México y su guerra contra el narco: diez años, 50.000 millones de dólares y más de 200.000 cadáveres

La guerra contra las drogas en México cumple diez años, ¿qué se ha conseguido hasta ahora?
México se ha gastado 50.000 millones de euros en seguridad y defensa desde el comienzo de la guerra y EEUU ha aportado alrededor de 1.405 millones
Desde 2007, casi 200.000 personas han sido asesinadas y más de 28.000 declaradas desaparecidas

 

¿Por qué se lanzó la guerra contra las drogas?


El 10 de diciembre de 2006, el recién investido presidente, Felipe Calderón, lanzó la guerra de México contra las drogas con el envío de 6.500 soldados a su Estado natal, Michoacán, donde cárteles enemigos, en su lucha por el control del lucrativo territorio, participaban en matanzas de venganza. La ola de violencia había estallado en 2005 y una serie de operaciones policiales y militares lanzadas por el anterior presidente, Vicente Fox, no habían logrado contener el derramamiento de sangre.


Calderón declaró la guerra tan solo ocho días después de ocupar el cargo, una decisión ampliamente percibida como un intento de impulsar su legitimidad tras una dura victoria electoral. En un periodo de dos meses, alrededor de 20.000 soldados participaron en operaciones en todo el país, que inicialmente gozaron de un apoyo generalizado en las comunidades, cansadas de tiroteos, ejecuciones horripilantes y corrupción policial.


¿Cuánto ha costado la guerra hasta ahora?


Estados Unidos ha aportado al menos 1.405 millones de euros desde 2008 a través de la Iniciativa Mérida (el Congreso ha aprobado otros 937 millones de euros). Por su parte, México se ha gastado, por lo menos, 50.600 millones de euros en seguridad y defensa desde el año 2007. Los críticos denuncian que este flujo de dinero ha permitido crear una industria de seguridad opaca abierta a la corrupción en todos sus niveles.


Pero los mayores costes han sido humanos: desde 2007, casi 200.000 personas han sido asesinadas y más de 28.000 declaradas desaparecidas. En septiembre de 2014, 43 profesores en prácticas desaparecieron y se presume que fueron asesinados tras ser atacados por agentes de policía corruptos y entregados a miembros de los cárteles de las drogas. El caso, en el cual el Ejército mexicano y políticos corruptos estuvieron implicados, se ha convertido en ejemplo emblemático de la violencia perpetrada en zonas altamente militarizadas.


Grupos defensores de los derechos humanos han registrado un aumento de abusos de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, presionados para llevar a cabo arrestos, obtener confesiones y justificar la guerra. Las informaciones sobre tortura por las fuerzas de seguridad incrementaron un 600% entre 2003 y 2013, según Amnistía Internacional.


Mientras los cárteles se han dividido y diversificado, otros crímenes violentos como el secuestro y la extorsión se han disparado. En 2010, el cártel Los Zetas, fundado por un grupo de desertores de las fuerzas especiales mexicanas, masacraron a 72 migrantes que fueron secuestrados cuando intentaban llegar a Estados Unidos.


Cientos de miles de personas han sido desplazadas por la violencia y han surgido grupos de autodefensa y vigilancia en varios estados, incluido Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde las comunidades han tomado las armas en un intento de protegerse a sí mismos. Algunas de esas milicias han sido atacadas una por una por las fuerzas estatales o apropiadas por el crimen organizado.


¿Qué se ha conseguido?


La colaboración reforzada entre los servicios de inteligencia y de seguridad de México y Estados Unidos ha resultado en numerosos arrestos de destacadas figuras e importantes redadas antidroga. Las autoridades aseguran que 25 de los 37 narcotraficantes más buscados en la lista del expresidente Calderón han sido encarcelados, extraditados a Estados Unidos o asesinados, aunque no se han comprobado todos estos datos de forma independiente. Durante la legislatura de Calderón, más de 110.000 toneladas de cocaína fueron decomisadas y se destruyeron casi 180.000 hectáreas de marihuana y opio.


Desde que el sucesor de Calderón y actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, tomase posesión en diciembre de 2012, 101 de su lista de 122 capos más buscados están muertos o bajo custodia policial; de nuevo, no todas las supuestas muertes y detenciones han sido corroboradas de forma independiente.


La mayor victoria, y error garrafal, bajo el liderazgo de Peña Nieto fue la captura, huida y nueva captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Guzmán está luchando contra su extradición a EEUU, aunque esta parece cada vez más clara. Mientras tanto, sus rivales llevan a cabo audaces estrategias para hacerse con sus lucrativas rutas, provocando una nueva ola de violencia en estados como Colima, Baja California y Sinaloa.


La represión y captura de los cerebros de las bandas se ha ganado las alabanzas de Estados Unidos y de los medios de comunicación, pero ha hecho muy poco por reducir la violencia o instaurar el Estado de derecho.


¿Cómo ha evolucionado la guerra?


Bajo la presión de las autoridades, algunas facciones criminales se han dividido para reagruparse y volver a emerger como grupos más pequeños pero más despiadados.


Al mismo tiempo, han brotado nuevas batallas en lo que antes eran estados pacíficos. Esto se debe a que las operaciones militares han incitado a las bandas a encontrar nuevas rutas para el tráfico de drogas en territorios rivales.


Las políticas de Calderón han permanecido prácticamente intactas bajo el liderazgo de Peña Nieto, aunque la retórica ha cambiado notablemente en lo que ha sido un intento de reconstruir la imagen de México y de atraer inversión extranjera. “Mientras la Administración de Calderón estaba obsesionada con la seguridad, el presidente Peña Nieto se ha obsesionado en no obsesionarse con la seguridad”, señala David Shrik, experto en seguridad.


Bajo el nuevo Gobierno, el presupuesto de seguridad y defensa ha seguido creciendo, como también lo ha hecho el derramamiento de sangre. Unas 63.000 personas fueron as

esinadas en la primera mitad del mandato de Peña Nieto, un 50% más que durante los tres primeros años de Calderón.
Además, inmensas cantidades de droga siguen llegando a Estados Unidos. El consumo de drogas en Estados Unidos, el mayor mercado mundial, sigue creciendo con 24,6 millones de consumidores en 2013, lo que equivale al 9,4% de la población mayor de 12 años. En 2002 esta cifra era de un 8,3%.


El consumo de drogas tiende a crecer y decrecer, en parte reflejando los esfuerzos de los cuerpos de seguridad. De este modo, aunque el consumo de cocaína se ha reducido levemente, el de marihuana, heroína y metanfetaminas están en alza.


La legalización de la marihuana en un creciente número de estados reducirá la demanda desde México, pero el resto del mercado está en pleno auge. Se estima que los cárteles mexicanos obtienen entre 17.900 y 27.300 millones de euros al año por la venta de drogas en Estados Unidos.


¿Qué papel ha jugado Estados Unidos?


La doctrina de 'guerra contra las drogas' se atribuye generalmente al presidente Richard Nixon, quien creó la agencia contra las drogas (DEA, Drug Enforcement Administration) en 1973 para declarar “una guerra sin cuartel contra la amenaza de las drogas”.


Desde entonces, Estados Unidos se ha gastado más de 2,3 billones de euros luchando contra este enemigo indeterminado a través de la prohibición y militarización. Durante las pasadas cuatro décadas, el modelo estadounidense ha sido exportado a Latinoamérica, especialmente a Colombia y México.


La guerra contra las drogas en México cumple 10 años y nunca hubiese sido posible sin la inmensa inyección de dinero y cooperación militar estadounidense bajo la Iniciativa Mérida. Los flujos han continuado a pesar de las crecientes evidencias de serias violaciones de derechos humanos.

Nina Lakhani - Ciudad de México
09/12/2016 - 19:42h

theguardian

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Publicado enInternacional
Viernes, 22 Julio 2016 08:24

“Bienvenidos al infierno”

“Bienvenidos al infierno”

Con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, la violencia en las favelas se ha disparado y ha sacado a la luz la guerra silenciosa entre policías y narcotraficantes. Los habitantes de estas comunidades son las principales víctimas del fuego cruzado. Tan sólo en mayo la policía mató a una persona cada nueve horas. Tres de cada cuatro eran jóvenes negros.

 

El miércoles 6 un grupo de policías se manifestaba en el aeropuerto internacional Galeão, de Rio de Janeiro, con una pancarta con la que provocaban a los turistas que recién llegaban a la “ciudad maravillosa”: “Bienvenidos al infierno”, decía. Esta era la respuesta de las fuerzas del orden ante el aumento de agentes asesinados en la guerra que se juega a diario en las favelas cariocas entre fuerzas armadas y facciones del tráfico de drogas.

 


Esa misma semana un informe de Human Rights Watch (Hrw) confirmaba que por cada policía asesinado en 2015, las fuerzas de seguridad mataron a 25 personas. En este sentido, los habitantes de los morros hace tiempo que viven en un infierno. Jóvenes, niños, adultos, muertos por balas perdidas, por estar en el lugar y el momento equivocados.

 


Desde que se supo que Brasil albergaría la Copa del Mundo, y después Rio de Janeiro los Juegos Olímpicos, la violencia en las favelas no ha hecho más que aumentar. Según datos de Amnistía Internacional, en los últimos seis años la policía carioca fue responsable de entre 13 y 21 por ciento del total de asesinatos en la ciudad. En 2015 fueron asesinadas 645 personas, y una de cada cinco murió por “homicidio derivado de acción policial”. El director de Amnistía Internacional de Brasil, Atila Roque, advierte que ese número “podría ser más elevado” ya que muchos de los asesinatos son registrados como “homicidios”, una etiqueta genérica que sirve para no colocar la culpa en las fuerzas de seguridad. Eso fue lo que sucedió con Eduardo Jesús, un niño de 10 años, asesinado por la Policía en abril de 2015 en la puerta de su casa, mientras esperaba que su hermana volviera de la escuela: “Como maté a tu hijo puedo matarte a vos también, porque él era un hijo de bandido”, le dijo el policía a la madre de Eduardo Jesús, mientras ella le gritaba desesperada.

 


El Instituto de Seguridad Pública reconoció que entre febrero y mayo de 2016 las muertes por acción policial aumentaron 78 por ciento con relación al año anterior. El 30 de junio la policía asesinó brutalmente a Jonathan Dalber, un menor de 16 años que salía de la casa de su tío, en el morro de Borel, con una bolsa de pop en la mano. Sin mediar palabra, un agente le pegó un tiro en la cabeza al pensar que lo que llevaba en la mano era una bolsa con droga. Los vecinos de la comunidad grabaron un video donde se ve cómo los policías, al darse cuenta del error, intentan socorrer al chico pero acaban abandonándolo y huyendo.

 

Asesinatos extrajudiciales, abuso de fuerza, invención de la escena del crimen y amenazas a posibles testigos forman parte del día a día de la Policía Militar, según denuncia el informe de Hrw “El buen policía tiene miedo: Los costos de la violencia policial en Rio de Janeiro”. La impunidad y el “vale todo” en aras de la seguridad permiten que la lógica de la vulneración de derechos humanos se mantenga: “Pocas veces llegan a la justicia los casos de policías que han hecho abuso de poder. La mayoría de las confrontaciones son encubiertas como legítima defensa”, reconoce el fiscal general Marfan Martins Vieira en ese documento.

 

LÓGICA DE GUERRA.

 

Rio de Janeiro es el estado brasileño con tasas de mortalidad más elevadas en el transcurso de operaciones policiales. En los últimos diez años más de 8 mil personas fueron asesinadas en el curso de invasiones “pacificadoras” en las favelas. Las políticas de seguridad pública se basan en la militarización de estas comunidades. Por un lado, desde las Unidades de Policía Pacificadora (Upp), y, por otro, desde operativos de guerra con tanques y armas letales.

 

La diferencia entre ambos tipos de control policial apenas existe: “Las Upp eran una buena idea y se convirtieron en un fracaso porque no trabajan como policía comunitaria sino como unidades militarizadas de control y represión”, le cuenta a Brecha Atila Roque.

 

Después de diez años de Upp el balance de los vecinos es desalentador: “Los militares que suben son muy jóvenes, sin experiencia, se ponen a pegar tiros en cualquier momento, entran en nuestras casas, nos roban, nos amenazan; es una pesadilla”, cuenta Irone Santiago, cuyo hijo fue tiroteado por la policía y hoy se encuentra parapléjico y con una pierna amputada. “Sabemos que en cualquier momento van a subir y volveremos a vivir entre los tiros”, dice Santiago, habitante de la favela de La Maré desde hace más de treinta años.

 

El Complejo de la Maré, una comunidad formada por 16 favelas donde viven alrededor de 140 mil personas, fue invadido por la Policía Militar poco antes de que empezara el Mundial. La previsión inicial era que se quedaran durante el evento, pero la Policía Militar permaneció allí un año más, hasta julio de 2015. En estos días están a punto de volver.

 

El secretario de Seguridad Pública del estado de Rio de Janeiro, Jose Mariano Beltrame, anunció que 60 mil policías y 20 mil militares ocuparán la ciudad para actuar durante los Juegos Olímpicos. No especificó cuántos de ellos “subirían” a las favelas, ni tampoco dejó claro cuánto tiempo se quedarían allí. En abril, Beltrame, tras la muerte de un integrante del Batallón de Operaciones Especiales a manos de un comando de narcotraficantes, había advertido que quien “se atreva a disparar a un policía va a recibir un tiro”.

 

Las muertes de policías también han aumentado en momentos en que el estado de Rio de Janeiro se encuentra en “estado de calamidad”. Las fuerzas de seguridad, al igual que los profesores, los funcionarios públicos y el personal sanitario, reciben sus salarios con atraso. En todos esos sectores los recortes han sido muy duros.

 

“Por un lado el policía es un verdugo, porque mata a una escala inaceptable, pero también es una víctima. La mayoría tienen el mismo perfil que sus víctimas, son negros o pardos, jóvenes y de origen humilde”, explica Roque. Desde Amnistía Internacional reconocen que la precariedad que sufre la policía de Rio de Janeiro por la crisis económica hace que “aumente el estrés y también la violencia”. Pero ello no justifica de manera alguna que se vulneren los derechos humanos: “No puede haber un estado de excepción para justificar la seguridad en los Juegos Olímpicos”, dice Atila Roque. El director de Amnistía Internacional no sólo se refiere a la militarización de las favelas y al aumento de los asesinatos sino también a la nueva ley antiterrorista, que desde el 4 de junio criminaliza cualquier manifestación que se haga en determinados puntos de la ciudad hasta pasados los Juegos Olímpicos. “Durante el Mundial fue lo mismo, hubo periodistas y activistas de derechos humanos presos e incluso heridos. No podemos permitir que avasallen la libertad de expresión”, apunta el militante humanitario.

 

“UN TIPO NORMAL.”

 

A sus 30 años, Víctor Santiago se ha convertido, junto a su madre, Irone, en un activista social de la favela de La Maré. Después de lo que le sucedió dice que lo único que le queda es denunciar su caso “para mostrar al mundo” lo que sucede a diario en las favelas de Rio de Janeiro, donde el Estado sólo llega en forma de fusil o de tanque.

 

Víctor repite constantemente que siempre fue un “hombre normal”: pagaba sus cuentas, trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde para ser técnico en seguridad. Explica todo esto para justificar “el absurdo” de lo que le sucedió la madrugada de aquel sábado de febrero de 2015 cuando volvía a casa en el coche de un amigo. Primero los paró un primer control militar para pedirles documentos. Pudieron seguir adelante esa vez, pero antes de llegar a su casa se toparon con un segundo control. Esta vez los militares, sin intercambiar palabra, comenzaron a disparar contra el vehículo. El conductor recibió un tiro y Víctor Santiago dos. Víctor estuvo una semana en coma y tres meses hospitalizado con el pulmón perforado y sesiones de hemodiálisis.

 

Las dos balas que recibió lo dejaron parapléjico y con una pierna menos. Él responsabiliza al estado de Rio. “Fue culpa de la incompetencia de los gobernantes, a quienes no les importamos nada”, dice. Cuenta que una de las cosas que más le dolió fue salir del hospital en silla de ruedas y sin ningún tipo de ayuda. “El Estado no me ha dado ni una curita.”

 

La silla de ruedas con la que se mueve, la cama de hospital en la que pasa prácticamente las 24 horas del día y los pañales que usa para sus necesidades son donaciones de los vecinos de la comunidad. Su madre dejó su trabajo de costurera para cuidarlo, y el resto del tiempo lo dedica a intentar conseguir que se haga justicia. “Recién un año después de los hechos vino la Policía Federal para hacer una pericia del cuerpo de Víctor, y lo más absurdo de todo es que en este caso mi hijo constaba como testigo y no como víctima”, se lamenta Irone.

 

La mujer afirma no tener miedo de posibles represalias. Sabe que la policía suele amenazar a los familiares de las víctimas, pero hasta ahora nadie le ha dicho nada. Asegura que como su hijo hay otras muchas personas, que tienen miedo de hablar: “No se imagina la cantidad de gente mutilada que hay en La Maré, por no hablar de los asesinatos. Quieren acabar con todos nosotros, no tenemos derecho a nada”.

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Sábado, 09 Julio 2016 08:23

Al sustituir la eficiencia cocalera

Al sustituir la eficiencia cocalera

 

En víspera del inicio -este 10 de julio- del piloto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, bien vale felicitar a las valientes familias del Orejón y veredas aledañas, quienes afrontan este estratégico plan. Resaltando que en la mesa de La Habana, se acordó iniciar su implementación antes de la firma del Acuerdo Final.

 

Estos campesinos enfrentan todo el catálogo de falacias fabricado por la guerra antidroga, como ejemplos : una mitomanía rancia y una reciente. En 1984 -en repetición goebbeliana- el embajador Tambs acuñó el mito de la “narco-guerrilla” que a punta de fusil obliga campesinos a cultivar coca. Desde 2014, la ONUDC repite que las 2/3 partes de los cultivadores hoy venden hoja de coca en finca, absteniéndose de agregar valor.

 

Cuando el poder global fabrica mitos, lo hace por algo.

 

En primer lugar cuando inventa el mito del cultivador obligado, esconde las causas que arrastran al campesinado hacia los cultivos declarados ilegales. Estas son:

 

1. Históricamente el Estado ha eludido el reparto de tierras dentro de la frontera agrícola, porque coludido con el latifundio y usando guerra o “reforma agraria”, ha desplazado a los campesinos hacia baldíos selváticos.

 

2. Se desplaza hacia tierras aisladas y lejanas sin presencia del Estado, donde no hay salud ni educación, y tampoco hay vías para sacar los productos legales al mercado.

 

3. Estos territorios tienen suelos de baja calidad o vocación agrícola diversa, que limitan o impiden el cultivo y cría de especies normales dentro de la frontera agrícola. Pero estos suelos selváticos, aceptan bien especies amazónicas como la coca.

 

4. Gracias al neoliberalismo, los cultivos y crías legales tienen competencia desleal de productos importados desde países que subsidian las mercancías agropecuarias.

 

En segundo lugar el mito de la no agregación de valor, esconde las características de eficiencia productiva que tiene la economía campesina cocalera. Estas son:

 

1. La cercanía al ecuador geográfico, y su origen amazónico, provoca la rápida rotación del cultivo de coca, siendo 6 cosechas anuales nuestro promedio. Ningún otro cultivo genera ingresos bimestrales.

 

2. El inicio del proceso transformador de la coca -el que va de hoja a pasta básica de cocaína PBC- se realiza en el campo. Al margen de ser ilegal, esto es una conquista de la economía campesina, que así se apropia parcialmente del valor agregado.

 

3. En esa parte del proceso, la tasa media de reducción del volumen es 550 veces: de una arroba de hoja se obtienen en promedio 22 gramos de PBC. La producción de 1 ha promedia 50-70 arrobas de hoja de coca por cosecha, entonces su producido se puede transportar en los bolsillos del acopiador rural, y así sacarlo desde territorios sin vías.

 

4. La propaganda reza que el exorbitante precio de la cocaína en el mercado terminal, llega a los cultivadores. Al contrario -en 25 años, y en los 3 países productores Bolivia, Perú y Colombia- el PBC ha mantenido un precio rígido, oscilando en torno a 700 dólares por kilo. Al cultivo no lo estimula un precio alto, sino uno estable que cubre los costos de subsistencia, algo anormal para la economía campesina legal.

 

Si consideramos las causas y características económicas descritas, se concluye que el producto sustituto debe ser competitivo frente a la eficiencia de los cultivos de uso ilícito. Algunas sugerencias para una sustitución competitiva:

 

1. La participación debe superar lo formal, llegando hasta la consulta previa campesina, que respete sus diversidades. Solo los campesinos organizados podrán garantizar se cumplan los cronogramas de sustitución y no resiembra. Vale imitar la herramienta de Control Social boliviana, cimentada en la alianza de cocaleros y gobierno.

 

2. Las familias expulsadas fuera de la frontera agrícola, ayudadas por los cultivos de uso ilícito crearon nueva frontera. Su organización garantiza que no sean de nuevo despojados, o que a cambio los relocalicen en los valles fértiles interandinos y caribes.

 

3. Los programas de sustitución deben incluir acciones formativas para reconvertir laboralmente los recolectores, y asistencia técnica para los nuevos cultivos.

 

4. Las zonas aisladas y lejanas deben recibir inversiones en salud y educación, también en vías y comunicaciones, y así garantizar el acceso al mercado.

 

5. La pobreza de los suelos que asientan mayormente los cultivos de uso ilícito, necesita de financiamiento público de nutrientes, para poder superar gradualmente tales condiciones. Las hojas de coca son un fertilizante natural.

 

6. En algunas zonas la coca es el producto con más rendimiento o el único que rinde. En áreas especiales se puede adelantar la sustitución del uso, como en Bolivia, Perú y el Cauca, con derivados alimenticios, medicinales, forrajeros y fertilizantes.

 

7. Ningún cultivo tiene tan rápida rotación como la coca. Con escalamiento de siembras y cosechas, y manejo financiero, se pueden conseguir ingresos bimestrales con otros cultivos. No hay un producto único, se debe identificar el aplicable en cada región.

 

8. La transformación en el campo, es imprescindible para la sustitución eficaz, el subdesarrollo equivale a no agregar valor. Además estas agroindustrias tienen que ser propiedad cooperativa del campesinado.

 

9. La agroindustria también garantiza reducir el volumen del producto, y así que los ingresos campesinos no se diluyan en el transporte hasta una fábrica citadina.

 

10. La estabilidad y seguridad de precios que cubren los costos en los cultivos de uso ilícito, se deberá conseguir en cualquier plan de sustitución.

 

La Reforma Rural Integral, podrá beneficiar a las familias con cultivos de uso ilícito, cuando se neutralicen paramilitarismo y narcotráfico, sino estos sabotearan la sustitución con dinero o violencia. También saboteará el neoliberalismo, al hacer competir a nuestros campesinos vs. granjeros norteamericanos y europeos subsidiados.

 

La demanda mundial de cocaína se suple con la oferta de los tres países productores. De eliminar alguna de estas ofertas, aparecería en otro lugar, porque al estar prohibida su producción genera ganancias extraordinarias y violencia. Así que toda solución será parcial, mientras no se regule democráticamente el mercado. La sustitución voluntaria campesina tendrá que enfrentar estos riesgos.

 

 

 

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Bolivia, Colombia y Perú son los principales productores mundiales de coca y también de su derivado ilegal, la cocaína.
El número de hectáreas sembradas pasó de 69.000 a 96.000, una de las cifras más altas de los últimos años

 

Nuevamente Colombia registra un amento en el número de cultivos ilícitos. En los últimos tres años las cifras han mostrado un crecimiento constante. Entre 2014 y 2015, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), hubo un incremento del 39% en hectáreas sembradas. La cifra pasó de 69.000 a 96.000. Un número comparable con el que se registró en el año 2007, cuando llegó a 99.000 hectáreas. Una de las más altas en la historia reciente del país.

 

Para el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la explicación al crecimiento de los cultivos de coca se debe principalmente a la suspensión de la fumigación aérea y a factores climáticos. Según Villegas, la nueva política antidrogas tendrá como misión la disminución y erradicación de estas plantaciones, a través de la creación de nuevos comandos contra el narcotráfico y el aumento de 16 a 60 de los grupos de erradicación manual, sobre la que aseguró que se están probando nuevos métodos. Según el Ministerio de Defensa, en el primer semestre de este año se han incautado más de 160 toneladas de cocaína, destruido 3.000 laboratorios y suprimidas 10.178 hectáreas, de las 16.000 que se tienen proyectadas para antes de que termine el 2016.

 

Las cifras, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen unos meses después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), un órgano que integran ministros y otros funcionarios del Estado, autorizó el uso del glifosato para fumigar cultivos ilícitos pero solo de forma terrestre. Un año antes, la misma instancia había determinado que no se podría usar de ninguna manera, pero ante el aumento de cultivos tuvo que revertir la decisión. La fumigación bajó de 50.554 hectáreas en el 2014 a 28.075 en el año siguiente.

 

El informe señala que cinco departamentos, de los 23 afectados por cultivo de coca, tienen el 81% del área sembrada y en solo un municipio de estos (Tumaco, en Nariño) hay al menos 16.000, que representa el 17% de lo que se produce en todo el país, en donde del 2013 al 2104 pasó de 48.189 hectáreas a 64.132. “Esto indica que a pesar del fuerte incremento del área sembrada, las comunidades afectadas deben seguir siendo las mismas”, apunta la ONU, que también registra que tres departamentos están libres de coca. Caldas, La Guajira y Cundinamarca completan cuatro años sin cultivos.

 

“Al suscribirse el acuerdo final con las FARC, los temas relacionados con narcotráfico deberán registrar progresivamente un mejor desempeño”, dijo Villegas, al referirse a uno de los compromisos que ha asumido esta guerrilla en el marco de los diálogos de paz y que se trata de la erradicación por de cultivos en zonas donde han tenido influencia. En Briceño (Antioquia) se adelanta un plan piloto para ello.

 

 

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"En Colombia tenemos unas 20.000 mujeres presas por delitos de narcotráfico que no son violentos”
Marta Restrepo, de la Red Feminista Antimilitarista, deshoja la lógica a la que ha respondido la política antidrogas en Colombia y describe los avances que supondrían los acuerdos de paz que se están negociando en La Habana.

 

Una sonrisa cómplice asoma en la cara de Marta Restrepo mientras va deshojando la lógica a la que ha respondido la política antidrogas en Colombia. La integrante de la Red Feminista Antimilitarista expone que tras la lucha por erradicar los cultivos ilícitos se esconde el combate a la insurgencia armada y, tras éste, la codicia de las multinacionales por los recursos del país.


Esa táctica de perseguir las plantaciones en el campo, junto con la persecución al microtráfico en las ciudades, hace que quienes terminan en la cárcel sean los eslabones más débiles de la cadena, fácilmente sustituibles. Así se explica cómo las millonarias inversiones en esta lucha apenas rozan la estructura en la que se fundamenta el negocio, la de los grandes narcotraficantes, los del lavado de dinero, los que entran y salen del país sin despeinarse y le hablan de tú a la clase política, indudable cómplice.


Restrepo habla de cómo las mujeres ocupan los peldaños inferiores en la jerarquía laboral del narcotráfico, lo que las convierte en las más expuestas, las que menos beneficios obtienen y las que con mayor asiduidad terminan entre rejas.


Pero todo esto está empezando a transformarse tenuemente. Vibra la esperanza en su rostro cuando afirma que los acuerdos de paz que están siendo negociados en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP dibujan la posibilidad de un cambio de escenario en el modelo de persecución a las drogas.


¿Cuál ha sido el modelo de persecución a las drogas en Colombia?


Es imposible no ver la historia del combate a las drogas en Colombia en una relación de dependencia hacia los Estados Unidos porque, básicamente, las políticas antidrogas en Colombia han sido un mandato producto de una supuesta vía de cooperación entre Estados. Los intereses que han primado realmente son los que los Estados Unidos tienen en ese combate.


En Colombia, esa política antidrogas ha estado fundamentalmente ligada a una problemática contrainsurgente. Es una práctica militarista que privilegia el control territorial militar más que perseguir realmente el negocio transnacional, que significa perseguir a los que fabrican los químicos con los que se modifica la pasta de coca, perseguir el lavado de capitales, la plata que sale hacia los paraísos fiscales o la relación entre políticos y narcotráfico. Es más fácil desarrollar esa política sobre la vía de la erradicación del cultivo, que pone de inmediato el militarismo en el territorio rural, en donde se ha librado históricamente la guerra de guerrillas que vive este país.


El componente de la política antidrogas, que en su momento se llamó el Plan Colombia, siempre decía que había un componente militar y un componente social. Por un lado se fumigaba químicamente con glifosato y supuestamente se intervenía socialmente para que esas comunidades transitaran hacia otra economía. Realmente eso nunca se dio. Además, esa lucha antidrogas se desentendió de una política de salud pública en el territorio colombiano para disminuir el consumo. Entonces encontramos una guerra militarista en el territorio y un aumento del consumo y el microtráfico en la ciudad.


¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en Colombia?


Colombia tiene aguas en dos mares, es el país con mayor biodiversidad del mundo, tiene agua dulce, tiene minería, tiene petróleo, tiene carbón... tiene todo. Entonces el suelo de Colombia es de importancia estratégica para los Estados Unidos en términos de poder acceder a su riqueza mediante las multinacionales.


Hasta 2010 hubo un plan por el que los Estados Unidos establecen cinco bases militares. Eso no sucede sino en campos de guerra. Estados Unidos pensó que la derrota militar de la insurgencia era estratégica para poder acceder a ese territorio que todavía, de alguna manera, las insurgencias custodian. Por supuesto, cada vez menos. No es lo mismo la insurgencia antes del Plan Colombia que la de ahora.


Esa cooperación militar significó traer tropas, dinero, armas, inteligencia militar y generó muchas pérdidas a las FARC, pero todo eso venía enmascarado como un plan de cooperación antidrogas. No en una intervención directa como en el caso de los contras nicaragüenses o Iraq, que fuimos porque allá había una guerra y había que perseguir a unos rebeldes y matarlos. Aquí ellos nunca dijeron eso. Ni el Congreso colombiano habría aprobado eso. Se presentó un plan de cooperación técnica, militar y social para erradicar el narcotráfico a una sociedad que había vivido los 80 y 90 asfixiada por la criminalidad del narcotráfico.


Desde el Gobierno también se ha acusado a la guerrilla de dedicarse al narcotráfico.


La teoría de los gobiernos colombianos siempre ha sido que la guerra se financia con el dinero del narcotráfico. Ese argumento ha sido el combustible de la guerra, pero eso no siempre fue así. La presencia de las insurgencias en el tráfico de drogas no es de más de 50 años de guerra. Sólo que, como esos territorios rurales siempre han estado en disputa, los impuestos, el efectivo, han estado mediados por quien tiene el control del territorio, en algún momento las insurgencias o los paramilitares y en otros territorios exclusivamente los narcotraficantes, sin ninguna afiliación ideológica. Pero es una realidad de subsistencia en el territorio. Es el negocio del momento, el negocio que es posible por el empobrecimiento del campo, por los tratados de libre comercio. El campesinado no encuentra qué hacer.


¿Por qué se persiguen los delitos menores y no los delitos estructurales vinculados al narcotráfico?


Porque en Colombia es imposible mirar el mantenimiento, el auge y el crecimiento de los cultivos y del narcotráfico y lo exitoso del negocio si no entiendes que hay políticos detrás, que hay corrupción, que hay financiación de campañas electorales, que hay cambio de leyes. No se puede entender que haya crecido una mafia sin una relación con la política. Y eso no es exclusivo nuestro, una mafia sin políticos es imposible.


Dentro de esta lógica, ¿quiénes van a las cárceles colombianas por narcotráfico?


Cuando cogen un laboratorio, toman presas a personas que hacen diferentes trabajos. En el narcotráfico hay una división del trabajo y también es sexual. Está el químico, el raspachín y el propietario del pedacito de tierra.


El raspachín es el que siembra la mata, la saca, la pisa, y ahí entra el quimiquero, que en muchas regiones del país son hoy mujeres, que son las que adicionan los químicos. Nos encontramos con que cocaleros, cocaleras, raspachines o quimiqueras, que son la base del trabajo productivo, son los que son encarcelados. Igual, cuando hay extinción de dominio se extingue sobre una familia campesina que son dos viejitos y hay 300 o 400 matas ahí. ¿Qué es la extinción de dominio? Si usted en su propiedad tiene un negocio de droga, yo, Estado, le quito su propiedad porque entiendo que es producto de ese negocio ilícito, pero además le llevo a la cárcel.


¿Cómo afecta este modelo de persecución a las mujeres?


En muchas regiones del país, producto de la guerra contrainsurgente, las mujeres se quedaron solas en el campo. Ellas son las que siembran, son las cocaleras. En Arauca y en Bocoa, al suroriente del país, ellas son mayoritariamente las que conforman las asociaciones cocaleras. También porque en algún momento pensaron que ser mujeres las iba a proteger de la criminalización.


En la parte urbana cada vez más se desempeñan como microtraficantes. Son las que arman, empacan y, en algunos casos, venden en una plaza o en una casa. Los hombres ocupan un lugar de cuidado, de seguridad. Al momento de hacer la persecución al microtráfico ahí están las mujeres, que están casi siempre solas porque están en un escenario de narcotráfico que ha tenido sicariato. Muchas han perdido a sus maridos por haberse enlistado militarmente en las mafias. Otras vinieron desplazadas, vienen solas porque a sus maridos los perdieron o se quedaron en la guerra. Son mujeres solas con hijos e hijas.


A esas mujeres es a las que se les aplica la extinción de dominio. Alrededor del 60% de la gente que va a la cárcel en Colombia es por drogas y, en ese porcentaje, entre el 11% y el 15% son mujeres.


En el país podemos tener alrededor de 20.000 mujeres presas por microtráfico, o sea, por delitos de narcotráfico que no son violentos, lo que quiere decir que ellas no han asesinado a nadie, no han portado un arma, no han producido un desplazamiento forzado por eso, sino que se han dedicado a vender en la plaza. Muchas de ellas en relaciones de control social territorial donde no hay otra opción. Otras, sus compañeros las meten al negocio, les dejan la mercancía para que ellas la vendan. Ellas ni siquiera saben cómo llegó ni nada, sino que son simplemente las que están detrás de una puertica, venden, entregan y reciben el dinero. Ellas no saben más del negocio porque se mantienen al margen.


Las mujeres que terminan vinculadas al microtráfico lo hacen como una salida última, por no tener la posibilidad de tener otro empleo o por ser un empleo que podría representar algún nivel de autonomía y que está asociado con la necesidad de estar en casa y cuidar a los hijos e hijas porque no hay nadie más que apoye en el cuidado.


Dices que muchas acaban en prisión, ¿el encarcelamiento les afecta de manera diferente?


Lo que sigue pareciendo para esta sociedad natural es que exclusivamente las mujeres se hacen cargo de las familias. Si las mujeres llevan la carga de la familia, al ponerlas en la cárcel eso pone en mayor vulnerabilidad al resto del grupo familiar. Como ella era la única fuente de ingreso, puede que miembros más jóvenes de su familia se desplieguen hacia esa o cualquier otra actividad ilegal o que ella, desde la cárcel, tenga que estar en constante preocupación por sus hijos e hijas.


Además, a veces también fue delatada porque es más fácil entregar a esta mujer, que con eso damos un positivo (una captura falsa) en la policía, y la policía muestra la gran captura, pero ella es la más débil de la cadena. El más grande de la cadena, el que acumula, el que viaja entre París, Nueva York, Argentina, Brasil, Chile..., ése no, ése además puede salir del país todas las veces que quiera.


Las mujeres están confinadas territorialmente en una casa, y ahí está su mayor vulnerabilidad porque, aunque supuestamente han cometido un delito que atenta contra la salud pública, son mujeres sin ningún poder en lo social.


Ese tipo de cosas hace que el castigo que se produce sobre las mujeres sea absolutamente desproporcionado. La política antidrogas de persecución al microtráfico en Colombia, además de que ya de por sí es injusta, representa una desproporción en términos de la aplicación de justicia y eso constituye una vulneración de derechos humanos de parte del Estado colombiano.


Eso tiene que cambiar, tendría que ser abolida esa persecución. Todos esos recursos en la persecución del microtráfico y ese silencio respecto a los grandes responsables, lo que hacen es que toda la cadena crezca, pero además se abandona una política de salud pública que respete los derechos de los consumidores y las consumidoras y que tienda cada vez más hacia un escenario de regularización.


Existen varios puntos en los acuerdos de paz que se han firmado entre el gobierno y las FARC-EP donde se abordan aspectos relativos a las drogas ilícitas. ¿Qué aportan a esta problemática?


El acuerdo de tierras aporta en tanto que nombra por primera vez la necesidad de subsidiar el campo colombiano. Esto es que el campesinado pueda sostenerse cultivando los alimentos que necesitamos para vivir, siendo la pertenencia de la tierra del campesinado. Eso es un elemento que sería vital para no tener que depender del cultivo de la coca y de la amapola. Que la vida campesina pueda desarrollarse en un trabajo digno que dé ingresos para el sustento familiar quita un factor de desplazamiento hacia la ciudad. Además, el acuerdo de tierras plantea programas de soberanía alimentaria. En el campo colombiano se podrían producir todos los nutrientes para alimentar a un ser humano, pero no sucede así.


¿Este acuerdo de tierras hace alguna referencia explícita a las mujeres?


En el acuerdo se plantea la titulación de la tierra como un patrimonio de familia, favoreciendo la devolución y la titulación de tierras a quienes la han habitado, privilegiando que eso se haga a nombre de las mujeres. Siempre han sido las mujeres las que más siembran el pancoger (cultivos que satisfacen parte de las necesidad alimenticias) para la autonomía familiar. A la mujer le cuesta más asalariarse en el jornal en el campo porque sólo lo puede hacer como empleada doméstica. En cambio, el hombre se puede vender a múltiples tareas.


El acuerdo tiene una dificultad, y es la expansión del agronegocio, de que las personas, si no hay todo lo demás coadyuvante, prefieran vender la tierra al agronegocio y venirse a la ciudad. Eso puede ser si la identidad o el arraigo campesino no se protegen, protegiendo el territorio de nuevos hechos de violencia, de control militar y si se hace todo lo que el acuerdo pide en términos de inversión en el campo. El acuerdo dice que en el campo tiene que haber salud, educación, electrificación, vías. Eso sería un coadyuvante.


Además del acuerdo de tierras, ¿en qué aportan los acuerdos?


En el específico de drogas plantea que en las zonas donde hay coca se va a hacer un proceso de sustitución. No se va a fumigar más, no se va a llevar cuadrillas a que arranquen, sino que los cocaleros y las cocaleras van a poder decidir planes municipales participativos para la erradicación. Ya no vendrá un gran plan nacional, sino que las comunidades, de acuerdo a su realidad, se organizarán, pactarán un plan con el Estado colombiano con unas metas y desarrollarán ese proceso de sustitución. El cambio fundamental es que habrá participación, se convierte al cocalero o cocalera en un actor político para el campo. Eso es vital.


El otro componente que tiene es el de la salud pública con un cambio del tratamiento a los y las consumidoras. El acuerdo es muy enunciativo, habrá que ver cómo se aterriza en transformaciones jurídicas, institucionales y políticas, que es donde nos toca hacer la fuerza.


¿Ya no se va a perseguir a quienes cultivan coca?


No, es más, ya se viene haciendo en el sur del país el plan piloto de sustitución. Tienen que ver cómo funciona la cooperación insurgencia-Estado-comunidades. El año pasado hubo un encuentro de unos 350 cocaleros y cocaleras que se reunieron por primera vez de manera pública a pensarse, y ellos son los que producen gran parte del insumo que va a la mesa de negociación. Fue importante que salieran a nombrarse como cocaleros y cocaleras. Eso en Colombia no se había dado antes, eran criminales. Fue con el apoyo de una fundación internacional, Open Society, la de George Soros, el mecenas estadounidense. Él fue el que financió ese encuentro.


¿Esto significa que ya no se encarcelará a las cocaleras?


Las mujeres que hoy se encuentran presas porque estaban en funciones de microtráfico, cocaleras y eso, tendrán que quedar libres bajo el acuerdo de justicia.


¿De qué cifra estamos hablando?


Estamos hablando de que podrían salir más de 20.000 mujeres. Con los análisis que hemos hecho con compañeras y compañeros del acuerdo de justicia, calculamos que en un término de dos años podrían salir de la cárcel unas 40.000 personas. Eso incluiría a muchas mujeres que están como insurgentes por ser cocaleras. En prisiones hay 17.000 mujeres por delitos asociados al narcotráfico. Lo que ahora están estableciendo es cuántas de ésas son asociadas al delito de rebelión. Pero las otras, que no tienen ninguna relación con la insurgencia, se dice que habrá un cambio en la política en la que ese delito no será objeto de prisión.


¿Será penado de otra manera?


Lo que pasa es que si cambia la política yo ya no voy a seguir persiguiendo el microtráfico. Yo me voy a ir a las estructuras criminales que sé dónde cruzan, que sé por dónde sacan la droga, por el mar, las que mueven grandes capitales, yo me voy a ir a perseguir eso. Y si además hago un pacto y cada vez tiendo más a la liberación regulada, pues eso ya no va a ser tan buen negocio, entonces cada vez voy a tener menos gente que quiera ser parte de eso porque ya no va a ser rentable.

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La historia no contada de los narcotraficantes en EEUU

Cuando se habla de vendedores de droga en los Estados Unidos, es habitual representarlos como afroamericanos, latinos, europeos del este u otro tipo de las llamadas “minorías”. Pero la realidad no la construyen los estereotipos de Hollywood o HBO. La apariencia de los traficantes estadounidenses es muy distinta.


En general se trata de personas de tez blanca, con ojos azules, vestidos con ropa casual o deportiva. También hay madres de familia, a veces con hijos pequeños, y muchas veces negociantes o empresarios locales. Son personas discretas, que no despiertan sospechas de la policía y muchas veces tampoco de sus vecinos o amigos.


El negocio incluye, además, a pandillas locales o delincuentes menores. Esta es la realidad del narcotráfico en Estados Unidos y que revela el libro Narcos Gringos, del periodista Jesús Esquivel.


El documento muestra las redes que distribuyen drogas como marihuana, cocaína, anfetaminas y heroína en casi todas las ciudades de ese país. Y a diferencia de la percepción que reflejan la mayoría de los medios de comunicación de EE.UU., el problema no son sólo los carteles mexicanos.


“Una vez que cruzan la frontera las drogas no se venden solas, no se reparten solas”, dice el autor del libro. “No es tan fácil como bajar a la frontera, alguien tiene que repartirlas, empaquetarlas, transportarlas”. Ese “alguien” suelen ser ciudadanos estadounidenses.


Los carteles y los vendedores

Muchos en América Latina, y en México especialmente, están convencidos de que los verdaderos grandes capos de las drogas se encuentran en Estados Unidos.


Actualmente en EE.UU. no existen grandes carteles como los mexicanos o colombianos. Tampoco, como sucede en Latinoamérica, los traficantes operan para una sola organización.


De hecho los distribuidores locales son independientes, y pueden trabajar con carteles distintos o con varios al mismo tiempo, según se explica en el libro.


“Muchos ni siquiera saben para qué grupo están trabajando, pero sin los carteles de América Latina y los mexicanos para ser específicos, los narcos gringos no existirían”, afirma Esquivel. “Sin las rutas que conocen los carteles mexicanos, su sistema de transporte y sin la técnicas de cómo distribuir, empaquetar y dividir las drogas no podrían funcionar ni ser tan exitosos como son”, añade.


Aunque en Estados Unidos operan varias organizaciones de narcotráfico, en los últimos años la que ha cobrado más fuerza es el Cartel de Sinaloa.


El grupo fundado entre otros por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, es el principal proveedor de heroína, marihuana y anfetaminas según autoridades de ese país.


Los verdaderos beneficiados son los estadounidenses

Según la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, un kilo de cocaína en Tijuana, México, cuesta unos 10 mil dólares, pero al cruzar a San Diego, California, a unos kilómetros de distancia, aumenta el doble.


Cuando llegan a las grandes ciudades en la zona norte del país, el precio supera los 30 mil dólares, incluso puede aumentar hasta cuatro veces, según la pureza la mercancía.


Pero en esta parte del proceso todas las ganancias son para los estadounidenses, pues los carteles proveedores ya recibieron su pago, de ahí que los más beneficiados del vicio que mata a millones de personas y genera tanta violencia son los “gringos”, como le llama el autor del libro.

“Contratan a mujeres anglosajonas jóvenes, rubias y con niños que manejan una Minivan (camioneta tipo SUV) y transportan dinero en efectivo del narcotráfico”, explica Esquivel. “A los ojos de cualquier policía que vaya una señora manejando en una autopista a la velocidad adecuada no le causa sospecha”.


Pero si la conductora es una mujer latina o afroamericana la reacción es muy distinta: son inmediatamente interrogadas y sus vehículos revisados.


La corrupción que lo permite

El flujo de efectivo les permite a los narcos de los Estados Unidos comprar armas de guerra, contratar sicarios, policías y autoridades. Es una de las razones por las que en México, y otros países de América Latina, se insiste en la responsabilidad de Estados Unidos en la existencia del narcotráfico.


(Con información de BBC/ Cubadebate)

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Viernes, 17 Junio 2016 07:27

Que el dolor no nos apague la rabia

Que el dolor no nos apague la rabia

 

De ser “la ciudad de Pablo Escobar” a ser premiada internacionalmente por su urbanización. De ser la ciudad de la violencia a considerarse la ciudad de la “convivencia”. En Medellín, el sórdido dominio paramilitar no logra apagar la resistencia y la construcción.

 

—¡Párese! –grita el policía del otro lado del andén.

Me paro. Tengo hambre. Saco un pan de queso que tenía en la mochila. Pasa un minuto y se acercan dos policías agresivos.

—Guarde eso ya –me dice. Yo lo miro perplejo.

—¿Qué hace acá? Ya pasaron como diez trenes. ¿No sabe que el tiempo de espera es de dos?

—No.

—Debe tomarse el próximo metro sí o sí.

 

En la “cultura metro” hay una asepsia que lo prohíbe todo. En el metro de Medellín te regalan libros, buenos, pero no se puede comer. Ni tomar agua. Ni sentarse en el piso. Ni esperar a una amiga.

 

—La sociedad está siendo pensada para turistas. Todo apunta a la privatización, a eliminar a los ciudadanos del espacio público –había dicho Bibiana Ramírez, mi amiga periodista, en el “aeropuerto” de la Universidad de Antioquia, como llaman al parque donde los jóvenes universitarios van a “despegar”. Es decir, a tomar cocaína, fumar porro, tomar cerveza y tocar la guitarra. Para entrar a “la U”, la pública, hay que pasar por unos molinetes y, en algunos casos, como el mío, ignorar el llamado del vigilante que pedía mi identificación.

 

—Es lo que llaman el “urbanismo social”: poner escaleras mecánicas para subir a una comunidad donde la gente tiene la heladera vacía. O que el piso de un parque sea de un material que conserva el calor para que la gente de la calle no se siente, o los marihuaneros no vayan a dar sus pitadas ahí–dice Henry, con marcado acento paisa, pelo largo, caravanas, un Pielroja humeando entre los dedos y un tatuaje que dice “La palabra es un arma”.

 

Esa macroimposición de la buena ciudadanía le tocó en casa, a nivel micro. Trabajó mucho tiempo en una fábrica de ropa, pero se hartó. Su madre le decía que se cortara el pelo, que se sacara las caravanas, que se pusiera a trabajar en algo serio y no en esas pendejadas con esos peludos. Y, en buenos términos, pero se fue. Ahora vive en la casa de la Red Popular Caminando la Palabra, un colectivo que integra el Congreso de los Pueblos, un movimiento de carácter nacional que surgió en el año 2013 y nuclea a organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles y urbanas de todo el país. Junto a Marcha Patriótica lideran gran parte del movimiento social organizado colombiano. Y se lo disputan también.

 

Júnior, acento costeño, que había dicho al pasar que nadie puede ser revolucionario sin haber escuchado a Evaristo –vocalista de la Polla Records–, piensa y se pregunta por qué el movimiento Congreso no va al paro cuando para Marcha, y por qué el movimiento Marcha no va al paro cuando lo hace Congreso. Se trata de los dos movimientos sociales y políticos más importantes del país.

 

—Uno se tiene que cuidar mucho, porque esta es una ciudad con una cultura narco y paramilitar muy fuerte. Uno no puede llegar a los barrios gritando que va a hacer la revolución, no puede ser mamerto, tiene que trabajar de a poquito, formando, discutiendo, construyendo –dice Henry, y habla de los principios zapatistas, de eso de mandar obedeciendo.

 

Tienen una impresora para imprimir en grande y hacen serigrafía. Están como locos estampando banderas para el paro nacional que comienza en unos días, y piensan que ese “camello”, como llaman a las “changas”, puede servirles para mantenerse. Y piensan en formar Estampado Sinpa, estampado sin patrón. Acá se desayuna fuerte. Hoy dos arepas con huevo, cebolla y tomate, arroz, y un vaso de agüita de panela caliente. Sobre el fogón hay una olla eléctrica para preparar arroz.

 

—Producíamos el 70 por ciento del arroz que comemos. Hoy ya casi nada–dice con un dejo de desolación mientras revuelve el arroz en el plato.

 

 
La trece.

 

Un encapuchado camina al frente de tropas militares, señalando. Vecinos desesperados toman las calles agitando sábanas blancas. La imagen se repite en las ventanas. Las balas atraviesan los cuerpos y los helicópteros sobrevuelan la Comuna 13 de Medellín, que irónicamente se formó con puebladas que escapaban de la violencia. Tirando a mansalva, el Ejército colombiano avanzó con la excusa de combatir las milicias urbanas de las guerrillas, haciendo una matanza atroz. Era el año 2002.

 

—Yo pienso que a estas personas hay que perdonarlas, sin olvidar lo que nos han hecho –dice doña Blanca, cuando se cumplen 14 años de la masacre y hay conmemoración en la biblioteca de la 13.

 

Tiene tres hijos asesinados y un sobrino desaparecido.

 

—Uno con rabia no es capaz de llegar a ningún lado. Si no perdonamos no seremos capaces de alcanzar la paz interna, para seguir luchando por nuestro objetivo, que es que aparezcan nuestros desaparecidos –insiste.

 

—Para mí no existe el perdón. Yo no estoy de acuerdo. Con el perdón no se arregla todo. El dolor que nos han hecho es para toda la vida. Aquí estamos y estaremos siempre presentes, con nuestra rabia –dice doña Berta–. Por cosas del Estado me lo arrebataron, y no lo dejaron disfrutar su vida –dice sobre Jorge Alexander, su hijo.

 

Estas madres, nucleadas en Mujeres Caminando por la Verdad, quieren justamente eso: verdad. Quieren saber por qué lo hicieron. Justicia y reparación. Dignidad. Llorar a sus muertos. Quieren a sus desaparecidos. Y tienen certeza de que están en La Escombrera, un botadero de basura y escombros ubicado en lo alto de la comuna. No solamente de perdón habla Blanca:

 

—Seguiremos resistiendo. Todavía somos seres humanos, y de aquí no nos vamos.

 

 

El Bello Oriente.

 

“Le digo por si quiere ver la ciudad desde arriba.” En la montaña de Bello Oriente, en la Comuna 3, todo es allá arriba o allá abajo: “Ahorita subo”, “¿Ya vas a bajar?”; aunque no parece haber ni arriba ni abajo. Más bien un heterogéneo abajo.

 

De día y desde aquí, Medellín descansa grotesca sobre un hermoso valle, y de noche la agitan súbitos rayos.

 

Arnulfo, barba larga y amabilidad perpetua, explica que Bello Oriente se fue formando con desplazados. Campesinos arrancados de los campos, afros cansados de rondar por las regiones escapando del fuego cruzado del conflicto armado, refugiados de otros barrios de Medellín. Él llegó hace 18 años.

 

El barrio también fue víctima del enfrentamiento entre las guerrillas, el Ejército y los paramilitares, que hoy decantó en el poder y control absoluto de estos últimos, como acontece en gran parte del país. Acá manejan el gas, los huevos, las arepas, el transporte, las casas de vicio y las vacunas. Pero ya no necesitan andar armados.

 

—Han ido muriendo los agresivos, y han quedado los miedosos. Los colombianos tienen miedo, desconfianza y un profundo descreimiento de la política, que es sin dudas la solución al conflicto. No quieren pertenecer, sin embargo puede que sigan a cualquier fascista con sombrero de campesino, que al mismo tiempo sea el paraco más hijo ’e puta –dice Pino, jovencito, vecino. “Paraco” es un término coloquial y a la vez despectivo para hablar de los paramilitares.

 

En Bello Oriente hay huertas colectivas, y los lunes hay “minga”, es decir, trabajo colectivo. Allí las vecinas van a las huertas de otras vecinas a compartir las tareas. Por eso Arnulfo prefiere hablar de “econuestra” y no de “economía”.

 

La mayoría de los habitantes del barrio salen todos los días al “rebusque”, salen a laborar en lo que haya, épica y amarga realidad de cualquiera de nuestras periferias.

 

El Estado insistía en que Bello Oriente era una “zona de alto riesgo no recuperable”, pero el proyecto de los jardines de circunvalación, que busca generar “parques” en los bordes montañosos de la ciudad, como diciendo “hasta acá llega”, le devolvió una especie de validez burocrática.

 

En Bello Oriente los vecinos buscan fortalecer el intercambio con otras comunidades, de semillas, experiencias, sentires. En la cima de la montaña está Casablanca, administrada por Colectivo Cultural, que trabaja desde 2009 en la comunidad. Hay instrumentos, libros, niños que corren, perros y gatos, muchas plantas. Los recursos se gestionan y obtienen en colectivo, sin el Estado. En Casablanca se toca, se baila, y se vive. Y se respetan los acuerdos toltecas: ser riguroso con la palabra, no tomarse nada personal, no hacer suposiciones y dar el máximo de cada uno.

 

—Acá hay héroes sin súper –dice Álvaro, que llega a ensayar teatro junto a su compañera, Denis.

 

En Teofanía, “la casa de todos” donde viven Arnulfo, Denis y Álvaro, cualquier lugar es una excusa para sembrar. Hay plantas en carcasas de monitores viejos, en zapatos, cascos y neumáticos. Y hay cientos de botellas de plástico con desechos de nailon adentro, con las que es posible hacer casas. A Teofanía puede llegar el vecino, de 12 años, a pedir una escalera para martillar quién sabe qué en el techo de su casa, o dos gurises a escuchar reggaetón en el entrepiso de madera. En Teofanía hay una ludo-biblioteca y hay cabras.

 

—A veces sueño con vivir todo el día con ellas –dice Arnulfo mientras las ordeña junto a Rubiela y Bibian. Les habla, las alimenta y las imita. Teofanía es un cúmulo de ensayos y errores, de tiempo condensado. Una imperfección. Resistencia y creación.

 

—¿De qué color es la vida? –le había preguntado Arnulfo una vez a Bibian. Y se había contestado él mismo–: Amarillo, verdetodo, y “asulado”.

 

 

La Barca

 

—¡Este pueblo no tiene pantalones! –había escuchado Bernardo al pasar, de boca de alguien que caminaba solo en la noche.

 

Mientras tomaba café en un pueblito llamado Fredonia, al suroeste de Antioquia, y escribía en unas hojitas sueltas, vio entrar en el bar a un hombre con un cuchillo. Un “mataganao”.


—Lo voy a matar a usted y también a su señora.
—¿Qué, a nosotros? ¿Por qué?
—Pues porque le están dando brebaje al pueblo para engañarlo.
El café voló y Bernardo consiguió correr y atravesar la plaza del pueblo, hasta entrar en la comisaría.
—Suelte el cuchillo, señor juez –dijo el comisario, que salió a ver lo que pasaba.

 

No es la primera vez que ocurre algo así con La Barca de los Locos, el grupo de teatro que sostienen Bernardo Ángel y Lucía Agudelo. En una universidad, un rector “al que se le saltaba la corbata de la rabia”, ya le había dicho a Bernardo: “Te voy a hacer comer las huevas, hijo ’e puta”, mientras presentaban la obra Aúllan los lobos, que incluye cuerpos desnudos y banderas de Colombia frotándose en ellos.

 

Ahora, en esta tarde en el parque Bolívar –donde se presentan todos los jueves–, un policía mueve los brazos cual jugador de fútbol, otro al lado se rasca la pierna y un tercero toca la guitarra. Allá, y ahora acá, donde Lucía hace precalentamiento para la función, Bernardo saluda y dice:

 

—El otro día escuchaba unas reflexiones de Almódovar en las que decía que lo aterraba absolutamente llegar a viejo, al momento en que el cuerpo se rompe, se hace pedazos. Y nosotros estamos aquí para eso, exorcizando. Gritando: ¡Paren esto!

 

—¿Y por qué la plaza?

 

—Para resistir con el cuerpo, que es lo único que tenemos. Espacio y cuerpo. En un teatro convencional la gente va predispuesta a lo que va a ver. Va cierto tipo de gente y va en la pose de intelectual. Acá hay que tomar el espacio a nivel mental, hay que conquistar al público, porque ahí se empieza a construir la libertad. Este es el lugar para hacerlo, con todas las dificultades que pueda tener. No hay otra tierra prometida.

 

Están desde 1985 en el parque Bolívar. Bernardo dice tener escritas unas 150 obras, pero hasta el momento montaron unas 15. Para él el teatro es anárquico, sin autoridad, incandescente, cuestionador. Dice que está hecho de palabras, pero adora el silencio. Dentro de esas palabras está Artaud, que le enseñó que el teatro debe cambiar cada noche.

 

“Estamos en la no razón, no somos la verdad, pero somos auténticos, antes que todo el teatro es sinceridad, es encontrar que los textos que uno está presentando tienen que ver con su vida, que no hay distancia entre lo que uno está diciendo y lo que uno realiza cada día”, dice Lucía en Palabras de fuego, el documental sobre La Barca de los Locos que Bibiana hizo junto a otros compañeros. Y agrega: “El teatro nace en las oscuridades, en lo que la gente rechaza”.

 

—Vivimos en una sociedad moralista, cerrada, hipócrita. Somos gobernados por capataces, pequeños tiranos con mentes ganaderas. Pero hay rebeldía que se mueve. Que nos lleva a buscar cambios, sentidos de libertad –dice Bernardo, mientras guarda su espada en el bolso.

 

Medellín es una ciudad paramilitar. Es la cuna del ultraderechista ex presidente Álvaro Uribe. Es la ciudad del mito de Pablo Escobar y de la realidad del tráfico. Pero es también un enjambre de resistencias en ebullición, como toda Colombia.

 

— Es que aquí también estamos rodeados de gente fantástica –dice Bibiana.

 

 

 

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Miembros de la Policía Militar de Brasil en el Complejo de la Maré.
 
A medida que se acerca la fecha de inauguración de los Juegos Olímpicos, la violencia aumenta en estas comunidades. La Policía Militar custodia los 'morros' cariocas mientras las violaciones de derechos humanos se multiplican.
 

 

RÍO DE JANEIRO.- Mientras algunos cuentan los días para ver a los astros olímpicos saltar a las arenas de Río 2016, una gran parte de la población está asustada. Las personas que viven en los morros (cerros), en las famosas, y últimamente hasta turísticas favelas, sabe lo que les espera cuando un gran evento internacional llega a la ciudad.

 

Cuando se jugaron los Panamericanos de Río de Janeiro en 2007, fue el año más violento de la última década en la capital carioca. La Policía Militar asesinó a 1.330 personas en acciones que fueron catalogadas como "derivadas de la intervención policial", algo así como homicidios en defensa propia. También fue el año de la conocida “Matanza del Pan” (en referencia a estos Juegos) que surgió de una operación policial en la favela del Complejo del Alemán donde se registró el asesinato de 19 jóvenes (once de ellos no tenían que ver con el tráfico de drogas), aunque los cálculos extraoficiales hablaban de al menos cuarenta muertos.


Río de Janeiro es el Estado que históricamente tiene las tasas más altas de letalidad en el transcurso de las operaciones policiales. En los últimos 10 años las cifras ascienden a un total de 8.000 personas asesinadas durante la invasión de las favelas. Según datos de Amnistía Internacional, en los últimos seis años la Policía carioca ha sido responsable de entre un 13% y un 21% de los asesinatos totales de la ciudad. En 2015 una de cada cinco personas fallecidas murió por “homicidio derivado de acción policial”. El presidente de Amnistía Internacional Brasil, Atila Roque, advierte de que ese número “podría ser más elevado” ya que muchos de los asesinatos son registrados como “homicidios”, una etiqueta genérica que sirve para no culpar a las fuerzas de seguridad. Eso fue lo que sucedió con el menor de apenas 10 años, Eduardo Jesús, asesinado por la Policía en abril de 2015 en la puerta de su casa, mientras esperaba que su hermana volviera de la escuela: “Así como maté a tu hijo puedo matarte a ti también, porque él era un hijo de bandido”, le espetó el policía a la madre de Eduardo Jesús, mientras ella le gritaba desesperada.

 

La Copa del Mundo de 2014 también trajo consigo un disparo en la tasa de homicidios “derivados de acción policial”. En Río de Janeiro subió un 40% y en Sao Paulo llegó a aumentar un 80%. El Complejo de la Maré, una comunidad formada por 16 favelas cariocas donde viven alrededor de 140.000 personas, fue invadida por la Policía Militar poco antes de que empezara el Mundial. La previsión inicial era que se quedaran mientras durara el evento, pero los militares no se marcharon hasta un año después. Los habitantes de la comunidad denunciaron todo tipo de abusos desde asesinatos extra judiciales, palizas, invasiones de sus casas en las que se incluía el robo de objetos y dinero bajo amenaza de fusil.

 


Militarización de las favelas


La Policía Militar abandonó el Complejo de la Maré en julio de 2015 y en estos días está a punto de volver. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro, Jose Mariano Beltrame, anunció que 60.000 policías y 20.000 militares ocuparían la ciudad para actuar durante los Juegos Olímpicos. No apuntó cuántos de ellos subirían a las favelas, ni tampoco dejó claro cuánto tiempo se quedarían allí, pero a medida que se acerca la fecha las operaciones policiales han aumentado. En las primeras semanas de abril al menos once personas fueron asesinadas en el Complejo del Alemán y otras tantas (no hay datos hasta el momento) fueron heridas después de horas de disparos en la zona. En mayo fueron las favelas de Jacarezinho, Manguinho, Acari y una vez más el Complejo del Alemán, donde murieron otra decena de vecinos en el intercambio de tiros entre Policía y facciones del tráfico de drogas, entre ellos un menor de cinco años que también jugaba en la puerta de su casa cuando le alcanzó la bala.


Las políticas de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro se basan en la militarización de las favelas. Por un lado desde las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) y por otro, desde las operaciones de guerra con tanques y armas letales. La diferencia entre ambos tipos de control policial apenas existe: “Las UPP eran una buena idea y se convirtieron en un fracaso porque no trabajan como policía comunitaria sino como unidades militarizadas de control y represión”, cuenta a Público, Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.

 

Después de diez años de UPP el balance de los vecinos es desalentador: “Los militares que suben son muy jóvenes, sin experiencia, se ponen a pegar tiros en cualquier momento, entran en nuestras casas, nos roban, nos amenazan, es una pesadilla”, denuncia Irone Santiago, cuyo hijo fue tiroteado por la Policía y hoy se encuentra parapléjico y con una pierna amputada. “Tenemos miedo y vivimos con ansiedad porque sabemos que en cualquier momento van a subir y volveremos a vivir bajo tiros”, dice Santiago, habitante de la favela de la Maré desde hace más de treinta años.


El pasado mes de abril el secretario de Seguridad, José Mariano Beltrame, advirtió que quien “se atreva a disparar a un policía va a recibir un tiro”. La polémica frase la dijo tras el entierro de un miembro del BOPE (Batallón de Operaciones Espaciales que sube a las favelas) asesinado por narcotraficantes en el transcurso de una operación. Las muertes de policías también han aumentado en un momento donde el Estado de Río de Janeiro se encuentra en quiebra total y los policías reciben sus salarios, de por sí son bastante bajos, atrasados.


“El policía por un lado es un verdugo, porque mata a una escala inaceptable, pero también es una víctima. La mayoría tienen el mismo perfil que sus víctimas, son negros o pardos, jóvenes y de origen humilde”, explica Roque. Desde Amnistía Internacional reconocen que la precariedad que sufre la Policía de Río de Janeiro por la crisis económica del Estado hace que “aumente el estrés y también la violencia”. Pero dejan claro que no pueden seguir usando argumentos para vulnerar los derechos humanos: “No puede haber un estado de excepción para justificar la seguridad en los Juegos Olímpicos”, dice Atila Roque. El presidente de Amnistía Internacional no sólo se refiere a la militarización de las favelas y el aumento de asesinatos, sino también a la nueva normativa de Ley Antiterrorista (al estilo de la Ley Mordaza) que criminaliza cualquier manifestación que se produzca en determinados puntos de la ciudad desde el 4 de junio y a lo largo de todo los Juegos Olímpicos. “Durante el Mundial fue lo mismo, hubo periodistas y activistas de derechos humanos presos e incluso heridos, no podemos permitir que nos quiten la libertad de expresión”, sentencia Roque.

 


“Soy un tipo normal”


Víctor Santiago nació en la Maré, en una de las muchas zonas de Río de Janeiro a las que el Estado no llega si no es en forma de fusil o de tanque. Insiste en que siempre fue un “hombre normal”, pagaba sus cuentas, trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde un módulo para ser técnico de seguridad. Explica todo esto para justificar “el absurdo” de lo que le sucedió la madrugada de aquel sábado de febrero de 2015. Víctor volvía a casa en el coche de un amigo cuando un primer control militar les paró para pedir documentación. Todo normal y siguieron adelante. Poco antes de llegar a su casa se toparon con un segundo control. Esta vez los militares sin intercambiar palabra comenzaron a disparar contra el vehículo. El conductor recibió un tiro y Víctor Santiago dos disparos. “Mi hijo se despidió diciéndole a mi nieta que al día siguiente la llevaría a la playa, pero sólo vino 98 días después”, cuenta la madre de Víctor, Irone Santiago, con lágrimas en los ojos. Su hijo estuvo una semana en coma, y casi tres meses hospitalizado con el pulmón perforado y sesiones de hemodiálisis. Las dos balas que recibió le dejaron parapléjico y con una pierna amputada.


A sus 30 años Santiago responsabiliza al Estado de Río de Janeiro de lo que le pasó: “Fue culpa de la incompetencia de los gobernantes que tenemos a quienes no les importamos nada”. Asegura que uno de las cosas que más le dolió fue salir del hospital en silla de ruedas y verse sin ningún tipo de ayuda: “El Estado no me ha dado ni una tirita”, repite.

 

La silla de ruedas con la que se mueve, la cama de hospital en la que pasa prácticamente las 24 horas del día y los pañales que usa para sus necesidades son donaciones de los vecinos de la comunidad. Su madre dejó su trabajo de costurera para cuidarle y se ha convertido en una activista dentro de la favela mientras lucha con poco éxito para que el caso de su hijo sea juzgado: “Tan sólo un año después de los hechos vino la Policía Federal para hacer una pericia del cuerpo de Víctor, y lo más absurdo de todo es que en el caso mi hijo constaba como testigo y no como víctima”.

 

Irone dice no tener miedo de posibles represalias, sabe que la Policía suele amenazar a los familiares de las víctimas, pero hasta ahora nadie le ha dicho nada. Asegura que como su hijo hay otras muchas personas que tienen miedo a hablar: “No se imagina la cantidad de gente mutilada que hay en la Maré, por no hablar de los asesinatos. Una vecina que tenía un comercio salió por la ventana para pedir a su ayudante que cerrara la tienda y le pegaron un tiro, así de simple. Quieren acabar con todos nosotros, no tenemos derecho a nada”.

 

 

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Domingo, 05 Junio 2016 07:11

El enredo peruano

Los candidatos a la presidencia de Perú, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, al término del debate que se realizó el pasado día 29 en la ciudad de Lima

 

En casual sincronía con las elecciones estatales mexicanas, hoy domingo los peruanos van a las urnas para decidir en balotaje quién será el presidente por los próximos cinco años, sucediendo a Ollanta Humala, quien sale cabizbajo, perseguido –él y su primera dama– por una gran impopularidad y algunos problemas judiciales.

 

En la primera vuelta del 10 de abril, Keiko Fujimori (41 años), hija del ex dictador encarcelado por matanzas, desfalco a la nación y graves violaciones a los derechos humanos, había obtenido 39.81 por ciento de los votos válidos, mientras que Pedro Pablo Kuczynski (77 años), financista neoliberal que ya fue secretario de Economía y Finanzas y jefe de gobierno en la presidencia de Alejandro Toledo (2001-2006), sólo alcanzaba 20.97 por ciento de las preferencias.

 

La arrolladora victoria de Keiko Fujimori en la primera vuelta, además de ponerla en una envidiable pole position en la carrera presidencial, ha permitido a su partido, Fuerza Popular, copar el Poder Legislativo conquistando 73 curules de las 130 del Congreso unicamaral frente a las 18 de PPK.

 

Las ocho semanas que separan la primera de la segunda vuelta electoral, caracterizadas por un duelo sin exclusión de golpes, han visto pasar mucha agua, no siempre limpia, bajo los puentes.

 

La revelación de Jesús Vásquez, ex colaborador de la Drug Enforcement Administration (DEA), de Estados Unidos, de que Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, se habría jactar con él, en una conversación telefónica grabada, de haber lavado 15 millones de dólares para la campaña de Keiko en 2011, ha caído como bomba en un contexto ya bastante polarizado.

 

Las hebras de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y narcotráfico se trenzan estrechamente alrededor de los fujimoristas y emergen independientemente de la contingencia electoral.

 

En mayo de 1996, en el avión presidencial de Alberto Fujimori, se encontraron 174 kilos de clorhidrato de cocaína, descubrimiento que llevó a la cárcel a 28 oficiales de la fuerza aérea peruana y un edecán presidencial, pero nunca llegó al propio mandatario.

 

En marzo de 2013, en un almacén del Callao, puerto de Lima, propiedad de Kenji Fujimori, hermano congresista de Keiko, fueron encontrados 91 kilos de cocaína, sin que se le persiguiera o investigara, gracias a su inmunidad parlamentaria.

 

Las recientes denuncias del piloto peruano Jesús Vásquez desde Estados Unidos, sobre el lavado de activos de Fuerza Popular, hechas, según sus declaraciones, "para que una banda criminal no llegue a controlar mi país", han destapado toda una serie de vínculos entre Joaquín Ramírez y sus familiares –en particular su millonario tío Fidel, dueño y rector de la ubicua universidad Alas Peruanas– con el mayor narcotraficante de Perú, Miguel Arévalo Ramírez, apodado Eteco.

 

La propia DEA, normalmente parca en cuanto a declaraciones, ha admitido la existencia de una investigación denominada Operation untouchables, the Arevalo drug trafficking organization, iniciada en 2011 y aún no concluida, que involucra a Joaquín Ramírez y su tío. Al mismo tiempo, quizá para no interferir directamente en el proceso electoral peruano, la agencia estadunidense ha declarado que no tiene ninguna investigación en curso que concierna a Keiko Fujimori.

 

Estas revelaciones se suman al hecho de que 11 neocongresistas de Fuerza Popular están siendo investigados –esta vez en Perú– por delitos que van de robo agravado a falsedad ideológica, pasando por el lavado de activos. Por este último ilícito, un fiscal peruano está indagando a la propia candidata presidencial y su marido.

 

Para completar un enredo digno de la pluma de Leonardo Sciascia, unos días después del provisorio alejamiento de Joaquín Ramírez, segundo a bordo, de la secretaría del partido –un "paso al costado", dado con mucha demora–, un programa televisivo irónicamente titulado Las cosas como son difundía el audio de una llamada entre Jesús Vásquez y un conocido suyo en el cual el ex informante de la DEA parecía desmentir las revelaciones sobre el lavado de activos de Keiko Fujimori. Pena que la grabación de la llamada, evidentemente auténtica, había sido groseramente manipulada, borrando la frase clave: "Es que no es falso. Todo es verdad".

 

La innoble triquiñuela, que a muchos ha hecho recordar las falsificaciones y la compra de medios practicadas en la década de la dictadura fujimorista, ha logrado embarrar a José Chlimper, empresario que ha asumido la secretaría de Fuerza Popular en sustitución de Joaquín Ramírez y es actual candidato a la vicepresidencia.

 

Chlimper, quien cuando fue secretario de agricultura hacia el final del gobierno de Alberto Fujimori modificó la ley de exportación agropecuaria en sentido antilaboral y amenazó con disparar a los huelguistas, tuvo que admitir que fue él quien entregó a los conductores del programa televisivo el audio editado, escudándose en la increíble explicación de que ignoraba su contenido. Si no hubiera sido por la valentía de la joven periodista Mayra Albán, quien ha revelado la existencia de una grabación original que desmentía el audio falsificado, la turbia maniobra de los naranjas –el color de los fujimoristas– hubiera tenido éxito.

 

El talante autoritario de la dictadura, las falsificaciones mediáticas, la manipulación de la justicia, el latrocinio sistemático de los bienes públicos, la compra de las conciencias y de los votos, los abusos de autoridad han reaparecido así, como por encantamiento, rompiendo la máscara electoral de un nuevo fujimorismo.

 

Las manifestaciones oceánicas del 31 de mayo en Lima y en muchas ciudades del sur, en contra de un temido regreso de los Fujimoris al poder, han coreado unos poderosos "No a Keiko" y “No al narcoEstado”, en aparente contradicción con las encuestas que favorecen a Keiko por hasta cinco puntos porcentuales.

 

El antifujimorismo, que enarbola las banderas de la memoria histórica y de la preservación de la democracia, no tuvo otra opción que respaldar la candidatura de Kuczynski, aunque a veces de muy mala gana y "tapándose la nariz".

 

Hay quien describe la actual confrontación, llegada a un punto verdaderamente álgido, como "una lucha entre el Perú de los honestos y el país de los transas". La toma de posición de última hora de Verónika Mendoza, candidata de la izquierda que no logró llegar a la segunda vuelta por sólo dos puntos porcentuales pero conquistó 20 curules en el Congreso, invita explícitamente a votar por PPK, luego de cierta reticencia.

 

Renuencia más que comprensible, si se considera que Pedro Pablo Kuzcynski, aunque animado por buenas intenciones hacia los excluidos y opuesto al regreso de una dictadura, representa los intereses de los grandes capitales, las corporaciones trasnacionales y Estados Unidos.

 

 

* Periodista italiano

 

 

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El Bronx, un reflejo del control paramilitar vigente en sinnúmero de territorios del país

Casas adaptadas con calabozos y zonas para tortura y descuartizamiento –como lo instituyeron los paramilitares en muchas otras regiones del país donde impusieron su ley de terror y violencia–, son parte de las prácticas instituidas en este barrio localizado en pleno corazón del centro de Bogotá, desde donde controlaban buena parte del tráfico de narcóticos hacia muchos de los barrios de la capital del país, así como su control social y territorial.

 

La mañana del sábado 28 de mayo no fue normal para quienes habitaban de manera permanente el barrio El Bronx en Bogotá, o para quienes pasaban por allí de manera ocasional o rutinaria para surtirse de bazuco, marihuana, u otros alucinógenos, así como para participar de fiestas en las cuales podían pagar por tener sexo con menores de edad.


En efecto, la amanecida los sorprendió rodeados por más de 2.500 integrantes de la Policía y el Ejército, acompañados por funcionarios de la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y de las secretarías de Salud e Integración Social del Distrito; su propósito: desarticular el poder violento instituido allí.


El operativo empezó a prepararse hace más de un año cuando el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el señor Julián Quintana fue comisionado por el Fiscal General para que descifrara lo que allí estaba sucediendo. La orden le llegó luego que dos de sus investigadores fueron secuestrados allí. En el curso de la investigación la sospecha, y posterior confirmación, de lo allí encubada era tenebroso: el secuestro de extranjeros que se aventuraban a ingresar allí en busca de narcóticos, así como funcionarios públicos que terminaban retenidos allí y por los cuales pedían dinero a cambio de su libertad.


En ese entonces el exalcalde Gustavo Petro declaró: “El Bronx es un territorio en disputa entre el Estado y la mafia, que no es el habitante de la calle, este es usado por la mafia. La mafia vive en Madrid, Quito, Caracas, Miami, así como en barrios muy pudientes de Bogotá”. Para ese entonces (finales de mayo de 2015) habían sido asesinados unos 30 “habitantes de la calle”*, cuya muerte fue relacionada con el intento de las mafias “por mantener en la esclavitud al habitante de la calle". En esa lucha, según el burgomaestre, también habían sido asesinados funcionarios distritales que realizaban trabajos sociales en el Bronx** .


Crimen cruel y organizado. Prostitución infantil, asesinatos y desmembramientos, esclavitud.


Como ya lo habían detectado en sus investigaciones, el operativo permitió desarticular redes de prostitución infantil, de esclavitud, macabros asesinatos, además del tráfico de drogas. “Una niña de 14 años murió por sobredosis en el Bronx el año pasado. Integrantes de la organización violaban a los niños/as; tenían, además, un portafolio de prostitución en la internet. También hay casos de homicidio; mataron a un policía, hay casos de homicidio por el control del territorio, lo mismo que en Ciudad Bolívar. Encontramos canecas en las que metían a las personas asesinadas para deshacer sus cuerpos. También tenemos documentados los casos de torturas: con armas de fuego, con armas blancas; hasta con perros eran torturadas las personas”, declaró Julián Quintana a radio Caracol.


“[...] Según nuestras fuentes y nuestros agentes, teníamos los reportes de que en estos lugares se estaba descuartizando personas, pero no teníamos el material probatorio. Ayer hasta altas horas de la noche nuestros peritos científicos estuvieron en cada inmueble que teníamos identificados y, efectivamente, encontramos rastros de sangre humana. Lo que nos señala que allí torturaban y descuartizaban a la gente. [...] ahora (que ingresamos al Bronx) tenemos la facilidad de recoger elementos y material probatorio para fortalecer la hipótesis de la fiscalía”.


“[...] Vendían licor adulterado, tenían pequeñas fábricas para producir licor. Robaban bicicletas, partes de automotores. Tenían más de 900 máquinas ilegales de juego. Contrataban habitantes de la calle para cometer delitos. Eran quienes transportaban las drogas y quienes sacaban los muertos que fallecían dentro del Bronx. Hacían peleas de niños y de habitantes de la calle y apostaban a ver quién ganaba. Y, finalmente, el reclutamiento de menores que hacían en los colegios del sur de Bogotá con el fin de explotarlos sexualmente y para el contrabando de cigarrillos”.
Corrupción de funcionarios.


“Tampoco fue posible hacer el operativo antes porque tenían comprados a funcionarios de la policía y de la fiscalía. [...] Dentro de la investigación establecimos que había agentes tanto de la policía como de la fiscalía que estaban trabajando con esta organización, y uno de los problemas que tuvimos fue la filtración de la información. Siempre que nosotros queríamos hacer una intervención se filtraba la información y los delincuentes huían, quedaban allí sólo los habitantes de calle, así que nos tocó con la policía traer funcionarios, inclusive del CTI del nivel central y de la policía fuera de Bogotá, con el objetivo de que no se filtrara la información. Estaban pagando hasta 80 millones de pesos por información acerca del operativo del Bronx. Afortunadamente eso lo pudimos mitigar y le dimos una sorpresa a la organización”.


El operativo


Reconociendo que el problema del narcotráfico no es el drogodependiente sino las organizaciones criminales y los policías corruptos que se lucran con este negocio, el director del CTI declaró: “El objetivo de la Fiscalía no era el habitante de la calle; el objetivo de la Fiscalía era la estructura de la organización criminal, la cual identificamos y se hicieron dos grandes capturas ayer en el operativo; la de alias “Teo” –que es el jefe de finanzas de la organización– y alias “El flaco” –quien es el jefe de sicarios de la organización–. Además de esas, hicimos otras 11 capturas de los ‘saiayines’, en la operación”.


La sorpresa no sólo fue para los delincuentes. “Encontramos un túnel de aproximadamente 200 metros que iniciaba en el sector del Bronx y salía a una bodega a dos cuadras donde los ‘saiayines’ ingresaban la droga, también transportaban armas y además era como un canal de comunicación para despistar a las autoridades. [...] Descubrimos un arsenal de 30 armas largas y cortas. De estos francotiradores y algunos ‘saiayines’ fueron capturados el día del operativo.”


En el operativo también se incautaron varios millones de pesos en droga y dineros producto de la venta. (entre semana allí vendían) “[...] 70 millones diarios, y 150 millones de pesos los fines de semana. El día del operativo logramos incautar aproximadamente 40 millones y 100 mil 200 dosis de droga, lo que representa más o menos 100 millones o 150 millones de pesos en su venta en la calle”.


Operativos en el pasado


En 1999 (primer gobierno de Peñalosa) fue realizado un operativo que desalojó a más de 5 mil personas habitantes de calle y demolieron cientos de casas donde funcionaban ollas y otros mercados ilegales A ese infierno le llamaban El Cartucho (Una disputa de varias décadas). En ese entonces la operación fue presentada como una de las más ambiciosas arremetidas contra el narcotráfico en la ciudad, contra la indiferencia y contra la desigualdad social, y una apuesta por la recuperación de Bogotá.


Resultó que el problema no era le gente, los/as habitantes de calle ni los/as personas drogodependientes. Las estructuras criminales siguieron, las mafias se consolidaron y El Cartucho –que hace 17 años dejó de ser un gueto, un infierno–, se trasladó a varios puntos de la ciudad: “La L” y “El Bronx” son sus máximos exponentes.


El director Quintana, hace un poco de memoria. “El Bronx comienza desde el año 1998 y cuando llegan estas mafias –que son familias que algunas venían del Bronx y otras venían de Antioquia y Pereira–; los denominados Homero, Mosco, Payaso y Manguera, más o menos en los años 2000 a 2002 se consolidan como organización criminal al interior del Bronx e instrumentalizan a su vez habitantes de la calle para cometer delitos”.


Un problema netamente social


En consecuencia con los fracasos del pasado, el CTI acertó en que la solución no está en tratar de desmantelar las redes que se regeneran y propagan como plagas, tampoco está en arrestar al drogodependiente o meterlo una noche en un calabozo: “Lo primero que se le exigió a la Alcaldía fue un programa integral de atención al habitante de calle y a los menores [lo cual le] corresponde a la Alcaldía. [...] Lo que se debe hacer es una intervención integral y social porque el problema no se puede trasladar a otros sectores de Bogotá. Realmente hay que hacer una rehabilitación de todas estas personas y hacer un programa a largo plazo con el objetivo de resocializarlas a la vida en Bogotá”.


Estas son las palabras de un funcionario que, como siempre, quedarán en el aire pues al poder reinante en el país le sirve y le favorece la existencia y permanencia de este tipo de poderes, los cuales desarticulan comunidades, las dividen y atemorizan, impidiendo que las solidaridades que conocieron persistan en el tiempo. El narcotráfico y el paramilitarismo son una estrategia de control y dominio social.

 

(*) En Colombia han dado en llamar “habitante de calle” al despojado de todo, a miles de personas que no tienen nada y viven arrojados a su suerte –mala situación– en las calles de las principales ciudades del país. En realidad son expropiados, desarraigados, el factor humano arrojado a la calle por la máquina del capital; miles de personas que ante la falta de oportunidades –a todo nivel–, terminan deprimidos, sin motivos para vivir, y por ello atropados por el consumo de todo tipo de sustancias sicoactivas, muchos de ellos/ellas, utilizados, de distinta manera, por bandas criminales.

 

**A la ruleta rusa obligaron a jugar a agentes del CTI secuestrados en el Bronx. En http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ruleta-rusa-obligaron-jugar-agentes-del-cti-secuestrado-articulo-563066 


Una disputa de varias décadas

Con el desalojo de El Cartucho, además, avanzaban en su plan por desalojar del centro de la ciudad a sus históricos pobladores. El barrio, parte de San Victorino, hacía parte de un sector histórico de la misma, en el cual el gobierno local no volvió a invertir en mantenimiento ni servicios públicos, presionando así a sus propietarios históricos para que lo abandonarán. Así fue, estos salieron de sus habitaciones de siempre, compradas por El Distrito o por especuladores del suelo, quienes los dejaron como ‘lotes de engorde’. Finalmente la ciudad termina comprando todo y proyecta estas decenas de cuadras para nuevos proyectos urbanísticos entre los cuales está el nuevo Centro Administrativo del país, parques urbanos, avenidas para conectar el oriente con el sur y el norte de la capital, entre otros. Como se sabe, tal proyecto de reorganización urbanística está en marcha hace más de 40 años en la ciudad, y sólo la resistencia interpuesta por sus pobladores en varios de sus barrios ha impedido y postergado su consumación.

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