se trataban de fuegos artificiales” pero que “a los pocos minutos se notaban que eran explosiones mucho más ruidosas”.


Antes de ingresar a la bóveda de Prosegur, los ladrones buscaron bloquear el ingreso de los autos en la Ruta Internacional 7. Un ciudadano del lugar –cuyo nombre quedó en reserva por motivos de seguridad– contó que en plena autopista, pinchó una rueda sin saber la causa. “Al instante, cuatro camionetas frenaron y de los vehículos bajaron 15 personas con armas y pasamontañas. Me tiraron al piso y a mi hija le pidieron que pasara al asiento trasero. Luego, no se por qué, me dijeron que vuelva al auto y que escape. Por la cantidad de miguelitos regados en la ruta, nos tuvimos que refugiar en una caseta de seguridad, al costado de la ruta”, expresó el testigo.


Otra de las víctimas del grupo comando relató a ABC que, durante la madrugada, fue interceptada por cuatro hombres fuertemente armados que la obligaron a abandonar el auto que conducía. “Al entrar en una cuadra me salieron ellos apuntándome la pistola en la cabeza. Dijeron: ‘Váyanse, váyanse, no miren hacia atrás”, explicó la mujer, cuya identidad también se resguarda por motivos de seguridad. Al igual que otros vecinos, la víctima aseguró que los ladrones “tenían la cabeza tapada” y “se comunicaban en portugués”.


Por último, el jefe de atención del 911 de Paraguay, Claudio Cardozo, aseguró que en la madrugada del lunes, “se recibieron 875 llamadas de auxilio. La mayoría de ellas vinculadas a la balacera en Ciudad del Este”. Cardozo comentó que una de las denuncias consistió en un robo en una estancia, donde se presume que funcionó como distracción al personal policial. Sobre los autos incendiados que bloquearon caminos, el subcomisario comentó que “en una de las cámaras de seguridad se observa a una persona bajar de un Volkswagen blanco y rociarlo con un líquido. Luego, quemó el auto y abordó otra camioneta que se encontraba a 10 metros de la escena”.

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México: las narco-fosas del narco-capitalismo

"El país se ha convertido en un inconmensurable tiradero de cadáveres", destaca el semanario Proceso en su cobertura sobre el gigantesco narco-cementerio descubierto en el estado de Veracruz (Proceso, 19 de marzo de 2017)


Todos los días, desde hace una década, se acumulan noticias macabras que elevan la cifra de muertos por la 'guerra contra el narcotráfico' a más de 200.000 personas y 30.000 desaparecidos.

Al día siguiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ONU-Mujeres apuntan al corredor Puebla-Tlaxcala como una de las principales zonas de captación y tránsito de personas con fines de explotación sexual, lo que sucede desde hace, al menos, 20 años, "sin que el Estado mexicano intervenga de manera decidida en un fenómeno delictivo que se extiende cada vez más" (La Jornada, 20 de marzo de 2017). El informe asegura que "México es país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, a lo cual contribuye su situación geográfica, dado que se ha convertido en paso obligado de los migrantes centroamericanos".


El mismo día, los medios informan del asesinato del periodista Ricardo Monlui Cabrera, propietario y director del portal El Político, cuando salía de un restaurante junto con su familia en el municipio de Yanga, en Veracruz. Sólo en ese estado, 24 periodistas y fotógrafos fueron asesinados durante las Administraciones de los miembros del PRI (Partido Revolucionario Institucional) Fidel Herrera y Javier Duarte. Este fue gobernador entre 2010 y 2016 y, desde hace seis meses, se encuentra prófugo de la justicia, que lo acusa por delitos de "delincuencia organizada", lo que habla de su vinculación con el narcotráfico.


Este breve panorama dibuja no obstante la lacerante actualidad de México, que sufre una guerra que se ha cobrado más víctimas que las guerras civiles centroamericanas en las décadas de 1980 y 1990. Hay tres aspectos que merecen ser destacados: la inacción del Estado, la connivencia de una parte de las instituciones con el narcotráfico y la acción de la sociedad civil organizada como única respuesta a la violencia.


El caso de Veracruz, que estos días ocupa las portadas de los medios, puede servir de muestra de lo que sucede en casi todo el país. Por un lado, aparece la disputa entre diversos carteles de la droga (Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, con apoyo de agentes policiales y de la Secretaría de Seguridad Pública, en asesinatos y desapariciones). Una de las luchas más crueles se registra por el control de puerto de Veracruz, sobre el golfo de México, el puerto marítimo y comercial más importante del país azteca. Por allí salen toneladas de droga e ingresan los preciados precursores químicos imprescindibles para fabricar estupefacientes.


Veracruz tiene 212 municipios y se han encontrado fosas clandestinas en 44 de ellos, sobre todo en el entorno del puerto. La más reciente es la descubierta en Colinas de Santa Fe, que alberga un mínimo de 250 cadáveres, pero que la Policía Científica estima que podrían superar los 600.


El narco opera de una manera directa. Cuando una autoridad no se pliega a sus negocios, ya sea participando o dejando hacer, la asesinan o crean una situación insostenible. Cuando Miguel Ángel Yunes, del PAN, asumió la gobernación de Veracruz (el 1 de diciembre de 2016), en sustitución del prófugo Duarte, se produjeron 600 homicidios en los primeros 100 días de su Administración. Un mensaje mafioso, una advertencia para que participe en los negocios ilícitos o por lo menos no se entrometa.


Pero uno de los hechos más elocuentes es el trabajo incansable de las madres de desaparecidos, que decidieron salir a buscar a sus hijos e hijas que no regresaron. Es el caso de Colectivo Solecito, que consiguió ubicar decenas de cuerpos y es el responsable del descubrimiento de la megafosa de Colinas de Santa Fe, probablemente la más grande hallada en América Latina.


Son apenas medio centenar de madres, que dedican todo su tiempo a realizar marchas, denuncias y a cavar en las fosas clandestinas con sus manos. Financian sus actividades con ventas de ropa en garajes, kermeses y rifas para apoyar a sus brigadas de búsqueda. El 10 de mayo del 2016, varios desconocidos se les acercaron en una marcha y les entregaron papeles con mapas dibujados a mano que les permitieron llegar a la fosa de Colinas de Santa Fe.


Las madres del Colectivo Solecito dijeron a Proceso que el fiscal general del Estado, Jorge Winckler (goo.gl/2tV08F), "se burla de nosotras en redes sociales, no nos atiende, no nos recibe", y desprecia el trabajo de las asociaciones de familiares de desaparecidos. En suma, que la complicidad del Estado en los crímenes del narcotráfico está fuera de duda. Por eso, el pasado 16 de febrero, las madres entraron a la fuerza a la Fiscalía empujando a los policías ministeriales, luego de que Winckler las hiciera esperar más de tres horas para recibirlas.


A las narco-fosas se suman las matanzas a cielo abierto. El 20 de septiembre de 2011, fueron abandonados 32 cadáveres en Boca del Río (Veracruz). Estaban maniatados, semidesnudos y con las letras Z talladas en las espaldas. Es una de las muchas matanzas con las cuales el narco pretende amedrentar a la población para que no interfiera en sus negocios.


Lo que llama la atención es que el Banco Mundial, además de otras instituciones y organismos como Forbes, consideran que México es el país que tiene mejor "clima de negocios" de la región, que se sitúa en el "grupo selecto de economías mundiales que han llevado a cabo reformas cada año desde 2004" y que, "una vez más, México es la economía mejor clasificada en la región".


¿Cómo podemos relacionar este 'clima de negocios' con una guerra desastrosa para la sociedad mexicana? Este es el punto clave que nos permite pensar que estamos ante un narco-capitalismo. Suele decirse que el de México es un 'narco-Estado". Pero esta realidad, que remacha el Banco Mundial con sus informes favorables sobre México, nos permite inferir que la guerra contra el narco encubre otra realidad más profunda y terrible: el capital funciona en algunos países en alianza con el narco, del cual toma prestados sus modos de operar, que consisten en hacer negocios aun al precio de destruir la sociedad.

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El papel del Estado en el mercado de las drogas ilícitas

En Honrarás a tu padre, publicada en 1971, Gay Tales escribió: «El mercado de la marihuana no había llamado la atención de la mafia (estadounidense) ni de sus asociados porque la marihuana entraba con demasiada facilidad por la frontera mexicana y porque el negocio estaba plagado de gánsteres independientes y jóvenes aventureros. Pero si los agentes del gobierno lograban limitar la oferta, si las leyes más severas inhibían y disminuían el número de importaciones y hacía subir el precio, los contrabandistas expertos del crimen organizado podían invadir el mercado de la marihuana, tal y como lo habían hecho con el contrabando del licor durante la prohibición» .


Conciso y sustancioso, este párrafo nos revela el papel jugado por el Estado en relación a los distintos mercados ilícitos: el papel de regulador. Este es quien se encarga de limitar la oferta de drogas ilícitas atacando, sobre todo, a los eslabones más débiles en la cadena: el consumidor y los pequeños productores. En eso consiste la política mundial contra las drogas ilícitas: en favorecer a los eslabones más fuertes al impedir que los precios bajen. Si bajaran, ya no sería un negocio fructífero y de seguro muchos productores, grandes o pequeños, dejarían de cultivarlo. Pero no sólo ellos se verían afectados, también lo estaría un sector al que poco mencionan dentro de esta cadena: el sistema bancario, uno de los más beneficiados con este tipo de mercados gracias a los lavados de activos.


Tal vez por esto causaron tanta preocupación los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el de la ONU, publicados a principios de mes. Los informes coincidían en advertir que los cultivos de coca aumentaron el último año en un cien por ciento y que Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína en el mundo. Así, frente a este panorama se volvió a abrir en el país el debate sobre las estrategias en la política antidroga, la cual ha sufrido leves cambios, principalmente por el proceso de paz. En este contexto se ha dicho que los cultivadores que hayan sembrado después del 10 de julio de 2016 “no serán beneficiados ni atendidos por el programa” de sustitución de cultivos. A su vez los guerrilleros ubicados en las Zonas Veredales tendrán que brindar información sobre los cultivos ilícitos que estaban a su cargo para beneficiarse con los programas que surjan de los acuerdos de paz. Así, muchos esperan que a mediano plazo los cultivos y la producción disminuyan.


Sin embargo, otros son menos optimistas y afirman que con o sin las Farc el negocio de las drogas ilícitas se mantendrá, sobre todo si la política mundial antidrogas continúa siendo prohibitiva. Lo mejor que podría hacer el Estado es enfocar la política hacia un problema de sanidad pública, y la forma más óptima para desestimular el consumo es hacer que se incrementen los precios a través de los impuestos, lo que implica su legalización.


Romper el mito impuesto con las drogas es eliminar su utilidad como instrumento de Estado, de gran utilidad, para acrecentar el miedo y la desconfianza social, para desunir, para que el aire del otro como mi enemigo pulule por toda la sociedad, legitimando con ello el espacio para su militarización y/o control policivo, y a esto difícilmente renunciarán.


Sin duda, los próximos informes de los organismos multilaterales continuarán indicando que los sembrados se mantienen, aquí o en cualquier otro país de la región. Sin duda, tendremos problemática de drogas para rato.

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El ministro colombiano del Posconflicto, Rafael Pardo, este jueves en Madrid.

 

 

La trayectoria del ministro colombiano del Posconflicto, Rafael Pardo (Bogotá, 1953), resume como pocas el cambio que ha experimentado el país en las últimas tres décadas. Titular de Defensa a principios de los años noventa, Pardo tuvo que combatir como primer civil que ocupaba el cargo en Colombia al poderoso Pablo Escobar y a las organizaciones guerrilleras y paramilitares que incendiaron el país. En su nueva tarea como alto consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, su tarea principal es lograr que la paz se consolide y que se implementen los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las FARC que dieron fin a más de medio siglo de guerra. El jueves a su paso por Madrid, Pardo expone la minuciosa estrategia pactada para hacer esto posible.

 

Pregunta. ¿En qué cambiaron las FARC estos años para que estuvieran dispuestas a firmar la paz?

Respuesta. Desde que fui ministro de Defensa hasta ahora las FARC encontraron los recursos de los cultivos de coca, que eran marginales a principios de los noventa. El país se volvió el primer productor mundial. Antes eran Perú y Bolivia, en Colombia se procesaba la hoja de coca, se producía cocaína y se exportaba. El segundo cambio es el contexto. En esa época estaba vigente la Guerra Fría, hoy no lo está. El otro elemento son los 25 años de intensidad en acción militar, que genera miles de víctimas de todos lados, desplazamiento... Entonces, el agotamiento de la guerra llega a las FARC.

 

P. ¿Qué amenaza representan para la implementación de los acuerdos los grupos herederos de los paramilitares?

R. La principal amenaza es la existencia de los cultivos de coca. Mientras haya una mata de coca hay quien compre las hojas, y ese ‘quien’ usualmente —o siempre— es alguien que tiene una organización armada, que está respaldado por una organización que ejerce violencia, que busca dirimir conflictos a partir de la violencia y que produce muerte. Si no se reduce drásticamente el cultivo de coca en Colombia la paz no será sostenible. Por eso el esfuerzo fundamental es reducirlos sustancialmente, bien sea por la vía de sustitución voluntaria, o por la de erradicación forzada frente a quien no acepte [la primera alternativa].

 

P. ¿Cómo va a ser esa sustitución voluntaria?

R. Se hacen acuerdos con la comunidad al nivel más bajo posible, al nivel de la vereda [la división administrativa elemental], en los que los campesinos se comprometen a erradicar la coca y a no volver a sembrar. El Gobierno les da un apoyo de un millón de pesos [cerca de 335 dólares] mensual por familia durante un año, más nueve millones el primer año y 10 el segundo para un proyecto productivo, así como 1,8 millones —una sola vez— para seguridad alimentaria. También habrá asistencia técnica, que está avaluada en 3,2 millones. Cada 60 familias tendrán un asesor técnico. Al final del proceso serán formalizados los títulos de propiedad de la tierra. Las cifras son parte del acuerdo con las FARC, centavo por centavo.

 

P. ¿Cuánto gana al mes una familia que cultiva la hoja?

R. La coca en promedio produce unos 900.000 pesos mensuales brutos, de acuerdo con encuestas muy precisas que tenemos. Por lo tanto ese millón no es una mala cifra. La cuarta parte del [dinero que entrega el Gobierno] no está condicionada, y [el resto se entrega por] un trabajo remunerado en construcción de vías o en adecuación de la tierra para sembrar otro producto. Esto va unido a focalizar la inversión pública en los municipios.

 

P. ¿Por qué han aumentado los cultivos ilícitos? Naciones Unidas afirma que la siembra creció un 40% de 2014 a 2015.

R. No hay una sola explicación. Hay gente que dice que aumentaron por el proceso de paz, que porque las FARC incentivaron la siembra [para obtener beneficios tras los acuerdos]. Es posible que haya sido así. Otra explicación es la devaluación de la moneda, que afecta todas las exportaciones. Si el peso estaba en 2013 a 1.800 por dólar y pasó a 3.200, los que trafican en dólares la droga le pueden pagar más al campesino que produce y mantener el margen de ganancia.

 

P. Según la agencia para los refugiados de la ONU este año ya ha habido más de 3.500 desplazados.

R. Las cifras de desplazamiento han disminuido drásticamente. Pero es evidente que hay acciones de grupos armados que buscan entrar a las zonas donde han estado las FARC o competencia [entre esas organizaciones] por zonas de producción de coca o de minería ilegal que acaban generando desplazamiento. Se ha reducido la violencia sustancialmente, se ha reducido en las regiones más afectadas del país, pero no estamos todavía en una situación que podamos llamar aceptable en términos de seguridad. Hay desplazamiento, hay asesinato de líderes [sociales], hay situaciones de seguridad que hay que controlar. La fuerza pública ha hecho un inmenso despliegue en las zonas donde estaban las FARC, ha movido más de 80.000 hombres a esas regiones. Pero es un proceso, no se puede pretender que todo ocurra en todas partes el mismo mes. Por eso se plantean 15 años de transformación de la vida rural.

 

P. Además de la coca y la seguridad, ¿cuáles son los principales retos para la implementación?

R. Hay que hacer normas. Hay que construir el plan marco, que debe estar listo este mes [define programas, proyectos y fuentes de financiación para cumplir lo acordado a lo largo de 15 años]. Pero antes de eso también hay unos planes concretos, que son el de respuesta rápida, una focalización de acciones en las regiones donde estaban las FARC para fortalecer la presencia del Estado; y el de 100 días, que comenzó en diciembre en los 26 municipios donde hay campamentos o zonas de agrupamiento de las FARC hoy, más los 30 municipios más productores de coca del país. Hay que crear las circunscripciones [especiales para la paz, 16 nuevos distritos electorales para elegir igual número de representantes a la Cámara], trabajar para quitar las minas antipersona de la tierra y sustituir la coca por otros productos.

 

P. ¿Por qué se retrasó la adecuación de las zonas de agrupamiento de la guerrilla?

R. Esa es una parte muy importante de los acuerdos porque ahí van a llevarse a cabo todos los procesos relacionados con la dejación de armas. Pero entre la falta de previsión del Gobierno y la velocidad en la necesidad de montar esos campamentos han hecho que en muchos de ellos no haya las condiciones [suficientes] todavía, a pesar de que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Eso ha tenido un efecto muy negativo sobre la credibilidad del proceso, pero hay que resaltar que se ha mantenido el cronograma de dejación de armas.

 

P. La misión de la ONU teme que el goteo de deserciones por esos problemas logísticos se convierta en hemorragia.

R. Es posible que eso haya tenido algún efecto. Pero yo he estado en algunas zonas veredales [donde se agrupa la guerrilla] y la gente está muy convencida, entusiasmada, decidida en que quiere entrar a la paz. Hay un número muy importante de mujeres embarazadas y lactantes que lo que más quieren es una reincorporación digna y productiva a la vida civil.

 

 

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En muchas zonas del Cauca es habitual sembrar en la montaña, en agudas pendientes | Berta Camprubí

 

Los trabajadores de la hoja de coca desconfían de la aplicación del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito pactado por el Gobierno y las FARC.


"Llevan décadas prometiendo muchos programas, acuerdos y planes que nunca han cumplido"

 

"Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros somos víctimas. Caímos en una trampa y tenemos que levantarnos poco a poco y volver a sembrar comida". Un líder social del departamento del Cauca habla ante una audiencia de unos 250 agricultores de coca y marihuana en la caseta comunal de su vereda para escuchar la propuesta oficial del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) pactado entre el Gobierno y las FARC.

Según datos del gobierno colombiano, el 81% de los cultivos de uso ilícito se concentra en seis de los 32 departamentos. El 43% de las aproximadamente 100.000 hectáreas sembradas con coca en todo el país está localizado en solo 10 localidades y, teniendo en cuenta esa concentración, 40 municipios están siendo priorizados para la aplicación del PNIS durante el primer año.

A la dificultad del proceso se añade el miedo. "Hacer el papel de líder social a veces da miedo. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no sabe quién le está escuchando ahí delante", se sincera el ponente –que prefiere mantener el anonimato–, después de hablar de la situación de los agricultores de coca delante de un centenar de personas.

No se equivoca. En esa misma línea trabajaba Faiver Cerón Gómez, líder social del municipio de Mercaderes, al sur del Cauca, cuando fue asesinado el 18 de febrero por grupos paramilitares, según la organización local. Cerón participaba en la resistencia regional a la minería y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Con él, al menos son 18 los líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia este año.

 

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Reunión de organizaciones sociales y delegados de las veredas con el alcalde de Corinto para debatir el PNIS el pasado 15 de febrero. BERTA CAMPRUBÍ

 

 

Sustituir los cultivos de coca

 

"Hay que entrar ahora al programa porque luego será un despelote", comenta una campesina en la reunión, refiriéndose a las interferencias que supondrá la campaña electoral para las elecciones presidenciales de mayo de 2018.

Estas serán decisivas debido a que, en el segundo acuerdo firmado el 24 de noviembre después de la victoria del 'no' en el plebiscito, la implementación de la mayor parte de los acuerdos de paz depende de decisiones políticas del Gobierno, y por tanto de los nuevos comicios.

El programa de sustitución sería el primer paso para la aplicación del punto cuarto de los acuerdos de paz, relativo a la búsqueda de una solución al problema de las drogas. También se trata de una de las medidas clave para llegar a cumplir el apartado uno, acerca de la Reforma Rural Integral, que no establece ningún mecanismo de redistribución de la tierra.

Los afectados, sin embargo, se muestran desconfiados. "Desde el Gobierno de Turbay –de 1978 a 1982– han prometido muchos programas, acuerdos y planes que nunca han cumplido", explica Benjamín Perales, vecino del municipio de Corinto, uno de los que serán prioritarios en la aplicación del PNIS. Perales se acuerda del programa Plante y Pa'lante para erradicar coca, marihuana y amapola que el Gobierno presentó en 1995 en varias regiones del país que aún esperan, en muchos casos, las medidas prometidas.

 

Qué supone acabar con los cultivos de coca

 

Hace 14 años que este agricultor empezó a cultivar coca, cuando la mancha de amapola había bajado mucho de precio. Él pensaba apostar por el cultivo de café pero, apunta, "resulta que en ese tiempo Álvaro Uribe –entonces presidente– decía que iba a acabar con el narcotráfico y con la guerrilla. Con eso, la coca se disparó. Estuvo a 75.000 pesos (25 euros) la arroba en 2003".

Él gestiona también un cibercafé con cuatro ordenadores y es mecánico de motos por las tardes. Sin embargo, su principal sustento es el cultivo de una hoja que sabe que atrae violencia y muerte.

Acabar con ella sería un cambio importante a nivel psicológico porque, apunta, ya no viviría continuamente pendiente de la posible llegada de los soldados a su zona. También económico. El colectivo sospecha que los agricultores pasarían a ganar menos.

Empieza el informativo de televisión de las siete de la tarde. Una periodista explica que las zonas de desmovilización para las FARC aún no están finalizadas. "Si no han podido acomodar a la guerrilla, ¿cómo van a poder acomodarnos a todos nosotros?", se pregunta Perales.

 

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Actualmente, los campesinos que cultivan coca cobran 1.000 pesos colombianos por kilo de hoja de coca. BERTA CAMPRUBÍ

 

La erradicación como primera opción

 

"No hay voluntad política de cumplir con el espíritu de los acuerdos", asegura en una entrevista telefónica Óscar Salazar, líder popular del sur del Cauca. Salazar es delegado de la Cumbre Agraria, organización que reúne a la mayoría de organizaciones y movimientos sociales rurales.

El cuarto punto del acuerdo final de paz predica que "a los cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades".

Según asegura Salazar, "la erradicación la están enfocando como primera opción" porque reina "la antigua visión, bastante dura, que el Estado y el Ejército se empeñan en tener". Los acuerdos de paz añaden que "el Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión". "Esto ya es un polvorín", evalúa el líder caucano.

Para la erradicación de plantaciones de coca, Colombia utilizó la técnica de la fumigación aérea con glifosato durante aproximadamente 30 años. En 2015 legalizó esta práctica, que acababa con la vida de ecosistemas y provocaba enfermedades a las comunidades colindantes a las plantaciones, además de eliminar otros cultivos de productos legales.

La intención pública era aplicar, de nuevo, programas de sustitución sostenible y desarrollo rural alternativo pero el único efecto visible de esa medida legal fue el incremento alarmante del número de hectáreas sembradas con coca en el país. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), de 2014 a 2016 pasaron de 69.000 a 96.000.

 

Organización contra erradicaciones

 

Desde entonces, el Estado ha seguido erradicando a través de fumigaciones terrestres con glifosato –a pesar de que el uso de este químico de Monsanto ha sido objeto de debate por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes y de movimientos de la sociedad civil– y de erradicaciones manuales con equipos especializados de la fuerza pública.

Las localidades del país afectadas por esta práctica han protagonizado protestas y concentraciones en sus plantaciones para denunciar que esas medidas se contradicen con lo pactado en los acuerdos de paz. Tratan de evitar que eliminen los cultivos que forman su sustento familiar.

Según varias asociaciones de campesinos, en los departamentos de Putumayo, Cauca, Nariño, Caquetá y Guaviare se han registrado varios centenares de erradicaciones forzadas en el último año.

 

Miedo y falta de garantías

 

Durante un plazo de dos años, los núcleos familiares de agricultores que arranquen voluntariamente las hojas de sus matas de coca recibirán, según el Gobierno, 327 euros al mes durante un año, así como materias primas, herramientas y asesoramiento técnico para proyectos agrícolas de larga duración por valor de 7.500 euros.

Esta es la opción que están barajando algunas de las familias de los 40 municipios priorizados. Muchas se preguntan si será cierto, si esta vez irá en serio. Si sus veredas dejarán de ser el escenario del primer escalón del narcotráfico.

Los miedos son varios. Miedo de arrancar los arbustos de coca, su sustento diario, y luego no recibir los recursos prometidos por el gobierno. De apuntarse, con nombre y apellidos, a una lista que recogerá información del campesinado cocalero que hasta hoy es criminalizado y perseguido judicialmente. Miedo de que la población no consiga vender a buen precio el plátano, el cacao o el aguacate que decidan plantar y, en consecuencia, se incrementen los robos y la violencia. La falta de garantías y el histórico incumplimiento gubernamental se suman a unas circunstancias globales que no apuntan hacia un cese del negocio del narcotráfico.

"Da miedo: matan a uno aquí, hay tiroteos allá. Luego vienen las autoridades y preguntan si vimos algo", se lamenta otro campesino del municipio de Corinto que también prefiere guardar el anonimato. Hace cosa de un año llegaron unos cuantos soldados y le pidieron permiso para entrar a erradicar sus plantas de coca. "Yo les dije que no, pero ellos entraron igualmente y tumbaron unas pocas de ese lado".

Al cabo de unas semanas, volviendo del funeral de un viejo amigo que fue asesinado se encontró con que los soldados habían regresado y no habían dejado ni una planta en pie. "Menos mal que yo tengo seis ganaditos, de eso vamos viviendo".

 

 

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Narco política en Colombia: un mal indecible

 


Por: tuto Flórez
@tuto201333

 

“De lo que no se puede hablar hay que callar”, este celebre aforismo del filósofo y matemático austriaco Ludwig Wittgenstein; tal vez tenga plena cabida dentro del contexto comunicativo y periodístico de un país como Colombia, donde pese a que se conceptúa desde la carta magna, la consagración de un estado social de derecho y como tal se concibe a un país cuya forma de organización política es democrática, pareciera inaudito entonces hablar de temas como la censura en el periodismo hoy en pleno siglo XXI.

Sin embargo y en contra de esta apariencia engañosa, vale la pena resaltar de forma enfática, que así como los medios pueden ser usados para desinformar, tergiversar y manipular, también pueden convertirse en instrumentos reales de denuncia, y de una participación activa y dinámica sobre problemas coyunturales y de interés público para un país. En el caso específico que aquí nos ocupa, el silencio pareciera la opción más viable y por lo demás la menos cuestionable, toda vez, que al tratar de temas delicados y sensitivos como lo es el narcotráfico, los cuales se asocian con las clases políticas dominantes, trae como resultado, un desasosiego e intranquilidad, tanto para quien informa, como para el establishment socio político colombiano.

Como quiera que sea el tema de la narco política, más que un anatema u objeto de debate académico, hoy por hoy se ha convertido en un tema accesorio al discurso popular, en el que recurrentemente, se vinculan nombres de figuras públicas del sector estatal, junto a empresas, grupos privados y desde luego los lugartenientes y criminales que desde diferentes zonas de Colombia, dirigen los imperios de la cocaína, el testaferrato, la corrupción y la violencia por nombrar aquí solo algunos de los males más representativos de este fenómeno que lastimosamente no quiere desligarse del núcleo de la sociedad colombiana. En este sentido, la máxima de Wittgenstein, obedece no tanto a un llamado a la prudencia, sino más bien al rigor, que se debe guardar sobre aquello que se ha de decir, más aun, cuando el tema es altamente sensible para un público en general. En Colombia el narcotráfico, se vincula con la institucionalización de las bandas criminales, a mediados de la década de los años 70 y posteriormente se habrá de afianzar con el asentamiento de los dos carteles de las drogas, más impecables y sangrientos de todos los tiempos; a saber: el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Desde que inicia entonces, la lucha institucional por parte del estado Colombiano, contra las drogas ilícitas, inicia una actividad en el terreno político, en el que los narcotraficantes ya fuese indirectamente a través de candidatos o representantes colocados por el dinero de las drogas o directamente como en el caso del renombrado y mediatizado Pablo Escobar, tratarían de hacer un espacio “legitimo” a través de plazas y puesto de orden público y político como tal.

A este último respecto y como fenómeno resultante de los intentos por parte del narcotráfico para infiltrarse en la clase política, es que habría de surgir una nueva anomalía aún más lesiva para la sociedad colombiana, tal y como lo ha sido la denominada narco-política. Resulta entonces necesario,hablar de la infiltración contundente del narcotráfico en todos los niveles y esferas de la sociedad, tales como el entretenimiento, los propios medios de comunicación, el sector financiero, el deportivo, entre otros más; al argüir, que convirtió su actividad económica ilícita, en una actividad tan rentable y lucrativa, que se permeo la base económica legitima de los países, no solo de Colombia.

Se debe observar igualmente, que el dinero, lo que hace es manipular e influir de forma contundente, sobre las personas, y las decisiones que se toman, no solo políticas, sino también a nivel económico, militar y social. Así también, el narcotráfico, comenzó a permear, las altas esferas socio económicas, las cuales fungían como financistas de los grupos políticos dominantes, donde lo que se buscaba era unificar criterios, para disimular la activad ilícita y permitir a los grandes capos dela droga llevar a cabo sus actividades, sin que el estado interviniese de forma acertada y precisa.

Así pues, tal y como lo señala la socióloga mexicana Nora Pérez Rayón, el caso del narcotráfico que de hecho se “profesionalizo” y robusteció durante la década de los años 80, no es muy distinto de lo ocurrido en el contexto colombiano, al exponer que:

LOS LLAMADOS “CÁRTELES DE LA DROGA” mexicanos se han venido fortaleciendo desde la década de 1980; el narcotráfico constituye actualmente uno de los peligros más severos para la seguridad nacional, tanto del gobierno como del Estado y la sociedad mexicana. En nuestro país el problema de las drogas se ha expresado, sin menospreciar el creciente consumo interno, sobre todo por la capacidad de corrupción que genera la producción y el tráfico de estupefacientes y el peligro de desestabilización política que conlleva. (Pérez, 2006)


El anterior caso expuesto para México, encuentra plenas similitudes con lo acaecido para Colombia, desde mediados de los años 80, más aun cuando hoy en día, existe una documentada relación y vínculo entre los carteles de la droga mexicanos y quienes lideran actualmente el narcotráfico en Colombia. Siguiendo esta línea argumentativa, observa el investigador José Luis Cadena Montenegro, en el trabajo titulado: Geopolítica del narcotráfico, México y Colombia: la equivocación en el empleo de las fuerzas militares; el describir de forma enfática que:

El fenómeno del narcotráfico, aunque no es de los más nuevos actores, se ha convertido en uno de los más difíciles de combatir por parte del Estado. Su poder corruptor ha infiltrado y penetrado los estamentos oficiales y privados con dinero proveniente del macabro negocio, el cual deja ganancias astronómicas y contribuye a dañar la salud de millones de ciudadanos en diferentes partes del mundo, a la vez que afecta la cultura e incrementa la aparición de fenómenos colaterales relacionados con la pérdida de principios y valores ciudadanos.

En este contexto, México y Colombia tienen una larga tradición de socios en este criminal negocio y en los últimos años. La privilegiada situación geográfica de los dos países ha permitido el crecimiento del mismo, generando tensiones regionales y globales por el impacto violento de las actividades de los carteles que operan el tráfico clandestino y que utilizan el territorio como plataforma para actividades agrícolas, industriales y de servicios que complementan lo que podríamos denominar la industria más productiva en los nuevos tiempos. Una investigación convertida en exitoso libro, muestra esta vieja relación y presenta a los principales actores, entre los que destacan dos colombianos descendientes de familias pertenecientes a la clase política corrupta que, por décadas, ha estado incrustada en el poder. (Cadena, 2010)

Finalmente queda por agregar, que en países como Colombia la lucha frontal contra el narcotráfico, ha sido impulsada no solo desde el marco ejecutivo y legislativo, sino como medida de mitigación a un fenómeno que resulta tan lesivo para el conjunto de la sociedad colombiana, que se ha convertido en una tarea colectiva, la erradicación de un mal tan reprochable y que a su vez alimenta la narco política, como lo es, el de la corrupción.

Así por ejemplo, la corrupción en Colombia desde el punto de vista jurídico; se articuló con la creación del estatuto anticorrupción.

En efecto cuando hablamos de corrupción, estamos hablando entonces de un fenómeno multifactorial, ello en la medida en que se atiende a las múltiples aristas, en la cuales es posible encontrarnos frente a este fenómeno. Podemos entonces hablar; de manera sintética de corrupción política, corrupción administrativa publica, corrupción corporativa, por nombrar solo algunos de los tipos más comunes respecto a aquello que da cuenta de la corrupción en las diferentes esferas de la sociedad. Siguiendo esta línea argumental, resulta imperativo lograr una comprensión y entendimiento, en relación al fenómeno de la corrupción en Colombia, pero visto y abordado desde el marco jurídico y particularmente a partir del denominado estatuto anticorrupción, el cual se condensa bajo la ley 1474 del 2011 y cuyos ejes temáticos se centran en la elaboración, articulación y aplicación de un conjunto de normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Pese a que por ejemplo el estatuto anticorrupción se aboca principalmente hacia la regulación de la gestión pública, no por ello deja de servir como precedente legal, de aquello que desde el ámbito legal y jurídico se puede efectuar, para luchar de forma eficaz, contra la narco política en Colombia.

Igualmente cabe mencionar aquí, que es un fenómeno que por su amplitud, alcance y características se convierte más que en un anatema, en un problema que compete por igual a todos los miembros de la sociedad colombiana, debido precisamente al nivel de infiltración que maneja el narcotráfico; velar por los intereses de la nación y del bien público, empieza, por un compromiso de parte de la sociedad misma y de sus diversos actores, para garantizar la democracia y tratar un problema, que pese a haberse insertado como mal indecible en la base del pueblo colombiano, debe ser combatido y erradicado, por medio de diferentes mecanismos y con lo ayuda de herramientas legitimas.

 

 

REFERENCIAS


Álvarez García, E. Andrés. (2007). La lucha contra la corrupción en Colombia como herramienta para un control social exacerbado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Recuperado de:http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24506.pdf


Cadena Montenegro, José Luis. (2010). Geopolítica del narcotráfico, México y Colombia: la equivocación en el empleo de las fuerzas militares. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 52(210), 45-58. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182010000300003


Pérez Rayón Elizundia, N; (2006). Iglesia católica, Estado y narcotráfico. Un desafío hacia el siglo XXI. Sociológica, 21() 139-173. Recuperado de:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305024679007

 

LEYES:


LEY 1474 del 2011. Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html

 

 

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Martes, 14 Febrero 2017 08:04

EE.UU. abre otro frente

EE.UU. abre otro frente

 

Estados Unidos impuso sanciones financieras contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, a quien acusa de supuestos vínculos con el narcotráfico internacional, abriendo un nuevo frente con América latina. El Aissami, un influyente dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, designado vicepresidente por el presidente Nicolás Maduro el 4 de enero (foto), fue incluido en una lista de sanciones de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), una oficina del departamento del Tesoro estadounidense. El Aissami se convirtió en el funcionario venezolano de mayor rango sancionado por Estados Unidos. Sin duda, esta medida generará fuertes tensiones entre Washington y Caracas.

El Departamento del Tesoro incluyó a El Aissami y a un socio suyo, el empresario Samark José López Bello, en la lista “Kingpin”, una nómina donde se registran a los narcotraficantes. López Bello será juzgado por proporcionar asistencia material y financiar las supuestas actividades ilegales de vicepresidente. La inclusión en ese listado supone la congelación de cualquier activo que tengan bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a cualquier ciudadano norteamericano de hacer transacciones con ellos.

Fuentes de la administración Trump quisieron aclarar que no se trata de una represalia diplomática o política, sino que el vicepresidente debe responder a la investigación por narcotráfico. “Las acciones de la OFAC son la culminación de una investigación de varios años contra los importantes traficantes de narcóticos en Venezuela y demuestra que el poder y la influencia no protege a aquellos que realizan estas actividades ilegales”, manifestó su director interino, John Smith, según la nota difundida por el Tesoro norteamericano. El Aissami, que fue gobernador del estado Aragua y ministro del Interior, “facilitó los cargamentos de narcóticos desde Venezuela”, detalló la oficina gubernamental, señalando que el funcionario supervisó o fue dueño parcial de cargamentos con más de mil kilogramos de droga, que salieron de Venezuela con destino a México y Estados Unidos. Según la acusación, el ex ministro habría recibido supuestamente pagos del narcotraficante venezolano Walid Makled y también tendría lazos con el cartel mexicano Los Zetas, reza la denuncia el Tesoro.

A principios de febrero, 34 legisladores de Estados Unidos solicitaron al presidente Trump que tomara medidas para sancionar a funcionarios del gobierno venezolano que “están beneficiándose por las violaciones de derechos humanos” que, según ellos, sufre el país sudamericano.

 

 


 

 

El País

 

 

ALFREDO MEZA

Caracas 14 FEB 2017

 

 

Dos socios al descubierto

 

Samark López, el empresario socio del vicepresidente Tareck El Aissami, se hizo millonario tras ser director de Planificación del Gobierno de Mérida

 

Samark López en una imagen de su web.  SAMARKLOPEZ.ORG

 

 

Era un secreto a voces en Venezuela hasta que este lunes una dependencia oficial ha confirmado la relación entre el vicepresidente Tareck El Aissami y el empresario Samarck José López Bello, quien ha sido incluido junto al funcionario venezolano en la lista negra de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) -una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos-, por sus supuesta relación con el narcotráfico y prácticas de lavado de dinero.

Una nota de prensa de la OFAC afirma que López, nacido en julio de 1974, “ha proporcionado asistencia material y financiera en bienes y servicios para apoyar en las actividades de tráfico de sustancias ilegales actuando por o en nombre de El Aissami”. Economista y empresario venezolano del sector alimentario y de la construcción, López trabajó como director de Planificación del Gobierno de Mérida (oeste de Venezuela), la provincia de donde es oriundo el vicepresidente. A partir de ese momento forjó un espectacular ascenso que lo convirtió en un hombre poderoso. Hasta hoy de él solo se hablaba en susurros.

López, siempre según la OFAC, supervisa una red internacional, compuesta por compañías de petróleo, distribución, ingeniería, telecomunicaciones y compañías de activos, que tiene contratos con el Gobierno venezolano. 13 de ellas han sido bloqueadas tras la medida anunciada por Washington.

Su nombre se dio a conocer por primera vez en Venezuela en el año 2009, cuando una concejala de la provincia denunció que una de sus empresas, Grupo Sahect, era la responsable de que caducaran toneladas de alimentos básicos importados por la estatal Pdval. López sobrevivió a ese escándalo, aunque comenzó a ser señalado por la prensa local. Todos apuntaban a una idea que hoy suscribe la OFAC: el empresario era utilizado como testaferro por el vicepresidente para amasar una fortuna. “También maneja los arreglos comerciales y financieros que generan beneficios significativos a El Aissami”, afirma esta dependencia del Departamento del Tesoro.

La página web Poderopedia asegura que López es el responsable de la compra de la Cadena Capriles (hoy Grupo Últimas Noticias), que hasta que fue vendido poseía tres exitosas cabeceras periodísticas: los diarios populares Últimas Noticias y Líder en Deportes y el económico El Mundo. Esta adquisición fue la primera de una serie de operaciones que acabaron con el poder de la prensa tradicional en Venezuela y se colocó al servicio del régimen bolivariano.

Fue la primera compra de un gran medio que se vincula al vicepresidente. Desde que llegó al Gobierno del Estado de Aragua, en 2012, El Aissami se propuso invertir en el negocio de la televisión para procurarse una imagen de político exitoso. En los últimos tiempos, a través del productor de televisión Esteban Trapiello, mejoró la red estatal de medios audiovisuales e invirtió en un poderoso canal, llamado La Tele Tuya, que hoy transmite en exclusiva los grandes eventos deportivos de Venezuela.

En la base de datos del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Samarck López aparece como empleado de Profit Corporation, una empresa de ingeniería, que ha obtenido contratos en el área de hidrocarburos y el sector eléctrico y que es una de las 13 sancionadas por la OFAC. Según el organismo cobra un salario de 46.890,17 bolívares mensuales (unos 12 dólares, según la tasa de cambio del mercado negro). La información oficial trata de desviar la atención sobre el verdadero poder acumulado por López, hijo de una pareja de educadores que trabajaron en el Estado de Delta Amacuro, en el extremo oriente de Venezuela, uno de los más pobres del país. Su ascenso, en cualquier caso, también coincide con el poder creciente que ha acumulado el vicepresidente luego de la muerte de Hugo Chávez. Se las ha arreglado para ser el escudero de Maduro en medio de la peor crisis económica de la historia republicana de Venezuela.

El largo camino que desembocó en las sanciones anunciadas por Washington contra El Aissami empezó en 2010, según fuentes consultadas por este diario. Poco antes, en agosto de 2009, fue capturado el narcotraficante venezolano Walid Makled en la frontera con Colombia. Makled aseguró, en entrevistas concedidas a la prensa colombiana tras su detención, que los cargamentos pasaron sin supervisión por Venezuela hacia su destino final gracias a un pacto con El Aissami, entonces viceministro del Interior.

Se desconoce si esas afirmaciones fueron ratificadas en el juicio, que se celebró sin presencia de público, y culminó en una condena de 15 años de prisión para el capo. El alto funcionario negó una y otra vez esas acusaciones calificándolas de infamias y de ser en realidad una represalia contra Venezuela por expulsar a la DEA en 2005. Pero el Departamento del Tesoro dice tener pruebas de que el hoy vicepresidente facilitó el traslado de más de 1.000 kilos de droga en varias ocasiones desde Venezuela hacia Estados Unidos y México, que iban destinadas al cártel de Los Zetas. Además también asegura que brindó protección a otros dos narcotraficantes. En su defensa, El Aissami ha dicho que durante su gestión como responsable de la seguridad del Estado venezolano se capturó a más narcotraficantes que en ninguna otra época.

El Gobierno de Venezuela no había respondido a la decisión estadounidense entrada la noche de este lunes. Quien sí lo hizo fue Samark López a través de su página web, donde asegura ser un empresario “que trae dignidad a la gente”. “El listado no contiene ninguna evidencia fáctica o justificación legal respecto de la razón por la cual Samark López debe ser colocado en ese listado, más allá de que Samark Lopez y Tareck El Aissami se conocen personalmente. El listado parece estar motivado políticamente (...) Samark Lopez ejercerá todos los recursos legales, administrativos y judiciales posibles”, dice.

 

 

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Lunes, 09 Enero 2017 06:14

Temer, impotente ante las matanzas

Temer, impotente ante las matanzas

El Partido de los Trabajadores y un grupo de juristas solicitaron la renuncia del ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, quien negó apoyo federal al estado Roraima, pese a que éste había alertado de un inminente choque entre reclusos.


Luego de afirmar que está “todo bajo control” el gobierno de Michel Temer parece impotente para frenar las matanzas en las cárceles del norte, que podrían ser la chispa que haga estallar levantamientos en presidios de todo Brasil.


Cuatro presos fueron asesinados ayer, al menos dos degollados, en el presidio Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, de Manaos, capital del estado de Amazonas, el más extenso y uno de los menos poblados del país, fronterizo con Colombia, Perú y Venezuela.


Esa unidad penitenciaria había sido inhabilitada por su mal estado de conservación pero fue reactivada la semana pasada para alojar a algunos de los sobrevivientes de la masacre del Complejo Penitenciario Anisio Jobim, también en Manaos, que dejó 60 muertos, entre los cuales hubo 40 mutilados.


A través de la decapitación de sus víctimas las gavillas dejan constancia de que se trata de una venganza contra un grupo enemigo. Son los códigos de las cárceles dominadas por organizaciones con poder de fuego y dinero para comprar policías, jueces y hasta gobernadores.


La más importante de ellas es el Primer Comando de la Capital, surgida en San Pablo, en la década del 90, que ha extendido su brazo de poder a la Amazonia, Paraguay y se sospecha que intenta desembarcar en otros países de la región.


Cien personas fueron ejecutadas entre el 1 y 8 de enero en los dos reclusorios de Manaos y el otro de Roraima, región amazónica, como parte de una guerra en espiral de los grupos Familia del Norte y Primer Comando de la Capital.
Investigadores universitarios, parlamentarios y periodistas coinciden en que está en curso una contienda entre la Familia, aliada al Comando Vermelho, contra el Primer Comando de la Capital.


A poco días de cumplir su octavo mes en la presidencia el mandatario no electo Michel Temer intentó eludir el tema y su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, lo imitó al decir que los hechos en la cárceles no pasaban de incidentes locales.
El Partido de los Trabajadores y un grupo de juristas solicitó la renuncia del ministro Moraes, quien negó apoyo federal a Roraima, luego de recibir un pedido formal de la gobernación de ese estado que advirtió sobre una inminente matanza de reclusos.


El teólogo Frei Betto considera que más allá de la negligencia del ministro De Moraes, el responsable último de la “barbarie” es el presidente.


“La actuación de Temer no fue digna de un jefe de Estado, se hizo el desentendido después de la matanza de Manaos (1 de enero), y sólo se dio por aludido cuando el papa Francisco” planteó sus críticas, dijo ayer el teólogo Frei Betto.
Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se aliaron al Papa en las críticas al gobierno cuya imagen internacional está en declive.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia sobre el golpe que destituyó a Dilma Rousseff y permitió el ascenso de Temer y Naciones Unidas comenzó a analizar una acusación de Luiz Inácio Lula da Silva quien presentó un extenso dossier sobre la violación de su derecho de defensa y persecución judicial.


Advertido del impacto de la crisis carcelaria en instituciones y medios del exterior Temer mudó de táctica y ayer ordenó el envío de apoyo federal a Amazonas y Roraima, y también a Mato Grosso y Rondonia, donde se teme que puedan ocurrir otros levantamientos. Algunos medios reportaron ayer que fueron reforzadas las medidas de seguridad en las cárceles de Río de Janeiro, donde manda el Comando Vermelho, y San Pablo, el estado hegemonizado por el Primer Comando.


La contienda entre esas dos organizaciones comenzó meses atrás en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, con el cinematográfico asesinato del narco Jorge Rafaat Toumani.


La disputa por los corredores de cocaína, armas y marihuana a través del Río Solimoes, en la Amazonia, y Paraguay, en el sur, es el motor de esta guerra entre las bandas que controlan el narco y los presidios. Contienda que amenaza incendiar al país.


El crecimiento del Primer Comando ocurrió en paralelo con el salto de la población carcelaria de 232 mil en 2000 a 622 mil en 2014, según cifras que podrían ser más altas pues la titular del Supremo Tribunal Federal Carmen Lucia aceptó, antes de reunirse con Temer, que hay fallas en la recolección de datos.


El 28 % de los presos hacinados en las cárceles purgan condenas por tráfico de estupefacientes, una cifra que irá en aumento si se pone en vigor la política antidrogas ideada por el ministro Alexandre de Moraes.


A contramano de lo que opina el propio líder de su partido, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, De Moraes es un apologeta de la “guerra contra las drogas”.


Con uniforme de comando policial y borceguíes Alexandre De Moraes, o un sosias, fue filmado mientras cortaba, facón en mano, plantas de marihuana en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero donde declaró que erradicar el cannabis de Sudamérica “es una de las prioridades del gobierno del presidente Michel Temer”.


Probablemente los planteos del ministro a quien Temer le confió la tarea de resolver la crisis en las cárceles serían considerados extravagantes por el conservador colombiano Juan Manuel Santos y el demócrata estadounidense Barack Obama.


Tras su paso por Paraguay De Moraes presentó su plan contra la marihuana en San Pablo, dos semanas antes de la masacre en Amazonas.


La investigadora Julista Lemgruber, de la Universidad Cándido Mendes consideró “absolutamente irreal querer reducir drásticamente la circulación de marihuana en América del Sur, sería repetir los conceptos del Plan Colombia”.

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Guerra entre narcos, una excusa para militarizar

La idea de que el ejército tome cartas en el enfrentamiento al narcotráfico encaja con la nueva concepción de “fronteras calientes” defendida por Temer. Existe un fuerte descontento en los sindicatos que representan a las policías locales.

 


Guerra en el paraíso: la masacre de 56 presos ligados a una organización mafiosa en una cárcel del estado de Amazonas, fronterizo con Colombia, le abrió un nuevo frente de tormenta al presidente Michel Temer y reavivó la recurrente tentación, que no es solo brasileña, de militarizar la seguridad interna.


Temer evitó formular declaraciones sobre la matanza ocurrida el domingo en el Complejo Penitenciario Anício Jobim de Manaos, capital amazónica, con la aparente intención de eludir el costo de un hecho que repercutió en la prensa y organismos internacionales de derechos humanos.


Su situación política es tan incierta que suspendió el viaje al Forum Económico de Davos donde lo representará Henrique Meirelles, el ministro de Hacienda autor del plan de austeridad (austericidio) que amenaza llevar a la quiebra a varios estados provinciales donde se dejaron de pagar salarios y suspendieron servicios esenciales.


Esta limitación de gastos afectó también a las policías provinciales, con más de 1 millón de hombres en armas, y los servicios penitenciarios.
Hay un explícito descontento en los sindicatos que representan a las fuerzas de seguridad de varias provincias como Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande do Sul a donde fueron enviadas tropas federales.


Precisamente para recortar gastos el estado de Amazonas privatizó el presidio Anício Jobim donde miembros de la organización La Familia del Norte mató, y en algunos casos degolló el domingo, a integrantes del Primer Comando de la Capital.


En un comunicado divulgado ayer en Ginebra Naciones Unidas responsabilizó al gobierno de Temer por la masacre y exigió que prohíba “la tortura y del trato degradante e inhumano de los presos”. “Pedimos a las autoridades que tomen medidas para evitar” otro crimen similar en los centros de detención brasileño donde se alojan, en su mayoría hacinados, más 650 mil reclusos.


Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Orden de Abogados de Brasil se sumaron a las críticas.


El gobierno envió ayer a Manaos al ministro de Justicia Alexandre de Moraes, al tiempo que realizó una serie de consultas al Gabinete de Seguridad Institucional dirigido por el general Sergio Wesphalen Etchegoyen, según dejaron trascender informantes próximos al Palacio del Planalto.


Los servicios de inteligencia bajo el mando del general Etchegoyen habrían obtenidos informaciones sobre un plan para vengar a los muertos del PCC fallecidos en el estado de Amazonas donde ayer continuaba la “cacería” de más de 100 presos fugados el domingo.


Está en curso una guerra entre la Familia del Norte y el PCC, una facción surgida en San Pablo luego de la masacre de 111 detenidos en la cárcel de Carandirú, en 1992.


El Primer Comando de la Capital cuenta con una organización piramidal dirigida por Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola, que presume de haber leído El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo y conocer la biografía y tácticas guerrilleras de Ernesto Che Guevara.


“Marcola” es idolatrado por los soldados del PCC, el grupo que domina la mayoría de las cárceles de San Pablo y decenas en todo el país, junto al establecimiento de “células dormidas” en las favelas paulistas.


En mayo de 2006 una orden impartida por Marcola desde la cárcel desató el levantamiento simultáneo de más de 70 presidios y ataques relámpagos que mataron a unos 40 policías y agentes penitenciarios.


Un día después de las primeras acciones se desató una guerra entre fuerzas del orden y “milicias “ del PCC que hizo colapsar a San Pablo con un saldo de cerca de 600 muertos.


En la contienda entre el PCC y la Familia del Norte se disputa la hegemonía en el sistema carcelario de la Amazonia, por su proximidad a la “Ruta del Río Solimoes”, principal vía de ingreso de la cocaína de Colombia y Perú.


El polvo que llega a Manaos luego se embarca hacia Europa o los cada vez más rentables mercados de San Pablo y Río de Janeiro.


Por lo pronto ese dinero sucio es la fuente de ingresos de la Familia del Norte, con la que se pagan armamentos y se compran los favores de policías, guardiacárceles y políticos. Así es como esa organización asumió el mando de los centros reclusorios amazónicos y logró proyección nacional, al punto de animarse a presentarle batalla al PCC.


De acuerdo con informaciones de la Policía Federal a las que tuvo acceso el diario Estado de San Pablo, la Familia cuenta con unos 200 mil afiliados, entre quienes están los presos y sus allegados fuera de las cárceles, quienes realizarían aportes a cambio de los cuales reciben seguridad.


Con esa estructura en alza la Familia se asoció a otro grupo de peso,el Comando Vermelho, con base en Río de Janeiro, que mantiene una disputa con el PCC.


El innegable poder de fuego, organización y logística de estas fuerzas irregulares trajo otra vez al ruedo el debate sobre la necesidad de involucrar a los militares en el combate al crimen organizado.


Algunos formadores de opinión respaldaron esa idea, entre ellos Merval Pereira, el comentarista en jefe del grupo Globo.


Ayer Pereira dijo en una radio de esa corporación que no se puede “seguir posponiendo” la decisión de que el Ejército y otros fuerzas federales tomen cartas en el enfrentamiento al narcotráfico, y eligió como modelo a Colombia.


Militarizar la seguridad interna encaja con la nueva concepción de “fronteras calientes” defendida por la administración Temer.


Hace dos meses en una de las pocas reuniones diplomáticas realizadas en Brasilia con representantes sudamericanos fue expresada esa concepción.
El encuentro fue cerrado con una conferencia a en la que participaron el canciller José Serra, el general Etchegoyen y el ministro de Defensa Raúl Jungman.


“Los crímenes son cada vez más transnacionales y tienen que ser enfrentados” conjuntamente por los países sudamericanos, y ojalá que cada vez más puedan actuar “las Fuerzas Armadas de modo preventivo y represivo (..) en las fronteras”, dijeron las autoridades brasileñas.

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La militarización del muro Trump, al estilo israelí

Abunda la flagrante desinformación sobre la construcción del "muro Trump", sobre todo del lado más afectado, el mexicano, que jugó al avestruz durante un cuarto de siglo, hasta que el destino lo alcanzó.

El portal texano-israelí Stratfor (https://goo.gl/CoCifG), que se ostenta como la "CIA de los empresarios", rememora el cuarto de siglo (sic) del inicio de la construcción del muro por varias administraciones de Estados Unidos (EU) ante la pusilanimidad de cinco presidentes "mexicanos" en turno, quienes impulsaron la vulgar mercantilización en detrimento de la seguridad nacional:

1. A inicios de la década de 1990: se empezó a construir en áreas urbanas, con tapetes metálicos y material de la guerra de Vietnam.

2. En 1995: Sandia National Laboratories creó una barrera de tres capas de profundidad con vigilancia tecnológica: cámaras, imágenes termales y sensores.

3. En 2006: Secure Fence Act extendió los muros (sic) existentes (el “muro Baby Bush”) a un costo de 3 mil 400 millones de dólares, pagado por Seguridad del Hogar, que completó mil 30 kilómetros de los programados mil 50 km.

Baby Bush construyó la tercera parte del muro, con apoyo de la senadora de Nueva York, Hillary Clinton, ante las narices de los panistas Fox y Calderón, quienes no protestaron en absoluto, como ahora en forma cacofónica, quizá por sus fuertes vínculos con George Soros.

4. 2016/2017: Proyecto de terminar la construcción de sus 2/3 partes (el "muro Trump"), con excepción de 322 km al sur de Texas, a un costo entre 7 mil millones y 10 mil millones de dólares, por la empresa israelí Magal Security Systems (https://goo.gl/Diia5V).

Trump seleccionó al general retirado John Kelly como jefe de la Seguridad del Hogar, quien estará a cargo de terminar el muro (https://goo.gl/f4oxvf).

Kelly jefaturó el Comando Sur –que se traslapa con el Comando Norte en referencia al desahuciado y desaseado “México neoliberal itamita”–, y ha sido feroz crítico de la "amenaza de terroristas y el contrabando de los narcotraficantes en la transfrontera con México".

Sin contar al flamante director de la CIA, Mike Pompeo, quien se formó en la Academia Militar de West Point, el gabinete Trump profundiza su militarización, con tres militares seleccionados (http://goo.gl/QFXdZc).

A quien hay que seguir en forma estrecha sobre el devenir del "muro Trump" es a Michael McCaul, representante texano (sic) del Partido Republicano y jefe del Comité Camaral de la Seguridad del Hogar, quien ha externado la "securitización de la transfrontera" y la "confrontación de la emigración ilegal", y ha prometido colocar a México en un "plan de pagos (sic)" para financiar la terminación del muro.

Mientras el Congreso de EU trabaja su "plan de emergencia (sic)" para obliterar la transfrontera, el frívolo Senado "mexicano", después de haber exhibido en forma degradante sus camisetas "pro Hillary", ahora en un acto de exorcismo folclórico golpea una piñata con la efigie de Trump (http://goo.gl/D3lK1S). ¡No, bueno!

McCaul expone la militarización del muro (http://goo.gl/sOM6uz), que profundizó en The Heritage Foundation (http://goo.gl/mEVjyr): “Es más que un muro. Hablamos de un sistema histórico (sic) de defensa (¡supersic!) de varias capas (sic) para que los cárteles de la droga y los terroristas (sic) no puedan insinuarse a través de sus grietas”, lo cual significa "más agentes de patrulla fronteriza (nota: quienes, como los maltratados Veteranos, votaron en forma masiva a favor de Trump), nuevas autoridades, vigilancia aérea, sensores y otras tecnologías para sellar nuestro territorio de los ilegales".

El abordaje será de "tipo militar" otorgando a las "agencias de inmigración y de la frontera el real comando y control".

No sólo el Congreso de EU participará en el "esfuerzo de financiamiento", sino también "los vecinos (sic) quienes han fracasado en contener la crisis dentro de sus propios países", por lo que se ha colocado a México en un "plan de pagos", a lo que aporta varias ideas "razonables": nuevas "tarifas de inmigración", "cuotas de peaje de seguridad en la transfrontera", “captura y congelamiento de los activos de los cárteles de la droga”.

¿Se le ocurrirá al texano McCaul pagos a varios años sin intereses, ventas nocturnas con descuentos o un consumista "Buen Fin"?

Toda la securitización y matriculación de la transfrontera no será limitada a México y tendrá en la mira a "otros países en Latinoamérica (¡supersic!) que han contribuido a la crisis y fracasado en frenar el caos, por lo que deben también pagar para arreglar la situación". Algo así como "dime de dónde provienes y te diré cuánto debes pagar".

Hay que prepararse para el modelo mural israelí, impuesto en Gaza y Cisjordania, que sería implementado en las dos fronteras del fallido “México neoliberal itamita”: en el próspero norte y en el miserable sur.

¿Se contempla otro muro entre Chiapas y Guatemala y/o entre Chetumal y Belice, con supervisión israelí-estadunidense?

A McCaul se le olvida que él mismo es producto de la migración europea a EU y sentencia que el gabinete Trump "tomará acciones inmediatas para buscar (¡supersic!) y deportar a todos los extranjeros criminales" y "asegurarse que sus gobiernos los reciban (sic)".

Las medidas serán extremas, de corte persecutorio, y con una severa "investigación de los antecedentes" con el fin de detener a los yihadistas que exploten el sistema inmigratorio para entrar a EU como "turistas, inmigrantes y refugiados".

¿Tiene contemplado la novicia secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz, entronizada en el peor momento imaginable como "Reina del guacamole", dónde colocar a millones de "ilegales mexicanos"?

Más que a la terminación del muro, el consenso en el Congreso se encamina a una trifecta: una combinación de tecnología, vigilancia policiaca y construcción física, como aduce el presbiteriano Dennis Ross, representante republicano de Florida (sic) y miembro del equipo de transición, para quien el "término muro" es una metáfora, cuando "en realidad se refiere a seguridad" y puede ser también una "valla" (http://goo.gl/4YoTTn).

Si el "muro Trump" representó un exitoso ingrediente mercadotécnico –79 por ciento de quienes lo apoyaron insisten en frenar la inmigración–, su implementación por el Congreso no será automática, ya que en el Senado requiere de 60 votos para su aprobación cuando los republicanos sólo controlan 52.

¿Quién protegerá a los dreamers: 800 mil jóvenes indocumentados que han sido abrigados en forma temporal de la deportación, gracias a una orden ejecutiva de Obama en 2012?

Increíble: su "protección" no provendrá aquende el río Bravo, sino allende, donde se prepara una legislación bipartidista al respecto (http://goo.gl/Z1rLgB).

Sin que yo ampare el híper-complejo crimen transfronterizo, McCaul soslaya que la gran mayoría de "migrantes" de México/Centroamérica son "refugiados económicos" quienes, debido al neoliberalismo global que impuso el decálogo del Consenso de Washington por la unilateralidad geoestratégica de EU, huyen de sus países plutocráticos, donde no encuentran "libertad económica" para laborar y quienes, por efecto de ósmosis demográfica, se refugian en los países de mayor prosperidad.

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