Lunes, 08 Febrero 2016 06:43

La cara más cruda del Plan Colombia

La cara más cruda del Plan Colombia

Campesinos con cáncer y niños con malformaciones a causa de la aspersión de glifosato y familiares de jóvenes a quienes el Ejército hizo pasar por bajas guerrilleras son parte de los efectos de la guerra contra las drogas.


Las banderas de Estados Unidos ardían entre el fuego. "Yankees go home", se escuchaba –como en los años sesenta– en las plazas de universidades públicas, mientras en los campos se volaron oleoductos y en las calles los protestantes incendiaban buses. Empezaba el año 2001 y, tras la aprobación del Plan Colombia en el Congreso de Estados Unidos siete meses atrás, se puso en marcha el resonado "paquete de ayuda" (US Aid Package) o Plan Colombia.


Mientras humo y llamas se desprendían de entre las estrellas blancas que simbolizan para tantos el sueño americano, en Washington y el Palacio de Nariño sonaban las copas y los aplausos por la intervención, ahora directa y amplia, de Estados Unidos en la solución de los problemas de esta nación. En especial, el Plan se orientó, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, en enfrentar los desafíos de Colombia en cuanto al narcotráfico, el fortalecimiento de "los pilares democráticos de la sociedad colombiana" y la reactivación de la economía. Para entonces, el paramilitarismo se extendía a lo largo del país, entre paisajes de todo tipo donde las guerrillas sumaban ya más de treinta años de presencia y poderío. El cultivo de la hoja de coca, la producción de cocaína y el tráfico de la misma se incrementaba en la región, mientras la demanda entre los norteamericanos iba en aumento.


La guerra contra las drogas fue entonces la razón que Estados Unidos acuñó al Plan que, desde entonces, le otorgó a Colombia 10 mil millones de dólares. Se anunciaba que los recursos serían destinados a fumigar los cultivos de coca, al fortalecimiento de la Fuerza Pública, a atenuar el desplazamiento forzado y la violación de los Derechos Humanos, y a implementar proyectos que consolidaran la economía campesina.


De acuerdo con las voces críticas de la época, el propósito de la potencia mundial era financiar y arreciar en lucha anticomunista, persiguiendo a sangre y fuego a las guerrillas, así como atacar el pensamiento crítico y los movimientos sociales que, desde finales de los años noventa, denunciaban la incursión del paramilitarismo en ciudades y zonas rurales de la mano de militares y policías colombianos. Según el Colectivo José Alvear Restrepo, bajo el nombre de Plan Colombia se empezó a trazar una estrategia no solo para Colombia sino para la región andina Sur, lo que sería el primer paso de lo que Bush llamó más adelante Iniciativa Regional Andina (IRA) "y que no es más que una estrategia para crear en la región andina las condiciones políticas y militares adecuadas para la implementación progresiva de la Alianza de Libre Comercio para la Américas (ALCA)".


Esta semana pasada, cuando se cumplieron quince años del Plan Colombia, en la Casa Blanca rechinaron una vez más los cristales mientras los presidentes, sus comisiones y las reinas de belleza brindaron por el aniversario. En las zonas más empobrecidas de Colombia, los campesinos con cáncer a causa de la aspersión de glifosato que solo hasta el año pasado se suspendieron, los niños con malformaciones y los familiares de jóvenes a quienes el Ejército hizo pasar por guerrilleros para sumar "bajas" y obtener réditos, mostraban la cara no amable del paquete de intervención de la USA más poderoso en la región andina.


Si bien el Plan Colombia fue presentado como un paquete integral, el destino fundamental fue el incremento de la capacidad bélica del Estado, tal como lo afirmaba el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.


En la práctica, los dineros del Plan fueron usados en: movilidad aérea, erradicación de cultivos ilícitos, interdicción de drogas, entrenamiento y capacitación, inteligencia, y centros de entrenamiento y mantenimiento. Hoy por hoy siete bases militares a lo largo y ancho de todo Colombia están ocupadas por militares de Estados Unidos, donde es posible identificarlos con sus uniformes e insignias como ocurre en el municipio de Tumaco, Nariño (Sur) a donde llegó directamente para dar indicaciones a militares americanos y colombianos el embajador de Estados Unidos, tras la voladura del oleoducto de petróleo por parte de las FARC que dejó a la población sin suministro de agua durante semanas, provocando además la peor tragedia ambiental conocida en la región del mar Pacífico.


Tumaco, Buenaventura, los Llanos Orientales, la Amazonia, Antioquia, Cauca y otras zonas de Colombia vivieron, y aún hoy con la incursión armada de la Fuerza Pública colombiana con dineros, tecnología y personal de EE.UU., las consecuencias de años sin tregua donde las balas acaban con la vida de la población civil que queda en medio del fuego cruzado en nombre de la guerra contra las drogas. Esos mismos territorios muestran que, contrario a las aspiraciones del Plan, los cultivos de coca y la producción de cocaína persisten en la región, mientras los campesinos continúan sin amplias opciones distintas de la ilegalidad para realizar sus proyectos de vida.


En Plan Colombia ha sido el pilar de la relación de Colombia con Estados Unidos y, aunque los escépticos son muchos desde antes de que comenzara su implementación, a 15 años de su inicio las cifras hablan: Según la Oficina en Washington sobre América latina, la estrategia de aspersión con glifosato de más de 1,6 millones de hectáreas en Colombia no funcionó. En 2014, se dio un aumento de los cultivos al pasar de 48 mil a 69 mil hectáreas, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.


"En lo que parece una perfecta contradicción con los objetivos del proyecto, durante los primeros ocho años del Plan Colombia hubo un marcado incremento en el número de víctimas del conflicto interno colombiano", relata un artículo de la BBC publicado esta semana que agrega que "aunque es cierto que el Plan Colombia destinó recursos económicos que contribuyeron al trabajo de organizaciones de derechos humanos, también existe el argumento de que hubo un aumento del riesgo para defensores de DD.HH. por la militarización que la iniciativa trajo aparejada".


Sean cuales fueren los resultados, críticas y bondades del Plan Colombia, lo cierto es que en susquince años Estados Unidos reafirmó la inversión en este país, y Colombia lo recibió con beneplácito. Ahora, según la secretaria de estado Roberta Jacobson, la idea es "redirigir" los esfuerzos de sus recursos a la implementación de la paz. Ahora la Casa Blanca expresa que quiere aportar 450 millones de dólares para el "posconflicto" en Colombia, como le han empezado a llamar al momento que siga a la firma del acuerdo final del Proceso de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano y que, de cumplirse lo que espera el equipo de Juan Manuel Santos, se daría en el próximo mes de marzo.


Barack Obama dijo que estar muy orgulloso de anunciar un nuevo capítulo en la alianza de Colombia y Estados Unidos "y la vamos a llamar Paz Colombia", en la cual, expresó, van a respaldar la protección de los derechos de las víctimas enfatizando en que Colombia es su mayor aliado en el hemisferio occidental con el cual, si se ha dado la mano en la guerra, también lo hará hacia la paz.

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"Hay que actuar sin que se vuelva un espectáculo"

Habitualmente quienes sostienen que en materia de narcos la Argentina ya es México o está en trance de serlo no dicen qué pasa en México. Página/12 entrevistó al politólogo canadiense Prud-homme y recogió una explicación sobre los riesgos de declarar guerras y luchas y de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas.


Habla español con acento francés por su origen canadiense, pero hace 32 años que reside en México. Politólogo e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del prestigioso centro académico El Colegio de México, Jean Francois Prud-homme accedió a responder sobre la cuestión del narcotráfico y subrayó un dato histórico: "Entre el 2006 y el 2012, el sexenio del presidente Felipe Calderón, hubo miles de fallecidos, con una estimación mínima de 60 mil víctimas mortales sin contar desaparecidos".


–México discute qué hacer con el narcotráfico de manera constante. ¿Cuál es para usted el punto más importante del debate?


–Un punto clave es la capacidad del Estado de garantizar el Estado de derecho. Quizás en la historia reciente de México una de las lecciones, que no ha sido bien asimilada y entendida por la clase política, sea del partido que sea, y que debería ser una gran lección, es lo que pasó en el gobierno de Calderón. Creyó que el discurso de la guerra y la lucha contra el narcotráfico es políticamente rentable. Calderón lo usó inspirándose en el éxito de Alvaro Uribe en Colombia. Pero al final del camino está claro que para la clase política la idea de ganar la guerra y aniquilar al enemigo termina siendo muy complicada.


–¿Porque no ganaron la guerra?


–Porque es muy difícil presumir de resultados. No es una guerra convencional. Uno puede apresar a varios de los actores, y actores importantes, pero de todas maneras eso no impide que el negocio prospere y que las organizaciones se mantengan. Como se requiere de cuerpos especializados, y no hay o nunca son suficientes, al final es una responsabilidad que cae en manos del ejército. Esto a su vez crea dinámicas en las que el ejército se ve involucrado en acciones criticables desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces se desata una lógica de la cual es muy difícil salirse. El discurso del presidente Calderón en el que declaró la guerra al narcotráfico hizo que todo su gobierno quedase atrapado por el tema. Y al final, por más que fuesen apresados algunos jefes de carteles, es difícil evaluar si hubo un triunfo.


–¿Existe alternativa?


–Hay que actuar de manera más discreta, consistente, sin que se vuelva un gran espectáculo. En el caso de México, además, lo que resulta muy complicado es la suma de un problema de dimensiones geográficas de un país extenso y de un problema geopolítico: México está pegado al mayor mercado de consumo de drogas. Hoy quizás haya también un componente más doméstico que antes. Pero básicamente igual tiene que ver con el consumo en el mercado norteamericano. Eso hace que por más que se limiten las actividades de ciertos carteles surjan nuevos grupos delictivos. Hay un negocio y hay delincuentes que están dispuestos a responder a la demanda. En México queda bastante claro que esa situación crea situaciones regionales diferentes, determinadas por las rutas de tránsito de la droga o, para tomar un caso, por la producción de heroína en el Estado de Guerrero. Hay una geografía de la violencia.


–¿Esa geografía plantea escalas distintas dentro del Estado?


–Sí. Genera aspectos distintos de corrupción y complicidad con las autoridades políticas. En un país federal como México se plantea a menudo el tema de la jurisdicción sobre quién tiene que luchar. ¿Agencias locales o agencias nacionales? Incluso hay complicidades más marcadas y evidentes a nivel de ciertos municipios y de policías municipales. O, a veces, en los gobiernos de los Estados. A nivel federal el asunto es más complicado, pero también existen complicidades que tienen más que ver con el aparato especializado de administración de la Justicia y con las autoridades carcelarias. Lo vimos con la evasión del Chapo Guzmán de un penal de máxima seguridad. Esa es otra lección importante.


–¿Se relaciona con la Justicia?


–Claro, porque hace falta contar con las instituciones de control y supervisión y con los órganos de administración de la Justicia. Antes de declarar una guerra habría que ver los efectivos reales con los que cuenta el Estado en conjunto. Si no, las guerras solo exponen las vulnerabilidades del Estado y sirven para vulnerar los derechos ciudadanos y destruir las instituciones.


–Usted dijo antes que el problema básico es la demanda de los Estados Unidos pero que a la vez crecía un problema doméstico. ¿Qué alcance tiene?


–La cercanía a los Estados Unidos no es el único tema porque también hay problemas de consumo, pero eso lo tenemos que ver como un problema de salud pública.


–¿Es intenso el debate sobre la descriminalización de la droga o de la tenencia para el consumo?


–Es un tema complejo. Desde luego que hay grupos cada vez más presentes en el debate público que mencionan el tema de la descriminalización por lo menos del consumo y de la producción de drogas. Algunos plantean descriminalizar marihuana y otros todas las drogas, como sucede no solo en Uruguay sino en varios Estados de los Estados Unidos.

–Página/12 publicó el año pasado un documento de expertos convocados por la ONU, entre ellos Fernando Henrique Cardoso y Mario Vargas Llosa, en el que recomendaban cambiar de paradigma en la cuestión de las drogas, abandonar la idea de la guerra y reforzar la reducción de los daños en los adictos.


–Ese tipo de documentos impacta en México en dos sentidos. Por un lado progresó en el debate una especie de apertura a la posibilidad de descriminalizar algunas actividades asociadas a la producción y al consumo de drogas. Sobre todo, repito, en relación con la marihuana. La receptividad hacia la descriminalización creció. En diciembre del año pasado un fallo de la Suprema Corte abrió posibilidades hacia una actitud distinta. Pesa mucho el debate en los Estados Unidos, en Colorado o California. Habrá un debate similar en Canadá. Todo esto cambiará los parámetros de la discusión en México. Un segundo punto, que tiene que ver con el caso colombiano, está relacionado con el reclutamiento de individuos que terminan participando como sicarios de esas bandas. Se da a nivel de base. Se relaciona con la prevención y con la búsqueda de soluciones sociales. Pienso en Ciudad Juárez. Hasta cinco o seis años era una de las zonas más violentas, con mayor cantidad de homicidios. En un momento se intentó abordar el problema no solo desde la represión sino buscando responder a las causas sociales. Todo es relativo, pero la violencia descendió en los últimos cinco años. La idea en cierto modo fue buscar soluciones como las implementadas en Bogotá, en Colombia, donde la acción de dos alcaldes fue importante. Enfocaron la violencia y el reclutamiento atendiendo a sus raíces sociales. Es importante entender que a ese tipo de violencia organizada se la puede enfrentar no solo con soluciones policiales.

–¿También discuten los expertos mexicanos el peso de los pequeños dealers?

–En relación con eso, por lo menos en las ciudades y en los territorios donde hay mayor capacidad institucional, una idea fuerte consiste en cambiar la relación entre la policía y los ciudadanos. Se observa un intento de desarrollar más las policías de cercanías, que colaboran con los vecinos. Pueden hacer algo de prevención y también tienen capacidad rápida de respuesta mientras quedan como una instancia de colaboración entre habitantes y cuerpos policíacos. Sin embargo, no es una estrategia única. Está la otra, más represiva, de control o eliminación del delito.

–¿Cuándo tiene mayor legitimidad esa estrategia?

–En general cuando hay violencia evidente, cuando hay problemas asociados a otros tipos de delitos como la venta de protección y el secuestro, hay también acciones de carácter más represivo y tradicional. Frecuentemente es la población misma la que pide ese tipo de reacciones a nivel local, porque la realidad suele tornarse muy grave. En Michoacán hasta hace dos o tres años esos grupos delictivos terminaron controlando todo el Estado y asumiendo funciones de regulación violenta e informal que casi terminaban sustituyendo a las funciones normales del Estado. Todo esto se combina con el problema geopolítico del que hablábamos y con su incidencia doméstica mayor cuando hay exceso de oferta y los carteles canalizan droga a nivel local. Los dos ámbitos están relacionados.


–¿Cuándo se agudizó la cuestión del narcotráfico en México?


–En gran parte la cuestión del narco tiene que ver con el mercado norteamericano desde los años 90, cuando los mexicanos desplazaron a los colombianos en los Estados Unidos y en las rutas hacia los Estados Unidos. Hay rutas que van desde el litoral hacia puntos del territorio estadounidense. Cuando esas rutas atraviesan ciudades importantes, se vuelven plazas atractivas y producen la pelea por el control entre distintos grupos de narcotraficantes. Los carteles quieren controlar Estados o regiones: el cartel de Juárez en Chihuahua y Sinaloa, los Zetas en Tamaulipas, el cartel del Golfo en el Golfo... Las dimensiones geográficas son importantes. Está la serie Narcos, sobre los colombianos. Cuando los mexicanos los reemplazan recrudece la violencia en México. A partir de ese momento las complicidades se vuelven menos discretas y más condenables. Lo revela el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Detrás de la trama política aparente hay una trama vinculada al narcotráfico y a las complicidades locales y de grupos de narcotraficantes.

–En el arresto del Chapo Guzmán intervinieron comandos de la Marina.

–Es una línea importante de debate en México: cómo hacemos para sacar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el narco. Si bien es cierto que a primera vista el ejército parece más competente por su despliegue y su poder de fuego, y también la Armada, que se encarga de las acciones más difíciles, se producen divisiones entre distintos cuerpos. Ahora estamos discutiendo si conviene o no un cuerpo especial con mando único, ajeno a las fuerzas armadas, en todo el país. Además, como daño producido por la intervención de las fuerzas armadas empeora la situación de los derechos humanos, que se pone peor aún por responsabilidad de la administración de Justicia. El narco en México no es un tema nuevo.

–¿Cuándo sitúa el comienzo del narco?

–Desde que existe el problema de la producción y comercialización de las drogas. Sobre todo al terminar la Segunda Guerra Mundial. En ese momento empezaron a generarse complicidades a distintos niveles. No es un fenómeno nuevo. Lo que le da más relevancia pública a la cuestión del narco es el nivel de violencia. La cantidad de víctimas directas e indirectas de ese negocio se incrementó mucho en los últimos diez años por lo menos. La violencia hace más visibles las complicidades. Por eso resurgieron debates y análisis como éste: ¿Qué es mejor, capturar a los capos de los grandes carteles o más bien buscar el mantenimiento, como supuestamente lo hacían antes los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, un equilibrio de la violencia entre distintos grupos? La idea entonces era preservar ese oligopolio que en la práctica entrañaba menos violencia. Frecuentemente el encarcelamiento o la eliminación física de capos desata guerras por la sucesión, divisiones y profusión de pequeños grupos que buscan ocupar el espacio que antes existía.


–Al menos en la Argentina de estos días el planteo oficial de la cuestión narco le quita importancia al lavado de activos, o por lo menos no lo pone como tema principal.


–En México el lavado es importante a todos los niveles. Se supone que el Estado tiene cada vez más instrumentos, ¿no? Para comprobar el origen de los recursos o para controlar las transacciones bancarias en efectivo... El tema es la captura de los operadores financieros de los narcotraficantes. Cobra cada vez más importancia el flujo financiero relacionado con los narcos pero no hay éxitos en este campo. No hubo golpes importantes contra el lavado de dinero. El Estado no sabe, no puede o no quiere actuar. Depende de los casos. Uno de los problemas del Estado de derecho es poder establecer pruebas. Me imagino que todavía, a pesar de todos los instrumentos que se desarrollaron y se utilizaron, sigue siendo complejo comprobar el delito de lavado de dinero. Y cuando alguien no quiere actuar es peor.
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Estado de emergencia en tres provincias de Perú por el narcotráfico

Mientras el presidente Ollanta Humala sostiene que las cifras de capturas e incautaciones de armas a 25 días de estado de emergencia en el puerto de El Callao son alentadoras, la prensa muestra más evidencias de policías, militares, trabajadores penitenciarios y del gobierno regional de esa provincia involucrados con el narco y mafias de extorsionadores.

En El Callao, desde el 5 de diciembre, la policía puede ingresar a las viviendas y realizar arrestos sin orden judicial, aunque las libertades de tránsito y de reunión no han sido suspendidas. Las provincias del Santa y Casma, en la costa de la región Ancash, también fueron declaradas en emergencia el 24 de diciembre, por el mismo motivo.

La medida en el principal puerto fue promulgada por el mandatario al día siguiente de que un sicario asesinó a Wilbur Castillo, un exreo que en 2012 denunció que el gobernador y el alcalde del Callao tenían un centro de espionaje telefónico que implicaba a miembros de la organización política Chim Pum Callao. Ello significó confrontar a Roger Poemape, la cabeza de una red criminal que, según la Policía Nacional, tenía el dominio territorial para sacar droga por el puerto. Pero este año, según la esposa de Castillo, el hombre colaboró con la Policía Nacional para que capture a miembros de la red Barrio King, liderada por Gerson Gálvez, alias 'Caracol', uno de los prófugos más buscados por delitos de extorsión, narcotráfico y sicariato en El Callao, a 50 minutos de Lima.

Si bien el ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ha destacado el incremento de detenciones a personas con antecedentes penales en el puerto, el experto en seguridad ciudadana Gino Costa indicó a la prensa local que "la declaración del estado de emergencia no suma, porque se necesita es un trabajo paciente, y una vez que has investigado y tienes todas las evidencias probatorias, detienes. No se trata de detener un montón de gente para después ver qué hacer con ellos".

Para Costa, la corrupción, las extorsiones y el narcotráfico "son negocios tremendamente rentables a cargo de organizaciones criminales muy fuertes, que cuentan con complicidad a nivel político, en la Policía, en la Fiscalía, en el Poder Judicial y en el Instituto Nacional Penitenciario".

El diario La República reportó que, de acuerdo a unas conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía Nacional en mayo, el delincuente 'Caracol' conseguía trasladar droga desde el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) en helicópteros que transportan al personal del Ejército. El VRAE concentra el 60% de la producción de hoja de coca en el país, y hay unos 6.000 militares en la zona, debido a la actividad de los Quispe Palomino, remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso.

"Lo traen en helicóptero al cuartel de acá de Lima y con carro oficial del Estado ¿ya? Del cuartel te lo dejan en la puerta de tu casa, la 'merca' (droga)", comenta uno de los trabajadores de 'Caracol' en la conversación interceptada por el sistema de escucha 'Constelación'. En otra llamada de mayo, los colaboradores del narcotraficante aluden a sus contactos en la Empresa de Servicio de Limpieza del Callao para dar facilidades para sacar la mercancía por el puerto.

El diario El Comercio divulgó el organigrama de la banda de 'Caracol' y en ella figura Francisco Samamé, un policía cómplice, encargado de coordinar el sembrado de pruebas y de incriminar a delincuentes de otras bandas.

Para Costa, otra prioridad en El Callao es que un grupo independiente tenga garantías para investigar: "el gobierno regional presidido por Félix Moreno ha gastado 31 millones de soles para la construcción de una nueva sede de Corpac y lo poco que se había construido está siendo derruido. ¿Por qué no hay nadie preso? ¿Dónde están las investigaciones fiscales?", reclamó. Por otro lado, el hermano del acribillado Castillo afirma que 'Caracol' es el guardaespaldas de Moreno.

La Defensoría del Pueblo ha alertado, con cifras de la Policía Nacional, que en 2014 en el puerto 544 ataques con armas de fuego produjeron 101 muertes y 443 heridos, y en los primeros seis meses de 2015, 252 ataques ocasionaron 45 muertes y 207 heridos.

El estado de emergencia que además restringe el derecho de reunión y de libre tránsito está vigente hace décadas en más de 45 provincias rurales de la sierra y selva del país, debido a la lucha contra el narcotráfico y contra los rezagos de Sendero Luminoso.

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EU: nueva Ley de Tráfico Trasnacional de Drogas

El pasado 8 de octubre, el Senado estadunidense aprobó por unanimidad la Ley de Tráfico Trasnacional de Drogas, con la cual se pretende combatir esta importante amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Actualmente se encuentra en proceso de discusión y análisis en la Cámara de Representantes (http://1.usa.gov/1SX5hmh).


La finalidad de esta ley es facilitar la elaboración de casos de extradición de traficantes que utilizan otras organizaciones criminales de intermediarias para ingresar drogas a Estados Unidos, por ejemplo las Bacrim (bandas criminales de Colombia), que entregan cargamentos de cocaína a los cárteles mexicanos –generalmente en Centroamérica– con destino al mercado estadunidense.


Con las leyes actuales, los productores sudamericanos que venden la droga a los cárteles mexicanos aprovechan las lagunas legales para evitar ser enjuiciados por la justicia estadunidense. Con esta nueva legislación se agregaría la disposición motivos razonables para creer, debido a que cada vez es más complicado probar que éstos sabían que el destino final de las drogas era Estados Unidos, explicó Chuck Grassley, autor de este proyecto de ley (http://1.usa.gov/1Napzd1).


Asimismo, se proyecta que con esta ley las sanciones actuales en contra de los productores de precursores químicos utilizados para la elaboración de metanfetaminas se apliquen correctamente, ya que de igual forma se agregaría la disposición de motivos razonables para creer que el exportador sabía que dichos químicos serían utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.


En este caso podríamos mencionar el tema de los productores asiáticos, que de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas de la ONUDC 2015, son los principales exportadores de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas ilegales, teniendo a México como el principal destino, donde se lleva a cabo su elaboración e introducción al territorio estadunidense.


Los productores asiáticos también serían enjuiciados aunque no estén directamente implicados en la fabricación o el transporte de las drogas hacia Estados Unidos. Pero de igual forma en estos casos, los narcotraficantes se han aprovechado de los huecos legales.


La legislación agrega además una disposición que prohíbe el uso de marcas falsas para traficar cualquier droga. Si ésta finalmente se aprueba, se podría aplicar a los traficantes que usan logos corporativos falsos para identificar los cargamentos de drogas ilícitas, así como las que se trafican como productos farmacéuticos falsos.


En los dos primeros casos, el papel de los cárteles mexicanos para la ejecución del delito es fundamental, porque son ellos quienes finalmente introducen y distribuyen los narcóticos en territorio estadunidense; por ende, los que más se arriesgan y en caso de ser detenidos asumen gran parte de las consecuencias, por obvias razones son también los que se llevan gran parte de la ganancia.


Por su papel protagonista, el crimen organizado trasnacional de México se mantiene como la mayor amenaza criminal para Estados Unidos y ningún otro grupo puede desafiarlos a corto plazo, debido a que la mayor parte de los estupefacientes que se consumen en Estados Unidos se producen en México o lo utilizan como país de tránsito, señala la Evaluación de la Amenaza Nacional de Drogas 2015 de la DEA (http://1.usa.gov/1Nu8fyg).


Aún es pronto para predecir cuál será el efecto de esta nueva ley en las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos. Sin embargo, los principales promotores de esta legislación aseguran que con los cambios se eliminarían los obstáculos y la burocracia que enfrenta el Departamento de Justicia para elaborar los casos de extradición contra narcotraficantes, especialmente contra aquellos que operan en Sudamérica.


Sin embargo, se corre el riesgo de que con estos cambios salgan perjudicados los eslabones más débiles de esta cadena de delitos, como los agricultores o transportistas, hecho que no impactaría en gran medida el proceso del narcotráfico, pues son fácilmente remplazables por los cárteles.


Finalmente, se debe tomar en cuenta este tipo de medidas y analizarlas con atención, puesto que podrían significar el inicio de una revaluación más profunda de las estrategias del gobierno estadunidense en su guerra internacional contra las drogas.


Por Simón Vargas Aguilar, analista en temas de seguridad, justicia, política y educación.


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Miércoles, 02 Septiembre 2015 05:50

La nueva política antidrogas en Unasur

La nueva política antidrogas en Unasur

Unasur aprobó en Montevideo un documento que sostiene el fracaso de la guerra contra las drogas y plantea la necesidad de un nuevo enfoque para abordar la problemática del consumo y las adicciones. Será presentado ante la ONU en abril del año próximo.

 

Tras reconocer el fracaso mundial de la política de "guerra contra las drogas", la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) aprobó en Montevideo un documento en el que se plantea la necesidad de un nuevo enfoque para abordar esta problemática. En el escrito el organismo se propone un alejamiento de la política punitiva hacia los consumidores y resalta la necesidad de centrarse en "el ser humano, su bienestar y su salud". El próximo paso será presentar el documento como una postura unificada de la región ante la ONU en abril de 2016.


Según lo expresó Ernesto Samper, secretario general de la Unasur y ex presidente de Colombia, el encuentro tuvo "mucho de histórico porque Sudamérica ha sido una de las regiones más afectadas por la lucha contra el narcotráfico". Samper aseguró opinar desde la "experiencia" de su "propio país".


El texto que fue consensuado en Uruguay el lunes entre los doce países que integran la Unasur consta de 25 puntos y será presentado a la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (Ungass) que tendrá lugar en Nueva York el año próximo.


"Pasamos de un enfoque exclusivamente punitivo que se ha venido manejando en América latina y en el mundo a un enfoque mucho más integral porque queremos poner en el centro de la política de drogas al ser humano, su bienestar y su salud por encima de todos los demás criterios de intervención", dijo el director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, Javier Flores.


Por su parte, Samper amplió que "a pesar de todos los esfuerzos de la política prohibicionista actual, hoy en día hay más de 300 millones de consumidores de drogas que aun las siguen consumiendo".


En este sentido, calificó de "evidente fracaso" el resultado de la guerra contra las drogas e hizo hincapié en la importancia de Sudamérica para proponer un cambio hacia una mirada humana sobre el tema debido a la "cantidad de personas y de recursos económicos e institucionales" que se vieron afectados por esta problemática en la región.


Consultada por Página/12, la presidenta de la Asociación Intercambios para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, Graciela Touzé, explicó que el saldo de la reunión de Unasur "muestra la existencia de un acuerdo generalizado en cambiar las políticas represivas para dejar de ser duro con los débiles" y aclaró que por débiles se refiere a sectores como los "campesinos y consumidores".


Según Touzé, es necesario "cambiar todo a un enfoque centrado en la salud y los derechos humanos" y agregó la necesidad de tener una "perspectiva que contemple al género femenino. Las cárceles de mujeres están abarrotadas, se dio un crecimiento exponencial de las presas mujeres y una gran mayoría son presas por causas relacionadas con las drogas", amplió la presidenta de Intercambios.


América latina es, según Touzé, "una región de las que más vienen padeciendo: tenemos el caso de Colombia, Perú y Bolivia, países productores de gran parte de la coca circulante en el mundo" y son países "que fueron fuertemente estigmatizados y culpabilizados del narcotráfico por el simple hecho de tener estos cultivos", expresó la presidenta de Intercambios. Estos países "no sólo fueron los más hostigados sino que además sufrieron, como nos pasó en toda la región, los efectos contraproducentes de la política punitiva de drogas", opinó la referente.


"Quizá también por ello sea que nuestra región cuente con las políticas y experiencias más innovadoras", reflexionó Touzé. "Por ejemplo Uruguay, que en 2013 aprobó la ley que regula la producción y la comercialización de cannabis bajo el control del Estado", impulsada por el ex presidente José Mujica, como una estrategia para enfrentar el narcotráfico, "hizo de este un país pionero".


En tanto que Bolivia "defendió el mascado de coca como una práctica cultural y desprendió al país de la mirada eurocentrista que identificaba esta práctica como droga", expresó Touzé. "Por otro lado, Ecuador logró una importante reforma en materia legislativa para aminorar los casos de detenciones por delitos no violentos ligados a la tenencia", amplió la referente. Además explicó que "Argentina, si bien sentó ciertos precedentes, actualmente está un poco demorada en materia legislativa".


Esta asamblea de la ONU es vista como una "oportunidad muy importante" para que la región plantee nuevos enfoques "que deben contemplarse como otra forma de enfrentar el problema de las drogas y no como una guerra como ha sido hasta ahora", indicó Elena Lagomarsino, miembro de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.


Uno de los objetivos que se plantean para 2016 es la adopción de posiciones comunes en las que se incluyan las diversas realidades y problemáticas de los países de la región para poder tener más peso al plantear este nuevo paradigma. Según Samper, no se tratará de "exportar el modelo uruguayo" para la región y el mundo porque "nadie tiene la receta para todos", sino de trabajar en una política alternativa que surja de unificar distintas experiencias.

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Sábado, 29 Agosto 2015 06:51

Consecuencias de la prohibición

Consecuencias de la prohibición

Cerca del año 2006 comenzó a crearse una droga nueva, teniendo en consideración que la marihuana era una sustancia prohibida en casi todo el planeta. Así fue que surgió el cannabis sintético, hierbas silvestres rociadas con sustancias químicas que buscan emular el efecto del tetrahidrocannabinol (Thc), principal componente psicoactivo de la marihuana ordinaria. Esta droga de diseño es la que despierta hoy la alarma de las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

 

En apariencia, la marihuana sintética es similar a la común. Se trata de una sustancia vendida a precios absurdamente baratos en comparación con los de otras drogas, y que es consumida básicamente por la gente más pobre. Técnicamente, se comercializa sin ser ilegal, y no es registrada por los tests de drogas, por lo que ha encontrado un nicho de consumidores en personas que se encuentran en libertad condicional y, por tanto, sujetas a controles esporádicos.


Según informó a la radio pública estadounidense Chuck Rosenberg, director interino de la Dea, "la vemos en todas partes del país", y "las mezclas varían. Los productos químicos varían. Usted y yo podríamos comprar y usar el mismo paquete y tener reacciones muy diferentes", explicó. La lógica es la siguiente: cuando uno de los compuestos químicos utilizados es detectado por los departamentos de narcóticos y comienza a prohibirse, los fabricantes varían la fórmula levemente, logrando volver de esta manera a la legalidad. Se conoce a la marihuana sintética como K2, Spice, Fake Weed, Skunk, Kronik, Bizarro, Stoopid, Fuego de Yucatán, entre tantos otros nombres.


Según comentan los consumidores, hay tipos de marihuana sintética que suelen tener un efecto infinitamente más intenso que el de la común. Pero a diferencia del cannabis, se han detectado altos grados de toxicidad en sus diversas formas, y el compilado de efectos adversos incluye ansiedad extrema, taquicardia, insuficiencia renal, vómitos, alucinaciones, psicosis, ataques epilépticos, catatonia, parálisis, infartos cerebrales o cardíacos, y ocasionalmente la muerte tras un fallo multiorgánico. Puede elevar la presión arterial y provocar un suministro menor de sangre al corazón (isquemia miocárdica). Es que algunos compuestos actúan en el cerebro con mayor intensidad que el Thc, lo que genera efectos secundarios impredecibles debido a los vínculos de los receptores cerebrales con el corazón y los sistemas digestivo y respiratorio.


En el estado de Nueva York, el 19 de abril de este año las autoridades emitieron una alerta de salud ya que en nueve días 160 personas fueron hospitalizadas por reacciones derivadas del consumo de varios tipos de marihuana sintética. La asociación estadounidense de control de venenos registraba ese mes 1.500 casos de intoxicación por cannabinoides sintéticos, cinco veces más que el mes anterior.


Se cree que la mayoría de la marihuana sintética proviene de China, y es distribuida en todos los continentes. La Bbc informa que países como Francia, Reino Unido, Alemania, Rumania, Suiza, Suecia, Irlanda, Rusia y Austria, Puerto Rico, Chile y la mayoría de los estados de Estados Unidos y Australia han encontrado la forma de prohibir en su totalidad los cannabinoides sintéticos. Inglaterra busca aún la forma de establecer una prohibición general, para poner fin de una buena vez a una constante e interminable cacería de variedades y mutaciones de la sustancia. Claro que un camino mucho más corto y efectivo sería legalizar la marihuana verdadera, pero eso aún no entra en sus planes

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Martes, 11 Agosto 2015 06:38

La Coalición de los Vulnerables

La Coalición de los Vulnerables

El consenso global en materia de drogas se ha comenzado ha erosionar, en medio de la fatiga y la frustración frente a una política que ha tenido pobres resultados. La utópica meta de un mundo libre de drogas está lejos de alcanzase, mientras que la inercia del enfoque actual, desbalanceado y notablemente coercitivo, continúa teniendo importantes efectos en aquellos países donde la guerra contra las drogas sigue vigente.


Los costos y los impactos negativos de la aplicación del régimen internacional se han distribuido en el mundo de manera desigual. Las repercusiones negativas del narcotráfico y la política para hacerle frente, han recaído especialmente en los países productores y de tránsito. En estos lugares la debilidad institucional y la limitada presencia estatal ha sido agravada por intervenciones que han privilegiado la represión del mercado de drogas, sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos.
En esto no solo han tenido responsabilidad los países consumidores que han impulsado un enfoque decididamente represivo para interrumpir la producción y el tránsito de drogas, sino elites políticas, fuerzas del orden locales y autoridades para quienes la estrategia represiva ha resultado funcional.


En la escena internacional el régimen de control de drogas ha sido aplicado de manera asimétrica. Mientras que los países más desarrollados han tenido flexibilidad para interpretar sus compromisos, en la periferia los tratados de fiscalización de droga han sido camisas de fuerza con una talla única para todos. Lo primeros han contado con mayores niveles de autonomía, determinado hacia donde van los recursos de cooperación y transferido los costos de la lucha contras las drogas a los países con menores niveles de desarrollo. En cambio en África, Latinoamérica, el Caribe y más de una decenas de países en Asia, la política de droga ha sido dictada desde afuera, con múltiples consecuencias negativas en el ámbito de la salud y los derechos humanos.


Mientras que esto ocurre, el negocio de las drogas ilegales ha ido floreciendo, con unos pocos ganadores. Aquellos que obtienen beneficios jugosos de este emporio ilegal y que gozan de lujos e inversiones intocadas a pesar de la parafernalia de normas y restricciones de distinto tipo. Un puñado de criminales que logran insertarse en las clases pudientes que suelen dar la bienvenida a los "nuevos ricos". Los políticos corruptos que aprovechan los intersticios entre la ilegalidad y la legitimidad. Además de las burocracias creadas para "luchar" contra este flagelo. Entre tanto, los perdedores de las políticas antinarcóticos se encuentran en todas partes, en todas las edades, clases, géneros y culturas.


Pero no todos los sectores han sido igualmente vulnerables. Los impactos negativos del narcotráfico y las políticas de drogas han recaído especialmente en campesinos y trabajadores temporales que se vinculan al cultivo; indígenas y pobres rurales que se encuentran bajo la presión de los grupos armados ilegales y la ofensiva del Estado; los correos humanos cargados con drogas para ser traslados a los polos de demanda; los habitantes de los barrios humildes que son el escenario de pugnas territoriales; y tantos otros que constituyen el eslabón más débil de una extensa cadena. La estigmatización, la restricción de derechos fundamentales, así como el uso y abuso de la fuerza contra estos grupos poblacionales ha sido la regla.


Por definición se asume que toda política punitiva genera efectos indeseados. Los defensores del modelo anti-drogas vigente han afirmado que la aplicación de ciertas medidas conlleva a imponderables y acarrea costos inesperados. Por lo general, se entiende que los tomadores de decisión no diseñan o aplican políticas deliberadamente nocivas o implementan acciones con una intencionalidad negativa prefigurada. Pero las políticas de drogas han ido en contra de esta premisa, con decisiones que aún con sus derivaciones indeseables, siguen siendo tomadas. No se trata ya de un asunto de ineficacia o impericia impensada sino de convencimiento político, una habituación a que los daños son inevitables. Bajo esa lógica, la prohibición resulta inmodificable.


En este contexto, en diversos ámbitos nacionales e internacionales un abanico de voces —conservadores políticos, liberales económicos, progresistas sociales, libertarios filosóficos, reformistas legales y radicales ideológicos— se expresan ciertamente en contra de las políticas antidrogas actuales. Estas voces tienen ante sí una oportunidad de articularse en torno al Periodo Especial de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), para demandar márgenes de autonomía que permitan aplicar políticas más razonables y humanas. Este es el momento de exigir un debate, abierto, franco y realista que acepte que para obtener medidas sostenibles de largo plazo es necesario modificar varias políticas actuales.


La consigna: El énfasis de las políticas en torno a las drogas —y aun más allá de ellas— no debe localizarse en la sustancia propiamente dicha sino que debe colocarse en la ciudadanía, su bienestar, cohesión y convivencia en el marco de sistemas genuinamente democráticos.


Juan Gabriel Tokatlian es director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella (Buenos Aires, Argentina)
Juan Carlos Garzón Vergara es Global Fellow del Woodrow Wilson Center (Washington DC) e investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz (Colombia) @JCGarzonVergara

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Colombia: las indecisiones del Gobierno en la política de acción contra las drogas

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) presentó el pasado 2 de julio un informe que compila los resultados del monitoreo satelital de cultivos de coca en el territorio colombiano durante el año 2014. A la presentación de dicho informe asistió el Ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado quien, a partir de las cifras entregadas, reflexionó sobre la efectividad de la política de erradicación de cultivos ilícitos implementada en la última década en el país. La exposición del Ministro respecto al informe exhibe una ruptura del Gobierno frente a la manera como concibió por años la lucha contra los cultivos de coca, además, realza la preocupación oficial por el fracaso de la aspersión con glifosato y la erradicación manual como estrategias para la supresión de cultivos ilícitos en Colombia.

Se expanden los cultivos de coca

Las cifras son poco alentadoras: en el año 2013 fueron registradas 48.000 hectáreas sembradas de coca, durante 2014 estas ascendieron a 69.000, lo que representa un incremento del 44% en la extensión de los cultivos a nivel nacional. La expansión más significativa ocurrió en la región Putumayo–Caquetá con un 68% de incremento, lrompiéndo la tendencia al decrecimiento presentada en la zona durante los últimos ocho años. La Región Pacífica, por su parte, concentra los mayores sembrados de coca: alberga 25.976 hectáreas, es decir, el 38% de los cultivos totles sembrados en el país, alcanzando un incremento en área sembrada del 40% respecto al año inmediatamente anterior. La Región Central y el área comprendida entre los departamentos Meta/Guaviare ocupan el tercer y cuarto lugar en concentración de cultivos de coca con 11.412 y 10.700 hectáreas, con un incremento del 40% de las hectáreas sembradas respecto al 2013.

El informe muestra que gran parte de los cultivos registrados corresponden a resiembras en zonas que anteriormente habían sido intervenidas por aspersión o erradicación manual. El mismo detalla la existencia de estos cultivos en 16 parques naturales (de un total de 59) y el crecimiento del 45% en área sembrada en los parques Nukak, Sierra de la Macarena, Paya, Yinigua y Farallones de Cali. El mismo informe expresa su preocupación por la expansión de estos cultivos en el seno de Resguardos Indígenas: las 6.225 hectáreas detectadas en el 2013 aumentaron a 7.799 hectáreas en el 2014 (+25%, 11% del total nacional). Situación similar ocurre con los cultivos en los Consejos Comunitarios de Comunidades afrodescendientes, en los cuales las extensiones sembradas registraron un incremento de 17% (en ellos se encuentra el 15% de la coca sembrada en Colombia). Este tipo de vegetales, sembrados en este tipo de comunidades étnicas, amenazan la diversidad cultural que fundamentan su estabilidad interna, haciéndolas especialmente vulnerables a la presencia y accionar de actores armados.

La coca parece no haber cedido ante la embestida de los erradicadores manuales y la aspersión aérea: el 3.5% del territorio sembrado tiene una afectación reciente (nuevos sembrados), el 43.5 ha padecido afectación intermitente entre los años 2005 y 2014; el área abandonada creció al 35.5% –lo que puede interpretarse como una relocalización de los cultivos, no como una extinción de los mismos–. Los cultivos proliferaron en zonas de arraigo cocalero en las cuales las estrategias de erradicación han enfrentado las más duras batallas, generando enormes afectaciones sobre el medio ambiente y la población civil.

A pesar de lo fáctico de las cifras consignadas en el informe del monitoreo de los cultivos de coca en el 2015, las posiciones respecto a la estrategia de lucha contra este tipo de cultivos son disimiles. El Procurador General de la Nación relacionó recientemente (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/crecimiento-inusitado-de-cultivos-de-droga-fortalecera-articulo-569883) la suspensión de las fumigaciones con una exigencia de las Farc presentada en la mesa de negociación de La Habana, con el incremento de los cultivos a causa de esta decisión del Gobierno, y con la disponibilidad de mayores recursos de las organizaciones insurgentes para atentar contra la fuerza pública y la infraestructura nacional.

En medio de esa pugna, es de resaltar que el pasado 14 de mayo el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió colocarle fin a la erradicación de cultivos ilícitos por aspersión de glifosato, producto de una votación en la que el único voto en contra provino precisamente de la mano del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez. La decisión del CNE obedeció a la aplicación del principio jurídico de precaución que ampara la suspensión de la práctica ante la ausencia de evidencia científica que fundamente la inocuidad del producto para la salud humana y la estabilidad del medio ambiente. Por el contrario la evidencia médica, y el testimonio de comunidades y organizaciones internacionales de acompañamiento humanitario, han aportado testimonios contundentes sobre los daños infligidos a la población, las plantas, los animales, el suelo, las fuentes de agua, por el glifosato en los perímetros de fumigación y zonas aledañas.

Cambios en la política de acción contra las drogas

Sobre estos aspectos, en entrevista para desdeabajo, Ricardo Vargas, profesor universitario e investigador que ha dedicado parte importante de su trabajo a estudiar problemáticas relacionadas con la siembra, procesamiento y tráfico de drogas ilícitas, no atribuye las modificaciones en la política gubernamental frente a esta temática a una contricción ante los magros resultados obtenidos, no, para el investigador este giro refleja más bien modificaciones en la postura de acción en los EEUU producto del debate generado allí por la legalización, en algunos de sus estados, de drogas blandas, como el cannabis.

Además, aclara Vargas, que aun no puede hablarse de cambio de estrategia porque "la suspensión de las fumigaciones no indica necesariamente que la estrategia de acción haya cambiado [...] el glifosato es parte de una técnica que busca reducir áreas, esa es una cosa, otra cosa es la política global de drogas, donde no gana espacio una discusión de fondo, ahí sigue habiendo un vacío, todo ha girado alrededor del glifosato que es coyunturalmente importante porque hace mucho daño, pero ese no es el eje de la política como quieren hacerlo ver los grupos más radicales de derecha [...]".

Aunque no se trate totalmente de un cambio de estrategia de combate, hay modificaciones generadas en ámbitos más allá del plano discursivo que parecen incomodar a algunos sectores políticos colombianos. Es así porque, recuerda Ricardo Vargas "[...] las acciones contra los cultivos lo son contra las Farc, acciones decisorias en el contexto de la guerra pues esa economía es una de las bases de su financiación y creo que para muchos sectores atacar los cultivos no es tanto por la credibilidad de la lucha antidrogas, sino acción para resolver el problema de bajarle al ingreso a las Farc, es la economía [...] un ambiente de ruptura ha logrado incrementar la presión de la extrema derecha para que se mantenga una linea muy radical de erradicación".

La actitud del Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez al oponerse ferreamente a la erradicación por aspersión, que ha sido la punta de lanza de la política dura de erradicación, no es muy objetiva como han sostenido y representan fielmente las voces de los sectores políticos incómodos por los nuevos planteamientos "si hay una decisión multilateral de un organismo de salud que al final procura con el principio de precaución proteger la salud de las personas, debería la Procuraduría actuar en función de eso, ahí lo que se ve es una postura ideológica a favor de la guerra [...] el Procurador es un militante de la guerra [...].

¿Podría encontrarse algunas soluciones para esta problemática dentro del acuerdo de drogas pactado entre el Gobierno

y las Farc?

Las Farc han planteado en reiteradas ocasiones, desde la mesa de negociación en La Habana (así lo consignaron incluso en el acuerdo de drogas firmado con el Gobierno) que cualquier estrategia de acción contra los cultivos ilícitos deben incluir políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del campo, una mayor presencia del Estado, el desarrollo de la infraestructura de transporte y servicios locales, el combate a los grupo armados ilegales.

Ricardo Vargas se refirió a dicha propuesta en los siguientes términos: "esa es una parte del problema, uno puede argumentar que el tema de los cultivos se debía a alguna situación de exclusión social grave en temas de colonización y tiene un origen en el modelo rural colombiano excusando a la población, y eso es valido, independientemente de que haya o no cultivos, es valido generar una propuesta de cambio del modelo agrario colombiano, pero esa es una parte del problema, la otra, insisto, es el problema de la política de drogas y allí lo de La Habana es pobre, no ha dado una discusión de fondo sobre el asunto y, al contrario, se ha plegado a la postura del Gobierno porque finalmente lo que quedó en La Habana es una estrategia de reducción de la oferta y ahora le metieron el tema de sustitución, que son cosas cuestionables. Las Farc se afirman en ese concepto de una manera equivocada: el problema no es de sustitución sino de desarrollo regional [...] yo no veo aportes importantes en cuanto a eso, es parco que se reivindiquen integralmente dinámicas de desarrollo incluyendo las dimensiones ambientales que han sido muy pobres en La Habana, que para mi están desdibujadas. Allí hay dos vacíos, uno, la pobreza del enfoque de política que quedó en el acuerdo de política de drogas y, dos, la reproducción de unos conceptos que definen una política de reducción de la oferta, a eso en La Habana le faltó muchísimo, el problema sigue vivo".

¿Avanza Colombia en la legalización o regulación de algunas drogas ilícitas?

Frente a esta pregunta fundamental comentó el investigador, "Actualmente no existe esa ruta, en esa ruta hay que comenzar por regular marihuana [...] por lo menos darle esa parte del negocio a la criminalidad y, junto con una estrategia de prevención fuerte, bien hecha, se podría avanzar un poco en una cultura distinta; el país debería, por lo menos, hacer una apuesta por diferenciar drogas duras de blandas, es una opción, hay otras, la idea daría pautas para avanzar un poco en un manejo mucho más razonable. La marihuana es la puerta de entrada para otras drogas que controlan los grupos criminales generando problemas de salud en los jóvenes [...] nadie habla de su regulación."

Sí existe una administración local en Colombia que ha asumido posiciones consideradas de vanguardia en cuanto al tema de flexibilización del control punitivo a los usuarios y manejo diferencial de las problemáticas de salud generadas por el consumo de drogas ilegales es la de Bogotá, al proponer otras estrategias, como el tratamiento de adictos al bazuco a partir del suministro controlado de marihuana en Centros de Atención Médica Ambulatoria (Camad).

Sobre esto Ricardo Vargas opinó "[...] es que eso del uso de la marihuana por el bazuco no se está haciendo, hay como una imagen equivocada porque lo que hay es un discurso pero en la realidad no se está haciendo, entonces hasta ahora no ha habido la experiencia concreta y la idea es un acuerdo entre el Distrito y el Gobierno nacional para generar experiencias piloto. Una es esa, pero a mi me parece que ha habido como una especie de falsa imagen de que eso se está haciendo en el Distrito y resulta que en ninguna parte se está llevando a cabo. Debe procederse, concretar el respeto por un espacio, crear unas condiciones, por ejemplo, para 'habitantes de calle', realizar un ejercicio piloto y a partir del seguimiento y experimentación reproducir ese modelo para una política nacional, pero eso se está aplazando, ya vamos para cuatro años y no se hizo, lo que hay es que empezar, es a hacerlo, concretarlo".

El futuro del modelo de manejo al consumo y producción de drogas ilícitas ¿continuidad o cambio?

El panorama, de acuerdo a Ricardo Vargas, es incierto: "Yo siento que con Santos y con la administración Distrital era un buen momento para escuchar iniciativas experimentales para lograr un soporte muy concreto de experimentación, de lineas concretas, y ese cuarto de hora está pasando ya, y no se hizo. Entonces, la perspectiva de lo que viene es muy incierto, no sabemos hacía dónde es que van las cosas, sobre todo en el contexto de la terminación del conflicto, pues abre también un espacio interesante. Entonces, a futuro, como el tema de drogas está pegado al tema del conflicto, pues no podemos pensar en cambios si no es sobre la base que llegue a buen puerto el fin del conflicto, cuando ya no se vea que las drogas son fuente de financiación de la guerrilla, eso abrirá un espacio político para pensar en una discusión más de drogas como tales, mientras tanto la perspectiva es incierta. Lo segundo es que mientras no haya procesos experimentales específicos, mientras no se aborden las drogas diferenciadas, mientras no haya un respaldo de investigación, un compromiso con los centros de investigación de las universidades, me parece muy difícil hacer una política si no tienen unos soportes de ese orden, entonces hay mucho por hacer y no se está haciendo [...]"

Es imperativo que se actué, que se definan los nuevos lineamientos y que la nueva disposición del Gobierno precipite en pautas de acción concretas, "[...] aquí no se trata de un problema voluntarista, sino de un problema de decisiones , y creo que Santos se está demorando en tomarlas. Obviamente en este país el tema es que la derecha cabalga sobre la ignorancia y el desconocimiento, y este tema lo ha metido en el terreno de la moral y desde ahí elabora la demonización de las drogas y la continuidad de la prohibición oponiéndolas a la salud de la gente y de los jóvenes, entonces hay mucho conservadurismo; es necesario romper eso y empezar a tomar decisiones de procesos experimentales.".
Lo que propone Ricardo Vargas en esta entrevista para desdeabajo es particularmente interesante en varios sentidos. En primer lugar, porque propone sacar del plano ideológico la discusión de los problemas relacionados con el consumo de drogas para situarlos en el terreno de la experimentación e investigación coordinada entre la academia, las administraciones locales y nacionales, cosa que nunca ha sido desarrollada, por lo que puede concluirse que los rasgos punitivos, el discurso erigido en torno a las problemáticas generadas ha sido erigido con juicios y apreciaciones provenientes de una matriz moral conservadora, más que de la evidencia científica de los efecto que se condenan.


En segundo lugar, porque plantea la necesidad de ponderar las problemáticas de la producción de drogas en el país por fuera del conflicto armado, pues tanto el discurso como las estrategias de acción se han estructurado con la finalidad objetiva de suprimir fuentes de financiación a la insurgencia, pasando por alto las dimensiones y determinantes sociales del negocio, lo que evidencia lo ineficaz de las estrategias de reducción de la oferta colocadas al frente de la política oficial. En tercer lugar, porque la ambigüedad del gobierno, manifiesta en la incongruencia entre sus esperanzadores destellos discursivos y la ausencia de acciones concretas, queda desnuda, y demanda una acción de cambio para que las consecuencias por decisiones no las sigan pagando los consumidores, los que ahora mismo llenan con sus cuerpos buena parte de las masmorras colombianas, así como cientos de jóvenes que apegados a una economía de sobrevivencia encuentran en el microtráfico una alternativa económica para ellos y sus familias, sirviendo, al mismo tiempo, de carne de cañon de la acción militar para el control social en todas nuestras ciudades.

La indecisión del Gobierno llegó al límite: recientemente anunció el reinicio de las fumigaciones con glifosato en extensas zonas del Catatumbo, clara incongruencia con su discurso y decisiones de hace unas cuantas semanas. ¿A donde nos conducirán la indeterminación política del Gobierno central?

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Sábado, 04 Julio 2015 07:23

"La hora de empezar a escuchar"

"La hora de empezar a escuchar"

Claudia Salcedo Vásquez, de la Dirección de Política contra las Drogas, disertó en el Senado en una jornada organizada por Intercambios. "Las penas no curan las adicciones", dijo y propuso enfrentar los problemas de drogas "desde una perspectiva distinta".

 

"Después de 50 años aprendimos que no podemos insistir en la represión para todos los eslabones de la cadena del narcotráfico." Claudia Paola Salcedo Vásquez, del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, explicó de esta manera la nueva visión de su país y el compromiso para aportar a la modificación de la política mundial sobre drogas. La definición fue pronunciada en el marco de la decimotercera Conferencia Nacional Sobre Políticas de Drogas, organizada por la asociación civil Intercambios.


Salcedo Vásquez, que se desempeña como coordinadora del área de Asuntos Internacionales de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas, contó que Colombia "no es escéptica a las posibilidades" que presenta la Sesión de Naciones Unidas sobre drogas (Ungass) prevista para 2016 y que trabajará en conjunto con otros países de la región "para revisar las políticas frente a las drogas".


Según la funcionaria, "Colombia enfrentó a los carteles de narcos y los derrotó a precios muy altos de muchas vidas desde la declaratoria de guerra", aunque consideró que "se han ganado algunas batallas pero sigue sin conseguirse erradicar esta problemática".


"El planeta ha sido dividido de manera artificiosa entre países consumidores y vendedores", sin embargo, la cadena de la industria se reparte en "todos lados", observó. Además, agregó que en los últimos años, "Colombia sigue produciendo cocaína, pero a la vez el consumo se ha acrecentado", de manera tal que ya no puede considerarse ese país como "productor, sino que entra en la categoría de consumidor", por lo que debe modificar su estrategia.


La funcionaria colombiana agregó que en el gobierno se llegó a la conclusión de que "las penas no curan las adicciones". "Luego de cinco décadas, quizás es hora de empezar a escuchar", manifestó y agregó que "el 2016 en Nueva York constituye una oportunidad única para enfrentar los problemas de drogas desde una perspectiva distinta".


Según Vásquez, esta decisión descansa en que los resultados de "las políticas no deben ser evaluadas sólo por sus fines, sino también por sus resultados adversos". Además, agregó que es tiempo de que las políticas para combatir al narcotráfico y las adicciones "comiencen a poner en el centro a las personas, su salud y su bienestar".


"En el año 2003 contábamos con 86 mil hectáreas de plantaciones de coca" de las que, mediante la política de fumigación aérea con glifosato "y tras rociar un millón y medio de hectáreas, se supo hace poco que hay aún 64 mil". En conclusión, "en 12 años y tras invertir muchos recursos, se logró una reducción de sólo 22 mil hectáreas".


De acuerdo con lo expresado por Vásquez, "el balance general es que en doce años tenemos casi las mismas cantidades de hectáreas de cultivos ilegales, en una política que no tiene en cuenta al pequeño cultivador que termina por trasladarse, junto con los ilegales, a áreas de parques nacionales, zonas indígenas y de frontera" donde los aviones fumigadores no pueden operar. Según la funcionaria, "el 73 por ciento de los cultivos ilícitos se encuentra en zonas límite para el Estado".


Hace poco, "se decidió por orden de la OMS dejar de fumigar los cultivos. Ningún mecanismo de lucha contra el delito debe ser empleado si es posible poner en riesgo los derechos fundamentales como el derecho a la salud". Es ante este estado de situación que Colombia decidió "concentrarse en fortalecer los programas de desarrollo para que el Estado provea a los pequeños cultivadores otras oportunidades dentro del marco de la legalidad" y repensar su política de drogas.


Colombia se presentará ante la Ungass 2016 con "políticas de drogas más humanas y eficientes". Según el informe del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia que fue presentado en la conferencia, se tratará la temática desde varios enfoques. "Es por ello que el enfoque de la salud pública considera a los consumidores como sujetos de derecho y no enfrenta su situación con políticas de abstinencia."


Por otro lado, desde el enfoque de la Justicia "el uso de sanciones desgasta el aparato judicial. Hay que diseñar alternativas al encarcelamiento para los infractores, dado que el sistema penitenciario tiene un alto grado de hacinamiento y el 21 por ciento de los presos en Colombia están penados por temáticas de droga".


Colombia propondrá también un enfoque de drogas desde el "desarrollo. Se trata de un país con una situación propicia para los cultivos de marihuana, coca y amapola". Según la funcionaria, "la represión ha resultado una herramienta insuficiente, debe enfrentarse este problema de una forma integral con un enfoque territorial. Es necesario pensar en el desarrollo alternativo", explicó.


Finalmente, Vásquez expresó que "llevar una posición unificada sobre drogas a nivel regional no ha sido fácil, pero hemos logrado alguna posición común con aquellos países que queremos modificar la política de drogas (entre los que se cuentan la Argentina y Uruguay) frente a aquellos que creen que el camino debe seguir igual", concluyó la funcionaria.

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Reduciendo la demanda de "drogas de sangre" en las Américas

En Washington hubo caras de asombro cuando, hace poco, Colombia anunció la suspensión de la fumigación aérea. La fumigación ha sido durante mucho tiempo una de las armas que utiliza la campaña de ambos países contra el narcotráfico, pero es un arma controvertida, y el gobierno de Juan Manuel Santos, uno de los más estrechos aliados de Estados Unidos en América Latina, decidió que era suficiente. Los expertos predicen que la decisión hará que se extienda aún más el cultivo de coca. La producción ya se ha incrementado porque, en su intento de lograr un acuerdo de paz con las FARC, el gobierno ha bajado la guardia en varias regiones del país donde la guerrilla mantiene especialmente activa en el narcotráfico.


Aunque la decisión puede revocarse, debería ser un aviso para las autoridades estadounidenses, acostumbradas desde siempre a centrar sus esfuerzos en la oferta más que en la demanda que impulsa el narcotráfico. Si a eso se le une la investigación que llevan a cabo las fuerzas policiales sobre la posibilidad de que altos miembros del gobierno y el ejército de Venezuela hayan facilitado el tráfico ilegal de drogas, los brotes de violencia y corrupción en Centroamérica y el Caribe y los conflictos relacionados con las drogas en varias zonas de México, es evidente que las estrategias actuales no parecen eficaces a la hora de reducir ni mucho menos eliminar la plaga de las drogas. Mientras tanto, países enteros están en peligro.


El interés tradicional de Estados Unidos ha sido ofrecer incentivos económicos para reducir la oferta. Programas unilaterales como la Ley de Preferencia Comercial Andina y la Ley de Promoción del Comercio Andino y Erradicación de Drogas prometían el acceso al mercado estadounidense a cambio de la cooperación en la lucha contra las drogas. La ayuda directa era relativamente abundante y el proceso de certificación, muy criticado, exigía el apoyo en las operaciones antidrogas como requisito para recibir esa ayuda. Ahora, sin embargo, los programas comerciales unilaterales han desaparecido para ser sustituidos por acuerdos de libre comercio más amplios, y el volumen de ayuda que proporciona Estados Unidos a la región disminuye cada año. Además, nuevos actores con abundantes recursos, como China, han reducido la influencia de EEUU y, por ende, su capacidad de impulsar sus políticas.


La región ha experimentado grandes cambios. Algunos países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, rechazan cooperar con Estados Unidos en la lucha contra las drogas y no parecen muy preocupados por las consecuencias económicas, gracias a la generosidad china; desde el punto de vista político, plantar cara al imperio es un triunfo para su causa. Otros, incluidos países amigos como Colombia y México, han observado con atención las tendencias dentro del propio Estados Unidos, incluyendo las campañas para la legalización de la marihuana en Colorado, Washington y el Distrito de Columbia. Estos y otros países de América Latina y el Caribe se preguntan por qué se les sigue pidiendo que hagan lo que consideran el trabajo sucio, con menos incentivos, acosados y sin recursos suficientes, después de décadas de pedir a Estados Unidos que haga algo para reducir la demanda de drogas, lo cual debilita sus propios gobiernos democráticos a ojos vistas.


La raíz del problema está en los millones de norteamericanos y europeos comunes y corrientes que consumen drogas
La demanda insaciable de Estados Unidos y otros consumidores ricos es lo que mueve el narcotráfico. El dinero obtenido de forma ilícita enriquece y provee de armas a los cárteles. Los funcionarios estadounidenses trabajan con diligencia, pero la raíz del problema está en los millones de norteamericanos y europeos comunes y corrientes que consumen drogas. Para muchos, consumir drogas ha dejado de acarrear un estigma social. No es más que algo que se supone que "todo el mundo hace" en algún momento de su vida. Las campañas educativas en los colegios suelen centrarse solo en las repercusiones físicas y neurológicas del consumo, además del posible efecto que puede tener en el futuro el uso descuidado de las redes sociales.


Pero el consumo de drogas no es un delito sin víctimas, sobre todo en el caso de las drogas más adictivas y destructivas que se encuentran en el mercado. Los daños pueden ser importantes en mayores costes sanitarios, deterioro de las facultades mentales en la escuela y el trabajo, y en vidas malogradas. Cualquiera familiarizado con los efectos del alcoholismo conoce las trágicas consecuencias que pueden tener incluso las sustancias legales, no solo para quienes las consumen sino para sus seres queridos.


Ha llegado el momento de probar algo que ha demostrado su éxito en el comercio de diamantes: hay que empezar a hablar de las drogas de sangre, que contribuyen a la muerte, la corrupción, el caos y la pérdida de oportunidades económicas en toda la cadena de suministro, desde los países productores hasta los consumidores, pasando por los países de tránsito. Reducir la demanda de esas sustancias disminuiría esos efectos. Pero la reducción de la demanda depende de decisiones personales tomadas cada día por millones de consumidores, que en general piensan poco —y se preocupan menos aún— en las repercusiones que tienen sus actos sobre otras personas más allá de las fronteras de su país.


Por desgracia, no podemos seguir ignorando todas esas consecuencias. Lo mismo sucedió en un momento dado con los diamantes procedentes de zonas de conflicto en África, pero una información eficaz ha ayudado, si no a eliminar el problema, al menos a controlarlo. Es posible que a veces sea más sencillo presionar a los países productores para que corten el flujo de drogas, pero la máxima responsabilidad es de quienes demandan el producto. Hace ya mucho tiempo que se debían haber reconocido y abordado la causa y el efecto.


Por Eric Farnswoth, vicepresidente de Americas Society / Council of the Americas en Washington DC. Lo expresado aquí es en carácter personal.

Twitter @ericfarns


Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

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