La historia no contada de los narcotraficantes en EEUU

Cuando se habla de vendedores de droga en los Estados Unidos, es habitual representarlos como afroamericanos, latinos, europeos del este u otro tipo de las llamadas “minorías”. Pero la realidad no la construyen los estereotipos de Hollywood o HBO. La apariencia de los traficantes estadounidenses es muy distinta.


En general se trata de personas de tez blanca, con ojos azules, vestidos con ropa casual o deportiva. También hay madres de familia, a veces con hijos pequeños, y muchas veces negociantes o empresarios locales. Son personas discretas, que no despiertan sospechas de la policía y muchas veces tampoco de sus vecinos o amigos.


El negocio incluye, además, a pandillas locales o delincuentes menores. Esta es la realidad del narcotráfico en Estados Unidos y que revela el libro Narcos Gringos, del periodista Jesús Esquivel.


El documento muestra las redes que distribuyen drogas como marihuana, cocaína, anfetaminas y heroína en casi todas las ciudades de ese país. Y a diferencia de la percepción que reflejan la mayoría de los medios de comunicación de EE.UU., el problema no son sólo los carteles mexicanos.


“Una vez que cruzan la frontera las drogas no se venden solas, no se reparten solas”, dice el autor del libro. “No es tan fácil como bajar a la frontera, alguien tiene que repartirlas, empaquetarlas, transportarlas”. Ese “alguien” suelen ser ciudadanos estadounidenses.


Los carteles y los vendedores

Muchos en América Latina, y en México especialmente, están convencidos de que los verdaderos grandes capos de las drogas se encuentran en Estados Unidos.


Actualmente en EE.UU. no existen grandes carteles como los mexicanos o colombianos. Tampoco, como sucede en Latinoamérica, los traficantes operan para una sola organización.


De hecho los distribuidores locales son independientes, y pueden trabajar con carteles distintos o con varios al mismo tiempo, según se explica en el libro.


“Muchos ni siquiera saben para qué grupo están trabajando, pero sin los carteles de América Latina y los mexicanos para ser específicos, los narcos gringos no existirían”, afirma Esquivel. “Sin las rutas que conocen los carteles mexicanos, su sistema de transporte y sin la técnicas de cómo distribuir, empaquetar y dividir las drogas no podrían funcionar ni ser tan exitosos como son”, añade.


Aunque en Estados Unidos operan varias organizaciones de narcotráfico, en los últimos años la que ha cobrado más fuerza es el Cartel de Sinaloa.


El grupo fundado entre otros por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, es el principal proveedor de heroína, marihuana y anfetaminas según autoridades de ese país.


Los verdaderos beneficiados son los estadounidenses

Según la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, un kilo de cocaína en Tijuana, México, cuesta unos 10 mil dólares, pero al cruzar a San Diego, California, a unos kilómetros de distancia, aumenta el doble.


Cuando llegan a las grandes ciudades en la zona norte del país, el precio supera los 30 mil dólares, incluso puede aumentar hasta cuatro veces, según la pureza la mercancía.


Pero en esta parte del proceso todas las ganancias son para los estadounidenses, pues los carteles proveedores ya recibieron su pago, de ahí que los más beneficiados del vicio que mata a millones de personas y genera tanta violencia son los “gringos”, como le llama el autor del libro.

“Contratan a mujeres anglosajonas jóvenes, rubias y con niños que manejan una Minivan (camioneta tipo SUV) y transportan dinero en efectivo del narcotráfico”, explica Esquivel. “A los ojos de cualquier policía que vaya una señora manejando en una autopista a la velocidad adecuada no le causa sospecha”.


Pero si la conductora es una mujer latina o afroamericana la reacción es muy distinta: son inmediatamente interrogadas y sus vehículos revisados.


La corrupción que lo permite

El flujo de efectivo les permite a los narcos de los Estados Unidos comprar armas de guerra, contratar sicarios, policías y autoridades. Es una de las razones por las que en México, y otros países de América Latina, se insiste en la responsabilidad de Estados Unidos en la existencia del narcotráfico.


(Con información de BBC/ Cubadebate)

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Viernes, 17 Junio 2016 07:27

Que el dolor no nos apague la rabia

Que el dolor no nos apague la rabia

 

De ser “la ciudad de Pablo Escobar” a ser premiada internacionalmente por su urbanización. De ser la ciudad de la violencia a considerarse la ciudad de la “convivencia”. En Medellín, el sórdido dominio paramilitar no logra apagar la resistencia y la construcción.

 

—¡Párese! –grita el policía del otro lado del andén.

Me paro. Tengo hambre. Saco un pan de queso que tenía en la mochila. Pasa un minuto y se acercan dos policías agresivos.

—Guarde eso ya –me dice. Yo lo miro perplejo.

—¿Qué hace acá? Ya pasaron como diez trenes. ¿No sabe que el tiempo de espera es de dos?

—No.

—Debe tomarse el próximo metro sí o sí.

 

En la “cultura metro” hay una asepsia que lo prohíbe todo. En el metro de Medellín te regalan libros, buenos, pero no se puede comer. Ni tomar agua. Ni sentarse en el piso. Ni esperar a una amiga.

 

—La sociedad está siendo pensada para turistas. Todo apunta a la privatización, a eliminar a los ciudadanos del espacio público –había dicho Bibiana Ramírez, mi amiga periodista, en el “aeropuerto” de la Universidad de Antioquia, como llaman al parque donde los jóvenes universitarios van a “despegar”. Es decir, a tomar cocaína, fumar porro, tomar cerveza y tocar la guitarra. Para entrar a “la U”, la pública, hay que pasar por unos molinetes y, en algunos casos, como el mío, ignorar el llamado del vigilante que pedía mi identificación.

 

—Es lo que llaman el “urbanismo social”: poner escaleras mecánicas para subir a una comunidad donde la gente tiene la heladera vacía. O que el piso de un parque sea de un material que conserva el calor para que la gente de la calle no se siente, o los marihuaneros no vayan a dar sus pitadas ahí–dice Henry, con marcado acento paisa, pelo largo, caravanas, un Pielroja humeando entre los dedos y un tatuaje que dice “La palabra es un arma”.

 

Esa macroimposición de la buena ciudadanía le tocó en casa, a nivel micro. Trabajó mucho tiempo en una fábrica de ropa, pero se hartó. Su madre le decía que se cortara el pelo, que se sacara las caravanas, que se pusiera a trabajar en algo serio y no en esas pendejadas con esos peludos. Y, en buenos términos, pero se fue. Ahora vive en la casa de la Red Popular Caminando la Palabra, un colectivo que integra el Congreso de los Pueblos, un movimiento de carácter nacional que surgió en el año 2013 y nuclea a organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles y urbanas de todo el país. Junto a Marcha Patriótica lideran gran parte del movimiento social organizado colombiano. Y se lo disputan también.

 

Júnior, acento costeño, que había dicho al pasar que nadie puede ser revolucionario sin haber escuchado a Evaristo –vocalista de la Polla Records–, piensa y se pregunta por qué el movimiento Congreso no va al paro cuando para Marcha, y por qué el movimiento Marcha no va al paro cuando lo hace Congreso. Se trata de los dos movimientos sociales y políticos más importantes del país.

 

—Uno se tiene que cuidar mucho, porque esta es una ciudad con una cultura narco y paramilitar muy fuerte. Uno no puede llegar a los barrios gritando que va a hacer la revolución, no puede ser mamerto, tiene que trabajar de a poquito, formando, discutiendo, construyendo –dice Henry, y habla de los principios zapatistas, de eso de mandar obedeciendo.

 

Tienen una impresora para imprimir en grande y hacen serigrafía. Están como locos estampando banderas para el paro nacional que comienza en unos días, y piensan que ese “camello”, como llaman a las “changas”, puede servirles para mantenerse. Y piensan en formar Estampado Sinpa, estampado sin patrón. Acá se desayuna fuerte. Hoy dos arepas con huevo, cebolla y tomate, arroz, y un vaso de agüita de panela caliente. Sobre el fogón hay una olla eléctrica para preparar arroz.

 

—Producíamos el 70 por ciento del arroz que comemos. Hoy ya casi nada–dice con un dejo de desolación mientras revuelve el arroz en el plato.

 

 
La trece.

 

Un encapuchado camina al frente de tropas militares, señalando. Vecinos desesperados toman las calles agitando sábanas blancas. La imagen se repite en las ventanas. Las balas atraviesan los cuerpos y los helicópteros sobrevuelan la Comuna 13 de Medellín, que irónicamente se formó con puebladas que escapaban de la violencia. Tirando a mansalva, el Ejército colombiano avanzó con la excusa de combatir las milicias urbanas de las guerrillas, haciendo una matanza atroz. Era el año 2002.

 

—Yo pienso que a estas personas hay que perdonarlas, sin olvidar lo que nos han hecho –dice doña Blanca, cuando se cumplen 14 años de la masacre y hay conmemoración en la biblioteca de la 13.

 

Tiene tres hijos asesinados y un sobrino desaparecido.

 

—Uno con rabia no es capaz de llegar a ningún lado. Si no perdonamos no seremos capaces de alcanzar la paz interna, para seguir luchando por nuestro objetivo, que es que aparezcan nuestros desaparecidos –insiste.

 

—Para mí no existe el perdón. Yo no estoy de acuerdo. Con el perdón no se arregla todo. El dolor que nos han hecho es para toda la vida. Aquí estamos y estaremos siempre presentes, con nuestra rabia –dice doña Berta–. Por cosas del Estado me lo arrebataron, y no lo dejaron disfrutar su vida –dice sobre Jorge Alexander, su hijo.

 

Estas madres, nucleadas en Mujeres Caminando por la Verdad, quieren justamente eso: verdad. Quieren saber por qué lo hicieron. Justicia y reparación. Dignidad. Llorar a sus muertos. Quieren a sus desaparecidos. Y tienen certeza de que están en La Escombrera, un botadero de basura y escombros ubicado en lo alto de la comuna. No solamente de perdón habla Blanca:

 

—Seguiremos resistiendo. Todavía somos seres humanos, y de aquí no nos vamos.

 

 

El Bello Oriente.

 

“Le digo por si quiere ver la ciudad desde arriba.” En la montaña de Bello Oriente, en la Comuna 3, todo es allá arriba o allá abajo: “Ahorita subo”, “¿Ya vas a bajar?”; aunque no parece haber ni arriba ni abajo. Más bien un heterogéneo abajo.

 

De día y desde aquí, Medellín descansa grotesca sobre un hermoso valle, y de noche la agitan súbitos rayos.

 

Arnulfo, barba larga y amabilidad perpetua, explica que Bello Oriente se fue formando con desplazados. Campesinos arrancados de los campos, afros cansados de rondar por las regiones escapando del fuego cruzado del conflicto armado, refugiados de otros barrios de Medellín. Él llegó hace 18 años.

 

El barrio también fue víctima del enfrentamiento entre las guerrillas, el Ejército y los paramilitares, que hoy decantó en el poder y control absoluto de estos últimos, como acontece en gran parte del país. Acá manejan el gas, los huevos, las arepas, el transporte, las casas de vicio y las vacunas. Pero ya no necesitan andar armados.

 

—Han ido muriendo los agresivos, y han quedado los miedosos. Los colombianos tienen miedo, desconfianza y un profundo descreimiento de la política, que es sin dudas la solución al conflicto. No quieren pertenecer, sin embargo puede que sigan a cualquier fascista con sombrero de campesino, que al mismo tiempo sea el paraco más hijo ’e puta –dice Pino, jovencito, vecino. “Paraco” es un término coloquial y a la vez despectivo para hablar de los paramilitares.

 

En Bello Oriente hay huertas colectivas, y los lunes hay “minga”, es decir, trabajo colectivo. Allí las vecinas van a las huertas de otras vecinas a compartir las tareas. Por eso Arnulfo prefiere hablar de “econuestra” y no de “economía”.

 

La mayoría de los habitantes del barrio salen todos los días al “rebusque”, salen a laborar en lo que haya, épica y amarga realidad de cualquiera de nuestras periferias.

 

El Estado insistía en que Bello Oriente era una “zona de alto riesgo no recuperable”, pero el proyecto de los jardines de circunvalación, que busca generar “parques” en los bordes montañosos de la ciudad, como diciendo “hasta acá llega”, le devolvió una especie de validez burocrática.

 

En Bello Oriente los vecinos buscan fortalecer el intercambio con otras comunidades, de semillas, experiencias, sentires. En la cima de la montaña está Casablanca, administrada por Colectivo Cultural, que trabaja desde 2009 en la comunidad. Hay instrumentos, libros, niños que corren, perros y gatos, muchas plantas. Los recursos se gestionan y obtienen en colectivo, sin el Estado. En Casablanca se toca, se baila, y se vive. Y se respetan los acuerdos toltecas: ser riguroso con la palabra, no tomarse nada personal, no hacer suposiciones y dar el máximo de cada uno.

 

—Acá hay héroes sin súper –dice Álvaro, que llega a ensayar teatro junto a su compañera, Denis.

 

En Teofanía, “la casa de todos” donde viven Arnulfo, Denis y Álvaro, cualquier lugar es una excusa para sembrar. Hay plantas en carcasas de monitores viejos, en zapatos, cascos y neumáticos. Y hay cientos de botellas de plástico con desechos de nailon adentro, con las que es posible hacer casas. A Teofanía puede llegar el vecino, de 12 años, a pedir una escalera para martillar quién sabe qué en el techo de su casa, o dos gurises a escuchar reggaetón en el entrepiso de madera. En Teofanía hay una ludo-biblioteca y hay cabras.

 

—A veces sueño con vivir todo el día con ellas –dice Arnulfo mientras las ordeña junto a Rubiela y Bibian. Les habla, las alimenta y las imita. Teofanía es un cúmulo de ensayos y errores, de tiempo condensado. Una imperfección. Resistencia y creación.

 

—¿De qué color es la vida? –le había preguntado Arnulfo una vez a Bibian. Y se había contestado él mismo–: Amarillo, verdetodo, y “asulado”.

 

 

La Barca

 

—¡Este pueblo no tiene pantalones! –había escuchado Bernardo al pasar, de boca de alguien que caminaba solo en la noche.

 

Mientras tomaba café en un pueblito llamado Fredonia, al suroeste de Antioquia, y escribía en unas hojitas sueltas, vio entrar en el bar a un hombre con un cuchillo. Un “mataganao”.


—Lo voy a matar a usted y también a su señora.
—¿Qué, a nosotros? ¿Por qué?
—Pues porque le están dando brebaje al pueblo para engañarlo.
El café voló y Bernardo consiguió correr y atravesar la plaza del pueblo, hasta entrar en la comisaría.
—Suelte el cuchillo, señor juez –dijo el comisario, que salió a ver lo que pasaba.

 

No es la primera vez que ocurre algo así con La Barca de los Locos, el grupo de teatro que sostienen Bernardo Ángel y Lucía Agudelo. En una universidad, un rector “al que se le saltaba la corbata de la rabia”, ya le había dicho a Bernardo: “Te voy a hacer comer las huevas, hijo ’e puta”, mientras presentaban la obra Aúllan los lobos, que incluye cuerpos desnudos y banderas de Colombia frotándose en ellos.

 

Ahora, en esta tarde en el parque Bolívar –donde se presentan todos los jueves–, un policía mueve los brazos cual jugador de fútbol, otro al lado se rasca la pierna y un tercero toca la guitarra. Allá, y ahora acá, donde Lucía hace precalentamiento para la función, Bernardo saluda y dice:

 

—El otro día escuchaba unas reflexiones de Almódovar en las que decía que lo aterraba absolutamente llegar a viejo, al momento en que el cuerpo se rompe, se hace pedazos. Y nosotros estamos aquí para eso, exorcizando. Gritando: ¡Paren esto!

 

—¿Y por qué la plaza?

 

—Para resistir con el cuerpo, que es lo único que tenemos. Espacio y cuerpo. En un teatro convencional la gente va predispuesta a lo que va a ver. Va cierto tipo de gente y va en la pose de intelectual. Acá hay que tomar el espacio a nivel mental, hay que conquistar al público, porque ahí se empieza a construir la libertad. Este es el lugar para hacerlo, con todas las dificultades que pueda tener. No hay otra tierra prometida.

 

Están desde 1985 en el parque Bolívar. Bernardo dice tener escritas unas 150 obras, pero hasta el momento montaron unas 15. Para él el teatro es anárquico, sin autoridad, incandescente, cuestionador. Dice que está hecho de palabras, pero adora el silencio. Dentro de esas palabras está Artaud, que le enseñó que el teatro debe cambiar cada noche.

 

“Estamos en la no razón, no somos la verdad, pero somos auténticos, antes que todo el teatro es sinceridad, es encontrar que los textos que uno está presentando tienen que ver con su vida, que no hay distancia entre lo que uno está diciendo y lo que uno realiza cada día”, dice Lucía en Palabras de fuego, el documental sobre La Barca de los Locos que Bibiana hizo junto a otros compañeros. Y agrega: “El teatro nace en las oscuridades, en lo que la gente rechaza”.

 

—Vivimos en una sociedad moralista, cerrada, hipócrita. Somos gobernados por capataces, pequeños tiranos con mentes ganaderas. Pero hay rebeldía que se mueve. Que nos lleva a buscar cambios, sentidos de libertad –dice Bernardo, mientras guarda su espada en el bolso.

 

Medellín es una ciudad paramilitar. Es la cuna del ultraderechista ex presidente Álvaro Uribe. Es la ciudad del mito de Pablo Escobar y de la realidad del tráfico. Pero es también un enjambre de resistencias en ebullición, como toda Colombia.

 

— Es que aquí también estamos rodeados de gente fantástica –dice Bibiana.

 

 

 

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Miembros de la Policía Militar de Brasil en el Complejo de la Maré.
 
A medida que se acerca la fecha de inauguración de los Juegos Olímpicos, la violencia aumenta en estas comunidades. La Policía Militar custodia los 'morros' cariocas mientras las violaciones de derechos humanos se multiplican.
 

 

RÍO DE JANEIRO.- Mientras algunos cuentan los días para ver a los astros olímpicos saltar a las arenas de Río 2016, una gran parte de la población está asustada. Las personas que viven en los morros (cerros), en las famosas, y últimamente hasta turísticas favelas, sabe lo que les espera cuando un gran evento internacional llega a la ciudad.

 

Cuando se jugaron los Panamericanos de Río de Janeiro en 2007, fue el año más violento de la última década en la capital carioca. La Policía Militar asesinó a 1.330 personas en acciones que fueron catalogadas como "derivadas de la intervención policial", algo así como homicidios en defensa propia. También fue el año de la conocida “Matanza del Pan” (en referencia a estos Juegos) que surgió de una operación policial en la favela del Complejo del Alemán donde se registró el asesinato de 19 jóvenes (once de ellos no tenían que ver con el tráfico de drogas), aunque los cálculos extraoficiales hablaban de al menos cuarenta muertos.


Río de Janeiro es el Estado que históricamente tiene las tasas más altas de letalidad en el transcurso de las operaciones policiales. En los últimos 10 años las cifras ascienden a un total de 8.000 personas asesinadas durante la invasión de las favelas. Según datos de Amnistía Internacional, en los últimos seis años la Policía carioca ha sido responsable de entre un 13% y un 21% de los asesinatos totales de la ciudad. En 2015 una de cada cinco personas fallecidas murió por “homicidio derivado de acción policial”. El presidente de Amnistía Internacional Brasil, Atila Roque, advierte de que ese número “podría ser más elevado” ya que muchos de los asesinatos son registrados como “homicidios”, una etiqueta genérica que sirve para no culpar a las fuerzas de seguridad. Eso fue lo que sucedió con el menor de apenas 10 años, Eduardo Jesús, asesinado por la Policía en abril de 2015 en la puerta de su casa, mientras esperaba que su hermana volviera de la escuela: “Así como maté a tu hijo puedo matarte a ti también, porque él era un hijo de bandido”, le espetó el policía a la madre de Eduardo Jesús, mientras ella le gritaba desesperada.

 

La Copa del Mundo de 2014 también trajo consigo un disparo en la tasa de homicidios “derivados de acción policial”. En Río de Janeiro subió un 40% y en Sao Paulo llegó a aumentar un 80%. El Complejo de la Maré, una comunidad formada por 16 favelas cariocas donde viven alrededor de 140.000 personas, fue invadida por la Policía Militar poco antes de que empezara el Mundial. La previsión inicial era que se quedaran mientras durara el evento, pero los militares no se marcharon hasta un año después. Los habitantes de la comunidad denunciaron todo tipo de abusos desde asesinatos extra judiciales, palizas, invasiones de sus casas en las que se incluía el robo de objetos y dinero bajo amenaza de fusil.

 


Militarización de las favelas


La Policía Militar abandonó el Complejo de la Maré en julio de 2015 y en estos días está a punto de volver. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro, Jose Mariano Beltrame, anunció que 60.000 policías y 20.000 militares ocuparían la ciudad para actuar durante los Juegos Olímpicos. No apuntó cuántos de ellos subirían a las favelas, ni tampoco dejó claro cuánto tiempo se quedarían allí, pero a medida que se acerca la fecha las operaciones policiales han aumentado. En las primeras semanas de abril al menos once personas fueron asesinadas en el Complejo del Alemán y otras tantas (no hay datos hasta el momento) fueron heridas después de horas de disparos en la zona. En mayo fueron las favelas de Jacarezinho, Manguinho, Acari y una vez más el Complejo del Alemán, donde murieron otra decena de vecinos en el intercambio de tiros entre Policía y facciones del tráfico de drogas, entre ellos un menor de cinco años que también jugaba en la puerta de su casa cuando le alcanzó la bala.


Las políticas de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro se basan en la militarización de las favelas. Por un lado desde las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) y por otro, desde las operaciones de guerra con tanques y armas letales. La diferencia entre ambos tipos de control policial apenas existe: “Las UPP eran una buena idea y se convirtieron en un fracaso porque no trabajan como policía comunitaria sino como unidades militarizadas de control y represión”, cuenta a Público, Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.

 

Después de diez años de UPP el balance de los vecinos es desalentador: “Los militares que suben son muy jóvenes, sin experiencia, se ponen a pegar tiros en cualquier momento, entran en nuestras casas, nos roban, nos amenazan, es una pesadilla”, denuncia Irone Santiago, cuyo hijo fue tiroteado por la Policía y hoy se encuentra parapléjico y con una pierna amputada. “Tenemos miedo y vivimos con ansiedad porque sabemos que en cualquier momento van a subir y volveremos a vivir bajo tiros”, dice Santiago, habitante de la favela de la Maré desde hace más de treinta años.


El pasado mes de abril el secretario de Seguridad, José Mariano Beltrame, advirtió que quien “se atreva a disparar a un policía va a recibir un tiro”. La polémica frase la dijo tras el entierro de un miembro del BOPE (Batallón de Operaciones Espaciales que sube a las favelas) asesinado por narcotraficantes en el transcurso de una operación. Las muertes de policías también han aumentado en un momento donde el Estado de Río de Janeiro se encuentra en quiebra total y los policías reciben sus salarios, de por sí son bastante bajos, atrasados.


“El policía por un lado es un verdugo, porque mata a una escala inaceptable, pero también es una víctima. La mayoría tienen el mismo perfil que sus víctimas, son negros o pardos, jóvenes y de origen humilde”, explica Roque. Desde Amnistía Internacional reconocen que la precariedad que sufre la Policía de Río de Janeiro por la crisis económica del Estado hace que “aumente el estrés y también la violencia”. Pero dejan claro que no pueden seguir usando argumentos para vulnerar los derechos humanos: “No puede haber un estado de excepción para justificar la seguridad en los Juegos Olímpicos”, dice Atila Roque. El presidente de Amnistía Internacional no sólo se refiere a la militarización de las favelas y el aumento de asesinatos, sino también a la nueva normativa de Ley Antiterrorista (al estilo de la Ley Mordaza) que criminaliza cualquier manifestación que se produzca en determinados puntos de la ciudad desde el 4 de junio y a lo largo de todo los Juegos Olímpicos. “Durante el Mundial fue lo mismo, hubo periodistas y activistas de derechos humanos presos e incluso heridos, no podemos permitir que nos quiten la libertad de expresión”, sentencia Roque.

 


“Soy un tipo normal”


Víctor Santiago nació en la Maré, en una de las muchas zonas de Río de Janeiro a las que el Estado no llega si no es en forma de fusil o de tanque. Insiste en que siempre fue un “hombre normal”, pagaba sus cuentas, trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde un módulo para ser técnico de seguridad. Explica todo esto para justificar “el absurdo” de lo que le sucedió la madrugada de aquel sábado de febrero de 2015. Víctor volvía a casa en el coche de un amigo cuando un primer control militar les paró para pedir documentación. Todo normal y siguieron adelante. Poco antes de llegar a su casa se toparon con un segundo control. Esta vez los militares sin intercambiar palabra comenzaron a disparar contra el vehículo. El conductor recibió un tiro y Víctor Santiago dos disparos. “Mi hijo se despidió diciéndole a mi nieta que al día siguiente la llevaría a la playa, pero sólo vino 98 días después”, cuenta la madre de Víctor, Irone Santiago, con lágrimas en los ojos. Su hijo estuvo una semana en coma, y casi tres meses hospitalizado con el pulmón perforado y sesiones de hemodiálisis. Las dos balas que recibió le dejaron parapléjico y con una pierna amputada.


A sus 30 años Santiago responsabiliza al Estado de Río de Janeiro de lo que le pasó: “Fue culpa de la incompetencia de los gobernantes que tenemos a quienes no les importamos nada”. Asegura que uno de las cosas que más le dolió fue salir del hospital en silla de ruedas y verse sin ningún tipo de ayuda: “El Estado no me ha dado ni una tirita”, repite.

 

La silla de ruedas con la que se mueve, la cama de hospital en la que pasa prácticamente las 24 horas del día y los pañales que usa para sus necesidades son donaciones de los vecinos de la comunidad. Su madre dejó su trabajo de costurera para cuidarle y se ha convertido en una activista dentro de la favela mientras lucha con poco éxito para que el caso de su hijo sea juzgado: “Tan sólo un año después de los hechos vino la Policía Federal para hacer una pericia del cuerpo de Víctor, y lo más absurdo de todo es que en el caso mi hijo constaba como testigo y no como víctima”.

 

Irone dice no tener miedo de posibles represalias, sabe que la Policía suele amenazar a los familiares de las víctimas, pero hasta ahora nadie le ha dicho nada. Asegura que como su hijo hay otras muchas personas que tienen miedo a hablar: “No se imagina la cantidad de gente mutilada que hay en la Maré, por no hablar de los asesinatos. Una vecina que tenía un comercio salió por la ventana para pedir a su ayudante que cerrara la tienda y le pegaron un tiro, así de simple. Quieren acabar con todos nosotros, no tenemos derecho a nada”.

 

 

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Domingo, 05 Junio 2016 07:11

El enredo peruano

Los candidatos a la presidencia de Perú, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, al término del debate que se realizó el pasado día 29 en la ciudad de Lima

 

En casual sincronía con las elecciones estatales mexicanas, hoy domingo los peruanos van a las urnas para decidir en balotaje quién será el presidente por los próximos cinco años, sucediendo a Ollanta Humala, quien sale cabizbajo, perseguido –él y su primera dama– por una gran impopularidad y algunos problemas judiciales.

 

En la primera vuelta del 10 de abril, Keiko Fujimori (41 años), hija del ex dictador encarcelado por matanzas, desfalco a la nación y graves violaciones a los derechos humanos, había obtenido 39.81 por ciento de los votos válidos, mientras que Pedro Pablo Kuczynski (77 años), financista neoliberal que ya fue secretario de Economía y Finanzas y jefe de gobierno en la presidencia de Alejandro Toledo (2001-2006), sólo alcanzaba 20.97 por ciento de las preferencias.

 

La arrolladora victoria de Keiko Fujimori en la primera vuelta, además de ponerla en una envidiable pole position en la carrera presidencial, ha permitido a su partido, Fuerza Popular, copar el Poder Legislativo conquistando 73 curules de las 130 del Congreso unicamaral frente a las 18 de PPK.

 

Las ocho semanas que separan la primera de la segunda vuelta electoral, caracterizadas por un duelo sin exclusión de golpes, han visto pasar mucha agua, no siempre limpia, bajo los puentes.

 

La revelación de Jesús Vásquez, ex colaborador de la Drug Enforcement Administration (DEA), de Estados Unidos, de que Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, se habría jactar con él, en una conversación telefónica grabada, de haber lavado 15 millones de dólares para la campaña de Keiko en 2011, ha caído como bomba en un contexto ya bastante polarizado.

 

Las hebras de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y narcotráfico se trenzan estrechamente alrededor de los fujimoristas y emergen independientemente de la contingencia electoral.

 

En mayo de 1996, en el avión presidencial de Alberto Fujimori, se encontraron 174 kilos de clorhidrato de cocaína, descubrimiento que llevó a la cárcel a 28 oficiales de la fuerza aérea peruana y un edecán presidencial, pero nunca llegó al propio mandatario.

 

En marzo de 2013, en un almacén del Callao, puerto de Lima, propiedad de Kenji Fujimori, hermano congresista de Keiko, fueron encontrados 91 kilos de cocaína, sin que se le persiguiera o investigara, gracias a su inmunidad parlamentaria.

 

Las recientes denuncias del piloto peruano Jesús Vásquez desde Estados Unidos, sobre el lavado de activos de Fuerza Popular, hechas, según sus declaraciones, "para que una banda criminal no llegue a controlar mi país", han destapado toda una serie de vínculos entre Joaquín Ramírez y sus familiares –en particular su millonario tío Fidel, dueño y rector de la ubicua universidad Alas Peruanas– con el mayor narcotraficante de Perú, Miguel Arévalo Ramírez, apodado Eteco.

 

La propia DEA, normalmente parca en cuanto a declaraciones, ha admitido la existencia de una investigación denominada Operation untouchables, the Arevalo drug trafficking organization, iniciada en 2011 y aún no concluida, que involucra a Joaquín Ramírez y su tío. Al mismo tiempo, quizá para no interferir directamente en el proceso electoral peruano, la agencia estadunidense ha declarado que no tiene ninguna investigación en curso que concierna a Keiko Fujimori.

 

Estas revelaciones se suman al hecho de que 11 neocongresistas de Fuerza Popular están siendo investigados –esta vez en Perú– por delitos que van de robo agravado a falsedad ideológica, pasando por el lavado de activos. Por este último ilícito, un fiscal peruano está indagando a la propia candidata presidencial y su marido.

 

Para completar un enredo digno de la pluma de Leonardo Sciascia, unos días después del provisorio alejamiento de Joaquín Ramírez, segundo a bordo, de la secretaría del partido –un "paso al costado", dado con mucha demora–, un programa televisivo irónicamente titulado Las cosas como son difundía el audio de una llamada entre Jesús Vásquez y un conocido suyo en el cual el ex informante de la DEA parecía desmentir las revelaciones sobre el lavado de activos de Keiko Fujimori. Pena que la grabación de la llamada, evidentemente auténtica, había sido groseramente manipulada, borrando la frase clave: "Es que no es falso. Todo es verdad".

 

La innoble triquiñuela, que a muchos ha hecho recordar las falsificaciones y la compra de medios practicadas en la década de la dictadura fujimorista, ha logrado embarrar a José Chlimper, empresario que ha asumido la secretaría de Fuerza Popular en sustitución de Joaquín Ramírez y es actual candidato a la vicepresidencia.

 

Chlimper, quien cuando fue secretario de agricultura hacia el final del gobierno de Alberto Fujimori modificó la ley de exportación agropecuaria en sentido antilaboral y amenazó con disparar a los huelguistas, tuvo que admitir que fue él quien entregó a los conductores del programa televisivo el audio editado, escudándose en la increíble explicación de que ignoraba su contenido. Si no hubiera sido por la valentía de la joven periodista Mayra Albán, quien ha revelado la existencia de una grabación original que desmentía el audio falsificado, la turbia maniobra de los naranjas –el color de los fujimoristas– hubiera tenido éxito.

 

El talante autoritario de la dictadura, las falsificaciones mediáticas, la manipulación de la justicia, el latrocinio sistemático de los bienes públicos, la compra de las conciencias y de los votos, los abusos de autoridad han reaparecido así, como por encantamiento, rompiendo la máscara electoral de un nuevo fujimorismo.

 

Las manifestaciones oceánicas del 31 de mayo en Lima y en muchas ciudades del sur, en contra de un temido regreso de los Fujimoris al poder, han coreado unos poderosos "No a Keiko" y “No al narcoEstado”, en aparente contradicción con las encuestas que favorecen a Keiko por hasta cinco puntos porcentuales.

 

El antifujimorismo, que enarbola las banderas de la memoria histórica y de la preservación de la democracia, no tuvo otra opción que respaldar la candidatura de Kuczynski, aunque a veces de muy mala gana y "tapándose la nariz".

 

Hay quien describe la actual confrontación, llegada a un punto verdaderamente álgido, como "una lucha entre el Perú de los honestos y el país de los transas". La toma de posición de última hora de Verónika Mendoza, candidata de la izquierda que no logró llegar a la segunda vuelta por sólo dos puntos porcentuales pero conquistó 20 curules en el Congreso, invita explícitamente a votar por PPK, luego de cierta reticencia.

 

Renuencia más que comprensible, si se considera que Pedro Pablo Kuzcynski, aunque animado por buenas intenciones hacia los excluidos y opuesto al regreso de una dictadura, representa los intereses de los grandes capitales, las corporaciones trasnacionales y Estados Unidos.

 

 

* Periodista italiano

 

 

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El Bronx, un reflejo del control paramilitar vigente en sinnúmero de territorios del país

Casas adaptadas con calabozos y zonas para tortura y descuartizamiento –como lo instituyeron los paramilitares en muchas otras regiones del país donde impusieron su ley de terror y violencia–, son parte de las prácticas instituidas en este barrio localizado en pleno corazón del centro de Bogotá, desde donde controlaban buena parte del tráfico de narcóticos hacia muchos de los barrios de la capital del país, así como su control social y territorial.

 

La mañana del sábado 28 de mayo no fue normal para quienes habitaban de manera permanente el barrio El Bronx en Bogotá, o para quienes pasaban por allí de manera ocasional o rutinaria para surtirse de bazuco, marihuana, u otros alucinógenos, así como para participar de fiestas en las cuales podían pagar por tener sexo con menores de edad.


En efecto, la amanecida los sorprendió rodeados por más de 2.500 integrantes de la Policía y el Ejército, acompañados por funcionarios de la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y de las secretarías de Salud e Integración Social del Distrito; su propósito: desarticular el poder violento instituido allí.


El operativo empezó a prepararse hace más de un año cuando el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el señor Julián Quintana fue comisionado por el Fiscal General para que descifrara lo que allí estaba sucediendo. La orden le llegó luego que dos de sus investigadores fueron secuestrados allí. En el curso de la investigación la sospecha, y posterior confirmación, de lo allí encubada era tenebroso: el secuestro de extranjeros que se aventuraban a ingresar allí en busca de narcóticos, así como funcionarios públicos que terminaban retenidos allí y por los cuales pedían dinero a cambio de su libertad.


En ese entonces el exalcalde Gustavo Petro declaró: “El Bronx es un territorio en disputa entre el Estado y la mafia, que no es el habitante de la calle, este es usado por la mafia. La mafia vive en Madrid, Quito, Caracas, Miami, así como en barrios muy pudientes de Bogotá”. Para ese entonces (finales de mayo de 2015) habían sido asesinados unos 30 “habitantes de la calle”*, cuya muerte fue relacionada con el intento de las mafias “por mantener en la esclavitud al habitante de la calle". En esa lucha, según el burgomaestre, también habían sido asesinados funcionarios distritales que realizaban trabajos sociales en el Bronx** .


Crimen cruel y organizado. Prostitución infantil, asesinatos y desmembramientos, esclavitud.


Como ya lo habían detectado en sus investigaciones, el operativo permitió desarticular redes de prostitución infantil, de esclavitud, macabros asesinatos, además del tráfico de drogas. “Una niña de 14 años murió por sobredosis en el Bronx el año pasado. Integrantes de la organización violaban a los niños/as; tenían, además, un portafolio de prostitución en la internet. También hay casos de homicidio; mataron a un policía, hay casos de homicidio por el control del territorio, lo mismo que en Ciudad Bolívar. Encontramos canecas en las que metían a las personas asesinadas para deshacer sus cuerpos. También tenemos documentados los casos de torturas: con armas de fuego, con armas blancas; hasta con perros eran torturadas las personas”, declaró Julián Quintana a radio Caracol.


“[...] Según nuestras fuentes y nuestros agentes, teníamos los reportes de que en estos lugares se estaba descuartizando personas, pero no teníamos el material probatorio. Ayer hasta altas horas de la noche nuestros peritos científicos estuvieron en cada inmueble que teníamos identificados y, efectivamente, encontramos rastros de sangre humana. Lo que nos señala que allí torturaban y descuartizaban a la gente. [...] ahora (que ingresamos al Bronx) tenemos la facilidad de recoger elementos y material probatorio para fortalecer la hipótesis de la fiscalía”.


“[...] Vendían licor adulterado, tenían pequeñas fábricas para producir licor. Robaban bicicletas, partes de automotores. Tenían más de 900 máquinas ilegales de juego. Contrataban habitantes de la calle para cometer delitos. Eran quienes transportaban las drogas y quienes sacaban los muertos que fallecían dentro del Bronx. Hacían peleas de niños y de habitantes de la calle y apostaban a ver quién ganaba. Y, finalmente, el reclutamiento de menores que hacían en los colegios del sur de Bogotá con el fin de explotarlos sexualmente y para el contrabando de cigarrillos”.
Corrupción de funcionarios.


“Tampoco fue posible hacer el operativo antes porque tenían comprados a funcionarios de la policía y de la fiscalía. [...] Dentro de la investigación establecimos que había agentes tanto de la policía como de la fiscalía que estaban trabajando con esta organización, y uno de los problemas que tuvimos fue la filtración de la información. Siempre que nosotros queríamos hacer una intervención se filtraba la información y los delincuentes huían, quedaban allí sólo los habitantes de calle, así que nos tocó con la policía traer funcionarios, inclusive del CTI del nivel central y de la policía fuera de Bogotá, con el objetivo de que no se filtrara la información. Estaban pagando hasta 80 millones de pesos por información acerca del operativo del Bronx. Afortunadamente eso lo pudimos mitigar y le dimos una sorpresa a la organización”.


El operativo


Reconociendo que el problema del narcotráfico no es el drogodependiente sino las organizaciones criminales y los policías corruptos que se lucran con este negocio, el director del CTI declaró: “El objetivo de la Fiscalía no era el habitante de la calle; el objetivo de la Fiscalía era la estructura de la organización criminal, la cual identificamos y se hicieron dos grandes capturas ayer en el operativo; la de alias “Teo” –que es el jefe de finanzas de la organización– y alias “El flaco” –quien es el jefe de sicarios de la organización–. Además de esas, hicimos otras 11 capturas de los ‘saiayines’, en la operación”.


La sorpresa no sólo fue para los delincuentes. “Encontramos un túnel de aproximadamente 200 metros que iniciaba en el sector del Bronx y salía a una bodega a dos cuadras donde los ‘saiayines’ ingresaban la droga, también transportaban armas y además era como un canal de comunicación para despistar a las autoridades. [...] Descubrimos un arsenal de 30 armas largas y cortas. De estos francotiradores y algunos ‘saiayines’ fueron capturados el día del operativo.”


En el operativo también se incautaron varios millones de pesos en droga y dineros producto de la venta. (entre semana allí vendían) “[...] 70 millones diarios, y 150 millones de pesos los fines de semana. El día del operativo logramos incautar aproximadamente 40 millones y 100 mil 200 dosis de droga, lo que representa más o menos 100 millones o 150 millones de pesos en su venta en la calle”.


Operativos en el pasado


En 1999 (primer gobierno de Peñalosa) fue realizado un operativo que desalojó a más de 5 mil personas habitantes de calle y demolieron cientos de casas donde funcionaban ollas y otros mercados ilegales A ese infierno le llamaban El Cartucho (Una disputa de varias décadas). En ese entonces la operación fue presentada como una de las más ambiciosas arremetidas contra el narcotráfico en la ciudad, contra la indiferencia y contra la desigualdad social, y una apuesta por la recuperación de Bogotá.


Resultó que el problema no era le gente, los/as habitantes de calle ni los/as personas drogodependientes. Las estructuras criminales siguieron, las mafias se consolidaron y El Cartucho –que hace 17 años dejó de ser un gueto, un infierno–, se trasladó a varios puntos de la ciudad: “La L” y “El Bronx” son sus máximos exponentes.


El director Quintana, hace un poco de memoria. “El Bronx comienza desde el año 1998 y cuando llegan estas mafias –que son familias que algunas venían del Bronx y otras venían de Antioquia y Pereira–; los denominados Homero, Mosco, Payaso y Manguera, más o menos en los años 2000 a 2002 se consolidan como organización criminal al interior del Bronx e instrumentalizan a su vez habitantes de la calle para cometer delitos”.


Un problema netamente social


En consecuencia con los fracasos del pasado, el CTI acertó en que la solución no está en tratar de desmantelar las redes que se regeneran y propagan como plagas, tampoco está en arrestar al drogodependiente o meterlo una noche en un calabozo: “Lo primero que se le exigió a la Alcaldía fue un programa integral de atención al habitante de calle y a los menores [lo cual le] corresponde a la Alcaldía. [...] Lo que se debe hacer es una intervención integral y social porque el problema no se puede trasladar a otros sectores de Bogotá. Realmente hay que hacer una rehabilitación de todas estas personas y hacer un programa a largo plazo con el objetivo de resocializarlas a la vida en Bogotá”.


Estas son las palabras de un funcionario que, como siempre, quedarán en el aire pues al poder reinante en el país le sirve y le favorece la existencia y permanencia de este tipo de poderes, los cuales desarticulan comunidades, las dividen y atemorizan, impidiendo que las solidaridades que conocieron persistan en el tiempo. El narcotráfico y el paramilitarismo son una estrategia de control y dominio social.

 

(*) En Colombia han dado en llamar “habitante de calle” al despojado de todo, a miles de personas que no tienen nada y viven arrojados a su suerte –mala situación– en las calles de las principales ciudades del país. En realidad son expropiados, desarraigados, el factor humano arrojado a la calle por la máquina del capital; miles de personas que ante la falta de oportunidades –a todo nivel–, terminan deprimidos, sin motivos para vivir, y por ello atropados por el consumo de todo tipo de sustancias sicoactivas, muchos de ellos/ellas, utilizados, de distinta manera, por bandas criminales.

 

**A la ruleta rusa obligaron a jugar a agentes del CTI secuestrados en el Bronx. En http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ruleta-rusa-obligaron-jugar-agentes-del-cti-secuestrado-articulo-563066 


Una disputa de varias décadas

Con el desalojo de El Cartucho, además, avanzaban en su plan por desalojar del centro de la ciudad a sus históricos pobladores. El barrio, parte de San Victorino, hacía parte de un sector histórico de la misma, en el cual el gobierno local no volvió a invertir en mantenimiento ni servicios públicos, presionando así a sus propietarios históricos para que lo abandonarán. Así fue, estos salieron de sus habitaciones de siempre, compradas por El Distrito o por especuladores del suelo, quienes los dejaron como ‘lotes de engorde’. Finalmente la ciudad termina comprando todo y proyecta estas decenas de cuadras para nuevos proyectos urbanísticos entre los cuales está el nuevo Centro Administrativo del país, parques urbanos, avenidas para conectar el oriente con el sur y el norte de la capital, entre otros. Como se sabe, tal proyecto de reorganización urbanística está en marcha hace más de 40 años en la ciudad, y sólo la resistencia interpuesta por sus pobladores en varios de sus barrios ha impedido y postergado su consumación.

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De la experiencia temprana en Bolivia hasta Colombia y México Narcotráfico y paramilitarismo, contubernio contrainsurgente

El imperialismo estadounidense, viene enfrentándose a distintos desafíos para su dominio y expoliación, en regiones como el Pacífico, que después del 45 considero como su “lago”. Así como en Europa, donde a través de la OTAN el Pentágono tienen a su cargo el 75 por ciento del gasto militar, para “garantiza la integridad territorial de sus estados miembros”. Y en Oriente Medio, donde la existencia de enormes bases navales y aéreas de Estados Unidos “tranquiliza a los amigos e intimida a los rivales”.

 

Razones por las cuales le resulta inadmisible la intervención rusa en Ucrania y Siria, así como el hecho de que China está convirtiendo sus mares territoriales junto al lago estadounidense en aguas claramente en disputa. No obstante desde el final de la Guerra Fría, la abrumadora supremacía del poder militar estadounidense ha sido el elemento central de la política internacional1.


De ahí también que, cada vez más la Casa Blanca viene recurriendo a métodos “poco ortodoxos” dentro de su estrategia de dominación. Muestra de ello lo da tanto la Guerra Global contra el Terror (GWOT, por sus siglas en inglés), como el financiamiento encubierto de estos grupos llamados terroristas, que en realidad funcionan como actores paramilitares. Así, estos grupos han extendido el terror yihadista desde un remoto rincón de Afganistán hacia la mayor parte del planeta, desde África y Levante hasta el sur y el sureste de Asia. Además de algunos ataques terroristas en Europa y Estados Unidos.

 

Mismos que por medio da la invasión contra Iraq han contribuido sustancialmente al establecimiento de este régimen de hechos. La Guerra de Iraq dio lugar a la multiplicación por siete de la tasa anual de ataques yihadistas con víctimas fatales, llegándose literalmente a cientos de nuevos ataques y miles de civiles muertos. Y aunque se excluyese el terrorismo en Iraq y Afganistán, los ataques mortales en el resto del mundo han aumentado en más de un 33 por ciento.

 

A este respecto, Médicos con Responsabilidad Social (de EEUU), Médicos por la Supervivencia Global (de Canadá) y Médicos del Mundo por la Prevención de la Guerra Nuclear (de Alemania). Mediante un estudio que intenta aportar un estimación real del total de cadáveres contados en las tres principales zonas de guerra [Iraq, Afganistán y Pakistán] durante los 12 años de ‘guerra contra el terrorismo’”. Y que además incluye un minucioso escrutinio “de las principales publicaciones y datos aparecidos en relación con el número de víctimas en esos países”, e información extra sobre acciones militares. Ha arrojado la “cautelosa estimación” de que 1,3 millones de personas murieron en esas guerras, sin embargo un recuento “incluso podría superar los dos millones”.

 

Más aun, estudios realizados por el Instituto Oslo de Investigación sobre la Paz, han demostrado que dos tercios de las muertes en las zonas de conflicto se agudizaron cuando la solución fue impuesta por elementos ajenos. Tan sólo en Siria, el número de muertes se triplicó después de que los occidentales iniciaran ataques aéreos contra el Daesh. Así como cuando la CIA inicio su velada interferencia militar en la guerra2.

 

Lo cual viene apuntando hacia la conclusión de que, las llamadas “guerras de protección” contra el terrorismo y el narcotráfico [combatidas por ‘coaliciones de voluntades’], hoy en día se han convertido en la principal fuente de violencia en el mundo, contribuyendo ocasionalmente con más de la mitad de las víctimas del conflicto”. Incluso cuando en muchos de los casos, como ocurrió en Siria, haya posibilidades de arreglos diplomáticos, sin embargo estos han sido ignorados.

 

Hechos que sin duda debemos tener en cuenta en América Latina, máxime cuando Washington en nuestro continente tiene la intención de reimplantar el proyecto del ALCA para sortear los problemas que enfrenta en Asia y Europa. Con la intensión de transformar al continente en una inmensa área de “libre comercio”, comandada por la economía norteamericana. Extendiendo hacia toda la región lo que ha venido poniendo en práctica en México bajo el TLCAN.

 

Sin embargo, en 2002 la victoria de Lula en Brasil les causo un gran disgusto a los estrategas estadounidenses ya que se rompió con ese proyecto. Bajo la dirección de Celso Amorim en la política externa brasileña se intento abrir el camino hacia el fortalecimiento de los procesos de integración existentes y hacia la construcción de otros espacios de integración. Fue así que el Mercosur avanzó hacia la fundación de Unasur, con su Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del Sur, entre otros organismos, desembocando en la Celac.

 

Además de ello, en América Latina algunos países logran cambiar su inserción internacional, especialmente aquellos países que han intentado a salir del modelo neoliberal. Por lo que la prioridad de esos países pasó a ser la integración regional y el intercambio Sur-Sur y no los Tratados de Libre Comercio con los EEUU. A lo cual contribuyo la intensificación del comercio con China, y a consecuencia de esto la extensión y profundización del mercado interno de consumo popular. 

 

Sin embargo, el cambio de gobierno en Argentina y en Brasil le brinda la oportunidad a los EEUU para terminar con el aislamiento y el consecuente estancamiento de sus proyectos, que al menos durante un decenio padeció en la región.

 

Particularmente a partir del Mercosur, puesto que a partir de él la derecha brasileña siempre ha querido abrir espacios para acuerdos bilaterales de libre comercio con los EEUU. Por lo que se vislumbra el rebajamiento del perfil del Mercosur, a la vez que se agilizan los acuerdos con la Unión Europea y de intercambios con la Alianza para el Pacifico3.

 

Así, el Pentágono pretende que a partir de la reversión de gobiernos como el brasileño y argentino, promover un nuevo proceso para la inversión de capitales norteamericanos en toda la región. A la vez que pretende ampliar el cerco hacia países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. De ahí podemos observar la manera que altos funcionarios de inteligencia y medios masivos, han alertado sobre un “posible colapso” de Venezuela y hasta de un golpe de Estado.

 

El Times acorde con los intereses de la burguesía de su país ha dicho que las amenazas que los venezolanos enfrentan hoy en día no son el resultado de conspiraciones extranjeras o domésticas, sino del liderazgo desastroso de Nicolás Maduro. Además según el mismos diario, la crisis venezolana ha expuesto las promesas “vacías” de las políticas socialistas que Maduro, así como su antecesor Hugo Chávez han promovido desde finales de los años 90. Más aun, ha criticado al gobierno venezolano por no “acudir” al Fondo Monetario Internacional u otras instancias para “rescatar” su economía”4.

 

Y en el mismo tenor golpista, La Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) solicito para el año fiscal 2017 incrementar su presupuesto para Venezuela en más de un millón de dólares, a un total de 5 millones 500 mil, para “defender prácticas democráticas, instituciones y valores que apoyen los derechos humanos, la libertad de información y la participación de la sociedad civil”.

 

En tanto que, la oposición interna en Venezuela no se ha quedado a tras y ha cumplido con su parte, utilizando las guarimbas5, así como a paramilitares colombianos en todo el territorio venezolano, mismos que se han apoderado del mando de redes delictivas y ejercen la violencia bajo la supervisión del Comando Sur6.

 

Y ante el uso cada vez mayor de grupos paramilitares y narcotraficantes, tanto en Europa, Asia y Medio Oriente así como en nuestros países, haremos una breve revisión histórica de estos grupos, pero además trataremos de ver como vienen funcionando en la actualidad.

 

 

La conformación del esquema narco-paramilitar en Bolivia

 

En Bolivia durante 1980 logro encumbrarse en el gobierno una auténtica mafia civil-militar, que se fortaleció mediante el flujo ilícito de dólares provenientes de la venta de drogas, y el consecuente amparo de la corrupción que esto conlleva, así como el abuso de poder. Todo a su vez producto de una larga secuencia de golpes de Estado militares perpetrados desde 1964 en ese país. Resultando en una inestabilidad política institucional crónica, con profundas raíces en las contradicciones del desarrollo del capitalismo dependiente que caracteriza a los países de nuestra región.

 

Derivado de la inestabilidad política, las Fuerzas Armadas ocuparon el escenario político boliviano casi ininterrumpidamente desde 1964. Mediante dictaduras con la del General Barrientos en el 64, pero particularmente desde 1971 con la dictadura del General Bánzer, los militares trataron de institucionalizar su presencia en la escena política boliviana, a semejanza del modelo brasileño, primero y los sistemas argentino y chileno, después. Pero no lograron estos objetivos en un principió, y no por falta de apoyo por parte del Pentágono, ya fuera de forma abierta o encubierta.

 

De hecho, los oficiales bolivianos además de haber sido educados dentro de su país en el Colegio Militar de la Paz, así como en otras escuelas superiores de especialización en aquel entonces existentes en Cochabamba, fueron adoctrinados en la entonces Escuela Militar de Las Américas (hoy Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad) de la zona del canal de Panamá y en demás instituciones de Norteamérica. En dichos lugares se formaron al menos 4.000 oficiales bolivianos, equivalentes a todos los que durante 1980 formaban parte del establecimiento militar de esa nación7.

 

Más aun, según lo indico el que fuera presidente de Bolivia, Walter Guevara Arze, en las escuelas estadounidenses los oficiales bolivianos fueron adoctrinados dentro de los esquemas de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional y de la Defensa Ampliada”, las cuales postulan que la defensa exterior de los países queda en manos de Washington, mientras que los ejércitos locales se harían cargo de luchar contra el enemigo interno.

 

Educación que convenció a los militares bolivianos de que su función sagrada era gobernar a Bolivia. E incluso que aquellos que dudaban de la validez de las enseñanzas recibidas, se mantuvieron leales al sistema por los beneficios obtenidos. Ya que de 1974 a 1977 los generales entraron en un proceso de aburguesamiento relativo, emanado del enriquecimiento que experimentaron cuando la coyuntura económica internacional favorable para Bolivia les permitió ingresos extraordinarios por concepto de exportación de materias primas y de endeudamiento externo.

 

A lo cual se le sumo el hecho de que muchos militares ocuparon funciones civiles de todo tipo, como prefecturas, alcaldías, presidencias o gerencias de empresas autárquicas o estatales, mediante las cuales percibieron además jugosos sueldos civiles. Así como conllevaron grandes beneficios sociales de carácter personal y facilidades financieras. Mismas que les permitieron construir casas, comprar tierras o invertir en negocios. Que de la mano de ventajas aduaneras les dieron acceso a todo tipo de productos manufacturados llevados directamente desde Panamá o Miami, como automóviles de lujo.

 

En tal contexto, el grupo de oficiales más próximos a Bánzer se benefició de todo tipo de favores y licencias derivadas de la posición que cada uno de ellos ocupaba en la administración de los asuntos públicos. Deviniendo a su vez en abusos y corrupción, por lo que varios jefes y oficiales se vieron envueltos en negocios y tráficos ilícitos, al margen de toda ley con total impunidad. Así se trafico con gasolina, maderas preciosas, autos, armas, drogas, etcétera. Y fueron el origen de superganancias y fortunas espectaculares. Siendo el tráfico de la cocaína sin lugar a dudas el factor fundamental del surgimiento de una mafia militar-civil-narcotraficante8.

 

Todo lo cual se unió al intento más serio por institucionalizar el poder militar en ese país realizado por Bánzer. Durante ese periodo, se puso en marcha un experimento de acumulación de capital acelerada bajo moldes dictatoriales. Consistente en desmantelar la economía estatal y popular, en beneficio de empresas privadas. Resultando muy lucrativo y de gran benefició para el capital nacional y trasnacional. Debido a que el uso irrestricto del poder estatal, sin limitaciones legales o morales de ninguna especie, les permitió cuantiosas posibilidades de enriquecimiento. Implementando políticas que les facilitaron la explotación sin freno de la clase trabajadora a la vez que les facilitaban la transferencia del valor creado en la esfera de la empresa pública hacia entes privados. Y para lo cual distintos mecanismos de corrupción fueron pilares centrales de la estructura de poder, además de una condición fundamental para su permanencia y reproducción9.

 

Configurándose así la explotación irracional de los recursos naturales, la expansión inflacionaria del crédito bancario al sector empresarial-privado, el uso desenfrenado del gasto público, la depresión sistemática de los salarios y especialmente, el irracional endeudamiento externo. Razones por las cuales el régimen banzerista no fue una dictadura militar como las que anteriormente azolaron a América Latina. Sino que formo parte de un esquema continental para la conformación de Estados dictatoriales, en los cuales todos sus engranajes estarían orientados al servicio del capital nacional e internacional. Por lo que fue un régimen brutalmente represivo hacia la clase obrera, sustentándose en el terror sistemático. No obstante lo cual, el experimento fracaso, dejando solo las deudas, junto con socavones cada vez más vacíos, tanto de yacimientos mineros como petroleros.

 

 

Fundamentos del narco-paramilitarismo

 

La burguesía boliviana y los militares que la representaban en los ochenta al igual, al igual que ocurre en la mayor parte de nuestros países, no tenían un proyecto político financiero que representara los intereses de la nación. Sino que estaban más enfocados - como hoy día ocurre en Colombia y México –, en enriquecerse lo más rápido posible, siendo incapaces de formular lineamientos que cubrieran un amplio horizonte para el futuro de su país. De ahí que, tal como por desgracia viene ocurriendo hoy en día en nuestro país, en el régimen dictatorial boliviano no existía un mínimo programa económico, o si existía era incompatible con las necesidades de la clase trabajadora. Derivando en una constante inconformidad social.

 

Y pos consiguiente, cuando la dictadura de Bánzer no logra llevar a buen puerto los intereses de la burguesía local e imperialista, se recurrirá cada vez más al uso de bandas armadas con un carácter absolutamente irregular e ilegal, conformado por elementos organizados militarmente, pero vestidos de civil. Dedicados a las “tareas sucias” de la represión política y del terrorismo de Estado. Generalmente como “policías paralelas”, “grupos parapoliciales” o “paramilitares”.

 

Actores que al amparo del poder de las fuerzas armadas bolivianas comenzaron a constituirse en los 80. Aunque parte de sus orígenes tuvieron fundamento en los grupos de choque que en los años cincuenta organizo la Falange Socialista Boliviana (FSB), a cargo de Carlos Valverde Barbery, bajo el nombre de “Camisas Blancas”, con el fin de combatir a las milicias populares del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

 

Resultando así, que durante el sangriento golpe de Estado en Bolivia, en agosto de 1971, hicieron su aparición los primeros embriones de grupos paramilitares. En La Paz estos grupos fueron francotiradores asesinos, donde destacaron el “Mosca” Monroy y Alberto Álvarez, así como la pandilla llamada los “Marqueses”. En tanto que en Santa Cruz se experimento con la aplicación del sistema de “escuadrones de la muerte”, llevados a Bolivia desde Brasil. En estos hechos los dirigentes fueron Widen Razuk Abrene y Oscar Román Vaca, organizando a los escuadrones que entre el 19 de agosto de 1971 y marzo de 1972 asesinaron a 304 personas. Lo cual los llevo a ser premiados por Bánzer con cargos públicos: Monroy fue a la Dirección de Aduanas, Álvarez a la Presidencia de la Lotería Nacional, Razuk a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y Román Vaca a la Presidencia del Comité Pro Santa Cruz10.

 

Con tales individuos, así como con otros derivados del ejército, la policía y el hampa el régimen de banzerista organizo su policía política con el nombre de Departamento de Orden Político (DOP) encubierto como dependencia del Ministerio del Interior. Y a su amparo, durante los siete años que duró la dictadura, distintas bandas semiclandestinas y parapoliciales fueron las encargadas de sembrar el terror entre la población, recurriendo a asaltos nocturnos en los domicilios de quienes eran molestos al régimen, así como a los cada vez más “refinados sistemas de interrogatorio”, la abierta tortura y las “detenciones”, que en realidad eran secuestros políticos.

 

Así, se hicieron “celebres” torturadores militares como: el coronel Rafael Loayza, jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior, el capitán Carlos Mena , jefe de Operaciones del Ministerio del Interior y posteriormente sucesor de Loayza, el coronel Jorge Cadima, el Rudy Landívar y el mayor Tito Vargas. Así como otros tantos civiles: Guido Benavides (inspector de policía, jefe del DOP y luego de la Dirección de Investigación Nacional DIN), Jorge “Coco” Balvián y Daniel “Damy” Cuentas, este último ex militante revolucionario11.

 

Todo lo cual fue posible después de que el general Juan Pereda –ministro del interior desde 1974-, fue derrotado por la oposición, una vez que se hecho a andar el proyecto de “legitimación electoral” de la dictadura. Pereda se levanto en armas contra Banzer y le quitó el gobierno, el 2 de julio, para ser derrocado a su vez el 24 de noviembre, por el comandante del ejército, general Padilla. Mismo que bajo presión de los Estados Unidos prometió nuevas elecciones para legitimar su dominio en contubernio de la burguesía local e internacional. Y ante la “debacle” y el desmoronamiento del régimen militar, los sectores más lúcidos del ejército se organizaron para sobrevivir y preparar su contraofensiva.

 

Por lo que a partir de 1978 comienzan a llegar a Bolivia los primeros mercenarios extranjeros reclutados por el criminal de guerra alemán Klaus Barbie-Altmann (jefe de la policía política nazi GESTAPO en la ciudad francesa de Lyon durante la SGM) mediante el Ministerio del Interior boliviano (DOP-SIE), donde el refugiado nazi era asesor12.

 

Así como hicieron su aparición en la escena boliviana los argentinos Alfredo Mario Mingolla y González Bonorino y Silva, quienes pertenecieron a la tristemente célebre “Alianza Anticomunista Argentina” (triple A). Contratados por el Ministerio del Interior, actuaron como provocadores durante la campaña electoral de 1978, así como fueron quienes dinamitaron la sede parroquial de Loreto, en Cochabamba, en septiembre del mismo año. Además, en ese mismo mes también llego a Bolivia igual por conducto de Altmann, el terrorista alemán Joachim Fiebelkor (desertor del ejército alemán, mercenario de la Legión Extranjera, vinculado a la “Internacional neonazi”), proveniente de Paraguay.

 

Más toda vía, a fines del mismo año, Altmann llevo a Bolivia también desde Paraguay al ex soldado alemán nazi Hans Joachim Stellfeld y al mercenario belga “coronel” Jean Sheramme. Mismos que recibieron sueldo y credenciales del Ministerio del Interior boliviano y se pusieron a cargo de la instrucción militar de grupos irregulares. Todos estos grupos actuaron finalmente durante la derrota del régimen dictatorial del coronel Alberto Natusch, en noviembre de 1979. Tras ponerse en pie un ejército de paramilitares “profesionalizados” con el objetivo de conquistar el poder, ya que el ejército regular había sido derrotado, después del proceso democrático-electoral que colocará como presidente interino al abogado Walter Guevara arce y ante tales hechos los militares tuvieron que retirarse a sus cuarteles después de 15 años en el poder.

 

Después de que en octubre de 1979 Natusch proclama el fin de la democracia representativa en Bolivia y reimplanta el régimen militar, quince días más adelante Natusch se ve obligado a abandonar el Palacio de Gobierno por la puerta trasera repudiado por el pueblo. De suerte que el Parlamento nombró nuevo presidente interino a Lidia Gueiler, misma que una vez en el puesto convocó a nuevas elecciones para junio de 1980.

 

Y en dicho contexto, tan solo un día después del aplastamiento del golpe de Natusch, se preparo el siguiente golpe de Estado que tendrá como brazo ejecutor a las fuerzas paramilitares. Y en dicho proceso la experiencia argentina será fundamental, puesto que se hizo un uso extensivo de la represión clandestina, en lo cual eran expertos. Si bien el capitán Miguel Ángel Benazzi, oficial de Inteligencia, uno de los primeros torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, ya se encontraba en Bolivia desde 1978 como funcionario de la Agregaduría Naval de la Embajada Argentina. Para 1980 llegan en masa a Bolivia los “pesos completos” expertos en provocación, terrorismo, secuestro, tortura y la desaparición.

 

Resultándole más cómodo al Estado, actuar desde las sombras que desde las instituciones expuestas a la luz pública, logrando bajar la moral del “enemigo” (entiéndase movimiento popular) desatando el pánico en sus filas, a la vez que se mantiene la ilusión de una neutralidad de las fuerzas armadas o al menos no se desgastan estas en las “tareas sucias” de la represión política. Y más todavía, logran intimidar a los sectores militares “blandos” (institucionalistas o democráticos) que se oponen a las directrices de los sectores “duros”13.

 

Así, destacaron el siniestro capitán Antonio Pernía, que anteriormente ya había participado en operaciones clandestinas en París y Madrid, así como el capitán Schelling, ex jefe de Inteligencia del aparato represivo montado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, el cual además se llevo a todos su equipo de torturadores. Derivando en que la Misión Militar argentina pronto elevara su personal en cubierto en Bolivia hasta llegar a contar con 70 funcionarios.

 

Pero el elemento fundamental para la construcción de la fuerza paramilitar golpista fue el Departamento II del Estado Mayor General del Ejército, una vez que a raíz del golpe de Natusch, queda en manos del coronel Luis Arce Gómez. Después del fracaso del golpe, Arce Gómez se atrinchero en el Departamento II, ante la pasividad del gobierno y de los demás jefes militares.

 

Siendo una de las principales “cualidades” de Luis Arce para desarrollar un nuevo golpe, el hecho de ser narcotraficante. De forma que por medio de Luis Arce y de sus contactos en la mafia del narcotráfico la fuerza paramilitar en formación encuentra no sólo su principal fuente de financiamiento, sino que además representará su principal fuente de crecimiento al incorporar masivamente a los pistoleros a sueldo de los narcotraficantes.

 

Para tales efectos, fueron los encargados de reclutar traficantes de cocaína, los oficiales Abraham Baptista y el capitán Rudy Landívar vinculados al narcotráfico. Configurándose desde los primeros meses de 1980 la simbiosis entre servicios secretos, el hampa del narcotráfico, militantes falangistas, mercenarios extranjeros, torturadores de la policía política y oficiales del ejército, todos bajo el mando invisible de la misión militar argentina. Y quedando la jefatura de tal banda terrorista en manos del coronel Arce, en tanto que la coordinación operativa estuvo a cargo de un equipo de “diplomados”, liderada por el coronel Freddy Quiroga y el capitán Hinojosa, ambos procedentes del SIE14.

 

Este grupúsculo hizo su aparición en 1980 secuestrando y asesinando con técnicas desconocidas hasta entonces en Bolivia. Causando una ola de atentados y explosiones, varias de las cuales fueron mortales, recorrieron a ese país meses antes de las elecciones del Todo lo cual ocurre ante la pasividad y complicidad del Ejército, por lo que se pudo llegar así hasta el golpe del 17 de julio. Día en que las operaciones del golpe se encontraron por completo a cargo de los paramilitares.

 

De manera que tan sólo en hora y media, unas cuantas decenas de individuos vestidos de civil, pero entrenados militarmente y armados con metralletas, recorrieron la ciudad de La Paz al medio día en ambulancias, hasta lograr secuestrar a la presidenta de la República, así como a su gabinete magisterial, también a la dirección político-sindical del país, además de acallar mediante la fuerza a todas las radioemisoras de la ciudad. Y una vez paralizada la capital, los paramilitares entregaron el poder al ejército en la persona de comandante general, Luis García Meza15.

 

Demostrando así los golpistas a sus camaradas, que al utilizar a fuerzas paramilitares se podía actuar de manera “independiente” del resto de las fuerzas armadas, al tener la capacidad de lanzarse a la calle sin necesidad de recurrir a la movilización de regimientos militares cuyos comandantes podrían no estar dispuestos a ensuciarse las manos y el uniforme en tareas gansteriles. Más toda vía, servía como factor demostración para los indecisos o reticentes, al indicarles que también podían correr la misma suerte que tuvieron los políticos a manos de los paramilitares.

 

Siendo así que la mayor parte de los comandantes de regimientos no dudaron en participar en la represión, después de cumplidas las primeras acciones, salieron a la calle las patrullas militares. De manera que en los allanamientos actuaron en conjunto militares y paramilitares, donde a los últimos les correspondía la iniciativa mientras que a los primeros les tocaba ser el respaldo de la fuerza16.

 

Desde entonces, es de vital importancia para la clase obrera y campesina de toda América Latina, comprender que los narcotraficantes pueden actuar dentro del paramilitarismo, como una especie de “ejército paralelo” o guardia pretoriana, al servicio del ejército y fracciones de la burguesía nacional y extranjera. Y que llegan a conformar un verdadero poder dentro del ejército, debido a que los jefes y oficiales vinculados a ellos controlan al mismo tiempo puestos clave dentro del mismo. En Bolivia jefes y oficiales actuaron incluso como logias secretas, tal fue el caso de las llamadas “Águilas Negras”. Además, los narcotraficantes lograron penetrar en todos los entresijos del aparato estatal.

 

 

Quitar el agua al pez y tierra arrasada, de métodos y estrategias para deshacer la insurgencia

 

Desde hace muchos años atrás, gran parte de los consejeros y expertos norteamericanos en política exterior sobre la ciencia político-militar de la contrainsurgencia, han observado a las revoluciones modernas con sumo detalle, para comprender sus estrategias y así poder contrarrestarlas o revertirlas. De forma que comienzan a definir a los participes de la insurgencia como “guerrilleros políticos”, civiles armados para quienes el rifle o el machete son armas secundarias. Siendo su arma principal su relación con la comunidad o la nación, misma por las cuales pelean. Y su “arma secreta”, más allá de cualquier estrategia o táctica, es la capacidad de despertar en la comunidad la inconformidad con el sistema de cosas imperante. Por lo que la derrota militar del enemigo, el derrocamiento del gobierno, son tareas derivadas que vienen en consecuencia. Siendo entonces la tarea central de la insurgencia lograr que la población se transforme en militante, ya que sin su consentimiento no tendría fuerza.

 

Tales hechos llevan a los estrategas a comprender que el insurgente puede emprender la retirada cuando no logra sostener un combate con buenas posibilidades de triunfo, o dispersarse y esconderse cuando no tiene seguridad de movimiento. De forma que siempre que cuente con el apoyo de la comunidad, puede diluirse en el seno de la población pacífica, el mar donde según Mao-Tse-Tung, la insurgencia nada como un pez.

 

Identificando entonces que la población es la clave de toda lucha, debido a que sin el apoyo del pueblo la insurgencia sería un simple grupo de bandidos incapaz de sobrevivir. Y si por el contrario la contrainsurgencia logra cooptar a la población para contar con su apoyo, la insurgencia no será posible, no habrá guerra ni revolución. La causa se evaporaría, muriendo al no encontrar el impulso popular necesario para alcanzar el cambio radical17.

 

Del examen descrito, también determinaron que el objetivo central de la insurgencia es elevar el nivel de madurez revolucionario y por ende la participación popular. Hasta llegar a un punto en el que la insurgencia se generalice en todo un país y las masas populares terminen con el orden existente, así como con el ejército que lo defiende. Y de acuerdo con la experiencia boliviana se puede observar que, los estrategas contrainsurgentes al resultarles improbable la derrota militar de una auténtica insurgencia, han optado cada vez más por la utilización de métodos cercanos al genocidio.

 

Todo lo cual ocurre al mismo tiempo que el gobierno finge ser popular, prestando gran atención a los conceptos populares de democracia, justicia y derechos humanos, para mantener cierta apariencia de normalidad. Esquema dentro del cual, conforme han aprendido que no pueden aplastar abiertamente a la oposición que los perturba y los hostiga, vienen recurriendo cada vez más a la estrategia narco-paramilitar o simplemente paramilitar, como la boliviana. 

 

Revirtiendo para la insurgencia una situación en la que la movilización de la gente sencilla de todo un país, les permite crear un enorme mar humano donde ahogar al enemigo, como postulaba Mao. Máxime, cuando en los hechos los insurgentes en determinados momentos históricos lograron ampliar sus bases rurales hasta abarcar a la gran mayoría de la población campesina, haciéndole inviable el movimiento a las fuerzas armadas. Y lograron tomar posteriormente aldeas y pueblos grandes, hasta lograr replegar al ejército hacia sus puntos fuertes en la ciudad18.

 

Por ejemplo, durante 1982, en el Salvador cuando el ejército de esa nación no era capaz de derrotar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR). Se orquesto una campaña militar dirigida principalmente por fuerzas estadounidenses, que encaminaron sus fuerzas contra la población civil inerme, para quitarle apoyo al FMLN-FDR, amedrentando y masacrando a la gente. Asimismo se dio la persecución de obreros, campesinos, intelectuales, periodistas nacionales y extranjeros, así como fueron perseguidos todos aquellos que resultaran sospechosos de “simpatizar” con el movimiento revolucionario.

 

Bajo esa tesitura, se creo un clima represivo durante los ochenta tanto en el Salvador como en Bolivia, que se ha perfeccionado hasta la actualidad en Colombia y México mediante la guerra contra el narcotráfico. Ya que bajo esta se ha venido afectando a casi todos los sectores de la población, mediante la salida a las calles de militares que supuestamente intentan contener el avance del narcotráfico, pero que por el contrario han favorecido el fortalecimiento y la conformación de grupos de narco-paramilitares. Que tienen por objetivo escarmentar por medio del terror a todo el pueblo y mostrar que no hay derechos humanos que valgan. A causa de esto, hoy en día estamos padeciendo una terrible guerra genocida “contra las drogas”. Inspirada, apoyada y conducida, tal como en las dictaduras del pasado, por el demencial imperio norteamericano.

 

Por las siguientes razones, en Colombia durante el mandato del tecnócrata Virgilio Vargas (1986-1990) se exponencia la guerra sucia inaugurada por Betancourt Cuartas. Siendo que se facilito la represión “legal” a la que fue sometida la oposición a partir de los dictados para “perseguir a narcotraficantes” y sus sicarios. Pero que en los hechos, los narcotraficantes contribuyeron decididamente a la conformación de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte y sicarios de las fuerzas armadas. Como resultado del dinero que los narcotraficantes inyectaron, los paramilitares pudieron obtener armas modernas, sofisticados sistemas de comunicación, financiamiento de mercenarios internacionales como entrenadores, así como permitieron asalariar a extensas redes de sicarios e intimidar y sobornar a quien fuera necesario19.

 

Y conforme el narco-paramilitarismo se acentúo en Colombia, estos grupos se pusieron a “trabajar” en actos como el asesinato del médico, catedrático y senador de la Unión Patriótica, Pedro Luis Valencia Giraldo, ocurrido el 14 de agosto de 1987. Después de que días antes fuera uno de los organizadores de una marcha en Medellín para protestar ante la ola de asesinatos a profesores y estudiantes universitarios. Asesinado por sicarios que se encontraban bajo el mando del líder paramilitar y miembro del cártel de Medellín, Carlos Castaño Gil, ocurriendo tales hechos a muy pocas calles del supervigilado cuartel de la IV Brigada.

 

Más aun, el uso de narco-paramilitares ha permitido en Colombia dar un salto cualitativo en el tipo de asesinatos, puesto en evidencia ante la ejecución de cuatro militantes de derechos humanos. siendo que hasta antes de esas ejecuciones, gran parte de los asesinatos políticos cometidos por las fuerzas de seguridad y sus escuadrones de la muerte, recaía sobre personas asociadas a la oposición de izquierda como, sindicalistas, líderes populares, campesinos en la regiones guerrilleras, ex presos políticos, así como amigos y padres de miembros de los grupos de oposición armada.

 

Desde entonces, las desapariciones y los asesinatos se multiplicaron, ya que también se dirigieron a personas conocidas por sus contribuciones culturales, universitarias u acciones a favor de la ciudadanía. Configurándose como un ataque contra sectores enteros de la sociedad colombiana, donde lo único necesario para ser víctima era no apoyar abiertamente al gobierno y por lo tanto ser considerado como “subversivo”20. Resultando asimismo entonces, que la organización de la defensa de los derechos humanos en 1987, fue duramente perseguida, siendo amenazados de muerte 15 de sus miembros, cuatro asesinados y uno desaparecido. En tanto que otros cinco tuvieron que abandonar el país.

 

Quedando en claro el grado de impunidad ante estos hechos, del Estado colombiano, quien actuó al amparo del narco-paramilitarismo. Según demostraron las declaraciones por el líder paramilitar y narcotraficante Carlos Castaño Gil. Después de que este reconociera que el 9 de agosto de 1994 viajo a Bogotá y dirigió el comando que ejecuto al senador Manuel Cepeda Vargas. Pero no obstante su declaración la Corte Suprema de Justicia rechazó la confesión. Más aun, Manuel Cepeda señalaría la ironía y el deplorable sistema de justicia colombiano, al indicar que que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de toda responsabilidad, sin que el mismo se asignara un abogado para su defensa21.

 

A este deplorable escenario en Colombia, se le sumaron las mal llamadas Juntas de Autodefensa, estipuladas en el Reglamento de Combate de Contraguerrillas (EJC-3-10 Restringido), como los principales apoyos de combate en contrainsurgencia, además de los servicios de inteligencia y los grupos de guerra psicológica. Resultando entonces que las autodefensas estuvieron cada vez más activas en las regiones de sus miembros y para lo cual contaron con la coordinación y el apoyo activo del ejército. Siendo enviadas por todo el país para asesinar a supuestos colaboradores de la guerrilla.

 

Despliegue paramilitar dentro del cual se debe tener en cuenta que ocurre una vez que en Colombia se instauran empresas trasnacionales estadounidenses como Del Monte y Doley, además de la United Fruit que se acento desde los sesenta en la zona de Urabá. Todas estas empresas acapararon las mejores tierras, de manera que a principios de los años ochenta Urabá ya ocupaba el segundo lugar en la exportación de banano en el mundo. Para lo cual se explotaron a unos 30 000 trabajadores cuyas jornadas llegaban a ser de hasta 70 horas semanales, sin seguridad social ni contratos fijos, además de que la mayoría se encontraban hacinados con sus familias en campamentos22.

 

Explotación ante la cual los trabajadores comenzaron a manifestarse en contra, apoyados por organizaciones y partidos de izquierda. Lo que le posibilito a su vez a la izquierda ganara alcaldías en los principales municipios de Urabá. Demostrando su contundencia organizativa sindical al momento de negociar pliegos laborales y ante la intransigencia patronal lograron paralizar totalmente la producción y exportación del banano, además de otras actividades económicas. Lo cual enfureció a los empresarios y al Estado.

 

Además la ruptura de las negociaciones entre las organizaciones guerrilleras y el gobierno agudizaron el contexto de conflicto, particularmente desde 1987. Y tal como viene ocurriendo hoy en día en distintos estados de la republica mexicana como Guerrero y Chiapas, el gobierno colombiano anuncio llevaría la “paz” a Urabá, declarándola “zona especial de orden público y operaciones militares”. Ocurriendo entonces en esa zona que bajo el mando de un militar con poderes plenos, se instalaron cinco batallones de contraguerrilla, se cancelaron las personerías jurídicas de los sindicatos, a la vez que se multiplicaron los grupos de narco-paramilitares y se instauró una política represiva de tierra arrasada23.

 

En consecuencia, la madrugada del 4 de agosto de 1988, los narco-paramilitares llegaron a las haciendas bananeras Honduras y la Negra, en Urabá. Sacaron a los campesinos de sus dormitorios, los identificaron, interrogaron y mataron a veinte de ellos cuando aun permanecían tendidos en el piso. A esto se le sumaban la muerte de cuarenta dirigentes sindicales, asesinados días antes por “desconocidos”. Y cuando algunos jueces, después de la masacre de campesinos, acudieron acompañados de militares para hacer el levantamiento de los cadáveres, algunas mujeres sobrevivientes identificaron a varios de los uniformados como partícipes de la masacre. Indicando que, cuando los asesinos estaban revisando a los fusilados, uno de ellos dijo: “Mi cabo, todavía hay uno vivo”. “Remátelo” obtuvo como respuesta24.

 

Pero, no obstante la participación de militares en tales eventos, se dijo que algunos de ellos habían participado, estos eran una especie de “ovejas descarriadas”. Afirmaciones que tenían la intención de negar una política de terror a escala nacional desatada por las fuerzas armadas contra la oposición. De ahí que la versión gubernamental fue desmentida por distintas investigaciones oficiales e independientes al establecer que las masacres habían sido muy bien preparadas. Más aun, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación se concluyó que desde el Magdalena Medio se trasladaron paramilitares bajo el mando del ex militar Luis Antonio Meneses Báez, alias “Ariel Otero”.

 

Además, los operativos para identificar a las futuras víctimas fueron realizadas por unidades de inteligencia de la V y X Brigadas, con el respaldo de empresarios bananeros y ex guerrilleros reclutados por el ejército, todo lo cual fue ordenado por el oficial Sanmiguel Buenaventura. Mientras que el desplazamiento de paramilitares y la dirección de operativos estuvo bajo la dirección del mayor Luis Felipe Becerra Bohórquez, mismo que incluso pago son su tarjeta de crédito la cuenta del hotel de Medellín de algunos de los militares trasladados desde el Puerto Bocaya a Urabá. 25

 

Asesinato y persecuciones que también alcanzaron a la jueza Martha Lucía González, después de que ésta el 31 de agosto de 1988 ordenara el arresto del mayor Becerra Bohórquez y del jefe paramilitar y narcotraficante Fidel Castaño Gil. Desde entonces recibió amenazas de muerte, hasta verse obligada a salir del país. Pero en represalia, el 4 de mayo de 1989 su padre fue asesinado en Bogotá. Más toda vía, la jueza que la sustituyo fue asesinada junto con sus escoltas el 28 de julio, después de que esta confirmara la orden de arresto contra Becerra Bohórquez.

 

Y si bien en septiembre de 1989 un tribunal de Bogotá confirma la orden de aprensión contra el oficial, esta nunca se efectuó, sino que por el contrario éste fue ascendido y enviado aun curso al extranjero. Además, la orden de aprensión fue revocada, a la vez que el militar fue nombrado secretario de prensa del ejército y recibió la medalla al Servicio distinguido.

 

De estos hechos se puede inferir que en Colombia, igual que ocurrió en Bolivia y se viene acentuando en México, se ha buscado abrirle espacio a los intereses y actividades del narcotráfico que se encuentran en contubernio con las perspectivas agroindustriales. Por lo que detrás de la estrategia de terror hacia la población y sus organizaciones, se debe destacar el hecho de que Urabá es considerada como una de las zonas más ricas y estratégicas de Colombia y el mundo. Zona con 1,230,000 hectáreas de tierra y cerca de 700,000 habitantes, no sólo es productora del 60 al 100% de los cultivos de banano del país, sino que además, posee enormes reservas madereras, pesqueras, oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radioactivo, gigantescos recursos petroleros, así como una gran biodiversidad26.

 

Mientras tanto en México, particularmente en el estado de Guerrero, desde antes del 26 de septiembre de 2014, día en el que 43 estudiantes de la Normar Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desparecieron a manos de supuestos pistoleros del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, coludidos con policías municipales. El número de desaparecidos por supuestos narcotraficantes eran casos de todos los días y que nadie volteaba a ver. Tan solo en mayo de 2010 se localizo en Taxco una mina abandonada con 54 cadáveres, así como se encontraron “narcofosas” descubiertas en 2013 y 2014 en Zumpango, Acapulco e Iguala. Tan solo de enero a agosto de 2014 se contabilizaron 197 desaparecidos, que sumados con los 43 normalistas son 240 27.

 

Hechos que han gozado de tal impunidad que, al día de hoy han colocado a Guerrero en una situación donde todos los días las colonias y barrios de las orillas de Acapulco sean campo de batalla entre hordas de niños y jóvenes sicarios. Mismos que se encuentran bajo las órdenes de algún cártel local. Ocurriendo así desde 2012, cuando el estado empezó a disputar el primer sitio en violencia frente a Cuernavaca, Tijuana, Ciudad Juárez y Ecatepec. Siendo considerado Acapulco el año pasado como la ciudad más peligrosa del mundo con casi mil 200 asesinatos. Éste estado de la república comenzó a sufrir una exacerbación de la violencia desde el 28 de octubre de 2010, después de que en el centro de Acapulco fueron fusilados tres hombres y una mujer. Desde entonces, la violencia ha ocasionado el cierre 970 negocios en el puerto, la huida de familias, así como el abandono de residencias o casas de playa.

 

Ante tales eventos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anuncio un plan de “rescate para Acapulco”, que ha implicado la militarización de la seguridad pública, tal como ocurriera en Colombia cuando se instauran los narco-paramilitares. Y de igual forma que en aquel país, pese o gracias a la implementación de operativos policiaco-militares la narcoviolencia continúa. Situación que parece se agudizara, puesto que Osorio Chong anuncio en 2015 la creación de un cuartel militar en Chilapa, a pesar de que dicha zona ha sido señalada como una franja donde el Ejército ha sido acusado de proteger al grupo de los “Ardillos”.

 

Versiones que han sido corroboradas por los hechos, pues este grupo no sólo aniquila con toda impunidad a sus adversarios, sino que también realiza secuestros para reclutar adeptos y los obligan a trabajar para ellos en campos de enervantes o los integran a sus escuadrones de la muerte. Más aun, se ha señalado a la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez de mantener vínculos con el grupo de los Ardillos, así como con integrantes de una nueva banda. Este nuevo grupo supuestamente ha desaparecido a 16 personas de entre 15 y 31 años, algunos de los cuales han sido vistos trabajando en campos de amapola resguardados por hombres armados28.

 

Y como resultado de estos hechos, se viene observando una indolencia por parte del gobierno federal, al no hacer nada para detener a tales delincuentes, pese a las denuncias de familiares de las víctimas como José Díaz Navarro. Éste ha advertido desde 2015 que en Chilapa se estaba gestando otro Ayotzinapa, ya que ha sido evidente que la delincuencia actuó en colusión con el ejército, autoridades federales y estatales, para la desaparición de su hermano Hugo y Alejandro. Estos fueron interceptados, junto con tres empresarios de la construcción, por sujetos armados en la comunidad de El Jagüey a finales de 2014 y hasta la fecha los cinco siguen desaparecidos.

 

Pero además, el vínculo narco-paramilitar también se ha visto fortalecido por el respaldo de la prensa, debido a que en ésta algunos informadores han sido contratados por las autoridades y publican notas y reportajes sesgados, tal como ha señalado Ángela Buitrago, ex fiscal colombiana y que trabajo en México durante 13 meses como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Además, Ángela a señalado que cuando el GIEI solicito a las más altas autoridades del país que permitieran interrogar a los militares que presenciaron los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como les permitieran revisar los informes que los militares entregaron a sus superiores. El Secretario de Gobernación, Osorio Chong les dijo que esos interrogatorios no iban a ser posibles29.

 

Otro tanto ha venido ocurriendo en el caso de Tlatlaya, estado de México, lugar donde también se ha puesto en evidencia que el 30 de junio de 2014 el ejército mexicano realizo ejecuciones sumarias, después de mantener un enfrentamiento con supuestos integrantes del crimen organizado. En este caso, Grupo Televisa se fue deshaciendo de los directivos de Esquire, ya que estos respaldaron la publicación del reportaje freenlace (el cual sostiene la versión de ejecuciones por parte del ejército) en 2014 y el seguimiento que le dieron en 2015. Así, la cúpula editorial de Televisa despidió a Manuel Martínez Torres, quine era directos de Esquire, así como a su jefe, Javier Martínez Staines y por lo cual Mael Vallejo, editor general también de Esquire, renuncia.

 

Así, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, ha señalado que la falla de origen para dar solución al caso Tlatlaya, se encuentra en el hecho de que los militares mantuvieron el control sobre el lugar de los acontecimientos por varias horas, antes de la intervención de una autoridad civil, mientras que la CNDH ha encontrado que cuando la Sedena toma el control de una escena del crimen con frecuencia la altera para encubrir lo que ocurrió. Lo cua es corroborado por el testimonio de los sobrevivientes de Tlatlaya y los mismos soldados, ya que estos han indicado que la zona estuvo bajo control castrense entre seis y ocho horas hasta que llegaron, después de las 12:30, funcionarios de la Procuraduría del Estado de México30.

 

Pero por si todo esto no fuera suficiente, en el estado de Guerrero bajo el clima de violencia e incertidumbre ya descrito, han surgido las llamadas Autodefensas desde junio de 2012, en Huamuxtitlán, región de la Montaña, antes incluso que en Michoacán, donde el fenómeno emergió más tarde y el armamento como cuernos de chivo llamaron la atención de inmediato y por lo cual salieron en los titulares de la prensa nacional e internacional, en tanto que las armas en Guerrero no pasaban de escopetas y pistolas de bajo calibre.

 

Y aunque el embrión de la Policía Comunitaria fue el nacimiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en noviembre de 1995, las autodefensas de Huamuxtitlan estarían signadas por enfatizar su lucha contra el narcotráfico. Y dentro de esta misma línea le siguió Olinalá, lugar que ha tenido mayor relevancia a partir de que a mediados de 2013 su comandanta Nestora Salgado García detuvo al síndico procurador del Municipio, armando Patrón Jiménez. Acusado de mantener vínculos con los narcotraficantes de la región31.

 

Asimismo en Telamacatzingo, poblado perteneciente al municipio de Olinalá, surge otra autodefensa el 2 de diciembre de 2012, con Citlali Pérez Vázquez al frente. Mientras que el 5 de enero de 2013, surge otra autodefensa en Ayutla de los Libres, bajo el mando del násuvi Bruno Plácido Valerio.

 

Sin embargo es importante tener en cuenta que tales autodefensas han mantenido diferencias radicales en sus formas de trabajo. Destacando el hecho de que mientras Nestora Salgado se confrontó con el gobierno del estado, de quien en un principio sólo recibió una pick up, Bruno se hizo su aliado, aceptando todo tipo de prebendas, desde playeras y radios para sus huestes, hasta una camioneta blindada en la que se transportaba.

 

No obstante estas diferencias, desde 2012 el surgimiento de las autodefensas no ha parado en Guerrero, manifestándose en las siete regiones de dicho estado. En municipios como El Mesón, Cualac, Coyuca de Benítez, Tierra Colorada, Teololoapan, Xaltianguis (Acapulco), Tecpan, Costa Grande, Atlixtac, Alpoyeca, Tlapa (centro económico de la Montaña), Chichihualco, Zumpango, Apaxtla y Chilpancingo. Todas las autodefensas han avanzado, crecido o se han extinguido, al igual que sus líderes, en un clima de corrupción e inconformidad social, donde el gobierno a tejido alianzas con el narcotráfico y algunas autodefensas, dejando de lado a otras que no se han subordinado. De tal suerte que algunas han terminado por ser infiltradas por el narco, minadas desde dentro, por lo que hoy en día el narcotráfico sigue inamovible e imbatible, manteniendo bajo su control a la ciudad más grande y poblada, Acapulco. Así como al pueblo más pobre y recóndito, Zitlala, causando miles de muertes y cientos de personas desplazadas32.

 

Pero al igual que en Urabá, no se debe pasar por alto que tales eventos ocurren en un estado de Guerrero donde existen ricas minas de oro, plata y cobre, así como tiene grandes recursos hídricos en ríos, lagunas y playas, además de recursos forestales. Mismos que el generoso presidente Enrique Peña Nieto, pone a disposición de empresas como el Grupo Collado. Grupo que recibió de manos del mismo presidente, el 12 de octubre del año pasado el Premio Nacional de Exportación33.

 

 

Bibliografía.

 

Latin America Bareau. Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). “Narcotráfico y política. Militarismo y mafia en Bolivia”. 1982.
Echeverria Zuno Álvaro. “Centroamérica: la guerra de Reagan”. Presencia latinoamericana, 1985.
Taber Robert. “La guerra de la pulga”. Ediciones Era, Ancho mundo, 1967.
Calvo Ospina Hernando. “Colombia, laboratorio de embrujos”. Ediciones Foca, 2008.
Hemerografía.
La Jornada, sábado 21 de mayo de 2016.
Revista Proceso, número 2062, 8 de mayo de 2016.
Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
Notas:
1 Rebelión. “Un poder imperial en la cuesta abajo. Un desafío al poder de Estados Unidos (I)”. Por: Noam Chomsky, 17-05-2016
2 Rebelión. ¿Qué principios gobiernan el mundo? Un desafío al poder de Estados Unidos (y II). Por: Noam Chomsky, 21-05-2016.
3 Rebelión. “Desmonte de la integración regional”. Por: Emir Sader, 17-05-2016.
4 La Jornada, jueves 19 de mayo de 2016.
5 Guarimbas, término popular que comenzó a utilizarse como sinónimo de refugio, cuando en Venezuela mandaba el militar Marcos Pérez Jiménez (1953). En aquel entonces, la resistencia cívica diseñó un método de subversión: Se operaba en contra de la dictadura para luego correr en busca de seguridad en el interior de las iglesias. Sin embargo hoy en día es utilizado por la derecha venezolana para identificar protestas organizada en zonas residenciales, así como con cierre de calles.
6 La jornada. “Preparativos de intervención militar en Venezuela”. Por: Ángel Guerra Cabrera. 19-05-2016.
7 Latin America Bareau. Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). “Narcotráfico y política. Militarismo y mafia en Bolivia”. 1982. Pág. 90.
8 Ibíd. Pág. 93
9 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 92
10 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 101.
11 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 102.
12 Ibíd. Pág. 103
13 Ibíd. 105.
14 Ibíd. Pp. 106-107
15 Ibíd. Pág. 108
16 Ibíd. 108
17 Taber Robert. “La guerra de la pulga”. Ediciones Era, Ancho mundo, 1967. Pág. 19
18 Ibíd. Pág. 55
19 Calvo Ospina Hernando. “Colombia, laboratorio de embrujos”. Ediciones Foca, 2008. Pág. 169
20 Ibíd. Pág. 175.
21 Ibíd. Pág. 176.
22 Ibíd. Pág. 181.
23 Ibíd. Pág. 181
24 Ibíd. Pág. 183
25 Ibíd.
26 Ibíd. Pág. 185
27 Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
28 Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
29 Ibíd.
30 Ibíd.
31 Ibíd.
32 Ibíd.
33 Revista Proceso, número 2062, 8 de mayo de 2016.

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Colombia, un modelo Made in USA: Definiciones del embajador de EE.UU. ante la visita de Obama

El representante Noah Mamet incluyó a Colombia en las “buenas prácticas” de lucha contra el tráfico de drogas. Anticipó que Obama “mostrará su respeto” por la conmemoración de los 40 años del golpe.

Como anticipo de la visita del presidente Barack Obama, el embajador de los Estados Unidos citó el caso colombiano entre las que definió como “buenas prácticas” de lucha contra el narcotráfico. En una rueda de prensa ofrecida en su residencia Noah Mamet también dijo sobre los 40 años del golpe militar que Obama “mostrará su respeto” por la conmemoración.


En una breve introducción fue el propio embajador quien mencionó que la “lucha contra el narcotráfico” será parte de la agenda entre Obama y Mauricio Macri.


La cuestión de las drogas es una discusión permanente en los Estados Unidos. El debate es qué hacer en casa y qué hacer fuera de casa. En el ámbito local proliferan las experiencias como la del estado de Colorado, que legalizó la marihuana. En la campaña la precandidata demócrata Hillary Clinton suele pedir que los bomberos y los policías sean entrenados para asistir a gente que se propinó sobredosis de sustancias agresivas y puedan llevar un kit para salvataje de emergencia. En el plano internacional Washington bendijo la “guerra contra las drogas”, definida así y encarada por el ex presidente mexicano Felipe Calderón. Esa guerra superó las 100 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.


–Embajador, ¿en materia de lucha contra las drogas cuál es el modelo en el que su país quiere cooperar con la Argentina? ¿Colorado o México? –preguntó ayer Página/12.


–Bueno, hay más modelos además de los que usted cita. Le menciono las buenas prácticas aplicadas en Colombia, donde nosotros hemos ayudado con muchos fondos. Yo escuché que funcionarios del gobierno argentino dijeron que quieren trabajar con Colombia para dar aquí la pelea contra el delito. Cuando recorro las provincias también encuentro mucha preocupación por el tema en funcionarios y dirigentes. Es un gran tema y seguramente habrá algunos anuncios.


–Cuando usted habla de buenas prácticas en Colombia, ¿a qué período se refiere?


–Le repito que hay muchos casos en el mundo que conviene analizar y ver cuáles sirvieron y cuáles no. Por otra parte es público que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó los Estados Unidos y se entrevistó con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Interior, del FBI y de la Drug Enforcement Agency.


Macri conserva una relación histórica con Alvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Uribe fue el que dio impulso a la militarización de la lucha antinarco, con su secuela de muertos, desaparecidos y campesinos desplazados, y recibió la mayor ayuda bélica norteamericana después de Israel y Egipto. Juan Manuel Santos, su sucesor, se diferenció de Uribe y encaró conversaciones de paz en La Habana, todavía en curso. Los Estados Unidos apoyaron tanto la ofensiva militar como la decisión de Santos de resolver el conflicto. Las agencias norteamericanas, sin embargo, no redujeron significativamente la demanda interna de drogas, el mayor mercado del mundo para los narcos de Colombia, México o Pakistán.


Mamet se mostró animado ante el desafío de ser embajador en una visita de su presidente. Usó varias veces la palabra exciting para calificar la planificación y el viaje de dos días que Obama realizará el 23 y 24 de marzo. Debe ser una tarea efectivamente interesante o apasionante porque el Palacio Bosch, la residencia del embajador donde se alojarán Obama y su esposa Michelle, estaba ayer en plena restauración de detalles. Los periodistas invitados a la embajada por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales a través de Guillermo García, ex vocero del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, vieron trabajos en las alfombras y los mármoles de la entrada y en las molduras del primer piso.


Mamet no quiso dar precisiones sobre la agenda de Obama, aunque uno de los temas fue hecho público el jueves por Susan Rice, la consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca encargada de anunciar la nueva ola de desclasificación de miles de archivos sobre el período de la dictadura militar.


“Obama va a mostrar su respeto por el aniversario y seguramente hablará sobre qué son los derechos humanos hoy”, dijo el embajador ante la consulta de los periodistas. No fue más específico cuando le preguntaron si reconocería la responsabilidad de los Estados Unidos en la promoción de los golpes militares en el continente. “Pregúntenlo en la conferencia de prensa del presidente Obama”, sugirió al ser consultado sobre el papel del ex secretario Henry Kissinger en el respaldo a las dictaduras. Kissinger fue el artífice del Operativo Cóndor de colaboración entre las tiranías del Cono Sur.


En su introducción, Mamet hizo una comparación asombrosa cuando dijo que “hace unos años muchos se hubieran sorprendido de que Obama viajar a Cuba y a la Argentina”. Al revés de Cuba, la Argentina nunca rompió relaciones con los Estados Unidos y por ese motivo no debió normalizarlas.


Comentó que veía en la Argentina de los primeros días de Macri el mismo optimismo que reinaba en los Estados Unidos luego de la asunción de Obama, en enero de 2009. El californiano Mamet no es un diplomático de carrera sino un consultor y empresario que recaudó fondos para Obama y por eso fue uno de los castigados con la dilación en la aprobación de su pliego por los republicanos ultraduros que comandaba el senador Marco Rubio. El mismo que esta semana anunció que abandonaba la carrera por la candidatura presidencial después de su derrota en Florida.


Para Mamet, Macri es “un reflector”, y a ese carácter de bright spot atribuyó la llegada no solo de Obama sino, antes, del primer ministro italiano Mateo Renzi y del presidente francés François Hollande. “Macri dijo que quiere comprometerse con el mundo, con los derechos humanos y con el mantenimiento de la paz”, dijo. Declinó comentar la situación en Brasil y sugirió preguntar por la opinión norteamericana sobre Venezuela a sus colegas destinados en Caracas, aunque incluyó la cuestión venezolana entre las visiones similares e ambos gobiernos.


¿Y los buitres? “La negociación está en marcha y el proceso sigue en el Congreso argentino”, respondió.


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Resurge en EU el consumo de heroína, alerta informe de ONU

El consumo de heroína resurge en Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas, con una participación creciente de los cárteles mexicanos, advierte un informe presentado este miércoles en Viena por el órgano de control de drogas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).


Según el informe 2015 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), también ha habido un aumento en la producción de metanfetaminas en México y Centroamérica.


En contraste, la oferta de cocaína ha bajado en el mundo de manera constante desde 2007. La disminución se relaciona sobre todo con la reducción de cultivos de arbusto de coca.


Perú y Bolivia encabezan los esfuerzos en ese sentido, según el informe, mientras Colombia dio un paso atrás.
En Bolivia los cultivos se redujeron 11 por ciento en 2014, su cuarta baja anual consecutiva, y en Perú la superficie disminuyó 17.5 por ciento anual, según los datos disponibles (2013), el nivel más bajo en 14 años, añadió la JIFE.
En cambio, Colombia registró un aumento de 44 por ciento en el área cultivada en 2014, que invirtió la tendencia que llevaba, si bien la superficie sigue siendo 58 por ciento menor a la existente en 2000.


Aunque la mayor parte de la cocaína que circula en Estados Unidos se produce en Colombia, en otros países también se han encontrado laboratorios.


La incautación de hoja y pasta de coca, así como el descubrimiento de laboratorios clandestinos en países vecinos, como Argentina y Chile, parecen indicar que la refinación también se lleva a cabo en otros lugares de la región, dice el informe.


Pero es la heroína la que enciende focos rojos porque vuelve a ser una de las sustancias objeto de mayor abuso en América del Norte, tras varios años en que la prevalencia había disminuido, señala el documento.


En Estados Unidos, el volumen de heroína incautada aumentó 81 por ciento en cinco años, las detenciones de traficantes se duplicaron entre 2007 y 2014 y aumentó 39 por ciento el número de muertes por sobredosis de heroína entre 2012 y 2013.


En sus recomendaciones, el organismo de la ONU llamó a los países de la región a reforzar el sistema de fiscalización de sustancias químicas usadas para fabricar drogas sintéticas.
Se ha informado que cada vez con más frecuencia se instalan laboratorios de metanfetamina en Centroamérica, advierte el documento.


El órgano de la ONU también recomendó un mayor control de la venta y el movimiento de avionetas que se utilizan con frecuencia creciente para el tráfico de cocaína desde pistas clandestinas de zonas remotas de América del Sur.

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Desaparecer en la cárcel: el horror en La Modelo

La Fiscalía de Colombia investiga más de 100 asesinatos dentro de una prisión de Bogotá


Entraban y nunca más se volvía a saber de ellos. Desde el año 1998 hasta 2003, en la cárcel La Modelo de Bogotá hubo más de 100 desapariciones. Envenenamientos, torturas, palazos. La Fiscalía colombiana ha logrado documentar cuáles fueron las prácticas que se usaron para asesinar a reclusos y visitantes del penal. Carlos Villamil, director de justicia transicional de la entidad, cuenta que en el proceso de verdad al que sometieron a los paramilitares se escucharon testimonios que desempolvaron las investigaciones que se abrieron hace algunos años sobre estos casos. Gracias en parte también a la labor de Jineth Bedoya, periodista colombiana que en el año 2000, cuando elaboraba una investigación sobre este centro y el horror que allí se vivía, fue secuestrada y violada.


“Desde el año 2014, cuando iniciamos un proceso de cierre de los juicios de los desmovilizados del paramilitarismo, hemos oído los relatos de las personas que estuvieron recluidas en La Modelo y que fueron testigos de las atrocidades que ocurrieron en ese lugar”, dice el fiscal. La idea de los paramilitares de controlar las prisiones del país llevó a que en varias de ellas se impusieran y llegaran a tener cárceles dentro de las mismas cárceles, según la teoría de esta institución. “Tenían sus propios espacios para encerrar y torturar a quienes quisieran”. El investigador afirma que con estos testimonios se abre un nuevo capítulo del paramilitarismo, cuyo proceso de desmovilización empezó en 2003.


Según las pesquisas adelantadas, los paramilitares reinaron en varios penales ante el supuesto desconocimiento de las autoridades competentes. ¿Cómo era posible esta impunidad? La Fiscalía asegura que hubo algunas denuncias e investigaciones, como las que llevó a cabo Bedoya, pero al mismo tiempo considera que pudo haber un silencio acordado por el personal de la cárcel. Por miedo o por complicidad. La indagación también apunta a que durante esa época hubo pocos intentos de fuga, debido al interés de los paramilitares de tener el control del penal y trasladar allí la lucha subversiva que sostenían con las FARC. La Modelo tenía en ese momento una capacidad para 1.800 reclusos, pero alcanzó a tener más de 5.000.


Caterine Heyck Puyana, del área de fiscalías especializadas, aseguró que los casos que se han documentado se han basado principalmente en inspecciones a la cárcel, testimonios e investigaciones que en su momento se abrieron. “Se ha conocido que en la cárcel Modelo de Bogotá ocurrió un fenómeno oscuro de desaparición de personas, pero no solo de presos y familiares de presos, sino también de visitantes que eran ajenos al penal”, ha afirmado. “Al parecer no solo habría ocurrido en una sola cárcel del país, pero a La Picota llevaron a un buen número de paramilitares en la etapa de proceso judicial, y podemos evidenciar que allí ocurrió en mayor proporción”, agrega el investigador Villamil.


La periodista Bedoya ha asegurado que en el desarrollo de su trabajo encontró testimonios que darían cuenta de que allí hubo personas desmembradas que después fueron arrojadas a las cañerías de la cárcel. La periodista ha descrito el penal como “la oficina desde donde se manejaba la criminalidad más grande del país. Allí además de los jefes paramilitares más poderosos y de la delincuencia organizada, todavía había rezagos del Cartel del Norte del Valle y entre todos se disputaban el poder”. Varios paramilitares en sus testimonios a las autoridades reiteran el horror que en La Modelo se vivió. La revista Semana reveló uno de esos relatos. En él, un exparamilitar cuenta cómo eliminaban a las personas. “Primero le metían corriente a la gente. Al que no moría en los tanques de la corriente lo sacaban y lo desaparecían en canecas de aguamasa (residuos de comida)”, publicó la revista.


La Fiscalía espera avanzar en la investigación hasta determinar las identidades de las víctimas y hacer justicia. “Los horrores de lo que aconteció en la cárcel Modelo deben ser analizados en profundidad por la Fiscalía desde su responsabilidad penal, pero también ameritan una reflexión profunda de la sociedad colombiana”, señaló la fiscal Caterina Heyck.

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¿Por qué no cae ningún capo gringo del narcotráfico?

Lo llamaron “Plan Colombia” y se inscribía en la estela de la “guerra contra las drogas” declarada por el mentiroso presidente Nixon hace 40 años. Lo suscribieron su sucesor Bill Clinton y uno de los peores presidentes que haya sufrido Colombia, Andrés Pastrana.


La pasada semana se celebró en Washington el 15 aniversario del “Plan”. Con reunión masiva en el ala este de la Casa Blanca y una superfiesta en la embajada colombiana, que inauguraba local. Allí se anunció una secuela que se llamará “Paz Colombia”, si el Senado le aprueba a Obama unos cientos de miles de dólares que añadir a los teóricos 10.000 millones ya gastados.


En principio, el objetivo central del Plan era combatir el narcotráfico, acabar con la producción y consumo de drogas, especialmente de la cocaína. Pero pronto, en la estela de una guerra fría que seguía vigente en América Latina, se orientó fundamentalmente a la lucha contra la subversión, representada especialmente por las FARC, que entonces contaban con 25.000 miembros y podían poner en jaque al Estado en numerosas zonas del territorio colombiano.


Helicópteros, pertrechos, asesores, para acabar con la “guerrilla comunista”, fueron el centro del convenio. Más adelante, a través de operaciones encubiertas con la CIA y la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) tristemente célebre por las revelaciones del perseguido Edward Snowden sobre sus actividades de interceptación y espionaje ilegal en todo el mundo, se vendió al Gobierno de Uribe tecnología sofisticada, especialmente las denominadas “bombas inteligentes” que contribuyeron a abatir jefes guerrilleros como el mando militar Jojoy, Alfonso Cano o Raúl Reyes, este último en territorio ecuatoriano mediante el apoyo logístico de la base militar estadounidense de Manta, hoy clausurada por el presidente Correa.


A pesar de los duros golpes infligidos a la guerrilla, “daños colaterales” incluidos, el Plan Colombia no consiguió terminar con las FARC, que han seguido ocupando territorio con más de 10.000 efectivos y manteniendo en jaque a las fuerzas militares. Por eso el actual presidente, Juan Manuel Santos, aun cuando fue ministro de Defensa con el guerrerista Uribe, decidió nada más iniciar su mandato entablar unas conversaciones de paz que se han desarrollado en los últimos años en La Habana, que ya han conseguido la tregua en las acciones de la guerrilla y permitirán alcanzar la paz negociada en los próximos meses. Lo que no consiguieron el Plan Colombia ni el Ejército en medio siglo, lo han logrado civiles y jefes guerrilleros sentados en una mesa desarmada en la capital cubana.


Junto al énfasis guerrero, la vertiente “antidrogas” del Plan Colombia ha desplegado su acción en los últimos 15 años, principalmente centrada en la fumigación aérea de los cultivos. Así como en el aspecto militar del acuerdo el dinero “donado” debía emplearse en la compra de todo lo empleado – “incluidas las botas de los soldados”, según me informaba un alto cargo del Gobierno Uribe–, en este caso, las beneficiarias de la fumigación eran, además de los aviones alquilados, las multinacionales químicas Monsanto y Dow Chemical, que se deshacían en Colombia a precio de oro de venenos cuya aspersión ya está prohibida en el mundo civilizado por la presión ecologista e incluso de los organismos de Naciones Unidas.
Cuatro millones de hectáreas han sido fumigadas en territorio colombiano durante el Plan Colombia, obligando al traslado de cultivos sin eliminarlos, antes bien aumentando el área sembrada de coca y, según el gran periodista Antonio Caballero (antiguo columnista de Público), “arrojando a los campesinos cocaleros en brazos de las guerrillas que los defienden y a las que pagan protección”.


Junto al Plan, los agentes de la poderosa agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) han operado en Colombia a sus anchas como una dependencia clave de la Embajada en Bogotá. Con sus investigaciones han logrado centenares de detenciones seguidas de extradición, para que cuenten lo que saben y enriquezcan el patrimonio informativo y la capacidad de presión de la agencia a todos los niveles, incluyendo centros de poder económico y político.


Más de mil extraditados desde Colombia. Célebres narcos como Pablo Escobar abatidos o grandes narcos, como los jefes del cártel de Cali, conducidos a cárceles estadounidenses. En estos días, el Chapo Guzmán, tras su enésima fuga, trincado en medio de la horterada que persigue a este tipo de personajes y reclamado de inmediato por la potencia del Norte...
Pero la pregunta que servía de titular a este comentario sigue en el aire.


Las toneladas de cocaína y heroína llegan puntualmente a Estados Unidos desde Colombia, México, Panamá o Perú para su distribución en su inmenso territorio mediante redes bien organizadas, hasta llegar, con pureza variable, al ejecutivo de Wall Street o al negro lumpen del Bronx...¿Quién las recibe? ¿Qué fantasmas invisibles se hacen cargo de las avionetas, los submarinos o las mulas viajeras que arriban a los aeropuertos con su carga de coca?


¿Por qué se habla de “chapos”, “escobares”, “orejuelas”, y jamás de un capo estadounidense? ¿Por qué nadie investiga cómo se manejan las inmensas cantidades de dólares que sin duda manejan los bancos lavadores del destino final de la droga, infinitamente superior en valor al de la compra de la hoja al perseguido campesino cocalero?


Hace tiempo, García Márquez le preguntó reservadamente a Clinton sobre todo esto. Más o menos le contestó que la respuesta era un grave problema de Estado y que se sabría, al modo de los misterios de Fátima, dentro de varias décadas.


Mientras tanto, los mayores consumidores y agentes del negocio de la droga son de la misma potencia que aparece como perseguidora implacable del narcotráfico.


Como decía el paisano citado por Carlos Fuentes refiriéndose a los gringos: “Ellos ponen sus narices, nosotros los muertitos”.

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