De la experiencia temprana en Bolivia hasta Colombia y México Narcotráfico y paramilitarismo, contubernio contrainsurgente

El imperialismo estadounidense, viene enfrentándose a distintos desafíos para su dominio y expoliación, en regiones como el Pacífico, que después del 45 considero como su “lago”. Así como en Europa, donde a través de la OTAN el Pentágono tienen a su cargo el 75 por ciento del gasto militar, para “garantiza la integridad territorial de sus estados miembros”. Y en Oriente Medio, donde la existencia de enormes bases navales y aéreas de Estados Unidos “tranquiliza a los amigos e intimida a los rivales”.

 

Razones por las cuales le resulta inadmisible la intervención rusa en Ucrania y Siria, así como el hecho de que China está convirtiendo sus mares territoriales junto al lago estadounidense en aguas claramente en disputa. No obstante desde el final de la Guerra Fría, la abrumadora supremacía del poder militar estadounidense ha sido el elemento central de la política internacional1.


De ahí también que, cada vez más la Casa Blanca viene recurriendo a métodos “poco ortodoxos” dentro de su estrategia de dominación. Muestra de ello lo da tanto la Guerra Global contra el Terror (GWOT, por sus siglas en inglés), como el financiamiento encubierto de estos grupos llamados terroristas, que en realidad funcionan como actores paramilitares. Así, estos grupos han extendido el terror yihadista desde un remoto rincón de Afganistán hacia la mayor parte del planeta, desde África y Levante hasta el sur y el sureste de Asia. Además de algunos ataques terroristas en Europa y Estados Unidos.

 

Mismos que por medio da la invasión contra Iraq han contribuido sustancialmente al establecimiento de este régimen de hechos. La Guerra de Iraq dio lugar a la multiplicación por siete de la tasa anual de ataques yihadistas con víctimas fatales, llegándose literalmente a cientos de nuevos ataques y miles de civiles muertos. Y aunque se excluyese el terrorismo en Iraq y Afganistán, los ataques mortales en el resto del mundo han aumentado en más de un 33 por ciento.

 

A este respecto, Médicos con Responsabilidad Social (de EEUU), Médicos por la Supervivencia Global (de Canadá) y Médicos del Mundo por la Prevención de la Guerra Nuclear (de Alemania). Mediante un estudio que intenta aportar un estimación real del total de cadáveres contados en las tres principales zonas de guerra [Iraq, Afganistán y Pakistán] durante los 12 años de ‘guerra contra el terrorismo’”. Y que además incluye un minucioso escrutinio “de las principales publicaciones y datos aparecidos en relación con el número de víctimas en esos países”, e información extra sobre acciones militares. Ha arrojado la “cautelosa estimación” de que 1,3 millones de personas murieron en esas guerras, sin embargo un recuento “incluso podría superar los dos millones”.

 

Más aun, estudios realizados por el Instituto Oslo de Investigación sobre la Paz, han demostrado que dos tercios de las muertes en las zonas de conflicto se agudizaron cuando la solución fue impuesta por elementos ajenos. Tan sólo en Siria, el número de muertes se triplicó después de que los occidentales iniciaran ataques aéreos contra el Daesh. Así como cuando la CIA inicio su velada interferencia militar en la guerra2.

 

Lo cual viene apuntando hacia la conclusión de que, las llamadas “guerras de protección” contra el terrorismo y el narcotráfico [combatidas por ‘coaliciones de voluntades’], hoy en día se han convertido en la principal fuente de violencia en el mundo, contribuyendo ocasionalmente con más de la mitad de las víctimas del conflicto”. Incluso cuando en muchos de los casos, como ocurrió en Siria, haya posibilidades de arreglos diplomáticos, sin embargo estos han sido ignorados.

 

Hechos que sin duda debemos tener en cuenta en América Latina, máxime cuando Washington en nuestro continente tiene la intención de reimplantar el proyecto del ALCA para sortear los problemas que enfrenta en Asia y Europa. Con la intensión de transformar al continente en una inmensa área de “libre comercio”, comandada por la economía norteamericana. Extendiendo hacia toda la región lo que ha venido poniendo en práctica en México bajo el TLCAN.

 

Sin embargo, en 2002 la victoria de Lula en Brasil les causo un gran disgusto a los estrategas estadounidenses ya que se rompió con ese proyecto. Bajo la dirección de Celso Amorim en la política externa brasileña se intento abrir el camino hacia el fortalecimiento de los procesos de integración existentes y hacia la construcción de otros espacios de integración. Fue así que el Mercosur avanzó hacia la fundación de Unasur, con su Consejo Suramericano de Defensa, el Banco del Sur, entre otros organismos, desembocando en la Celac.

 

Además de ello, en América Latina algunos países logran cambiar su inserción internacional, especialmente aquellos países que han intentado a salir del modelo neoliberal. Por lo que la prioridad de esos países pasó a ser la integración regional y el intercambio Sur-Sur y no los Tratados de Libre Comercio con los EEUU. A lo cual contribuyo la intensificación del comercio con China, y a consecuencia de esto la extensión y profundización del mercado interno de consumo popular. 

 

Sin embargo, el cambio de gobierno en Argentina y en Brasil le brinda la oportunidad a los EEUU para terminar con el aislamiento y el consecuente estancamiento de sus proyectos, que al menos durante un decenio padeció en la región.

 

Particularmente a partir del Mercosur, puesto que a partir de él la derecha brasileña siempre ha querido abrir espacios para acuerdos bilaterales de libre comercio con los EEUU. Por lo que se vislumbra el rebajamiento del perfil del Mercosur, a la vez que se agilizan los acuerdos con la Unión Europea y de intercambios con la Alianza para el Pacifico3.

 

Así, el Pentágono pretende que a partir de la reversión de gobiernos como el brasileño y argentino, promover un nuevo proceso para la inversión de capitales norteamericanos en toda la región. A la vez que pretende ampliar el cerco hacia países como Venezuela, Bolivia y Ecuador. De ahí podemos observar la manera que altos funcionarios de inteligencia y medios masivos, han alertado sobre un “posible colapso” de Venezuela y hasta de un golpe de Estado.

 

El Times acorde con los intereses de la burguesía de su país ha dicho que las amenazas que los venezolanos enfrentan hoy en día no son el resultado de conspiraciones extranjeras o domésticas, sino del liderazgo desastroso de Nicolás Maduro. Además según el mismos diario, la crisis venezolana ha expuesto las promesas “vacías” de las políticas socialistas que Maduro, así como su antecesor Hugo Chávez han promovido desde finales de los años 90. Más aun, ha criticado al gobierno venezolano por no “acudir” al Fondo Monetario Internacional u otras instancias para “rescatar” su economía”4.

 

Y en el mismo tenor golpista, La Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) solicito para el año fiscal 2017 incrementar su presupuesto para Venezuela en más de un millón de dólares, a un total de 5 millones 500 mil, para “defender prácticas democráticas, instituciones y valores que apoyen los derechos humanos, la libertad de información y la participación de la sociedad civil”.

 

En tanto que, la oposición interna en Venezuela no se ha quedado a tras y ha cumplido con su parte, utilizando las guarimbas5, así como a paramilitares colombianos en todo el territorio venezolano, mismos que se han apoderado del mando de redes delictivas y ejercen la violencia bajo la supervisión del Comando Sur6.

 

Y ante el uso cada vez mayor de grupos paramilitares y narcotraficantes, tanto en Europa, Asia y Medio Oriente así como en nuestros países, haremos una breve revisión histórica de estos grupos, pero además trataremos de ver como vienen funcionando en la actualidad.

 

 

La conformación del esquema narco-paramilitar en Bolivia

 

En Bolivia durante 1980 logro encumbrarse en el gobierno una auténtica mafia civil-militar, que se fortaleció mediante el flujo ilícito de dólares provenientes de la venta de drogas, y el consecuente amparo de la corrupción que esto conlleva, así como el abuso de poder. Todo a su vez producto de una larga secuencia de golpes de Estado militares perpetrados desde 1964 en ese país. Resultando en una inestabilidad política institucional crónica, con profundas raíces en las contradicciones del desarrollo del capitalismo dependiente que caracteriza a los países de nuestra región.

 

Derivado de la inestabilidad política, las Fuerzas Armadas ocuparon el escenario político boliviano casi ininterrumpidamente desde 1964. Mediante dictaduras con la del General Barrientos en el 64, pero particularmente desde 1971 con la dictadura del General Bánzer, los militares trataron de institucionalizar su presencia en la escena política boliviana, a semejanza del modelo brasileño, primero y los sistemas argentino y chileno, después. Pero no lograron estos objetivos en un principió, y no por falta de apoyo por parte del Pentágono, ya fuera de forma abierta o encubierta.

 

De hecho, los oficiales bolivianos además de haber sido educados dentro de su país en el Colegio Militar de la Paz, así como en otras escuelas superiores de especialización en aquel entonces existentes en Cochabamba, fueron adoctrinados en la entonces Escuela Militar de Las Américas (hoy Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad) de la zona del canal de Panamá y en demás instituciones de Norteamérica. En dichos lugares se formaron al menos 4.000 oficiales bolivianos, equivalentes a todos los que durante 1980 formaban parte del establecimiento militar de esa nación7.

 

Más aun, según lo indico el que fuera presidente de Bolivia, Walter Guevara Arze, en las escuelas estadounidenses los oficiales bolivianos fueron adoctrinados dentro de los esquemas de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional y de la Defensa Ampliada”, las cuales postulan que la defensa exterior de los países queda en manos de Washington, mientras que los ejércitos locales se harían cargo de luchar contra el enemigo interno.

 

Educación que convenció a los militares bolivianos de que su función sagrada era gobernar a Bolivia. E incluso que aquellos que dudaban de la validez de las enseñanzas recibidas, se mantuvieron leales al sistema por los beneficios obtenidos. Ya que de 1974 a 1977 los generales entraron en un proceso de aburguesamiento relativo, emanado del enriquecimiento que experimentaron cuando la coyuntura económica internacional favorable para Bolivia les permitió ingresos extraordinarios por concepto de exportación de materias primas y de endeudamiento externo.

 

A lo cual se le sumo el hecho de que muchos militares ocuparon funciones civiles de todo tipo, como prefecturas, alcaldías, presidencias o gerencias de empresas autárquicas o estatales, mediante las cuales percibieron además jugosos sueldos civiles. Así como conllevaron grandes beneficios sociales de carácter personal y facilidades financieras. Mismas que les permitieron construir casas, comprar tierras o invertir en negocios. Que de la mano de ventajas aduaneras les dieron acceso a todo tipo de productos manufacturados llevados directamente desde Panamá o Miami, como automóviles de lujo.

 

En tal contexto, el grupo de oficiales más próximos a Bánzer se benefició de todo tipo de favores y licencias derivadas de la posición que cada uno de ellos ocupaba en la administración de los asuntos públicos. Deviniendo a su vez en abusos y corrupción, por lo que varios jefes y oficiales se vieron envueltos en negocios y tráficos ilícitos, al margen de toda ley con total impunidad. Así se trafico con gasolina, maderas preciosas, autos, armas, drogas, etcétera. Y fueron el origen de superganancias y fortunas espectaculares. Siendo el tráfico de la cocaína sin lugar a dudas el factor fundamental del surgimiento de una mafia militar-civil-narcotraficante8.

 

Todo lo cual se unió al intento más serio por institucionalizar el poder militar en ese país realizado por Bánzer. Durante ese periodo, se puso en marcha un experimento de acumulación de capital acelerada bajo moldes dictatoriales. Consistente en desmantelar la economía estatal y popular, en beneficio de empresas privadas. Resultando muy lucrativo y de gran benefició para el capital nacional y trasnacional. Debido a que el uso irrestricto del poder estatal, sin limitaciones legales o morales de ninguna especie, les permitió cuantiosas posibilidades de enriquecimiento. Implementando políticas que les facilitaron la explotación sin freno de la clase trabajadora a la vez que les facilitaban la transferencia del valor creado en la esfera de la empresa pública hacia entes privados. Y para lo cual distintos mecanismos de corrupción fueron pilares centrales de la estructura de poder, además de una condición fundamental para su permanencia y reproducción9.

 

Configurándose así la explotación irracional de los recursos naturales, la expansión inflacionaria del crédito bancario al sector empresarial-privado, el uso desenfrenado del gasto público, la depresión sistemática de los salarios y especialmente, el irracional endeudamiento externo. Razones por las cuales el régimen banzerista no fue una dictadura militar como las que anteriormente azolaron a América Latina. Sino que formo parte de un esquema continental para la conformación de Estados dictatoriales, en los cuales todos sus engranajes estarían orientados al servicio del capital nacional e internacional. Por lo que fue un régimen brutalmente represivo hacia la clase obrera, sustentándose en el terror sistemático. No obstante lo cual, el experimento fracaso, dejando solo las deudas, junto con socavones cada vez más vacíos, tanto de yacimientos mineros como petroleros.

 

 

Fundamentos del narco-paramilitarismo

 

La burguesía boliviana y los militares que la representaban en los ochenta al igual, al igual que ocurre en la mayor parte de nuestros países, no tenían un proyecto político financiero que representara los intereses de la nación. Sino que estaban más enfocados - como hoy día ocurre en Colombia y México –, en enriquecerse lo más rápido posible, siendo incapaces de formular lineamientos que cubrieran un amplio horizonte para el futuro de su país. De ahí que, tal como por desgracia viene ocurriendo hoy en día en nuestro país, en el régimen dictatorial boliviano no existía un mínimo programa económico, o si existía era incompatible con las necesidades de la clase trabajadora. Derivando en una constante inconformidad social.

 

Y pos consiguiente, cuando la dictadura de Bánzer no logra llevar a buen puerto los intereses de la burguesía local e imperialista, se recurrirá cada vez más al uso de bandas armadas con un carácter absolutamente irregular e ilegal, conformado por elementos organizados militarmente, pero vestidos de civil. Dedicados a las “tareas sucias” de la represión política y del terrorismo de Estado. Generalmente como “policías paralelas”, “grupos parapoliciales” o “paramilitares”.

 

Actores que al amparo del poder de las fuerzas armadas bolivianas comenzaron a constituirse en los 80. Aunque parte de sus orígenes tuvieron fundamento en los grupos de choque que en los años cincuenta organizo la Falange Socialista Boliviana (FSB), a cargo de Carlos Valverde Barbery, bajo el nombre de “Camisas Blancas”, con el fin de combatir a las milicias populares del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

 

Resultando así, que durante el sangriento golpe de Estado en Bolivia, en agosto de 1971, hicieron su aparición los primeros embriones de grupos paramilitares. En La Paz estos grupos fueron francotiradores asesinos, donde destacaron el “Mosca” Monroy y Alberto Álvarez, así como la pandilla llamada los “Marqueses”. En tanto que en Santa Cruz se experimento con la aplicación del sistema de “escuadrones de la muerte”, llevados a Bolivia desde Brasil. En estos hechos los dirigentes fueron Widen Razuk Abrene y Oscar Román Vaca, organizando a los escuadrones que entre el 19 de agosto de 1971 y marzo de 1972 asesinaron a 304 personas. Lo cual los llevo a ser premiados por Bánzer con cargos públicos: Monroy fue a la Dirección de Aduanas, Álvarez a la Presidencia de la Lotería Nacional, Razuk a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y Román Vaca a la Presidencia del Comité Pro Santa Cruz10.

 

Con tales individuos, así como con otros derivados del ejército, la policía y el hampa el régimen de banzerista organizo su policía política con el nombre de Departamento de Orden Político (DOP) encubierto como dependencia del Ministerio del Interior. Y a su amparo, durante los siete años que duró la dictadura, distintas bandas semiclandestinas y parapoliciales fueron las encargadas de sembrar el terror entre la población, recurriendo a asaltos nocturnos en los domicilios de quienes eran molestos al régimen, así como a los cada vez más “refinados sistemas de interrogatorio”, la abierta tortura y las “detenciones”, que en realidad eran secuestros políticos.

 

Así, se hicieron “celebres” torturadores militares como: el coronel Rafael Loayza, jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior, el capitán Carlos Mena , jefe de Operaciones del Ministerio del Interior y posteriormente sucesor de Loayza, el coronel Jorge Cadima, el Rudy Landívar y el mayor Tito Vargas. Así como otros tantos civiles: Guido Benavides (inspector de policía, jefe del DOP y luego de la Dirección de Investigación Nacional DIN), Jorge “Coco” Balvián y Daniel “Damy” Cuentas, este último ex militante revolucionario11.

 

Todo lo cual fue posible después de que el general Juan Pereda –ministro del interior desde 1974-, fue derrotado por la oposición, una vez que se hecho a andar el proyecto de “legitimación electoral” de la dictadura. Pereda se levanto en armas contra Banzer y le quitó el gobierno, el 2 de julio, para ser derrocado a su vez el 24 de noviembre, por el comandante del ejército, general Padilla. Mismo que bajo presión de los Estados Unidos prometió nuevas elecciones para legitimar su dominio en contubernio de la burguesía local e internacional. Y ante la “debacle” y el desmoronamiento del régimen militar, los sectores más lúcidos del ejército se organizaron para sobrevivir y preparar su contraofensiva.

 

Por lo que a partir de 1978 comienzan a llegar a Bolivia los primeros mercenarios extranjeros reclutados por el criminal de guerra alemán Klaus Barbie-Altmann (jefe de la policía política nazi GESTAPO en la ciudad francesa de Lyon durante la SGM) mediante el Ministerio del Interior boliviano (DOP-SIE), donde el refugiado nazi era asesor12.

 

Así como hicieron su aparición en la escena boliviana los argentinos Alfredo Mario Mingolla y González Bonorino y Silva, quienes pertenecieron a la tristemente célebre “Alianza Anticomunista Argentina” (triple A). Contratados por el Ministerio del Interior, actuaron como provocadores durante la campaña electoral de 1978, así como fueron quienes dinamitaron la sede parroquial de Loreto, en Cochabamba, en septiembre del mismo año. Además, en ese mismo mes también llego a Bolivia igual por conducto de Altmann, el terrorista alemán Joachim Fiebelkor (desertor del ejército alemán, mercenario de la Legión Extranjera, vinculado a la “Internacional neonazi”), proveniente de Paraguay.

 

Más toda vía, a fines del mismo año, Altmann llevo a Bolivia también desde Paraguay al ex soldado alemán nazi Hans Joachim Stellfeld y al mercenario belga “coronel” Jean Sheramme. Mismos que recibieron sueldo y credenciales del Ministerio del Interior boliviano y se pusieron a cargo de la instrucción militar de grupos irregulares. Todos estos grupos actuaron finalmente durante la derrota del régimen dictatorial del coronel Alberto Natusch, en noviembre de 1979. Tras ponerse en pie un ejército de paramilitares “profesionalizados” con el objetivo de conquistar el poder, ya que el ejército regular había sido derrotado, después del proceso democrático-electoral que colocará como presidente interino al abogado Walter Guevara arce y ante tales hechos los militares tuvieron que retirarse a sus cuarteles después de 15 años en el poder.

 

Después de que en octubre de 1979 Natusch proclama el fin de la democracia representativa en Bolivia y reimplanta el régimen militar, quince días más adelante Natusch se ve obligado a abandonar el Palacio de Gobierno por la puerta trasera repudiado por el pueblo. De suerte que el Parlamento nombró nuevo presidente interino a Lidia Gueiler, misma que una vez en el puesto convocó a nuevas elecciones para junio de 1980.

 

Y en dicho contexto, tan solo un día después del aplastamiento del golpe de Natusch, se preparo el siguiente golpe de Estado que tendrá como brazo ejecutor a las fuerzas paramilitares. Y en dicho proceso la experiencia argentina será fundamental, puesto que se hizo un uso extensivo de la represión clandestina, en lo cual eran expertos. Si bien el capitán Miguel Ángel Benazzi, oficial de Inteligencia, uno de los primeros torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, ya se encontraba en Bolivia desde 1978 como funcionario de la Agregaduría Naval de la Embajada Argentina. Para 1980 llegan en masa a Bolivia los “pesos completos” expertos en provocación, terrorismo, secuestro, tortura y la desaparición.

 

Resultándole más cómodo al Estado, actuar desde las sombras que desde las instituciones expuestas a la luz pública, logrando bajar la moral del “enemigo” (entiéndase movimiento popular) desatando el pánico en sus filas, a la vez que se mantiene la ilusión de una neutralidad de las fuerzas armadas o al menos no se desgastan estas en las “tareas sucias” de la represión política. Y más todavía, logran intimidar a los sectores militares “blandos” (institucionalistas o democráticos) que se oponen a las directrices de los sectores “duros”13.

 

Así, destacaron el siniestro capitán Antonio Pernía, que anteriormente ya había participado en operaciones clandestinas en París y Madrid, así como el capitán Schelling, ex jefe de Inteligencia del aparato represivo montado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, el cual además se llevo a todos su equipo de torturadores. Derivando en que la Misión Militar argentina pronto elevara su personal en cubierto en Bolivia hasta llegar a contar con 70 funcionarios.

 

Pero el elemento fundamental para la construcción de la fuerza paramilitar golpista fue el Departamento II del Estado Mayor General del Ejército, una vez que a raíz del golpe de Natusch, queda en manos del coronel Luis Arce Gómez. Después del fracaso del golpe, Arce Gómez se atrinchero en el Departamento II, ante la pasividad del gobierno y de los demás jefes militares.

 

Siendo una de las principales “cualidades” de Luis Arce para desarrollar un nuevo golpe, el hecho de ser narcotraficante. De forma que por medio de Luis Arce y de sus contactos en la mafia del narcotráfico la fuerza paramilitar en formación encuentra no sólo su principal fuente de financiamiento, sino que además representará su principal fuente de crecimiento al incorporar masivamente a los pistoleros a sueldo de los narcotraficantes.

 

Para tales efectos, fueron los encargados de reclutar traficantes de cocaína, los oficiales Abraham Baptista y el capitán Rudy Landívar vinculados al narcotráfico. Configurándose desde los primeros meses de 1980 la simbiosis entre servicios secretos, el hampa del narcotráfico, militantes falangistas, mercenarios extranjeros, torturadores de la policía política y oficiales del ejército, todos bajo el mando invisible de la misión militar argentina. Y quedando la jefatura de tal banda terrorista en manos del coronel Arce, en tanto que la coordinación operativa estuvo a cargo de un equipo de “diplomados”, liderada por el coronel Freddy Quiroga y el capitán Hinojosa, ambos procedentes del SIE14.

 

Este grupúsculo hizo su aparición en 1980 secuestrando y asesinando con técnicas desconocidas hasta entonces en Bolivia. Causando una ola de atentados y explosiones, varias de las cuales fueron mortales, recorrieron a ese país meses antes de las elecciones del Todo lo cual ocurre ante la pasividad y complicidad del Ejército, por lo que se pudo llegar así hasta el golpe del 17 de julio. Día en que las operaciones del golpe se encontraron por completo a cargo de los paramilitares.

 

De manera que tan sólo en hora y media, unas cuantas decenas de individuos vestidos de civil, pero entrenados militarmente y armados con metralletas, recorrieron la ciudad de La Paz al medio día en ambulancias, hasta lograr secuestrar a la presidenta de la República, así como a su gabinete magisterial, también a la dirección político-sindical del país, además de acallar mediante la fuerza a todas las radioemisoras de la ciudad. Y una vez paralizada la capital, los paramilitares entregaron el poder al ejército en la persona de comandante general, Luis García Meza15.

 

Demostrando así los golpistas a sus camaradas, que al utilizar a fuerzas paramilitares se podía actuar de manera “independiente” del resto de las fuerzas armadas, al tener la capacidad de lanzarse a la calle sin necesidad de recurrir a la movilización de regimientos militares cuyos comandantes podrían no estar dispuestos a ensuciarse las manos y el uniforme en tareas gansteriles. Más toda vía, servía como factor demostración para los indecisos o reticentes, al indicarles que también podían correr la misma suerte que tuvieron los políticos a manos de los paramilitares.

 

Siendo así que la mayor parte de los comandantes de regimientos no dudaron en participar en la represión, después de cumplidas las primeras acciones, salieron a la calle las patrullas militares. De manera que en los allanamientos actuaron en conjunto militares y paramilitares, donde a los últimos les correspondía la iniciativa mientras que a los primeros les tocaba ser el respaldo de la fuerza16.

 

Desde entonces, es de vital importancia para la clase obrera y campesina de toda América Latina, comprender que los narcotraficantes pueden actuar dentro del paramilitarismo, como una especie de “ejército paralelo” o guardia pretoriana, al servicio del ejército y fracciones de la burguesía nacional y extranjera. Y que llegan a conformar un verdadero poder dentro del ejército, debido a que los jefes y oficiales vinculados a ellos controlan al mismo tiempo puestos clave dentro del mismo. En Bolivia jefes y oficiales actuaron incluso como logias secretas, tal fue el caso de las llamadas “Águilas Negras”. Además, los narcotraficantes lograron penetrar en todos los entresijos del aparato estatal.

 

 

Quitar el agua al pez y tierra arrasada, de métodos y estrategias para deshacer la insurgencia

 

Desde hace muchos años atrás, gran parte de los consejeros y expertos norteamericanos en política exterior sobre la ciencia político-militar de la contrainsurgencia, han observado a las revoluciones modernas con sumo detalle, para comprender sus estrategias y así poder contrarrestarlas o revertirlas. De forma que comienzan a definir a los participes de la insurgencia como “guerrilleros políticos”, civiles armados para quienes el rifle o el machete son armas secundarias. Siendo su arma principal su relación con la comunidad o la nación, misma por las cuales pelean. Y su “arma secreta”, más allá de cualquier estrategia o táctica, es la capacidad de despertar en la comunidad la inconformidad con el sistema de cosas imperante. Por lo que la derrota militar del enemigo, el derrocamiento del gobierno, son tareas derivadas que vienen en consecuencia. Siendo entonces la tarea central de la insurgencia lograr que la población se transforme en militante, ya que sin su consentimiento no tendría fuerza.

 

Tales hechos llevan a los estrategas a comprender que el insurgente puede emprender la retirada cuando no logra sostener un combate con buenas posibilidades de triunfo, o dispersarse y esconderse cuando no tiene seguridad de movimiento. De forma que siempre que cuente con el apoyo de la comunidad, puede diluirse en el seno de la población pacífica, el mar donde según Mao-Tse-Tung, la insurgencia nada como un pez.

 

Identificando entonces que la población es la clave de toda lucha, debido a que sin el apoyo del pueblo la insurgencia sería un simple grupo de bandidos incapaz de sobrevivir. Y si por el contrario la contrainsurgencia logra cooptar a la población para contar con su apoyo, la insurgencia no será posible, no habrá guerra ni revolución. La causa se evaporaría, muriendo al no encontrar el impulso popular necesario para alcanzar el cambio radical17.

 

Del examen descrito, también determinaron que el objetivo central de la insurgencia es elevar el nivel de madurez revolucionario y por ende la participación popular. Hasta llegar a un punto en el que la insurgencia se generalice en todo un país y las masas populares terminen con el orden existente, así como con el ejército que lo defiende. Y de acuerdo con la experiencia boliviana se puede observar que, los estrategas contrainsurgentes al resultarles improbable la derrota militar de una auténtica insurgencia, han optado cada vez más por la utilización de métodos cercanos al genocidio.

 

Todo lo cual ocurre al mismo tiempo que el gobierno finge ser popular, prestando gran atención a los conceptos populares de democracia, justicia y derechos humanos, para mantener cierta apariencia de normalidad. Esquema dentro del cual, conforme han aprendido que no pueden aplastar abiertamente a la oposición que los perturba y los hostiga, vienen recurriendo cada vez más a la estrategia narco-paramilitar o simplemente paramilitar, como la boliviana. 

 

Revirtiendo para la insurgencia una situación en la que la movilización de la gente sencilla de todo un país, les permite crear un enorme mar humano donde ahogar al enemigo, como postulaba Mao. Máxime, cuando en los hechos los insurgentes en determinados momentos históricos lograron ampliar sus bases rurales hasta abarcar a la gran mayoría de la población campesina, haciéndole inviable el movimiento a las fuerzas armadas. Y lograron tomar posteriormente aldeas y pueblos grandes, hasta lograr replegar al ejército hacia sus puntos fuertes en la ciudad18.

 

Por ejemplo, durante 1982, en el Salvador cuando el ejército de esa nación no era capaz de derrotar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional-Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR). Se orquesto una campaña militar dirigida principalmente por fuerzas estadounidenses, que encaminaron sus fuerzas contra la población civil inerme, para quitarle apoyo al FMLN-FDR, amedrentando y masacrando a la gente. Asimismo se dio la persecución de obreros, campesinos, intelectuales, periodistas nacionales y extranjeros, así como fueron perseguidos todos aquellos que resultaran sospechosos de “simpatizar” con el movimiento revolucionario.

 

Bajo esa tesitura, se creo un clima represivo durante los ochenta tanto en el Salvador como en Bolivia, que se ha perfeccionado hasta la actualidad en Colombia y México mediante la guerra contra el narcotráfico. Ya que bajo esta se ha venido afectando a casi todos los sectores de la población, mediante la salida a las calles de militares que supuestamente intentan contener el avance del narcotráfico, pero que por el contrario han favorecido el fortalecimiento y la conformación de grupos de narco-paramilitares. Que tienen por objetivo escarmentar por medio del terror a todo el pueblo y mostrar que no hay derechos humanos que valgan. A causa de esto, hoy en día estamos padeciendo una terrible guerra genocida “contra las drogas”. Inspirada, apoyada y conducida, tal como en las dictaduras del pasado, por el demencial imperio norteamericano.

 

Por las siguientes razones, en Colombia durante el mandato del tecnócrata Virgilio Vargas (1986-1990) se exponencia la guerra sucia inaugurada por Betancourt Cuartas. Siendo que se facilito la represión “legal” a la que fue sometida la oposición a partir de los dictados para “perseguir a narcotraficantes” y sus sicarios. Pero que en los hechos, los narcotraficantes contribuyeron decididamente a la conformación de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte y sicarios de las fuerzas armadas. Como resultado del dinero que los narcotraficantes inyectaron, los paramilitares pudieron obtener armas modernas, sofisticados sistemas de comunicación, financiamiento de mercenarios internacionales como entrenadores, así como permitieron asalariar a extensas redes de sicarios e intimidar y sobornar a quien fuera necesario19.

 

Y conforme el narco-paramilitarismo se acentúo en Colombia, estos grupos se pusieron a “trabajar” en actos como el asesinato del médico, catedrático y senador de la Unión Patriótica, Pedro Luis Valencia Giraldo, ocurrido el 14 de agosto de 1987. Después de que días antes fuera uno de los organizadores de una marcha en Medellín para protestar ante la ola de asesinatos a profesores y estudiantes universitarios. Asesinado por sicarios que se encontraban bajo el mando del líder paramilitar y miembro del cártel de Medellín, Carlos Castaño Gil, ocurriendo tales hechos a muy pocas calles del supervigilado cuartel de la IV Brigada.

 

Más aun, el uso de narco-paramilitares ha permitido en Colombia dar un salto cualitativo en el tipo de asesinatos, puesto en evidencia ante la ejecución de cuatro militantes de derechos humanos. siendo que hasta antes de esas ejecuciones, gran parte de los asesinatos políticos cometidos por las fuerzas de seguridad y sus escuadrones de la muerte, recaía sobre personas asociadas a la oposición de izquierda como, sindicalistas, líderes populares, campesinos en la regiones guerrilleras, ex presos políticos, así como amigos y padres de miembros de los grupos de oposición armada.

 

Desde entonces, las desapariciones y los asesinatos se multiplicaron, ya que también se dirigieron a personas conocidas por sus contribuciones culturales, universitarias u acciones a favor de la ciudadanía. Configurándose como un ataque contra sectores enteros de la sociedad colombiana, donde lo único necesario para ser víctima era no apoyar abiertamente al gobierno y por lo tanto ser considerado como “subversivo”20. Resultando asimismo entonces, que la organización de la defensa de los derechos humanos en 1987, fue duramente perseguida, siendo amenazados de muerte 15 de sus miembros, cuatro asesinados y uno desaparecido. En tanto que otros cinco tuvieron que abandonar el país.

 

Quedando en claro el grado de impunidad ante estos hechos, del Estado colombiano, quien actuó al amparo del narco-paramilitarismo. Según demostraron las declaraciones por el líder paramilitar y narcotraficante Carlos Castaño Gil. Después de que este reconociera que el 9 de agosto de 1994 viajo a Bogotá y dirigió el comando que ejecuto al senador Manuel Cepeda Vargas. Pero no obstante su declaración la Corte Suprema de Justicia rechazó la confesión. Más aun, Manuel Cepeda señalaría la ironía y el deplorable sistema de justicia colombiano, al indicar que que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de toda responsabilidad, sin que el mismo se asignara un abogado para su defensa21.

 

A este deplorable escenario en Colombia, se le sumaron las mal llamadas Juntas de Autodefensa, estipuladas en el Reglamento de Combate de Contraguerrillas (EJC-3-10 Restringido), como los principales apoyos de combate en contrainsurgencia, además de los servicios de inteligencia y los grupos de guerra psicológica. Resultando entonces que las autodefensas estuvieron cada vez más activas en las regiones de sus miembros y para lo cual contaron con la coordinación y el apoyo activo del ejército. Siendo enviadas por todo el país para asesinar a supuestos colaboradores de la guerrilla.

 

Despliegue paramilitar dentro del cual se debe tener en cuenta que ocurre una vez que en Colombia se instauran empresas trasnacionales estadounidenses como Del Monte y Doley, además de la United Fruit que se acento desde los sesenta en la zona de Urabá. Todas estas empresas acapararon las mejores tierras, de manera que a principios de los años ochenta Urabá ya ocupaba el segundo lugar en la exportación de banano en el mundo. Para lo cual se explotaron a unos 30 000 trabajadores cuyas jornadas llegaban a ser de hasta 70 horas semanales, sin seguridad social ni contratos fijos, además de que la mayoría se encontraban hacinados con sus familias en campamentos22.

 

Explotación ante la cual los trabajadores comenzaron a manifestarse en contra, apoyados por organizaciones y partidos de izquierda. Lo que le posibilito a su vez a la izquierda ganara alcaldías en los principales municipios de Urabá. Demostrando su contundencia organizativa sindical al momento de negociar pliegos laborales y ante la intransigencia patronal lograron paralizar totalmente la producción y exportación del banano, además de otras actividades económicas. Lo cual enfureció a los empresarios y al Estado.

 

Además la ruptura de las negociaciones entre las organizaciones guerrilleras y el gobierno agudizaron el contexto de conflicto, particularmente desde 1987. Y tal como viene ocurriendo hoy en día en distintos estados de la republica mexicana como Guerrero y Chiapas, el gobierno colombiano anuncio llevaría la “paz” a Urabá, declarándola “zona especial de orden público y operaciones militares”. Ocurriendo entonces en esa zona que bajo el mando de un militar con poderes plenos, se instalaron cinco batallones de contraguerrilla, se cancelaron las personerías jurídicas de los sindicatos, a la vez que se multiplicaron los grupos de narco-paramilitares y se instauró una política represiva de tierra arrasada23.

 

En consecuencia, la madrugada del 4 de agosto de 1988, los narco-paramilitares llegaron a las haciendas bananeras Honduras y la Negra, en Urabá. Sacaron a los campesinos de sus dormitorios, los identificaron, interrogaron y mataron a veinte de ellos cuando aun permanecían tendidos en el piso. A esto se le sumaban la muerte de cuarenta dirigentes sindicales, asesinados días antes por “desconocidos”. Y cuando algunos jueces, después de la masacre de campesinos, acudieron acompañados de militares para hacer el levantamiento de los cadáveres, algunas mujeres sobrevivientes identificaron a varios de los uniformados como partícipes de la masacre. Indicando que, cuando los asesinos estaban revisando a los fusilados, uno de ellos dijo: “Mi cabo, todavía hay uno vivo”. “Remátelo” obtuvo como respuesta24.

 

Pero, no obstante la participación de militares en tales eventos, se dijo que algunos de ellos habían participado, estos eran una especie de “ovejas descarriadas”. Afirmaciones que tenían la intención de negar una política de terror a escala nacional desatada por las fuerzas armadas contra la oposición. De ahí que la versión gubernamental fue desmentida por distintas investigaciones oficiales e independientes al establecer que las masacres habían sido muy bien preparadas. Más aun, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación se concluyó que desde el Magdalena Medio se trasladaron paramilitares bajo el mando del ex militar Luis Antonio Meneses Báez, alias “Ariel Otero”.

 

Además, los operativos para identificar a las futuras víctimas fueron realizadas por unidades de inteligencia de la V y X Brigadas, con el respaldo de empresarios bananeros y ex guerrilleros reclutados por el ejército, todo lo cual fue ordenado por el oficial Sanmiguel Buenaventura. Mientras que el desplazamiento de paramilitares y la dirección de operativos estuvo bajo la dirección del mayor Luis Felipe Becerra Bohórquez, mismo que incluso pago son su tarjeta de crédito la cuenta del hotel de Medellín de algunos de los militares trasladados desde el Puerto Bocaya a Urabá. 25

 

Asesinato y persecuciones que también alcanzaron a la jueza Martha Lucía González, después de que ésta el 31 de agosto de 1988 ordenara el arresto del mayor Becerra Bohórquez y del jefe paramilitar y narcotraficante Fidel Castaño Gil. Desde entonces recibió amenazas de muerte, hasta verse obligada a salir del país. Pero en represalia, el 4 de mayo de 1989 su padre fue asesinado en Bogotá. Más toda vía, la jueza que la sustituyo fue asesinada junto con sus escoltas el 28 de julio, después de que esta confirmara la orden de arresto contra Becerra Bohórquez.

 

Y si bien en septiembre de 1989 un tribunal de Bogotá confirma la orden de aprensión contra el oficial, esta nunca se efectuó, sino que por el contrario éste fue ascendido y enviado aun curso al extranjero. Además, la orden de aprensión fue revocada, a la vez que el militar fue nombrado secretario de prensa del ejército y recibió la medalla al Servicio distinguido.

 

De estos hechos se puede inferir que en Colombia, igual que ocurrió en Bolivia y se viene acentuando en México, se ha buscado abrirle espacio a los intereses y actividades del narcotráfico que se encuentran en contubernio con las perspectivas agroindustriales. Por lo que detrás de la estrategia de terror hacia la población y sus organizaciones, se debe destacar el hecho de que Urabá es considerada como una de las zonas más ricas y estratégicas de Colombia y el mundo. Zona con 1,230,000 hectáreas de tierra y cerca de 700,000 habitantes, no sólo es productora del 60 al 100% de los cultivos de banano del país, sino que además, posee enormes reservas madereras, pesqueras, oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radioactivo, gigantescos recursos petroleros, así como una gran biodiversidad26.

 

Mientras tanto en México, particularmente en el estado de Guerrero, desde antes del 26 de septiembre de 2014, día en el que 43 estudiantes de la Normar Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desparecieron a manos de supuestos pistoleros del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, coludidos con policías municipales. El número de desaparecidos por supuestos narcotraficantes eran casos de todos los días y que nadie volteaba a ver. Tan solo en mayo de 2010 se localizo en Taxco una mina abandonada con 54 cadáveres, así como se encontraron “narcofosas” descubiertas en 2013 y 2014 en Zumpango, Acapulco e Iguala. Tan solo de enero a agosto de 2014 se contabilizaron 197 desaparecidos, que sumados con los 43 normalistas son 240 27.

 

Hechos que han gozado de tal impunidad que, al día de hoy han colocado a Guerrero en una situación donde todos los días las colonias y barrios de las orillas de Acapulco sean campo de batalla entre hordas de niños y jóvenes sicarios. Mismos que se encuentran bajo las órdenes de algún cártel local. Ocurriendo así desde 2012, cuando el estado empezó a disputar el primer sitio en violencia frente a Cuernavaca, Tijuana, Ciudad Juárez y Ecatepec. Siendo considerado Acapulco el año pasado como la ciudad más peligrosa del mundo con casi mil 200 asesinatos. Éste estado de la república comenzó a sufrir una exacerbación de la violencia desde el 28 de octubre de 2010, después de que en el centro de Acapulco fueron fusilados tres hombres y una mujer. Desde entonces, la violencia ha ocasionado el cierre 970 negocios en el puerto, la huida de familias, así como el abandono de residencias o casas de playa.

 

Ante tales eventos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anuncio un plan de “rescate para Acapulco”, que ha implicado la militarización de la seguridad pública, tal como ocurriera en Colombia cuando se instauran los narco-paramilitares. Y de igual forma que en aquel país, pese o gracias a la implementación de operativos policiaco-militares la narcoviolencia continúa. Situación que parece se agudizara, puesto que Osorio Chong anuncio en 2015 la creación de un cuartel militar en Chilapa, a pesar de que dicha zona ha sido señalada como una franja donde el Ejército ha sido acusado de proteger al grupo de los “Ardillos”.

 

Versiones que han sido corroboradas por los hechos, pues este grupo no sólo aniquila con toda impunidad a sus adversarios, sino que también realiza secuestros para reclutar adeptos y los obligan a trabajar para ellos en campos de enervantes o los integran a sus escuadrones de la muerte. Más aun, se ha señalado a la familia del dirigente perredista Bernardo Ortega Jiménez de mantener vínculos con el grupo de los Ardillos, así como con integrantes de una nueva banda. Este nuevo grupo supuestamente ha desaparecido a 16 personas de entre 15 y 31 años, algunos de los cuales han sido vistos trabajando en campos de amapola resguardados por hombres armados28.

 

Y como resultado de estos hechos, se viene observando una indolencia por parte del gobierno federal, al no hacer nada para detener a tales delincuentes, pese a las denuncias de familiares de las víctimas como José Díaz Navarro. Éste ha advertido desde 2015 que en Chilapa se estaba gestando otro Ayotzinapa, ya que ha sido evidente que la delincuencia actuó en colusión con el ejército, autoridades federales y estatales, para la desaparición de su hermano Hugo y Alejandro. Estos fueron interceptados, junto con tres empresarios de la construcción, por sujetos armados en la comunidad de El Jagüey a finales de 2014 y hasta la fecha los cinco siguen desaparecidos.

 

Pero además, el vínculo narco-paramilitar también se ha visto fortalecido por el respaldo de la prensa, debido a que en ésta algunos informadores han sido contratados por las autoridades y publican notas y reportajes sesgados, tal como ha señalado Ángela Buitrago, ex fiscal colombiana y que trabajo en México durante 13 meses como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Además, Ángela a señalado que cuando el GIEI solicito a las más altas autoridades del país que permitieran interrogar a los militares que presenciaron los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, así como les permitieran revisar los informes que los militares entregaron a sus superiores. El Secretario de Gobernación, Osorio Chong les dijo que esos interrogatorios no iban a ser posibles29.

 

Otro tanto ha venido ocurriendo en el caso de Tlatlaya, estado de México, lugar donde también se ha puesto en evidencia que el 30 de junio de 2014 el ejército mexicano realizo ejecuciones sumarias, después de mantener un enfrentamiento con supuestos integrantes del crimen organizado. En este caso, Grupo Televisa se fue deshaciendo de los directivos de Esquire, ya que estos respaldaron la publicación del reportaje freenlace (el cual sostiene la versión de ejecuciones por parte del ejército) en 2014 y el seguimiento que le dieron en 2015. Así, la cúpula editorial de Televisa despidió a Manuel Martínez Torres, quine era directos de Esquire, así como a su jefe, Javier Martínez Staines y por lo cual Mael Vallejo, editor general también de Esquire, renuncia.

 

Así, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, ha señalado que la falla de origen para dar solución al caso Tlatlaya, se encuentra en el hecho de que los militares mantuvieron el control sobre el lugar de los acontecimientos por varias horas, antes de la intervención de una autoridad civil, mientras que la CNDH ha encontrado que cuando la Sedena toma el control de una escena del crimen con frecuencia la altera para encubrir lo que ocurrió. Lo cua es corroborado por el testimonio de los sobrevivientes de Tlatlaya y los mismos soldados, ya que estos han indicado que la zona estuvo bajo control castrense entre seis y ocho horas hasta que llegaron, después de las 12:30, funcionarios de la Procuraduría del Estado de México30.

 

Pero por si todo esto no fuera suficiente, en el estado de Guerrero bajo el clima de violencia e incertidumbre ya descrito, han surgido las llamadas Autodefensas desde junio de 2012, en Huamuxtitlán, región de la Montaña, antes incluso que en Michoacán, donde el fenómeno emergió más tarde y el armamento como cuernos de chivo llamaron la atención de inmediato y por lo cual salieron en los titulares de la prensa nacional e internacional, en tanto que las armas en Guerrero no pasaban de escopetas y pistolas de bajo calibre.

 

Y aunque el embrión de la Policía Comunitaria fue el nacimiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en noviembre de 1995, las autodefensas de Huamuxtitlan estarían signadas por enfatizar su lucha contra el narcotráfico. Y dentro de esta misma línea le siguió Olinalá, lugar que ha tenido mayor relevancia a partir de que a mediados de 2013 su comandanta Nestora Salgado García detuvo al síndico procurador del Municipio, armando Patrón Jiménez. Acusado de mantener vínculos con los narcotraficantes de la región31.

 

Asimismo en Telamacatzingo, poblado perteneciente al municipio de Olinalá, surge otra autodefensa el 2 de diciembre de 2012, con Citlali Pérez Vázquez al frente. Mientras que el 5 de enero de 2013, surge otra autodefensa en Ayutla de los Libres, bajo el mando del násuvi Bruno Plácido Valerio.

 

Sin embargo es importante tener en cuenta que tales autodefensas han mantenido diferencias radicales en sus formas de trabajo. Destacando el hecho de que mientras Nestora Salgado se confrontó con el gobierno del estado, de quien en un principio sólo recibió una pick up, Bruno se hizo su aliado, aceptando todo tipo de prebendas, desde playeras y radios para sus huestes, hasta una camioneta blindada en la que se transportaba.

 

No obstante estas diferencias, desde 2012 el surgimiento de las autodefensas no ha parado en Guerrero, manifestándose en las siete regiones de dicho estado. En municipios como El Mesón, Cualac, Coyuca de Benítez, Tierra Colorada, Teololoapan, Xaltianguis (Acapulco), Tecpan, Costa Grande, Atlixtac, Alpoyeca, Tlapa (centro económico de la Montaña), Chichihualco, Zumpango, Apaxtla y Chilpancingo. Todas las autodefensas han avanzado, crecido o se han extinguido, al igual que sus líderes, en un clima de corrupción e inconformidad social, donde el gobierno a tejido alianzas con el narcotráfico y algunas autodefensas, dejando de lado a otras que no se han subordinado. De tal suerte que algunas han terminado por ser infiltradas por el narco, minadas desde dentro, por lo que hoy en día el narcotráfico sigue inamovible e imbatible, manteniendo bajo su control a la ciudad más grande y poblada, Acapulco. Así como al pueblo más pobre y recóndito, Zitlala, causando miles de muertes y cientos de personas desplazadas32.

 

Pero al igual que en Urabá, no se debe pasar por alto que tales eventos ocurren en un estado de Guerrero donde existen ricas minas de oro, plata y cobre, así como tiene grandes recursos hídricos en ríos, lagunas y playas, además de recursos forestales. Mismos que el generoso presidente Enrique Peña Nieto, pone a disposición de empresas como el Grupo Collado. Grupo que recibió de manos del mismo presidente, el 12 de octubre del año pasado el Premio Nacional de Exportación33.

 

 

Bibliografía.

 

Latin America Bareau. Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). “Narcotráfico y política. Militarismo y mafia en Bolivia”. 1982.
Echeverria Zuno Álvaro. “Centroamérica: la guerra de Reagan”. Presencia latinoamericana, 1985.
Taber Robert. “La guerra de la pulga”. Ediciones Era, Ancho mundo, 1967.
Calvo Ospina Hernando. “Colombia, laboratorio de embrujos”. Ediciones Foca, 2008.
Hemerografía.
La Jornada, sábado 21 de mayo de 2016.
Revista Proceso, número 2062, 8 de mayo de 2016.
Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
Notas:
1 Rebelión. “Un poder imperial en la cuesta abajo. Un desafío al poder de Estados Unidos (I)”. Por: Noam Chomsky, 17-05-2016
2 Rebelión. ¿Qué principios gobiernan el mundo? Un desafío al poder de Estados Unidos (y II). Por: Noam Chomsky, 21-05-2016.
3 Rebelión. “Desmonte de la integración regional”. Por: Emir Sader, 17-05-2016.
4 La Jornada, jueves 19 de mayo de 2016.
5 Guarimbas, término popular que comenzó a utilizarse como sinónimo de refugio, cuando en Venezuela mandaba el militar Marcos Pérez Jiménez (1953). En aquel entonces, la resistencia cívica diseñó un método de subversión: Se operaba en contra de la dictadura para luego correr en busca de seguridad en el interior de las iglesias. Sin embargo hoy en día es utilizado por la derecha venezolana para identificar protestas organizada en zonas residenciales, así como con cierre de calles.
6 La jornada. “Preparativos de intervención militar en Venezuela”. Por: Ángel Guerra Cabrera. 19-05-2016.
7 Latin America Bareau. Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA). “Narcotráfico y política. Militarismo y mafia en Bolivia”. 1982. Pág. 90.
8 Ibíd. Pág. 93
9 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 92
10 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 101.
11 Ibíd. Latin America Bareau. Pág. 102.
12 Ibíd. Pág. 103
13 Ibíd. 105.
14 Ibíd. Pp. 106-107
15 Ibíd. Pág. 108
16 Ibíd. 108
17 Taber Robert. “La guerra de la pulga”. Ediciones Era, Ancho mundo, 1967. Pág. 19
18 Ibíd. Pág. 55
19 Calvo Ospina Hernando. “Colombia, laboratorio de embrujos”. Ediciones Foca, 2008. Pág. 169
20 Ibíd. Pág. 175.
21 Ibíd. Pág. 176.
22 Ibíd. Pág. 181.
23 Ibíd. Pág. 181
24 Ibíd. Pág. 183
25 Ibíd.
26 Ibíd. Pág. 185
27 Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
28 Proceso, número 2064, 22 de mayo de 2016.
29 Ibíd.
30 Ibíd.
31 Ibíd.
32 Ibíd.
33 Revista Proceso, número 2062, 8 de mayo de 2016.

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Colombia, un modelo Made in USA: Definiciones del embajador de EE.UU. ante la visita de Obama

El representante Noah Mamet incluyó a Colombia en las “buenas prácticas” de lucha contra el tráfico de drogas. Anticipó que Obama “mostrará su respeto” por la conmemoración de los 40 años del golpe.

Como anticipo de la visita del presidente Barack Obama, el embajador de los Estados Unidos citó el caso colombiano entre las que definió como “buenas prácticas” de lucha contra el narcotráfico. En una rueda de prensa ofrecida en su residencia Noah Mamet también dijo sobre los 40 años del golpe militar que Obama “mostrará su respeto” por la conmemoración.


En una breve introducción fue el propio embajador quien mencionó que la “lucha contra el narcotráfico” será parte de la agenda entre Obama y Mauricio Macri.


La cuestión de las drogas es una discusión permanente en los Estados Unidos. El debate es qué hacer en casa y qué hacer fuera de casa. En el ámbito local proliferan las experiencias como la del estado de Colorado, que legalizó la marihuana. En la campaña la precandidata demócrata Hillary Clinton suele pedir que los bomberos y los policías sean entrenados para asistir a gente que se propinó sobredosis de sustancias agresivas y puedan llevar un kit para salvataje de emergencia. En el plano internacional Washington bendijo la “guerra contra las drogas”, definida así y encarada por el ex presidente mexicano Felipe Calderón. Esa guerra superó las 100 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.


–Embajador, ¿en materia de lucha contra las drogas cuál es el modelo en el que su país quiere cooperar con la Argentina? ¿Colorado o México? –preguntó ayer Página/12.


–Bueno, hay más modelos además de los que usted cita. Le menciono las buenas prácticas aplicadas en Colombia, donde nosotros hemos ayudado con muchos fondos. Yo escuché que funcionarios del gobierno argentino dijeron que quieren trabajar con Colombia para dar aquí la pelea contra el delito. Cuando recorro las provincias también encuentro mucha preocupación por el tema en funcionarios y dirigentes. Es un gran tema y seguramente habrá algunos anuncios.


–Cuando usted habla de buenas prácticas en Colombia, ¿a qué período se refiere?


–Le repito que hay muchos casos en el mundo que conviene analizar y ver cuáles sirvieron y cuáles no. Por otra parte es público que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó los Estados Unidos y se entrevistó con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Interior, del FBI y de la Drug Enforcement Agency.


Macri conserva una relación histórica con Alvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Uribe fue el que dio impulso a la militarización de la lucha antinarco, con su secuela de muertos, desaparecidos y campesinos desplazados, y recibió la mayor ayuda bélica norteamericana después de Israel y Egipto. Juan Manuel Santos, su sucesor, se diferenció de Uribe y encaró conversaciones de paz en La Habana, todavía en curso. Los Estados Unidos apoyaron tanto la ofensiva militar como la decisión de Santos de resolver el conflicto. Las agencias norteamericanas, sin embargo, no redujeron significativamente la demanda interna de drogas, el mayor mercado del mundo para los narcos de Colombia, México o Pakistán.


Mamet se mostró animado ante el desafío de ser embajador en una visita de su presidente. Usó varias veces la palabra exciting para calificar la planificación y el viaje de dos días que Obama realizará el 23 y 24 de marzo. Debe ser una tarea efectivamente interesante o apasionante porque el Palacio Bosch, la residencia del embajador donde se alojarán Obama y su esposa Michelle, estaba ayer en plena restauración de detalles. Los periodistas invitados a la embajada por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales a través de Guillermo García, ex vocero del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, vieron trabajos en las alfombras y los mármoles de la entrada y en las molduras del primer piso.


Mamet no quiso dar precisiones sobre la agenda de Obama, aunque uno de los temas fue hecho público el jueves por Susan Rice, la consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca encargada de anunciar la nueva ola de desclasificación de miles de archivos sobre el período de la dictadura militar.


“Obama va a mostrar su respeto por el aniversario y seguramente hablará sobre qué son los derechos humanos hoy”, dijo el embajador ante la consulta de los periodistas. No fue más específico cuando le preguntaron si reconocería la responsabilidad de los Estados Unidos en la promoción de los golpes militares en el continente. “Pregúntenlo en la conferencia de prensa del presidente Obama”, sugirió al ser consultado sobre el papel del ex secretario Henry Kissinger en el respaldo a las dictaduras. Kissinger fue el artífice del Operativo Cóndor de colaboración entre las tiranías del Cono Sur.


En su introducción, Mamet hizo una comparación asombrosa cuando dijo que “hace unos años muchos se hubieran sorprendido de que Obama viajar a Cuba y a la Argentina”. Al revés de Cuba, la Argentina nunca rompió relaciones con los Estados Unidos y por ese motivo no debió normalizarlas.


Comentó que veía en la Argentina de los primeros días de Macri el mismo optimismo que reinaba en los Estados Unidos luego de la asunción de Obama, en enero de 2009. El californiano Mamet no es un diplomático de carrera sino un consultor y empresario que recaudó fondos para Obama y por eso fue uno de los castigados con la dilación en la aprobación de su pliego por los republicanos ultraduros que comandaba el senador Marco Rubio. El mismo que esta semana anunció que abandonaba la carrera por la candidatura presidencial después de su derrota en Florida.


Para Mamet, Macri es “un reflector”, y a ese carácter de bright spot atribuyó la llegada no solo de Obama sino, antes, del primer ministro italiano Mateo Renzi y del presidente francés François Hollande. “Macri dijo que quiere comprometerse con el mundo, con los derechos humanos y con el mantenimiento de la paz”, dijo. Declinó comentar la situación en Brasil y sugirió preguntar por la opinión norteamericana sobre Venezuela a sus colegas destinados en Caracas, aunque incluyó la cuestión venezolana entre las visiones similares e ambos gobiernos.


¿Y los buitres? “La negociación está en marcha y el proceso sigue en el Congreso argentino”, respondió.


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Resurge en EU el consumo de heroína, alerta informe de ONU

El consumo de heroína resurge en Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas, con una participación creciente de los cárteles mexicanos, advierte un informe presentado este miércoles en Viena por el órgano de control de drogas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).


Según el informe 2015 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), también ha habido un aumento en la producción de metanfetaminas en México y Centroamérica.


En contraste, la oferta de cocaína ha bajado en el mundo de manera constante desde 2007. La disminución se relaciona sobre todo con la reducción de cultivos de arbusto de coca.


Perú y Bolivia encabezan los esfuerzos en ese sentido, según el informe, mientras Colombia dio un paso atrás.
En Bolivia los cultivos se redujeron 11 por ciento en 2014, su cuarta baja anual consecutiva, y en Perú la superficie disminuyó 17.5 por ciento anual, según los datos disponibles (2013), el nivel más bajo en 14 años, añadió la JIFE.
En cambio, Colombia registró un aumento de 44 por ciento en el área cultivada en 2014, que invirtió la tendencia que llevaba, si bien la superficie sigue siendo 58 por ciento menor a la existente en 2000.


Aunque la mayor parte de la cocaína que circula en Estados Unidos se produce en Colombia, en otros países también se han encontrado laboratorios.


La incautación de hoja y pasta de coca, así como el descubrimiento de laboratorios clandestinos en países vecinos, como Argentina y Chile, parecen indicar que la refinación también se lleva a cabo en otros lugares de la región, dice el informe.


Pero es la heroína la que enciende focos rojos porque vuelve a ser una de las sustancias objeto de mayor abuso en América del Norte, tras varios años en que la prevalencia había disminuido, señala el documento.


En Estados Unidos, el volumen de heroína incautada aumentó 81 por ciento en cinco años, las detenciones de traficantes se duplicaron entre 2007 y 2014 y aumentó 39 por ciento el número de muertes por sobredosis de heroína entre 2012 y 2013.


En sus recomendaciones, el organismo de la ONU llamó a los países de la región a reforzar el sistema de fiscalización de sustancias químicas usadas para fabricar drogas sintéticas.
Se ha informado que cada vez con más frecuencia se instalan laboratorios de metanfetamina en Centroamérica, advierte el documento.


El órgano de la ONU también recomendó un mayor control de la venta y el movimiento de avionetas que se utilizan con frecuencia creciente para el tráfico de cocaína desde pistas clandestinas de zonas remotas de América del Sur.

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Desaparecer en la cárcel: el horror en La Modelo

La Fiscalía de Colombia investiga más de 100 asesinatos dentro de una prisión de Bogotá


Entraban y nunca más se volvía a saber de ellos. Desde el año 1998 hasta 2003, en la cárcel La Modelo de Bogotá hubo más de 100 desapariciones. Envenenamientos, torturas, palazos. La Fiscalía colombiana ha logrado documentar cuáles fueron las prácticas que se usaron para asesinar a reclusos y visitantes del penal. Carlos Villamil, director de justicia transicional de la entidad, cuenta que en el proceso de verdad al que sometieron a los paramilitares se escucharon testimonios que desempolvaron las investigaciones que se abrieron hace algunos años sobre estos casos. Gracias en parte también a la labor de Jineth Bedoya, periodista colombiana que en el año 2000, cuando elaboraba una investigación sobre este centro y el horror que allí se vivía, fue secuestrada y violada.


“Desde el año 2014, cuando iniciamos un proceso de cierre de los juicios de los desmovilizados del paramilitarismo, hemos oído los relatos de las personas que estuvieron recluidas en La Modelo y que fueron testigos de las atrocidades que ocurrieron en ese lugar”, dice el fiscal. La idea de los paramilitares de controlar las prisiones del país llevó a que en varias de ellas se impusieran y llegaran a tener cárceles dentro de las mismas cárceles, según la teoría de esta institución. “Tenían sus propios espacios para encerrar y torturar a quienes quisieran”. El investigador afirma que con estos testimonios se abre un nuevo capítulo del paramilitarismo, cuyo proceso de desmovilización empezó en 2003.


Según las pesquisas adelantadas, los paramilitares reinaron en varios penales ante el supuesto desconocimiento de las autoridades competentes. ¿Cómo era posible esta impunidad? La Fiscalía asegura que hubo algunas denuncias e investigaciones, como las que llevó a cabo Bedoya, pero al mismo tiempo considera que pudo haber un silencio acordado por el personal de la cárcel. Por miedo o por complicidad. La indagación también apunta a que durante esa época hubo pocos intentos de fuga, debido al interés de los paramilitares de tener el control del penal y trasladar allí la lucha subversiva que sostenían con las FARC. La Modelo tenía en ese momento una capacidad para 1.800 reclusos, pero alcanzó a tener más de 5.000.


Caterine Heyck Puyana, del área de fiscalías especializadas, aseguró que los casos que se han documentado se han basado principalmente en inspecciones a la cárcel, testimonios e investigaciones que en su momento se abrieron. “Se ha conocido que en la cárcel Modelo de Bogotá ocurrió un fenómeno oscuro de desaparición de personas, pero no solo de presos y familiares de presos, sino también de visitantes que eran ajenos al penal”, ha afirmado. “Al parecer no solo habría ocurrido en una sola cárcel del país, pero a La Picota llevaron a un buen número de paramilitares en la etapa de proceso judicial, y podemos evidenciar que allí ocurrió en mayor proporción”, agrega el investigador Villamil.


La periodista Bedoya ha asegurado que en el desarrollo de su trabajo encontró testimonios que darían cuenta de que allí hubo personas desmembradas que después fueron arrojadas a las cañerías de la cárcel. La periodista ha descrito el penal como “la oficina desde donde se manejaba la criminalidad más grande del país. Allí además de los jefes paramilitares más poderosos y de la delincuencia organizada, todavía había rezagos del Cartel del Norte del Valle y entre todos se disputaban el poder”. Varios paramilitares en sus testimonios a las autoridades reiteran el horror que en La Modelo se vivió. La revista Semana reveló uno de esos relatos. En él, un exparamilitar cuenta cómo eliminaban a las personas. “Primero le metían corriente a la gente. Al que no moría en los tanques de la corriente lo sacaban y lo desaparecían en canecas de aguamasa (residuos de comida)”, publicó la revista.


La Fiscalía espera avanzar en la investigación hasta determinar las identidades de las víctimas y hacer justicia. “Los horrores de lo que aconteció en la cárcel Modelo deben ser analizados en profundidad por la Fiscalía desde su responsabilidad penal, pero también ameritan una reflexión profunda de la sociedad colombiana”, señaló la fiscal Caterina Heyck.

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¿Por qué no cae ningún capo gringo del narcotráfico?

Lo llamaron “Plan Colombia” y se inscribía en la estela de la “guerra contra las drogas” declarada por el mentiroso presidente Nixon hace 40 años. Lo suscribieron su sucesor Bill Clinton y uno de los peores presidentes que haya sufrido Colombia, Andrés Pastrana.


La pasada semana se celebró en Washington el 15 aniversario del “Plan”. Con reunión masiva en el ala este de la Casa Blanca y una superfiesta en la embajada colombiana, que inauguraba local. Allí se anunció una secuela que se llamará “Paz Colombia”, si el Senado le aprueba a Obama unos cientos de miles de dólares que añadir a los teóricos 10.000 millones ya gastados.


En principio, el objetivo central del Plan era combatir el narcotráfico, acabar con la producción y consumo de drogas, especialmente de la cocaína. Pero pronto, en la estela de una guerra fría que seguía vigente en América Latina, se orientó fundamentalmente a la lucha contra la subversión, representada especialmente por las FARC, que entonces contaban con 25.000 miembros y podían poner en jaque al Estado en numerosas zonas del territorio colombiano.


Helicópteros, pertrechos, asesores, para acabar con la “guerrilla comunista”, fueron el centro del convenio. Más adelante, a través de operaciones encubiertas con la CIA y la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) tristemente célebre por las revelaciones del perseguido Edward Snowden sobre sus actividades de interceptación y espionaje ilegal en todo el mundo, se vendió al Gobierno de Uribe tecnología sofisticada, especialmente las denominadas “bombas inteligentes” que contribuyeron a abatir jefes guerrilleros como el mando militar Jojoy, Alfonso Cano o Raúl Reyes, este último en territorio ecuatoriano mediante el apoyo logístico de la base militar estadounidense de Manta, hoy clausurada por el presidente Correa.


A pesar de los duros golpes infligidos a la guerrilla, “daños colaterales” incluidos, el Plan Colombia no consiguió terminar con las FARC, que han seguido ocupando territorio con más de 10.000 efectivos y manteniendo en jaque a las fuerzas militares. Por eso el actual presidente, Juan Manuel Santos, aun cuando fue ministro de Defensa con el guerrerista Uribe, decidió nada más iniciar su mandato entablar unas conversaciones de paz que se han desarrollado en los últimos años en La Habana, que ya han conseguido la tregua en las acciones de la guerrilla y permitirán alcanzar la paz negociada en los próximos meses. Lo que no consiguieron el Plan Colombia ni el Ejército en medio siglo, lo han logrado civiles y jefes guerrilleros sentados en una mesa desarmada en la capital cubana.


Junto al énfasis guerrero, la vertiente “antidrogas” del Plan Colombia ha desplegado su acción en los últimos 15 años, principalmente centrada en la fumigación aérea de los cultivos. Así como en el aspecto militar del acuerdo el dinero “donado” debía emplearse en la compra de todo lo empleado – “incluidas las botas de los soldados”, según me informaba un alto cargo del Gobierno Uribe–, en este caso, las beneficiarias de la fumigación eran, además de los aviones alquilados, las multinacionales químicas Monsanto y Dow Chemical, que se deshacían en Colombia a precio de oro de venenos cuya aspersión ya está prohibida en el mundo civilizado por la presión ecologista e incluso de los organismos de Naciones Unidas.
Cuatro millones de hectáreas han sido fumigadas en territorio colombiano durante el Plan Colombia, obligando al traslado de cultivos sin eliminarlos, antes bien aumentando el área sembrada de coca y, según el gran periodista Antonio Caballero (antiguo columnista de Público), “arrojando a los campesinos cocaleros en brazos de las guerrillas que los defienden y a las que pagan protección”.


Junto al Plan, los agentes de la poderosa agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) han operado en Colombia a sus anchas como una dependencia clave de la Embajada en Bogotá. Con sus investigaciones han logrado centenares de detenciones seguidas de extradición, para que cuenten lo que saben y enriquezcan el patrimonio informativo y la capacidad de presión de la agencia a todos los niveles, incluyendo centros de poder económico y político.


Más de mil extraditados desde Colombia. Célebres narcos como Pablo Escobar abatidos o grandes narcos, como los jefes del cártel de Cali, conducidos a cárceles estadounidenses. En estos días, el Chapo Guzmán, tras su enésima fuga, trincado en medio de la horterada que persigue a este tipo de personajes y reclamado de inmediato por la potencia del Norte...
Pero la pregunta que servía de titular a este comentario sigue en el aire.


Las toneladas de cocaína y heroína llegan puntualmente a Estados Unidos desde Colombia, México, Panamá o Perú para su distribución en su inmenso territorio mediante redes bien organizadas, hasta llegar, con pureza variable, al ejecutivo de Wall Street o al negro lumpen del Bronx...¿Quién las recibe? ¿Qué fantasmas invisibles se hacen cargo de las avionetas, los submarinos o las mulas viajeras que arriban a los aeropuertos con su carga de coca?


¿Por qué se habla de “chapos”, “escobares”, “orejuelas”, y jamás de un capo estadounidense? ¿Por qué nadie investiga cómo se manejan las inmensas cantidades de dólares que sin duda manejan los bancos lavadores del destino final de la droga, infinitamente superior en valor al de la compra de la hoja al perseguido campesino cocalero?


Hace tiempo, García Márquez le preguntó reservadamente a Clinton sobre todo esto. Más o menos le contestó que la respuesta era un grave problema de Estado y que se sabría, al modo de los misterios de Fátima, dentro de varias décadas.


Mientras tanto, los mayores consumidores y agentes del negocio de la droga son de la misma potencia que aparece como perseguidora implacable del narcotráfico.


Como decía el paisano citado por Carlos Fuentes refiriéndose a los gringos: “Ellos ponen sus narices, nosotros los muertitos”.

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Lunes, 08 Febrero 2016 06:43

La cara más cruda del Plan Colombia

La cara más cruda del Plan Colombia

Campesinos con cáncer y niños con malformaciones a causa de la aspersión de glifosato y familiares de jóvenes a quienes el Ejército hizo pasar por bajas guerrilleras son parte de los efectos de la guerra contra las drogas.


Las banderas de Estados Unidos ardían entre el fuego. "Yankees go home", se escuchaba –como en los años sesenta– en las plazas de universidades públicas, mientras en los campos se volaron oleoductos y en las calles los protestantes incendiaban buses. Empezaba el año 2001 y, tras la aprobación del Plan Colombia en el Congreso de Estados Unidos siete meses atrás, se puso en marcha el resonado "paquete de ayuda" (US Aid Package) o Plan Colombia.


Mientras humo y llamas se desprendían de entre las estrellas blancas que simbolizan para tantos el sueño americano, en Washington y el Palacio de Nariño sonaban las copas y los aplausos por la intervención, ahora directa y amplia, de Estados Unidos en la solución de los problemas de esta nación. En especial, el Plan se orientó, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, en enfrentar los desafíos de Colombia en cuanto al narcotráfico, el fortalecimiento de "los pilares democráticos de la sociedad colombiana" y la reactivación de la economía. Para entonces, el paramilitarismo se extendía a lo largo del país, entre paisajes de todo tipo donde las guerrillas sumaban ya más de treinta años de presencia y poderío. El cultivo de la hoja de coca, la producción de cocaína y el tráfico de la misma se incrementaba en la región, mientras la demanda entre los norteamericanos iba en aumento.


La guerra contra las drogas fue entonces la razón que Estados Unidos acuñó al Plan que, desde entonces, le otorgó a Colombia 10 mil millones de dólares. Se anunciaba que los recursos serían destinados a fumigar los cultivos de coca, al fortalecimiento de la Fuerza Pública, a atenuar el desplazamiento forzado y la violación de los Derechos Humanos, y a implementar proyectos que consolidaran la economía campesina.


De acuerdo con las voces críticas de la época, el propósito de la potencia mundial era financiar y arreciar en lucha anticomunista, persiguiendo a sangre y fuego a las guerrillas, así como atacar el pensamiento crítico y los movimientos sociales que, desde finales de los años noventa, denunciaban la incursión del paramilitarismo en ciudades y zonas rurales de la mano de militares y policías colombianos. Según el Colectivo José Alvear Restrepo, bajo el nombre de Plan Colombia se empezó a trazar una estrategia no solo para Colombia sino para la región andina Sur, lo que sería el primer paso de lo que Bush llamó más adelante Iniciativa Regional Andina (IRA) "y que no es más que una estrategia para crear en la región andina las condiciones políticas y militares adecuadas para la implementación progresiva de la Alianza de Libre Comercio para la Américas (ALCA)".


Esta semana pasada, cuando se cumplieron quince años del Plan Colombia, en la Casa Blanca rechinaron una vez más los cristales mientras los presidentes, sus comisiones y las reinas de belleza brindaron por el aniversario. En las zonas más empobrecidas de Colombia, los campesinos con cáncer a causa de la aspersión de glifosato que solo hasta el año pasado se suspendieron, los niños con malformaciones y los familiares de jóvenes a quienes el Ejército hizo pasar por guerrilleros para sumar "bajas" y obtener réditos, mostraban la cara no amable del paquete de intervención de la USA más poderoso en la región andina.


Si bien el Plan Colombia fue presentado como un paquete integral, el destino fundamental fue el incremento de la capacidad bélica del Estado, tal como lo afirmaba el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.


En la práctica, los dineros del Plan fueron usados en: movilidad aérea, erradicación de cultivos ilícitos, interdicción de drogas, entrenamiento y capacitación, inteligencia, y centros de entrenamiento y mantenimiento. Hoy por hoy siete bases militares a lo largo y ancho de todo Colombia están ocupadas por militares de Estados Unidos, donde es posible identificarlos con sus uniformes e insignias como ocurre en el municipio de Tumaco, Nariño (Sur) a donde llegó directamente para dar indicaciones a militares americanos y colombianos el embajador de Estados Unidos, tras la voladura del oleoducto de petróleo por parte de las FARC que dejó a la población sin suministro de agua durante semanas, provocando además la peor tragedia ambiental conocida en la región del mar Pacífico.


Tumaco, Buenaventura, los Llanos Orientales, la Amazonia, Antioquia, Cauca y otras zonas de Colombia vivieron, y aún hoy con la incursión armada de la Fuerza Pública colombiana con dineros, tecnología y personal de EE.UU., las consecuencias de años sin tregua donde las balas acaban con la vida de la población civil que queda en medio del fuego cruzado en nombre de la guerra contra las drogas. Esos mismos territorios muestran que, contrario a las aspiraciones del Plan, los cultivos de coca y la producción de cocaína persisten en la región, mientras los campesinos continúan sin amplias opciones distintas de la ilegalidad para realizar sus proyectos de vida.


En Plan Colombia ha sido el pilar de la relación de Colombia con Estados Unidos y, aunque los escépticos son muchos desde antes de que comenzara su implementación, a 15 años de su inicio las cifras hablan: Según la Oficina en Washington sobre América latina, la estrategia de aspersión con glifosato de más de 1,6 millones de hectáreas en Colombia no funcionó. En 2014, se dio un aumento de los cultivos al pasar de 48 mil a 69 mil hectáreas, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.


"En lo que parece una perfecta contradicción con los objetivos del proyecto, durante los primeros ocho años del Plan Colombia hubo un marcado incremento en el número de víctimas del conflicto interno colombiano", relata un artículo de la BBC publicado esta semana que agrega que "aunque es cierto que el Plan Colombia destinó recursos económicos que contribuyeron al trabajo de organizaciones de derechos humanos, también existe el argumento de que hubo un aumento del riesgo para defensores de DD.HH. por la militarización que la iniciativa trajo aparejada".


Sean cuales fueren los resultados, críticas y bondades del Plan Colombia, lo cierto es que en susquince años Estados Unidos reafirmó la inversión en este país, y Colombia lo recibió con beneplácito. Ahora, según la secretaria de estado Roberta Jacobson, la idea es "redirigir" los esfuerzos de sus recursos a la implementación de la paz. Ahora la Casa Blanca expresa que quiere aportar 450 millones de dólares para el "posconflicto" en Colombia, como le han empezado a llamar al momento que siga a la firma del acuerdo final del Proceso de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano y que, de cumplirse lo que espera el equipo de Juan Manuel Santos, se daría en el próximo mes de marzo.


Barack Obama dijo que estar muy orgulloso de anunciar un nuevo capítulo en la alianza de Colombia y Estados Unidos "y la vamos a llamar Paz Colombia", en la cual, expresó, van a respaldar la protección de los derechos de las víctimas enfatizando en que Colombia es su mayor aliado en el hemisferio occidental con el cual, si se ha dado la mano en la guerra, también lo hará hacia la paz.

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"Hay que actuar sin que se vuelva un espectáculo"

Habitualmente quienes sostienen que en materia de narcos la Argentina ya es México o está en trance de serlo no dicen qué pasa en México. Página/12 entrevistó al politólogo canadiense Prud-homme y recogió una explicación sobre los riesgos de declarar guerras y luchas y de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas.


Habla español con acento francés por su origen canadiense, pero hace 32 años que reside en México. Politólogo e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del prestigioso centro académico El Colegio de México, Jean Francois Prud-homme accedió a responder sobre la cuestión del narcotráfico y subrayó un dato histórico: "Entre el 2006 y el 2012, el sexenio del presidente Felipe Calderón, hubo miles de fallecidos, con una estimación mínima de 60 mil víctimas mortales sin contar desaparecidos".


–México discute qué hacer con el narcotráfico de manera constante. ¿Cuál es para usted el punto más importante del debate?


–Un punto clave es la capacidad del Estado de garantizar el Estado de derecho. Quizás en la historia reciente de México una de las lecciones, que no ha sido bien asimilada y entendida por la clase política, sea del partido que sea, y que debería ser una gran lección, es lo que pasó en el gobierno de Calderón. Creyó que el discurso de la guerra y la lucha contra el narcotráfico es políticamente rentable. Calderón lo usó inspirándose en el éxito de Alvaro Uribe en Colombia. Pero al final del camino está claro que para la clase política la idea de ganar la guerra y aniquilar al enemigo termina siendo muy complicada.


–¿Porque no ganaron la guerra?


–Porque es muy difícil presumir de resultados. No es una guerra convencional. Uno puede apresar a varios de los actores, y actores importantes, pero de todas maneras eso no impide que el negocio prospere y que las organizaciones se mantengan. Como se requiere de cuerpos especializados, y no hay o nunca son suficientes, al final es una responsabilidad que cae en manos del ejército. Esto a su vez crea dinámicas en las que el ejército se ve involucrado en acciones criticables desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces se desata una lógica de la cual es muy difícil salirse. El discurso del presidente Calderón en el que declaró la guerra al narcotráfico hizo que todo su gobierno quedase atrapado por el tema. Y al final, por más que fuesen apresados algunos jefes de carteles, es difícil evaluar si hubo un triunfo.


–¿Existe alternativa?


–Hay que actuar de manera más discreta, consistente, sin que se vuelva un gran espectáculo. En el caso de México, además, lo que resulta muy complicado es la suma de un problema de dimensiones geográficas de un país extenso y de un problema geopolítico: México está pegado al mayor mercado de consumo de drogas. Hoy quizás haya también un componente más doméstico que antes. Pero básicamente igual tiene que ver con el consumo en el mercado norteamericano. Eso hace que por más que se limiten las actividades de ciertos carteles surjan nuevos grupos delictivos. Hay un negocio y hay delincuentes que están dispuestos a responder a la demanda. En México queda bastante claro que esa situación crea situaciones regionales diferentes, determinadas por las rutas de tránsito de la droga o, para tomar un caso, por la producción de heroína en el Estado de Guerrero. Hay una geografía de la violencia.


–¿Esa geografía plantea escalas distintas dentro del Estado?


–Sí. Genera aspectos distintos de corrupción y complicidad con las autoridades políticas. En un país federal como México se plantea a menudo el tema de la jurisdicción sobre quién tiene que luchar. ¿Agencias locales o agencias nacionales? Incluso hay complicidades más marcadas y evidentes a nivel de ciertos municipios y de policías municipales. O, a veces, en los gobiernos de los Estados. A nivel federal el asunto es más complicado, pero también existen complicidades que tienen más que ver con el aparato especializado de administración de la Justicia y con las autoridades carcelarias. Lo vimos con la evasión del Chapo Guzmán de un penal de máxima seguridad. Esa es otra lección importante.


–¿Se relaciona con la Justicia?


–Claro, porque hace falta contar con las instituciones de control y supervisión y con los órganos de administración de la Justicia. Antes de declarar una guerra habría que ver los efectivos reales con los que cuenta el Estado en conjunto. Si no, las guerras solo exponen las vulnerabilidades del Estado y sirven para vulnerar los derechos ciudadanos y destruir las instituciones.


–Usted dijo antes que el problema básico es la demanda de los Estados Unidos pero que a la vez crecía un problema doméstico. ¿Qué alcance tiene?


–La cercanía a los Estados Unidos no es el único tema porque también hay problemas de consumo, pero eso lo tenemos que ver como un problema de salud pública.


–¿Es intenso el debate sobre la descriminalización de la droga o de la tenencia para el consumo?


–Es un tema complejo. Desde luego que hay grupos cada vez más presentes en el debate público que mencionan el tema de la descriminalización por lo menos del consumo y de la producción de drogas. Algunos plantean descriminalizar marihuana y otros todas las drogas, como sucede no solo en Uruguay sino en varios Estados de los Estados Unidos.

–Página/12 publicó el año pasado un documento de expertos convocados por la ONU, entre ellos Fernando Henrique Cardoso y Mario Vargas Llosa, en el que recomendaban cambiar de paradigma en la cuestión de las drogas, abandonar la idea de la guerra y reforzar la reducción de los daños en los adictos.


–Ese tipo de documentos impacta en México en dos sentidos. Por un lado progresó en el debate una especie de apertura a la posibilidad de descriminalizar algunas actividades asociadas a la producción y al consumo de drogas. Sobre todo, repito, en relación con la marihuana. La receptividad hacia la descriminalización creció. En diciembre del año pasado un fallo de la Suprema Corte abrió posibilidades hacia una actitud distinta. Pesa mucho el debate en los Estados Unidos, en Colorado o California. Habrá un debate similar en Canadá. Todo esto cambiará los parámetros de la discusión en México. Un segundo punto, que tiene que ver con el caso colombiano, está relacionado con el reclutamiento de individuos que terminan participando como sicarios de esas bandas. Se da a nivel de base. Se relaciona con la prevención y con la búsqueda de soluciones sociales. Pienso en Ciudad Juárez. Hasta cinco o seis años era una de las zonas más violentas, con mayor cantidad de homicidios. En un momento se intentó abordar el problema no solo desde la represión sino buscando responder a las causas sociales. Todo es relativo, pero la violencia descendió en los últimos cinco años. La idea en cierto modo fue buscar soluciones como las implementadas en Bogotá, en Colombia, donde la acción de dos alcaldes fue importante. Enfocaron la violencia y el reclutamiento atendiendo a sus raíces sociales. Es importante entender que a ese tipo de violencia organizada se la puede enfrentar no solo con soluciones policiales.

–¿También discuten los expertos mexicanos el peso de los pequeños dealers?

–En relación con eso, por lo menos en las ciudades y en los territorios donde hay mayor capacidad institucional, una idea fuerte consiste en cambiar la relación entre la policía y los ciudadanos. Se observa un intento de desarrollar más las policías de cercanías, que colaboran con los vecinos. Pueden hacer algo de prevención y también tienen capacidad rápida de respuesta mientras quedan como una instancia de colaboración entre habitantes y cuerpos policíacos. Sin embargo, no es una estrategia única. Está la otra, más represiva, de control o eliminación del delito.

–¿Cuándo tiene mayor legitimidad esa estrategia?

–En general cuando hay violencia evidente, cuando hay problemas asociados a otros tipos de delitos como la venta de protección y el secuestro, hay también acciones de carácter más represivo y tradicional. Frecuentemente es la población misma la que pide ese tipo de reacciones a nivel local, porque la realidad suele tornarse muy grave. En Michoacán hasta hace dos o tres años esos grupos delictivos terminaron controlando todo el Estado y asumiendo funciones de regulación violenta e informal que casi terminaban sustituyendo a las funciones normales del Estado. Todo esto se combina con el problema geopolítico del que hablábamos y con su incidencia doméstica mayor cuando hay exceso de oferta y los carteles canalizan droga a nivel local. Los dos ámbitos están relacionados.


–¿Cuándo se agudizó la cuestión del narcotráfico en México?


–En gran parte la cuestión del narco tiene que ver con el mercado norteamericano desde los años 90, cuando los mexicanos desplazaron a los colombianos en los Estados Unidos y en las rutas hacia los Estados Unidos. Hay rutas que van desde el litoral hacia puntos del territorio estadounidense. Cuando esas rutas atraviesan ciudades importantes, se vuelven plazas atractivas y producen la pelea por el control entre distintos grupos de narcotraficantes. Los carteles quieren controlar Estados o regiones: el cartel de Juárez en Chihuahua y Sinaloa, los Zetas en Tamaulipas, el cartel del Golfo en el Golfo... Las dimensiones geográficas son importantes. Está la serie Narcos, sobre los colombianos. Cuando los mexicanos los reemplazan recrudece la violencia en México. A partir de ese momento las complicidades se vuelven menos discretas y más condenables. Lo revela el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Detrás de la trama política aparente hay una trama vinculada al narcotráfico y a las complicidades locales y de grupos de narcotraficantes.

–En el arresto del Chapo Guzmán intervinieron comandos de la Marina.

–Es una línea importante de debate en México: cómo hacemos para sacar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el narco. Si bien es cierto que a primera vista el ejército parece más competente por su despliegue y su poder de fuego, y también la Armada, que se encarga de las acciones más difíciles, se producen divisiones entre distintos cuerpos. Ahora estamos discutiendo si conviene o no un cuerpo especial con mando único, ajeno a las fuerzas armadas, en todo el país. Además, como daño producido por la intervención de las fuerzas armadas empeora la situación de los derechos humanos, que se pone peor aún por responsabilidad de la administración de Justicia. El narco en México no es un tema nuevo.

–¿Cuándo sitúa el comienzo del narco?

–Desde que existe el problema de la producción y comercialización de las drogas. Sobre todo al terminar la Segunda Guerra Mundial. En ese momento empezaron a generarse complicidades a distintos niveles. No es un fenómeno nuevo. Lo que le da más relevancia pública a la cuestión del narco es el nivel de violencia. La cantidad de víctimas directas e indirectas de ese negocio se incrementó mucho en los últimos diez años por lo menos. La violencia hace más visibles las complicidades. Por eso resurgieron debates y análisis como éste: ¿Qué es mejor, capturar a los capos de los grandes carteles o más bien buscar el mantenimiento, como supuestamente lo hacían antes los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, un equilibrio de la violencia entre distintos grupos? La idea entonces era preservar ese oligopolio que en la práctica entrañaba menos violencia. Frecuentemente el encarcelamiento o la eliminación física de capos desata guerras por la sucesión, divisiones y profusión de pequeños grupos que buscan ocupar el espacio que antes existía.


–Al menos en la Argentina de estos días el planteo oficial de la cuestión narco le quita importancia al lavado de activos, o por lo menos no lo pone como tema principal.


–En México el lavado es importante a todos los niveles. Se supone que el Estado tiene cada vez más instrumentos, ¿no? Para comprobar el origen de los recursos o para controlar las transacciones bancarias en efectivo... El tema es la captura de los operadores financieros de los narcotraficantes. Cobra cada vez más importancia el flujo financiero relacionado con los narcos pero no hay éxitos en este campo. No hubo golpes importantes contra el lavado de dinero. El Estado no sabe, no puede o no quiere actuar. Depende de los casos. Uno de los problemas del Estado de derecho es poder establecer pruebas. Me imagino que todavía, a pesar de todos los instrumentos que se desarrollaron y se utilizaron, sigue siendo complejo comprobar el delito de lavado de dinero. Y cuando alguien no quiere actuar es peor.
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Estado de emergencia en tres provincias de Perú por el narcotráfico

Mientras el presidente Ollanta Humala sostiene que las cifras de capturas e incautaciones de armas a 25 días de estado de emergencia en el puerto de El Callao son alentadoras, la prensa muestra más evidencias de policías, militares, trabajadores penitenciarios y del gobierno regional de esa provincia involucrados con el narco y mafias de extorsionadores.

En El Callao, desde el 5 de diciembre, la policía puede ingresar a las viviendas y realizar arrestos sin orden judicial, aunque las libertades de tránsito y de reunión no han sido suspendidas. Las provincias del Santa y Casma, en la costa de la región Ancash, también fueron declaradas en emergencia el 24 de diciembre, por el mismo motivo.

La medida en el principal puerto fue promulgada por el mandatario al día siguiente de que un sicario asesinó a Wilbur Castillo, un exreo que en 2012 denunció que el gobernador y el alcalde del Callao tenían un centro de espionaje telefónico que implicaba a miembros de la organización política Chim Pum Callao. Ello significó confrontar a Roger Poemape, la cabeza de una red criminal que, según la Policía Nacional, tenía el dominio territorial para sacar droga por el puerto. Pero este año, según la esposa de Castillo, el hombre colaboró con la Policía Nacional para que capture a miembros de la red Barrio King, liderada por Gerson Gálvez, alias 'Caracol', uno de los prófugos más buscados por delitos de extorsión, narcotráfico y sicariato en El Callao, a 50 minutos de Lima.

Si bien el ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ha destacado el incremento de detenciones a personas con antecedentes penales en el puerto, el experto en seguridad ciudadana Gino Costa indicó a la prensa local que "la declaración del estado de emergencia no suma, porque se necesita es un trabajo paciente, y una vez que has investigado y tienes todas las evidencias probatorias, detienes. No se trata de detener un montón de gente para después ver qué hacer con ellos".

Para Costa, la corrupción, las extorsiones y el narcotráfico "son negocios tremendamente rentables a cargo de organizaciones criminales muy fuertes, que cuentan con complicidad a nivel político, en la Policía, en la Fiscalía, en el Poder Judicial y en el Instituto Nacional Penitenciario".

El diario La República reportó que, de acuerdo a unas conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía Nacional en mayo, el delincuente 'Caracol' conseguía trasladar droga desde el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) en helicópteros que transportan al personal del Ejército. El VRAE concentra el 60% de la producción de hoja de coca en el país, y hay unos 6.000 militares en la zona, debido a la actividad de los Quispe Palomino, remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso.

"Lo traen en helicóptero al cuartel de acá de Lima y con carro oficial del Estado ¿ya? Del cuartel te lo dejan en la puerta de tu casa, la 'merca' (droga)", comenta uno de los trabajadores de 'Caracol' en la conversación interceptada por el sistema de escucha 'Constelación'. En otra llamada de mayo, los colaboradores del narcotraficante aluden a sus contactos en la Empresa de Servicio de Limpieza del Callao para dar facilidades para sacar la mercancía por el puerto.

El diario El Comercio divulgó el organigrama de la banda de 'Caracol' y en ella figura Francisco Samamé, un policía cómplice, encargado de coordinar el sembrado de pruebas y de incriminar a delincuentes de otras bandas.

Para Costa, otra prioridad en El Callao es que un grupo independiente tenga garantías para investigar: "el gobierno regional presidido por Félix Moreno ha gastado 31 millones de soles para la construcción de una nueva sede de Corpac y lo poco que se había construido está siendo derruido. ¿Por qué no hay nadie preso? ¿Dónde están las investigaciones fiscales?", reclamó. Por otro lado, el hermano del acribillado Castillo afirma que 'Caracol' es el guardaespaldas de Moreno.

La Defensoría del Pueblo ha alertado, con cifras de la Policía Nacional, que en 2014 en el puerto 544 ataques con armas de fuego produjeron 101 muertes y 443 heridos, y en los primeros seis meses de 2015, 252 ataques ocasionaron 45 muertes y 207 heridos.

El estado de emergencia que además restringe el derecho de reunión y de libre tránsito está vigente hace décadas en más de 45 provincias rurales de la sierra y selva del país, debido a la lucha contra el narcotráfico y contra los rezagos de Sendero Luminoso.

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EU: nueva Ley de Tráfico Trasnacional de Drogas

El pasado 8 de octubre, el Senado estadunidense aprobó por unanimidad la Ley de Tráfico Trasnacional de Drogas, con la cual se pretende combatir esta importante amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Actualmente se encuentra en proceso de discusión y análisis en la Cámara de Representantes (http://1.usa.gov/1SX5hmh).


La finalidad de esta ley es facilitar la elaboración de casos de extradición de traficantes que utilizan otras organizaciones criminales de intermediarias para ingresar drogas a Estados Unidos, por ejemplo las Bacrim (bandas criminales de Colombia), que entregan cargamentos de cocaína a los cárteles mexicanos –generalmente en Centroamérica– con destino al mercado estadunidense.


Con las leyes actuales, los productores sudamericanos que venden la droga a los cárteles mexicanos aprovechan las lagunas legales para evitar ser enjuiciados por la justicia estadunidense. Con esta nueva legislación se agregaría la disposición motivos razonables para creer, debido a que cada vez es más complicado probar que éstos sabían que el destino final de las drogas era Estados Unidos, explicó Chuck Grassley, autor de este proyecto de ley (http://1.usa.gov/1Napzd1).


Asimismo, se proyecta que con esta ley las sanciones actuales en contra de los productores de precursores químicos utilizados para la elaboración de metanfetaminas se apliquen correctamente, ya que de igual forma se agregaría la disposición de motivos razonables para creer que el exportador sabía que dichos químicos serían utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.


En este caso podríamos mencionar el tema de los productores asiáticos, que de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas de la ONUDC 2015, son los principales exportadores de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas ilegales, teniendo a México como el principal destino, donde se lleva a cabo su elaboración e introducción al territorio estadunidense.


Los productores asiáticos también serían enjuiciados aunque no estén directamente implicados en la fabricación o el transporte de las drogas hacia Estados Unidos. Pero de igual forma en estos casos, los narcotraficantes se han aprovechado de los huecos legales.


La legislación agrega además una disposición que prohíbe el uso de marcas falsas para traficar cualquier droga. Si ésta finalmente se aprueba, se podría aplicar a los traficantes que usan logos corporativos falsos para identificar los cargamentos de drogas ilícitas, así como las que se trafican como productos farmacéuticos falsos.


En los dos primeros casos, el papel de los cárteles mexicanos para la ejecución del delito es fundamental, porque son ellos quienes finalmente introducen y distribuyen los narcóticos en territorio estadunidense; por ende, los que más se arriesgan y en caso de ser detenidos asumen gran parte de las consecuencias, por obvias razones son también los que se llevan gran parte de la ganancia.


Por su papel protagonista, el crimen organizado trasnacional de México se mantiene como la mayor amenaza criminal para Estados Unidos y ningún otro grupo puede desafiarlos a corto plazo, debido a que la mayor parte de los estupefacientes que se consumen en Estados Unidos se producen en México o lo utilizan como país de tránsito, señala la Evaluación de la Amenaza Nacional de Drogas 2015 de la DEA (http://1.usa.gov/1Nu8fyg).


Aún es pronto para predecir cuál será el efecto de esta nueva ley en las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos. Sin embargo, los principales promotores de esta legislación aseguran que con los cambios se eliminarían los obstáculos y la burocracia que enfrenta el Departamento de Justicia para elaborar los casos de extradición contra narcotraficantes, especialmente contra aquellos que operan en Sudamérica.


Sin embargo, se corre el riesgo de que con estos cambios salgan perjudicados los eslabones más débiles de esta cadena de delitos, como los agricultores o transportistas, hecho que no impactaría en gran medida el proceso del narcotráfico, pues son fácilmente remplazables por los cárteles.


Finalmente, se debe tomar en cuenta este tipo de medidas y analizarlas con atención, puesto que podrían significar el inicio de una revaluación más profunda de las estrategias del gobierno estadunidense en su guerra internacional contra las drogas.


Por Simón Vargas Aguilar, analista en temas de seguridad, justicia, política y educación.


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Miércoles, 02 Septiembre 2015 05:50

La nueva política antidrogas en Unasur

La nueva política antidrogas en Unasur

Unasur aprobó en Montevideo un documento que sostiene el fracaso de la guerra contra las drogas y plantea la necesidad de un nuevo enfoque para abordar la problemática del consumo y las adicciones. Será presentado ante la ONU en abril del año próximo.

 

Tras reconocer el fracaso mundial de la política de "guerra contra las drogas", la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) aprobó en Montevideo un documento en el que se plantea la necesidad de un nuevo enfoque para abordar esta problemática. En el escrito el organismo se propone un alejamiento de la política punitiva hacia los consumidores y resalta la necesidad de centrarse en "el ser humano, su bienestar y su salud". El próximo paso será presentar el documento como una postura unificada de la región ante la ONU en abril de 2016.


Según lo expresó Ernesto Samper, secretario general de la Unasur y ex presidente de Colombia, el encuentro tuvo "mucho de histórico porque Sudamérica ha sido una de las regiones más afectadas por la lucha contra el narcotráfico". Samper aseguró opinar desde la "experiencia" de su "propio país".


El texto que fue consensuado en Uruguay el lunes entre los doce países que integran la Unasur consta de 25 puntos y será presentado a la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (Ungass) que tendrá lugar en Nueva York el año próximo.


"Pasamos de un enfoque exclusivamente punitivo que se ha venido manejando en América latina y en el mundo a un enfoque mucho más integral porque queremos poner en el centro de la política de drogas al ser humano, su bienestar y su salud por encima de todos los demás criterios de intervención", dijo el director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, Javier Flores.


Por su parte, Samper amplió que "a pesar de todos los esfuerzos de la política prohibicionista actual, hoy en día hay más de 300 millones de consumidores de drogas que aun las siguen consumiendo".


En este sentido, calificó de "evidente fracaso" el resultado de la guerra contra las drogas e hizo hincapié en la importancia de Sudamérica para proponer un cambio hacia una mirada humana sobre el tema debido a la "cantidad de personas y de recursos económicos e institucionales" que se vieron afectados por esta problemática en la región.


Consultada por Página/12, la presidenta de la Asociación Intercambios para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, Graciela Touzé, explicó que el saldo de la reunión de Unasur "muestra la existencia de un acuerdo generalizado en cambiar las políticas represivas para dejar de ser duro con los débiles" y aclaró que por débiles se refiere a sectores como los "campesinos y consumidores".


Según Touzé, es necesario "cambiar todo a un enfoque centrado en la salud y los derechos humanos" y agregó la necesidad de tener una "perspectiva que contemple al género femenino. Las cárceles de mujeres están abarrotadas, se dio un crecimiento exponencial de las presas mujeres y una gran mayoría son presas por causas relacionadas con las drogas", amplió la presidenta de Intercambios.


América latina es, según Touzé, "una región de las que más vienen padeciendo: tenemos el caso de Colombia, Perú y Bolivia, países productores de gran parte de la coca circulante en el mundo" y son países "que fueron fuertemente estigmatizados y culpabilizados del narcotráfico por el simple hecho de tener estos cultivos", expresó la presidenta de Intercambios. Estos países "no sólo fueron los más hostigados sino que además sufrieron, como nos pasó en toda la región, los efectos contraproducentes de la política punitiva de drogas", opinó la referente.


"Quizá también por ello sea que nuestra región cuente con las políticas y experiencias más innovadoras", reflexionó Touzé. "Por ejemplo Uruguay, que en 2013 aprobó la ley que regula la producción y la comercialización de cannabis bajo el control del Estado", impulsada por el ex presidente José Mujica, como una estrategia para enfrentar el narcotráfico, "hizo de este un país pionero".


En tanto que Bolivia "defendió el mascado de coca como una práctica cultural y desprendió al país de la mirada eurocentrista que identificaba esta práctica como droga", expresó Touzé. "Por otro lado, Ecuador logró una importante reforma en materia legislativa para aminorar los casos de detenciones por delitos no violentos ligados a la tenencia", amplió la referente. Además explicó que "Argentina, si bien sentó ciertos precedentes, actualmente está un poco demorada en materia legislativa".


Esta asamblea de la ONU es vista como una "oportunidad muy importante" para que la región plantee nuevos enfoques "que deben contemplarse como otra forma de enfrentar el problema de las drogas y no como una guerra como ha sido hasta ahora", indicó Elena Lagomarsino, miembro de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.


Uno de los objetivos que se plantean para 2016 es la adopción de posiciones comunes en las que se incluyan las diversas realidades y problemáticas de los países de la región para poder tener más peso al plantear este nuevo paradigma. Según Samper, no se tratará de "exportar el modelo uruguayo" para la región y el mundo porque "nadie tiene la receta para todos", sino de trabajar en una política alternativa que surja de unificar distintas experiencias.

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